Cesta alimentaria está por debajo del salario mínimo, según INE

De los Bs 4.408 del salario mínimo legal promedio quedan Bs 767 luego de adquirir la canasta alimentaria normativa (CAN), que calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cual tenía en enero un valor promedio de Bs 3.641, es decir, existe una brecha de 21,1%.

Vale recordar que el salario mínimo se ubica en Bs 3.270, a lo que se le suman Bs 1.138 del ticket de alimentación. No obstante, la canasta alimentaria familiar del Cenda correspondiente al mes de marzo de 2014 tuvo un costo de Bs 9.986.

La CAN se estima sobre la base de un hogar tipo compuesto por 5,2 personas. Está conformada por “50 productos representativos del consumo de las familias (hábitos de consumo, consumo real, preferencias, patrones de consumo)”. De estos 50 productos, 17 están sujetos al control de precio.

El informe del INE señala que el salario mínimo aumentó 45,2% el año pasado, pero con el incremento igual a 10% en enero de este año acumula un aumento igual a 59,7% desde mayo de 2013, mientras que la inflación de 2013 fue de 56,2%.

El organismo oficial también toma en cuenta que el desempleo se ubicó en febrero en 7,2%, mientras que la pobreza es de 19,6% y la pobreza extrema de 5,5%.(UN)

Abastecimiento es prioridad para los consumidores estresados

Varias encuestas muestran que la inseguridad personal, el alto costo de la vida y el desabastecimiento de alimentos son las primeras preocupaciones del venezolano.

De acuerdo con la firma encuestadora Datos, la inquietud por el desabastecimiento es el factor que más ha crecido en lo que va del año y afecta a todos los sectores sociales.

La responsabilidad por los problemas económicos del país ha ido recayendo cada vez más en el presidente Nicolás Maduro, según la opinión pública, a diferencia de lo que ocurrió durante el período del mandatario Hugo Chávez, cuando la gente no lo culpaba tanto de los males del país, aunque sí a sus ministros o a la oposición, según señala Datos.

Así lo señaló Luis Maturén, director de la firma. “Con Chávez, los indicadores de percepción eran mucho más favorables que con Maduro”, resumió.

Otra de las conclusiones de esta investigadora es que 77% de los consumidores dice que puede comprar solo la mitad o menos de lo que necesita (en el estudio no se evaluó la situación externa de desabastecimiento, sino la percepción de la capacidad de compra personal o familiar).

El estudio de Datos consistió en 2.100 encuestas en todo el país, realizadas entre los días 6 y 16 de febrero.

Según Datanálisis, ha ido disminuyendo la cantidad de consumidores que cree en la afirmación del Gobierno de que “la crisis económica es consecuencia de la guerra económica que adelanta la oligarquía y el imperialismo”.

La mayoría (56,5%) no lo cree así, mientras que 28,7% considera cierta esa afirmación y 14,8% “no sabe o no contesta”, reporta Datanálisis.

Luis Vicente León, director de esta consultora, señaló que la compleja situación del país da lugar a sentimientos prevalentes de tristeza, desconfianza y preocupación en la población, en ese orden de importancia.

Tanto en personas afines al oficialismo como en quienes se identifican con la oposición la evaluación negativa sobre la situación económica nacional ha aumentado en lo que va del año, mientras que la positiva experimentó una disminución.

El estudio de Datanálisis es la llamada “Encuesta Nacional Ómnibus”, que se realiza anualmente, esta vez a 1.300 hogares entre febrero y marzo de este año.

Hinterlaces, cuyos sondeos contrastan en varios renglones con los resultados de Datanálisis y Datos, llega a la conclusión de que 66% de la población está optimista sobre la posible resolución de los problemas en el futuro, aunque registra que ese estado de ánimo era mayor en noviembre de 2013, cuando alcanzó 71%.

Los estudios de Hinterlaces señalan que 52% de la población piensa que el presidente Maduro tiene la suficiente capacidad para resolver los problemas económicos de Venezuela, versus 46% que dice que no la tiene y 2% que “no sabe o no contesta”.

La investigación de esta firma lleva como nombre “Monitor País” y consistió en 1.200 encuestas realizadas en enero pasado.

“En febrero y marzo registramos una caída del respaldo a los partidos de oposición, el cual se ubica en 25%, cuando el promedio histórico estaba en 32%”, agregó Oscar Schemel, director de dicha empresa.

Puntos comunes

En lo que más coinciden los distintos estudios es en que la población está desalentada y cansada de hacer largas colas, recorrer un promedio de cuatro establecimientos comerciales para hacer sus compras de alimentos debido a la escasez y el desabastecimiento, al tiempo que demanda soluciones económicas urgentes.

En todos los sondeos, la mayoría de la gente opina que los problemas económicos (léase, escasez e inflación) deberían ser prioritarios y tener mayor relevancia que los temas políticos.

Los estudios también coinciden en que la mayoría de los encuestados quiere el diálogo entre Gobierno y oposición y Gobierno y empresarios (aunque no confían necesariamente en que las reuniones concluyen en medidas eficientes para el país), y aboga porque la resolución de los problemas nacionales pase por un proceso de negociación.

Otro punto de coincidencia es que los venezolanos necesitan ver, cuanto antes, un futuro más claro y confiable. Hoy en día, prevalece un estado de duda expectante que genera intranquilidad y alerta en la población.

Schemel, director de Hinterlaces, señala en su estudio que “el chavismo se encuentra aún con dificultades para dar respuestas convincentes que proporcionen estabilidad emocional y argumentos persuasivos para explicar la realidad económica y resignificar el descontento y las interpretaciones de la oposición y sus voceros”.

Maturén, por su parte, considera que la oposición tampoco ha podido ofrecer alternativas sobre la situación económica encarnadas en la necesidad de la gente.

