El alcalde destituido de San Cristóbal, Daniel Ceballos, no perdió la primera oportunidad que tuvo para denunciar ante la jueza 15 de juicio, Yhosmar González, la mayor irregularidad del proceso penal en su contra: “Me están juzgando dos veces por los mismos hechos”. El reclamo que hizo desde el banquillo de los acusados tiene fundamento en el numeral 7 del artículo 49 de la Constitución: Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
Ceballos fue condenado y destituido el 25 de marzo, mediante un juicio sumarísimo llevado a cabo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por el desacato a un mandamiento de amparo que le ordenaba impedir las protestas en Táchira. Y por las protestas en ese estado fue acusado por el Ministerio Público de los delitos de rebelión civil y agavillamiento, específicamente por el supuesto llamado que hizo a montar barricadas en las calles de San Cristóbal y a derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La igualdad de circunstancias de tiempo, modo y lugar de ambos procesos judiciales constituyen hechos públicos y notorios. Los denunciantes ante el TSJ y ante los tribunales penales ordinarios son integrantes del Movimiento Nacional de Abogados Socialistas. Uno de ellos es Alejandro Méndez, quien fue candidato del PSUV en los comicios posteriores a su destitución, en los cuales ganó Patricia Gutiérrez de Ceballos.
En la acusación fiscal se precisa que la investigación se inició por “los hechos violentos en el estado Táchira, en fecha 5 de marzo, originados por el llamado efectuado a todo el país, y en especial a la comunidad tachirense, por parte del alcalde de San Cristóbal, Daniel Omar Ceballos Morales, al desconocimiento del gobierno legítimamente constituido o elegido, en actitud hostil, llamando a montar barricadas en la ciudad de San Cristóbal y en todo el territorio nacional, lo que efectivamente ha tenido receptividad en cierto sector del estado Táchira, y ha causado que se genere caos en todas las zonas de la ciudad, que incluso ha llegado a atentar en contra de la integridad física y la vida de la población civil y militar”.
¿Pruebas o dichos? A la 1:50 pm de ayer comenzó el debate oral y público correspondiente a la causa contra Ceballos. El primero en intervenir fue el fiscal 44° del Ministerio Público, Rubén Pérez, quien, más allá de lo señalado textualmente en la acusación y en el auto de apertura a juicio, aseguró que el exalcalde hizo un llamado a la violencia y al alzamiento contra el gobierno.
“Rubén Pérez es el mismo fiscal del caso de Génesis Carmona. No se puede entender que él haya sido tan benevolente con los presuntos homicidas de esa muchacha, los cuales están en libertad, y que se ha ensañado tanto con Daniel”, comentó Patricia de Ceballos.
El abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez destacó la incongruencia del fiscal: “No pueden pretender juzgar a mi representado por todos los hechos violentos que ocurrieron en San Cristóbal a partir del 4 de febrero. Eso sería equivalente a responsabilizarlo por las protestas de la semana pasada. No es lo mismo un llamado a la protesta, en tanto derecho constitucional, a un llamado a la violencia”
Ceballos recordó que la Fiscalía sólo tiene en su contra los testimonios de 20 personas, 7 de ellas militantes de grupos oficialistas (así está expresamente señalado en el expediente), un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana y el gobernador de Táchira, José Vielma Mora.
Paradójicamente, no fue el Ministerio Público sino la defensa de Ceballos la que promovió los registros de sus declaraciones. El mismo exalcalde ofreció una explicación: “¿Ustedes se imaginan que yo hubiera hecho un llamado a tumbar el gobierno? Todavía Venezolana de Televisión estuviera repitiendo esa declaración. Y es que no hubo tal llamado y, por tanto, no hay delito de rebelión. Además, ¿cómo un solo gocho como yo, a 900 kilómetros de Miraflores, va a poder tumbar el gobierno? ¿Por qué en esta sala no están el resto de las personas que habrían incurrido en ese delito?”.
Una de las reseñas periodísticas promovidas por la defensa, pero rechazadas por el Tribunal 25° de Control, a cargo de Alejandro Badell, fue una entrevista a Ceballos publicada en el diario La Nación el 12 de marzo. En esa oportunidad, el para entonces alcalde de San Cristónal se refirió a la necesidad de “redimensionar la protesta”, en vista de los perjuicios que estaba causando en términos de otros derechos constitucionales. “¿Por qué esa entrevista no va ser examinada en este debate oral y público? Usted, ciudadana jueza, debe conocer los registros del supuesto llamado a derrocar el gobierno y no simples especulaciones de testigos de la Fiscalía sobre lo dicho por mi representado. Y es que no hay tales registros, sencillamente porque no hubo tales llamados. Y eso lo sabe la Fiscalía”, insistió el abogado Gutiérrez. Sobre tal exigencia el fiscal Pérez no dijo absolutamente nada.
El defensor destacó que a pesar de la debilidad de la acusación fiscal, la rebelión es penada hasta con 24 años de cárcel: “¿Es justo que una persona esté en riesgo de pasar un cuarto de siglo tras las rejas por los dichos de sus adversarios políticos?”.
Aislado e incomunicado. Ceballos se presentó ante el tribunal con barba y muchas ganas de compartir con los pocos amigos que pudieron entrar a la sala de audiencia. Como en el caso de Leopoldo López, ayer el Palacio de Justicia y sus adyacencias fueron militarizados y restringido el paso de vehículos y personas.
Saludaba, sonreía y hasta se permitió bromear. “Tenía tiempo que no veía tanta gente y estoy como asustado. De los seis meses que llevo preso en la cárcel militar de Ramo Verde, dos de ellos he estado sometido a castigos que me impiden ver a mis hijos. La última vez por el contenido político de una conversación telefónica con mi esposa. Estoy totalmente aislado e incomunicado durante 23 de las 24 horas del día. Para llegar a mi celda hay que abrir 7 candados. Dios me libre de un infarto o un incendio”, expresó.
El abogado Gutiérrez precisó que este es el cuarto castigo ilegal que le imponen a Ceballos, a partir de un reglamento anacrónico, que ni siquiera podría ser aplicado a los militares detenidos en una prisión castrense porque es incompatible con los estándares internacionales en materia de condiciones de reclusión.
El exalcalde está en el área de castigo de Ramo Verde, específicamente en el piso 3. Gutiérrez dijo que la celda donde permanece aislado e incomunicado no tiene luz natural: “Tenía una ventana que fue deliberadamente clausurada con una placa metálica”.
Con la Constitución en la mano, Ceballos habló con firmeza y le anunció a la jueza González que lo seguiría haciendo para demostrar su inocencia. Pero se le quebró la voz cuando habló de sus tres hijos pequeños y el futuro que aspira para ellos.
El debate oral y público se reanudará el 8 de octubre, a las 11:00 am, anunció la jueza Yhosmar González. En esa oportunidad responderá a la solicitud reiterada por la defensa para que le concedan libertad condicional al exalcalde.
