«Washington debe comportar una agenda más elaborada en lo político, que buscar detrás del closet, los tuxedos que jamás hubiese podido vestir tal ministro, cual militar o el alcalde de San Andrés del Torbe»
La reciente designación de Venezuela como miembro del Consejo de Seguridad no-permanente de las Naciones Unidas (CSNP/ONU), levantó indignación en la oposición y en muchos que sin comprender la dinámica diplomática, toman esta decisión como un triunfo del gobierno nacional. Para entenderlo debemos escindir lo que es Estado de lo que es gobierno. El Estado no se reduce al gobierno que lo representa, ni el gobierno puede fundir al Estado en el ejercicio de su poder. Así la designación de marras, no es un triunfo del gobierno. Es mérito de un país: Venezuela.
La presente acreditación no es más que el cumplimiento de un protocolo rotativo que asume cada nación de acuerdo a un «calendario de permanencia». No se trata de un lobby diplomático, sino del agotamiento de los tiempos de rigor para encargarse. A quien se enviste es al país soberano, obviamente representado por las autoridades de gobierno, por lo que no se trata de un nombramiento por concurso de credenciales o preferencias adquiridas entre banquetes y cócteles. El gobierno en práctica propagandística, si se hace fundir en el Estado-país, haciendo elocuencia de una intitulación «ganada» por su «prestigio revolucionario», cuando lo que ha ocurrido no es más que el cese de espera de un orden de llegada. Confundiendo Estado con gobierno y en medio de esa maniquea fusión de país y poder, emerge la frustración de muchos … Otro tema es, por ejemplo, cómo a Washington llegan numerosas denuncias contra «Venezuela» por narcotráfico, legitimación de capitales, coimas, tapaderas, etc. Aunque en muchos casos puedan estar involucrados funcionarios públicos, militares o autoridades de gobierno de Estado, la responsabilidad de esos actos es esencialmente personal. Hablar/acusar de «narco-estado» ante cualquier organismo supranacional, capitolio o asamblea en el mundo, es complicado por difuso y general. El Estado no puede ser narco y si algunos de sus agentes lo son, ello tampoco lo convierte. Puede hablarse de narco-gobierno, atendiendo la jerarquía y extensión de funcionarios involucrados (dixit Noriega/Panamá). Y ello exige el agotamiento de una investigación criminal para fijar responsabilidades personales. Aquí viene lo complicado. Si en un Estado no hay justicia para reprimir estos crímenes, es difícil que otro país lo asuma (política y jurídicamente). Por ello este tipo de «denuncias» ante un Congreso-Estado, sus actores prefieren delegarlas en agentes federales-policiales. En lo político sancionar a particulares de otro país, por delitos de blanqueo de capitales, corrupción o narco, incluso en sus territorios, siempre dejará una impronta intervencionista e imperial. Y de esto se cuidan tanto Washington como cualquier parlamento, quiero decir, de no emprender una cadena de sanciones individuales donde metan en un mismo saco a todo un país, ocasionando un boomerang de sensibilidades en la opinión pública. «Hasta cuando los poderosos del Norte persiguiendo a les miserables del Sur». Los sancionados se victimizan y salen a decir a todo gañote, ¡Gringos go home!
Washington debe comportar una agenda más elaborada en lo político, que buscar detrás del closet, los tuxedos que jamás hubiese podido vestir tal ministro, militar o el alcalde de San Andrés del Torbe. Ni los electores ven con rendimiento político que sus representantes estén a la saga de los piratas del Caribe o de carteles de soles… como tampoco las naciones deben asumir ese rol. Otro tema más universal, son los DDHH. Este si es una asunto desde el cual no sólo Washington, sino cualquier parlamento, corte u ombudsman del mundo, debe declararse competente para actuar. Los DDHH cada vez más amplían su espacio de competencia. Podríamos llamarlo el síndrome Garzón, quiero decir, de aquel juez español que desde una localidad de la península ibérica, decidió enviar por el expresidente Pinochet en Londres (con ganchos incluso si fuese menester), por cometer delitos de lesa humanidad. De lo que hay que tomar buena nota es de la imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad y de la jurisdicción ampliada para perseguirlos. Un Estado llámese mafioso, forajido, tirano, dictador o autócrata por opresor, lo es más por un gobierno que no deja elegir, persigue, tortura o mata, que por lo que trafica o deja traficar. Y su desconocimiento o desobediencia, pasa de ser un tema nacional a un asunto también internacional. Ya las NU emitieron una resolución en apoyo de Leopoldo López. El Congreso canadiense emitió un pronunciamiento en contra de la opresión a estudiantes y el acoso a la Dip. María Corina Machado. Igual los parlamentos de Brasil, México o la UE. Hacia allá va la humanidad. Hacia la universalización coactiva de los DDHH.
