La relación entre Tareck El Aissami y la tercera parte de los militares involucrados en la más reciente trama de corrupción del chavismo no nació en Pdvsa, sino mucho antes
Tres de los ocho uniformados implicados pasaron por empresas manejadas por el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, justo cuando el exgobernador, exministro y expresidente de la compañía petrolera del Estado fue titular de esa cartera
@loremelendez
Viceministros, presidentes y directores de juntas directivas, miembros de comisiones de contrataciones. De los ocho militares detenidos en la purga madurista que ha sacudido a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en las últimas dos semanas, al menos la tercera parte ocupó previamente cargos de confianza en empresas del Estado que estuvieron vinculadas a Tareck El Aissami.
Entre funcionarios públicos, jueces y empresarios ligados a la trama, ya son 27 los arrestados desde el 17 de marzo pasado cuando se conoció la detención del vicepresidente territorial del PSUV en Nueva Esparta y exdiputado, Hugbel Roa, y del Superintendente nacional de criptoactivos y actividades conexas (Sunacrip), Joselit Ramírez, dos figuras clave del entorno de El Aissami, quien pocos días despúes dejó su cargo en la Presidencia de Pdvsa. Los últimos en ser encarcelados fueron Jackeline Perico y José Lima, pertenecientes a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Tres días después de que comenzara la operación de la Policía Nacional contra la Corrupción, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, publicó un comunicado en el que admitió que efectivos de la Fuerza Armada Nacional estaban envueltos en la trama. “Lamentablemente, en tales hecho también figuran algunos profesionales militares que cumplían comisión de servicio en al Administración Pública Nacional, específicamente en Pdvsa, quienes han violentado el ordenamiento jurídico, así como las tradiciones y principios éticos que caracterizan a la institución armada, lo que merece el más categórico rechazo”, explicó en el escrito sin mencionar un solo nombre.
No es la primera vez que la justicia venezolana señala a militares por corrupción. A principios del siglo XXI, el general Víctor Cruz Weffer fue acusado por desviar millones de dólares del Plan Bolivar 2000, que estuvo a su cargo durante los primeros años de Hugo Chávez en el poder. En 2013, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó juzgarlo por su actuación y cinco años después fue arrestado en territorio venezolano. El teniente coronel de la aviación, Luis Enrique Pulido, fue acusado por el escándalo de las miles de toneladas de alimentos perdidas y nunca distribuidas a mediados de 2010 mientras era el presidente de Pdval. Otro militar en la mira de la justicia es el exgobernador de Aragua, Rafael Isea, investigado por ese despacho, el Consejo Legislativo del Estado Aragua y la Fiscalía General de Venezuela a raíz de las denuncias de corrupción que hizo en su contra El Aissami, su sucesori. Lo mimo ocurre con Eugenia Sader, médico pediatra, coronela de la Aviación y exministra de salud entre 2010 y 2013, solicitada por peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir, tras desviar 1.500 millones de dólares.
Tres de los ocho militares tras las rejas por la purga madurista pasaron por empresas del Estado como la Corporación Socialista de Cemento, Venirauto, Corporación Socialista del Sector Electrodomésticos, Planta Yutong Venezuela y Corpivensa. Todas estas son compañías adscritas al Ministerio de Industrias y Producción Nacional, cartera donde El Aissami fue titular entre 2018 y 2021. Su firma aparece en las designaciones de los funcionarios que hoy están arrestados.
Los implicados son miembros del Ejército, la Aviación y la Guardia Nacional, egresaron de la Academia Militar entre 1999 y 2017 y ocuparon posiciones en compañías que poco o nada tenían que ver con sus destrezas como soldados de la patria. Aquí los perfiles de los integrantes del ala verde del escándalo de corrupción que hoy azota al chavismo.
Antonio José Pérez Suárez
Desde febrero de 2020 era el vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa. Allí llegó cuando El Aissami, quien era vicepresidente del Área Económica, fue llamado a hacer una reestructuración dentro de la empresa. Coronel del Ejército, egresado de la Academia Militar en 1999 en el lugar 114 de su promoción «Coronel Miguel Antonio Vásquez”. Durante 2014 fue miembro principal del consejo directivo de la Fundación Nacional El Niño Simón, que dependía del extinto Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo. En 2016 se convirtió en el presidente de la Empresa de Distribución de Productos e Insumos «Venezuela Productiva», C.A., de Venirauto Industrias, C.A. y de la Corporación de Comercio y Suministro Socialista, S.A (COMERSSO), todas estas a cargo del Ministerio de Industria y Comercio a donde un año después llegaría El Aissami como titular de la cartera. Al año siguiente tomó la Presidencia de la Corporación Socialista del Sector Electrodomésticos, C.A. y en 2018 la de la Corporación Socialista del Cemento, S.A. Ese año también fue uno de los directores principales de la Planta de Autobuses Yutong Venezuela, S.A y director de la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S.A (Corpivensa). Fue viceministro encargado de Industrias Intermedias y Ligeras.
Heinrich Chapellín Biundo
Funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa. Egresado de la Academia Militar del Ejército en 2012 en el primer lugar de su promoción «Coronel Diego Jalón». En 2016 fue nombrado miembro principal de la Comisión de Contrataciones de la Empresa de Distribución de Productos e Insumos Venezuela Productiva C.A, perteneciente al Ministerio de Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, donde permaneció al menos hasta 2019. En 2018 comenzó a formar parte de la junta directiva de la Corporación Socialista del Sector Electrodomésticos, C.A., perteneciente al Ministerio de Industrias y Producción Nacional que llevaba El Aissami. Esa misma cartera, también en 2018, lo nombró uno de los directores de la Corporación Socialista de Cemento.
Yamil Alejandro Martínez Núñez:
Funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa. Militar de la Aviación. En la Comandancia General de la Aviación fue tripulante permanente de vuelos continentales e intercontinentales a lo largo de 2007. En 2018 fue designado como uno de los directores de la Corporación Socialista del Cemento, regida por el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, que entonces estaba en manos de El Aissami.
Funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa. Gerente general de la Dirección de Seguridad Integral de la Faja Petrolífera del Orinoco. Teniente coronel, egresado de la Academia Militar en 2003 en el lugar 33 de su promoción «Fernando Rodríguez del Toro”.
Odoardo José Bordones Hernández
Funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa. Primer teniente, egresado de la Academia Militar del Ejército en 2015 en el octavo lugar de su promoción «José Félix Ribas II».
Jesús Enrique Salazar
Funcionario de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa. Teniente del Ejército, egresado de la Academia Técnica Militar Bolivariana en 2017 en el quinto lugar de su promoción «Bicentenario del natalicio del General del pueblo soberano, General en jefe Ezequiel Zamora».
Rajiv Alberto Mosqueda Fregona
Desde junio de 2018 era el Intendente de Minería digital y procesos asociados, cargo al que lo designa Joselit Ramírez, el exsuperintendente nacional de criptoactivos y actividades conexas detenido que es uno de los más cercanos a El Aissami. Teniente del Ejército, egresado de la Academia Militar en 2007 en el último lugar (194) de su promoción «4 de Febrero de 1992». En enero de 2011 se vio involucrado en una denuncia de extorsión a un comerciante que buscaba la asignación de dólares de CADIVI a través de un gestor, que terminó por señalarlo a él y a otros militares como sus contactos dentro de la institución. Por esta razón fue imputado por los delitos de Asociación para Delinquir y Extorsión en Grado de tentativa, pero posteriormente fue sobreseído.
Renny Gerardo Barrientos
Funcionario de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados. En 2021, el Tribunal Supremo de Justicia falló en su contra cuando confiscó arbitrariamente los equipos de una empresa de minería. La medida fue considerada como violatoria del derecho al debido proceso, a la propiedad y a la libertad económica. Sargento mayor de primera de la Guardia Nacional Bolivariana.
La noche del 27 de marzo se produjo un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, al norte de México y cerca de la frontera con Estados Unidos. En el lugar se alojaban 68 hombres. Inicialmente, se dijo que 40 habían fallecido, pero luego las autoridades corrigieron la cifra a 39
Expertos en DDHH consideran que el Estado mexicano tiene responsabilidad directa en el siniestro porque la detención migratoria no es aceptable
Durante la noche del 27 de marzo, cerca de las 9:30 p.m., siete migrantes venezolanos fallecieron en un incendio que ocurrió en un centro migratorio en Ciudad Juárez, México.
Tres días después, el jueves 30 de marzo, el Estado mexicano detuvo a cinco personas en relación con la muerte de los 39 migrantes que, en total, perdieron la vida en el hecho.
«La Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión (detención). Pero hoy de madrugada se finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión», detalló en conferencia de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los detenidos son tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Herrerías aseguró que, por el momento fueron, se concretaron cinco órdenes de detención, aunque no precisó quién es la persona que todavía no ha sido puesta a disposición judicial.
Ligia Bolívar, socióloga y especialista en Derechos Humanos, explicó que debe haber responsabilidades superiores a los custodios del centro de migrantes. “Los migrantes estaban privados de libertad. No es una estación migratoria”, aseguró.
Los venezolanos fallecidos fueron identificados como Joel Alexander Leal Peña, Orangel José López Guerrero, Orlando José Maldonado Pérez, Oscar José Regalado Silva, Rafael Mendoza Mendoza, Rannier Edelber Requena Infante y Samuel José Marchena Guillarte. Tenían entre 20 y 29 años.
También aparecen como víctimas mortales en el centro migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM) 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos y 1 colombiano.
Violado el derecho a la vida y a la libertad
De acuerdo con Bolívar los derechos a la vida y a la libertad de Joel, Orangel, José, Orlando, Oscar, Rafael, Rannier y Samuel fueron violados.
“Hay una violación grave en el sentido de que la detención migratoria no es aceptable. No es aceptada a nivel internacional de acuerdo con los estándares de esa materia. Por lo tanto, es un derecho violado, por supuesto se violó el derecho a la vida porque hubo negligencia criminal que les impidió a ellos salvar su vida”, aseguró Bolívar.
Eduardo Trujillo Ariza, director Centro de Derecho Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que México, al igual que otros países del mundo, es suscriptor de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas (ONU), de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos que velan por la protección de derechos civiles y políticos.