En cuanto a las protestas populares, la mayoría de la población las acepta, pero rechazan la violencia en las calles y opinan que “la salida debe ser electoral” (esto último con un peso de 86%, según Hinterlaces).(el mundo)

Venezuela importa desde Bolivia leche, azúcar y palmito

Bolivia exportó durante este año a Venezuela 48.500 toneladas de azúcar, 2.000 toneladas de leche y más de 1.000 toneladas de palmito, en el marco de los acuerdos de cooperación para proveer de alimentos a este país, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Una fuente de la institución estatal Insumos Bolivia, entidad encargada de concretar esas exportaciones, confirmó a Efe el envío de esos volúmenes a Venezuela en diversas operaciones, que en el caso del palmito y la leche continuaron incluso este martes 24 de diciembre.

Queda pendiente de enviar a Venezuela 12.500 toneladas más de azúcar para completar un total comprometido de 60.000 toneladas, y otras 6.000 toneladas de leche en polvo, lo cual se concretará durante el primer trimestre del 2014, según la información oficial.

La producción boliviana fue enviada a Venezuela desde el puerto peruano de Matarani y el chileno de Arica.

Insumos Bolivia compra la producción privada nacional, la embarca a Venezuela y luego cobra a ese país, un mecanismo que permite a los productores bolivianos no sufrir demoras para recibir sus pagos.

El plan original establecía que toda la producción mencionada sea enviada este año, pero se presentaron problemas a causa de la logística y las demoras en el transporte de la carga.

El mayo pasado, los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunieron en la ciudad boliviana de Cochabamba para definir varias áreas de integración, cooperación y también para la creación de empresas, una de ellas para la producción conjunta de alimentos, que aún se analiza.(el mundo)

Panaderías se las ingenian para garantizar el cafecito a sus clientes

La ausencia de algunos productos viene afectando no sólo a los usuarios y consumidores aragüeños, sino también a los expendedores, quienes se esmeran por ofrecer siempre un buen servicio a su clientela. En este sentido, muchas panaderías han tenido que ingeniárselas para garantizar el cafecito a sus clientes, por ser este artículo uno de los más solicitados en todo el país, reseña El Aragüeño.

Encargados de distintas panificadoras del casco central de Maracay aseguraron que pese a la ausencia del producto, se está cubriendo al menos la necesidad del 50% de la clientela cafecera. Anteriormente, según relató el representante de la Panadería Súper Roxipan, llegaban 40 cajas o bultos de café por semana al comercio, pero ahora apenas reciben unas diez.

“Estamos tratando de cumplir con la clientela, pese al desabastecimiento. Esta situación obviamente nos genera una baja en las ventas, pero seguimos cumpliendo con nuestra labor. Realmente esperamos que la situación se normalice prontamente para volver a incrementar nuestras ventas”, sostuvo.

Los comerciantes, además, manifestaron que las ventas han registrado una baja considerable debido a la ausencia de productos como harina de trigo, artículo indispensable para la realización de panes y dulces en general.

“Nosotros antes vendíamos muchos refrigerios, pero ahora por ejemplo no hemos hecho tortas ni otros productos que requieran harina de trigo. También tenemos problemas con los jugos y refrescos pequeños y los proveedores sólo nos dicen que no hay producción”, manifestó Antonio Bairo, encargado de la Panadería Royal.

Por su parte, los usuarios esperan que la situación se normalice en los próximos días para así tener fácil acceso a los productos de su preferencia. Algunos consumidores de la región se dedican a la cacería de rubros escasos y recorren desde muy temprano tantos establecimientos como puedan hasta conseguir el artículo deseado(la patilla)

Precios en Mercal volvieron a subir

Este fin de semana los precios de varios productos de la red Mercal volvieron a subir. Así seobservó durante operativos desplegados en distintos puntos de Caracas y otras ciudades del país. eltiempo.com.ve

En esta ocasión, el alza se dio en cinco rubros, aunque continúan solidarios con relación a los otros canales.

La leche subió de Bs 12 a Bs 14 el kilo, lo que equivale a un incremento de 16%; la harina precocida pasó de Bs 2,50 a Bs 3,50 (40%), el arroz subió 5% (de Bs 2 a Bs 3); el kilo de carne de primera pasó de Bs 15 a Bs 18 y el de segunda de Bs 10 a Bs 12, lo que representa un alza de 20%; por último, la margarina pegó un brinco de 60%, al pasar de Bs 2,50 a Bs 4 el envase de medio kilo.

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En marzo, el ministro de Alimentación, Félix Osorio, anunció que los precios de casi todos los productos que distribuye la red subieron poco a poco -desde el año pasado- con el fin de minimizar el contrabando de extracción, el bachaqueo y la reventa de los productos.

“Hemos ido ajustándolos sin ningún tipo de problema”, dijo en esa ocasión.

Así, en menos de un año, el precio de la leche en Mercal ha subido 77%, el de la harina 115% y el de la carne 70%.

Nuevo Sistema

Alrededor de 18.500 personas del estado Anzoátegui se han sumado al registro biométrico para el Sistema Superior de Abastecimiento Seguro, iniciativa impulsada por el gobierno bolivariano, a través del Ministerio para la Alimentación, desde el pasado 1 de abril en todo el país.

El jefe de la red Mercado de Alimentos (Mercal) en Anzoátegui, Jimmy Natera, indicó que prevén que el 70% de las personas que compran en la cadena de distribución de alimentos del Estado se inscriban en el Sistema de Abastecimiento Seguro.

“Este sistema de abastecimiento de alimentos, que funcionará mediante una tarjeta personalizada con chip, permitirá garantizarle el acceso oportuno a los rubros de la cesta básica a la población del país a precios justos y, al mismo tiempo, combatirá las prácticas de acaparamiento y especulación”, dijo.

Natera recordó que en Anzoátegui las personas pueden completar su registro en el Gran Abasto Bicentenario, la sede principal de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) y los módulos de Mercal Guanire, La Victoria y Tronconal, ubicados en la zona metropolitana del estado.

En el caso del eje sur de la entidad oriental, detalló que están habilitados dos puntos en los Mercal Vista Hermosa y San José.

