Ejecuciones, robos e impunidad

Los familiares de todas las víctimas de OLP entrevistados para esta investigación aseguraron que sus parientes fueron ejecutados por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. Además durante el procedimiento fueron sometidos a maltratos y robos por parte de la fuerza pública. Ninguno ha tenido acceso a las autopsias de las personas asesinadas. La impunidad es el denominador común

Julia* se sabe de memoria el viacrucis que vivió su hijo de 19 años de edad antes de caer frente a la puerta de la casa de su prima en la Cota 905 (Caracas). La pared de la pequeña cancha de baloncesto todavía tiene la huella del primer proyectil que lo hirió. Mientras mostraba la callecita estrecha que recorrió su vástago para intentar escapar de los policías, describió: “Él estaba parado ahí con unos amigos, eran como las 9:00 de la mañana cuando subieron los del FAES (Fuerza de Acciones Especiales de la PNB) disparando. Ahí le dan el primer tiro en el hombro, y él corrió hacia abajo, unos 10 metros aproximadamente. Llegó hasta la casa de mi tía. Mi prima que estaba embarazada le abrió la puerta, pero el policía se la cerró y le dijo a ella: ‘Tú no has visto nada’. Lo arrodilló y después ella escuchó varios disparos”.

El hijo de Julia tenía cuatro heridas de bala cuando lo encontró muerto en el hospital Miguel Pérez Carreño: una en la cabeza, una en el hombro y dos en el tórax. El acta de defunción que le entregaron en la morgue de Bello Monte indicaba como causas de muerte “hemorragia abdominal y fractura de cráneo por herida de arma de fuego”. Ese día, el 9 de marzo de 2017, otras tres personas murieron a manos del FAES en el mismo sector. La escena es recreada con precisión por los niños del barrio. “La policía les salió de las escaleras disparando. Fue con silenciadores”, soltó un pequeño de 10 años de edad que jugaba con canicas en la cancha de tierra.

La mayoría de los homicidios cometidos durante las OLP han sido calificados por los testigos como ejecuciones sumarias, pese a que las autoridades consideran estos hechos como casos de resistencia a la autoridad o enfrentamientos entre policías y delincuentes. Cofavic, una ONG dedicada a investigar y registrar casos de ajusticiamientos desde 1989, cuando ocurrió El Caracazo -estallido social que dejó centenares de muertos- contabilizó un aumento de 1.396 a 2.197 en el número de denuncias de familiares de víctimas entre 2015 y 2016. Lo que representa un incremento de 59,6 por ciento en un año.

Proporción entre cantidad de civiles y policías muertos en OLP

Varias de estas ejecuciones, de acuerdo con testigos, se han producido dentro de las viviendas, donde los funcionarios suelen simular enfrentamientos, preparar una escena del crimen que pueda exculparlos de la muerte. Se llevan los cuerpos envueltos en sábanas sin que la policía científica haga el levantamiento planimétrico correspondiente. “La escena del crimen y el cadáver son claves en el proceso de investigación policial para resolver un homicidio. Permiten determinar si hubo o no un enfrentamiento o si se trató de un ajusticiamiento. Para luego poder identificar responsabilidades”, explicó el comisario Luis Godoy, ex jefe de investigaciones de Homicidios de la Policía Judicial.

Los asesinatos de los hermanos Julio y Anthony López Quijada ocurrieron dentro de uno de los apartamentos del bloque 25 de la Terraza B de Ciudad Caribia. Allí vivían con su madre, a quien los uniformados apuntaron con un arma para obligarla a salir y alejarse de su residencia. Cuando volvió, solo pudo ver el charco de sangre que había quedado en medio de la sala, porque rápidamente fue cerrada con un precinto de seguridad que se mantuvo por varios días. Se habían llevado a sus hijos muertos, cubiertos con mantas, en la parte trasera de una camioneta pick up que recorrió todo el complejo habitacional para recoger los cadáveres del resto de los caídos.

Ciudad Caribia es un complejo de edificaciones, al oeste de Caracas, construido por el Gobierno para familias de pocos recursos. Los colectivos comandaron una OLP que se realizó en el urbanismo, donde fueron ejecutados siete hombres que vivían en el lugar

Testigos aseguraron que, después de matar a los hermanos López Quijada, los funcionarios dispararon hacia la puerta y la pared que da al pasillo del edificio para fingir un tiroteo entre villanos y vengadores. Según vecinos, ninguno de los muchachos tenía armas, pero las reseñas policiales del caso indicaron que Julio cargaba una escopeta calibre 16 y que Anthony había accionado un revólver calibre 38. Las personas que presenciaron lo ocurrido coinciden en que el armamento les fue sembrado.

