Cerca de las 5 de la tarde del pasado 7 de marzo de 2019, cuando la mayoría de los venezolanos se disponían a regresar a sus hogares después de la jornada laboral, un apagón los agarró desprevenidos.
En un principio, y como era costumbre hasta ese entonces, se pensó que el servicio eléctrico iba a volver luego de unas horas, pero la espera fue prolongada y lo que comenzó como una anécdota se transformó en días de angustia que decantó en tragedia para algunos.
Cifras extraoficiales hablan de casi 30 muertes producto de la deficiencia de energía en hospitales, clínicas, centros asistenciales y hogares. En algunos estados la agonía se prolongó hasta por siete días, las pérdidas fueron mil millonarias y el desgaste emocional y físico de ese entonces provocó que algunos aún se exalten y afloren los nervios cuando hay una fluctuación eléctrica.
“La posibilidad de que eso suceda otra vez sigue latente, porque no se ha hecho correctivo alguno, no se ha invertido un centavo en el Sistema Eléctrico Nacional…estamos igual o peor”, dijo un extrabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que prefirió no dar su nombre.
Como es tradición, el Gobierno nacional no asumió la responsabilidad del apagón nacional y echó la culpa a agentes externos.
Como una “guerra eléctrica” definió el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez. Nicolás Maduro sostuvo que se trataba de una arremetida del imperio estadounidense en complicidad con el entonces presidente interino, Juan Guaidó.
El ministro de Comunicación de ese momento, Jorge Rodríguez, involucró al senador estadounidense, Marco Rubio, en el supuesto sabotaje contra las instalaciones venezolanas.
“El apagón y la devastación que lastiman a los venezolanos no se debe a Estados Unidos. No se debe a Colombia, ni a Ecuador, ni a Brasil, ni a Europa, ni a ningún otro lugar. La falta de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro”, dijo Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos.
“Los pacientes están muriendo”, expresó en medio de esas dramáticas horas el dirigente sindical de clínicas y hospitales de Caracas, Mauro Zambrano.
El entonces diputado y también médico, José Manuel Olivares, asomó la muerte de 34 pacientes en todo el territorio nacional.
Con el apagón qué cosa sucede
Aunque en el canal de propaganda del chavismo Venezolana de Televisión (VTV) anunciaban el sábado 9 de marzo que en la mayoría de los estados se había restablecido el servicio, la realidad era que en el interior del país la penumbra seguía siendo la constante.
Miles de personas empezaron a temer por la alimentación con comida descompuesta en sus refrigeradores. En Caracas varias personas cargaban agua de las riberas del contaminado río Guaire, las operadores telefónicas estaban prácticamente fuera de servicio, hubo saqueos, conatos de revueltas sociales, represión por parte de policial y militar y no había forma de cancelar por un producto en un establecimiento.
La dolarización de facto tuvo sus inicios con un apagón que no dejó otro recurso que sacar las divisas que se tenían guardadas para un imprevisto.
“Eso pasó porque los equipos son viejos y no reciben mantenimiento, no hay repuestos, ni tampoco personal capacitado”, declaró a CNN Miguel Lara, exejecutivo de Corpoelec.
Mientras NetBlocks informaba que 96% de la infraestructura de telecomunicaciones se encontraba fuera de servicio, el entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, declaraba en VTV que 70% del país ya tenia luz eléctrica.
El domingo 10 de marzo, Juan Guaidó, quien para entonces había jurado como «`presidente interino». decretó un “estado de emergencia nacional” y desmintió a Cabello al señalar que 16 de 23 estados continuaban sin electricidad. Sentenció que el sector había perdido hasta el momento 400 millones de dólares.
El fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, anunció una investigación contra Guaidó por su supuesta responsabilidad en el apagón y Pompeo anunció la salida del personal de la embajada de los Estados Unidos en Caracas. “La presencia de diplomáticos se ha vuelto una limitación para la política estadounidense”, indicaba entonces.
Interrupciones eléctricas viven, la lucha sigue
De acuerdo a una encuesta efectuada por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (OVSP) en noviembre de 2023, en al menos doce ciudades del país sus usuarios reportaron sufrir interrupciones eléctricas diarias.
Según los resultados, las ciudades con mayores porcentajes de cortes diarios son Barinas (93,8%), San Cristóbal (90,3%) y Mérida (85,9%).
La peor valoración del servicio eléctrico la encabezan los habitantes del estado natal de Hugo Chávez con 91,%, seguido de Maracaibo (89,9%) y Mérida (89,8%).
La única ciudad con una valoración positiva es Caracas con 54,2%.
43,9% de los habitantes de doce ciudades en el país consideran que la razón de su evaluación negativa son las constantes fluctuaciones, mientras que 28,8% se decanta por el racionamiento.
“No hay esperanza de que esto mejore mientras sigan los mismos a cargo del SEN”, enfatizó el exempleado de Corpoelec consultado para este trabajo.
De manera subrepticia, y con alguna progresividad, ciertos políticos y activistas civiles comienzan a deslizar a la audiencia consultas en las redes sociales en torno a la hipotética elección de un candidato de consenso que sustituya a María Corina Machado, ante la aparente inexorabilidad de su inhabilitación política.
Apenas salió ganadora de las primarias opositoras, algunas voces comenzaron a dudar de la posibilidad de que llegase a ser la abanderada opositora y parecían poner la prioridad en su sustituto en vez de forzar la participación. Casi de inmediato, Sergio Garrido, gobernador de Barinas, advirtió que “no nos vamos a parar por ella y escogeremos entre todos un nuevo candidato o candidata”.
Es una proposición que parte de una aproximación anímica mucho más frágil con el compromiso político que generaron las elecciones primarias el pasado 22 de octubre, y -todavía más evidente- de un desencanto personal respecto al candidato ganador.
Estos planteamientos por ahora lucen relativamente marginales y por ahora la mayoría de la oposición rechaza sustituir a Machado y también Estados Unidos. “En este momento estamos enfocados en la inhabilitación. Ella es la candidata de oposición y debe tener el derecho a participar”, afirmó el jefe de Misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, en entrevista realizada con la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por los medios El Pitazo, Runrun.es y TalCual, el 1 de febrero de 2024.
Las voces que piden un reemplazo de consenso parecen destinadas a aumentar en intensidad y frecuencia en unas semanas. Sin embargo, no parece sencillo. “Luego de Machado, pocos cuentan con ese puntaje de intención de voto”,estimó Jesús Seguías, director de Datincorp, en conversación con la Voz de América.
Machado, firme en su candidatura
Parece muy obvio que, así como el gobierno difícilmente le permita participar, Machado no declinará en nadie su papel como candidata presidencial y líder del campo democrático en esta hora y así lo ha ratificado tanto la propia candidata como los principales partidos de la oposición.
No se trata sólo de los votos de las primarias. María Corina Machado en este momento triplica a Maduro en intención de voto; en un escenario democrático normal, no trastornado por el autoritarismo como el nuestro, sería capaz de derrotar a todos sus enemigos unidos, chavistas alacranes y opositores, si decidieran enfrentarle.