Los requisitos para inscribirse en el Sistema Superior de Abastecimiento Seguro son la cédula de identidad laminada y ser mayor de edad.

Adicionalmente, Natera resaltó que la semana pasada Mercal atendió a 36.700 personas en los 21 municipios de Anzoátegui, con la distribución de 735 toneladas de alimentos a precios solidarios en 110 operativos a cielo abierto(la patilla)

El Ejecutivo y empresarios proponen modelos para afrontar la escasez

Félix Osorio, ministro de Alimentación, presentó un plan para incrementar la producción de alimentos en las plantas del Estado en tres años y desplazar al sector privado.

“Las empresas privadas tienen el dominio sobre la producción y el Estado tiene la más grande red de distribución de alimentos del país. Esto tiene que revertirse a favor del gobierno. Por eso tenemos un plan con importaciones masivas”, dijo Osorio.

Actualmente el gobierno controla 64% de la venta de 14 alimentos básicos en su mayoría con precios subsidiados y regulados: arroz, pollo, carne de res, azúcar, leche en polvo, pastas, harina de maíz, harina de trigo, caraotas, aceite, arvejas, mortadela, margarina y lentejas  a través de la Misión Alimentación, según la Memoria y Cuenta 2013 del Ministerio de Alimentación. En ese año este programa distribuyó más de 4,01 millones de toneladas.

Desde hace tres años el Estado también centralizó las importaciones de algunas materias primas para las agroindustrias, en la empresa Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas; sin embargo, el procesamiento de harina de maíz, arroz, aceite, leche en polvo, pastas y otros rubros aún continúa en manos de agroindustrias privadas.

El Ministerio de Alimentación tiene adscritos 21.130 establecimientos, la mayoría –casi 13.451 locales– está ubicada en puntos de venta de Mercal, 942 de la red de Pdval y 50 de la red de abastos Bicentenario a lo que se suman 84 farmacias de Farmapatria. En la parte social tiene 6.000 casas de alimentación, 136 abastos Venezuela, 135 areperas y 93 panaderías.

En la parte de procesamiento y producción el despacho de Alimentación administra 32 unidades de propiedad social de Lácteos Los Andes y 57 plantas de distribución y comercialización de leche y productos derivados. A eso se suman 34 plantas productoras y empaquetadoras de alimentos, 3 empresas de transporte, 34 silos, 7 frigoríficos, 21 centros de acopio y depósitos, y 3 plantas de refrigeración.

Pese a toda esta infraestructura agroindustrial, el ministro Osorio asegura que el Estado no controla la producción. De allí que el gobierno proponga ahora un modelo para afrontar la escasez de los artículos de la canasta alimentaria.

La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos también cuenta con un plan para incrementar la producción. Pablo Baraybar, presidente del gremio, insiste en que se flexibilicen los precios, se faciliten las divisas a las empresas privadas y se cedan las fábricas improductivas del gobierno al sector privado agroindustrial para reactivarlas.

Propuestas contratantes

Ministerio de Alimentación:

1.     Incrementar la capacidad de producción de 68 plantas procesadoras del Estado y empaquetadoras de alimentos, que permitirá pasar de 73.399 toneladas al mes a 160.991 toneladas mensuales, lo que equivale a un incremento de 119%

2.     Invertir 24,90 millardos de bolívares en este plan llamado segundo plan de expansión de la Misión Alimentación para ejecutarse entre 2014 y 2016.

3.     Aumentar de 155 establecimientos directos a 1.220 indirectos los puntos de venta, así como fortalecer y adecuar 291 puntos existentes como Mercal, Pdval y abastos Bicentenario.

4.     Invertir 18,51 millardos de bolívares en el plan de compras de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, para cubrir la demanda mensual de 110.000 toneladas de los productos subsidiados en Mercal.

5.     Aplicar el registro biométrico para controlar la venta de alimentos y frenar las compras nerviosas, la reventa y el contrabando.

6.     Importaciones directas y pagadas con factura petrolera por más de 4,3 millardos de dólares, de alimentos y rubros agrícolas.

Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos:

1.      Pagar a los proveedores internacionales y garantizar un mecanismo que permita el acceso a las divisas para la continuidad operativa de los privados.

2.      Sustituir los controles, regulaciones e intervenciones por la sana competencia entre empresas para garantizar el abastecimiento.

3.      Sustituir las importaciones que el gobierno está realizando para sus programas sociales por productos fabricados en Venezuela.

4.      Continuar produciendo a máxima capacidad e incrementar la producción en alimentos de la cesta básica 26% en los próximos 24 meses.

5.      Aumentar la cantidad de proveedores nacionales para sustituir de forma creciente los procesos de importación. Con inversión y las políticas adecuadas se puede duplicar la producción agrícola en los próximos 10 años.

6.      Comprarle al gobierno las fábricas que no están funcionando adecuadamente para ponerlas a producir a su máxima capacidad, lo que se traducirá en 25.000 toneladas adicionales de harina precocida de maíz, 8.000 toneladas de aceite, 8.000 toneladas de leche,1.000 toneladas de café y 40.000 toneladas de azúcar al mes.(el nacional)

Liquidación de divisas en Sicad II se retrasa hasta un mes

El Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, Sicad II, fue creado hace un mes rodeado de expectativas y escepticismo. Mientras algunos expertos afirman que el mecanismo requiere tiempo para ajustarse a la demanda del mercado, otros aseguran que los montos ofertados no son suficientes y que existen restricciones en la asignación.

Las quejas, de personas naturales y jurídicas, persisten principalmente por el retraso en el que incurre el Banco Central de Venezuela en la liquidación de las órdenes de compra de dólares. Algunos bancos privados han dejado de informar a sus clientes al día siguiente si fueron beneficiados en la adjudicación de divisas, y por lo general la notificación si el monto de la compra y el tipo de cambio fueron aceptados se hace 48 o 72 horas después de que se recibe la apuesta.