En otras ocasiones, las víctimas salen de sus casas detenidas, sin lesiones mayores, y sus cadáveres aparecen luego en hospitales o en las morgues con disparos por arma de fuego.

Muy cerca de la familia López Quijada, en el bloque 17, vivía Rodolfo Manrique, a quien sacaron de su casa casi dormido cuando eran cerca de las 5:00 de la mañana el mismo día. “Yo no le tengo miedo a la justicia porque no le debo nada”, había dicho días antes de morir, cuando los “colectivos” lo señalaron como uno de los miembros de la banda “Los sindicalistas” y amenazaron con traer a los cuerpos policiales. Todos los caídos en esa OLP habían recibido la misma advertencia.

Poco antes del mediodía, la familia de Manrique lo encontró en la morgue de Bello Monte con un disparo en el tórax. La reseña policial apuntó que se había resistido a la autoridad e informó de la incautación de una pistola, calibre 380, que supuestamente estaba en su poder.

A Ángel Carrasquero, hijo de Luis Ángel Carrasquero se lo llevaron, saliendo de su casa en Los Jardines de El Valle. “A mi hijo lo agarraron como a las 7:30 de la mañana, cuando iba a saliendo a trabajar. Se lo llevaron a un callejón y ahí lo mataron. Yo traté de subir pero los policías no me dejaron, al rato se escucharon cuatro o cinco tiros y me preocupé, intenté pasar otra vez y no me dejaron”. Dos impactos de bala tenía cuando lo encontró en el Hospital Periférico de Coche: uno en el cuello y otro la boca. Carrasquero atribuye el asesinato de su hijo a una venganza de un policía encubierta en una OLP del 10 de marzo de 2017, porque la víctima se negó pagar una extorsión.

En los casos de OLP el proceso de investigación judicial enfrenta diversos obstáculos. Liliana Ortega, la directora de Cofavic, identificó algunos. “La línea de investigación del Ministerio Público no varía, se enfoca en demostrar la muerte de la persona y luego es que atienden si hubo el enfrentamiento. No se investiga si se trató de una ejecución extrajudicial”.

“Ellos dicen que son la OLP, pero en realidad son asesinos”, dijo indignado un morador de Loma Linda, un sector empobrecido del pueblo de El Callao, en el estado Bolívar. El 14 de junio, los encapuchados del Ejército llegaron buscando específicamente, la casa de la familia Villegas Hurtado, para cobrar venganza por un incidente ocurrido unos días antes en el funeral de un vecino que había sido asesinado por los cuerpos de seguridad. “Aquí nos rodearon los militares. Hubo unos que se subieron al techo, tiraron plomo y nos amenazaron con lanzarnos gas lacrimógeno si defendíamos a los chamos. A Alfredo lo sacaron de la ducha, le dieron dos tiros, uno en el pecho y otro en la barriga, y después lo reventaron a punta de mandarria. Le pusieron una tabla encima y ahí le daban. Al otro muchacho, que era su amigo, lo mataron en la sala donde estaba viendo televisión. Le dispararon y le desfiguraron la cara a golpes”, relató el testigo, que pidió que se resguardara su identidad.

Los uniformados sacaron los cuerpos y los arrojaron en la parte trasera de una camioneta rotulada con el emblema del Cicpc. Allí también metieron dos aires acondicionados que habían sacado de la casa de las víctimas. Pero la versión que se conoció en prensa fue diferente. Dijeron que el minero Alfredo Villegas Hurtado y su amigo habían muerto, supuestamente, después de haberse escondido en una casa y de enfrentar a los uniformados. Ambos fueron identificados con un alias y asociado a la banda de “El Ángelo”, pran de minas en El Callao.

El control de las minas y la extracción y comercio de oro están relacionados con asesinatos ocurridos en El Callao y Tumeremo (estado Bolívar) en el contexto de las OLP

Tras los hechos, la familia de Villegas Hurtado decidió sacar a sus hijos menores del barrio. Eso mismo hicieron otros habitantes de Loma Linda porque temen que, sin razón, les maten a sus muchachos.

“La afectación no es tan solo a la víctima directa, a la que le violan el derecho a la vida. Estamos hablando de una afectación de la familia entera porque las madres son torturadas y los niños presencian cómo asesinan a los suyos.  Aunque la OLP sea selectiva la afectación es masiva y mientras buscan a los que quieren entonces el resto de la gente vive en un estado de terror”, apuntó Ronnie Boquier,  abogado de Cofavic.

