Abastecimiento irregular propicia colas en los mercados

El Ejecutivo nacional apuesta al uso de las máquinas captahuellas como una de las medidas para reducir las colas que se generan a las puertas de los comercios para comprar productos de la cesta básica.

La medida está orientada a fiscalizar el consumo de la población en lugar de atacar las causas que propician la asistencia masiva de consumidores a los supermercados: precios regulados que promueven la reventa y escasez.

La deficiencia en la producción interna, derivada de la escasa asignación de divisas para importar insumos y materias primas fundamentales para la manufactura de alimentos, productos de cuidado personas y de mantenimiento del hogar, se evidencia en la insuficiencia de productos que hay en el mercado nacional.

El hecho de que el abastecimiento sea inestable obliga a los consumidor a acudir varias veces a la semana al supermercado para completar la compra.

El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Luis Rodríguez, explicó que la distribución de productos ha cambiado y que todos los días reciben un rubro diferente. «Eso hace que la gente vaya todos los días, porque un día llega la harina, otro día el aceite, otro el jabón y eso hace que nunca se acabe la cola, porque la demanda está centrada sobre los productos de la cesta básica».

Señaló que el momento en el que llegan los productos a los establecimientos se ha convertido en «un caos», por lo que las empresas han tenido que tomar medidas para manejar la afluencia de personas y proteger a los clientes que no van tras los productos regulados.

«Los supermercados se diseñan para una cantidad finita de personas y de productos. Cuando llegan los productos de la cesta básica, eso se cuatriplica y quintuplica y sigues tiendo la mismas cajas y el mismo espacio. Las quejas de los consumidores que tienen que hacer cola durante horas nos han llevado a buscar alternativas como sacar colas a la calle, colocar toldos y carpas en los estacionamientos, vender por el depósito o en el estacionamiento, habilitar espacios para tratar de buscar la manera de que el cliente que tiene que ir a ese negocio pueda hacerlo», expresó Rodríguez.

Los daños dentro de los comercios y las pérdida de mercancía ha llevado a los comercios a mantener las colas fuera de los pisos de venta.

Indicó que a raíz del nerviosismo que se desprende de la escasez se han generado situaciones de violencia que derivan del desespero de permanecer durante horas en una cola, por lo que los comercios deben solicitar apoyo de los cuerpos de seguridad cuando reciben los productos de primera necesidad.

 

El modelo de negocio

 

Los supermercados han identificado unas «mafias» de personas que se dedican a comprar los productos de la cesta básico que están escasos para venderlos con sobreprecio en el mercado informal; una práctica que tiene más de cinco años ocurriendo en el mercado.

La reventa de productos se ha convertido en un negocio y un modo de vida promovido por los precios controlados en un entorno de alta escasez, que lo hace rentable.

«Hay mafias que funcionan así: llega un camión cargado de personas, la gente se baja, compran y cuando entregan la mercancía les pagan. Eso es complicado de manejar porque no tenemos pruebas y no es nuestro trabajo tampoco y es peligroso porque pueden arremeter contra el negocio y los trabajadores. Nuestro trabajo es vender», expresó Rodríguez.

El Gobierno apuesta a que con el uso de máquinas captahuellas podrán identificar esos grupos de personas que se dedican a extraer los productos de los anaqueles para revenderlos o sacarlos fuera del país. Del mismo modo confía en que eliminarán las colas.

Pero en ese plan de «eficiencia mata cola» no ha planteado ninguna solución al problema de escasez que, de acuerdo a los últimos indicadores oficiales, en abril era de 22,5% en los alimentos y 25,5% en general.

Las empresas continúan denunciando retraso en la liquidación de divisas para pagar deudas en el exterior y retomar las importaciones, que es lo que va a permitir producir más para estabilizar la oferta de productos en el mercado. (El Universal)

 

Hasta 80% más costarán las listas de útiles escolares este año

 

El mercado de útiles este año no se encuentra en su mejor momento para atender la demanda de la temporada escolar que inicia la segunda quincena de septiembre. Escasa disponibilidad y altos precios son el común denominador esta temporada.

El costo de las listas escolares aumentó este año entre 21,35% y 80,4%. Una familia con tres niños que cursen educación básica deberá destinar en promedio Bs 3.930 para comprar sólo los útiles escolares este año, sin los libros. Este monto es 57,3% superior al requerido en 2013 para el mismo fin.

Una lista de útiles para un niño que cursa primer grado, sin los textos escolares, que contenga cuatro libretas empastadas, dos cuadernos, un block de dibujo, dos carpetas con liga, una regla, una cartuchera, sacapunta, goma de borrar, lápiz de grafito, creyones, marcadores, pega, dos pinceles, témpera, tijera punta toma y un delantal, tendrá un costo promedio de Bs 1.133,7, un incremento de 21,35% con respecto a 2013.

El costo de una lista para un estudiante de cuarto grado es de Bs 1.247,7, en promedio; mientras que para comprar los útiles escolares de un alumno de sexto grado se necesita en promedio Bs 1.549. En comparación con el año pasado, el aumento es de 76,5% y 80,4% respectivamente.

La lista básica autorizada por el Ministerio de Educación, que contempla 21 artículos, este año registra un incremento de 69,16%, y tiene un costo de Bs 877,35, mientras que hace un año costaba Bs 537,6, según se evidenció en un recorrido realizado por El Universal.

