OLP: La máscara del terror oficial en Venezuela

Entre julio de 2015 y junio de 2017, al menos 560 personas fueron asesinadas en Venezuela en la puesta en marcha de una política de seguridad ciudadana denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP). Un plan para “combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo colombiano”, según aseguró el presidente Nicolás Maduro

Con la OLP se cometieron 44 masacres y violaciones sistemáticas de derechos humanos. El operativo fue usado para sustituir grupos delictivos por colectivos, también se prestó para proteger intereses de funcionarios del Gobierno y materializar venganzas personales. El estadounidense Joshua Holt es una de las víctimas de la OLP. Está detenido desde hace más de un año, sin juicio

*Los nombres de las víctimas fueron cambiados por su seguridad

La Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) es una política de seguridad que convirtió a los ciudadanos en objetivos de guerra. Esta investigación documenta el asesinato de 560 personas en operativos que se caracterizaron por la participación masiva de funcionarios policiales y militares, que actuaban en compañía de grupos paramilitares afines al gobierno, conocidos como colectivos.

Se suponía que el objetivo era devolver la paz a los habitantes de los sectores populares “liberándolos” del sometimiento de las bandas delictivas. Un documento “reservado” del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, obtenido para la realización de este reportaje, define este plan de seguridad: “Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), la cual fue activada en julio del 2015, para combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo, una práctica colombiana que ha sido importada para vulnerar la tranquilidad en Venezuela y con ello, dar al traste con la Revolución Bolivariana y los logros sociales”.

Pero en los hechos, esa promesa no se cumplió. Al contrario, lo que demuestran los datos y entrevistas recabadas para este trabajo es que luego de estos operativos hubo cambios de “gobierno” (poder) en los territorios donde operan los diferentes grupos criminales de Venezuela, y que incluyen a miembros de la fuerza pública y poderosos. Mientras que el terror y la zozobra se mantienen entre la gente que vive en las zonas menos privilegiadas, ahora aderezados con un nuevo ingrediente: el miedo a la OLP.

“A mi hijo lo mandaron a ponerse la ropa y le dieron un tiro en el corazón”

Con testimonios reales, este video reconstruye el horror que vivieron las víctimas de la OLP

Los delitos siguieron aumentando. En 2016 se registraron 21.752 homicidios, 12 por ciento más que el año anterior, dice el informe anual del Ministerio Público. Además el supuesto uso de la OLP para perseguir a paramilitares colombianos que -según autoridades del Gobierno- operaban en territorio nacional, tampoco se percibió, entre otras cosas porque en los barrios de Caracas todos saben que no hay ese tipo de grupos irregulares.

En los estados fronterizos (Táchira, Apure, Barinas y Zulia) donde sí operan las organizaciones conocidas como bacrim (bandas criminales, derivadas de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia) casi no hubo OLP, ahí se registró 6,7 por ciento de víctimas de estos procedimientos. El contenido del documento denominado Actuaciones del Ministerio Público Relacionadas con la OLP en Venezuela y los datos recabados por el equipo de Runrun.es registra que 99,2 por ciento de las víctimas de estos operativos eran de nacionalidad venezolana y menos de 1 por ciento eran extranjeros.

Las OLP eran operaciones selectivas. Estaban dirigidas a personas previamente escogidas. Los funcionarios de la fuerza pública llevaban teléfonos móviles y tabletas con fotos o nombres de los presuntos delincuentes a los que buscaban. También usaron drones y prostitutas para identificarlos y ubicarlos. Aunque en sus inicios las motivación detrás de los procedimientos era hacer propaganda en los meses previos a las elecciones parlamentarias de 2015, estos operativos se prestaron para la venganza, la captación de territorios que pasaron al poder de bandas o colectivos afines al gobierno, y para dar protección a militares y personajes del Gobierno.

El improvisado plan estaba fuera de control desde el inicio, cuando se reportó la masacre de 15 personas en la primera OLP realizada en la Cota 905, al suroeste de Caracas. También hubo denuncias de destrucción de la propiedad y robo de bienes en las viviendas visitadas sin orden judicial. Estos maltratos y la violación sistemática de los derechos humanos se repitieron en todos los procedimientos. Testimonios de víctimas y victimarios, documentación rigurosamente contrastada, demuestran que 44 masacres se cometieron en silencio. Sin escándalos mediáticos, así murieron 338 personas, 60 por ciento de los asesinados en las OLP, pese a que estas operaciones estaban caracterizadas por una espectacularidad casi cinematográfica, que incluyó el uso de vehículos blindados, helicópteros, armas de guerra, dispositivos electrónicos, drones y máscaras de la muerte.

El investigador y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Keymer Ávila, lo denominó: “Una masacre por goteo” cubierta con máscaras aterradoras, cuyo uso tuvo mayor impacto que el de las propias muertes de centenares de venezolanos. Solo la masacre de Barlovento, ocurrida entre octubre y noviembre de 2016 (se desconoce el día exacto en que fueron asesinados los 12 hombres que estuvieron desaparecidos 40 días), capturó la atención de la opinión pública y se convirtió en un escándalo, aunque las autoridades se esmeraron en desvincularla de la OLP.

El hijo de Kimberly tiene 9 años y ya no cree en el Niño Jesús (Santa Claus venezolano). Vive en Capaya, un pequeño pueblo de Barlovento, en el estado Miranda, a 81 kilómetros de Caracas. En diciembre le pidió que le trajera un telescopio y le devolviera a su papá para mirar juntos las estrellas. Pero el mágico personaje, que en realidad era su mamá, se había convertido un mes antes en una joven viuda que no tenía ni el dinero para comprar el juguete, ni el poder para regresarle la vida a su esposo Freddy Hernández.  “A él se lo llevaron el 16 de octubre 2016. Lo sacaron a golpes de la cama. Entraron destruyendo todo. Decían que era la OLP”, relató la mujer.

Cuarenta días después, el 26 de noviembre, el cuerpo de Freddy fue localizado en una fosa común junto a los cadáveres de otros 11 hombres. Eran las víctimas de la masacre de Barlovento. Kimberly seca las lágrimas de su rostro con las manos, y agradece la ayuda que ha recibido de la comunidad, porque su esposo era el sostén de la familia, trabajaba como mototaxista y mecánico.

La matanza fue ejecutada por funcionarios del Batallón Caribe del Ejército, un componente acostumbrado a trabajar en el control de los grupos irregulares en la frontera. Habían sido trasladados a esta zona desde el centro del país entre abril y mayo de 2016 para apoyar en las OLP. Se quedaron allí e improvisaron un comando en una vivienda abandonada en el pueblo El Café, vecino de Capaya, ambos ubicados en el municipio Acevedo en Barlovento.

A las víctimas se las llevaron de sus casas, las sacaron de vehículos de transporte público o las detuvieron en la calle en distintos procedimientos. La mayoría fue liberada después de haber sido torturados durante una semana. Pero los 12 hombres que quedaron en prisión, fueron ejecutados y desaparecidos. La presión de los familiares obligó a las autoridades a investigar y los cadáveres fueron localizados mutilados y enterrados. Los 18 militares responsables del crimen fueron detenidos.

