Mi evaluación de los intentos de diálogo que se están llevando entre el gobierno y la oposición es positiva. Hasta ahora ha prevalecido el debate y la confrontación de visiones y propuestas. Ambos actores han tenido que exponerse a la crítica de quienes en sus filas no están de acuerdo, ni siquiera con sentarse en la misma mesa. La mediación internacional ha brindado confianza. Las encuestas señalan un profundo escepticismo, a la vez que se aprueba el camino emprendido como alternativa a la confrontación violenta.
Sin embargo, si no se consiguen resultados en muy corto plazo, el esfuerzo que hasta ahora se ha hecho terminará en un gran fracaso. El principal responsable de ello es el gobierno, pues es quien detenta el poder y con él la llave para destrancar el juego y crear confianza en los procesos que necesariamente son a mediano y largo plazo, como por ejemplo: los cambios en política económica, la elección de miembros independientes en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, establecer la verdad de lo ocurrido desde los acontecimientos del 12 de febrero pasado, etc.
Creo que esas señales que el gobierno debe dar inmediatamente para generar confianza y tranquilidad son: 1) la creación de una comisión de la verdad, equilibrada y compuesta por personas que gocen de prestigio y reputación; 2) la liberación de los alcaldes, estudiantes y el emblemático caso de Leopoldo López, procesados todos ellos por los acontecimientos que ocurrieron a partir del 12 de febrero, así como al comisario Iván Simonovis; 3) el diálogo con los estudiantes que protestan en las calles aceptando las mínimas condiciones que exigen.
El punto 2 es el más complicado, pues el gobierno, desde el presidente de la República, se opone argumentando que ello significaría caer en la impunidad de graves delitos. El problema es que esos delitos no se han comprobado. Los alcaldes, han sido imputados pero no enjuiciados. Lo mismo se puede decir del caso de López y de los muchos estudiantes que están presos o en libertad bajo régimen de presentación. En el caso de Iván Simonovis, después de 12 años de cárcel y en su estado de salud, lo que menos se puede dictar es una medida humanitaria.
La fórmula jurídica que se emplee en estos casos puede ser materia de discusión y acuerdo. Lo que no se puede es pretender apaciguar el conflicto manteniendo a personas privadas de libertad precisamente por los hechos políticos que están en cuestión y que fueron víctimas de procesos judiciales muy cuestionados.
El tiempo conspira contra el éxito del proceso de diálogo iniciado. Salvar el esfuerzo hecho es posible con un poco de sentido político. El tiempo apremia.
Francisco José Virtuoso