Por mucho que a algunos en la oposición les moleste, habría que reconocer que tal renuencia a entregar el mando, mucho más si es antes de tiempo, es legítima, puesto que Machado es portadora de un capital político gigantesco, bastante inusual en estos tiempos, por lo demás.
Como vivimos en una sociedad mediatizada por el miedo y el oportunismo, es obvio que el contenido, las dimensiones y los quilates de este liderazgo emergente no pueden ser evaluados por la opinión pública, medios de comunicación, programas de opinión y firmas encuestadoras, con la misma naturalidad, cabalidad y libertad de consciencia con la cual fue analizado el arrastre que tuvo Hugo Chávez en un año como 2005.
Cuesta figurarse que las dificultades legales planteadas coloquen a Machado en trance de ofrendar sus logros personales voluntariamente a un adversario interno. Es mucho más probable que la veamos haciendo sus recorridos, exigiendo su legitimidad, cuestionando los procedimientos institucionales chavistas que la han sacado del juego. María Corina Machado tiene algunas herramientas para jugar un papel en las presidenciales de 2024, y va a usarlas.
Estas tendencias contrapuestas podrían generar momentos de tensión dentro de la Plataforma Unitaria. El “consenso Machado” puede comenzar a ser cuestionado cuando aumente el apremio ante el llamado a presentar algún candidato, y la grieta puede venir con la consigna de las enseñanzas del escenario Barinas 2021.
La oposición “ tiene el reto de tomar prontas decisiones estratégicas ante el escenario que impulsa el Gobierno para adelantar las elecciones”, considera Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.
Y es cierto que el tiempo será un factor que juegue. Independientemente de la popularidad de Machado, existen en la oposición venezolana tendencias con ópticas diferentes, y estas aproximaciones tiene expresión ciudadana cotidiana en las calles. Alguna válvula de desahogo, algún desarrollo alternativo, será invocado por ciertos sectores minoritarios, y esta tentativa podría tomar vuelo en un escenario desesperado.
Lo que no es posible, de momento, es interpretar que hará Machado ante la magnitud del desafío que se aproxima. Independientemente de sus atributos y las reflexiones electorales sobre el arrastre, el oficialismo chavista, que ha tomado nota del ocaso de su arrastre popular, ha ido achicando todas las opciones de la política, e impulsa con total descaro sus pareceres desde la fuerza de los hechos.
En un entorno en el que los ingresos del gobierno se han desplomado la administración de Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en el país con la mayor carga tributaria de América Latina, obligando a las empresas a pagar impuestos en cantidades que absorben buena parte de las ganancias.
De acuerdo con datos de Conindustria al cierre de 2022, último año para el que se pueden sumar todas las declaraciones de impuestos, las empresas venezolanas cancelaron tributos por un monto equivalente a 68,6% de las ganancias mientras que el promedio en América Latina es 40% y en el resto del mundo 46%.
La Asociación Venezolana de Derecho Tributario advierte en un comunicado divulgado esta semana que esta elevada proporción reduce “la posibilidad de ahorro e inversión” y agrega que “este porcentaje se incrementa aún más en ciertos sectores económicos, incididos por tributos especiales”.
Aparte de los impuestos clásicos como el IVA, el impuesto sobre la renta o los tributos de las alcaldías, las empresas cancelan un Impuesto a los grandes patrimonios y realizan aportes establecidos en distintas normas a organismos del Estado como el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).
Un factor relevante es que la carga tributaria viene acompañada de una larga lista de trámites. Ana Azevedo, contadora y quien trabaja en el área de impuestos para la firma de Consultoría PwC Venezuela, explica que las empresas catalogadas como contribuyentes especiales hacen al año, al menos, 193 declaraciones.
“Hablamos de 24 declaraciones de IVA y 24 anticipos del impuesto sobre la renta porque son quincenales. Cando agregas las que deben hacerse por el impuesto a las grandes transacciones financieras, retenciones del impuesto sobre la renta más otros trámites, llegas a ese número”, dice Ana Azevedo.
“Si se trata de empresas de sectores como telecomunicaciones aumenta el número de declaraciones al punto que hay empresas que hacen 220 declaraciones al año”, agrega Ana Azevedo.
Saúl Medina, socio de servicios tributarios de EY, indica que lo engorroso del sistema obliga a las empresas a buscar personal especializado en el tema tributario, que en estos momentos es escaso; a entrenarlo o a contratar un servicio externo.
Litsay Guerrero, economista, explica que los trámites burocráticos “inciden en los costos de las empresas en términos monetarios y del tiempo que destinan a cumplirlos, son costos de oportunidad para nuestro aparato productivo”.
“Necesitamos una mejora importante en las condiciones para el desarrollo de negocios, simplificar tramites. El resto de los países de la región está utilizando la tecnología de blockchain para mejorar sus procesos”, agrega.
Problemas de caja
El trasfondo de la alta carga tributaria es un gobierno que ha sufrido una fuerte reducción de sus ingresos. La producción petrolera, por ejemplo, es de 800 mil barriles diarios una cifra muy inferior a los 3,2 millones de barriles diarios que producía el país en 1999 cuando el chavismo llegó al poder.
A esto se agrega que la administración de Nicolás Maduro tiene cerrada la posibilidad de obtener financiamiento en el exterior porque el país está atrasado en el pago de sus compromisos desde 2017.
Litsay Guerrero afirma que es un Estado «con una necesidad de ingresos importantes que básicamente se ha volcado a obtener estos ingresos vía tributos porque no tiene posibilidades de endeudamiento”.
Un aspecto relevante es que tras la recesión 2014-2020 el tamaño de la economía venezolana se redujo a la cuarta parte, por lo tanto, la posibilidad de obtener ingresos vía impuestos se ve reducida.
A pesar de que las empresas pagan más de dos tercios de sus ganancias en impuestos la recaudación en Venezuela equivale a 6% del PIB mientras que en América Latina esta proporción es del 16%, de acuerdo con datos de Conindustria.
La explicación es que la recaudación en Venezuela recae sobre pocas empresas, porque el sector formal de la economía se achicó.
“Pareciera que en el país hay un acelerado proceso de informalización, por lo que urgen reformas impositivas que estimulen la formalidad y así incorporar más agentes económicos que paguen impuestos”, dice el informe de Conindustria.
Recaudar más
El pasado 15 de enero Nicolás Maduro precisó ante la Asamblea Nacional que la recaudación tributaria se ubicó en el equivalente a 5 mil 750 millones de dólares en 2023 y la meta es que este año se incremente hasta 10 mil millones de dólares.
Posteriormente el dos de febrero advirtió que “le digo a todo el que me quiera escuchar, se acabaron las excepciones tributarias”.
