La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, no justificó la tortura en sus declaraciones del 8M. Pero sí confirmó la ambigüedad con la que se expresa cuando se trata de investigar denuncias sobre supuestos crímenes cometidos por agentes del régimen autoritario que gobierna Venezuela. Veamos qué dijo la señora Ramírez y cómo lo dijo. Aquí la cito: “Tenemos 44 denuncias sobre el derecho a la integridad física. Las estamos impulsando y tenemos, bueno, en tortura… yo he sido clara, hasta ayer hemos recibido este material del Foro Penal, yo voy a consignar esto en la Comisión de la Tortura para que podamos hacer un análisis porque, por ejemplo, si se aprenden 11 jóvenes o 15 jóvenes o 20 jóvenes en un sitio de estos, y una persona es golpeada o es tratada o se intenta… fíjense, la tortura tiene un sentido, por eso nosotros tenemos que ser muy rigurosos con el uso de los términos, la tortura se emplea para obtener… se le inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión, y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo o un uso desproporcionado de la fuerza, y, sobre la base de si es tortura o si es trato cruel, inhumano o degradante, se establece la entidad de la pena y la proporcionalidad del castigo”.
Primero, usó las siguientes palabras: «la tortura tiene un sentido». Igualmente dijo: «y tenemos que diferenciarlo de lo que es un trato excesivo». En principio, ella quiso dar una explicación para diferenciar los posibles delitos (tortura ó, lo que ella denominó, “trato excesivo”), y así aclarar el tipo de pena asociada con cada uno de ellos. Sin embargo, la falta de contundencia de Ramírez al condenar la tortura, y las piruetas retóricas para diferenciar las cosas, demuestra que su discurso es un discurso «prudente» (por no decir alcahueta) que busca acomodarse a los intereses del régimen. Si hablamos de contexto, y tomamos el contexto general de las actuaciones de esta señora como Defensora del Pueblo, podemos concluir que lo que dijo en estas declaraciones concuerda con su falta de voluntad para defender los derechos del pueblo, y con su orientación clara como defensora del régimen. Además, al decir que la «tortura tiene sentido» (sic) introdujo en su discurso un término ambiguo que semánticamente se mueve entre la legitimación de la misma y su definición.
Nada de lo que dijo Ramírez nos debe sorprender. La ambigüedad de su discurso no es nueva. A ella no le bastaron las múltiples denuncias de las ONGs y difundidas en los medios para actuar con respecto a los casos de tortura y maltratos. No le quedó más remedio que pronunciarse después que los abogados del Foro Penal Venezolano le presentaron las evidencias. Ya sabemos que Ramírez es una ficha del régimen, que no actúa en función de defender al pueblo, sino de tratar de lavarle la cara a los ejecutores intelectuales y materiales de la violencia contra el pueblo. Basta ver el avatar de su cuenta Twitter, una foto en la que aparece con el difunto Hugo Chávez, para concluir que ni siquiera cuida de la apariencia de neutralidad que demanda su cargo.
Lo mismo pasa con la Fiscal General, quien no ha tenido más remedio que aceptar ciertas demandas de la organización Provea, porque de otro modo el descaro y el caradurismo hubieran alcanzado niveles “galácticos”. Pero tanto la Fiscal como la Defensora del Pueblo están allí para disculpar a los torturadores, porque para ellas todo esto tiene un “sentido”, el sentido perverso de apoyar a una revolución que ya no puede ocultar su rostro criminal.
Isaac Nahón Serfaty
* Venezolano, periodista y profesor de la Universidad de Ottawa (Canadá).
