En los últimos meses hemos asistido a un proceso de privatización de un bien público por excelencia como lo son las estadísticas económicas nacionales. Poco a poco hemos presenciado como desde diferentes entes oficiales, la información que antes se entregaba de forma puntual y clara, ha comenzado a ser liberada con retardos y de forma incompleta. El caso más notorio son las cifras de inflación, pero este tipo de prácticas no han sido exclusivas del BCV.
Hay que hacer énfasis en que las estadísticas económicas recolectadas y producidas por los entes del Estado son y deben continuar siendo públicas. Estas estadísticas constituyen un bien público, no solo porque su proceso de elaboración y recolección están sufragados con recursos públicos, sino porque no existe rivalidad en su consumo. No hacer pública la información de forma completa y oportuna constituye una apropiación por parte del actual gobierno de un bien público. Las estadísticas se continúan produciendo, pero solo tienen acceso a ellas de forma oportuna los funcionarios del actual gobierno. Quienes nos gobiernan creen que la información producida por el Estado, no está orientada a informar al público en general, sino solo a ser empleada como método de propaganda gubernamental cuando conviene. Cuando no conviene, la información es ocultada o diluida.
Este proceso de apropiación de la información pública, además de ser ilegal, va en contra de la democracia e inclusión que supuestamente dicen defender. Es un abuso descarado de poder y subvierte la credibilidad en las instituciones del Estado. Esto, solo asumiendo que el proceso de ocultamiento de información es con fines políticos. Si el ocultamiento de este tipo de información tiene otros fines, como por ejemplo el enriquecimiento de aquellos que pueden acceder a la información, podría tener consecuencias legales.
Lo que ha estado ocurriendo con la información económica de entes públicos como por ejemplo el BCV y el INE, entre otros, es un hecho vergonzoso como condenable. Las decisiones políticas están destruyendo la credibilidad que gozaban estas instituciones. No solo eso, el proceso de diseño, recolección y procesamiento de estas estadísticas ha sido llevado a cabo por técnicos y personal especializado que en estos momentos deben estar sufriendo terribles presiones. No solo se está destruyendo la credibilidad de estas instituciones sino que se está desmoralizando su capital humano. El proceso de apropiación privada de un bien público debe ser detenido y se debe regularizar la entrega de la información que por ley es pública. Las estadísticas nacionales no le pertenecen, ni al partido ni al gobierno de turno, como tampoco son un instrumento de propaganda. De continuar esta tendencia, el vacío dejado por el Estado será llenado por los privados, con la diferencia que la información que estos produzcan será privada y solo tendrán acceso a ella quienes puedan pagarla. Nadie desea llegar a una situación similar a la argentina pero al parecer es lo que el actual gobierno desea.
Francisco Ibarra Bravo