En una muestra de la urgencia por aumentar los ingresos, el Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) publicó en la gaceta oficial del pasado 5 de febrero una resolución en la que estableció el registro y cobro de impuestos a las empresas que realizan entregas a domicilio(delivery) mediante plataformas digitales, redes sociales, postales o comerciales.
No obstante el camino para detectar nuevas oportunidades de renta no luce del todo despejado. Ante las fuertes críticas en el sentido de que el cobro del registro, impuestos y aporte especial al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación aumentan los costos y crean distorsiones, el gobierno retrocedió y dejó sin efecto la resolución.
Ampliar la base
Richard Obuchi, profesor del IESA, señala que en 2014 el sector formal de la economía -a través de la manufactura, construcción, servicios y comercios- empleaba a 25% de los trabajadores y actualmente solo 11%.
“Ya tenemos una carga fiscal muy elevada y aumentarla más va hacer que eventualmente cierren empresas y se agudice ese proceso en el que el sector privado cada vez emplea menos personas”, dice Richard Obuchi.
Agrega que esto “favorecería a una economía donde es mejor importar porque es menos riesgoso, sale menos caro y no tengo que invertir demasiado pero en ese proceso hay una enorme destrucción de capital social y económico”.
La Asociación Venezolana de Derecho Tributario recomienda en su comunicado que “en el corto plazo, una mayor recaudación pasa por ampliar la base de contribuyentes. La informalidad en la industria y en el comercio genera desinversión, pobreza y baja recaudación”.
“Creemos que los mayores esfuerzos de fiscalización deben recaer sobre aquellos que no cumplen sus deberes formales, los que no se inscriben en los registros respectivos, los que no facturan, los que no tienen contrataciones formales, los que traen productos de contrabando o pagan menos aranceles de los que corresponden”, señala la Asociación.
Agrega que “allí vemos un importante desaguadero fiscal que, de ser detenido, resultaría en una fuente más beneficiosa y eficiente para la administración y para la sociedad venezolana que continuar recargando a los contribuyentes que sí cumplen sus deberes y que sí mantienen inversiones productivas en el país”.
Cuando Katiuska Salinas fue diagnosticada con hipertensión pulmonar jamás había oído hablar de esa enfermedad. Tampoco sabía nada de fibrosis quística Teresa Hernández cuando supo que sus dos hijos la padecían. Enfermedades raras
Son conocidas como enfermedades raras porque las padecen un pequeño porcentaje de la población y desde 2008, se dedica el último día del mes de febrero a crear conciencia sobre el impacto de diagnósticos médicos poco frecuentes, que no han sido estudiados y por lo general no tienen cura.
Cifras de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes en Venezuela estimaron que para 2018 había un millón de afectados por enfermedades raras en el país.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo tienen una enfermedad rara y existen unas 7 mil patologías poco comunes que afectan al 7% de la población.
La OMS señala también que el 70% de estas enfermedades tienen origen genético, pero también pueden ser causadas por infecciones bacterianas, virales, alergias, causas ambientales, degenerativas y proliferativas.
La lucha por respirar
Teresa Hernández vive en el estado Monagas y tiene dos hijos con fibrosis quística (FQ). Su hija es portadora de la enfermedad pero no padece los síntomas más allá que alergias constantes, mientras que su hijo varón, de 23 años, sí sufre las consecuencias de padecer esta enfermedad catalogada como rara.
La FQ es una enfermedad hereditaria causada por un gen defectuoso que provoca la acumulación excesiva de moco espeso y pegajoso en los pulmones y vías respiratorias, tubo digestivo, páncreas y otras zonas del cuerpo. Esta acumulación de moco ocasiona infecciones pulmonares recurrentes y problemas digestivos.
Se estima que en el mundo hay entre 70 y 100 mil personas afectadas, aproximadamente 1 de cada 25 personas de ascendencia europea es portadora de FQ.
Teresa explicó que en el caso de su hija, portadora del gen de la FQ, no manifiesta síntomas porque la persona con esta condición debe heredar los dos genes (uno de cada padre) defectuosos y no es el caso de ella. Sin embargo, desde que su hijo fue diagnosticado a los dos años con la enfermedad, ha sido una lucha constante por brindarle calidad de vida.
“Desde que mi hijo nació presentó síntomas. Él lloraba mucho por cólicos y en vez de aumentar de peso, como lo hacen todos los bebés, él cada vez bajaba más y más. Le daban muchas infecciones respiratorias hasta que llegó el punto en que su pediatra me dijo que eso no era normal”, comentó Teresa.
El diagnóstico de su hijo llegó cuando tenía un año y, desde entonces, ha batallado contra la desinformación, la falta de medicamentos, los altos costos de los mismos y actualmente con la indolencia y el olvido del Estado.
Teresa explicó que gracias a la organización de las madres de pacientes que padecen FQ es que muchos logran obtener “un poquito” del tratamiento que necesitan.
“Hemos vivido con altibajos, luchando, y viviendo un día a la vez para conseguir el tratamiento. Muchos pacientes que han emigrado a Colombia o Brasil y logran tener una mayor calidad de vida, del tratamiento que les sobra nos lo envían a nosotros y entre todas pagamos el envío y nos repartimos equitativamente las medicinas”, dijo.
Detalló que es una enfermedad sumamente costosa, pues hay que hacer con frecuencia exámenes especializados, cultivos de esputo, tomografías, resonancias magnéticas y comprar tratamientos. “Para darle calidad de vida a un paciente con FQ en Venezuela se deben tener entre 5 mil y 7 mil dólares mensuales y en este país nadie gana eso”, dijo.
“Es complejo vivir con una enfermedad rara en Venezuela”
Vivir con una enfermedad rara representa para la mayoría de las personas que la padecen una sentencia a muerte, pues se enfrentan a la falta de investigación y estudios clínicos que ayuden a sobrellevar la situación con el tratamiento adecuado.
La Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) aseguró que el 94% de las 6.313 enfermedades raras identificadas en Europa no tienen tratamiento y el 80% de ellas ni siquiera se investigan.
A todo este panorama desolador se le suma la Emergencia Humanitaria Compleja. A juicio de Ariana Baptista Da Cuna, médico genetista y especialista en medicina regenerativa, “no solo es difícil dar con el diagnóstico, es complicado también hacer los estudios y dar con el tratamiento adecuado que, por lo general, no se consigue en Venezuela”, explicó.
Las enfermedades raras, a diferencia de las ya conocidas y ampliamente estudiadas, no presentan síntomas comunes lo que en la mayoría de los casos conduce a un diagnóstico errado.
Cifras del Fader indican que un paciente con enfermedad rara puede tardar entre cuatro y 10 años para obtener un diagnóstico. Mientras los pacientes esperan por el diagnóstico, 29.37% no recibe tratamiento, 17.9% recibe tratamiento inadecuado y en el 31,26 % de los casos la enfermedad se agrava.