Por ende, México tiene una gran cantidad de obligaciones internacionales relacionadas con personas migrantes y con personas refugiadas. Una de ellas es la obligación de velar por la integridad física de las personas que están bajo su custodia.
“Estas personas estaban no solo bajo la custodia del Estado mexicano por el hecho de estar en territorio mexicano, sino por estar en un centro de detención de migrantes que estaba siendo administrado por funcionarios estatales de México”, señaló Trujillo Ariza.
Según el director del CDH UCAB, hay una responsabilidad directa del Gobierno de México en cuanto a los hechos ocurridos, porque la custodia de los migrantes la tenía el propio Estado.
“Los funcionarios estatales pueden ser los responsables directamente o por omisión. Los funcionarios pueden ser investigados por su acción directa y por sus omisiones también”, explicó Trujillo Ariza.
Medidas migratorias dignas
Ambos expertos coincidieron en que las medidas migratorias deben ajustarse a los estándares internacionales en materia de manejo de población migrante para evitar este tipo de incidentes.
Trujillo Ariza reiteró que los plazos juegan un papel fundamental en esta materia. “Si se retiene a alguna persona en tránsito migratorio, las decisiones que tome el Estado deberían ser tomadas en un plazo razonable”, dijo.
En el marco de medidas migratorias, Trujillo Ariza explicó que México tiene alianza con Estados Unidos para favorecer la externalización de fronteras que implica que Estados Unidos subcontrata o llega a acuerdos bilaterales con otros estados para que contengan la ola migratoria que se dirige a su país.
“México sirve como un tapón. En derecho de migrantes y refugiados el término se conoce como externalización de frontera”, indicó.
Para Trujillo Ariza, el incendio en el centro de migrantes en Ciudad Juárez no es responsabilidad directa de las políticas migratorias estadounidenses, pero es una consecuencia no deseada de la medida migratoria.
La organización Amnistía Internacional (AI) fijó posición en un comunicado sobre el siniestro, texto en el que calificó de «inhumano» el control migratorio en México.
“Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
‼️ ¿Cómo es posible que los hayan dejado encerrados en un incendio?
🔴 La muerte de 40 personas en un centro de detención migratoria de Ciudad Juárez es consecuencia de la crueles políticas fronterizas de México y EE.UU.https://t.co/NqiyQrQaQH
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) March 29, 2023
Las irregularidades en la comercialización de petróleo redujeron el margen de maniobra del Banco Central al disminuir los dólares disponibles para evitar una depreciación violenta de la moneda
Las irregularidades en la administración de Pdvsa, la empresa del Estado que maneja el negocio petrolero, son un factor relevante en el temblor que sacudió a la economía venezolana durante el segundo semestre de 2022, lapso en el que se desplomó el bolívar, se disparó la inflación y perdió ímpetu el consumo.
El fiscal general de la república nombrado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, reveló la semana pasada que funcionarios vendieron petróleo y “una vez comercializado el crudo, asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Pdvsa”.
Agregó que la red “utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles”, entre otras modalidades.
A raíz de las sanciones de Estados Unidos, Pdvsa recurrió a una red de intermediarios para vender y colocar petróleo en China que es pagado a través de criptomonedas o efectivo transportado en aviones y barcos rusos.
Fuentes explican que el monto del petróleo vendido y no cobrado que involucra al esquema denunciado por el fiscal se ubica en torno a tres mil millones de dólares, mientras que Reuters reportó que una auditoría a los contratos de Pdvsa reveló que la empresa acumuló cuentas por cobrar, entre enero de 2020 y este año, por el orden de 21 mil 200 millones de dólares.
Del monto por cobrar, explicó Reuters, unos 3 mil 600 millones de dólares corresponde a facturas potencialmente irrecuperables vinculadas a tanqueros que, violando las condiciones acordadas, abandonaron el país sin pagar por adelantado parte de los barriles. Otra porción corresponde a intercambios con Irán y Cuba.
La principal fuente de dólares del país es la venta de petróleo, por lo tanto, disrupciones de esta magnitud en el flujo de divisas impactan los recursos disponibles para que el Banco Central intervenga en el mercado y estabilice el tipo de cambio.
Los 3 mil 600 millones de dólares correspondientes a las facturas catalogadas de potencialmente irrecuperables, reportadas por Reuters, prácticamente igualan los 3 mil 700 millones de dólares que el Banco Central vendió el año pasado en el mercado cambiario y equivalen a 78% de las reservas internacionales, es decir, las irregularidades y la corrupción en Pdvsa tienen magnitudes macroeconómicas.
Al apartarse de los postulados del Socialismo del Siglo XXI y dar espacio a la iniciativa privada, el gobierno logró que reaparecieran los productos en los mercados, mientras que las empresas comenzaron a pagar bonos en dólares a los trabajadores. La producción de petróleo dejó de caer y la economía, que se redujo durante todo el período 2014-2021, tocó piso y comenzó un incipiente crecimiento en 2022.
Un factor clave en el ambiente de optimismo es que durante el primer semestre del año pasado el tipo de cambio se deslizó de una manera controlada; pero todo comenzó a cambiar en el segundo semestre.
El precio del petróleo cayó por temor a una recesión en Estados Unidos y Europa, la producción de Pdvsa que había estado aumentando se estancó y Rusia comenzó a competir con crudo de mayor calidad al de Venezuela en el mercado asiático. A estos factores hay que añadir la corrupción y las irregularidades en la cobranza de las ventas de petróleo.
El resultado es que el Banco Central comenzó a recibir menos dólares y a partir de septiembre, incurrió en un rezago en el desembolso de las divisas.
El presidente de una entidad financiera explica que las empresas «pagaban los dólares con los bolívares depositados en sus cuentas», pero el Banco Central, que es el que coloca los dólares, «tardaba hasta seis semanas en entregar las divisas; esto disparó el nerviosismo en el mercado cambiario”.
Ante la poca cantidad de dólares para intervenir en el mercado cambiario, la demanda de divisas superó a la oferta y el bolívar se hundió al punto que la cotización del dólar, que al cierre del primer semestre era de 5,5 bolívares, culminó el año en 17,4 bolívares y hoy es de 24,4 bolívares.
“No todo lo perdido por la corrupción en Pdvsa corresponde a 2022 y lo que no se ha cobrado tampoco, son facturas acumuladas por ventas de petróleo en tres años; pero evidentemente, sin estos problemas habría habido fondos para lograr un deslizamiento suave del tipo de cambio y no la depreciación gigante que hubo en el segundo semestre del año pasado”, dice un técnico del Banco Central.
El margen de maniobra era muy bajo porque las reservas internacionales, el tanque de divisas que el Banco Central utiliza para ofertar dólares a la economía, se ubica en mínimos históricos tras la venta de buena parte del oro y el ínfimo monto del efectivo.
Otro factor a tomar en cuenta, explica el funcionario, es que al ingresar menos dólares a la caja de Pdvsa el gobierno le pidió al Banco Central que aumentara la emisión de bolívares para cubrir el déficit en las cuentas públicas, algo que avivó la inflación porque elevó la cantidad de dinero detrás de pocos productos.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, solo en el segundo semestre de 2022, la inflación acumuló un salto de 163% que redujo la capacidad de compra de los salarios y se tradujo en la desaceleración del consumo.
La consultora Dinámica indica en un reporte sobre lo ocurrido en Pdvsa que “en tiempos de vacas flacas, la extravagante defraudación profundizó el descarrilamiento de la normalización tramada con fines electoralistas y limitó al mínimo la capacidad de maniobra financiera de Miraflores”.
Calma momentánea
Gracias a que existen pocos bolívares en el mercado para comprar dólares, el tipo de cambio se ha mantenido estable durante las últimas seis semanas. Las empresas necesitan bolívares para pagar el impuesto sobre la renta, los bancos están obligados a inmovilizar más de dos tercios del dinero que gestionan y el gobierno no ha incrementado los salarios para mantener cortas las riendas del gasto.
Gracias a la baja demanda de dólares y a que aumentó la oferta con divisas que recibió del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), el Banco Central acabó con el rezago en la entrega de dólares y enfrió al mercado cambiario; pero se trata de una calma momentánea.
El seis de enero Nicolás Maduro destituyó a Asdrúbal Chávez y nombró a Pedro Tellechea como presidente de Pdvsa, quien inmediatamente suspendió las exportaciones de petróleo a fin de poner orden en las irregularidades en la comercialización.
Fuentes explican que actualmente solo se está exportando el petróleo que extrae Chevron y el crudo que se envía a Cuba e Irán. Si la vuelta a la normalidad en Pdvsa se alarga aumentará el riesgo de otra depreciación abrupta del bolívar por la baja oferta de divisas, así como de una mayor austeridad en el gasto del gobierno o de incrementos de impuestos.
En febrero las autoridades del Banco Central se reunieron con representantes de entidades financieras y explicaron que el plan para lo que resta de año es mantener la oferta de dólares en un rango de 250 a 300 millones al mes, es decir, en la misma magnitud que en 2022. Pero creen las dudas sobre si será posible.
Pese a que el presidente Gustavo Petro ha venido en tres ocasiones a Venezuela, las relaciones comerciales están por debajo de las expectativas, el ELN irrespeta conversaciones de paz con el gobierno neogranadino y apenas dos aerolíneas conectan un país con otro
A la tercera va la vencida reza el popular dicho, pero este no parece ser eslogan que arropa al presidente de Colombia Gustavo Petro y su relación con Venezuela. Ya son tres veces que el mandatario neogranadino visita a su homólogo Nicolás Maduro en territorio venezolano y las relaciones entre ambas naciones no terminan de despegar.
El intercambio comercial binacional no ha avanzado al paso deseado, las negociaciones con el ELN han sido manchadas por un nuevo ataque del grupo guerrillero y la conectividad aérea ha despegado ligeramente.
Luego de siete años de ruptura, los mandatarios de Colombia y Venezuela se reunieron por vez primera en el Palacio de Miraflores el pasado 1 de noviembre de 2022. Previo a ese encuentro se había dado uno entre Maduro y su entonces par Juan Manuel Santos en 2016, una relación que luego se descompuso por las acusaciones de intervencionismo y golpismo hechas por el líder chavista al expresidente colombiano y por la llegada al poder de Iván Duque.
