A 20 años del genocidio en Ruanda, aún se busca la verdad histórica. Sin embargo, la tardía, incompleta y parcial reacción de la comunidad internacional, constituye un ejemplo de intromisión en los asuntos internos de un Estado. A través de una intervención militar, se arrestó a los genocidas y la ONU creó el Tribunal Internacional por Ruanda (TPIR). Decisiones estas tomadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, dentro del marco del derecho de injerencia humanitario.
Los orígenes del deber de injerencia, se remontan a 1987, cuando en una conferencia de prensa en París, un grupo de abogados y dirigentes de organizaciones humanitarias, reivindicaron el deber de injerencia como un asunto de ética.
La ONU está fundada precisamente sobre el principio de no injerencia, según el artículo 7 de la Carta. En consecuencia, no existía la manera de sustraer de los asuntos internos de un Estado miembro, el monopolio que éste ejercía sobre el respeto de los Derechos Humanos. Pero gracias al jurista francés René Cassin, se abrió una brecha que llevó a que la ONU adoptara, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en diciembre de 1948.
Lo que comenzó como un simple derecho de vigilancia, con el tiempo se convirtió en acciones de intervención territorial; ejercidas en un primer tiempo por las llamadas ONG Sin Fronteras.
En los últimos años, la ONU ha tomado diversas resoluciones, y si no todas se han puesto en práctica, algunas sí han logrado resultados concretos. Como la operación “Turquesa”, que con retraso permitió detener el genocidio en Ruanda; la OTAN en el Kosovo detuvo la depuración étnica. La intervención en Haití. En Libia, para detener a Kadafi y sus intenciones genocidas. Sin embargo, conflictos como el de Siria, siguen a la espera de una resolución por el estilo.
En la Venezuela de Chávez y ahora con Maduro, las fuerzas del Estado asesinan impunemente, persiguen y torturan. El retiro de Venezuela de la CIDH, puso en evidencia las intenciones de Chávez de saltarse la Constitución; constituyendo así, junto a las violaciones de los Derechos Humanos, dos elementos que encajan dentro de una fatal lógica represiva y antidemocrática.
Chávez y Maduro, olvidaron que según la Constitución del 99, todo ciudadano afectado por la violación de sus derechos fundamentales, puede acudir (Art. 31) ante organismos internacionales, a los fines de obtener amparo por sus derechos.
Si Maduro piensa seguir adelante con su autoritarismo, debe tener presente que hoy la injerencia, es leída y entendida, por la comunidad internacional y por el Consejo de Seguridad de la ONU, como un deber y un derecho.
Luis DE LION
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