 

Mercado golpeado

 

La oferta de útiles escolares para esta temporada es limitada. Los comerciantes informaron que para adquirir lo productos tuvieron que acudir a los proveedores durante seis meses, cuando en años anteriores solo necesitaban dos meses para nutrir sus inventarios.

José Monasterios, quien tiene seis años vendiendo útiles escolares en la feria de Altamira, señaló que este año el abastecimiento no es bueno y que han tenido poco crédito por parte de los proveedores, por lo que han tenido que comprar la mercancía de contado.

«Eso lo hace más difícil. Hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para conseguir el dinero y tener la mayor cantidad posible de productos para atender la temporada», señaló el comerciante.

Apuntó que no hay posibilidad de reponer inventarios por lo que la mercancía que está en las ferias es lo único con lo que cuentan.

Los rubros que están escasos son el papel, los lápices y los creyones por la insuficiencia de materia prima como pulpa y madera, lo que ha traído como consecuencia incrementos en los precios de los productos terminados. Tampoco hay cuadernos de doble línea ni cuadriculado.

El precio de la resma de papel pasó de Bs 200 a Bs 350, lo que significa un incremento de 75%. Señaló que para comprar una lista, sin libros, se requieren al menos Bs 1.500. Pero con textos escolares y uniformes por lo menos se debe contar con 10 mil bolívares.

 

Menos prendas

 

Los uniformes escolares este año están fuera del alcance de muchos, no sólo por los altos precios sino también por la insuficiencia de prendas.

María Espinosa, quien lleva cinco años vendiendo uniformes escolares en la feria de Bellas Artes, señaló que no hay suficiente mercancía por la escasez de telas y tintas.

«El año pasado para esta fecha había mejor inventario y mejores ventas. Ahorita está muy difícil todo», apuntó.

En el recorrido realizado se evidenció que el uniforme escolar para una niña, compuesto por dos chemise, dos faldas y un suéter, costará 2.651; 217,9% más que el año pasado.

La indumentaria de un varón (dos chemise, dos pantalones y un suéter) costará Bs 2.024; mientras que el uniforme de un preescolar (dos monos , dos chemise, franela blanca y suéter), costará Bs 3.122,5. (El Universal)

 

Modelo económico impone restricciones a los consumidores

 

El modelo de mayor participación del Estado en la economía y el aumento de los controles afectan a los usuarios, quienes se tienen que enfrentar a restricciones en materia cambiaria y limitaciones en la adquisición de bienes básicos.

Con un precio del crudo que promedia los 96 dólares, el Gobierno ha bajado el monto de divisas para atender los requerimientos del sector privado como las importaciones y los viajes al exterior.

Tras una reducción de las asignaciones de dólares en 2013 de 16%, la actual administración decidió revisar las aprobaciones de divisas y uno de los ajustes incluyó al cupo de viajeros.

Desde enero las personas naturales tienen una asignación máxima de divisas de 3.000 dólares al año, una reducción de 23% con respecto al monto que se tenía de 3.900 dólares. Y junto al recorte, los requisitos para utilizar la tarjeta de crédito en el exterior aumentaron.

Las estadísticas oficiales han revelado que las restricciones en la entrega de divisas se han acentuado. Las liquidaciones al tipo de cambio oficial para las importaciones de bienes y maquinarias sufrieron en los primeros siete meses de 2014 una caída de 28% con respecto a 2012 y esa disminución en las entregas de dólares y el control de precios han impactado en la producción.

Ya el pasado año los sectores clave de la economía terminaron con resultados negativos y aunque no se han divulgado las cifras sobre el comportamiento de la economía en la primera mitad del año, los representantes de diversas áreas han señalado que la desaceleración continúa. Esa menor oferta local e importada se refleja en la escasez de bienes y servicios. El último dato disponible del Banco Central de Venezuela (BCV) correspondiente a abril revelaba que en 29 de cada 100 establecimientos había ausencia de productos.

Frente a la escasez y el salto de los precios, que entre mayo de 2013 y mayo de 2014 fue 60,9%, el Gobierno incrementa los controles.

Este mes las autoridades anunciaron la aplicación de un sistema que busca controlar la compra por persona de alimentos, productos de cuidado personal y de mantenimiento del hogar, y para ello, los establecimientos públicos y privados tendrán captahuellas.

Por ese incremento en las regulaciones, José Guerra, economista y ex gerente de investigaciones del BCV, señala que «el modelo económico se está cerrando con controles y está creando más restricciones a las personas». En ese contexto, reitera que «más controles elevan los costos de producción, se generan rezagos y la consecuencia es la escasez».

Ya antes de que se anunciara la aplicación del sistema biométrico, los usuarios se han estado enfrentando en los comercios a limitaciones en la venta tanto de productos de la cesta básica como de los rubros de higiene personal. (El Universal)

 

BancTrust prevé escasez de 35% en 2015

 

La firma BancTrust aseguró que la escasez calculada para el año 2015 es de 35% en promedio; lo que representa 2 puntos porcentuales por encima del índice en el que se ubica actualmente. Asimismo, asegura que prevén que la inflación cerrará este año en 73%.