Durante ese cónclave, Petro y Maduro estrecharon la mano y acordaron la reapertura de los pasos fronterizos, despliegue que no se hizo efectivamente sino que de manera discrecional y que, desde la perspectiva del intercambio comercial, no ha satisfecho las expectativas de ambos bandos.
Luego de la breve estadía de Petro en Caracas el año pasado, el propio mandatario neogranadino denunció que todavía los productos entre ambas naciones circulaban por la trochas y que “las mafias del contrabando siguen operando”.
La primera visita de un presidente colombiano a suelo venezolano en siete años también vino con un propósito, el de abogar por el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Gallo que repite
Apenas dos meses después, el jueves 16 de febrero, Petro volvió a reunirse con Maduro esta vez en el puente internacional Atanasio Girardot en el estado Táchira.
“Se espera que en 2023, el comercio continúe con su tendencia de crecimiento, alcanzando un comercio total de entre 1.700 y 1.800 millones de dólares”, dijo una declaración conjunta difundida por la Presidencia colombiana.
En el mejor momento de la relación, el intercambio bilateral llegó a alcanzar 7.000 millones de dólares, pero el desplome de las relaciones entre ambas naciones y la pandemia redujeron la cifra a $400 millones.
Para el economista Luis Oliveros, la piedra de tranca del comercio entre Colombia y Venezuela corresponde a una tema de carácter político.
“Desde que las relaciones se restablecieron ha habido un incremento en las relaciones comerciales, los montos han aumentado entre los países, tal vez no a lo que se esperaba y creo que la razón principal que esto no sea mayor tiene que ver con un aspecto político”, dijo Oliveros.
El economista indicó que las sanciones generales a Venezuela afectan de alguna manera estas relaciones.
“Venezuela debe buscar condiciones más favorables para sus empresarios porque en las condiciones actuales los productos colombianos son mucho más competitivos que los venezolanos. Es la perenne disputa entre las importaciones y la producción nacional.”
El pasado 23 de marzo, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dijo que su gobierno tenía la intención de comprar Monómeros Colombo Venezolanos S.A, filial de Petroquímica de Venezuela.
Benedetti indicó que la empresa está valorada en 300 millones de dólares y que la compra se realizaría a través de Ecopetrol, principal empresa petrolera de Colombia.
Sin embargo, a través de un comunicado, Ecopetrol negó que esté interesada en adquirir los bienes de Monómeros.
“Este emisor, cuyo actuar se enmarca en la Estrategia 2040 y el plan de negocios anunciado al mercado, no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a Monómeros”, expresó la empresa a través de su cuenta de Twitter.
Oliveros recordó que el anuncio de la supuesta compra de Monómeros surgió luego de la reciente visita del presidente Petro a la capital venezolana este jueves 23 de marzo.
“Fue un encuentro donde no se dijo de qué vinieron a hablar. En todo caso, aquí quien tiene más credibilidad para hacer algún anuncio es el gobierno colombiano. Además es público y notorio que las relaciones entre Petro y Ecopetrol no son las mejores, hay fricciones importantes”.
También aseguró que la reciente decisión de Colombia de suspender el acuerdo de importación de gas desde Venezuela debido a los recientes escándalos de corrupción en Pdvsa no tendrá mayores efectos.
“Venezuela no es precisamente un gran productor de gas. Pero hubiese sido muy interesante que el país vendiese gas. Venezuela necesita recuperar su industria energética, no solo la petrolera, sino la gasífera, para eso tiene que cambiar ciertas leyes, aumentar los precios y permitir la inversión extranjera”, opinó.
El ELN no respeta alto al fuego en Colombia
Parece que el único que agita la bandera en Colombia de la Paz Total es el presidente Petro. Apenas este martes 29 al menos nueve militares murieron y otros nueve resultaron heridos en un ataque de un grupo guerrillero en la zona del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.
El Ejército colombiano atribuyó de manera preliminar el suceso a miembros del Ejército de Liberación Nacional, con quien la administración de Petro adelanta negociaciones de paz.
“Estos siete soldados que prestaban servicio militar obligatorio y dos suboficiales fueron asesinados por quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y el pueblo”, dijo Petro.
El mandatario no descartó suspender las conversaciones con el grupo guerrillero, las cuales tienen lugar desde noviembre de 2022.
He convocado a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de Paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana.
Uno de los principales alicientes que tiene Petro para acercarse a Maduro es que Venezuela funja como garante de paz en las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN.
Previo a su segundo encuentro en Caracas, voceros del ELN criticaron el cese al fuego bilateral ordenado por Petro, según ellos, de manera inconsulta.
“Como el gobierno no cumple con los procesos de discusión de la mesa y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la mesa”, sostuvo un vocero del ELN.
Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que las guerrillas colombianas, especialmente el ELN, son consideradas como uno de los principales aliados estratégicos de la revolución bolivariana.
“El gobierno colombiano sabe bien que sin la participación del gobierno venezolano es literalmente imposible que las negociaciones de paz avancen”, dijo a InSight Crime, Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte.
Por su parte, Charles Larratt-Smith, especialista en conflicto armado y guerrillas, sostuvo que “Venezuela no solamente sirve a la guerrilla como un lugar para esconderse, también para fortalecer y proteger el proyecto bolivariano”.
Embajadores en Colombia vienen y van
Con la designación de Félix Plasencia como embajador venezolano en Colombia en septiembre del año pasado, y la del neogranadino Armando Benedetti para encargarse de las relaciones diplomáticas en Caracas, se zanjaba la brecha dejada por la ruptura de ambas naciones.
Plasencia prometía enderezar el torcido y extraviado camino entre Caracas y Bogotá. Sin embargo, solo duró cinco meses en el cargo y fue nombrado secretario ejecutivo del ALBA.
Este 29 de marzo, el militar retirado Carlos Martínez presentó sus cartas credenciales y fue nombrado nuevo embajador de Venezuela en Colombia.
Martínez participó entre 2014 y 2016 en la fase exploratoria de diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano y también fungió como embajador de Venezuela en Argentina.
PERFIL | Carlos Martínez, el militar retirado que asume como embajadorhttps://t.co/zFq0JGSJh8
— Nelson Bocaranda Sardi. (@nelsonbocaranda) March 29, 2023
Con la reapertura legal de la frontera, el uso de las trochas por parte de particulares ha disminuido considerablemente, pero los términos de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza para los migrantes pendulares venezolanos todavía tiene sus limitantes.
“Esta tarjeta que se creó en 2016 para administrar los flujos y que está en manos de cerca de 5 millones de venezolanos, no es un documento de identidad y genera problemas, porque no les permite recibir servicios de salud o educativos en Colombia de manera formal”, declaró a la BBC Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá.
Según cifras oficiales, solo en el departamento del Norte de Santander, los servicios de salud colombiana atendieron a más de dos millones de venezolanos entre 2017 y 2022.
Según este mismo Observatorio, en 2021, alrededor de 5.000 niños venezolanos fueron a la escuela en Colombia. “Hay que generar mejores mecanismos para que los niños que cruzan la frontera a diario puedan hacerlo sin mayores contratiempos”, agregó Rodríguez.
Por otro lado, el paso de vehículos se ha abierto de manera progresiva, sin embargo los conductores venezolanos están supeditados a cierta normativa.
Los carros venezolanos en Colombia deben atenerse al sistema Pico y Placa, un operativo que persigue mitigar el tráfico en el vecino país a partir de restricciones en la circulación por el terminal de número de placa.
Aunado a eso, los particulares venezolanos tienen que pagar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en Colombia y el de Responsabilidad Social Obligatoria en Venezuela.
La conectividad sigue sin despegar por completo
Pese a que el embajador colombiano, Armando Benedetti, dijo en diciembre de 2022 que luego de una conversación con Nicolás Maduro este le había asegurado que todas las aerolíneas venezolanas iban a operar hacia el vecino país, la realidad es que apenas dos están viajando.
De acuerdo con el abogado aeronáutico, Rodolfo Ruiz en la actualidad apenas operan la venezolana Turpial y la colombiana Satena con par de frecuencias a la semana respectivamente.
“No hay información oficial al respecto, pero es posible que al no poder volar Conviasa a Bogotá de forma regular por el tema sanciones, se esté impidiendo que las aerolíneas colombianas vengan a Venezuela y eso tiene de cierta manera el juego trancado”, dijo Ruiz en una entrevista anterior a Runrunes.
La noche del 27 de marzo se produjo un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, al norte de México y cerca de la frontera con Estados Unidos. En el lugar se alojaban 68 hombres. Inicialmente, se dijo que 40 habían fallecido, pero luego las autoridades corrigieron la cifra a 38
Activistas venezolanos en México, políticos y ONG de DDHH recalcaron que el incendio se produjo por la desesperación de migrantes, que son detenidos en redadas en las calles, encerrados sin agua, con pocos alimentos y en instalaciones sobrepobladas en las que sufren maltratos
Medios y activistas mexicanos viralizaron un video en el que se evidencia que cuando inició el fuego en una de las celdas del centro migratorio de Ciudad Juárez, los funcionarios presentes se retiran. En cuestión de segundos, las llamas crecen, el humo se propaga y los migrantes quedan atrapados e indefensos
Del lado izquierdo de la Avenida Heroico Colegio Militar, en Ciudad Juárez, está el Río Bravo, un paso de agua por el que migrantes de Latinoamérica buscan cruzar para emigrar a Estados Unidos. En el lado derecho, se encuentra una sede del Instituto Nacional de Migración de México.
La sede tiene paredes color arena, es de baldosas en forma de cuadro. Algunas tienen tonos más oscuros de marrón. Justo arriba de esa pared, hay una franja blanca, en la que se observa un letrero que dice: «Gobernación, Secretaría de Gobernación Instituto Nacional de Migración».
El lugar está rodeado por un estacionamiento y este es protegido por una reja, que tiene el alambre en forma de rombos.
Esta sede fue lugar en el que fallecieron 38 migrantes y otros 28 resultaron heridos, luego de quedar encerrados en el lugar durante un incendio que inició a las 9: 30 p.m. del 27 de marzo.
