El A, B, C de la destitución de Rodríguez Torres
El A, B, C de la destitución de Rodríguez Torres

RT

Ronna Rísquez

@ronnarisquez

 

Reducir a un solo hecho la causa de la destitución de Miguel Rodríguez Torres del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz no es tarea fácil. Los motivos que impulsaron su salida del Gabinete Ejecutivo pueden ser tan diversos como la lista de opciones en una prueba de selección múltiple, donde el ítem “todas las anteriores” también vale. En su caso se puede considerar desde la muy obvia y fuerte presión de los colectivos por la muerte de cinco de sus integrantes en un dudoso enfrentamiento con el Cicpc, hasta el básico principio: “el tiempo de Dios es perfecto”. Se le acabó su tiempo, simplemente ya le tocaba. Lo cual es posible si el presidente Nicolás Maduro continúa la gesta de su predecesor y “padre” político, Hugo Chávez. Entre ambos suman 14 titulares de la cartera de seguridad en 15 años de revolución.

 

La pregunta:

 

¿Por qué el presidente Maduro saca a Miguel Rodríguez del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz?

 

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a) Tiene responsabilidad en la muerte de cinco miembros del Frente 5 de Marzo en un presunto enfrentamiento con el Cicpc:

Una hora y 10 minutos antes de ser asesinado, José Miguel Odreman, líder del Frente 5 de Marzo, declaró a los medios de comunicación lo siguiente: “Ciudadano Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, le pasa algo a José Odreman, cualquier cosa, lo asumo y lo digo, la responsabilidad es de usted. Por qué está haciendo estos escenarios. Ya basta que nos sacrifiquen más camaradas combatientes. Ya basta camaradas”.

 

Odreman, que era sargento de la extinta Policía Metropolitana, y otros cuatro integrantes de su colectivo (Maikol Contreras Bernal, Carmelo González, José Ángel Tovar Contreras y Jesús Ramírez Riera) murieron en un procedimiento poco claro ejecutado por el Cicpc el pasado 7 de octubre en el Centro Manfredir, en Quinta Crespo. Los hombres fallecieron en dos incidentes (uno a las 5:00 am y otro a las 11:30 am). Primero fue el allanamiento al edificio donde funciona la sede del Colectivo Escudo de la Revolución, que dejó dos víctimas. A las 11:45 am, luego de un supuesto secuestro de funcionarios del Cicpc, se registró otro presunto enfrentamiento que se prolongó hasta las 2:00 pm, y en el que murieron otros tres integrantes del Frente 5 de Marzo. A las 11:55 de la mañana aproximadamente, comienza a correr un rumor: “mataron al sargento Odreman”.

Previamente, el líder del 5 de Marzo, había denunciado la ejecución de los dos  integrantes del colectivo Escudo de la Revolución. Dijo que el Cicpc había limpiado la escena del crimen para simular un enfrentamiento.

Mientras estos eventos se desarrollaban, el único pronunciamiento oficial sobre el hecho fue un tweet del Ministro de Relaciones Interiores, a las 12:12 del mediodía. “@RodriguezT_MIJP: El #Cicpc efectuó procedimiento policial en la Avenida Baralt. El hecho no guarda relación con el homicidio del diputado Robert Serra”.

Poco después circularon videos caseros que mostraban cómo José Odreman fue ejecutado por funcionarios policiales. Declaraciones de testigos y vecinos del lugar confirman que él y otros dos compañeros fueron ajusticiados por funcionarios del Cicpc frente a los presentes y que en el lugar no ocurrió ningún intercambio de disparos.

“Ahí no hubo enfrentamiento. Es imposible. Mi sargento bajó solo al Manfredir, le pidió la cola a un compañero cuando supo que estaban los medios. Dijo que tenía que denunciar lo que estaba pasando. Cuando llegó la policía, por radio pidió que fuéramos a apoyar. Bajamos en motos pero qué va, eso estaba tomado. No pudimos llegar, en las esquinas había hombres armados y disfrazados con chalecos anaranjados de mototaxistas. Eran gente del Cicpc”, contó a runrun.es  uno de los miembros de la directiva del Frente 5 de Marzo.

A las 4:00 pm el director del Cicpc, comisario José Gregorio Sierralta, informó desde Valencia que cinco miembros de una organización delictiva cayeron abatidos en un enfrentamiento con funcionarios del Cicpc en la avenida Lecuna de Caracas. Explicó que integrantes de la División Contra Homicidios llegaron al edificio ubicado en la esquina Glorieta, para detener a los integrantes “de una peligrosa banda”. Sierralta informó que hubo “un fuerte intercambio de disparos que concluyó con un balance de cinco individuos abatidos, integrantes de la banda del Odreman. Este individuo que lideraba la referida banda es un ex policía metropolitano que dirigía el referido grupo delictivo”.