Baptista lamenta que en el país no se están haciendo pruebas genéticas y que, para dar con un diagnóstico, envían las pruebas a Brasil o Estados Unidos lo cual resulta muy costoso. Detalló que una prueba genética afuera puede rondar entre los 800 y los 1500 dólares y en muchas oportunidades no se logra dar con la enfermedad, por lo que hay que practicar otras pruebas que más o menos tienen el mismo costo.
La genetista explicó que, en la mayoría de los casos, las enfermedades raras se manifiestan en los primeros años de vida. También se pueden ver en adultos, pero en un porcentaje menor. Comentó que ha tenido casos de enfermedades raras que no tienen diagnóstico y que a estas se le denominan “enfermedades ultrararas”, donde una de cada millón de personas puede tener esa condición.
En Venezuela las enfermedades raras más frecuentes son porfiria, un trastorno por la acumulación de ciertos químicos relacionados con las proteínas de los glóbulos rojos; Huntington, que provoca el desgaste de algunas células nerviosas y se caracteriza por presentar movimientos anormales y la enfermedad de San Filipo, que no tiene tratamiento y se le conoce como el Alzheimer infantil. Además de fibrosis quística e hipertensión pulmonar.
Coalición para sobrevivir
Katiuska Salinas fue diagnosticada con hipertensión pulmonar cuando tenía 47 años. De la noche a la mañana apareció el cansancio, la fatiga, cianosis, mareos y la hinchazón en sus piernas y abdomen.
La hipertensión pulmonar es una enfermedad rara donde los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechan, se bloquean o destruyen, lo que hace que la presión aumente y el corazón tenga que trabajar más rápido lo que con el tiempo hace que el músculo se debilite y falle. Para esta enfermedad no hay cura, pero sí tratamientos que ayudan a tener una mejor calidad de vida.
“El medicamento que nos da calidad de vida no lo tenemos y es muy costoso. Es un reto vivir con una condición rara aquí en nuestro país, el día a día ya es un reto”, dijo.
Debido a la enfermedad rara que estaba padeciendo Katiuska, entre ella y su médico tratante fundaron la Fundación A Todo Pulmón, una coalición para ayudar a todos los pacientes no solo de Ciudad Guayana, sino también de otros estados del país.
Katiuska resaltó que en Venezuela no se llevan estadísticas de nada, pero la fundación actualmente maneja 60 casos de hipertensión pulmonar. Asegura que muchas personas han fallecido con esta patología sobre todo en pandemia.
“El Estado no provee”
Teresa Hernández reiteró que aunque su hijo actualmente está muy estable y no ha sido hospitalizado con infecciones respiratorias, los gastos por la enfermedad son exorbitantes. Señaló que el Estado con el pasar de los años ha ido quitando los tratamientos que antes daba para controlar la enfermedad.
“El Estado ha venido quitando los medicamentos paulatinamente. Por ejemplo, un medicamento que sirve para fluidificar los mocos, tenemos 17 años que no lo recibimos y hace ya 12 años que no recibimos enzimas pancreáticas, ni recibimos el antibiótico que es de vital importancia”, dijo.
Hernández afirmó que un tratamiento de antibióticos puede costar entre 1500 y 1700 dólares. “El gobierno dice que ha entregado medicinas, sí, pero lo que entrega es acetaminofén, salbutamol y vitamina C, traídas de la India, pero esas son cosas que nosotros podemos comprar”.
En Venezuela hay enfermedades raras que, gracias a estudios realizados en otros países, ya cuentan con tratamiento farmacológico que no solo ayuda a controlar los síntomas, también le permiten a los pacientes llevar una mejor calidad de vida, pero muchas personas deciden emigrar a otros países en busca de medicamentos.
La investigación científica en las enfermedades raras es clave para dar respuesta a los pacientes con estas patologías poco frecuentes. En el país, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) es el organismo encargado de estos análisis, pero según la genetista Ariana Baptista, desde hace 10 años no hace estudios por la falta de reactivos.
“La Universidad del Zulia tiene su unidad de genética para realizar estudios, pero actualmente no lo está haciendo, es por eso que las muestras se mandan a otros países para ser analizadas”, dijo.
Adriana Baptista expresó que es necesario el apoyo del Estado para investigar este tipo de enfermedades y que tal como lo establece la Constitución, sea garante de la salud de todos los venezolanos. “Esperamos mayor investigación, financiamiento, y dotación de medicamentos”, concluyó.
Desde el año 2017, después de que el Estado asumió el servicio de trasplante en el país de cadáver – vivo, al menos 85 niños han fallecido esperando un riñón
La Sociedad Venezolana de Nefrología advierte que se redujo en 39,33 % el número de centros de hemodiálisis desde el 2018 hasta ahora
Han pasado seis años desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó una medida cautelar que exhorta al Estado a proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNA) del servicio de Nefrología del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos.
Desde entonces, el derecho a la salud en la infancia ha empeorado o se ha vuelto cada vez menos accesible. La misma Comisión tuvo que hacer dos ampliaciones de esa medida cautelar para proteger a los niños de otros 13 servicios del J. M. de los Ríos (en 2019) y después una medida de protección para la directora de la ONG Prepara Familia, Katherine Martínez, frente a las represalias del Estado venezolano por documentar el estado del hospital (en 2020).
«A seis años de la primera medida, la situación no ha mejorado. Ahora, hay serias limitaciones y restricciones al hacer el monitoreo, entre el personal de salud y los familiares de los pacientes que tienen temor de denunciar por las posibles represalias mientras luchan por cubrir sus necesidades por su cuenta», advirtió el abogado Carlos Trapani, director de la ONG Cecodap.
En Runrun.es presentamos seis claves para relatar el declive en la salud pública venezolana en el J. M. de los Ríos desde el año 2018 hasta ahora.
Al menos 85 NNA han muerto a la espera de un riñón
«De los cinco niños que solicitaron la medida cautelar de la CIDH en 2017, tres fallecieron esperando un riñón. De los 12 niños que hicieron la solicitud de la audiencia pública a la CIDH en el año 2021, tres han fallecido en la misma situación», lamenta Martínez.
Desde el año 2017, después de que el Estado venezolano obtuvo la administración completa del servicio de trasplantes en el país y se pidió la medida cautelar a la CIDH, al menos 85 NNA del servicio de Nefrología del J. M. de los Ríos ha fallecido por enfermedades prevenibles por falta de un trasplante renal.
También se estima que más de 40 NNA han muerto en el servicio de hematología de ese hospital a la espera de un trasplante de médula ósea.
«El problema es que las hemodiálisis no son un tratamiento permanente, siempre ha sido un tratamiento previo al trasplante», dice Martínez. «Algunos, por tener las vías arteriales saturadas, les colocan un catéter en el pecho, lo que aumenta el riesgo si hay una infección»
«Muchos niños del J. M. no tienen una alimentación adecuada, porque toda la comida proviene del CLAP. La mayoría de los niños perecieron entre los años 2019 y 2020 debido a la escasez de medicamentos en ese momento», agregó.
El último trasplante de donante vivo que hubo en el J. M. de los Ríos fue en diciembre del 2022. Habían pasado más de 5 años desde el último trasplante de vivo a vivo, el único sistema que no está suspendido.