"Ellos siempre decían que eso era orden presidencial... que era la OLP con orden presidencial"

Kimberly Méndez. Masacre de Barlovento

El Gobierno ofreció una indemnización a las esposas de las víctimas y pensiones de vejez a los padres. Pero en Navidad, un mes después de que aparecieron los cadáveres, los familiares recibieron el único apoyo que les ha dado el Estado, responsable de las ejecuciones. “Nos dieron una bolsa de Clap (la comida que comercializa el Gobierno), un juguete para cada niño y un morral con unas libretas y unos crayones para la escuela… Pero para qué sirve eso. Eso no me lo devuelve a él. Teníamos planes, pensaba que íbamos a llegar a viejos juntos”, describe la joven sentada en un banco frente a la iglesia del pueblo.

Muy cerca, también en Caucagua —capital del municipio Acevedo—, parado a las puertas de su comando, un oficial explicó para qué servía la OLP. Llevaba botas de campaña, trenzadas hasta las pantorrillas, sobre el pantalón verde oliva, y una franela negra con su nombre bordado en el extremo superior izquierdo. Afincó su pie con fuerza contra el piso de tierra, levantó el talón, sin despegar el calzado del suelo, y lo movió lentamente de izquierda a derecha, como si aplastara una cucaracha. Luego respondió: “¿La OLP? La OLP es como esto. Es como cuando pisas un hormiguero y acabas con lo que hay ahí”. Hizo una pausa, hurgó en su memoria y soltó un número: “Nosotros hemos matado hasta a 15 en un procedimiento, pero a las dos semanas te salen 30…”.

El oficial, que habló en condición de anonimato, no porque se avergonzara de sus acciones, sino por temor a ser sancionado, pertenece al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), uno de los cuerpos de seguridad que participó en la OLP. Su frase final no es una metáfora. La OLP ha matado a más 560 personas en Venezuela en dos años, según datos recopilados para esta investigación en informaciones registradas por la prensa de todo el país. Una cifra apenas superior a la totalizada en el informe sobre las actuaciones del Ministerio Público en las OLP, que registra 505 personas asesinadas.

Frase que ilustra una de las paredes de la sede del Conas en Caucagua, uno de los cuerpos de seguridad más temidos

La OLP ha sido la última apuesta del gobierno de Nicolás Maduro para acabar con la criminalidad en Venezuela, el segundo país más violento de la región, con 21.752 asesinatos en 2016 y una tasa de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes, solo superado por El Salvador. El 3 de agosto de 2015, ante un grupo de invitados casualmente del país centroamericano y de un centenar de militares y ministros de su Gabinete, Maduro dijo: “La OLP es el instrumento perfecto para lograr la paz desde adentro”. En el mismo discurso pidió “ir de frente, sin vacilaciones” contra los criminales. El procedimiento fue encomendado a los ministerios de la Defensa y Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP).

Nicolás Maduro afirma que las OLP son el instrumento perfecto para lograr la paz

Los testimonio de una veintena de víctimas recogidos para esta investigación, en recorridos realizados por las cinco regiones que registraron más muertes por OLP en todo el país (Distrito Capital, Carabobo, Bolívar, Miranda y Aragua) contradicen al Presidente. La OLP no trajo paz a sus hogares.

Dolor y tristeza fue lo que dejó la OLP en la familia de Alex Yorman Vegas. Aunque ya han pasado más de seis meses, no puede evitarlo, todavía se ahoga en llanto cuando recuerda ese día, el día que la OLP mató a Alex, su único hijo varón. “A mi hijo lo asesinaron el 10 de marzo. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana entró la Policía Nacional Bolivariana, los llamados hombres de negro (Fuerza de Acciones Especiales de la PNB), algunos encapuchados y otros no. Le dieron un mandarriazo (golpearon con un mazo) a la puerta. A mi esposa, a mi hija y a mí nos sacaron a la fuerza, prácticamente desnudos. Estuvieron como media hora con él en el cuarto y lo golpeaban. A mi hijo lo mandaron a vestir, porque estaba durmiendo y lo bajaron a la sala. Le dieron un solo tiro en el corazón a mi muchachito de 16 años, sin ningún motivo… Me mataron a mi muchacho así, malamente”.

Alex siguió con su historia, hacía pausas y se culpaba por no haber salvado a su hijo. “Yo intente subir para ayudarlo, pero uno de los policías me dijo que si me ponía cómico me iban a dar unos tubazos… Si hubiera sabido que me lo iban a matar, yo no lo habría dejado. Nos hubieran matado a los dos”. Mientras los policías golpeaban a su hijo en una de las habitaciones de la vivienda, en Los Jardines de El Valle, un sector popular al suroeste de Caracas, Alex fue sacado en un vehículo oficial y llevado a dos delegaciones policiales junto a su hija de 11 años de edad, y su esposa. Aislados, con la incertidumbre de no saber lo que pasaba y detenidos sin la orden de un tribunal  ni la presencia de un fiscal de Ministerio Público, permanecieron seis horas. “Tuve que rogarle a un policía, porque mi niña se estaba haciendo pipí y no nos permitían ir al baño”.

Fue después de mediodía cuando se enteró de que su hijo Alex Vegas estaba muerto. La policía permaneció en su casa hasta las 2:00 de la tarde, y además de haber acabado con la vida del muchacho, arrasaron con las pertenencias de la familia. Desde la comida de la nevera hasta la ropa y los equipos electrónicos se llevaron de la vivienda. “En mi casa no consiguieron droga, en mi casa no consiguieron armamento. Jamás he tenido, ni mi hijo, problemas con la justicia”, siguió el relato sentado a las afueras de la dependencia gubernamental donde trabaja, y recordó que la PNB iba acompañada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que usaban máscaras de calavera, para cubrir sus rostros -con el argumento de proteger su identidad- e intimidar a la gente.

Víctimas de la OLP

Comparación del total por estado según las bases de datos del Ministerio Público y Runrun.es

Funcionarios llegaban a los barrios de madrugada, usaban máscaras de calaveras y vestían ropa negra

Foto: Felipe Romero. Cortesía Caraota Digital

En las OLP los funcionarios solían cubrir sus rostros con pasamontañas o usar máscaras de calaveras, conocidas como máscaras de la muerte. Similares a las que llevan los personajes en una de las versiones del video juego de guerra del futuro Call of Duty. El comisario Luis Godoy, ex jefe de la División contra Homicidios de la policía judicial (actualmente Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc), explicó que está práctica violaba los reglamentos policiales, según los cuales los policías que actúan en procedimientos de este tipo deben llevar identificación visible y no cubrir sus rostros. “Los que usan estas máscaras están tratando de mostrarle a la ciudadanía que son un cuerpo policial dispuesto a matar. Quieren meter miedo, causar terror. Esa no es la función de un organismo del Estado”, apuntó el ex policía, quien agregó que ese efecto se completa con la indumentaria de color negro que visten los funcionarios en la OLP. Luego del escándalo mediático, el comisario Douglas Rico, director del Cicpc, se pronunció sobre el tema y emitió un comunicado prohibiendo el uso de las máscaras. Sin embargo, sus funcionarios recibieron la orden de utilizar vestimentas similares —sin cubrir sus rostros— para patrullar los barrios de Caracas con armas largas durante los días de las protestas de 2017, como mecanismo de disuasión e intimidación para quienes quisieran salir a manifestar, reveló uno de sus subordinados. El terror perpetrado por el Estado no terminaba con los asesinatos. Alex añadió a su relato que los policías que mataron a su hijo ya están identificados, él lo pudo ver en el expediente que está en el Ministerio Público. Ha sido privilegiado, pues la mayoría de los familiares de víctimas de la OLP no han logrado tener acceso a los informes judiciales, las autopsias y las actas de defunción de sus hijos o esposos.

