Cuando cierro estas líneas, son siete las personas que recientemente han sido detenidas por el poder por el uso que han hecho de la red social Twitter. Están todas en el SEBIN en Caracas. Los motivos de sus detenciones varían. Van desde el uso de palabras fuertes contra el gobierno, hasta haber supuestamente predicho la muerte de algunos importantes oficialistas. También se ha puesto preso al ciudadano, que según sostienen las autoridades, hizo públicas las fotos de Robert Serra en la morgue.
El poder ha visto éstas expresiones públicas como peligrosas, e incluso las ha calificado como actos criminales. Esto merece algunas consideraciones.
Empiezo destacando que no sigo en las redes sociales a los hoy detenidos, como tampoco sigo a quienes, en el bando que sea, hagan de las palabras ráfagas que vomitan con vehemencia contra todo el que no les compre, porque si y por las malas, su credo ¿La razón? Primero, porque pese a que me considero una persona espiritual, no creo en videntes ni en predicciones, y en segundo lugar, porque aunque defiendo fervientemente el derecho de cualquier ciudadano a expresar, de la manera en que mejor le parezca, sus opiniones e ideas, también creo que subir el tono contra el adversario político, contra el que no piensa como tú, e incluso contra el que no usa más herramienta contra ti que la del insulto o la de la descalificación sin base, no logra más que ponerte al mismo nivel de quienes, al no tener la razón, no saben sino lanzar piedras e insultos contra todo lo que se mueva en las riberas contrarias a las de su propia opinión.
Ya bastante daño nos ha hecho que el gobierno, para mal de todos y desde hace ya casi dieciséis años, no sepa hacer más que huir con cobardía de cualquier confrontación seria entre argumentos, para descalificar e insultar con saña a todo el que le incomode, como para caer nosotros en la misma actitud negativa. Si cedemos a esa tentación, todos hemos perdido de antemano la batalla. Nuestra nación fracturada necesita altura, sensatez, ponderación; no más golpes, no más supercherías, no más insultos. Nada se gana con alimentar odios respondiendo desde las tripas las ofensas, lamentablemente continuas, que se reciben desde la acera roja en todos sus niveles. De eso no queda base que sirva en realidad a tender los puentes, indispensables ya, entre quienes incluso pensando de manera diferente estamos convencidos de que al país hay que sacarlo del foso en el que lo ha sumido una “revolución”, que al final, no ha sido más que una farsa.
Carl Sagan, en su obra “El mundo y sus demonios” (Planeta, 1997) ya nos advertía que lo que primero caracterizaba un camelo, esto es, un engaño, era el uso recurrente en cualquier debate del argumento Ad Hominen, o lo que es lo mismo, “contra el hombre”. Así, lo primero que revela a un farsante como tal es que cuando discute contigo sobre cualquier cosa no ataca la idea o la propuesta que le opones, te ataca a ti, como persona. Si le dices, pruebas en mano, que la inflación de este año va a acabar con cualquier pretensión de crecimiento real de los venezolanos, el farsante, carente de argumentos en contra, lo que hace es acusarte de “apátrida”, de “criminal” o de “terrorista”. Si le muestras los márgenes de impunidad delictiva, valiéndote incluso de los datos del propio gobierno, no te responde sino que te acusa de “desestabilizador de la ultraderecha fascista”. Y así sigue y sigue, sin llegar verdaderamente a nada.
Eso es malo, pero peor es, en mi criterio, caer en la trampa y dedicarse entonces a responder de la misma forma. Tampoco sirve, por cierto, eso de estar averiguando “quién empezó” o quién comenzó los insultos, cual infantes malcriados, puesto que al llegar al extremo de la mutua descalificación ya se ha hecho víctima insalvable de la bravata a la verdad. Así no se reconstruye un país.
Sin embargo, nada revela más la vocación represiva del poder, nada humanista ni mucho menos progresista por cierto, que esto de estar encarcelando a las personas por lo que escriben en una red social. Puede que yo no comulgue con la manera en la que algunas personas se dirigen públicamente a quienes nos gobiernan, pero de allí a considerar que es justo que se las meta presas por expresarse, hay un muy largo trecho.
En primer lugar, si de lo que se trata es de supuestas ofensas proferidas contra el poder, modernamente ya el derecho penal ha destacado que no hay nada menos garantista o respetuoso a los derechos humanos que los denominados “delitos de opinión”. En estos, el contenido de la norma penal se integra no objetivamente, sino sobre la base subjetiva y personal del decisor. En otras palabras, lo que termina siendo delito no es lo que la ley dispone objetivamente como tal, sino lo que de manera sesgada y subjetiva estima el juez, o en este caso la fiscalía, como “ofensivo” o “desestabilizador” de acuerdo al criterio personal, absolutamente variable en cada quien, de quien decide. Pero además, si a criminalizar ofensas y amenazas nos vamos, la ley debe entrar primero por casa, y muchos altos funcionarios oficialistas ya deberían haber sido condenados por sus continuos excesos públicos contra los opositores. Claro, ellos son de la cúpula, así que a ellos ni con el pétalo de una rosa.
En segundo término, si se prueba que alguien ha hecho públicas las fotos de cualquier fallecido en la morgue, puede que ello resulte ofensivo o doloroso para sus allegados, e incluso puede estimarse tal acto como una violación a la obligación de reserva a la que están sometidas las partes involucradas (léase: víctimas, fiscalía, jueces, policía) en una investigación penal, pero nada más. Si a ver vamos, Maduro y otros oficialistas también han divulgado sobre el caso Serra y sobre otros similares, en cadena nacional además, datos, evidencias e informaciones a las que no debían tener acceso, pues no tienen competencia legal para ello, pero sobre eso nada dice la fiscalía. La desigualdad de trato es notable, aunque la bolivariana dice, porque lo dice, que todos somos iguales ante la ley.
Por último, no me imagino encarcelando a un astrólogo cada vez que un horóscopo se equivoque o acierte. A despecho de que se crea en ellas o no, castigar penalmente a una persona por sus “predicciones” sobrenaturales es tan absurdo y anacrónico como encarcelar a una gitana porque nos lanza una maldición. Solo las acciones humanas, con objetiva y verificable científicamente “capacidad aloplástica” (esto es, las que pueden modificar el mundo exterior) son punibles. Creer que entre una predicción sobrenatural y un acontecimiento en concreto hay una relación de “causa y efecto”, y tenerle miedo a tales expresiones al punto de castigarlas penalmente es, por decir lo menos, una muestra de ignorancia y de escasez mental abrumadora. Un país en manos de gente con tales limitaciones es peligroso, muy peligroso, para todos.