En el último informe la firma señala que la expansión de la liquidez monetaria (cantidad de monedas y billetes más depósitos bancarios) no parece detenerse en el mediano plazo, “lo que continuará presionando la inflación al alza”. Asimismo, asegura que Pdvsa permanece en una posición muy desfavorable en lo que a recursos disponibles se refiere, ya que debe vender al Banco Central de Venezuela las divisas que obtiene por exportaciones de petróleo a 6,30 bolívares por dólar.

Sostiene BancTrust que el ciclo electoral del año 2015 con las elecciones parlamentarias hará que el gobierno busque la manera de mantenerse por encima de la oposición; por lo que calcula un mayor gasto social, “con poca disciplina fiscal y el objetivo de obtener mayores recursos para importar los bienes escasos para así aumentar la popularidad”. Sin embargo, advierte que la presión sobre los activos en divisas es realmente preocupante”. Añade que aunque se completara un ajuste económico –lo que ven poco viable– los niveles de escasez de productos no volverán a la normalidad en el corto plazo.

BancTrust también asegura que el pronóstico para Venezuela el próximo año incluye la emisión de deuda por 6 millardos de dólares; lo que incrementaría la deuda externa total de 44 millardos de dólares a 50 millardos de dólares. “Creemos que la existencia insuficiente de divisas presionará al gobierno para regrese al mercado a emitir nuevos bonos”.

Con respecto al crecimiento de la economía, la firma prevé que el PIB (cantidad de bienes y servicios que produce un país en 12 meses) del año 2014 cerrará con una caída de 3% y que el déficit fiscal se situará en 16%. “La dificultad en los niveles de producción causada por las restricción del esquema de adjudicación de divisas ha estado consistentemente afectando al sector privado, lo que se refleja en la escasez”. Asimismo, señala que el control de los precios después del episodio del Dakazo en el último trimestre de 2013 ha añadido una presión mayor sobre las empresas privadas, “que están haciendo considerables esfuerzos para no cerrar operaciones”. (El Nacional)

 

Vaticinan complicaciones con captahuellas para comprar comida

 

Los técnicos electorales Vicente Bello y Luis Lander vaticinaron complicaciones en la implementación de máquinas captahuellas, parecidas a las utilizadas por el Consejo Nacional Electoral, para controlar la compra de comida.

Explicaron que el mecanismo biométrico se usa en varias empresas en Venezuela para controlar el ingreso de personas, pero que se trata de bases de datos pequeñas, de 1.000 o 3.000 personas, que no se puede comparar con la data de todo un país.

Bello precisó que el CNE, experto en el mecanismo electrónico, trató hace 10 años de emplear el captahuellas para impedir doble voto nacional y fracasó. “En 2004, cuando Jorge Rodríguez presidía el organismo, lo instalaron para verificar si una persona podía sufragas en dos centros diferentes y no funcionó porque el tamaño de la data era inmanejable. Por eso lo descartaron”, recordó. Lo que finalmente logró el CNE fue evitar el doble voto en un mismo centro.

“El más grande es el del Colegio Andrés Bello en Caracas con 11.500 personas. El mecanismo chequea una huella contra 11.500 registradas y funciona perfecto, pero ponerlo en 100.000 sitios donde venden productos de primera necesidad, conectado en línea y que dé respuesta inmediata, para eso no hay infraestructura”, afirmó.

 

Los problemas

 

Retrasos, mala calidad de la huella, voto de personas no registradas, voto doble, no reconocimiento del elector pese a tener los datos correctos, son algunos de los problemas que ocurren con las captahuellas en cada proceso comicial.

Vicente Bello alertó que esos problemas se repetirán en los comercios, pero con un agravante: habrá familias que podrían ser restringidas de acceder a los alimentos. “Hay muchas preguntas, por ejemplo: ¿Los menores de 18 años de edad que son padres y madres de familia podrán comprar? Una señora que tiene su registro en regla, no ha comprado más de lo permitido, hizo dos horas de cola pero cuando va a pagar le arroja error: ¿A quién va a acudir, se le permitirá comprar?”.

Luis Lander, del Observatorio Electoral Venezolano, afirmó que el CNE, junto con el Saime, ha mejorado progresivamente la calidad de la base de datos de huellas dactilares en los últimos años. Sin embargo, considera que el reto sería cruzar la data exitosamente con la de productos alimenticios.

“Los sistemas de identificación se utilizan en todas partes del mundo. Ahora, el asunto es cómo conviertes ese mecanismo en algo que te permita controlar los niveles de consumo de la gente. Tal como ha sido planteado, resulta un proyecto demasiado ambicioso”, agregó Lander.

 

La corrupción

 

Otro aspecto que complica la ejecución del sistema de racionamiento electrónico tiene que ver con el número de rubros. “En el caso de votar o entrar a una empresa la maquina debe verificar un solo dato: la huella. Para controlar la compra de los 23 rubros de la cesta básica tendrían que crearle a cada persona 23 datas diferentes y cargar en cada una las especificaciones de cantidad, presentación y frecuencia. Estoy seguro de que eso no va a funcionar”, vaticinó Vicente Bello.

En su opinión, lo que sí podría incentivar es la corrupción: “Con toda seguridad alguien va a cobrar por el programa, por las máquinas y las comisiones. Pasará lo mismo que con las cédulas con chip: unos cubanos cobraron, trajeron el material y el gobierno lo pagó al triple de lo que le cuesta a la banca, y aún no tenemos las cédulas”.