Y, hasta la fecha, no ha habido un trasplante renal en ese hospital ni de donante vivo ni de un donante fallecido (conocido como trasplante cadáver – vivo), el más común que había en el país hasta su suspensión en el 2017.
«Las madres que cargan el peso de la crisis»
Para comprar unos 500 miligramos de Vancomicina, un medicamento para mitigar las infecciones en pacientes renales con tratamiento de hemodiálisis, un venezolano debe gastar entre 3 y 4 dólares, un monto igual o superior al ingreso mínimo propuesto por el Estado para febrero del 2024, según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela. Y ese medicamento es de un solo uso.
«Y eso hay que constatar que muchas madres deben desligarse de sus empleos formales para atender a sus hijos y ser cuidadoras», dice Martínez. «No hay infraestructura ni apoyo con recursos de ningún tipo, las madres cuidadoras deben proporcionar los insumos mediante sus propias gestiones».
Para la directora de Prepara Familia, el desgaste financiero y emocional de las familias de los pacientes infantiles «está invisible».
Además, 80% de las madres que cuidan a las y los niños son menores de 44 años.
«Los hospitales no ven ni esa labor ni tienen en cuenta la importancia de todo este acompañamiento ni siquiera para apoyarlas en forma puntual», se lee en el informe.
«Hay mujeres que no se alimentan por un par de días para que sus hijos puedan comer, porque no tienen recursos para alimentarse entre los dos», agregó Martínez. «La alimentación tanto de los niños como de sus cuidadoras es precaria, se basa en los carbohidratos y algunas legumbres, como las lentejas, (…) para adquirir algún grado de proteínas».
Fachada en remodelación e insumos desatendidos
En un recorrido del equipo de Runrun.es al Hospital J. M. de los Ríos, se observó que los primeros pisos del centro público estaban en remodelación, pero los servicios no están completos.
Paredes recién pintadas y decoradas con fotografías de los mandatarios Hugo Chávez y Nicolás Maduro aparecen en los espacios públicos, pero otras paredes con moho y humedad se ven en oficinas del personal, como la de enfermería.
Sala vacía con una camilla desgastada en el piso 4 del J.M. de los Ríos, en el servicio de Nefrología
«Hay dos alas del servicio de Nefrología, una con 10 camas que están inoperativas desde 2018 y otra que fue remodelada, donde también hay 10 camas, pero solo se ocupan 5 o 6 debido al déficit del personal», advierte Martínez. En su mayoría, las salas inoperativas del piso 4 del hospital, que está dedicado al servicio de Nefrología, tienen camas desgastadas o simplemente no tienen lencería para atender a los NNA. «El grupo de atención de hemodiálisis es muy pequeño: 10 niños, aproximadamente, reciben esa atención del hospital».
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales, cerca del 67 % de los centros de salud del país presentan un déficit en la disponibilidad de lencería, entr ellas las camas, y cerca del 66 % «nunca tienen insumos como mascarillas, guantes y otros utensilios que deben ser esterilizados y utilizados por el personal médico».
Fachada arreglada del primer piso del J.M. de los Rios. febrero-2024
Sin datos oficiales desde 2016
«Realmente no hay cifras oficiales sobre la cantidad de venezolanos que sufren enfermedades renales crónicas, lo que se maneja son aproximaciones. Desde el 2016 el Estado se reserva el derecho de difundir o publicar los anuarios epidemiológicos, donde se refleja cómo se comportan las enfermedades agudas y crónicas en el país», reiteró el director de la Sociedad Venezolana de Nefrología (SVN), José Escalona.
Una de las estimaciones más actualizadas sobre la morbilidad por enfermedades renales se encuentra en un estudio publicado en 2021 por la revista Nature. Allí, los nefrólogos venezolanos Ezequiel Bellorini y Raúl Carlini estimaron que 3.000.000 de venezolanos aproximadamente sufren de alguna enfermedad renal crónica. De ese grupo, cerca de 21.000 pacientes requieren un tratamiento de reemplazo del riñón (un trasplante).
«Actualmente, en Venezuela hay un aproximado de 6.300 pacientes en hemodiálisis y unos 550 en tratamiento tipo diálisis peritoneal, que es la que hacen los pacientes en sus casas», agregó el director de la SVN.
«Aquellos que no pueden salir del país para atender a sus hijos migran hasta Caracas, hasta el J. M. de los Ríos, para que los atiendan», dice Martínez.
«El propio Estado ha reconocido que el Hospital J. M. de los Ríos no tenía las condiciones mínimas para atender a sus pacientes, La Contraloría General de la República emitió una alerta en el año 2014, y el documento ya no está disponible en los portales web del Estado. El equipo de Cecodap pudo recuperarlo gracias a la herramienta digital Wayback Machine», alertó Trapani.
Con respecto al servicio de trasplante, Escalona afirmó que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha permitido el trasplante de donantes vivos, «con una única sede en Caracas y con una actividad muy tímida, menor a 100 trasplantes en dos años. No hay muchos pacientes pediátricos en ese servicio».
Menos de 60 centros de hemodiálisis
Escalona advirtió que el J. M. de los Ríos es uno de los 59 centros de hemodiálisis operativos que quedan en el país.
«Para el 2018 había alrededor de 150 centros, pero han cerrado por falta de insumos. Muchos hospitales centrales (estatales) no tienen un centro de hemodiálisis en la actualidad», dijo.
La Sociedad Venezolana de Nefrología advierte que los servicios de hemodiálisis en el país presentan un «déficit y falta de mantenimiento» desde hace más de 3 años. Advierten que hacen falta entre 600 y 800 unidades de hemodiálisis para cubrir la demanda nacional.
«Hay máquinas que necesitan cambios de filtros cada tres meses y no lo pueden tener», dijo el director de la SVN.
El doctor en nefrología también alertó que la población venezolana no tiene recursos para mantener una cultura preventiva de enfermedades renales crónicas. «Ocho de cada diez venezolanos no tiene un tensiómetro, que es la herramienta principal para medir la presión arterial, una de las patologías que los pacientes con hemodiálisis deben monitorear».
El equipo de Runrun.es realizó un recorrido al Instituto Nacional de Higiene José Rafael Rangel para obtener los resultados del análisis del medicamento. Un trabajador del instituto que solicitó guardar su identidad informó que la denuncia se recibió y los resultados del estudio se compartieron exclusivamente con las madres de los pacientes afectados.
Mientras tanto, una madre de un paciente del SHWC, quién también solicitó resguardar su identidad por temor a represalias, dijo que en diciembre del 2023 llamaron a un grupo de madres al Ministerio de Salud e informaron que la alerta sanitaria dio negativa. El Ministerio le negó proporcionar a las madres, a las ONG y al equipo de Runrun.es un documento escrito que plasme los resultados del análisis del lote de Metrotexato.