Según la Fiscalía General de la República de México, en el lugar había 12 venezolanos, 13 hondureños, 28 guatemaltecos, 12 salvadoreños, 1 ecuatoriano y 1 colombiano. No especificaron cuántos de ellos murieron o están heridos.
La estación está ubicada en el puente Internacional Stanton-Lerdo, que conecta a Ciudad Juárez con El Paso (EEUU), y acogía a migrantes retenidos.
Hasta la tarde del 29 de marzo, ni el gobierno ni la cancillería venezolana habían fijado posición sobre el hecho.
Activistas venezolanos en México, una diputada y diferentes organizaciones denunciaron que la negligencia en la respuesta ante el incendio y la falta de un desalojo oportuno de los afectados causó la muerte de los 38 migrantes.
En redes sociales, medios y activistas mexicanos viralizaron un video en el que se evidencia que cuando inició el fuego en una de las celdas, los funcionarios presentes se retiran.
En cuestión de segundos, las llamas crecen y el humo se propaga. La cámara se nubla y ya no hay registro de lo que ocurre con los migrantes, que quedaron atrapados en las celdas.
Es criminal. Así dejaron encerrados a los migrantes en la Estación de Ciudad Juárez, Chihuahua. Donde fallecieron 40 personas. @FGRMexicopic.twitter.com/zA7ImGTSgk
— La Palabra del Caribe – Noticias de Quintana Roo (@palabracaribe) March 28, 2023
— Isabel Miranda de Wallace (@WallaceIsabel) March 28, 2023
“Nos enfrentamos a la negligencia, donde nos dejaron morir calcinados en un centro del Instituto Nacional de Migración, una instancia del Estado mexicano que es responsable de salvaguardar la vida del ser humano”, denunció Reinaldo Díaz, director de la ONG Venemex, durante una rueda de prensa desde la Cámara de Diputados de México.
Por su parte, la diputada mexicana, Sofía Carvajal, indicó que el incendio se produjo “por la desesperación de migrantes que no podían acceder al agua, carecían de alimentos suficientes, en instalaciones sobrepobladas y con maltratos generalizados hacia ellos”.
Oposición mexicana responsabilizó a AMLO por el incendio y la muerte de migrantes en Ciudad Juárez.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) denunció en un comunicado que el actuar de las autoridades migratorias de la estancia provisional de Ciudad Juárez «resultó en la vulneración del derecho a la vida de las personas, lo que constituye un acto criminal, ya que las personas migrantes se encontraban bajo la custodia del Estado, en centros de detención operados por el INM en clara contravención de cualquier norma de derechos humanos”.
“Las estaciones migratorias y estancias provisionales constituyen entornos torturantes, donde las personas se encuentran en hacinamiento, sin acceso a agua, a alimentos de calidad, a servicios de salud, a espacios de descanso y de higiene personal adecuados. La práctica sistemática de detención en este tipo de centros constituye una violación a normas fundamentales de derecho internacional y, en consecuencia, podría alcanzar el umbral de crimen de lesa humanidad”, reiteró la CMDPDH.
Responsabilizamos al @GobiernoMX y particularmente al Comisionado del INM por la falta de protocolos y rutas de evacuación en caso de siniestros y sobre las causas estructurales que provocan este tipo de sucesos: falta de información y resolución efectiva de los casos.
— Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (@GTPM_MX) March 28, 2023
López Obrador responsabilizó a migrantes de lo ocurrido
El 28 de marzo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró sobre las causas del incendio que inició el lunes a las 9:30 p.m. Lo más llamativo de la declaración es que hizo énfasis enresponsabilizar a los migrantes de lo ocurrido.
“El incendio tuvo que ver con una protesta que iniciaron, suponemos, a partir de que se enteraran que serían deportados y movilizados. En la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego. No imaginaron que eso causaría esta desgracia”, dijo durante la declaración.
Sin embargo, El País indicó que medios locales señalaron que la quema fue para llamar la atención sobre las condiciones en las que estaban siendo retenidos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la muerte de 39 migrantes tras incendio en albergue de Ciudad Juárez. pic.twitter.com/VZx5nqbsaN
El diario también aseguró que alrededor de 70 migrantes habían sido detenidos a lo largo del día por estar vendiendo artesanías o pidiendo dinero en la calle. Las autoridades federales los llevaron a las instalaciones de dicho centro migratorio.
Centros de detención, que no albergues
La organización Amnistía Internacional (AI) fijó posición en un comunicado sobre el siniestro, texto en el que calificó de «inhumano» el control migratorio en México.
«Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano.¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?«, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
A juicio de Guevara, es «sumamente insensible y ofensivo» que tanto el presidente López Obrador en su conferencia de prensa, como el Instituto Nacional de Migración en un comunicado oficial, «hayan insistido en utilizar eufemismos para restarle gravedad a los hechos ocurridos y culpabilizar a las personas migrantes de los hechos».
‼️ ¿Cómo es posible que los hayan dejado encerrados en un incendio?
🔴 La muerte de 40 personas en un centro de detención migratoria de Ciudad Juárez es consecuencia de la crueles políticas fronterizas de México y EE.UU.https://t.co/NqiyQrQaQH
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) March 29, 2023
«Las estaciones migratorias no son ‘albergues’, sino centros de detención, y las personas no están ‘alojadas’ ahí, sino privadas de su libertad», expuso Guevara Rosas.
El maltrato a migrantes en Ciudad Juárez es la norma
A comienzos de marzo de 2023 un hecho violento contra migrantes en Ciudad Juárez copó la atención mediática.
La Catedral de Ciudad Juárez denunció que policías irrumpieron a sus instalaciones para arrestar con violencia a migrantes, en su mayoría venezolanos, que se encontraban en un comedor comunitario.
La iglesia presentará las denuncias correspondientes.
"Es inadmisible que las autoridades de cualquier nivel de gobierno ingresen a espacios de atención humanitaria para personas migrantes y violenten dichos espacios" pic.twitter.com/3VWoL86YkJ
Durante el violento operativo, varias personas fueron golpeadas, entre migrantes y religiosas que prestaban servicio en la iglesia.
Un migrante venezolano que trabaja en la catedral declaró a la agencia que viven con miedo: «Los policías hacen revisión y si no encuentran nada, nos dicen malas palabras. En mi caso me quitaron dinero, no es la primera vez que ocurre, nos meten miedo. Ellos (los policías) dicen que no tenemos permiso para estar en la ciudad y pedimos ante migración que nos den permiso para circular aquí y no nos lo dan. Si no les damos dinero, nos amenazan que nos denunciarán ante migración», puntualizó el migrante, que se identificó como Carlos.
Policías de Ciudad Juárez golpean a monja para detener migrantes dentro de una iglesia!!! pic.twitter.com/yGabC39KY0
El miedo persiste entre los migrantes venezolanos que aspiraban llegar a EEUU y quedaron varados contra su voluntad en Ciudad Juárez.
Abel Ortega declaró a EFE que fue detenido junto a su hermano por agentes de migración el lunes 27 de marzo en la tarde. Los trasladaron al centro en el que se presentó el incendio. A él lo liberaron al final de la tarde, pero desconoce qué suerte corrió su hermano, que se llama Orlando Maldonado.
«Esto se pudo haber evitado. Si a nosotros nos quitan todo, ¿cómo se incendió el calabozo? Si Migración quita todo. ¿Cómo se quemaron? Queremos justicia, por favor, que nos ayuden, que nos den protección. Tenemos miedo de salir a la calle, no sabemos que nos pueda pasar”, declaró a la agencia.
En febrero de 2023, migrantes venezolanos pernoctaron afuera del Instituto Nacional de Migración (INM) de Juárez esperando un permiso para trasladarse a otra frontera. Mostraron que ya habían tomado la cita con autoridades norteamericanas que sacaron a través de la aplicación CBP ONE.
Pero la sede solo tramitaba 30 permisos por día, lo que los ponía en riesgo de perder la cita y de tener que quedarse en un lugar donde no son bienvenidos: «No nos quieren acá, pero nos queremos ir tampoco nos dejan», expresó indignada una migrante venezolana, recogió El Heraldo.
Redadas y persecución
El pasado 26 de febrero más de 300 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron afectados por las redadas que practicaron las autoridades en diferentes hoteles del país.
El Pitazo explicó que de acuerdo con la información de Judith Torrea, especialista en temas migratorios, la finalidad de estas redadas es expulsar a los venezolanos que no tengan permiso.
El 21 de enero, EFE indicó que una redada del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional mexicana sorprendió y disolvió una caravana de cientos de migrantes que llevaban meses varados en espera de trámites en el estado de Chiapas, en el sur de México, para salir en la primera caravana del año.
La agencia reseñó que una decena de furgonetas y dos autobuses llegaron al parque Miguel Hidalgo, en Tapachula de Córdova y Ordoñez y cerca de la frontera con Guatemala, para efectuar un operativo sorpresa con el objetivo de deshacer esta caravana de migrantes que tenía como destino Estados Unidos.
“El personal migratorio y de las fuerzas mexicanas eligieron al azar a quién verificar sus papeles, para ver si estaban de manera legal en México”, señaló EFE.
Un año antes, el 17 de marzo de 2022, ocurrió un evento similar. De acuerdo con EFE, Agentes de la Guardia Nacional y del INM llevaron a cabo operativos para detener a decenas de migrantes en Ciudad Hidalgo, frontera México-Guatemala, que buscaban cumplir trámites para regularizar su situación y avanzar al norte del país.