 

El presupuesto

 

La Superintendencia de Precios Justos resultó de la fusión del Indepabis y la Sundecop, en febrero pasado. El novel organismo opera con los recursos aprobados en la Ley de Presupuesto 2014 a Indepabis y Sundecop en el plan de gastos del Ministerio de Comercio

El diputado Elías Matta, de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, confirmó que no existe en el presupuesto ninguna partida para la adquisición de equipos de captahuellas para consumo de alimentos. Tampoco en lo que va de año se ha aprobado crédito adicional para ese fin.

“La compra e implementación de la referida tecnología debe haberse ejecutado por otra vía. El gobierno tiene varias cajas chicas, por ejemplo el Fonden o el Fondo Chino. Otras opciones serían la rectificación de partida, la creación de una nueva partida presupuestaria, el traspaso de una partida que no va a ejecutar compras. En fin, tienen varias vías, pero como la regla es la falta de transparencia es difícil saber de dónde sacaran los recursos”, indicó el parlamentario.

En el presupuesto de la extinta Sundecop solo se pautaron dos proyectos: uno destinado a adecuar 17 sedes regionales y construir 5, y otro para el “fortalecimiento del sistema alternativo de distribución y comercialización con énfasis en las comunas”. Ninguno para la compra de equipos biométricos.

 

A la espera de aclaratorias

 

El proyecto de instalación de captahuellas en los supermercados ha sido tildado de “ambicioso” por representantes de sectores empresariales debido a los costos, infraestructura y tecnología que implica un sistema que permita detectar patrones de compra excesivos y, por tanto, posibles contrabandistas.

“Hay algunas lagunas que deben aclararnos para así entender cuál es el alcance del proyecto. Eso lo iremos viendo en las próximas reuniones”, señaló el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, Luis Rodríguez.

El presidente de Consecomercio, Mauricio Tancredi, explicó que más de 85% de los comercios son pequeños y se encuentran debilitados por las fiscalizaciones. “Muchos de ellos no van a poder costear estos sistemas”, dijo.

Añadió que los comerciantes no ven viable el proyecto porque son muchos los establecimientos que venden productos básicos. “Sería muy impráctico y difícil de instalar. Además, deben discriminar el consumo familia por familia, persona por persona. ¿Cómo se hará eso?”, cuestionó.

El superintendente de precios justos, Andrés Eloy Méndez, adelantó que cadenas de farmacias como Farmatodo y Locatel se unirán al programa y, posteriormente, todos los establecimientos que comercialicen productos de la cesta básica, como abastos y bodegas. Sin embargo, en una primera etapa, los supermercados serán los únicos que contarán con el sistema.

En Venezuela existen 6.500 supermercados. Si cada uno tendrá máximo 3 captahuellas, se estaría hablando de aproximadamente 19.500 máquinas para el 30 de noviembre, fecha tope establecida por el gobierno. Se ha informado que el precio de cada equipo está entre 12.000 y 15.000 bolívares, lo que implicaría un gasto inicial de alrededor de 253,5 millones de bolívares, sin incluir los costos de instalación y manejo del software que procesará los datos de millones de consumidores.

“El sistema biométrico representa un control más para una serie de consecuencias que se han dado por otros controles, como el de cambio. Nosotros como empresarios y consumidores no podemos estar de acuerdo”, expresó Tancredi. (El Nacional)

 

Cencoex sanciona a 10 empresas que no verificaron uso de divisas

 

El Centro Nacional de Comercio Exterior publicó una lista con los nombres de las 10 empresas que no asistieron esta semana a la convocatoria para verificar el correcto uso de divisas. Los representantes de las compañías debían presentarse ante la sede del organismo entre el 25 y el 29 de agosto.

El Cencoex informó que a las diez empresas se les revocará el registro de usuario del Sistema de Administración de Divisas, Rusad, y no se les permitirá la participación en el Sicad 2, entre otras sanciones.

También se notificará al Ministerio Público para que inicie un procedimiento administrativo “ante la presunción de la comisión de algún ilícito cambiario». (El Nacional)

 

Industrias ralentizan producción para rendir materia prima

 

Los retrasos de Cencoex en la asignación de divisas y la poca producción nacional impiden a las industrias obtener la materia prima importada y nacional, por lo que las empresas “están estirando los inventarios para tener plantas operando el mayor tiempo posible”, advirtió el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Eduardo Garmendia.

Para la fabricación de los productos se utilizan dos tipos de materias primas: nacionales e importadas. “Con las importadas el problema son los dólares. En el caso de las nacionales, los niveles de producción de las empresas operadas por el Gobierno están por debajo de las cantidades demandadas. Estos insumos son fundamentales para la industria de transformación”, enfatizó.

Garmendia considera que se deben aplicar correctivos y tomar decisiones que cambien el rumbo de la economía actual.

“Los resultados que esperamos para el tercer trimestre de este año serán los mismos del segundo, porque nunca se conseguirán resultados diferentes si se aplican las mismas medidas para solucionar los problemas”, dijo. (El Mundo)

 

Conatel autorizó aumento del servicio de televisión por cable

 

Las tarifas de la televisión por suscripción también darán un salto y se pondrán más caras. Varias cableras ya han comenzado a mostrar sus nuevos planes y costos de contrato, que estarán vigentes a partir del lunes 1 de septiembre, según informó el Diario Panorama

Carlos Villamizar, presidente de la Cámara Venezolana de la Televisión por Suscripción (Cavetesu), afirmó que el incremento cumple lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que establece la obligatoria autorización de Conatel.