Además, el anuncio de la adjudicación por parte del operador cambiario no implica que la persona o empresa tenga la disponibilidad del dinero en moneda extranjera en su cuenta, dado que el instituto emisor no hace la entrega de las divisas de manera inmediata.

El artículo 12 del convenio cambiario 27, sin embargo, establece que las entidades operadoras deberán acreditar en la cuenta del cliente el importe correspondiente a la operación liquidada en un tiempo que no podrá exceder de 48 horas siguientes al pacto, en el caso de las operaciones de divisas en efectivo, y de 72 horas cuando sean títulos valores.

El plazo no se ha cumplido. Fuentes del sector bancario indicaron que la demora no tiene “razón de ser” y se lo atribuyen a situaciones que se han presentado en el arranque del sistema. Recordaron que son mecanismos que ya la banca ha manejado, por lo que el problema no es la plataforma de las instituciones.

En el caso de los títulos, el retraso es normal considerando que para transformarlos en efectivo el banco debe venderlos en los mercados internacionales, con la autorización del cliente. Aseguraron que, a pesar de los retrasos, la adjudicación es una garantía de que el solicitante recibirá los dólares. “No se precisa cuándo, pero los recibirá”, agregaron.

El principal problema del sistema, según los voceros, es la serie de inconsistencias que reportan los usuarios al momento de la asignación y que no tienen una explicación lógica. Por ejemplo, los atrasos que no son producto de ajustes en el sistema o los criterios en la asignación de divisas.

“La solicitudes hechas al mismo precio, el mismo día, deben tener un tratamiento similar”, señaló el vocero. Sin embargo, usuarios consultados reportan casos en los que no ha sido así y desconocen las razones por las que algunos resultan adjudicados y otros no.

“Hay mucha arbitrariedad en las asignaciones del Sicad II”, afirmó el economista Luis Oliveros. No obstante, sostuvo que el mercado cambiario necesitaba este tipo de mecanismo. Además, incentiva a los oferentes privados a vender sus divisas a una tasa más competitiva.

Oferta. El economista José Guerra no es tan optimista. Dijo que la oferta pública solo ha cubierto 30% de la demanda que se genera en el sistema. Advierte que los clientes no satisfechos van a volver a acudir al paralelo, lo cual impulsaría al alza la cotización.

“Es muy probable que sigamos viendo la brecha entre el paralelo y el Sicad II, ya que no es lo que dijeron que iba a ser: un mercado libre sin restricciones, sin influencia en las tasas de cambio ni topes para empresas”, expresó.

Añadió que persiste la expansión monetaria del BCV –el financiamiento a Pdvsa continúa en aumento–. Además, el instrumento de inversión en bolívares presenta una tasa poco atractiva frente a la inflación, por lo que los expertos no consideran que reducirá la liquidez.

Sin definir uso de tarjeta de débito en el exterior

El ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, anunció en la presentación del Sicad II que las personas naturales podían tener acceso a una tarjeta de débito para hacer retiros en el exterior, tal como ocurría con el Banco de Venezuela y otras instituciones financieras del Estado. Pero la entrega de la tarjeta no figura entre los servicios de las instituciones financieras privadas e incluso el Banco de Venezuela ha tenido problemas para la entrega del plástico.

La persona o empresa al momento de realizar la apertura de la cuenta en dólares firman el contrato con su respectivo banco y la declaración jurada sobre origen legítimo de las divisas en el caso que se vayan a vender y reciben copias de ambos documentos.

En el contrato se señala que los retiros en efectivo “solo podrán hacerse cuando lo considere el directorio del Banco Central de Venezuela mediante normativa que dicte al efecto”. No obstante, aún no existe una resolución sobre este aspecto.

Los también bancos se han mostrado reacios a mover las divisas adjudicadas a otras cuentas en el exterior cuando se trata de transferencias a terceros. Una fuente del sector indicó que las instituciones tienen temor de asumir el riesgo de la legitimación de capitales cuando desconocen al receptor de los dólares.

“El banco puede meterse problemas de orden internacional. Estaría más tranquilo si la transferencia se realiza a cuentas del mismo titular en el exterior”, señaló.

En el caso de las empresas que deban cancelar a la cuenta de algún proveedor, las instituciones pueden hacer excepciones. Sin embargo, recomiendan transferir el dinero a una cuenta propia en el extranjero y desde allí efectuar los pagos correspondientes. (el nacional)

Casas de cambio elevan propuestas al Gobierno para salvar el negocio

Las casas de cambio en el país registran una pérdida de sus ingresos debido a la suspensión del envío de las remesas familiares hacia Colombia desde el pasado mes de febrero. Ante la delicada situación, los representantes del sector han elevado algunas propuestas al Ejecutivo, las cuales les permitirían revertir sus números.

El presidente de la Asociación Venezolana de Casas de Cambio, César Atencio, informó que entre los planteamientos esgrimidos a las autoridades monetarias y financieras, está el de establecer para las transferencias al vecino país la tasa de cambio del Sicad 2, la cual se ubica entre 49 y 51 bolívares por dólar, en vez de la del Sicad 1, que se ha establecido en torno a Bs. 10.

“De esta manera, se elimina la posibilidad de que los solicitantes de divisas por este concepto realicen algún tipo de arbitraje o ganancia cambiaria”, indicó.

Atencio explica que esta propuesta tendría incluso otra ventaja y es que podrían ingresar al país divisas de venezolanos que viven en el exterior. Alrededor de 1,2 millones de venezolanos podrían tener mayor incentivo de enviar remesas a sus familiares en el país, lo que les reportaría mayores recursos en bolívares por realizar el cambio a una tasa mayor.

“El monto que podría ingresar por este concepto podría ser igual o mayor a lo que egresa por remesas hacia el exterior”, indicó.

Recordó que hay países en el mundo como Ecuador, México, Jamaica, República Dominicana y naciones de Centroamérica en donde los ingresos en divisas provienen en mayor medida de las remesas, las cuales representan un porcentaje relevante del Producto Interno Bruto (PIB).