Bajo la premisa «sea quien sea y caiga quien caiga», se inició una purga madurista contra funcionarios responsables de corrupción, malversación de fondos y hechos delictivos. Jueces, alcaldes, diputados, funcionarios de organismos del Estado y empresarios han salido de la foto del poder tras estas acciones
Hasta el 28 de marzo, al menos 25 personas habían sido detenidas en la purga madurista: 21 por la corrupción en Pdvsa y el resto por corrupción en el Poder Judicial y vínculos con bandas criminales, como el caso del alcalde de Las Tejerías
Las investigaciones en Pdvsa detectaron una red de funcionarios que se valían de su cargo para «ejecutar operaciones petroleras paralelas». Además de la comercialización ilegal de crudo, incumplían con pagos correspondientes a la petrolera
Estas operaciones al margen de la ley, según la Fiscalía, fueron favorecidas por un «conglomerado de sociedades mercantiles que legitimaron el capital obtenido de las ventas»
Los tres miembros del Poder Judicial aprehendidos en la purga madurista son procesados por presunto retraso u omisión intencional de funciones y asociación
Mujeres jóvenes eran captadas para incluirlas en la red de lavado de activos de Pdvsa y las premiaban con una vida «suntuosa», según Tarek William Saab
*Este texto se publicó originalmente el 21 de marzo y fue actualizado el 28 de marzo, tras revelarse nueva información oficial sobre las investigaciones
Desde el pasado 17 de marzo se inició en Venezuela una especie de purga madurista. El Ministerio Público, a través de la dirección general contra la corrupción, delincuencia organizada y protección a los derechos humanos, informó que ha venido investigando varias tramas de corrupción, malversación de fondos y hechos delictivos que involucran a funcionarios públicos.
En declaraciones a la estación radial Onda, el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, explicó que desde hace meses adelantaban estas investigaciones y que con la Policía Nacional Anticorrupción, junto con el Sebin, avanzaron esta semana a la fase «más trascendente», que implica «órdenes de captura, detenciones, allanamiento e incautaciones».
En la entrevista, Saab precisó que los detenidos en este proceso no pertenecen todos a la misma trama. Aclaró que aunque las investigaciones son independientes por tratarse de «delitos diferentes» tienen varios denominadores comunes de fondo: «corrupción, antiética y malversación».
«Hay cosas formalmente judicializadas y procesadas. En base a ello hemos designado cinco fiscales con competencia nacional para avanzar en la nueva frase investigativa, lo que no descarta que vengan u ocurran nuevas detenciones», advirtió William Saab.
En un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción se señala que con estas actuaciones buscan “enfrentar el flagelo de la corrupción y castigar de manera ejemplar a quienes incurran en actos criminales, sea quien sea y caiga quien caiga”.
Las detenciones se están practicando tras investigaciones de meses, que arrojaron que algunas personas estarían incursas en “graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
#Urgente🔴 A través del siguiente comunicado la Policía Nacional Anticorrupción informa que se solicitó ante el MP el encauzamiento de individuos vinculados al poder judicial, industria petrolera y alcaldías municipales. Lea aquí ⬇️⬇️#BastaDeImposiciónImperialpic.twitter.com/qidOEORe7T
Poca información oficial en los inicios del proceso
Lo que llamó la atención inicialmente sobre este proceso de investigaciones y detenciones por hechos de corrupción administrativa, malversación y otros ilícitos fue la insuficiente información pública al respecto.
La asociación civil Transparencia Venezuela expresó en un comunicado su preocupación por el silencio oficial que predominó en los inicios del operativo.
«Resulta preocupante que, pese a la gravedad de los hechos a los que hace referencia la Policía Nacional Contra la Corrupción, que fue reiterada en los anuncios realizados por el Ministerio Público, sea tan escasa la información pública», se lee en el comunicado.
A cuatro días de iniciarse los procedimientos, los nombres de los presuntos funcionarios y de empresarios detenidos trascendieron de manera extraoficial, así como también las «supuestas tramas de corrupción, los presuntos vínculos con organizaciones criminales y los ‘miles de millones extraviados’”.
Transparencia Venezuela instó en esa ocasión a las autoridades que el país «tiene derecho a saber más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo o el tamaño del patrimonio público comprometido».
En horas de la tarde del 21 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, reveló que había 19 personas detenidas por los hechos, pese a no ser la autoridad natural para anunciar estos detalles.
Y no fue sino hasta el 25 de marzo cuando el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, precisó que eran 25 los detenidos en la purga madurista: 21 por la trama de corrupción en Pdvsa (entre funcionarios y empresarios) y el resto por corrupción en el poder judicial y otros ilícitos, como la supuesta vinculación con bandas criminales del alcalde chavista de Las Tejerías, Pedro Hernández.
A continuación, lo que se sabe hasta ahora sobre los frentes de investigación de la «purga madurista» y quiénes están siendo investigados por el caso.
Frente por malversación y corrupción en Pdvsa
La investigación por el desvío de más de $3.000 millones pagados en criptomonedas a la estatal petrolera por venta del crudo venezolano suma varios caídos.
En plan estelar, destacó la renuncia de quien era titular del Ministerio de Petróleo desde el año 2020, Tareck El Aissami, uno de los hombres fuertes del oficialismo desde hace más de dos décadas.
«En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Pdvsa he tomado la decisión de presentar mi renuncia como Ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso», expresó El Aissami en un trino en Twitter.
Dos cercanos colaboradores suyos fueron detenidos por estasinvestigaciones: uno de ellos es Joselit Ramírez Camacho, exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip). Ramírez Camacho, oriundo de Mérida al igual que El Aissami, fue director del despacho de este en la gobernación de Aragua en 2012.
El diario oficialista Últimas Noticias reveló que Ramírez Camacho participó desde la Sunacrip en un esquema «para impedir el ingreso al Ejecutivo Nacional de las divisas obtenidas por venta de petróleo».
Un experto petrolero consultado por el medio explicó que entre octubre y noviembre de 2022, Venezuela vendió cerca de 120 millones de barriles de crudo por un monto de más de $3.000 millones.
Para supuestamente evadir las intenciones de EEUU de «torpedear dichas operaciones», se recurrió al mecanismo de las criptomonedas. La Sunacrip era el ente que debía concretar las transacciones y hacer que el dinero bajara al gobierno. Pero, según la versión que publica Últimas Noticias, en una revisión en diciembre, el Ejecutivo Nacional no encontró ese dinero en sus cuentas.
Otro de los detenidos por esta trama es el coronel Antonio Pérez Suárez, quien desde 2020 se desempeñaba como vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa.
El coronel Antonio Pérez Suárez fue presidente de la Corporación Socialista de Cemento, una empresa del Estado. Fue sucedido en el cargo por su compañero de promoción, el coronel Neptalí Acosta Prieto
El militar fue miembro del consejo directivo de la fundación nacional «El Niño Simón Bolívar», un ente adscrito al Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo.
De acuerdo con la página Poderopedia, Pérez Suárez igualmente fue presidente de Venirauto Industrias, de la Corporación de Comercio y Suministro Socialista, la Corporación Socialista del Sector Automotor y viceministro de Industrias Intermedias y Ligeras del Ministerio de Industrias y Producción Nacional.
A la lista se sumaron el exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología Hugbel Rafael Roa Caruci, diputado a la Asamblea Nacional oficialista.
La Fiscalía afirma que «usaba su cargo» para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban».
Otros funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa arrestados son: José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Odoardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar. El Ministerio Público explica que «mantenían cargos de responsabilidad para contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior».
También, fueron aprehendidos Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos pertenecientes a la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
Empresarios detenidos en la «purga madurista» y otros solicitados
La Fiscalía también difundió la lista de empresarios detenidos por la trama de corrupción en Pdvsa. Figuran entre ellos, según descripciones del fiscal general:
Manuel Meneses: Operador financiero y asesor del jefe de la estructura
Roger Ramírez: coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados.
Rafael Perdomo y Roger Perdomo : Hermanos que fungían como empresarios asociados «y operadores financieros nacionales para legitimar capitales».
Daniel Prieto: Empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional (fue detenido en República Dominicana)4
Kristhonfer Barrios, Johanna Torres. Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez, Leonardo Torres: a estos seis últimos «se les asignaban contratos millonarios que casi nunca cumplían, incluso desde la época en la que Hugbel Roa era ministro de Alimentación».
Por otra parte, hay 11 solicitados por esta trama de corrupción que aún no habían sido detenidos hasta el 28 de marzo: Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso (hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar capitales), William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railín Elizabeth Yépez. Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño, Yuravic Ravelo.
Hechos concretos de investigación y delitos a imputar
El titular del Ministerio Público informó que las investigaciones detectaron una red de funcionarios que se valían de su cargo para «ejecutar operaciones petroleras paralelas a Pdvsa».
“Esto se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de la empresa estatal sin ningún tipo de control administrativo ni garantías. Esto incumple con las normativas de contratación requeridas para tal fin”, profundizó el funcionario madurista.
Además de la comercialización ilegal de crudo, se incumplió con los pagos correspondientes a Pdvsa. Estas operaciones al margen de la ley, según la Fiscalía, fueron favorecidas por un «conglomerado de sociedades mercantiles que legitimaron el capital obtenido de las ventas» a través de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
Los delitos imputados a los involucrados en la trama fueron: apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación.
🧑⚖️ ¡TRAICIÓN A LA PATRIA! El delito para funcionarios corruptos de Maduro #25Mar
Tarek William Saab informó que a todos los funcionarios del gobierno vinculados a esta trama de corrupción se le añadirá el delito de traición a la patria
Además de estos delitos, los funcionarios públicos identificados serán imputados por traición a la patria.
Frente por corrupción en el poder judicial
Quienes figuran como detenidos por estas investigaciones son el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, el juez cuarto de control con competencia en delitos asociados al Terrorismo, José Mascimino Márquez García y el juez primero de Control del estado Falcón, Jorwis Bracho.
Cornieles Perret fue juramentado en el cargo por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutierrez, hace apenas cuatro meses. Junto a Márquez, de acuerdo con investigación de la Fiscalía, se concertaron para otorgarle medida cautelar a Oswaldo Cheremos Carrasquel, procesado como integrante del Tren del Llano.
La intención, según asegura la Fiscalía, era que Cheremos Carrasquel pudiera ser juzgado en libertad.
#GalaJudicial José Mascimino Marquez García, juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo, es el segundo magistrado de la noche aprehendido en operación especial de la #PNCC. También por delitos de corrupción en circuito judicial de Caracas. pic.twitter.com/ysXzTt1AlK
El juez Mascimino Márquez García es tristemente célebre por su implacable accionar en los procesos contra dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil.
