El Presidente anuncia medidas, políticas públicas, decretos, se encadena para ello, pero elude enfrentarse a los problemas económicos que su gobierno ha generado. El país le perdió interés, su liderazgo continúa en declive. Ya no insistimos en desconocimiento de esos problemas, pero sí sabemos que el desastre económico es de tal envergadura y su impacto social y económico tan grotesco, que al sumar escasez, inflación y costos de la colosal deuda pública, arribamos a un índice miseria –versión Barro– cercano a 200 que describe la velocidad de empobrecimiento.
Esta dinámica de empobrecimiento incorpora más de 450 mil venezolanos a niveles de pobreza con ingreso menor al salario mínimo; se lee en el impacto que producen escasez, hiperinflación y contracción económica. Veamos esa cruda realidad en el precio de la canasta básica como pérdida de poder adquisitivo del bolívar. Hace 18 meses, un salario mínimo compraba una canasta básica, hoy se requiere 2,8 salarios mínimos; una hiperinflación de 280 %!
Esa caída del poder adquisitivo del salario, muestra el impacto del caos financiero y colapso económico en curso en el marco de una represión económica llevada con violencia institucional, asalto a comercios, aprobación Ley Precios Justos y militarización de la economía. Su impacto ha profundizado la descapitalización del sector privado, empresas públicas básicas y de nacionalización reciente, agotamiento de inventarios y endurecimiento de la escasez. A esto hay que agregar las colas, con impacto negativo en 3-4% del PIB por pérdida de tiempo productivo utilizado en colas que abarcan la búsqueda de todo tipo de bienes, canasta básica y otros.
Pero, ¿cuál es el origen de la escasez y la hiperinflación? Ambos fenómenos comparten la misma causalidad, el colosal déficit fiscal de un hipertrofiado Estado que no genera recursos para financiar su obesidad, y la crisis de balanza de pagos, consecuencia del agotamiento de las reservas internacionales por caída de la renta del petróleo. El control de cambio estatizo el mercado de divisas, el que está bajo CADIVI/CENCOEX y el que se surte directo de PDVSA y BCV donde el bolívar se ha devaluado hasta 550%.
Esa estatización hizo posible que ese mercado fuese asistido exclusivamente por petrodólares; es decir, el 98% de esas divisas son generadas por PDVSA, ello explica el impacto inflacionario, la devaluación y la fuerte contracción de la economía por caída de las importaciones que implica la caída de la renta petrolera. Así PDVSA tuvo que convertirse en un by pass monetario, prestando bolívares al BCV (25% del PIB) para financiar la contribución fiscal, impuestos, regalías, y dividendos. Ese financiamiento monetario de un colosal déficit fiscal –del gobierno- produce la hiperinflación en curso, el impuesto inflacionario.
Este escenario de caos financiero y colapso económico era perfectamente visible en Enero 2013, sin embargo el gobierno acelero su agenda represiva sobre la economía, expropiaciones y militarización de la economía vendrían a empeorar el Outlook en el corto plazo. Han pasado dieciocho meses sin que el gobierno tome las medidas requerida para estabilizar los precios, reducir el enorme gasto público que subyace a la hiperinflación, ordenar las finanzas públicas, eliminar los controles de precios y de cambio que impide que al mercado cambiario puedan incorporarse flujos de dólares distintos a los petroleros ya escasos, privatizar las empresas hoy en manos del Estado colapsadas y quebradas por corrupción y escaseas de inversión, al mismo tiempo que es requerido un estatuto legal orgánico que sirva de muro de protección de los derechos de propiedad, para que los inversionistas y venezolanos de a pie no cuenten con el severo costo de riesgo político por perdida de sus patrimonios.
Contrario a eso, el gobierno anuncia más represión económica esta vez con nuevos impuestos a la renta y nuevas alícuotas a las ventas y a la renta, en algo que denominan revolución fiscal. La “revolución fiscal” busca terminar de absorber inversión y consumo privado para el derroche, corrupción e ineficiencia que caracteriza al gasto del gobierno, todo bajo el falaz y falso argumento que los impuestos detendrían la inflación. De hecho es todo lo contrario, la única medida antinflacionaria efectiva, si es que el gobierno es sincero en ello es la eliminación del impuesto inflacionario –monetización del déficit fiscal- reduciendo drásticamente el gasto público y el déficit fiscal.
Ese es el cuadro económico que subyace un esquema [político dirigido a reducir al sector privado semi–destruido y descapitalizado, un costo pagado que trajo, entre otros, una renta petrolera en mengua, producto de un balance que arrastra una costosa deuda junto a obligaciones financieras y no financieras con socios, proveedores, contratistas, y costosos acuerdos comerciales, especie de fardo financiero y económico, Crédito Chino, Petrocaribe, ALBA, Portugal, Bielorrusia. Una “renta petrolera negativa” no se resolverá en el corto plazo sin que Venezuela no sea auxiliada financieramente al mismo tiempo que el Estado se someta a una gastroplastia para reducir el gasto público.