"Lo sometieron, lo amarraron con tirrap y le pusieron una capucha"

Asdrúbal Granados. 23 de Enero

Desde que comenzó la OLP, en julio de 2015, las muertes de civiles a manos de funcionarios de la fuerza pública se multiplicaron. El comisario Elísio Guzmán, director de la Policía del estado Miranda (intervenida por el Gobierno desde las protestas de abril de 2017) muestra cifras de la región. Según sus estadísticas, antes de julio de 2015, cuando comenzó la OLP, se registraban en promedio 18 muertes  de civiles a manos de la fuerza pública cada mes. Esta cifra subió a 90 muertos por enfrentamiento al mes en enero de 2016, seis meses después de que el Gobierno implementara la Operación de Liberación del Pueblo. “La mayoría de estos casos son ajusticiamientos. Tú no le puedes dar a una gente licencia para matar”, aseguró el funcionario y recordó que el cuerpo policial que dirige no es invitado a participar en la OLP, porque el gobernador del estado es de oposición.

El hijo de Martha, el hijo de Asdrúbal, el hijo de Juanita*, el hijo de Julián*, el hijo de Alex, el hermano de Javier*, los hijos de Clara*, el esposo de Kimberly, el primo de Mariana*, el hijo de los señores Acevedo-Vahamonde y todos los familiares de las personas entrevistadas para esta investigación habrían sido víctimas de ejecuciones durante procedimientos de la OLP, según sus testimonios.

Cuando la policía no solo mata, también roba

Las OLP han servido como excusa para que los funcionarios salgan con las manos llenas. Los afectados por estos operativos han reclamado que, en medio de los allanamientos ilegales, los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado se llevan sus pertenencias. Se apropian de equipos electrónicos, dinero en efectivo, vehículos y hasta comida. El paso de los uniformados por una residencia parece dejar con frecuencia un rastro de devastación.

Desde la primera OLP en julio de 2015 la destrucción de las viviendas y los bienes de las víctimas de OLP es una constante

Fotos (archivo): Runrun.es

Un funcionario del Conas muy acostumbrado a la OLP, admitió con cinismo que a veces hay excesos, pero justificó la acción y aplicación de esos saqueos improvisados “cuando las casas están involucradas en delitos”. Dijo que si las viviendas han sido utilizadas para ocultar secuestrados, guardar mercancía robada o como guarida de delincuentes, entonces los funcionarios policiales tienen “licencia” para cargar con un botín y destruirlas, si es necesario. “Las cambuchas (casuchas improvisadas en zonas boscosas, donde los grupos delictivos mantienen en cautiverio a las víctimas de secuestro) siempre se las tumbamos”, afirmó.

La lista de objetos robados que contabilizó Alex Yorman Vegas –padre de un adolescente asesinado durante una OLP en El Valle, en Caracas– abarcó cosas tan personales como su reloj, camisas y hasta los zapatos nuevos que con esfuerzo le había comprado a su hijo para las fiestas decembrinas. “Se llevaron la tableta de la niña, el DS, las cornetas de la computadora, el mouse, unas harinas que yo tenía, unas azúcar… Mi colonia, la colonia de mi esposa, de mi hija… Todo eso pasó ese día, el 10 de marzo de 2017″, recordó, fecha en la que asesinaron a su muchacho en la sala de su casa.

De la casa de Héctor Jesús Herrera, quien murió en junio de 2017 durante una OLP en el sector Loma Linda de El Callao, al sur de Bolívar, los miembros de la División de Inteligencia y Estrategia de la Policía del estado Bolívar (Diepeb) se llevaron televisores, teléfonos celulares y consolas de videojuegos. Como en el mismo lugar funcionaba un pequeño abasto, tomaron de allí los productos alimenticios que estaban a la venta y el dinero en efectivo que se había recaudado el día anterior. Además, ingresaron a otros hogares, donde maltrataron a mujeres y cargaron con lo que pudieron.

En Barlovento, los funcionarios de la OLP también han quemado las casas de los presuntos delincuentes luego de ejecutarlos. Un residente de Río Chico, en el estado Miranda, que pidió no ser identificado, ha presenciado varios procedimientos. “Después que matan a los muchachos, sacan las cosas de valor, como los televisores de plasma y los aires acondicionados, los split, y queman las casas. Le prenden candela; ellos llevan su gasolina”, precisó.