«Eso estaba suspendido hasta el año pasado, a pesar de los altos niveles de inflación. Este año expusimos la necesidad de hacer ajustes necesarios para poder mantener las operaciones y se aprobó hacer el ajuste en dos etapas: el 1° de julio y el 1° de septiembre”, explicó, de acuerdo a una publicación del diario El Mundo Economía y Negocios.

El ejecutivo aseguró que el negocio de la TV paga depende del flujo de divisas, una de las razones por las cuales se evidencian cambios en las parrillas de canales, debido a que si las cableras no pueden pagar en dólares y entran en morosidad, el programador decide cancelar la programación. La misma causa hace que, en otras ocasiones, alguna cablera decida prescindir de los servicios de algún canal internacional. (El Nacional)

 

Asoquim: la designación y distribución de divisas para la industria química “ha sido muy errática”

 

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim), señaló que el sector “está en una suerte de arranca y para” y acotó que en 15 años, en el país ha habido un proceso de desindustrialización.

Asimismo, dijo en la sección de entrevistas del Noticiero Televen que no han cerrado muchas empresas y comentó que hay “insuficiencia de materia prima”.

Sostuvo que para 1997, habían más 15.000 empresas industriales en el país y el PIB que aportaba la manufactura “estaba por encima del 21%. Ya para el 2007, habían menos de 7.000 empresas y el PIB que iba aportando la manufactura era menos de 14%. Eso demuestra que ha habido un proceso de desindustrialización importante“.

Apuntó que el ahorro de divisas que le puede traer este sector al Estado “es muy importante” y comentó que la industria química tiene “insuficiencia de materia prima derivado de la designación y distribución de divisas que ha sido muy errática“.

Manifestó que Cencoex le ha entregado al sector cerca de 700 millones de dólares, los cuales han sido “destinados a pagos de facturas de los años 2013 y 2014. Este año hemos dependido más de lo que es la asignación de divisas”.

Contó que el Sicad I debería asignar las divisas en 48 horas después de la adjudicación, sin embargo, agregó se ha tardado “hasta dos meses”.

“Sectores importantes como el químico no recibe las divisas adecuadas como para mantenerse funcionando con regularidad”, sumó al tiempo que recalcó: “En los últimos 15 años, hemos venido sustituyendo producción nacional por importaciones y nos damos cuenta en este momento que eso ha sido un gran error”. (Noticias 24)

 

Jorge Roig: Los venezolanos estamos viviendo la tormenta perfecta

 

Para el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, los venezolanos “estamos viviendo la tormenta perfecta” por la convergencia de tres factores que hacen de la crisis un verdadero drama: recesión, desabastecimiento e inflación: “Tenemos recesión con una caída de 4 puntos en el primer semestre, una tasa inflacionaria de más del 60% y una escasez que en el caso de Caracas llega al 75%”. Todas cifras, apunta, que el BCV mantiene en reserva. Así las cosas, insiste en el diálogo “como instrumento único capaz de superar una tormenta que ya se manifiesta con profusión de rayos y centellas”.

Captahuellas

La afirmación la hizo el representante empresarial en una entrevista concedida al periodista Roberto Giusti para el diario El Universal, en la que aseguró que la anunciada implementación de las máquinas captahuellas en los automercados no logrará mejorar la situación de escasez de productos de primera necesidad y los consumidores “además serán sometidos a un proceso indignante. El problema de fondo es que no hay suficientes productos para abastecer una demanda creciente y la medida no lo resuelve, como tampoco resuelve la fuga de alimentos”.

“La crisis llegó”

Para Roig “hoy los indicadores económicos son los peores de los últimos 40 años. Tenemos la inflación más alta del planeta y un desabastecimiento cuyo alcance, en cifras, se pretende esconder a los venezolanos, incluso al presidente Maduro. El modelo llegó a una etapa en la cual ya resulta insoportable e inviable” y ya “se está manifestando el descontento tal y como lo recogen las encuestas. Ése, el peor de los escenarios, es el que Fedecámaras insiste en la necesidad de evitar porque no apoyamos las protestas violentas. Ahora, está claro que el Gobierno se debate en una serie de contradicciones internas que no le permiten adoptar las decisiones necesarias. En toda revolución hay dos tipos de dirigentes: quienes la hacen (la revolución) y quienes se benefician de ella. En la venezolana el segundo grupo es más numeroso que el primero”.