Desde que su hijo murió a manos de policías, Alex dedica su único día libre a la semana a buscar justicia, no va a la playa o al cine, ni se queda a jugar con su hija. “Yo voy todos los lunes a la Fiscalía a ver cómo va el caso de mi hijo. Aprovecho que es el día que tengo libre en el trabajo. El fiscal me dice que los policías que mataron a mi hijo ya están identificados, pero que no se han presentado, que él no puede hacer nada, pero que no me preocupe porque esos crímenes no prescriben”.

"Ellos tienen auto de detención, pero todavía no los han metido presos... Voy a la fiscalía todos los lunes, porque los lunes yo los tengo libre"

Alex Vegas. El Valle

Desde el 13 de julio de 2015, cuando nació la OLP, cada vez que se practica un nuevo procedimiento, aparecen las mismas denuncias y las descripciones de los afectados sobre los abusos sufridos, coinciden. Esa repetición en el modus operandi de las fuerzas de seguridad ha llevado a los ciudadanos a identificar, designar o denunciar como OLP cualquier procedimiento que congregue a funcionarios de diversos cuerpos policiales y militares y se ejecute con las mismas características de terror y violaciones de DDHH, aunque no hayan sido ordenados por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

“Las OLP representan el operativo de seguridad más represivo en la historia de Venezuela”, sostiene Luis Izquiel, abogado penalista, criminólogo y ex fiscal del Ministerio Público. “Tiene el mayor saldo de ajusticiamientos y allanamientos policiales, denuncias de robo y destrucción del hogar. En el marco de estas operaciones, se han derribado barrios completos como La Ensenada en La Rinconada de Caracas y Brisas del Hipódromo en Carabobo. Estas ejecuciones improvisadas y selectivas penalizan a la pobreza. Las principales víctimas pertenecen a sectores populares sin capturar precisamente a los principales azotes (delincuentes). Tampoco han contribuido a disminuir la criminalidad”, dice el experto.

Los resultados de este plan de seguridad están lejos de ser exitosos. Además del aumento de los homicidios, delitos como el secuestro y la extorsión (de los que no hay cifras oficiales) no se detuvieron. “Los secuestros bajaron casi a la mitad en el primer semestre de 2017, eso básicamente por el cierre de vías debido a las protestas. Pero el delito sigue ocurriendo. Llevamos unos 230 casos denunciados”, dijo un funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien pidió no ser identificado porque tienen prohibido suministrar cifras a la prensa.

En el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) de la GNB, en Caucagua, reciben hasta cuatro reportes en una semana. Dentro de la sede, dos mujeres formulaban una denuncia por el plagio de un familiar, y uno de los funcionarios informaba por teléfono a sus superiores sobre los avances de una investigación en la que estaba involucrado un guardia nacional. “El GNB prestó su teléfono para que los secuestradores hicieran las llamadas para pedir el rescate”, explicó.

Además, la OLP como procedimiento ha estado marcada por denuncias de violaciones de derechos humanos, como ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y torturas, así lo recoge el informe del Ministerio Público sobre las OLP. Según el documento fueron abiertas 357 investigaciones por homicidios presuntamente cometidos por funcionarios de la fuerza pública y 77 por violación de domicilio, abuso de autoridad, destrucción de viviendas y tratos crueles o tortura, entre otros.

Los relatos de estos excesos policiales y violaciones de DD HH se repiten en casi todos los casos. El hermano de Mariana* es uno de los sobrevivientes de la masacre de Barlovento.  “A él se lo llevaron de aquí de la casa. Entraron tumbando la puerta y lo sacaron a golpes. Estuvo preso una semana y cuando lo soltaron llegó que no podía ni caminar, de las palizas que le dieron. Lo torturaron, le decían que él era un garitero (expresión usada para identificar a los miembros de las bandas que alertan la llegada de la policía y protegen al líder de la banda, también conocido como pran), que era de una banda, que dónde estaban las armas. Se salvó de milagro. Hasta electricidad le pusieron”, dijo, señalando la zona de los testículos.

Capaya es uno de los pueblos del municipio Acevedo, estado Miranda. Cinco de las víctimas de la masacre de Barlovento eran de allí

Carlos*, otro de los sobrevivientes, relató: “Éramos como 30 y estábamos en un cuartico así pequeño, como este (una habitación de 2 por 2 metros). No podíamos ni sentarnos, teníamos que turnarnos y orinábamos en botellas de Coca Cola, porque no nos dejaban ir al baño. Cuando sabían que venía la fiscalía nos esposaban a todos y nos sacaban caminando hacia una laguna en el monte. Ahí nos dejaban hasta por cuatro horas. Entonces cuando llegaba la fiscal le decían que ahí no había ningún preso. En las noches escuchaba los gritos de Eliecer cuando lo torturaban. Sabía que era él, porque le decían: ‘¿Tú no eres cabo pues, no eres macho?’”.  Se refería a Eliecer Yustaris, una de las víctimas que era reservista de la Armada y fue sacado de su vivienda en Capaya.

Los padres de Danny Acevedo Vahamonde, otra de las víctimas, cuentan que 20 días después de la desaparición de su hijo los visitaron unos militares. “Vinieron a decirnos que a Danny lo habían soltado ya. Que si aquí no habían llamado para pedir rescate, porque seguro unos malandros lo habían secuestrado cuando ellos lo soltaron. Era mentira, porque nosotros nos cansamos de esperarlo. Imagínese, nosotros no tenemos ni teléfono”, relata Neida Josefina Vahamonde, sentada en la sala de la humilde vivienda en Capaya, donde tiene un altar con la foto de su hijo asesinado.

Participación de cuerpos de seguridad en OLP

Luego del hallazgo de los cadáveres, los ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y de la Defensa, Vladimir Padrino, se pronunciaron para rechazar la masacre y anunciar la destitución y detención de los 18 militares involucrados. La presión del Ministerios Público, que ya para esa fecha comenzaba a marcar distancia política de la administración de Maduro, fue la clave para que el caso no fuera ocultado.

Masacres de la OLP

44 operativos dejaron 5 muertos o más cada uno, para un total de 338 víctimas

Las irregularidades cometidas por la OLP coinciden con las descritas en el informe publicado en agosto de 2017 por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), sobre las violaciones perpetradas por el Estado venezolano durante las protestas de este año. Muchos expertos aseguraron que existe un criterio de represión similar en la OLP y las acciones de orden público para el control de las manifestaciones: se persigue al enemigo y se le trata como adversario de guerra.