En esa dirección deben ir quienes tocan las puertas en el exterior. Lo otro es ruido, es bulla, es escándalo, pero nada más… Sancionados que no quedarán tras las rejas, ni saldrán del poder y por el contrario, alardearán de haberse anotado otra victoria contra el imperio.
La presente acreditación no es más que el cumplimiento de un protocolo rotativo que asume cada nación de acuerdo a un «calendario de permanencia». No se trata de un lobby diplomático, sino del agotamiento de los tiempos de rigor para encargarse. A quien se enviste es al país soberano, obviamente representado por las autoridades de gobierno, por lo que no se trata de un nombramiento por concurso de credenciales o preferencias adquiridas entre banquetes y cócteles. El gobierno en práctica propagandística, si se hace fundir en el Estado-país, haciendo elocuencia de una intitulación «ganada» por su «prestigio revolucionario», cuando lo que ha ocurrido no es más que el cese de espera de un orden de llegada. Confundiendo Estado con gobierno y en medio de esa maniquea fusión de país y poder, emerge la frustración de muchos … Otro tema es, por ejemplo, cómo a Washington llegan numerosas denuncias contra «Venezuela» por narcotráfico, legitimación de capitales, coimas, tapaderas, etc. Aunque en muchos casos puedan estar involucrados funcionarios públicos, militares o autoridades de gobierno de Estado, la responsabilidad de esos actos es esencialmente personal. Hablar/acusar de «narco-estado» ante cualquier organismo supranacional, capitolio o asamblea en el mundo, es complicado por difuso y general. El Estado no puede ser narco y si algunos de sus agentes lo son, ello tampoco lo convierte. Puede hablarse de narco-gobierno, atendiendo la jerarquía y extensión de funcionarios involucrados (dixit Noriega/Panamá). Y ello exige el agotamiento de una investigación criminal para fijar responsabilidades personales. Aquí viene lo complicado. Si en un Estado no hay justicia para reprimir estos crímenes, es difícil que otro país lo asuma (política y jurídicamente). Por ello este tipo de «denuncias» ante un Congreso-Estado, sus actores prefieren delegarlas en agentes federales-policiales. En lo político sancionar a particulares de otro país, por delitos de blanqueo de capitales, corrupción o narco, incluso en sus territorios, siempre dejará una impronta intervencionista e imperial. Y de esto se cuidan tanto Washington como cualquier parlamento, quiero decir, de no emprender una cadena de sanciones individuales donde metan en un mismo saco a todo un país, ocasionando un boomerang de sensibilidades en la opinión pública. «Hasta cuando los poderosos del Norte persiguiendo a les miserables del Sur». Los sancionados se victimizan y salen a decir a todo gañote, ¡Gringos go home!
Washington debe comportar una agenda más elaborada en lo político, que buscar detrás del closet, los tuxedos que jamás hubiese podido vestir tal ministro, militar o el alcalde de San Andrés del Torbe. Ni los electores ven con rendimiento político que sus representantes estén a la saga de los piratas del Caribe o de carteles de soles… como tampoco las naciones deben asumir ese rol. Otro tema más universal, son los DDHH. Este si es una asunto desde el cual no sólo Washington, sino cualquier parlamento, corte u ombudsman del mundo, debe declararse competente para actuar. Los DDHH cada vez más amplían su espacio de competencia. Podríamos llamarlo el síndrome Garzón, quiero decir, de aquel juez español que desde una localidad de la península ibérica, decidió enviar por el expresidente Pinochet en Londres (con ganchos incluso si fuese menester), por cometer delitos de lesa humanidad. De lo que hay que tomar buena nota es de la imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad y de la jurisdicción ampliada para perseguirlos. Un Estado llámese mafioso, forajido, tirano, dictador o autócrata por opresor, lo es más por un gobierno que no deja elegir, persigue, tortura o mata, que por lo que trafica o deja traficar. Y su desconocimiento o desobediencia, pasa de ser un tema nacional a un asunto también internacional. Ya las NU emitieron una resolución en apoyo de Leopoldo López. El Congreso canadiense emitió un pronunciamiento en contra de la opresión a estudiantes y el acoso a la Dip. María Corina Machado. Igual los parlamentos de Brasil, México o la UE. Hacia allá va la humanidad. Hacia la universalización coactiva de los DDHH.
En esa dirección deben ir quienes tocan las puertas en el exterior. Lo otro es ruido, es bulla, es escándalo, pero nada más… Sancionados que no quedarán tras las rejas, ni saldrán del poder y por el contrario, alardearán de haberse anotado otra victoria contra el imperio.
