“¡El Sol de Venezuela nace por el Esequibo!” La consigna se oye a menudo en actos protagoizados por las Fuerzas Armadas, luego de “¡Chávez vive, la lucha sigue! ¡Independencia y patria socialista!”. Para ser honesto, ignoro si la frase es una de las proclamas tradicionales de los militares venezolanos o si surgió en un contexto reciente, en el que la institución castrense se identifica abiertamente como “profundamente chavista”. Lo que sí sé es que los uniformados la sueltan en esos eventos en los que suele hablarse mucho de soberanía. En detalle, se hacen loas a la forma en que esta ha sido preservada como nunca antes por la autoproclamada revolución bolivariana. Por eso mismo resulta llamativo el contraste entre las palabras sobre el Esequibo y la soberanía, por un lado, y la situación real de la Zona en Reclamación, por el otro. Y es que la semana pasada nos enteramos de que la disputa con Guyana, tal como esta quería, será enviada a la Corte Internacional de Justicia.
A Venezuela le convenía que tal cosa no ocurriera. Por argumentos que especialistas en Derecho Internacional pueden explicar mucho mejor que yo, un fallo contra Venezuela en La Haya es muy probable. Tal es la razón por la que Venezuela siempre se opuso a la alternativa holandesa e insistió en que el asunto fuera resuelto entre las dos partes sin que un tercero pudiera tomar decisiones definitivas. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a tal embrollo? Una vez más, desde esta tribuna se invoca el auxilio de Clío, musa de la historia, para entender mejor un asunto espinoso. A continuación, un relato en el que la geopolítica y la ideología en ocasiones han podido más que los intereses nacionales.
A principios del siglo XIX, las selvas inhóspitas y muy poco exploradas entre el delta del Orinoco y el río Esequibo estaban clavadas entre los dominios guayaneses de Gran Bretaña y España. Los territorios hispanos estaban contenidos en la Capitanía General de Venezuela, y por principio de Uti possidetis iure pasaron a ser parte de la República tras la independencia. Sin embargo, agentes del Imperio británico recorrieron la zona en la segunda mitad del siglo y la reclamaron para Londres, aprovechando la falta de claridad en algunos límites que venía desde la colonia. Una Venezuela sumida en guerras civiles no pudo hacer mucho por sus derechos en el área. Sin embargo, la paz relativa que supuso la larga hegemonía de Guzmán Blanco cambió las cosas. Una de las últimas acciones de su gobierno fue exigir el retiro de súbditos ingleses del territorio disputado y, tras la negativa del interlocutor, cortar relaciones.
Las tensiones entre Venezuela y Gran Bretaña se mantuvieron altas al punto de que Estados Unidos decidió intervenir en 1895, invocando la hoy tan descalificada Docrina Monroe, en rechazo a la agresión de una nación americana por una europea. Ciertamente no había que esforzarse mucho por adivinar cuál sería el resultado de un conflicto entre la mayor potencia del mundo y un país pobre y atrasado. Pero como los británicos no estaban interesados en vérselas con el que a todas luces ya era un elemento norteamericano fuerte, aceptó que la cuestión fuera dirimida en un tribunal de arbitrio. La corte se estableció en la capital francesa y estuvo compuesta por jueces estadounidenses y británicos, además de un ruso que fungió como presidente en aras de la neutralidad. Venezuela en sí quedó casi marginada casi por completo y su defensa la asumieron abogados oriundos del vecino del norte. En 1899, la corte emitió el Laudo Arbitral de París, en el que falló a favor de Gran Bretaña y ratificó la legitimidad de sus reclamos. En Caracas, el gobierno de Ignacio Andrade, a pesar de estar sacudido por la Revolución Restauradora de los andinos, protestó enérgicamente contra la sentencia. Pero más nada pudo hacer.
No obstante, en 1949 se publicó de forma póstuma un memorándum escrito por uno de los peritos que defendieron a Venezuela, en el que se denunciaba vicios en el juicio, incluyendo la supuesta parcialidad de ni más ni menos que el presidente del tribunal. Con base en esto, el gobierno “antipatriótico” de Rómulo Betancourt (chavismo dixit) denunció el laudo de 1899 ante la Organización de Naciones Unidas. El reclamo fue escuchado y las partes tuvieron que negociar de nuevo. De ahí surgió el Acuerdo de Ginebra de 1966, entre Venezuela (presidida por el igualmente “antipatriótico” Raúl Leoni), el Reino Unido y Guyana, que estaba a punto de independizarse de los británicos. Básicamente, este tratado reconoció la invalidez del laudo y comprometió a las partes a buscar una solución definitiva en un lapso de cuatro años. La constitución de Guyana como Estado soberano significó que el Reino Unido se apartó para dejar la disputa entre los dos vecinos.