El documento de la ONU dice: “En casi todos los casos de detención (durante las protestas de 2017), las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, incluidos a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes en varios casos a actos de tortura… En uno de los casos más graves se utilizaron descargas eléctricas… Los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)”. Estos tres cuerpos de seguridad también han tenido participación protagónica en las OLP, donde las víctimas han denunciado maltratos similares.

La multiplicación de las ejecuciones

Luego de la implementación de la OLP, en 2015, las muertes a manos de la fuerza pública aumentaron 70 por ciento con respecto al año anterior. Posteriormente, en 2016 el incremento fue de 163 por ciento respecto a 2015. Según estos datos del Ministerio Público, 22 por ciento de los homicidios ocurridos en Venezuela en 2016 fueron responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado.

Los números presentados por Liliana Ortega, directora de la ONG Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic) que trabajó los casos del estallido social ocurrido en Caracas 27 de febrero de 1989, son todavía más alarmantes. “El primer semestre de 2017 ha sido el período con más ejecuciones extrajudiciales (desde que inició el registro en 1989) con 856 casos. Esto podría estar ligado al impacto de la OLP y al hecho de que se haya aprovechado que la represión política tenía toda la atención, y bajó la visibilidad sobre los casos de la violencia aplicada por la vía de la seguridad ciudadana”, explica. La OLP también trajo un incremento en los casos de desapariciones forzadas. Desde 2015 a 2016 aumentaron 533%.

Este video corresponde a una ejecución extrajudicial ocurrida en 2017 en Venezuela, y aunque no fue en una OLP, la participación multitudinaria de funcionarios de diversos cuerpos policiales y militares es similar a la utilizada en la OLP

Acostumbrados a la impunidad, los funcionarios de la fuerza proceden sin ningún recato. “Mejor deja eso así si no quieres terminar como tu hermano”. Con esa amenaza, proferida por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, los familiares de Irving Joel Acosta Pérez, de 22 años de edad, decidieron quedarse callados ante el asesinato que ellos mismos presenciaron. “Tuvieron que dejarlo en manos de Dios para no perder otro. Si seguían, la hubiesen agarrado con ellos… ¿Y qué hubiesen podido hacer?”, dijo desesperanzado un vecino del sector La Manga de Tumeremo, una zona minera del estado Bolívar, que, por seguridad, evitó revelar su nombre. Meses después de lo ocurrido, los mismos uniformados que mataron al muchacho aún merodean la zona. Los habitantes, que no olvidan lo sucedido, se sienten vigilados.

La historia de Acosta Pérez, quien era conocido como “el gringo”, apareció en los medios como un enfrentamiento que se produjo a  consecuencia de un allanamiento de la policía científica, pero los testigos aseguraron que lo que pasó en esa casa del municipio Sifontes fue una ejecución extrajudicial a manos de la OLP.

El hecho, ocurrido el 19 de febrero de 2017, no aparece en los registros del informe Actuaciones del Ministerio Público relacionadas con las OLP en Venezuela  que va desde julio 2015 a marzo 2017. Sin embargo, todo el procedimiento fue similar al que se ha repetido en estas operaciones. Alrededor de las 6:00 de la mañana, los funcionarios forzaron la puerta e ingresaron a la vivienda en donde había ocho personas. Tres eran niños que no alcanzaban los seis años de edad.

Tumeremo, el pueblo minero donde fueron asesinados 17 mineros en 2016 sigue siendo escenario de muerte y matanzas, algunas ejecutadas por la OLP

“Vinieron solo por él, porque esa fue la única casa que visitaron”, comentó otro vecino, quien detalló que del lugar sacaron al hermano mayor y al cuñado de Acosta Pérez. Lo mismo hicieron con su hermana, madre de dos de los pequeños. A ella ni siquiera le dio tiempo de tomar en brazos al bebé de tres meses que a esa hora dormía en su cuna. Poco después desalojaron a los niños. La mamá del “gringo”, sin embargo, aún estaba en la casa cuando sonó el disparo.

Cuando lo mataron, el “gringo” llevaba apenas tres meses en libertad condicional. En noviembre de 2016, había salido de la prisión luego de pasar dos años y 10 meses tras las rejas acusado por un robo. Cada 15 días debía acudir ante las autoridades. Después de salir de la cárcel, no se había dedicado a ningún oficio, ni siquiera había vuelto a las minas en donde trabajaba antes de ir preso.

El investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Keymer Ávila, aseguró: “Operativos como la OLP tienen un doble efecto criminógeno, incrementan las conductas delictivas cometidas por los propios funcionarios. Se manejan en una lógica de lucha contra el enemigo y la violencia contra el enemigo se convierte en el algo natural. Se termina justificando la muerte de un presunto delincuente y esta conducta se puede desplazar hacia cualquier ciudadano”. Esa afirmación explica también la actitud represiva que mostraron los cuerpos de seguridad durante las protestas de 2017, donde según la ONU también habrían sido ejecutados 27 manifestantes.

Colectivos sustituyen a bandas delictivas

Mañonguito, en las afueras de Valencia, la capital de Carabobo, solía ser un territorio habitado por bandas dedicadas a robo, hurto, secuestro, extorsión y venta de droga, confirman autoridades policiales locales. Después de la OLP de agosto de 2015, continuaron los delitos pero cambiaron los actores: los delincuentes desplazaron o mutaron a paramilitares civiles o colectivos.

La llegada de los colectivos a Mañonguito está asociada a la ocupación territorial de grupos afectos al Gobierno que actuaban durante las protestas de la oposición como bandas de choque dedicadas a reducir las manifestaciones que tenían lugar precisamente en el norte de Valencia. “Pero no sólo tomaron el terreno sino también el negocio de las bandas delictivas, como el secuestro, extorsión y robo. En definitiva, ejercen un control político y social del sector recuperado”, explicó la socióloga y experta en temas de violencia, Verónica Zubillaga.

“Mañonguito, zona de paz” reza un mural pintado sobre una pared de bloques desnudos que da la bienvenida al barrio del norte de Valencia, estado Carabobo que le debe su fama a su alto índice de criminalidad. Después de la OLP quedó bajo el control de los colectivos

Los colectivos son grupos de civiles armados, con una estructura similar a la de los paramilitares. Algunos cuentan con el apoyo del Gobierno de Venezuela desde la época de Hugo Chávez. En ocasiones son utilizados en funciones represivas, de control de orden público y de seguridad ciudadana, sin que estas actividades estén reguladas o amparadas en alguna legislación. Algunos colectivos se dedican a actividades delictivas, como la extorsión, el secuestro y el contrabando de alimentos. También imponen su propias normas de control social en las zonas donde operan, se encargan de la administración de las bolsas de alimentos denominadas Comités Locales de Abastecimiento (Clap), de la venta informal de productos básicos y de servicios de seguridad privada a comercios. En el pasado, algunos recibieron divisas asignadas por las estructuras de control de cambio del Gobierno.

Luis Cedeño, director del Observatorio de Delito Organizado, identificó a estos grupos como mercenarios, extraídos de alguna forma de los cuerpos de seguridad del Estado, colectivos o megabandas que son pagados para generar violencia. Considera que entran dentro de “un esquema que se asemeja al ‘terrorismo mercenario’, pagados por intereses que buscan crear caos”. En Mañonguito, sería el gobierno regional y central.