La última actualización del Instituto de Higiene sobre alertas sanitarias data del 18 de noviembre del 2023, tres días después que la sociedad científica denunciara públicamente el caso de los niños afectados por el Metrotexato.
«A raíz de ese incidente, varios médicos especialistas se retiraron del Hospital por decisión ética de no suministrar un medicamento que no saben si es seguro a un paciente. Eso aumenta el déficit de personal que lleva el J. M. de los Ríos desde hace años en varias de sus especialidades sin la capacidad de reponer el talento perdido», reflexionó Martínez.
La calma del mercado cambiario merma los ingresos provenientes de los créditos que en su gran mayoría están indexados al dólar. La banca propuso al gobierno reducir el encaje y abrir la puerta de los préstamos en divisas
Desde septiembre del año pasado la administración de Nicolás Maduro ha logrado estabilizar la cotización del dólar y el mercado cambiario vive una calma que ayuda a desacelerar la inflación, pero en la banca no hay motivos para celebrar.
Desde 2019 los préstamos, excepto unos pocos rubros como las tarjetas de créditos, están indexados al dólar y los ingresos que obtienen los bancos cuando prestan, por el capital e intereses, aumentan en la medida en que la cotización del dólar sube en el mercado oficial.
La consecuencia es que la estabilidad del dólar implica menos ingresos por créditos en un entorno donde la mayoría de los beneficios, principalmente provenientes de comisiones por venta de divisas o transacciones, fluyen hacia un pequeño grupo de bancos.
En los primeros nueve meses de 2023 el precio del dólar aumentó 97% en el mercado oficial y en los últimos cinco meses solo se ha incrementado 5% y los bancos comienzan a sentir el impacto en los ingresos.
La propuesta
La meta del gobierno es mantener lo más estable posible la cotización del dólar porque de esta manera la economía recibe una señal de estabilidad que ayuda a frenar la inflación. Para estabilizar el dólar el gobierno frena el aumento de los bolívares que circulan en la economía. Sin bolívares, no es posible comprar divisas.
Entre otras medidas, para disminuir la cantidad de bolívares el gobierno restringe el crédito obligando a la banca a congelar 73% del dinero que gestiona y solo permitiendo el uso de 30% de las captaciones en dólares para otorgar créditos en bolívares, vendiendo las divisas previamente en el mercado cambiario.
Además la mayoría de los créditos están indexados al dólar para desestimular la posibilidad de que los fondos se utilicen para especular en el mercado cambiario.
La semana pasada los directivos de la Asociación Bancaria se reunieron con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente del Banco Central, Calixto Ortega, para proponer una serie de medidas que ayuden al sistema financiero como disminuir el encaje, el término técnico para la porción de los depósitos que no se puede prestar.
Además los banqueros colocaron sobre la mesa la propuesta de que se les permita prestar directamente en dólares utilizando las captaciones en divisas que al cierre de enero suman 1.200 millones de dólares y representan 46% de las captaciones.
Las señales
Los representantes de la Asociación Bancaria argumentaron a favor de su propuesta que los factores que llevaron al gobierno a colocar una restricción tan severa del crédito ya no están presentes porque la inflación y la depreciación del bolívar se han desacelerado notablemente, por ejemplo, la inflación de enero de 1,7% de este año contrasta con la de 42% en enero de 2023.
En la reunión con la Asociación Bancaria el presidente del Banco Central, Calixto Ortega, argumentó que en realidad el encaje efectivo, al considerar su monto y el total de las captaciones, es menor a 73% y se ubica en torno a 59%, en una clara señal de que no se inclina por una rebaja.
Tesoreros indican que ciertamente ese es el porcentaje pero se explica porque en el monto del encaje aplican una serie de deducciones, por ejemplo, la porción de los depósitos que los clientes utilizan para comprar dólares no es tomada en cuenta para el cálculo.
El detalle, afirman, es que los fondos que se excluyen del cálculo no van al crédito por lo que en la práctica hay una severa restricción de los préstamos.
La propuesta de prestar directamente en dólares utilizando las captaciones en divisas choca con el objetivo del gobierno de impulsar el uso del bolívar en la economía y contener la dolarización de facto.
Banqueros consideran que ante estas circunstancias hay pocas posibilidades de que el gobierno se incline por rebajar el encaje o permitir la profundización de la dolarización en la economía.
La concentración
Un rasgo característico del mercado bancario es la concentración del negocio en pocos actores y el tamaño que ha adquirido el Banco de Venezuela, la principal entidad financiera del Estado.
En el rubro de las captaciones el Banco de Venezuela concentra al cierre de diciembre del año pasado 33,9% del total de los depósitos y Banesco, que ocupa el segundo lugar, 11%. Siguen en el ranking BNC, BBVA y Mercantil, de acuerdo con datos de Global Scope.
En total estos cinco bancos concentran 74,5% de las captaciones, lo que indica que una porción muy grande de la liquidez está en pocas manos. El resultado es que hay un grupo de bancos a los que se les dificulta cumplir con el encaje y continuamente son multados por el incumplimiento.
Las ganancias del sistema también están en pocas manos. El Banco de Venezuela concentró 59% de las ganancias del sistema en enero de este año, seguido del BBVA con 17,7%. El ranking continúa con BNC, Banesco y Mercantil. En total estos cinco bancos concentran 88% de las ganancias.
El Banco de Venezuela controla 24,5% de los créditos seguido de BBVA, Banesco, Mercantil y BNC. En total este grupo de bancos tiene en sus portafolios 75% de los créditos.
El impacto
Con poco acceso al crédito las familias consumen menos y las empresas tienen que trabajar con su propio dinero, algo que limita la producción y la inversión. Como el financiamiento es escaso, las empresas dependen de su flujo de caja para funcionar.
Macroconsultores precisa que entre 2008-2015 el portafolio de créditos de la banca equivalía a 20% del PIB y ahora a tan solo 1,4%.
Luigi Piscella, presidente de Conindustria el gremio que agrupa a la manufactura privada, explica que “el financiamiento es insuficiente, la cartera de créditos debería estar al menos entre 12-14% del PIB, diez veces el valor actual. Equivale a 1.400 millones de dólares y deberíamos estar hablando de unos 14 mil millones de dólares”.
Conindustria ha propuesto que el encaje disminuya progresivamente hasta 20% y de esta forma se liberarían progresivamente fondos equivalentes a 811 millones de dólares que impulsarían la producción en el sector privado.
“Para que un país crezca es necesario el financiamiento”, dice Luigi Piscella.
La importación
Un aspecto clave es que la estrategia del gobierno, centrada en mantener la cotización del dólar lo más estable posible mientras el resto de los precios en la economía aumentan a un mayor ritmo, crea la sobrevaluación de la moneda.
El dólar se convierte en un artículo barato y esto exacerba la demanda de divisas. Además, el tipo de cambio favorece el ingreso de productos importados más baratos que los elaborados en el país, algo que beneficia al consumo pero impacta a la producción.