Casi concluido el cuatrienio, el llamado Alzamiento Rupununi (indígenas guyaneses se rebelaron contra las autoridades y pidieron a Venezuela que interviniera y se anexionara el territorio) y otros factores llevaron a que se congelara el proceso de negociación por 12 años, mediante el Protocolo de Puerto España. Venezuela se negó a renovar este pacto en 1982. Guyana, descontenta con el Acuerdo de Ginebra, propuso por primera vez enviar el caso a La Haya. Caracas también rechazó esto y planteó la mediación del secretario general de la ONU. En 1987 los dos países aceptaron que, bajo los auspicios de la Secretaría General, se designe a un buen oficiante que vele por los contactos diplomáticos, sin tener más poder que ese.
Así pasaron más o menos tres décadas. Pero hubo una alteración sustancial hacia el manejo del tema Esequibo a partir de la presidencia de Hugo Chávez. En sus primeros años en Miraflores, el “comandante” tomó medidas para impedir que empresas extranjeras exploten los recursos petroleros en el territorio en reclamación. Es decir, se mantuvo lo que había sido desde los años 60 una política de Estado. Sin embargo, en 2004, cuando Chávez empezaba a hacer mucho más explícitas sus inclinaciones hacia el socialismo revolucionario, el mandatario hizo una visita a Georgetown en la que dio declaraciones sorprendentes: «El Gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área». Desde entonces, la política roja rojita hacia el área fue de laxitud total. Guyana le tomó la palabra a Chávez y autorizó las operaciones de varias empresas en la Zona en Reclamación.
Las razones detrás de este giro radical pueden ser varias. Chávez siempre fomentó la formación de una red de gobiernos de izquierda en el hemisferio, en la que su influencia fuera considerable y Estados Unidos quedara aislado. Los beneficios que esta jugada geopolítica han significado para el chavismo quedan en evidencia cada vez que los Estados del Caribe votan en bloque casi monolítico contra cualquier resolución que moleste al Gobierno venezolano en la OEA. Muchas de estas pequeñas naciones insulares tienen límites marítimos con Venezuela que no han sido definidos del todo y pudieran temer que un reclamo firme a Guyana se extienda a ellas también. En cambio, una Caracas no interesada en el asunto debe serles más grata.
Por otro lado, hay que considerar las posiciones que la ultraizquierda internacional ha tenido con respecto a la disputa. Antes de 1966, la mayoría apoyó con argumentos leninistas y anticolonialistas el reclamo venezolano contra el poderoso Imperio británico. Pero luego de la independencia guyanesa, hubo un cambio extremo: ahora era Venezuela el país grande tratando de arrebatar tierras a otro más pequeño, más pobre, más joven y con determinación de salir hacia adelante. La Cuba de Fidel Castro, cuya influencia en el chavismo es conocida por todos, fue una de las mayores defensoras de la postura de Guyana.
Sean cuales sean las causas del enfoque chavista, Nicolás Maduro no tardó en demostrar que seguiría los pasos de su predecesor también en este tema. Una nota de Reyes Theis en el diario El Universal da cuenta de cómo Maduro se refirió de forma no muy halagadora al Acuerdo de Ginebra durante una estadía en Georgetown en 2013. Lo definió como «un acuerdo entre el viejo Imperio británico y un viejo gobierno de Acción Democrática».
Por eso a quienes sí mantienen las visitas frecuentes del músculo de la memoria al gimnasio les pareció curioso que a mediados de 2015, en plena campaña para las elecciones parlamentarias, un Maduro con su popularidad bajísima, de pronto hizo del Esequibo el asunto número uno en su agenda. Súbitamente las actividades de Exxon en el territorio disputado eran intolerables otra vez para el Ejecutivo. No había perorata por parte de Maduro o de la entonces canciller Delcy Rodríguez en la que no se denunciara con ira que el gobierno guyanés conspiraba con las petroleras y Washington para provocar un conflicto armado con Venezuela que justificara una intervención militar imperialista. Otra vez hubo gestiones importantes ante la ONU. Pero el tema desapreció tan rápido como llegó. Miraflores lo cambió por otro pleito y mirar hacia el borde opuesto. Culpó a Colombia por la escasez (“contrabando”) y la inseguridad (“paramilitares”) en Venezuela y procedió a cerrar la frontera.
Así, la Zona en Reclamación volvió a quedar casi completamente marginada del discurso y acciones del Gobierno. Claro, la Casa Amarilla emitió un comunicado rechazando la remisión del caso a la Corte Internacional. Pero más allá del papel, en algo que debería ser urgente para la soberanía tan invocada, queda la interrogante de qué se está haciendo. Y bueno, de seguro seguiremos oyendo el grito sobre por dónde nace nuestro Sol.
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