Antes de su vertiginoso ascenso en el sistema de justicia en el año 2019 se desempeñaba como camarero principal de una reconocida arepera en Caracas. Fue responsable de la detención y privativa de libertad en contra del diputado y dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, en julio de 2021; así como también de las del periodista Roland Carreño.
A su expediente rojo se suma haber ordenado la detención de 12 indígenas pemones en enero de 2020 por un supuesto asalto al Batallón de Infantería de Selva 513 Marino Montilla, en Santa Elena de Uairén. En el grupo estaba Salvador Franco, quien falleció luego en prisión por tuberculosis.
José Mascimino Márquez García también estuvo a cargo del caso de la Operación Gedeón en 2020. Los implicados en el caso denunciaron que violaron sus derechos. Asimismo, ordenó encarcelar al coronel Juan Rodríguez Dos Ramos por presunta conspiración en contra del Gobierno.
Sobre la detención del juez primero de control de Falcón, Jorwis Bracho, se supo que se practicó el pasado 17 de marzo, primer día de la jornada de la operación «guerra contra la corrupción». Medios locales indicaron que fue trasladado a Caracas un día después.
Informó la fiscalía que al momento de celebrar una audiencia especial de tercería acordó la entrega de cuatro vehículos automotores, que eran objeto de medida cautelar de incautación solicitada en su momento por el Ministerio Público.
«Los propietarios de dichos vehículos están sujetos a investigación penal, incluso algunos investigados como terceros interpuestos, por lo que se presume que Yorwis Bracho Gómez se aprovecha de su cargo como Juez para otorgar beneficios judiciales», se lee en un despacho de la Fiscalía.
Bracho fue el encargado de abrir, en enero de 2022, un expediente por tráfico de drogas contra la alcaldesa oficialista de Semprún, Keyrineth Fernández y la diputada a la AN por el Zulia, Taína González. A ambas funcionarias las detuvieron con más de siete kilogramos de cocaína en el contexto del operativo «Manos de Hierro».
Los tres miembros del Poder Judicial aprehendidos en la purga madurista son imputados por presunto retraso u omisión intencional de funciones y asociación.
#Tercero El abogado Jorwis Bracho Gómez, de 41 años, quién se desempeñaba como juez 1° de Control del estado Falcón, se convirtió en el tercer funcionario del poder judicial detenido en la primera jornada de la operación #GuerraContraLaCorrupción anunciada ayer por la PNCC pic.twitter.com/iBY5V8InEU
Hasta el momento, la autoridad de escogencia popular detenida en la purga madurista es el alcalde chavista de Las Tejerías, Pedro Hernández.
«Un exalcalde que se vincula con trenes delincuenciales tienen que ser detenido, sancionado y penalizado, no se trata de pase de factura», comentó el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, cuando le preguntaron por las razones de esta detención
Hernández fue el alcalde del PSUV que recibió más votos en Aragua en las elecciones regionales de noviembre de 2021, al ganar con 72,25% de los votos en el municipio Santos Michelena de la entidad.
Hernández se exhibía frecuentemente apoyado por altas figuras del gobierno madurista. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, los altos jerarcas del chavismo le dieron la espalda cuando trascendió su detención.
“Un funcionario público no puede tener amigos en grupos delictivos”, declaró en rueda de prensa ofrecida el 21 de marzo el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, al referirse al caso de Hernández y respaldar la «cruzada anticorrupción».
#PurgaMadurista 🗣️El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ofreció declaraciones luego de esta ola de detenciones.
Meses antes, durante la tragedia por el deslave en Las Tejerías en octubre de 2022, el propio Cabello ponía las manos en el fuego por la autoridad regional y lo calificaba como un «señor alcalde».
«Es un señor alcalde. Su pueblo lo respeta, lo reconoce. Pedro Hernández no sale del sitio allí, atendiendo a su gente, entregado al trabajo de atender a su gente», expresó Cabello el 19 de octubre de 2022, en la emisión de su programa Con El Mazo Dando.
#PurgaMadurista 🗣️El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ofreció declaraciones luego de esta ola de detenciones.
Además de Saab y Cabello, el gobernante Nicolás Maduro fijó posición sobre la detención del alcalde de una forma más tajante y con señalamientos específicos.
“Están comprobados plenamente sus vínculos directos con la banda del criminal, del asesino, alias El Conejo. Sus vínculos múltiples, sus negocios. ¡Una cosa increíble!”, denunció en declaraciones a VTV.
“Quién pensaría que aquel que nos ponía la cara, cuando se daba la vuelta, estaba coordinando con uno de los criminales más buscados, enemigo público número uno de la paz y la estabilidad del pueblo aragüeño, el criminal, narcotraficante, asesino, alias El Conejo”, sumó Maduro en tono estupefacto.
Maduro sobre el alcalde chavista de Las Tejerías, Pedro Hernández: "están comprobados plenamente sus vínculos directos con la banda del criminal, del asesino, alias El Conejo. Sus vínculos múltiples, sus negocios. ¡Una cosa increíble!" pic.twitter.com/RBX5dWNsdD
El 25 de marzo, la Fiscalía confirmó que Hernández Inojosa fue detenido por su presunta vinculación conCarlos Enrique Gómez Rodríguez, alias “El Conejo”, quien cayó en un operativo policial en Sucre la semana pasada.
Al exalcalde lo señalan de financiar y apoyar con recursos del Estado venezolano «fiestas, eventos públicos y material logístico de grupos delincuenciales».
La Fiscalía también lo relacionó con Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero”, jefe de la megabanda el Tren de Aragua, que está preso en la cárcel de Tocorón y desde allí controla «células criminales y terroristas internacionales que operan en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile».
Frente sobre supuestas redes de prostitución al servicio de políticos y empresarios
La agencia AFP afirmó en despacho el pasado 21 de marzo que el exministro y diputado a la AN oficialista Hugbel Roa, detenido por hechos de corrupción en Pdvsa, también tenía tenía una red de «testaferros» entre los que se encontraba el empresario Alejandro Arroyo, «dueño de una mansión en el Country Club, una inmensa flota de camionetas y equipos de fútbol», añadió la fuente.
De acuerdo con esta versión, Roa «manejaba una red de prostitución al servicio de este grupo donde captaban a jovencitas para que les sirvieran de damas de compañía», subrayó el informante de AFP, quien agregó que el empresario también tenía una «sociedad con el exgobernador de Cumaná, Edwin Rojas».
En esta supuesta red salieron a relucir nombres de presuntos involucrados y testaferros como Alejandro Arroyo, Daniel Prieto y Johanna Torres. Sobre esta última empresaria existía una orden de captura que data de 2021 por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
#HOY A solicitud del @MinpublicoVE fue acordada por el Tribunal de la causa en el estado Anzoátegui, orden de aprehensión contra la ciudadana Johanna Lisseth Torres Ojeda por los delitos de Legitimación de capitales y Asociación para delinquir. pic.twitter.com/CX2uXheSbg
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) March 31, 2021
«Investigaciones preliminares han comprobado su descomunal fortuna mal habida mediante una estructura delictiva compuesta por testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron recibir contratos ilícitos a dedo otorgados en Pdvsa y el Ministerio de Alimentación», aseguraba el Ministerio Público.
Sobre este tema, el fiscal general Tarek William Saab se limitó a comentar en la rueda de prensa del 25 de marzo que mujeres jóvenes eran captadas para incluirlas en la red de lavado de activos de Pdvsa y las premiaban con una vida «suntuosa».
«Los implicados en la trama de corrupción demostraban un estilo de vida que no corresponde a ningún funcionario público, y menos en el caso de alguna de estas damas que no tienen origen de estudio ni de trabajo. De pronto aparecían vinculándose a estos sujetos, dándose una vida que sinceramente ni los príncipes del Golfo se la dan», expresó Saab en sus declaraciones.
El extitular del Minci da su versión de cómo funcionan los “bandos del madurismo”, defiende su gestión en materia comunicacional, reconoce el uso de los medios públicos al servicio de una parcialidad política y asegura que no estaba de acuerdo con el uso excesivo de las cadenas
Explica cómo fue su proceso de desvinculación con la «revolución bolivariana», que le costó exilio y confiscación de propiedades
Andrés Izarra (Caracas, 24 de mayo de 1969) conoce al chavismo desde primera línea. Fue una figura importante del presidente Hugo Chávez, como titular del Ministerio de Comunicación e Información (Minci) (2004-2005, 2008, 2010-2012) y luego se desempeñó como ministro de Turismo de Nicolás Maduro (2013-2015).
Recientemente rompió su silencio desde Berlín, donde reside y ha cuestionado abiertamente las operaciones de supuesta guerra contra la corrupción que han resultado en la detención de figuras importantes del Gobierno. Izarra asegura que dentro del madurismo hay una recomposición. Señala que cada grupo tiene sus actores económicos, políticos militares y hasta de inteligencia, “es una cosa muy tribal”, asegura, mientras aporta algunos elementos para la caracterización de cada “bando”.
Pero, además, Izarra defiende su gestión frente al Minci. Asegura que la estrategia en ese momento era potenciar los medios estatales, ante el “terrorismo mediático” evidenciado en aquellos días de 2002. Explica que crearon la Ley Resorte justo para hacerle frente a estos medios: “Fue una reacción natural del Estado”, argumenta.
Reconoce que se usaron los medios estatales al servicio de una parcialidad política, pero matiza que los medios privados también estaban obligados a ser equilibrados, porque estaban haciendo uso del espectro radioeléctrico que también es público, y sin embargo, no lo eran.
Niega que Chávez haya cerrado medios de comunicación, que lo que se hizo con RCTV fue no renovarle la concesión porque era una potestad del Estado y dice desconocer qué criterio prevaleció en Conatel para negar la posibilidad que RCTV Internacional saliera por televisión por suscripción.
–¿Cómo ve este tema de la supuesta avanzada contra la corrupción que está llevando el gobierno de Nicolás Maduro?