“El año pasado, en promedio, los productos que elaboró la manufactura privada aumentaron de precio en 133% pero la depreciación de la moneda fue 105%, hay una apreciación de la moneda que nos hace ser menos competitivos”, dice Luigi Piscella.
Economistas como Daniel Cadenas, director de Oikos Research, consideran que en realidad el tipo de cambio ha perdido preponderancia en la economía venezolana porque los precios están fijados en dólares y al menos dos tercios de las transacciones son en divisas.
No obstante como los precios en Venezuela aumentan a un mayor ritmo que en el exterior por distintas razones que impactan la producción como falta de financiamiento, fallas de servicios públicos o altos impuestos que se trasladan al consumidor, los productos elaborados en Venezuela son más caros que los importados.
“Cuando los precios y los costos locales aumentan más rápidamente que en otros países los productos elaborados en el país son más caros en el mercado internacional y, por lo tanto, menos competitivos frente a las importaciones, aniquilando a la manufactura local”, dice Daniel Cadenas.
Por lo que ahora nada indica que la administración de Nicolás Maduro contemple un cambio en su política económica.
La activista Lexys Rendón denunció que, a la fecha, han pasado 11 días sin que los abogados de Rocío San Miguel puedan verla. «El tiempo corre y es fundamental para poder hacer el ejercicio de la apelación», acotó.
Organizaciones de la sociedad civil y defensores de los DDHH se concentraron este martes, 20 de febrero, en la Embajada de España en Caracas, con el objetivo de solicitar al gobierno español que pida la liberación de Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano.
San Miguel fue detenida el pasado 9 de febrero y, según denunciaron las ONG, estuvo en situación de desaparición forzada. Al menos cinco familiares de San Miguel también fueron detenidos y solo cuatro fueron excarcelados. Sigue preso Alejandro González, expareja de Rocío.
«¿Dónde está Rocío?», era una de las consignas que entonaban los asistentes a la manifestación, donde además exigieron la libertad para todos los presos políticos de Venezuela, así como el cierre de los centros de tortura que operan en el país.
Lexys Rendón, codirectora del Laboratorio de Paz, informó que acudieron a la Embajada para entregar un documento en el cual, en primer lugar, agradecen las gestiones consulares que han hecho «para garantizar la integridad de Rocío y su familia».
«También, queremos insistir en que no desistan en la protección, que obliga por sus vínculos consulares para que se garantice el debido proceso. Es un llamado a la Embajada para que interceda por Rocío y su familia, pero también por los derechos y las garantías de los venezolanos», agregó Rendón.
La activista denunció que a la fecha, han pasado 11 días sin que los abogados de Rocío San Miguel puedan verla. «El tiempo corre y es fundamental para poder hacer el ejercicio de la apelación», acotó.
«Queremos que se cumpla el debido proceso para Rocío San Miguel, queremos su libertad plena. Y queremos también hacer un llamado para todas las personas privadas de libertad por razones políticas», añadió Rendón.
San Miguel no es una espía
Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta ANC, calificó a Rocío San Miguel como una «espía», indicando que ella tenía mapas cartográficos de las Zonas de Seguridad.
“Se ubicaron 18 mapas cartográficos en los cuales se han demarcado numerosas instalaciones militares con sus respectivas zonas de seguridad en todo el país”, dijo.
Ante esa acusación, la activista Lexys Rendón recordó que San Miguel es experta en el área militar, es profesora y ha sido asesora de instituciones públicas, incluyendo el Ministerio de Defensa.
«Por esta razón Rocío tiene mapas, que ya cuando se hizo el allanamiento en su casa, su abogado denunció que eran mapas del siglo pasado, que era cuando ella daba clases», aclaró Rendón.
También, recordó que la ONG que preside San Miguel, Control Ciudadano, «hace un exhaustivo seguimiento de las Zonas de Seguridad, no porque quiera ser espía y conspirar, sino porque se ha denunciado que violan el derecho de las personas al libre tránsito, a manifestar por derecho».
«Eso no es delito. Además, los mapas son públicos, son publicados por el Estado. La información pública no es un delito de espionaje», sentenció.
«Lo que ha ocurrido con Rocío San Miguel no ocurre en un gobierno democrático»
Óscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, aseveró que en los gobiernos democráticos no ocurren cosas como la detención de Rocío San Miguel ni la expulsión del personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH.
«Lo que ha ocurrido con Rocío San Miguel y en los días siguientes, no ocurre en un gobierno democrático», dijo.
Además, Murillo recordó que San Miguel es beneficiaria de medidas cautelares del Sistema Interamericano.
«Si esto le ocurre a Rocío San Miguel, una reconocida dirigente y defensora de derechos humanos, con medidas cautelares a su favor ¿Qué está ocurriendo con el resto de los ciudadanos?», cuestionó.
Plataforma Unitaria pide respeto al debido proceso
Omar Barboza, secretario general de la Plataforma Unitaria Democrática, participó en la actividad y señaló que la coalición opositora pide que se respete el debido proceso en el caso de Rocío San Miguel.
«Es una defensora de derechos humanos, conocida en todo el país como una persona responsable, profesional, en quien creemos que es inocente, para quien reclamamos la libertad, una defensa propia y que el debido proceso se respete y la presunción de inocencia de acuerdo a la Constitución», señaló Barboza.
Asimismo, Barboza celebró que en las conversaciones del Acuerdo de Barbado se incluyeran temas como la detención de San Miguel y su exesposo, «y se le busquen soluciones».
En conciertos, partidos de fútbol y demás espectáculos, los venezolanos adolecen de una normativa que los proteja a la hora de reclamar por sus derechos
Expertos consideran que las reiteradas irregularidades responden a la escasez de Estado de derecho, corrupción y abuso de poder en el país
Horas de cola en carro y a pie para ingresar al concierto de Luis Miguel en el estadio Monumental de La Rinconada, un recital de Romeo Santos en la base aérea de La Carlota que comenzó a las 4 de la mañana del día siguiente, un hombre que sacó un arma de fuego en pleno show de Morat en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (C.C.CT.) y el derribo de cercas en Maturín que concluyó en el ingreso a la fuerza de centenares de personas para el partido de la selección venezolana de fútbol en el marco de la eliminatoria al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
Una serie de irregularidades que representan un atropello para el fanático que paga una entrada a un evento y que en la mayoría de las oportunidades no recibe reparo y ni siquiera respuesta de los organizadores.
A casi una semana del recital del cantante mexicano Luis Miguel en Caracas, la empresa organizadora Invershow no ha ofrecido disculpas a los fanáticos ni ha emitido declaración alguna sobre los hechos que rodearon el regreso del “Sol de México” a Venezuela después de más de una década. Tampoco el fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, se ha pronunciado.
El espectáculo del artista azteca en un Monumental, que albergaba su primer concierto, se vio empañado por caos vehicular, colapso de vías, matraca policial y colas kilométricas de personas sin información sobre qué hacer, lo cual devino en el ingreso sin boletos al recinto de buena parte de los asistentes.