Migdelia Bernal, madre de Maikol Contreras, expresó: «El ministro Rodríguez Torres dio la orden de que los mataran y Sierralta (director del Cicpc) los satanizó».

El miércoles 8 de octubre en la mañana, Delcy Rodríguez, que para el momento era la ministra para la Comunicación y la Información, difundió un comunicado mediante el cual el presidente Nicolás Maduro pedía una investigación «completa y exhaustiva» de los sucesos de Quinta Crespo.

El ministro Miguel Rodríguez Torres guardó silencio hasta el miércoles 15 de octubre. En una rueda de prensa en la sede de la ONA, al ser consultado sobre este hecho dijo:  “Esas personas estaban involucradas en varios delitos. Eran parte de una banda que cometió varios homicidios. No podemos llamar colectivos a cualquier grupo armado que comete delitos. Por ahí hay un montón de grupos que ahora se llaman colectivos y lo que hacen es cometer asesinatos y robos. La gente tiene que saber diferenciar y saber lo que son los colectivos. Los colectivos son una expresión popular para la paz. Aquí en esta reunión hay colectivos”.

Ese mismo día en la tarde el Ministerio Público ordenó la detención de 6 funcionarios del Cicpc que actuaron en el procedimiento, incluido el jefe de la División contra Robos.

El Programa Venezolano de educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) celebró la acción del Ministerio Público en lo que parece un “caso de posible ajusticiamiento”. El viernes, la ONG publicó en su cuenta de twitter @_Provea: “Debe investigarse autoría intelectual de Rodríguez Torres en presunto ajusticiamiento de miembros de Colectivo 5M en Caracas”.  También solicitan que se investigue al director del Cicpc.

Ante una presunta violación de Derechos Humanos como la ocurrida en el Manfredir, con testigos y videos, lo usual es que las autoridades a cargo de la operación renuncien o sean separadas de sus funciones mientras se realiza la investigación y se establecen responsabilidades.

 

b) Presión de los colectivos. 

La muerte de los 5 integrantes del Frente 5 de Marzo en un presunto enfrentamiento con el Cicpc desató una tormenta dentro del oficialismo. La destitución del ministro parece ser una respuesta obvia del presidente Maduro a la presión de los colectivos que públicamente pidieron su “cabeza”.

En en una rueda de prensa ofrecida el viernes 17 de octubre en Quinta Crespo, integrantes del Frente 5 de Marzo y familiares de las cinco víctimas pidieron la renuncia del ministro de Interior Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, según reseñó el diario 2001. “Parece que se reeditan las masacres al pueblo de la Cuarta por parte del Gobierno. El ministro Torres se revolcó sobre los cadáveres de nuestros masacrados: los llamaron delincuentes. Debe revisarse la actuación de Rodríguez Torres”, dijo Simón Bernal, uno de los voceros del colectivo, y agregó: “Se está hiriendo de muerte a la Revolución. Estamos ante la primera masacre de la V República, al parecer bajo paraguas del Gobierno”.

El jueves 23 de octubre el Frente 5 de Marzo publicó en su cuenta de twitter @Colectivo5M: “A pesar de vernos obligados a suspender la marcha el día de hoy. Seguimos pidiendo justicia y la destitución inmediata de Rodríguez Torres”. La marcha de colectivos, que fue convocada una semana antes,  se canceló por “razones de seguridad”, según argumentaron algunos líderes de estas organizaciones.

24 horas después, Miguel Rodríguez Torres estaba fuera del cargo y esta fue la reacción, también pública, del Frente 5 de Marzo a través de su twitter: 

 

 

Para algunos analistas esta batalla la ganaron los colectivos, pues el gobierno cedió ante la presión de estos grupos que han apoyado a la revolución desde sus inicios, en la calle y con las armas. “Cuando hay temor de un golpe de Estado con guarimbas ahí si nos llaman. Nosotros, los colectivos, somos un mal necesario, aunque no estamos en un marco jurídico”, dijo en entrevista con runrun.es uno de los miembros de la dirección del Frente 5 de Marzo.

Sin embargo, la periodista Elizabeth Fuentes alertó en su cuenta de Twitter @fuenteseliz: “Lo grave no es que un General Ministro haya caído por presión de los colectivos. Lo más grave es que los colectivos se lo crean”.