Martha Oropeza no estaba en su apartamento cuando la OLP llegó a su edificio, en Caricuao, Caracas, y lo tomó durante 9 horas. A su hogar entraron los funcionarios, mataron a su hijo  Nelson García Oropeza de 21 años de edad y revisaron el sitio de arriba a abajo. “Me imagino que hicieron como una requisa y me robaron todo. Me robaron la ropa de él, los celulares que yo tenía ahí, perfumes, grabadoras, cámaras fotográficas, plata que tenía para comprarme unos cauchos”. Cuando volvió, encontró a uno de los policías en el estacionamiento del bloque probando las llaves de su carro en otros vehículos y accionando la alarma para verificar si alguno abría sus puertas. Debió mostrar al uniformado los documentos de propiedad de su automóvil para que le devolviera las llaves.

"Con todo y eso que ellos se están entregando... los matan"

Marta Oropeza. Caricuao

Aunque el artículo 47 de la Constitución dice que se requiere de una orden judicial y se respete “la dignidad del ser humano” durante los allanamientos, la vulneración de la propiedad privada se ha mantenido como una constante en cada procedimiento de la llamada Operación de Liberación del Pueblo.

“En las primeras alocuciones del Presidente (Maduro), él insistió en que las OLP estaban para castigar al máximo a los delincuentes. Pareciera ser una política de Estado dirigida a los sectores populares para llegar a la casa, destruir los enseres y robar lo que les dé la gana y maltrartar a los que viven allí”, señaló Ronnie Boquier, abogado de la ONG Comité de Víctimas del Caracazo (Cofavic).

Sin justicia

Una de las características de la OLP, que la diferenciaba de otros procedimientos policiales, es que se trataba de una serie de operativos mixtos, donde participaron funcionarios de distintos cuerpos de seguridad: Policía Nacional Bolivariana (PNB), Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB,  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) de la GNB, Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), policías municipales y, en ocasiones, el Ejército.

Representantes de ONG e investigadores expertos en temas de seguridad ciudadana, derechos humanos y acceso a la justicia coincidieron en que este tipo de actuaciones combinadas impedían individualizar las responsabilidades cuando se cometían delitos, como ejecuciones, maltratos o robos.

Las dificultades para hacer justicia en los casos de OLP son diversas. Liliana Ortega, directora de Cofavic, identificó algunas. “Hemos encontrado un procedimiento común que son los mecanismos de impunidad, que hace que las posibilidades de investigar con independencia sean muy remotas. Quienes investigan son del Cicpc que en muchos ocasiones tiene participación en esos casos”.

Después de que una OLP se llevaba a cabo, no había quién informara a dónde se llevaban los cadáveres, ni a dónde enviaban a los detenidos. Es una fórmula que obligaba a los familiares a peregrinar por hospitales y morgues, en el caso de los muertos, y por comisarías, retenes y sedes policiales, en el caso de los arrestados.

Cuerpos de seguridad que participan en la OLP

Cuando la OLP dejó atrás Ciudad Caribia, aquel 30 de junio de 2016, eran más de las 11 de la mañana. Angustiada, la familia de Rodolfo Manrique se preparaba para salir a buscar alguna respuesta sobre su paradero, pues los uniformados lo habían sacado hacía más de 6 horas de su cama. Planeaban acudir a cárceles y hospitales sin saber que el joven, que era padre de cuatro niños, había sido ejecutado y que su cuerpo lo habían subido a bordo de una pick up que recogía cadáveres por todo el complejo. Antes del mediodía, un vecino se comunicó con la madre de la víctima para decirle que el cuerpo de su hijo estaba en la morgue de Bello Monte.

Al dolor de perder a un familiar en el contexto de un procedimiento aterrador e irregular, se suma la incertidumbre de no saber qué pasó con la persona que fue detenida con vida. Para encontrar el cadáver de su hijo, Asdrúbal Granados debió recorrer cinco sedes policiales a lo largo de toda Caracas. Él vive en el 23 de Enero, donde su hijo Yanderson Granados Padrón, de 25 años de edad, fue detenido por la OLP el 6 de octubre de 2016.

"Estaban comentando... éste se lo llevaron, éste lo mataron, éste se salvó"

Asdrúbal Granados. 23 de Enero

“Me dijeron que lo había detenido la OLP, entonces empezamos a buscarlo en las delegaciones. Fuimos primero al Cicpc de Propatria y nos dijeron que ellos no habían participado, luego a la PNB de Catia, de allí a la PNB de La Quebradita en San Martín, después a la PNB de Maripérez y finalmente a la de San Bernardino. Ahí, por televisión, fue que nos enteramos que mi hijo estaba muerto”.