– Como lo he dicho esta no es ninguna guerra contra la corrupción. El madurismo trató de implantar una narrativa y una etiqueta en las redes sociales de guerra contra la corrupción y un par de ministros declararon cuando comenzó la razzia y la gente se dio cuenta de inmediato que esto no es ninguna guerra contra la corrupción, es una guerra entre mafias. Esta opinión coincide con lo que vimos en los hechos, que uno de los grupos fue afectado en esta disputa interna. Si esto fuera una guerra contra la corrupción los organismos, supuestamente independientes, debieron haber actuado, y el primero que debería estar preso es Tarek El Aissami. Es una guerra entre las mafias que conforman el madurismo. Hubo un cable dramático que publicó Reuters, donde se informó que fueron por lo menos 20.000 millones de dólares los que están desaparecidos.Nicolás Maduro es quien debería renunciar, porque esto es una responsabilidad directa: La administración del Estado.
–Se ha hablado mucho de la existencia de estos grupos. ¿Realmente hay unos bandos con intereses distintos? ¿Cómo están configurados?
–Sí, claro. Cada grupo tiene sus intereses económicos, su red de inteligencia, sus conexiones internacionales y alianzas con otros grupos. Pero es fluido. A veces se alían con otros para ir contra un tercero, luego se reconfiguran, es una relación plástica. Pero cada quien controla ciertas alas de influencia, tiene mayor tradición de arraigo en ciertos espacios de influencia del Estado. Cada quien tiene su grupo de militares con los que trabaja. Y es como una cosa tribal entre esta élite madurista. Muy mafioso, es una organización delincuencial, sin duda.
¿Cuáles son las cabezas visibles de cada uno de estos bandos?
–La de Diosdado Cabello, que está muy disminuida, porque Maduro, como jefe del pranato, lo ha reducido mucho en una disputa que ellos tienen histórica. El nuevo grupo de gente con el que se apoya mucho Nicolás es el de los hermanos Rodríguez, que es el que ha ganado o va ganando hasta ahora. El grupo de El Aissami, que al parecer en silencio ha ido construyendo un nivel de poder que le disputa la preponderancia al Estado venezolano, controla fiscales, militares, operadores políticos, económicos, quienes a la vez tienen juicios en los EEUU. Estructuras de inteligencia, policiales y militares. Es un poder, por eso es que no lo pueden meter preso. Conoce todos los pecadillos, los negocillos.
-¿Cuál es el rol de Padrino López?
–Tiene cierta influencia, pero a pesar de que tiene tanto tiempo, el desgaste es muy grande y tú ves cómo está eso en la Fuerza Armada, cómo está el prestigio y la reputación de la institución militar bajo la tutela de Padrino y tienen a los militares como está todo el país: En una situación de necesidad.
-¿Me imagino que el resto de las cabezas seguirá este tema con preocupación, porque si cae El Aissami, puede caer otro?
-El problema del gobierno hoy es ese. Es un pulso permanente. En esta recomposición que se está dando eso está muy disputado. Y en lo interno del PSUV la gente se está preguntando: «¿Nos vamos a tirar este barranco con Nicolás?» La gente tampoco cree que esto sea una guerra económica. Como dicen los maestros: no es el bloqueo, es el saqueo, y eso ha seguido cogiendo fuerza en la opinión pública y en lo interno se han dado cuenta del engaño. La capacidad de manipular está muy mermada porque la gente la está pasando muy difícil.
–¿Usted, que fue parte de ese equipo de gobierno, puede darnos ejemplos para ilustrar, ¿cómo es el tema de la corrupción en el alto gobierno?
–Yo estaba en un cargo bastante marginal, en el Ministerio de Turismo donde no se manejan recursos, ni grandes espacios de poder. Una cosa con todos los hoteles quebrados. Tratamos de volver a recoger el impuesto al turismo y con lo que se hicieron algunas cosas, proyectos. Eso ocurre a otros niveles de gente que tiene otros niveles de poder a los que nunca accedí. Nunca fui de esa cúpula. Yo fui dos años ministro de Nicolás y él nunca me agarró el teléfono durante ese tiempo. Yo venía de hablar con Chávez todos los días. Pasamos de una situación central, donde Chávez tomaba las decisiones y era centro del poder a una cosa como distribuida y gente que controlaba cosas distintas. A mí me trajo fue Chávez, nunca dependí de ningún grupo.
–¿Pero tuvo conocimiento de cómo se manejaban los fondos o del manejo de la justicia, que al fin y al cabo, es la que permite la impunidad?
–Lo que pasa es que todos esos temas de la justicia lo maneja Cilia directo. Ella pone jueces, que le consultan, fiscales. Es un tema que ella se lo reserva para ella. Eso no se ventila directamente. Posiblemente, en grupos muy cerrados a los que no tuve acceso. Yo estuve ahí, formé parte de ese grupo y di lo mejor de mí, pero mi nivel de poder era tal que ni siquiera una Ley me permitieron aprobar (la reforma de la Ley de Turismo).
¿Cómo fue su proceso de desvinculación del gobierno de Maduro?
–Yo salí del gobierno por una decisión personal, pero no me desvinculé del proceso bolivariano hasta mucho después. Hasta un par de años después. Para mí el parte agua fue la elección para la Asamblea Nacional Constituyente, el hecho que hayan trampeado esa elección como lo hicieron, fue para mí un tema de ruptura. A pesar de que tuve intención de presentarme como candidato a la Constituyente, lo que no pude hacer por los temas personales que estaba enfrentando en ese momento. Y tú sabes que el madurismo es muy resentido. Arremetieron contra nosotros, con mi familia, porque como yo estoy casado con Isabel (González) hijastra de (Antonio) Ledezma, entonces creen que yo soy aliado de Ledezma o tengo vínculos políticos. Yo ni siquiera vivo en la misma ciudad que Ledezma. Mis hijos son sus nietos, es como en todos lados: es una relación muy civil, cada quien tiene su posición política y los espacios son los espacios.
Entonces, el madurismo arremetió contra nosotros. Nos quitaron todas las propiedades, mi familia tuvo que salir huyendo. Se fueron mi mamá y mi hermana a Bogotá. Nos quitaron la casa en Caraballeda que heredó Isabel de su abuelo y la tiene una mujer vinculada a un comandante del DGCIM y desde allí publica fotos en sus redes sociales. La casa fue tomada en una operación encabezada por otro de los comandantes acusados por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Esa casa estaba alquilada a una familia, entre ellos, una señora mayor con dos niños, y llegaron 12 personas con armas largas. Eso está documentado con denuncias ante instancias internacionales, porque en Venezuela el fiscal Tarek William Saab se niega a conocer el caso. No ha habido manera que conozcan del caso.
–Y eso que su papá (William Izarra) tenía fuertes vinculaciones con el chavismo.
–Mi papá murió porque no consiguió oxígeno, porque estos carajos ni siquiera pudieron facilitarle una bomba de oxígeno cuando le dio COVID-19. Lo irónico es que él murió apoyando al madurismo y era de la opinión que se había luchado mucho para lograr lo alcanzado y nunca se dio cuenta lo que era el madurismo.
–El paso más polémico en la vida política suya fue por el Minci, en momentos que se dio una vuelta de hoja de todo lo que se conocía de las políticas del Gobierno sobre el hecho comunicacional. ¿Hoy en día cómo ve su gestión frente a este Ministerio?
–Tuvo dos etapas. La primera fue muy concentrada. Veníamos de un golpe de estado, impulsado, organizado y estructurado desde los medios de comunicación. Eso está más que comprobado y esa primera etapa fue mucho enfoque en construir las capacidades de lo que luego el profesor Marcelino Bisbal llamó el “Estado comunicador”, que era una reacción natural a lo que fue la agresión política en 2002 y que fue estructurada desde los medios privados, que se constituyeron en la principal amenaza hacia la democracia venezolana.
Venezuela fue sometida a 64 días de terrorismo mediático, donde ni siquiera había propaganda, la propaganda eran mensajes políticos de “Chávez vete ya”. Toda la programación era de propaganda política en un esfuerzo mancomunado de todos los canales privados y la red de medios en manos de una conspiración. Pero no había instrumentos legales para hacerle frente. A raíz de eso el Estado reaccionó. La ley de Telecomunicaciones no nos daba para hacer mucho y entonces se creó la Ley Resorte, porque la ley de Telecomunicaciones no nos permitía acciones, o estaba muy limitada en su capacidad regulatoria, porque venía de la Cuarta República, controlada por las élites del poder de ese momento donde los dueños de los medios eran los amos del valle.
Luego, construí Telesur y la última etapa fue de coordinación, diseño, organización y estructuración diaria del mensaje y su despliegue y su coordinación en todo el gobierno, que no fue fácil y hubo que hacerlo así porque Chávez se enfermó. Había que suplir lo que hacía Chávez, que llenaba todo el espacio comunicacional con su mensaje y, al no tenerlo, tuvimos que organizarnos para que ese mensaje se mantuviera y poder mantener el pulso político de cara al proceso de reelección.
–Analizando lo que tenemos hoy en día en el escenario comunicacional y de la libertad de información, si se ve por los medios impresos, cerraron casi todos y otros cayeron en manos de gente con nexos con el Gobierno. Las emisoras de radio prácticamente anuladas sin opinión de tipo político y una gran cantidad de emisoras cerradas, bloqueos a los portales electrónicos y, en gran medida, se usa la Ley Resorte como instrumento para silenciar a los medios de comunicación. Y si hablamos de las redes sociales, sabemos todo el tema de desinformación. Los analistas coinciden en que esta es finalmente la consecución de la hegemonía comunicacional que Izarra planteaba en aquella entrevista en El Nacional (2007)
-No, eso es lo que la derecha ha interpretado. Pero yo lo indicaba en el sentido de construir la hegemonía como decía (Antonio) Gramsci, los acuerdos, pactos y consensos que permitían defender la democracia ante las agresiones y amenazas que sufrimos por parte de los medios en 2002. Los medios de comunicación privados terminaron siendo una amenaza y de hecho luego estuvieron en el sabotaje petrolero. Ahora, lo que tú nombras de la caída de los medios impresos, es una tendencia mundial por el surgimiento de Internet, teléfonos portátiles y todo lo que es la revolución digital, lo que no había ocurrido es que desde Conatel te cortaran el acceso al portal, eso sí es novedad.