 

 

 

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c) Enfrentamiento entre radicales de izquierda y los grupos militares del chavismo.  

 

Las pugnas internas dentro de los distintos grupos que hacen vida política en el oficialismo, que se han agudizado desde la muerte de Hugo Chávez, pueden ser otra explicación a la destitución de Miguel Rodríguez.

El diario Nuevo Herald  de Miami publicó un análisis en el que vinculan la salida de Rodríguez Torres del gabinete con un antagonismo que viene creciendo entre un sector militar del chavismo (en el que incluyen al ex ministro y al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello) y el grupo del Frente Francisco de Miranda, “que representa al ala ideológicamente más dura del oficialismo, y en la que militan los dirigentes más cercanos a los colectivos”.

“Lo que estamos viendo aquí es la punta del iceberg de un conflicto muy grave que se está desarrollando tras bastidores entre el grupo militarista y el grupo del Frente Francisco de Miranda”, dijo Esteban Gerbasi, analista político a la publicación de Miami.

Rocío San Miguel, experta en temas militares, le declaró a la periodista Sofía Nederr en El Nacional:“Es muy llamativo que a Rodríguez Torres lo hayan sacado ahora, cuando hace unos días anunció el sistema de cámaras de seguridad. ¿Por qué no fue despedido cuando los fuertes cuestionamientos por el caso de Mónica Spear y durante las protestas? El Colectivo 5 de Marzo es la punta del iceberg, pero hay más de fondo: él irrumpió prometiendo cosas a Maduro, pero se desempeñó en un entorno de enormes rivalidades. Esto es un reflejo de los diferentes grupos de poder”, aseguró.

El periodista de política, Pedro Pablo Peñaloza, publicó en su blog Los datos de triple P las infidencias de una reunión que sostuvo el ministro Rodríguez Torres con diputados del PSUV en la Asamblea Nacional el lunes 20 de octubre. “El Cicpc fue muy atacado en la reunión’, detalla un legislador que participó en este encuentro”.

En su análisis, Peñaloza recuerda la estrecha amistad que hay entre el presidente del parlamento, Diosdado Cabello y Rodríguez Torres, pero relata que un sector de la bancada chavista en la AN criticaba -no públicamente- al titular de Relaciones Interiores y cuestionaba el ataque a los colectivos: “Esa gente es nuestra” decían. Entre los detractores del ex ministro, menciona a los diputados Elvis Amoroso, presidente de la Comisión de política Interior; Freddy Bernal y Darío Vivas; además de los gobernadores Tareck El Aissami, Ramón Rodríguez Chacín, Francisco Rangel Gómez, Alexis Ramírez y Ramón Carrizález.

En el Nuevo Herald se afirma: “Aun cuando el heredero del fallecido Hugo Chávez (Maduro) está mucho más identificado con el Frente Francisco de Miranda que con el ala militar, su designación de militares para puestos claves de su régimen había estado mostrando que estaba dispuesto a brindar espacio a la facción encabezada por Cabello”.

En este terreno de batalla no se puede olvidar que la almirante Carmen Meléndez, nueva ministra de Relaciones Interiores y ex ministra de la Defensa, es una persona muy cercana a la “primera combatiente” y esposa del Presidente, Cilia Flores. 

Otros cuestionamientos al ahora ex-ministro Miguel Rodríguez Torres estaban referidos al manejo de una agenda propia y la acumulación de poder gracias a su control sobre tres importantes cuerpos de seguridad del Estado: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).  

 

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d) El asesinato del diputado Robert Serra.

 

El 1ro de octubre pasadas las 10:00 de la noche, el ministro Miguel Rodríguez anunció por Venezolana de Televisión que habían sido hallados los cadáveres del diputado Robert Serra y su compañera María Herrera en su residencia en La Pastora. “Fueron asesinados vilmente aquí en su casa, dentro de su residencia”, dijo el titular de Interiores. Agregó que prefería no adelantar hipótesis acerca del móvil hasta avanzar en la investigación y aseguró que tenían un equipo especializado para acelerar la pesquisa y dar con los responsables. “Llamamos a la calma a los miembros del PSUV, la gente de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los venezolanos. A la calma, que les garantizamos que investigaremos a fondo y seguramente llegaremos en las próximas horas a los responsables de esta monstruosidad”, agregó.