Con Héctor Jesús Herrera, muerto en El Callao por una OLP, pasó algo similar. Su madre lo vio salir vivo, aunque muy golpeado, de su casa, y luego se quedó sin noticias suyas. Había sido subido a la parte trasera de un vehículo rústico con las manos y las piernas atadas con sábanas. La búsqueda por retenes policiales de la zona, emprendida poco después de que los uniformados culminaran la operación, no tuvo resultados, así que los familiares empezaron a revisar si había sido trasladado a algún centro de salud. Y así pasó: lo habían dejado muerto en el hospital del Seguro Social Juan Germán Roscio, de El Callao. La versión oficial del caso indicaba que era miembro de la banda de “El Ángelo” y que, en lugar de ser sacado de su hogar, había caído durante un enfrentamiento con policías en la mina La Increíble.

“Las OLP se han ejecutado violentando cada una de las reglas de actuación policial contempladas en artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp), a saber: han aplicado indebidamente la fuerza; han utilizado armas contra desarmados; han infringido tortura, castigos crueles, inhumanos o degradantes y no han informado al detenido acerca de sus derechos. Sobre la detención, han procedido al contrario de lo que establece la ley: no se identifican como agentes de autoridad (van vestidos de negro, con la cara tapada, sin chapa con nombre y apellido) y no verifican en muchos casos que la persona que apresan sea la que corresponde a una orden de detención, porque ni siquiera existe. La pena de muerte no está contemplada de ninguna forma en la legislación venezolana”, explicó Luis Izquiel, abogado criminólogo y ex fiscal del Ministerio Público.

La posibilidad de que estos casos sean investigados, que se demuestre si las víctimas fueron ejecutadas y se castigue a los responsables, es casi una utopía. Ronnie Boquier, el abogado de la ONG Cofavic, explica que el Cicpc (que es el órgano que ejecuta la investigación, bajo la dirección del Ministerio Público) obstaculiza la posibilidad de resolver los crímenes. “Tenemos casos de hace más de tres meses y el expediente no ha llegado al Ministerio Público. Retener los expedientes en el Cicpc es un patrón. Hay una denegación de acceso al expediente. Eso implica que no se sabe lo que hay sobre la planimetría (mapa de la escena del crimen para ubicar a víctimas, victimarios y recorrido de proyectiles), autopsia y balística. Esas son pruebas muy determinantes para esclarecer el caso”.

Boquier, quien asiste a familiares de víctimas de ejecuciones, relata que en ocasiones han tenido que acudir al Ministerio Público para exigir que solicitaran los expedientes al Cicpc. Sin embargo, los inspectores de la policía científica no responden a sus pedidos, sin que esto conlleve ninguna consecuencia o sanción. “Hay casos de expedientes que después de un año de ocurrido el homicidio aún no llegan a la Fiscalía. Nos hemos reunido con el director de la Inspectoría General del Cicpc y -en su momento- el director de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, y la situación persiste”.

Para la realización de esta investigación se solicitó a los familiares de las víctimas las autopsias y certificados de defunción de sus parientes muertos durante la OLP, y aunque entre los entrevistados había casos de 2015 y 2016, ninguno había tenido acceso a estos documentos. La mayoría solo disponían de un acta de muerte expedida en la morgue de su localidad. Este documento no describía con detalles las causas de la muerte, solo especificaba que si el cadáver presentaba herida de arma de fuego y en dos líneas una descripción de su efecto: “Hemorragia interna. Herida por arma de fuego toraco-abdominal o shock hipovolémico”, era la explicación que más se repetía.

Las actas de defunción es el único documento que recibieron los familiares de las víctimas de OLP. Casi todas dicen en la sección causa de muerte: Shock hipovolémico, hemorragia interna, herida por arma de fuego en el abdomen o tórax. Las familias no tuvieron acceso a los resultados de las autopsias

Fuente: Organización de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Orfavideh)

“Lo que buscan es que no se haga justicia. Las víctimas se cansan. Viven un duelo y luego caen en un sistema que las vuelves a revictimizar”, asegura Boquier. Más de 95 por ciento de las denuncias que ha recibido Cofavic están en etapa de investigación y muchas tienen entre dos y cuatro años en ese estado. Y eso cuando las familias se deciden a denunciar, porque en la mayoría de casos, los deudos reciben amenazas y prefieren guardar silencio. ■

Base de datos de los operativos

Share This