Grupos armados que operan en Venezuela

En el caso de Mañonguito, los colectivos no llegaron solos. La OLP era ejecutada por un grupo mixto de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado que les allanó el terreno y lo dejó en sus manos. En los procedimientos era habitual la participación de: Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ejército Bolivariano, Grupo Antiextorsión y Secuestros (GAES), Comando Antiextorsión y Secuestros (Conas) de la GNB, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Policía de Carabobo y Policía Nacional Bolivariana (PNB).

“Lo mejor que le pudo ocurrir a Mañonguito fue la llegada de los colectivos”, dice abriendo las manos una vendedora de hortalizas frente a la iglesia  de Mañonguito. “Ahora todo está más tranquilo y Barrio Tricolor y la gobernación nos apoyan con materiales y microcréditos para arreglar nuestras casas”, cuenta mirando de soslayo a una vecina que se acercó a preguntarle algo cuando la vio acompañada por extraños.

“Aquí no entran más las OLP ni más policías ni nada. Ya no hacen falta”, asegura un joven detrás de un puesto de verduras y hortalizas mustias, en la calle principal de Mañonguito. Le acompañan otros compañeros que ven la tarde pasar y esperan turno en una barbería improvisada a cielo abierto. Todos coinciden en que después de la OLP, Mañonguito está mejor. “Aquí adentro está tranquilo, que nadie venga a buscar problema. Estamos con nuestro presidente Nicolás Maduro y con el gobernador, que nos ayudan a mejorar el barrio”.

El joven no quiere fotos, ni decir su nombre, pero no tiene problemas en asumir que participa de actividades no lícitas. “Trabajamos de la mano de la revolución. Si quieren que le baje cinco mil a las armas, tienen que compensarnos. La venta de droga es algo que en ningún barrio vas a arreglar. El hombre nace sano, pero la sociedad lo corrompe”. No accedió a revelar cuánto le pagaban.

Pero no todos en el barrio están de acuerdo con la presencia de los colectivos. Juan Esteban* es un ex dirigente de la comunidad que desde la instalación de los colectivos en Mañonguito ha preferido alejarse del trabajo comunitario después de comenzar a ver “cosas raras”. “Participé muy activamente en el plan de prevención al delito de la anterior gobernación. Al comienzo fue muy duro, pero luego fuimos sembrando la semilla en los niños mediante cursos y talleres. Todo eso se acabó. Ahora mi comunidad está tomada por los colectivos. Ahora lo que hay aquí es temor, angustia, miedo”.

En Ciudad Caribia, a las afueras de Caracas y a 163 kilómetros de Carabobo, la situación es similar, un año después de la OLP del 30 de junio de 2016.

Ciudad Caribia fue uno de los primeros urbanismos habitacionales, construidos por el gobierno de Chávez. Allí la OLP fue dirigida por los colectivos para quedarse con el control de ese terrotorio

La versión que dieron las autoridades de aquella OLP dice que Jordán Pérez Castillo, Ricardo Fabián Cruz Cardona, Joel Pérez, Rodolfo Manrique, Johan Pérez y Anthony López cayeron en medio de enfrentamientos con las fuerzas del Estado. En esa lista enumeraron a todas las víctimas, aunque no mencionaron a Julio López, quien era el hermano de Anthony. Cinco días antes de la OLP, estos hombres habían sido señalados por miembros del colectivo Pérez Bonalde como integrantes de una banda denominada “Los Sindicalistas”, que supuestamente tenía el control de las obras de edificios en construcción de Misión Vivienda, el plan habitacional impulsado por Hugo Chávez.

“Los ‘colectivos’ ahorita están en las obras. ¿Qué hacen? Joden, roban, maltratan. Es como si tuviesen más poder que el Gobierno. Están más armados que los policías, llevan radio y pistola”, dijo un vecino de la zona. Desde que el grupo paramilitar tomó el sindicato de las construcciones, todas las obras fueron paralizadas. “El gobierno manda (los materiales), pero ellos no hacen nada”, agregó. Todo termina revendido en el mercado negro, aseguraron varios de los habitantes consultados.

La OLP no disminuyó los delitos en Ciudad Caribia. Poco después de aquella masacre, robaron equipos de sonido de la capilla que está ubicada en la Terraza B. También comenzaron a hacerse frecuente los robos en las casas, el cobro de vacuna y el control sobre las actividades que realizan los residentes de ese urbanismo de Misión Vivienda, según denunciaron.

Los familiares de las siete víctimas que siguen allí, prefieren encerrarse en las noches. “Aquí nadie sale porque ellos (los colectivos) se la pasan por todo esto”, comenta un familiar de una de las víctimas del operativo, quien repite que el temor le ha hecho cortar relaciones con vecinos por no sentirse con libertad de hablar de cualquier cosa en las calles de Ciudad Caribia. Hasta allí llegó luego de haber vivido durante años en las precarias chabolas de Tacagua, al oeste de Caracas, donde un aguacero la dejó damnificada y la llevó a vivir durante más de dos años en un refugio. Pese a todas las penurias, ahí fue más feliz. “Yo hubiese preferido que me dejaran allá en mi barrio para no vivir esto”, lamenta.

En esa OLP del 30 de junio de 2016, en Ciudada Caribia, los colectivos también promovieron la detención del ciudadano estadounidense y misionero mormón Joshua Anthony Holt. Él y su esposa Tamara Belén Caleño Candelo, una ecuatoriana nacionalizada venezolana, esperaban que a ella le entregaran unos documentos personales para salir del país y establecerse en Estados Unidos. Pero la OLP les minó el sueño americano. Holt, de 25 años de edad, tenía menos de un mes en Venezuela cuando fue arrestado. Se acababa de casar con Caleño Candelo, de 26 años, quien en ese momento se desempeñaba como recepcionista del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Ciudad Caribia, una institución perteneciente a la red de salud creada por el chavismo con personal médico cubano.

A ambos les imputaron el cargo de porte ilícito de armas de guerra luego de que, supuestamente, las fuerzas de seguridad del Estado consiguieran un fusil AK-47, una granada MK2 y municiones dentro de su vivienda, ubicada en la Torre 12 de la Terraza A del complejo de edificios. Sin embargo, los vecinos insisten en que todo fue “sembrado”, producto de una trampa de los colectivos y los cuerpos de seguridad. Sus abogados han denunciado que a la pareja se le ha violado el derecho a la defensa y al debido proceso, pues la audiencia preliminar a la que debieron asistir en agosto del año pasado nunca se realizó. No existe una acusación contra Holt y la mediación que ha intentado Estados Unidos no ha funcionado.

El gobierno de Donald Trump se ha referido en diferentes oportunidades al suceso y ha pedido desde febrero su liberación inmediata por “razones humanitarias”, ya que los familiares del americano han informado que necesita atención médica. La causa se coló incluso en una de las órdenes ejecutivas con las que la Oficina del Tesoro sancionó a funcionarios venezolanos y dejó clara la preocupación de la administración Trump sobre el hecho.