 

     

 

Aunque Rodríguez Torres lograra cumplir su promesa, ya Serra estaba muerto y él había perdido otro round en su lucha contra la delincuencia. El homicidio del diputado ocurrió dos días después de haber arrancando el Plan de Desarme, aunque fue cometido con un arma blanca, muestra el grave problema de violencia e inseguridad que vive el país. Un parlamentario del partido de gobierno, custodiado por escoltas de un cuerpo de seguridad también del oficialismo, fue asesinado dentro de su propia casa. Ni los dispositivos de Patria Segura ni los Cuadrantes de Seguridad impidieron que Edwin Torres, “El Colombia” y su grupo acabaran con la vida de una prometedora figura política del chavismo. No importa si cumplían con una tarea encomendada por paramilitares colombianos o si acudieron movidos por el básico impulso de robar a quien consideraban tenía más que ellos.

Pero hay algo peor. Pese a que los videos de la residencia del diputado permitieron identificar a los homicidas casi desde el primer día de investigación -así lo dijo el Jefe de Estado en la cadena del pasado miércoles 15 de octubre-, tres de los autores del crimen, quizás los más importantes porque fueron quienes acuchillaron con saña al joven diputado, escaparon.

A 23 días del asesinato, el presidente Nicolás Maduro, en un acto de desesperación, decidió difundir las fotografías de estos tres presuntos delincuentes -violando nuevamente el Código Orgánico Procesal Penal- para pedir a los ciudadanos su colaboración en otra tarea que los cuerpos de seguridad a cargo de Rodríguez Torres no pudieron cumplir: capturar a los homicidas del diputado Serra. 

 

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e) Se le acabó el tiempo. Le tocaba salir. 

El paso fugaz de dirigentes por este cargo y las remociones han sido una constante en el despacho de Relaciones Interiores. El abogado y criminólogo Luis Izquiel recordó que en 15 años y 10 meses de revolución la cartera de Relaciones Interiores ha tenido 14 ministros.

En promedio cada ministro ha permanecido en el cargo 13,5 meses. Rodríguez Torres llegó en abril de 2013 y deja el puesto 17 meses y medio después.   

En 18 meses de gestión del presidente Maduro tres titulares han desfilado por la oficina de la esquina de Platanal, todos militares. Rocío San Miguel, presidenta de la ONG control ciudadano, escribió este sábado: “La cantidad de remociones en el Ejecutivo Nacional en tan corto tiempo, acelera la inestabilidad del sistema de Gobierno en Venezuela”.

Esta es la lista de los titulares de esta cartera desde 1999, cuando comenzó a gobernar el presidente Hugo Chávez, hasta hoy con el presidente Nicolás Maduro: Luis Miquilena (1999), Ignacio Arcaya (1999‐2000), Luis Alfonso Dávila (2000‐2001), Luis Miquilena (2001‐ 2002), Ramón Rodríguez Chacín (2002), Diosdado Cabello (2002‐2003), Lucas Rincón (2003‐2004), Jesse Chacón (2004‐07), Pedro Carreño (2007‐08), Ramón Rodríguez Chacín (2008), Tareck El Aissami (2008‐2011), Néstor Reverol (2012-2013), Miguel Rodriguez Torres (2013-2014) y Carmen Meléndez (2014). 

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 f) Por haber dejado en evidencia la vulnerabilidad del gobierno en materia de seguridad.

Venezuela es el segundo país más violento del mundo, según un informe de la ONU publicado en abril de 2014. El estudio refleja que, con una tasa de 53,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, Venezuela ascendió a la segunda casilla de este negativo ranking, desplazando a El Salvador.

Este año han sido asesinados por primera vez en la historia del país una Miss Venezuela (Mónica Spear), dos concejales (Eliécer Otaiza y Nelson González), un alcalde (Enrique Franceschi) y un diputado (Robert Serra). Además de 107 funcionarios de cuerpos de seguridad solo en Caracas y miles de ciudadanos más. Las proyecciones del Observatorio Venezolano de Violencia indican que la cifra de homicidios al finalizar 2014 será similar a la de 2013, cuando esta ONG registró un estimado de 24.700 asesinatos.

Estos números no hablan bien de las estrategias de Rodríguez Torres para reducir la criminalidad: Patria Segura, Cuadrantes de Seguridad, Movimiento por la Paz y la Vida, Patrulla Inteligente y Plan de desarme, entre otras.

Adicionalmente nunca quedó claro otro incidente de “inseguridad” poco frecuente en el país como fue el supuesto secuestro de la periodista de Globovisión Nairobi Pinto.

 

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g) La participación de sus escoltas en los homicidios del 12F.