El diálogo necesario

Según el Presidente de Fedecámaras, “o nos encontramos o el país se descuaderna. Para lograrlo el Gobierno debe convocar a un diálogo con todo el país a partir de una realidad: el reconocimiento de la crisis. Es imposible una curación si primero no aceptas tu enfermedad. Luego, hay que pedirles a los venezolanos paciencia, sabiduría y entendimiento para afrontar las soluciones. También se debe garantizar, a los más vulnerables, que nos vamos a ocupar de ellos. Eso lo hace un estadista consciente de su responsabilidad histórica”. Para el dirigente empresarial Jorge Roig, “el presidente Chávez podía tomar las decisiones, pero la responsabilidad de su aplicación recaía en los ministros. No pasa lo mismo con Maduro. Yo, por ejemplo, no creo que él sea su peor enemigo. Su peor enemigo, que está dentro de las filas del oficialismo, es aquel que no le permite hacer los cambios”. (La Patilla)

 

Advierten disparidad en cifras oficiales sobre transferencias al Fonden

 

Las cifras oficiales sobre las transferencias realizadas por Pdvsa y el Banco Central de Venezuela (BCV) en los últimos años al Fonden presentan disparidades.

Un análisis efectuado por el economista y profesor universitario Ronald Balza, sobre la data suministrada por las autoridades monetarias y financieras, resalta que desde el año 2008 comenzaron a notarse esas diferencias en los traspasos al fondo.

Explicó que lo declarado por el Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública en documentos oficiales revela aportes inferiores en 11.713 millones de dólares a los anunciados por la industria petrolera y por el ente emisor.

Destacó que, hasta la fecha, esta diferencia refleja una proporción aproximada de 56,7% de las reservas internacionales del Banco Central, que al cierre de la semana pasada se ubicaron en $21.406 millones. (El Mundo)

 

Temen que se frene repunte que traían las exportaciones

 

La prohibición de exportación decretada por el presidente de la República puede frenar el repunte que venía mostrando el sector, según temen en la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX).

Ramón Goyo, presidente de la AVEX, explicó que de todos los rubros a los que afecta la medida, a los exportadores les preocupa que se hayan incluido acero, hierro y aluminio. «Allí hay una parte importante de la oferta exportable del país en este momento».

Explicó que en los primeros meses del año las exportaciones no petroleras registraron una recuperación que, en parte, se debe a las manufacturas asociados al hierro, acero y aluminio.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) le dan la razón. Entre enero y mayo de este año las exportaciones no petroleras sumaron 1.332 millones de dólares, 38,75% más que en el mismo lapso de 2013.

De ese total, 81 millones de dólares (6,06%), corresponden a manufacturas de fundición de hierro o acero, cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y estaño, entre otros productos. En los primeros cinco meses del año pasado la exportación de este tipo de rubros había sido, incluso, mayor al ubicarse en 282 millones de dólares y representar casi el 30% de las exportaciones no petroleras de ese período.

«Hacemos un llamado público, debemos buscar recuperar las exportaciones, el Ejecutivo nacional tiene estadísticas de cuáles son los productos con oferta exportable», insistió el presidente de la AVEX.

El directivo precisó que entre los productos que se venden al exterior figuran tubos con costura, perfiles de aluminio y acero. En la AVEX esperan la publicación de los aranceles para saber con exactitud el alcance de la restricción.

Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, también advirtió el pasado miércoles que sería un error prohibir la exportación de productos para los que sí hay capacidad exportadora. «Es lamentable que se hayan incluido productos como el hierro y el acero que sí tenían un potencial de exportación, sería muy lamentable que los pocos productos que se están exportando se le pongan limitaciones».

En la Gaceta Oficial 40.481 del 22 de agosto circuló el decreto presidencial 1.190 mediante el cual «se prohíbe» la exportación de 21 rubros alimenticios, 11 de cuidado personal, además de medicamentos, productos para la construcción, textos, uniformes y útiles escolares. «En esas áreas no hay afectación porque no se estaban exportando», aseveró Goyo. (El Universal)

 

INE registra que importaciones de alimentos subieron más de 76%

 

La cifra es incuestionable. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre enero y mayo de este año, las importaciones de productos de origen animal y vegetal alcanzaron los $2.936 millones, lo que supone un aumento de 76,7%, respecto a los $1.661 millones que adquirió la República en el mismo lapso del año pasado; ello pese a que las importaciones totales del país se contrajeron casi 20% en ese período.

La subida, de acuerdo con analistas del sector, es la prueba fehaciente de que el Estado ha enfrentado una seria crisis de abastecimiento causada por la caída de la producción nacional, lo cual ha impulsado las compras internacionales de estos y otros rubros.

Esta tesis se ve corroborada cuando se toma en cuenta que los productos de origen animal y vegetal adquiridos fuera del país elevaron su participación en el mix de las importaciones nacionales en más de 100%, toda vez que si para los cinco primeros meses del año 2013 representaron 8,85% del total de las compras internacionales, entre los meses de enero y mayo de este año pasaron a representar 19,54%, un alza interanual de más de 120% de acuerdo con los datos oficiales registrados. (El Mundo)

 

Contralora respalda que funcionarios fronterizos hagan declaración jurada

 

La contralora general (e) de la República desde 2011, Adelina González, considera “viable” la propuesta de algunos partidos del Gran Polo Patriótico (PPT y PCV) de solicitar una declaración jurada a los funcionarios que se encuentran activos en la lucha anticontrabando en las fronteras. Así lo dijo en entrevista exclusiva a Últimas Noticias.

“Es una buena idea. Todos los funcionarios públicos, por mandato de la Ley contra la Corrupción, deben presentar declaración jurada. Quienes están en la frontera son funcionarios que tienen un cargo de confianza, porque no es de alto nivel, pero no es lo mismo que estés en un cuartel que en un puesto de frontera donde tomas decisiones. Nosotros compartimos ese planteamiento de que se les haga declaración jurada, porque su poder de decisión en el lugar implica una actuación más allá de una vigilancia normal. No es descabellada la idea”.