Joshua Holt y su esposa

Foto: RR SS

En Venezuela, los defensores de Holt han señalado que dentro de los calabozos del Sebin –donde fue recluido– ha sido sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cuando lo detuvieron, en lugar de ser presentado en un plazo de 48 horas ante un juez, como lo establece la ley, fue llevado a tribunales una semana después. Esto porque, de acuerdo con versiones extraoficiales, los uniformados intentaron extorsionarlo. Como no pagó por su libertad, lo dejaron preso y el gobierno, a través del ministro de Interior y Justicia de aquel entonces, Gustavo González López, difundió la imagen del estadounidense como la de un espía.

González López, actual director del Sebin, dijo que la residencia Holt era un depósito de armas de guerra y explosivos, que era el “nicho” de la banda criminal paramilitarizada que operaba en la zona, que eran un apasionado por las armas y que había sostenido con Caleño Candelo una extraña relación por internet que terminó en matrimonio. De esta forma, el miembro del gabinete ejecutivo acogió el señalamiento hecho por los colectivos que acusaron a Joshua Holt, quien sigue preso en los calabozos del Sebin.

En El Cementerio, El Valle, Coche y la Cota 905, sectores donde la OLP ha sido más agresiva y persistente, los habitantes aseguran que detrás de estos operativos está la intención de meter a los colectivos y dejarlos a cargo del control social, político y de la economía criminal que opera en esos territorios. Hasta ahora son de las pocas localidades de Caracas donde la presencia de estos grupos paramilitares es casi inexistente. En El Valle operan ya dos, con poca fuerza. Vigilan a los a residentes de las zonas y los amedrentaban para evitar que salieran a manifestarse contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Etapas y motivaciones

Aunque la OLP fue creada hace dos años como un plan de seguridad no existió sino hasta enero de este año un manual de procedimientos que regulara estas actuaciones, así como tampoco se conocían cuáles eran sus objetivos y metas. Un funcionario administrativo de la PNB aseguro que la OLP “está vigente hasta que se anuncie un nuevo plan”.

El informe de Actuaciones del Ministerio Público Relacionadas sobre la OLP define este plan de seguridad como: “Procedimientos policiales militarizados llevados a cabo por distintos cuerpos de seguridad, entre los que destacan el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y algunas policías estadales y municipales”.

Así comenzó el 13 de julio de 2015, aparentemente en respuesta a una serie de hechos de violencia que venían registrándose en la Cota 905 (al suroeste de Caracas), Barlovento y Valles del Tuy, tres sectores que habían sido convertidos en Zonas de Paz por José Vicente Rangel Ávalos, para ese entonces viceministro de Seguridad Ciudadana, desde 2013. Donde los territorios fueron dejados en manos de bandas delictivas.

Un inspector del Cicpc que participó en esa primera OLP en la Cota 905 relató su experiencia sin remordimiento. “Me avisaron del procedimiento. Y yo subí, porque ya había tenido enfrentamientos con esas bandas y perdí a unos compañeros. Sí participé, y bueno y sí, le metí (maté) a algunos, pero la realidad es que ahí no estaban los jefes de las bandas. El Koki -alias con el que se conoce a Carlos Luis Revete, uno de los delincuentes más buscados en Venezuela- se había ido la noche anterior porque lo llamaron. Le avisó la gente que lo protege del Gobierno y él salió con su grupo cercano”, relata con desencanto.

Desde esa primera experiencia, el inspector entendió que el objetivo de la OLP no era precisamente reducir la criminalidad, ni garantizar la seguridad de los ciudadanos. “Eso es un circo, un circo… y nosotros somos los payasos. Esto es pura propaganda”.

La OLP nació cinco meses antes de las elecciones para la Asamblea Nacional (AN) del 6 de diciembre de 2015. Para algunos analistas no fue más que una medida del Gobierno para intentar recuperar la popularidad perdida y aunque las encuestas de los primeros meses daban cuenta de un aparente éxito, el resultado del proceso comicial echó por tierra la esperanza del partido oficialista.

Keymer Ávila, investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que estudió las OLP desde que comenzaron, explicó cómo se le dio un uso propagandístico a estos operativos: “Trataban de dar la sensación de que se estaba haciendo algo con el problema delictivo, de allí la importancia de lo mediático y la propaganda que se hacía de estos operativos. La mayor cantidad de noticias fue en agosto de 2015 y se extinguió después de las elecciones de diciembre. Esto pudiera ser la base para afirmar que al menos en 2015 fue principalmente una estrategia de campaña electoral que resultó ser poco efectiva para sus fines políticos, pues esos comicios fueron ganados por la oposición”.

Por esos días era frecuente ver al Presidente de la República hacer cadenas o programas de televisión junto a sus ministros, candidatos a la AN y gobernadores. Destacaban los líderes de las localidades, que junto a Caracas, acumulaban la mayor cantidad de víctimas por OLP: Francisco Ameliach, gobernador de Carabobo; Tareck El Aissami, gobernador de Aragua; y Elías Jaua, entonces poseedor del título de Protector de Miranda y aspirante a una curul por ese estado.

Muertes por estado

Cantidad de víctimas en cada año de OLP

Jaua incluso fue designado jefe del Comando Presidencial de la OLP, y encabezó la activación de varios operativos realizados en las zonas de Valles del Tuy y Barlovento, donde se le conoce como “El Gran Cacao”, por vínculos con la producción, comercialización y exportación de este producto cuyo costo se tasa en dólares, y resulta sumamente atractivo para las bandas armadas de la zona.

Mientras que para el presidente Nicolás Maduro la OLP era “el instrumento para la construcción de un nuevo sistema de seguridad, de paz con una orientación profundamente socialista de integración del poder popular y el poder militar”. Transparencia Venezuela sostuvo en su boletín del 27 de octubre de 2015 que el plan Operación de Liberación del Pueblo (OLP) “obedece más a una estrategia política que a un programa para combatir la inseguridad. Dado que no existen una serie de principios, conceptualizaciones, delimitación espacial y enfoques que apunten a resolver el problema”.

El anuncio de la segunda etapa de la OLP sorprendió a todos. Al igual que la primera, se conoció por la toma desde la madrugada de sectores de El Valle, la Cota 905 y El Cementerio el 10 de mayo de 2016. Un procedimiento que dejó nueve muertos. Ese mismo día, al ofrecer el balance, el titular del MRIJP, general Gustavo González López (actualmente el frente del Sebin), informó que se trataba de la OLP-NF (Nueva Fase) y especificó que ahora sería una operación “selectiva”.

Esta característica, que consistía en la búsqueda específica y precisa de los supuestos delincuentes, fue afinada con el uso de la “inteligencia social”, un mecanismo de información mediante el cual las comunidades, vecinos y representantes de las estructuras políticas del Gobierno suministrarían detalles de identidad y ubicación de los presuntos “paramilitares”. Esto según la explicación ampliada por el presidente Maduro y la viceministra de Seguridad Ciudadana, Ketherine Harrington en declaraciones públicas.

El uso de la “inteligencia social” terminó en el asesinato de algunos informantes. La noche del 27 de junio de 2016, Elizabeth Margarita Aguilera Vegas fue acorralada, tiroteada y quemada cuando caminaba por la calle principal del Barrio San Miguel de la Cota 905. Fue atacada por presuntos delincuentes de la zona quienes, se vengaron de ella al saber que supuestamente los había delatado ante las autoridades. La mujer de 43 años era jefa de la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) que opera en la Escuela Distrital Sucre.