“Observamos que ya se ha hecho un primer paso en torno a este tema, ya que aproximadamente hace dos semanas fue publicada una circular del BCV en la que se establece que los turistas que lleguen a Venezuela pueden cambiar sus divisas a la tasa Sicad 2. Hoy en día se realiza a través de los bancos pero esperamos que se permita en las casas de cambio”.

Pérdida patrimonial

El gremio solicitó igualmente levantar la prohibición de remesas a Colombia hasta tanto los bancos centrales de ambos países logren acordar algún mecanismo de compensación que permita la transferencia de recursos por este concepto.

El pasado 7 de febrero fue publicada en Gaceta Oficial una providencia con la cual se suspendió el envío hacia la nación neogranadina.

El Gobierno alegó que la medida fue producto de la evidencia de una serie de irregularidades cometidas con las remesas familiares. Anteriormente el 24 de enero se había tomado la decisión oficial de rebajar el monto mensual de las remesas.

Estas medidas han colocado en aprietos al sector, el cual ha visto disminuir sus ingresos. “El único negocio que por Ley de Bancos puede realizar una casa de cambio es la compra y venta de divisas a través de las remesas familiares o la compra de divisas para los extranjeros o turistas”, resaltó Atencio.

Indicó que actualmente en Venezuela se encuentran activas unas 12 casas de cambio, que emplean a alrededor de 1.805 personas en 156 oficinas ubicadas en todo el país.

Estas empresas atendían a 175.000 clientes antes de la providencia que suspendió las remesas familiares a Colombia y tramitaban entre 60 millones y 70 millones de dólares mensuales.

“Todo eso pasó a casi cero desde el 24 de enero, estamos prácticamente sin facturar. Desde esa fecha y hasta ahora las empresas del sector han facturado menos de 5% a 10% de los ingresos que tenían antes de la suspensión”.

Es decir, de 96% a 98% de los ingresos de una casa de cambio proviene del negocio de las remesas familiares y de ese porcentaje 85%, aproximadamente, es producto de los envíos a Colombia.

“Por cada mes que ha pasado se está perdiendo un tercio del patrimonio de las empresas. Varios agremiados nos han informado que pueden llegar hasta abril y mayo, otros hasta junio. Puede desaparecer el gremio de las casas de cambio, si no se toma una rápida decisión”, acotó.

Ambos gobiernos a través de sus bancos centrales se han reunido en varias oportunidades para lograr un mecanismo que les permita el envío de recursos hacia Colombia mediante un esquema de compensación.

Sin embargo, alcanzar un acuerdo aún es difícil, ya que para el Banco de la República (banco central colombiano), es ilegal mantener cuentas a posición en monedas diferentes a euros y dólares, según su normativa legal. Por ello, para tener posiciones en bolívares debe modificar la ley, lo que resulta cuesta arriba.

Negocio y derecho humano

Atencio recordó que Venezuela es firmante del Tratado de Montevideo desde el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, en el que se considera la remesa como un derecho humano, ya que es catalogada como un medio para financiar gastos de manutención, comida, estudios, medicinas, emergencias, pago de alquileres, entre otros.

“Las autoridades colombianas se han acercado y han mostrado preocupación, ya que eventualmente aquellos sectores que recibían recursos por este tipo de pago, pueden verse afectados”

El presidente de la Asociación de Casas de Cambio recuerda que en los organismos reguladores existe la premisa de que hay anomalías con este tema, pero que el gremio que representa ha denunciado a más de 30.000 clientes (de unos 250.000, aproximadamente) que presuntamente realizaron arbitraje con las divisas, estos se encuentran hoy en día reportados y suspendidos de Cadivi (ahora Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex).

Muchos de ellos -no obstante- no llegaron a realizar operaciones porque se detectaron a tiempo.

“Las casas de cambio verifican la validez de los documentos de los clientes y se han evidenciado cartas de residencia y cédulas de identidad falsas. Esto se ha reportado a los reguladores. Hay una sensación en los reguladores de que las remesas que salían para Colombia estaban siendo mal utilizadas, esto no es del todo así. Nuestras empresas tienen 35 años llevando a cabo este negocio y siempre la mayor proporción de remesas ha sido hacia ese país, debido a que la mayor comunidad de extranjeros en Venezuela son de Colombia”.

También se solicitó cargar la base de datos entre los beneficiarios y los clientes entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, para así mantener un control a través del cruce de la información.

“Es cierto que hubo un aumento de las remesas en las fronteras, pues se ha planteado que se limiten a una sola persona las solicitudes por este concepto o que el pago sea vía depósito en cuenta”.

Además de esta nación andina, los otros países adonde se envían más remesas son Estados Unidos, España, República Dominicana, Panamá, Haití y Canadá.

El Sicad 2

Otra de las propuestas que se había realizado a las autoridades monetarias y financieras fue permitir a las casas de cambio ser intermediarias del Sistema Alternativo de Divisas o Sicad 2, para ofrecer así el servicio a las personas naturales y pequeñas empresas, nichos tradicionalmente atendidos por este sector.

“Estábamos dedicados a eso, a transar divisas, esto se acabó con el control de cambio”, afirmó Atencio.

Al parecer, este planteamiento fue escuchado al observarse que el Convenio Cambiario Número 28, recientemente publicado en Gaceta Oficial, faculta a las empresas de este sector para participar en el esquema cambiario.

“Esperamos la normativa para conocer cómo será nuestra participación en el mecanismo. Entiendo que esta semana podríamos contar con el instrumento legal”, apuntó Atencio.

Todas estas propuestas han sido elevadas por el gremio al Cencoex, al Banco Central de Venezuela, así como también a la Superintendencia de Bancos (Sudeban), con este último organismo se llegó a realizar una reunión para tratar el tema.(el mundo)

Líos laborales y poca molienda marcaron a las azucareras estatales

2013 fue otro año de trabas operativas y conflictos laborales para los centrales azucareros públicos. Altas nóminas, fallas en las reparaciones y paradas inesperadas se vivieron puertas adentro.