González cree que el asunto “se puede coordinar con el Ministerio de la Defensa y los organismos de actuación del Estado en la frontera para que los funcionarios actualicen su declaración cuando empiecen en sus funciones y cuando regresen”.

¿Cómo participa la Contraloría en la lucha contra el contrabando en las fronteras venezolanas?

Hemos hecho mucho trabajo de auditoría a las instituciones encargadas del aprovisionamiento, de la importación y envío de alimentos, al problema aduanal, a los alimentos descompuestos en puertos. Hay un seguimiento permanente.

¿De qué va el proceso extraordinario de declaración programado para 2015?

Se hará un llamado extraordinario a toda la administración pública para que declare. Hay gente que tiene declaraciones de hace 15 años cuando no era electrónica y solo llenaban sus planillitas, y esas personas aún permanecen en la administración. Desde 2009 se implementó la declaración digital y se incluyó a los altos funcionarios y los que ingresaron a la Administración Pública desde ese momento, pero no a los que ya estaban laborando. La declaración la deberán hacer todos los trabajadores, desde el funcionario más alto y con más antigüedad hasta el obrero. Todos deberán justificar el dinero que tienen.

La comunidad bajo la lupa. La contraloría social muchas veces se enfrenta a la burocracia de las instituciones del Estado. Las comunidades que denuncian corrupción o desvío de recursos en consejos comunales se quejan de la lentitud del proceso de denunciar, y sancionar, las faltas que se presumen. Así quedó evidenciado en un trabajo publicado en este diario el 17 de agosto.

La contralora Adelina González admite que el procedimiento “es engorroso, fastidioso” y que “probablemente” sea cierto que la institución que encabeza “es lenta”.

“Al denunciante se le toma la denuncia, se le asigna un número y si no es nuestra competencia se remite a la Contraloría del estado que corresponda. No todas las denuncias que llegan son tramitadas por nosotros porque sería un caos. En lo que va de año hemos recibido un total de 300 denuncias, y al cierre del año hay un total de 600 u 800 denuncias. Si nos dedicáramos solo a eso no podría ejecutar mi plan operativo”.

González agrega que todo el proceso “no necesariamente termina arrojando algún resultado, porque en ocasiones no hay soportes que respalden la denuncia. Cuando sí los hay, concluye en una auditoría, se ordenan actuaciones de control, se notifican unos resultados”.

Para la Contralora encargada “la gente siente que no hay respuesta por lo largo del trámite, pero sí hay”, y explica que “esto se demora casi 30 meses, para llegar a poner la sanción de inhabilitación”.

¿Por qué es tan tardío el proceso?

Porque esos son los lapsos que trae la ley. Después de que se notifica y se garantiza el derecho a la defensa del debido proceso, se hace la auditoría y se determina qué es lo que está pasando. Todo eso es muy largo y muy técnico porque sería irresponsable no investigar bien.

¿Qué es lo que más denuncia el poder popular?

Casi siempre, desvío de recursos.

¿Cuál es la frecuencia de esas quejas?

El trabajo publicado por Últimas Noticias se enfoca en las denuncias de las comunidades hacia su propio trabajo y esto es porque hay mucha confrontación de tipo político. Si analizamos las estadísticas de seguimiento, nos damos cuenta de que cada vez que hay elecciones municipales, de diputados, o delegados, o de partidos o congresos, surge aquel volumen de denuncias y la mayoría está relacionada con esos ámbitos porque aún está muy marcado el elemento de desacreditarse políticamente.

¿Cuáles denuncias les competen a ustedes y cuáles no?

La Unidad de Auditoría Interna de este organismo determina esa competencia. Por lo general son cosas que tienen que ver con patrimonio, pero no siempre. A veces recibimos denuncias de cosas que no tienen que ver con nuestra competencia, por ejemplo denuncias de maltrato, acá llega de todo.

¿Cómo funciona la Contraloría dentro de los consejos comunales?

Los consejos comunales están haciendo control, pero hay que creer en su propia estructura. A veces les cuesta creer en la gente que los conforma, pero la unidad económica financiera son solo tres personas. Está la contraloría social que los supervisa y, además, la comunidad. Ellos han asumido su responsabilidad porque hay registrados 43 mil 150 consejos comunales en Fundacomunal. Si nosotros tuviéramos que atender solo las denuncias de ese grupo no podríamos hacer nada más. Pero esos entes han sido preparados y ejercen cargos ad honorem y tienen que presentar declaración jurada de patrimonio, y 151 mil ya lo han hecho; por ende ellos saben que están sujetos a ser auditados y verificados. De hecho, tenemos casos de verificación de miembros de consejos donde ellos han tenido que justificar de dónde sacan los recursos. Hemos tenido avances. Muchos dicen que ya son 15 años, pero los procesos de cambio social son así. 15 años es poco para los cambios que se necesitan y los ciudadanos lo asumen.

¿Cuáles son las sanciones que establece la Contraloría tras las investigaciones?