Fotos en celulares y tabletas, nombres escritos en papelitos, prostitutas y testigos encapuchados fueron utilizados por la fuerza pública para identificar a las personas que estaban buscando durante las OLP. La detención de Danny, Eliecer y Freddy, víctimas de la masacre de Barlovento, no fue aleatoria. A Eliecer lo fueron a buscar a su casa y le decían que era garitero de la banda que hace vida en el pueblo. A Danny lo bajaron de una unidad de transporte público y revisaron su identidad, y lo dejaron detenido a pesar de no tener solicitudes, ni registros policiales.

Después de pasar meses sin encontrar una explicación a esta masacre, la posible motivación oculta detrás de la matanza se convirtió en el comentario común entre los residentes de Capaya y del pueblo vecino, El Café. “Esa masacre fue porque estaban buscando a los que mataron a Miguel, él era el esposo de una sobrina del vicepresidente Aristóbulo Istúriz y era escolta de un chivo (alguien influyente). Él era de aquí de El Café, pero siempre jugaba caballos en Capaya, lo mataron allá para quitarle lo que se había ganado y robarle una moto grandísima que tenía”, contó Juan Carlos.

Se refería a Miguel Ángel Mijares Acevedo, de 40 años de edad, quien fue asesinado el 5 de junio de 2016, supuestamente para robarlo. El crimen fue cometido por integrantes de una banda delictiva de Capaya, quienes emboscaron a Mijares y a su hermano. Los hicieron correr desde el puesto de remate (centro de apuestas) de caballos hasta la entrada del pueblo. Allí los rodearon unos 15 hombres armados, les dispararon a ambos, Miguel murió, pero su hermano sobrevivió. La moto fue localizada medio desvalijada en la vivienda de dos de los presuntos homicidas.

Miguel Mijares, esposo de una sobrina del ex vicepresidente Aristóbulo Istúriz, fue asesinado en Capaya y la “búsqueda” de justicia por su muerte originó en la masacre de Barlovento

Este crimen motivó la realización de varias OLP, y se requirió el apoyo de funcionarios del Ejército, que se quedaron en Barlovento y se instalaron en El Café. “No sabemos por qué se quedaron aquí”, dijo el funcionario del Conas. Los operativos para capturar a los integrantes de la banda que mató a Mijares se han prolongado hasta los primeros días de junio de 2017, cuando en el pueblo se rumoraba que habían “caído” otros dos integrantes del grupo. “Pero todavía falta el líder”, precisó Juan Carlos.

Después de mucho buscar explicaciones, los familiares de las víctimas de masacre, coinciden en que pudo ser una venganza por el asesinato ocurrido cuatro meses antes. Aunque no hay una relación directa entre el crimen Mijares y las víctimas de la matanza, hay elementos que pudieron convertirlos en objetivo de  los militares. Freddy Hernández era mototaxista y el mejor mecánico de motos de la zona; Eliecer Yustaris, prestaba servicio militar, y al ser detenido fue señalado de ser proveedor de armas de las bandas de la zona; y Danny Acevedo era agricultor pero su pasatiempo favorito era apostar en los caballos, frecuentaba el mismo centro hípico que Mijares.

Días después del hallazgo de los cadáveres, se realizó una misa por las víctimas en el pueblo de Caucagua. A la eucaristía asistió José Vicente Rangel Ávalos, quien para ese entonces se desempeñaba en un cargo adscrito a la vicepresidencia de la República. “Esas son las cosas que uno no entiende, si ese señor Ávalos se reunía con los de las bandas para las zonas de paz y sabe quiénes son los de las bandas, entonces por qué vienen y matan a los inocentes. Por qué no buscan directo a los de las bandas”, se preguntó un vecino de Río Chico, otro pueblo de Barlovento, que conoce bien la zona y sus estructuras delictivas.

José Vicente Rangel Ávalos hizo pactos con grupos delictivos y promovió la creación de las zonas de paz en Barlovento y Valles del Tuy. Las bandas se fortalecieron y son dos de las zonas más violentas del país

Foto: Captura de pantalla de video transmitido por Televen

Al menos otras OLP multitudinarias y con más de una decena de muertos se realizaron en la zona de Barlovento en el primer semestre de 2016, luego de que funcionarios militares fueran víctimas de secuestros y homicidios. Según, el oficial del Conas, estos procedimientos solo se hacían por órdenes del presidente Maduro y del comandante de la GNB, sin embargo la falta de control y supervisión sobre las actuaciones terminó en casos como la masacre de Barlovento.

El Informe de Gestión 2016 de la Defensoría del Pueblo da cuenta de ello.  Las Defensorías Delegadas del organismo en todo el país, garante de promover y vigilar los derechos humanos, no fueron convocadas a las OLP debido a que “algunas fueron realizadas de manera sorpresiva; los organismos policiales consideraron que no era pertinente la participación de esta Institución, o fueron notificadas luego de realizada la operación, solo para que verificaran si se había cometido algún tipo de vulneración de los derechos humanos”.  En el documento se afirma que la Defensoría sólo participó en 26 OLP registradas en el territorio nacional durante 2015, según datos oficiales.

La tercera etapa de la OLP comenzó en enero de 2017. Esta vez el presidente Nicolás Maduro hizo otro agregado al nombre original. Ahora serían OLHP, la “H” significa humanistas y tienen que ver con la condición de respeto a los DDHH. Fue a propósito de este ralanzamiento cuando se elaboró un documento oficial que definió la OLHP.

El documento del Protocolo de Actuación de los Cuerpos de Seguridad del Estado en la Operación de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP), al que tuvo acceso Runru.es, describe que la acción de la OLP abarca los urbanismos de Misión Vivienda, y dice que: “El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, es el principal responsable de las OLHP, conjuntamente con el Ministro del Poder Popular para la Defensa. Por tal motivo, se establece este protocolo, como una herramienta que permita guiar, la actuación policial en las Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP)”.

Esto, luego de que el presidente Maduro lanzará la OLHP “con una nueva visión superior en calidad y efectividad en logros de derechos humanos”, dice el documento oficial.

Documento sobre el protocolo de actuación de los cuerpos de seguridad en la OLP, elaborado por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en enero de 2017, año y medio después del lanzamiento de la OLP

El documento también tiene en el Capítulo II, lo que podría considerarse una definición oficial de la OLHP. “Es el Sistema planificado y articulado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en conjunto con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para generar acciones que permitan la coordinación de los Organismos de Seguridad Ciudadana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), las Policías Estatales, Municipales y la FANB, para la liberación de las zonas tomadas por la delincuencia organizada, de manera de erradicar las actividades criminales y paramilitares; garantizando la protección del pueblo por medio de la ejecución de planes en materia de seguridad ciudadana contra cualquier amenaza interna al ejercicio efectivo de las libertades individuales y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el desarrollo integral de la Nación”.

El miedo se quedó

“A mí me dicen OLP ahorita y me orino”. La expresión corresponde a María*, una residente de Ciudad Caribia, que recordó durante la conversación el terror que sintió aquella madrugada del 30 de junio de 2016, cuando los funcionarios de la PNB, el Sebin y los colectivos, ingresaron por la fuerza en varios apartamentos y dejaron un saldo de 7 muertos y 10 detenidos.

“Me da nervio porque pienso en mi hijo de 17 años, porque me lo pueden agarrar como a mi otro muchacho, ¿entiendes?”, dijo María. La sensación de miedo se extiende entre los habitantes de la Cota 905, El Cementerio, El Valle, Ciudad Socialista Hugo Chávez (en Barlovento), Loma Linda (en el Callao), San Vicente (en Aragua) y Boquerón (en Carabobo) cuando les mencionan OLP.

La Ciudad Socialista, un urbanismo de Misión Vivienda en el municipio Acevedo, es uno de los lugares más peligrosos de la zona. “Eso es como una cárcel sin barrotes”, aseguró el oficial del Conas desde su oficina ubicada a 500 metros de las residencias. Admitió que las visita con frecuencia para hacer OLP o procedimientos contra secuestradores.

En la Ciudad Socialista Hugo Chávez, en Barlovento, la OLP se hacía casi todas las semanas

Al urbanismo de Misión Vivienda se llega en transporte público o caminando, unos 300 metros desde la vía principal, donde está la chocolatera Orión, una de las empresas emblemáticas del proyecto cacaotero del Gobierno. En el camino se encuentra la sede del Sebin en la región, unos 200 metros antes de la entrada, y luego un destacamento de la GNB, a menos de 100 metros. Ante tantos cuerpos de seguridad resulta paradójica la necesidad recurrente de la OLP.

En Caucagua y sus alrededores la gente coincidió en que la Ciudad Socialista era un blanco fijo de las OLP. “Allí entraba la OLP todos los días”, aseguró Juan Carlos*, un transportista que presta servicio en la zona. Sin embargo, los residentes que un día cualquiera de semana caminan por las veredas de los edificios del urbanismo hacen silencio y cambian la mirada cuando se les pregunta sobre las OLP. Se hacen los desentendidos y no emiten palabras. “Noooo, aquí yo nunca he visto eso”, respondió una de las pocas personas que se atrevió a responder las preguntas de la visitante desconocida.  “¿Aquí no hay OLP, verdad?”, interrogó a su acompañante para que confirmara su respuesta.

Otro de los residentes indicó que era mejor que la consulta se le hiciera al jefe de edificio (una figura de autoridad informal que ejerce control sobre la residencia). Cada uno de los bloques que conforman el urbanismo tiene un jefe que decide quién habla y de qué se habla. El que no cumpla esa regla tiene un castigo, explicó Juan Carlos*, que solo habló al salir del lugar.

“El nivel de miedo, y las consecuencias ulteriores a la búsqueda de justicia por temor, no lo habíamos visto nunca antes con la frecuencia que lo estamos viendo en este momento. El temor que hoy en día tiene una víctima de verse identificados en denuncias como éstas no tiene parámetros de comparación”, describió Liliana Ortega, quien tiene 27 años dando asistencia a familiares de víctimas de ejecuciones y otras violaciones de derechos humanos.

En la Cota 905 los hombres corrían, las mujeres y los niños se encerraban en las casas, y no se atrevían ni siquiera a asomarse a la ventana cuando llegaba la OLP. “Nosotros sabemos cuando vienen, porque desde aquí los vemos salir”, contó Rosa*, señalando hacia El Helicoide, donde funciona una dependencia de la PNB. “Esa gente da miedo. Hasta las femeninas (mujeres policías) son malas. Lo insultan a uno y lo golpean. Los de negro, le decimos aquí, porque vienen con toda esa ropa negra y la cara tapada”.

El equipo de Runrun.es esperó más de dos meses para ingresar a la Cota 905 para la realización de esta investigación, pues durante el primer semestre del año las OLP o procedimientos similares, realizados por funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, vestidos de negro y rostros cubiertos que llegaban a matar y a destruir, se repitieron todas las semanas. Los familiares de las víctimas tenían temor a dar declaraciones y salir de sus casas mientras se desarrollaban estos operativos.

Ortega aseguró que hubo una criminalización de la familia y que han sido recurrentes las denuncias de abusos, amenazas de violencia sexual y hostigamiento cuando se realizaban estos procedimientos. La ONG Cofavic también detectó, con base a las denuncias de afectados, “desplazamientos forzosos internos. Familias que decidieron mudarse y dejar su casa y sus enseres para salvar al resto de sus miembros”.

 

Pasamontañas y máscaras de la muerte eran parte de la indumentaria de la OLP para causar terror

Foto (archivo): Cortesía Carlos Ramírez

En Merecure, Marizapa, El Delirio y otros pueblos de Barlovento decenas de viviendas fueron abandonadas y puestas en venta a precios inferiores al valor real, después de la OLP. En Valles del Tuy los desplazamientos han sido masivos, especialmente en Santa Lucía. “La gente se iba primero por las presiones de los sindicatos y los conflictos entre las bandas, pero después cuando llegaba la OLP también había desplazamientos y uno no entendía por qué. Era que la OLP mataba a los de una banda y le daba al control a los de un sindicato u otra banda relacionada con gente del Gobierno”, relató un habitante de Santa Teresa. La visita del entonces ministro de Seguridad Ciudadana José Vicente Rangel Ávalos a los Valles del Tuy era tomada por los habitantes como una señal de que vendría una OLP.

“En San Vicente (estado Aragua) vives con terror. No puedes hacer nada sin la autorización de los malandros. Ningún bombillo se quita, ninguna pared se pinta sin su visto bueno. No debes pintar tus paredes del color que quieras, por ejemplo, y tienes que poner un bombillo en tu puerta o quitarlo porque ellos lo dicen. Si no sigues sus reglas, te amenazan con quitarte la casa y te dan 24 horas para que te vayas del barrio. Y si no lo haces, te matan. Fue lo que le pasó al dueño de un taller que arreglaba motos. Le dijeron que no recibiera más a los policías. No les hizo caso y lo acribillaron allí mismo delante de su hijo”, Nidia*. A pesar de las muertes, allí los delincuentes no permitieron el avance de la OLP o la protección de algún poderoso lo evitó.

Algunas ONG nacionales e internacionales, instituciones del Estado y gobiernos extranjeros han cuestionado y alertado sobre los peligros de la OLP por considerarlas procedimientos que violan los derechos humanos.

En un reporte publicado a los tres meses de la OLP, Transparencia Venezuela afirmó: “Es urgente el cese o redireccionamiento de este operativo ausente de principios de derechos humanos y su enfoque debe centrarse en una política pública que abarque la problemática desde la prevención, desarme y control policial”.

El primero de noviembre de 2016 durante la realización del segundo Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, en la sede de la ONU en Ginebra, el gobierno de Canadá recomendó a Venezuela eliminar las OLP. ■

Selección de las víctimas

*Los nombres de las víctimas fueron cambiados por su seguridad

*Informes y documentos oficiales del Ministerios Público fueron retirados de la página de esta institución, luego de la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Pero Runrun.es posee copias

Share This