Tres escoltas del ministro Miguel Rodríguez Torres estuvieron involucrados en los sucesos ocurridos el 12 de febrero de 2014 en la Candelaria, donde fueron asesinados Juan Montoya, coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, y Bassil Da Costa, quien participaba en una manifestación convocada por la oposición.

Se trata de los funcionarios del Sebin Jonnathan Rodríguez Duarte, Andry Yoswua Jaspe López y Jofran Rafael Duarte Pinto, que estaban asignados al despacho de Relaciones Interiores. Al menos dos de ellos explicaron en su declaración que acudieron al lugar por órdenes superiores.

“La policía científica identificó a los implicados gracias a los registros fotográficos y de video aportados por los medios de comunicación testigos del tiroteo, y las cámaras de seguridad de algunos edificios de la zona donde ocurrieron los hechos. Mediante estas investigaciones se determinó que Jonathan José Rodríguez Duarte, de 40 años, fue una de las personas captadas por las cámaras disparando”, publicó El Universal.  Rodríguez Duarte tenía un carnet del Ejército venezolano con su nombre; credencial del despacho del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz, con el cargo de Asistente del ministro, con fecha de vencimiento del 26-08-2015 y tres portes de arma emitidos por la Dirección de Armas y Explosivos.

Adicionalmente durante las protestas que comenzaron el 12F los cuerpos de seguridad del Estado fueron señalados por violaciones de los derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza, torturas a manifestantes, allanamientos y detenciones irregulares.   

 

h) Defender al Cicpc, desafiando al Presidente.

Rodríguez Torres elogió y defendió reiteradamente la actuación del Cicpc en los días posteriores al oscuro incidente en el que murieron cinco miembros del Frente 5 de Marzo en un presunto enfrentamiento con funcionarios de la policía científica. Por ejemplo, en una rueda de prensa el miércoles 15 de octubre dijo que el Cicpc tenía grandes competencias técnicas y que era un organismo capaz de resolver cualquier caso de asesinato. Agregó que en este momento la impunidad en homicidios era inferior a 10% gracias a la labor de la policía científica.

También manejó con “delicadeza” la información sobre el hecho de que le habían quitado al Cicpc la investigación del homicidio de Serra para dársela al Sebin. “El que dirige la investigación es el Ministerio Público, y el Cicpc por ser el órgano de investigación criminal, con equipos y experiencia, es quien lleva la investigación criminalística porque está preparado para eso. El trabajo criminalístico, muy importante, lo realiza el Cicpc. Sin embargo, otros cuerpos colaboran. Al Sebin se le han asignado algunas tareas de apoyo. Se trata de un esfuerzo integrado de todos los cuerpos”, explicó el ministro, respaldando el trabajo de la policía judicial.

Además ratificó la versión del comisario José Sierralta, director del Cicpc, sobre la participación de Odreman y su grupo en diversos delitos, incluso homicidios. “Esas personas estaban involucradas en varios delitos. Eran parte de una banda que cometió varios homicidios. No podemos llamar colectivos a cualquier grupo armado que comete delitos”, indicó el entonces ministro.

Esta defensa al Cicpc y en especial a la autoridades de ese cuerpo le habría podido costar el cargo a Rodríguez Torres. Según reveló la periodista Sebastiana Barráez en el programa de César Miguel Rondón, el lunes 27/10/14, el presidente Maduro sacó al mayor general del despachó de Relaciones Interiores porque éste se negó a destituir a la directiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Es posible que este no haya sido el único acto de desobediencia de Miguel Rodríguez Torres en los últimos días. Era notorio que el ministro no se sentía cómodo con la versión de que el asesinato del diputado Robert Serra había sido orquestado por paramilitares desde Colombia. Después de dos declaraciones, el propio día del homicidio y al día siguiente, Rodríguez Torres guardó silencio y dejó las versiones en boca del Presidente Maduro. Incluso generó una contradicción, mientras él declaró que el crimen había costado 250.000 dólares, el Primer Mandatario dijo que habían sido 500.000 dólares.

 

Aquí está la evolución de las declaraciones de Rodríguez Torres desde el asesinato de Robert Serra:    

 

 

I) Todas las anteriores.

La decisión del presidente Nicolás Maduro de destituir a Miguel Rodríguez Torres luego de la exigencia del Frente 5 de Marzo podría hacer pensar que: “Ganaron los colectivos”. Sin embargo, este recuento revela que esa no fue la única batalla que perdió Rodríguez Torres como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz