“El gobierno chavista ha destruido casi todas las cosas de gran valor que se le dejó a la nación venezolana y no debemos dejar que ocurra una piñata con miles de millones de dólares que posiblemente valga Citgo”, dijo en Miami el congresista por Florida Joe García.
“Darle a un grupo de mafiosos, de violadores de derechos humanos y de la ley unos miles de millones de dólares es una mala idea”, insistió García en rueda de prensa, junto a representantes de la oposición venezolana en Miami, quienes también se mostraron contrarios a la posibilidad de vender Citgo.
El presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, anunció recientemente que Citgo, poseedora de varias refinerías y miles de estaciones de servicio en territorio estadounidense, será vendida cuando el gobierno reciba “una propuesta que sea conveniente a nuestros intereses”.
García anunció que envió este miércoles cartas a Obama y otros funcionarios de su gobierno que tendrían “gran poder” para detener una transacción como esta.
El congresista, coautor de un paquete de sanciones contra funcionarios venezolanos por presuntas violaciones de derechos humanos durante protestas opositoras, que fue aprobado en la Cámara de Representantes estadounidense, dijo que también busca proteger a compañías norteamericanas acreedoras del gobierno de Caracas.
Citgo “es uno de los pocos activos que tienen vigentes en el exterior que pueden compensar tanto a las compañías norteamericanas como a las víctimas de los abusos de derechos humanos”, dijo.
La venta de Citgo vendría a “lesionar seriamente a la Venezuela del futuro” luego del gobierno chavista, afirmó Horacio Medina, exgerente de Petróleos de Venezuela y representante en Miami de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.
la filial en Estados Unidos de la estatal venezolana es “una empresa productiva” y “un buen activo”, y la posible venta ha estado sumida en la “falta de transparencia”, dijo de su lado Carlos Vecchio, líder del partido Voluntad Popular, solicitado por la justicia en Venezuela por presuntamente incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales de los últimos meses.
Los legisladores estadounidenses en Florida, residencia de unos 100,000 venezolanos, muchos de ellos llegados durante los gobiernos chavistas, suelen ser feroces críticos del gobierno de Caracas.