Los problemas arrastrados por varios años obligaron al Ejecutivo a tomar una decisión: el 10 de octubre de 2013 se publicó el decreto N°474 que ordenó liquidar la CVA Azúcar, corporación que dirigía las políticas agrícolas y gerenciales de esas industrias.

La idea del decreto era ejecutar un plan para reorganizar y “arreglar” los problemas jurídicos y financieros de las industrias, liquidar las “viejas instituciones”, y “liquidar a todo el personal, inclusive, a los que trabajan en las plantas” en función de la Ley del Trabajo, según declaró el general Wilfredo Silva, presidente de la Junta Interventora de la CVA Azúcar n entrevista con Correo del Orinoco (26/01/14).

Aunque Silva dijo que la mayoría se mantendría en su puesto de trabajo, ratificó que era necesario adecuar las nóminas de las plantas a sus requerimientos.

Hay casos como el del Central Santa Clara (en el estado Yacacuy) que puede operar hasta con 600 trabajadores en zafra, pero que hoy tiene más de 1.200 trabajadores, o el Central Venezuela (Zulia), que puede operar con 600, pero tiene 900 trabajadores.

Los obreros explican que desde diciembre de 2013 se iniciaron despidos en Santa Clara, Santa Elena, Sucre, Caez y Pío Tamayo, explicaron varios consultados.

Hoy los obreros y sindicatos irán al Ministerio de Trabajo, en la Plaza Caracas, para pedir un pronunciamiento sobre el caso y exigir la renuncia de Silva, informó José Miguel Zerpa, trabajador del Central Azucarero Ezequiel Zamora, en Barinas.

Los trabajadores argumentan su defensa en el decreto de inamovilidad laboral vigente y en los procesos que se deben seguir en caso de despidos, explicó Félix Serrano, asesor de los trabajadores del Central Santa Elena, en Portuguesa.

El problema es que un decreto viola otro decreto: inamovilidad versus liquidación de la CVA.

“La nómina y la improductividad están matando a los centrales. El decreto N°474 tiene el sentido de reorganizarlos, lo que conduce a una reducción de personal, por las excesivas nóminas. Pero todo ese implicaba un procedimiento de análisis de cargos,  ir a las inspectorías, dejar que el trabajador se defienda y que la inspectoría decida. Pero en estos casos, los despidos han sido firmados directamente por el general Silva, violando derechos de los trabajadores”, dijo.

Eduardo Hernández, dirigente sindical del Central Táchira, indica que el criterio para los despidos es la ha sido la persecución a los que han denunciado las fallas.

Las irregularidades en los despidos será uno de los reclamos de los trabajadores frente al Ministerio de Trabajo. También pedirán explicaciones acerca del paradero de Bs.725,1 millones que aprobó el ex presidente Hugo Chávez en marzo de 2012, para rescatar ocho de los centrales.

Sube producción, pero se mantiene la escasez de azúcar

Las tras operativas y problemas laborales han impedido que los centrales azucareros públicos aumenten su aporte de azúcar al mercado venezolano que hoy atraviesa una fuerte escasez.

Los diez ingenios públicos molieron 1.741.649 toneladas de caña que se convirtieron en 118.301 toneladas de azúcar, según la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca). A diferencia de otros años, el Ministerio de Agricultura no informó en su Memoria y Cuenta el desempeño de sus centrales.

Esto refleja que los estatales procesaron 26,75% del total de cañas y 22,6% del total de azúcar producida en el país, proporciones parecidas a otras zafras. Las seis industrias privadas empujaron el 73,26% de todas las cañas y 77,40% del azúcar total.

Pero pese a que esas cifras reportan un crecimiento de 7% en la molienda y 10,8% en azúcar, la zafra logró cubrir 44% del consumo y hubo que importar.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó la entrada al país de 700.079 toneladas de “azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura en estado sólido” en todo 2013.

Las cifras parecieran cubrir el consumo, cercano a 1,2 millones de toneladas de azúcar. Fesoca atribuye la escasez a irregularidades en las empresas empaquetadoras de azúcar. “Falta supervisión del estado”, dijo Álvarez

En octubre de 2013, el viceministro de Alimentación, Rafael Coronado, admitió: ““Hace cuatro años había 73 empaquetadoras de azúcar; hoy hay más de 200. Ahí se pierde el control”, dijo. A la fecha,  no se tiene información acerca de alguna investigación del estado sobre estos casos.(el mundo)

Rigidez del modelo económico afecta a las empresas públicas

El Ejecutivo nacional insiste en el «éxito» del modelo económico. Pero las Memorias y Cuentas de las empresas estatales muestran fracasos y revelan, además, que las camisas de fuerza que impone el modelo socialista afectan al sector público igual que al privado.

Falta de divisas, trabas para importar, escasez de insumos, obsolescencia tecnológica y rezago de precios son los obstáculos que repiten los empresarios, pero también son las barreras reportadas por las empresas estatales en 2013.

En el informe de gestión de 2013 del Ministerio de Agricultura y Tierras se reconoce que «los trámites que debían realizar ante el ente emisor» demoraron la disponibilidad de las divisas, lo cual afectó a los proyectos agrícolas.

El documento también menciona que la brecha existente entre los costos de producción y los precios de venta de los productos afectó el desempeño en 2013. «Los precios de venta de los productos se encuentran por debajo del costo de producción, imposibilitando la generación de ingresos propios para solventar los gastos de producción, distribución y personal, lo que contribuyó considerablemente a que los balances financieros reflejen pérdidas».

El rezago de precios es uno de los reclamos que más repiten los productores y empresarios en las reuniones con el Ejecutivo nacional.

En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Vivienda se culpa a la falta de insumos como principal explicación para que sólo se hayan construido 201.000 casas, esto es, 53% de las 380.000 previstas inicialmente.