Nuestras sanciones son administrativas: inhabilitar para desempeñar cargos públicos hasta por 15 años, ordenar la suspensión de sus funciones y su sueldo hasta por 24 meses. Además hay una declaratoria de responsabilidad administrativa que es una sanción moral con peso en la adquisición de nuevas responsabilidades. Si vas más allá, lo enviamos a la Fiscalía.

¿Por qué cree que estos espacios de organización comunal se siguen prestando para la corrupción?

El problema de la corrupción no afecta nada más al funcionario público. Este problema lo ha permeado todo en cualquier nivel de la sociedad, y eso crea vicios que a veces son incontrolables. Y otro elemento que hemos señalado como debilidad de la Administración Pública es la falta de información y seguimiento. Esto impide que las comunidades ejerzan contraloría social. En este caso, los entes que entregan fondos deben seguir el uso de los mismos e informar a las comunidades que se entregó dinero y para qué. La Contraloría General de la República instituyó como obligatorio que el órgano que entregue los recursos les haga seguimiento. Se ordenó que las entregas sean parciales y que no se desembolse más dinero hasta ver en qué se invirtió la parte anterior. Todo esto en el marco de las normas para incentivar la participación ciudadana.

¿Hay investigaciones que tienen prioridad dependiendo de la gravedad o de si implican a algún funcionario de alto rango?

Los casos se atienden cronológicamente, en base al momento en el que son auditados. A veces hay procesos que deben culminarse lo antes posible, situaciones que se deben priorizar. Se han hecho trabajos de investigación partiendo de una denuncia puntualizada en un medio, que han concluido con declaratorias de responsabilidad y destitución. Y muchas de las denuncias tienen que ver con el carácter político, porque los funcionarios públicos estamos expuestos a la contraloría. Pero las denuncias de consejos comunales son la mayoría. Por ejemplo, en junio, de 38 denuncias que recibimos en la sede principal 24 tenían que ver con el poder comunal.

¿Se protege la identidad del denunciante?

Siempre se mantiene en confidencialidad el nombre de quien denuncia, porque no sabemos a qué tipo de problema nos enfrentamos y no podemos exponerlo. Además, cualquier persona puede hacer una denuncia, no es necesario que sea miembro de un organismo conformado. Si la gente siente que los procesos son lentos, tenemos la necesidad de explicar y atender mejor.

Su perfil

-Abogada egresada de la UCV en 1982.

-Estudios de posgrado en Gerencia de Recursos Humanos (USB) y en Derecho Administrativo (UCV)

-Máster en Gerencia Pública (Uned)

-Fue concejal del municipio Libertador, directora de la Contraloría Municipal; consultora jurídica del -Ivss y gerente del Ministerio de Finanzas

-Desde 2000 es subcontralora y desde 2011 se encarga del puesto que dejó vacante al morir Clodosbaldo Russián. (El Mundo)

 

Nuevas leyes económicas saldrán por Habilitante

El Parlamento delegó su función legisladora al presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando se le otorgó la Ley Habilitante, explicó el presidente de la Comisión de Finanzas, Ricardo Sanguino. “El Ejecutivo ya ha aprobado y va aprobar antes de que finalice el periodo para el cual fue habilitado leyes económicas”, afirmó en una rueda de prensa.

Este lapso finaliza el 18 de noviembre. Sin embargo, se esperan novedades para antes de esa fecha. El diputado señaló que el presidente pudiera dar unos anuncios sobre temas económicos mañana: “Él estará presente en la clausura de nuestro el primer taller que es producto de lo que se aprobó en el III Congreso para la creación del sistema de formación político-ideológica de nuestros cuadros, a lo mejor allí los anuncia. Pero ellos están trabajando”, dijo.

Añadió que las leyes que serán aprobadas tienen que ver con ir a un equilibrio y un impulso en la producción.

Dentro de la ofensiva económica, el gobierno tiene planteado realizar cambios dentro del gabinete y, según fuentes extraoficiales, el ministro de Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, no sería ratificado en su cargo. En su lugar,  otra vez, vuelve a sonar el nombre del presidente de Citgo, Nelson Martínez. Aún se desconoce si Ramírez -hombre de confianza de Hugo Chávez- aceptaría mantenerse como parte del tren ejecutivo del gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con la fuente una de las decisiones que estudia el presidente es nombrar a Ramírez como vicepresidente ejecutivo de la República en sustitución de Jorge Arreaza.

Acciones tomadas. Sanguino resaltó las medidas contra el contrabando de productos a través de la frontera con Colombia, el cual, dijo, representa 30% del valor de todo lo que se transa en el país. Admitió que están involucrados funcionarios del gobierno que “se han dejado tentar por el lucro fácil”.

Para él, la aplicación del sistema biométrico es una política adicional para garantizar el abastecimiento a la población. “No estamos violando ninguna Constitución”, expresó. Sin embargo, aceptó que se han tenido algunos inconvenientes en la producción interna.

Sobre los resultados de la comisión especial designada por Maduro para verificar el uso correcto de las divisas, que preside el diputado Sanguino, no ha hecho público los informes que afirma entregar mensualmente al Ejecutivo. “Hemos observado lo que se conoce sobreprecio es verdad. Incluso se han violado leyes de comercio internacionales, con relaciones que se dan entre empresas venezolanas que contactan con comercializadoras del exterior que son de los mismos dueños”, dijo. (El Nacional)