“En el concierto de Luis Miguel no hubo una tragedia por el tipo de persona que asistió, pero sin duda hubo abuso de poder y corrupción”, dijo el abogado especialista en derecho al entretenimiento, Manuel Mirabal.
Un productor de espectáculos que prefirió mantenerse en el anonimato sostuvo que lo acontecido no fue por falta de planificación de la empresa organizadora.
“No fue improvisación porque estuve en las oficinas de Invershow. Vi planos, las tomas aéreas y los controles de acceso que tenían planificados, no sé qué pudo haber fallado”, indicó.
El empresario explicó que es evidente que el acceso al área del Poliedro, La Rinconada y el estadio Monumental con capacidad para más de 30.000 personas es deficiente.
“Como quedó demostrado en la pasada Serie del Caribe y los partidos de los Leones del Caracas en la temporada de béisbol profesional, era factible que sucediera eso, lamentablemente el conejillo de indias fue un concierto tan importante como el de Luis Miguel”, sumó.
El productor sostuvo que un factor determinante fue la pasividad de los miembros de los cuerpos policiales asignados para velar por la seguridad en el sitio.
“La policía estaba cobrando para cuidar los carros y eximir a la gente de la cola, en vez de hacer su trabajo. Cuando los entes públicos no colaboran de la manera apropiada se empieza a complicar el asunto”, agregó.
El empresario advirtió que en la capital venezolana ningún lugar está adaptado para hacer conciertos masivos.
“No tenemos la vialidad ni el control de acceso que pueden tener otras plazas a nivel internacional y se debe improvisar sobre la marcha”, opinó.
El productor prefiere concentrarse en rescatar lo bueno del primer concierto masivo en El Monumental y desechar la mancha negra que significó el acceso y la salida del estadio el pasado 12 de febrero.
“Yo valoro el esfuerzo que se hizo. Lo más complicado para Venezuela era la parte técnica porque entre el tiempo que tuvimos de grave crisis económica que se pegó con la pandemia, tuvimos un delay técnico importante comparado con otros países de la región, eso se ha equiparado últimamente. Para Luis Miguel no se trajo nada en carga, todo fue equipo nacional, lo único que se trajeron fueron las pelotas de plástico que usa el artista en el show para que el público juegue, el dron y las pulseras led, de resto todo estaba aquí”, explicó.
Una historia repetida
Para el abogado Manuel Mirabal, lo sucedido en el concierto de Luis Miguel y también en el de Romeo Santos y Morat tiene que ver con el status quo venezolano.
“Son muy contadas la productoras en Venezuela que se preocupan porque un concierto comience a la hora, que haya seguridad, agua, buena oferta de comida, incluso papel higiénico en los baños, estamos acostumbrados a que si un concierto está pautado para las 8 de la noche termina siendo a las 12 de la madrugada o más allá”, lamentó.
Mirabal sentenció que en otros países estas cosas no suceden porque hay respeto al Estado de Derecho.
“En otras naciones las regulaciones son tan fuertes que cualquier productora sabe que no puede jugar con el público o el artista de esta manera, si las condiciones no están dadas el artista no se presenta y punto”, recalcó.
¿Dónde reclamar?
A juicio de Mirabal no es que los venezolanos estén desamparados de instituciones para ir a reclamar y exigir indemnizaciones cuando sucedan atropellos a sus derechos como consumidores, sino que la desaparición de algunos organismos han levantado una especie de zona gris.
“Tuvimos Procompetencia para la protección del consumidor, Indecu (Instituto Nacional para la Defensa y Educacion del Consumidor y el Usuario) e Indepabis (Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios) y ahora la Sundde (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómico), que no termina siendo algo para proteger al consumidor sino para fijar precios”, recordó.
“Lo cual no significa que haya un vacío legal, pero sí desde un punto de vista normativo quedamos huérfanos”, sumó.
Mirabal sentenció que si el servicio por el que el consumidor pagó no se prestó de forma adecuada, este puede apelar al artículo 1.185 del Código Civil, que se refiere al principio de reparación cuando se causa un daño.
“Pero sería más sencillo teniendo una normativa dedicada a esto, como en los tiempos del Indepabis”, remarcó.
Tomando como ejemplo el concierto del cantante dominicano Romeo Santos en Caracas el pasado 11 de diciembre, Mirabal sentenció que el asistente al show puede exigir una indemnización.
“La gente compró entradas para un concierto que era el domingo 10 de diciembre y este terminó siendo el 11, además un día laboral. independientemente de SI la gente se quedó o se fue de La Carlota, hubo una falla en la prestación del servicio y todos deberían tener opción al reembolso de sus entradas, sin menoscabo de las acciones por daños y perjuicios a los que hubiese lugar”, abundó.
Mirabal agregó que en el caso de Luis Miguel es más complicado: “Es difícil argumentar el daño por la cola, se podría ir por el lado de la estafa y determinar que la persona está sufriendo un daño”.
El abogado sentenció que en el caso de la banda colombiana Morat, el episodio tiene que ver con el abuso de poder y la impunidad en el país: “Y el Estado tiene que tomar riendas en el asunto”.
Efectivamente, el Ministerio Público abrió una investigación para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo, sin embargo, nada se conoció sobre una imputación a presuntos responsables.
¿Qué queda para futuros espectáculos en el Monumental?
El cantante colombiano Maluma se presentará el venidero 24 de febrero en el estadio Monumental de Caracas y su compatriota Karol G lo hará en el mismo escenario el 22 y 23 de marzo, pero luego de la experiencia de Luis Miguel algunos fanáticos de este par de artistas están más preocupados que emocionados.
“Lo que hay que hacer es trabajar en el control de acceso y la vialidad. Que se abran las puertas temprano y que, a una determinada hora, la doble vía de la recta al Hipódromo convertirla en una sola, que los filtros se desarmen para que sea más fluido el acceso y desalojo del público”, dijo el productor de espectáculos.
El empresario sostuvo que luego de la experiencia de Luis Miguel quedó demostrado que en Venezuela se pueden hacer grandes espectáculos.
“A ellos les preocupaba la parte técnica y con eso no hubo problema, ahora hay que concentrarse en lo otro. Somos varios empresarios que estamos tratando de convencer a artistas importantes para que nos incluyan dentro de sus giras. Quedó demostrado que cualquier artista con aforo de 40.000 personas se puede traer”, opinó.
Por el contrario, Mirabal opinó que luego del concierto del “Sol de México” es evidente que Venezuela no está preparada logísticamente para este tipo de shows: «Veo positivo que se estén haciendo eventos, pero no es bueno para nuestra imagen como país que estas cosas sucedan”.
Mirabal insistió en que lo ocurrido en el Monumental durante el asueto de Carnaval demuestra lo desprotegido que está el consumidor venezolano.
“Necesitamos normativas y órganos administrativos que puedan ejecutarlas, uno de los objetivos del derecho es servir como un elemento disuasivo”, concluyó.