«La escasez en algunos rubros de materiales para la construcción en algunas zonas del país tales como cemento, cabillas, malla truckson y tubos estructurales, entre otros, ocasionó retrasos considerables en la ejecución de las obras en vista de que no se cumplieron con los despachos regulares insumos hacia los desarrollos habitacionales que están en plena ejecución». Entes como la Fundación Misión Hábitat hablan, incluso, de las «recurrentes dificultades para obtener los materiales de construcción».

Reclamo compartido

Si la liquidación de las divisas y las trabas para importar son dos de los temas más citados por los empresarios, también figuran en los informes de gestión de compañías públicas adscritas al ministerio de Industrias, tales como Vtelca, VIT, Orinoquia, Rialca o Invepal.

«La ausencia de un mecanismo alternativo al Fondo Chino para el acceso expedito a las divisas necesarias para la adquisición de partes y piezas provenientes de China obligó a modificar significativamente los patrones de adquisición, negociados con la empresa ZTE», se lee en la Memoria y Cuenta de Vtelca.

En la de Orinoquia se apuntan «dificultades para la procura oportuna de insumos en los volúmenes programados con el proveedor internacional» y «retrasos en los trámites de importación». En la de VIT se admiten «dificultades en la importación de la materia prima correspondiente al ensamblaje de los equipos de computación».

Además la fábrica de rines de aluminio, Rialca, reconoce que en 2013 sufrió «intermitencia» en los despachos de aluminio procedentes de las empresas básicas de Guayana.

Desde la Cámara Venezolana de Fabricantes de Productos Automotores (Favenpa) se ha denunciado que en los últimos años las compañías privadas se han visto obligadas a importar acero y aluminio ante los problemas de las empresas básicas.

Rialca, al igual que Invepal, también padecieron «obsolescencia tecnológica» debido a la imposibilidad que tienen para renovar la maquinaria, queja que también citan en el sector privado.

Estos balances distan de la defensa que hizo Rafael Ramírez, vicepresidente del Área Económica, el 10 de abril en la reunión con los dirigentes de la oposición. «Ustedes consideran que nuestro proyecto está fracasado, nosotros tenemos la idea de que es profundamente exitoso».(EU)

Sindicatos solicitan aumento general de salarios de 70%

A dos semanas del 1 de mayo, Día del Trabajador, sindicatos se mantienen a la expectativa sobre el aumento del salario mínimo en 2014.

Ya en abril del año pasado, a una semana de las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro había anunciado el aumento salarial que luego se hizo oficial a partir del 1 de mayo. Pero hasta la fecha no ha habido adelantos.

Tanto el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicatos (Fadess) como la Unión Nacional de Trabajadores (Únete) coinciden en que el anuncio oficial debe servir para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la elevada inflación, que en 2013 terminó en 56,3%, y cuyas proyecciones de este año no lucen alentadoras.

Para Froilán Barrios, portavoz del Fadess, solo con tomar en cuenta el alza de precios del último año cualquier ajuste salarial debería superar el 100%, para que así se cumpla el artículo 91 de la Constitución de que «todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales».

La experiencia inflacionaria de 2013 obligó al Ejecutivo a declarar un aumento del salario mínimo de 59,75%, fraccionado en cuatro partes, que permitió llevar la remuneración básica de 2.047,52 bolívares a 3.270,3. Este año la firma Ecoanalítica proyecta una inflación de 76%, con una caída de 14,2% del sueldo mínimo y de 16,4% del salario promedio.

Servando Carbone, coordinador de Únete, considera que estas estimaciones tienen que ir llamando a la reflexión al Gobierno, para evitar futuros conflictos laborales. Así, lo invitó a abandonar la práctica de solo aumentar el sueldo mínimo y plantearse un aumento general de salarios no menor a 70%, «porque la inflación volvió sal y agua lo que ganan los trabajadores».

Insistió en la necesidad de que se revise el tabulador de la administración pública, pues la diferencia entre cada escala se ha ido achatando.

El dirigente sindical lamentó que sean los trabajadores quienes estén pagando las consecuencias de la política económica oficial. «Desde el mismo momento que el Presidente Maduro asumió el poder la moneda se ha devaluado de forma exponencial y eso evidentemente impacta el poder adquisitivo del trabajador», manifestó.

Según Carbone, hasta la fecha el Ejecutivo no ha consultado a Únete sobre el aumento salarial. Tampoco al Fadess. Barrios cree que se desperdicia una oportunidad para sentarse con los representantes de los trabajadores, independientemente de la ideología política, y adoptar medidas que redunden en beneficios para los 13 millones de empleados que existen en el país.

Desde mayo de 2012, con la reforma de la Ley del Trabajo, quedó eliminada la instalación de una reunión tripartita para la discusión del salario. Aunque, Barrios, recordó que ya era una práctica inusual, pues el Gobierno de forma unilateral venía anunciando los ajustes.

Para dotar de poder adquisitivo a los trabajadores, Fadess plantea que más que ajustar la remuneración básica, el Gobierno debe adoptar otras políticas que estén en sintonía con una mayor producción de bienes, minimicen la escasez y frenen la escalada de precios. De lo contrario, «cualquier porcentaje que se pida para el aumento salarial y contrato colectivo queda desactivado por los niveles de inflación», advirtió Barrios.

El movimiento sindical se prepara para una gran marcha unitaria el próximo 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajador. Entre las demandas se encuentra un aumento de salario que tome como referencia el costo de la canasta básica, como dice la Constitución.(EU)

Autoridades inspeccionaron unidades productivas en Sidor

Este domingo el ministro de Industrias y el presidente de Corporación Venezolana de Guayana (CVG), José David Cabello y Carlos Osorio, respectivamente, inspeccionaron varias unidades productivas de Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), a fin de conocer los inventarios de insumos repuestos y los niveles de producción de acero líquido de la industria siderúrgica.

Durante el recorrido, Heber Aguilar vicepresidente de la Corporación y Javier Sarmiento Márquez presidente de Sidor, aprovecharon la presencia de los ministros para presentar algunas propuestas de planes de inversión que se requieren en la mencionada planta, para incrementar los niveles de producción de acero.

