Un alto número de mujeres ha ocupado las sillas presidenciales en América Latina en los últimos años, pero rara vez hay consciencia de que en la región también ha habido grandes progresos en igualdad de género en la rama judicial. Más del 30 por ciento de los jueces en América Latina son mujeres, una proporción más alta que el promedio mundial del 27 por ciento y segunda en el grupo de países en vías de desarrollo, por debajo apenas de la región comprendida por Europa Centroriental y Asia Central. Las cifras, aunque positivas, no retratan por completo la situación en Latinoamérica, en donde algunas naciones lejos de mostrar progreso, presentan un claro retroceso.
La mayor parte del avance femenino en el judiciario se ha producido en la última década. Cifras compiladas con fuentes de la ONU y publicadas en la nueva edición de la revista Americas Quarterly, muestran un espectacular salto en la proporción de mujeres en la posición de jueces en América Latina, salto que se produjo a partir de finales de los años 90 (ver tablas adjuntas). En el año 2010, 18 por ciento de los jueces en las altas cortes de Brasil eran mujeres, comparado con el 0 por ciento en 1998. En Perú, la cifra era del 23 por ciento comparada con el 6 por ciento en 1998. Surinam y Costa Rica lideraban la región en el 2010 con un 53 por ciento y un 35 por ciento de jueces mujeres, respectivamente.
De acuerdo con el artículo de la investigadora Sital Kalantry de la Universidad de Cornell, no todos los países en Latinoamérica muestran señales positivas. En Guatemala, por ejemplo, las mujeres constituían el 15 por ciento de los jueces en las altas cortes en el 2009, pero esa cantidad decreció al 8 por ciento en el 2010. En Panamá, uno de cada nueve jueces de las altas cortes era mujer en el 2009, pero su presencia desapareció por completo en el 2010. El motivo por el cual el avance de las mujeres en el judiciario retrocedió en algunos países de América Latina no es totalmente claro, pero en algunos casos las vacantes dejadas por mujeres no fueron ocupadas por otras mujeres.
El avance estadístico del género femenino en los poderes judiciales es importante porque refuerza la importancia de la igualdad y fortalece el Estado de derecho. Los especialistas consideran que en la medida en que la población percibe que hay más paridad en la administración de justicia, los fallos son considerados más legítimos, lo cual aumenta la confianza popular en el sistema como un todo. De la misma manera, la ausencia de diversidad en el poder judicial socava la confianza pública.
Más aún, es probable que un poder judicial diverso produzca decisiones mejor informadas e imparciales. Estudios han demostrado que los jurados de razas mixtas son propensos a tener deliberaciones más largas y a discutir un mayor número de factores del caso que los jurados más homogéneos. En su artículo para AQ, Kalantry menciona que en casos concretos como el de discriminación sexual en el trabajo, existe una correlación entre el género de los jueces y los resultados de los procesos judiciales. Al respecto, en investigaciones hechas en Estados Unidos se demostró que la probabilidad de que un juez decidiera a favor de la parte que alegaba haber sido discriminada disminuía en un 10 por ciento cuando el juez era un hombre.
Estudios también demuestran que la presencia de mujeres jueces, especialmente en tribunales de primera instancia, puede crear un ambiente más acogedor para las personas que comparecen ante la corte, especialmente para las víctimas de violencia doméstica.
El artículo contenido en la nueva edición de Americas Quarterly también muestra que tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo aún existen barreras significativas para la entrada de mujeres en el Poder Judicial. Estas incluyen la mentalidad elitista que rodea los nombramientos judiciales y la falta de mujeres bien posicionadas en las mismas redes, conexiones y recursos financieros que benefician a sus colegas hombres. De acuerdo con una encuesta adelantada por la Fundación Virtue el año pasado, cerca del 70 por ciento de las juezas consultadas en todo el mundo, confirmaron que la falta de redes y conexiones que facilitan el avance es uno de los principales desafíos que enfrentan las mujeres en la búsqueda de la judicatura. El 65 por ciento de las encuestadas identificaron también los recursos económicos como una barrera de entrada, dado el alto nivel educativo requerido y los costos asociados al proceso de convertirse en un juez. Por último, una mayoría abrumadora de las encuestadas -96 por ciento- mencionó el equilibrio entre sus responsabilidades laborales y familiares, como uno de los retos para llegar a las altas cortes.
El artículo Women in Robes (en original en inglés) está contenido en la Edición de Verano de Americas Quarterly. Para más información por favor contacte a Adriana La Rotta a través de alarotta@as-coa.org o al teléfono +1 212 277 8384.
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