En lo que va de 2014 ha habido 448 casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, de los cuales 62% fueron cometidos por cuerpos de seguridad del Estado, se denunció en el foro realizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad.
La mesa de análisis se celebró con motivo de la propuesta de una “Ley de Comunicadores Sociales” que pareciera modificar la normativa para el ejercicio del periodismo en Venezuela.
Asistió la coordinadora general de Expresión Libre y expresidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Silvia Alegrett. Estuvo acompañada por la socióloga e investigadora de la asociación Espacio Libre, Gloria Salazar, y de Luis Alfonso Herrera, especialista en Derecho Administrativo e investigador del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice.
Allegrett considera que la situación de los derechos de información en Venezuela es alarmante, a pesar de que el artículo 58 de la Constitución establece que la comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley.
“Existen restricciones ilegítimas que impiden su efectivo ejercicio. Por eso aún cuando no podemos decir que en nuestro país no hay libertad de expresión, sí podemos decir que está en peligro de extinción”, ratificó.
La coordinadora de Expresión Libre se refirió a la propuesta de ley de Periodismo que plantea el Gobierno: “Promueven una ley que ni siquiera los mismos diputados conocen exactamente su contenido. Además, por ser un instrumento legal que toca un derecho humano, es de carácter orgánico y debe contar con las tres cuartas partes del Parlamento para ser aprobado».
Recordó casos como la agresión a los periodistas del diario Últimas Noticias, que aún está impune o el cierre de RCTV.
“La autocensura, la negación del acceso a los periodistas a cualquier fuente informativa oficial, las agresiones, la desinformación y la gran escasez de papel que está generando el cierre de medios en la capital y el interior del país, se suman al conjunto de medidas legislativas aprobadas para amedrentar y cercenar el derecho a la libertad de expresión y lograr una hegemonía comunicacional oficialista”, agregó Allegrett.
Sin divisas para el papel
Luis Alfonso Herrera, abogado especialista en Derecho Administrativo y profesor de la UCV, criticó la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró inamisible el amparo interpuesto por miembros del partido Copei, en el que se le solicitaba que obligara al Ejecutivo a entregar las divisas necesarias para resolver la crisis de papel que viven los medios impresos.
“La sentencia es muy grave porque los condena a seguir en esa situación de incertidumbre y ausencia de garantías para tener acceso regular, confiable y una tasa oficial específica a las divisas que necesitan para seguir operando, lo que trae como consecuencia que cada vez más medios impresos están desapareciendo o se reducen en cuanto al número de ejemplares, página y cuerpo. La gravedad también radica en que las alternativas que tienen los comunicadores sociales para poder informar, cada vez son menos”, indicó.
En cifras
-Han sido aprobadas 43 leyes que afectan el derecho libre a la información.
-17 millones de venezolanos no tienen acceso a internet.
-31 corresponsales extranjeros fueron víctimas de agresiones y algunos estuvieron detenidos irregularmente.
-Más de 20 diarios de las provincias han dejado de circular de forma permanente o por periodos de tiempo, debido a la crisis de papel.
-470 páginas web fueron bloqueadas.
-Durante el periodo de protestas (febrero-abril) hubo intentos de bloqueo de las imágenes del twitter.
-Más de 2.600 cadenas de radio y televisión se han contabilizado hasta marzo de 2014.