Posteriormente, se trasladaron hasta el Patio de Barras y Alambrón, donde se fabrica la cabilla para la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y pasaron revista a los niveles de producción de este insumo de construcción para el cumplimiento de las metas de este programa social, reseña AVN.

En ese sentido, el presidente de Sidor, Javier Sarmiento Márquez dio a conocer al titular de Industrias estudios de factibilidad para ejecutar proyectos de inversión, que incrementarán en 20 coladas diarias las actividades en esta acería, lo que representa el 100% de la capacidad instalada de esta planta.

El pasado 16 de abril Sidor y la Industria Venezolana de Aluminio (Venalum), pertenecientes a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), firmaron dos convenios con la empresa China Minmetals Engineering, mediante el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, por el orden de 750 millones de dólares.(EU)

Bs 17,9 millones costó registrar  10 empresas  en la SIEX  

La Superintendencia de Inversiones Extranjeras invirtió 17,9 millones de bolívares durante 2013 para registrar 10 nuevas empresas foráneas dispuestas a destinar recursos a la construcción, comercio, manufactura, servicios financieros, inversiones inmobiliarias, transporte, almacenamiento y comunicaciones en el país.

Datos de la Memoria y Cuenta de 2013 del Ministerio de Comercio indican que la SIEX identificó la incertidumbre con respecto a las oportunidades de inversión que existen en el país, una normativa legal anacrónica y contraria al nuevo modelo socioproductivo, entre los obstáculos para la ejecución de su gestión.

También señala como impedimentos la “inexistencia de un sistema automatizado, equipos obsoletos para la digitalización de los documentos y el incremento del número de oficios por solicitud de recaudos”. Otras trabas fueron la carencia de personal para atender las responsabilidades asignadas.

El documento indica que las empresas extranjeras se registraron por 63,2 millones de dólares bajo las modalidades de capitalización de acreencias, capitalización de superávit y divisas realizadas en las actividades económicas: construcción, comercio, manufactura, servicios financieros, inversiones inmobiliarias, transporte, almacenamiento y comunicaciones. Los países inversionistas fueron Holanda, Francia, España, Alemania, Estados Unidos y Costa Rica.

La SIEX tiene el objetivo específico de “seguir aplicando las estrategias institucionales que favorezcan la inversión nacional y extranjera, con orientación productiva y socialista, en el marco de la Alianza Bolivariana para

los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos y el resto de las alianzas estratégicas del mundo multipolar”, dice el texto.

El organismo se encarga de registrar los contratos sobre importación de tecnología y sobre marcas, patentes, licencias y regalías. Emite constancias de calificación de empresa y credencial de inversionista nacional. Además, elabora estadísticas de inversiones foráneas e importación de tecnología.(el nacional)

A $158 millardos alcanzó la deuda del Gobierno y Pdvsa

Aunque el precio del petróleo el pasado año superó los 90 dólares, el sector público continuó acelerando el endeudamiento, que en 12 meses creció 9%.

Las estadísticas oficiales revelan que en 2012 la deuda del Gobierno central y de Pdvsa cerró en 144,8 millardos de dólares y en 2013 ese saldo subió a 158,5 millardos de dólares.

La necesidad de atender el elevado volumen de gasto público ha llevado al Ejecutivo nacional a recurrir a las emisiones de bonos con el fin de garantizarse más fondos, porque los ingresos petroleros y tributarios han sido insuficientes para los requerimientos de los entes oficiales y de las misiones.

Aunado a ello, la industria ha seguido gestionando recursos mediante créditos y emisiones a fin de atender no solo su actividad medular, sino también los compromisos asignados por el Ejecutivo y suplir de papeles al mercado cambiario.

El monto ya mencionado no incluye los financiamientos con China ni las obligaciones que tiene la industria petrolera con el Banco Central de Venezuela, pues si se añaden, la deuda total es mayor.

Las obligaciones internas

La información del despacho de las finanzas públicas muestra que la deuda del Gobierno central pasó de 104,7 millardos de dólares a 115,2 millardos de dólares, de manera que en un año aumentó 10%.

Las obligaciones en el mercado interno alcanzaron los 70,4 millardos de dólares, saldo que supera en 19% al registrado en 2012 que fue de 59,3 millardos de dólares.

En ese comportamiento incidió nuevamente la tramitación de deuda complementaria, que una parte se orientó a cubrir pagos de pensiones y misiones así como el salto que registró la deuda indirecta, aquella que emiten los entes oficiales. De hecho, el grueso de esos compromisos correspondió al Fondo Simón Bolívar, que administra los recursos de la Gran Misión Vivienda.

Pero no toda esa deuda adicional se colocó. La Memoria y Cuenta del Ministerio de Finanzas de 2013 revela que esa deuda complementaria se ejecutó en 75%, de manera que al Gobierno le quedan pendientes por colocar 18 millardos de bolívares, lo que equivale a 3 millardos de dólares al tipo de cambio de 6,30 bolívares.

Analistas han señalado que este año no se descarta que el despacho realice emisiones de bonos en dólares justamente para atender la demanda del mercado alterno de divisas. Para este año por la vía de la Ley de Endeudamiento se contemplan operaciones de crédito público por 105 millardos de bolívares.

Otros compromisos

Al salto que registró la deuda del Gobierno central se sumó el aumento en el endeudamiento de Petróleos de Venezuela. La deuda financiera de la estatal terminó el 2012 en 40 millardos de dólares y en 2013 cerró en 43,3 millardos de dólares Las obligaciones que le ha impuesto el Ejecutivo a la petrolera la han llevado a buscar ingresos a través del endeudamiento. El pasado año la industria tramitó préstamos con los bancos estatales, gestionó ayuda financiera con el ente emisor y emitió más papeles, justamente para atender las deudas con proveedores y la compra de alimentos.

Adicionalmente, parte de esos instrumentos emitidos se emplearán en el Sicad II. (EU)