Durante el gobierno de Chávez nuestro esfuerzo fue por construir una alternativa de medios, lo que el profesor Bisbal llamaba el Estado comunicador, que yo no lo niego y lo tuvimos que hacer para garantizar la supervivencia de nuestro Gobierno. Tratamos de construir una alternativa, por eso lanzamos Telesur, reforzamos la capacidad de producción de VTV, salimos de análogo a digital, reforzamos la red transmisión abierta en todo el país, entramos en las primeras transmisiones de Internet, reforzamos el sistema de Radio Nacional de Venezuela.
Fue un esfuerzo de reforzamiento de los instrumentos y de las capacidades comunicacionales del país. ¿Tú vas a decir que con medios públicos no teníamos que defender una parcialidad política? Sí, esa crítica te la acepto, pero el espectro comunicacional también es público y tienes una serie de medios privados que hegemonizan las audiencias, porque los medios privados acaparaban el 95% de las audiencias, por lo cual, también estaban obligados a ser plurales en su contenido y no lo eran, y la forma de hacerle frente a eso era capitalizar nuestros mensajes en los medios que nosotros controlábamos.
–Pero es que además no solo se trataba de potenciar las capacidades del Estado, es que por el otro lado se trataba de limitar la capacidad de los medios privados e independientes de poder comunicar
–¿Lo dices por la Ley Resorte?
–Sí, la Ley Resorte fue el instrumento usado para eso y los cierres de medios.
–¿Pero recuérdame qué medios fueron cerrados cuando Chávez?
-A RCTV no se le renueva la concesión para supuestamente crear una televisora social, que terminó siendo un canal más y no es para nada de servicio social.
–Se le venció la concesión. ¿Entonces las concesiones son eternas? Se le venció la concesión y el Estado está en su plena capacidad de decidir si se le renueva o no. Eso se pudo haber resuelto con el tema de la televisión digital-aérea, donde las capacidades de canales que estaban en el espacio analógico se multiplicaban infinitamente con la digitalización del espacio radioeléctrico.
–Pero es que RCTV incluso intentó ir al plano internacional a través de las cableras y no lo dejaron. Hicieron un reglamento sui generis, para que fuera únicamente aplicado para RCTV
–No sé. Eso no lo hizo el Ministerio de Comunicación e Información. No sé si la Ley de Telecomunicaciones permite restringir que RCTV produzca en Venezuela y transmita para afuera. No lo sé.
–Estoy hablando que RCTV internacional tenía la intención de transmitir su señal por cable, entonces se creó un reglamento especial donde los productores nacionales tenían que presentar su grilla, RCTV intentó hacerlo, fue a Conatel y no le aceptaron la solicitud
-Pero Conatel no es el Ministerio de Comunicación e Información. No te puedo decir cuál fue el criterio que prevaleció.
–No solo estamos hablando de la crítica a su gestión, sino que la gestión del tema comunicacional durante ese período, no solamente se enfocó en potenciar las capacidades del Estado, sino que también se limitó la forma como podían trabajar los medios de comunicación privados. Y vemos a lo que ha llegado hoy en día. Por ejemplo, usted plantea el caso de los medios privados y las tendencias digitales, pero es que…
–Yo lo que recuerdo es que en esa época se abrieron una cantidad de nuevos portales. Hay una onda tecnológica que influyó en la reconfiguración del panorama mediático en Venezuela y que no necesariamente provino de una acción coercitiva del Estado, sino que en gran medida obedeció a una evolución de las herramientas con las que se hacía la comunicación. Noticas 24 era el medio que marcaba la pauta en ese momento. Nosotros no lo controlábamos y luego salió La Patilla a competir con ellos. Es decir, se abrieron nuevos espacios donde la comunicación y la opinión se expresaban. Nosotros estábamos batallando. Abrimos nuestro portal de Venprés, y no tuvimos tanto éxito como Noticias 24.
Estábamos tratando de competir, no es que decíamos “ustedes no hablan”. Eso no fue así. Ahora sí es así. Por ejemplo, tienen a Aporrea bloqueado, imagínate tú… Lo de Chávez era “vamos a la batalla comunicacional”, “vamos a enfrentar con nuestras ideas”, por eso es que Chávez estaba todo el día al aire. Había fines de semana que tenía 40 cámaras en la calle. No había un presidente que tuviera las capacidades comunicacionales que tenía Chávez y aun así se quejaba. Lo de las cadenas (transmisión obligatoria conjunta de radio y televisión) te doy la razón. Era un problema que yo tenía con él, sobre el uso estratégico de las cadenas. Yo no creía que eso funcionara. Siempre fui de la tesis –y lo peleé con él, pero él decidía– sobre la eficiencia y su uso constante. Yo no estaba de acuerdo con esas cadenas de 5 o 6 horas.
-¿Cómo ve la gestión del derecho de información y expresión actualmente en Venezuela?
–Una tragedia. Eso es una dictadura. Están gobernando las trasnacionales sobre el petróleo, tienes al único presidente latinoamericano sobre el cual pesa una investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, eso no es poca cosa y es un indicador de lo que ha sido el retroceso de la política en Venezuela. Es un gobierno que tortura, persigue y coarta todo tipo de libertad y allí tenemos las consecuencias. Yo estoy desterrado. Tengo 8 años que no voy a Venezuela porque puedo ir preso, y no necesitan una causa para meternos preso, sino solo porque a alguien le dio la gana, así como nos quitaron la casa porque a alguien le dio la gana.
–¿Cómo es su día día? ¿Qué está haciendo?
–Haciendo páginas Web, aprendí a programar (…) durante varios años estuve haciendo mercadeo digital, por eso es que salté a hacer páginas web y eso me permite trabajar desde la casa y a raíz del Covid el trabajo desde la casa se convirtió en un estándar. No me voy hacer rico con eso, pero paga las cuentas. Estoy en Berlín.
A tres años de la pandemia, las cifras oficiales de Venezuela reportan 552.322 casos de COVID-19, 5.854 fallecidos, 546.155 pacientes recuperados y 275 activos. La organización Médicos Unidos de Venezuela denunció que hasta febrero de 2022, 823 trabajadores de salud han fallecido a causa de COVID-19
“Mañana martes 17 de marzo, a las 5:00 de la mañana, Venezuela entera entra en cuarentena social. Todo el país. Es una medida drástica necesaria”, anunció Nicolás Maduro, el 16 de marzo de 2020 a través de una cadena nacional. Lo que se siente como un recuerdo en lo más profundo de la mente, realmente ocurrió y fue hace tres años.
Hoy hace tres años, un lunes por la tarde, falleció un hombre de 47 años en el estado Aragua. Fue el primer fallecido registrado por COVID-19 en Venezuela. La vicepresidente Delcy Rodríguez indicó que el hombre, de identidad desconocida, sufría de una enfermedad respiratoria crónica “producto de su actividad laboral”. Rodríguez explicó que el paciente había ingresado a una clínica privada este mes de marzo por una neumonía, y tres días después se le practicó la prueba de COVID-19 en la que salió positivo.
La cuarentena decretada por el Estado venezolano no solo trajo a la población casos de COVID-19, confinamiento en casa, educación y trabajo a distancia, también trajo escasez de gasolina y de oxígeno, y miedo a decir que se padecía síntomas relacionados al COVID-19.
A tres años de la pandemia, las cifras oficiales de Venezuela reportan 552.322 casos de COVID-19, 5.854 fallecidos, 546.155 pacientes recuperados y 275 activos. La organización Médicos Unidos de Venezuela denunció que hasta febrero de 2022, 823 trabajadores de salud han fallecido a causa de COVID-19.
Reporte de personal de salud fallecidos con criterios para Covid-19. En el mes de Enero reportaron 7 fallecidos y uno del #30Dic para un total durante todo el periodo de 823
El retraso de la información se debe a dificultad para confirmar los criterios para Covid-19 en Edos. pic.twitter.com/2VJE1HOBud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó unas 22.325 muertes asociadas al COVID-19 en el país hasta diciembre de 2021. Para esa fecha, la administración de Maduro solo reportaba 5.328 muertes acumuladas.
A tres años de ese martes en el que empezó el encierro, también se cumple el tercer aniversario de la escasez de gasolina y la extraña sensación de ver el cielo blanco, como el fondo de Pixar, por la calima que generaron los incendios.
La logística que implicaba hacer el mercado y organizar las cosas en la cocina para muchos consistía en poner cestas en la puerta de la casa para desinfectarlos con alcohol y de ahí llevarlos a la cocina. La ropa que salía de la casa iba directo al área del lavandero porque estaba “infectada”. Nadie tenía suficiente información de cómo se transmitía el COVID-19.
Calles sin carros, tanques sin gasolina
En el marco de logísticas, movilizarse era una de las cosas que más planificación debía tener. Durante los primeros tres meses de confinamiento, Venezuela se quedó sin gasolina. Adicionalmente, el Estado prohibió el paso entre estados, e incluso entre municipios con la intención de “evitar la propagación del virus”.
Los puntos de control entre municipios de cada estado, e incluso entre parroquias, exigían a las personas tener un “salvoconducto” o un pase de movilidad, documentos que permitirían a las personas movilizarse. Este papel debía ser avalado por la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI).
“Recuerdo que mi mamá estaba en Caracas el 13 de marzo y estábamos tomando café y me dijo: ‘Me puedo llevar a tus hijos mañana sábado a Valencia. Eso debe ser unos 15 días y te los traigo’. Pasaron dos meses allá. No lográbamos obtener un salvoconducto para traerlos. Tuvimos que pagar 120 dólares para buscarlos”, dijo Laura Castillo.
Los carros a gas eran los únicos que lograban llenar sus tanques y movilizarse sin gasolina. Durante esos meses, inició el boom de medios de transporte que no necesitan combustible como bicicletas y patinetas.
“Recuerdo perfectamente, como si hubiese sido ayer el 5 de junio de 2020, la primera vez que pagué en divisas, y a 0,5$ el litro de gasolina, por combustible”, indicó Carmen Ibarra.
El sábado 30 de mayo de 2020, Nicolás Maduro anunció un aumento del precio de la gasolina en todo el país y la autorización para que algunos empresarios privados puedan venderla a un precio cercano al de Colombia.
La BBC reseñó que el anuncio tuvo lugar tras la llegada al país de buques cargados con gasolina iraní, con los que el gobierno intentaba resolver la escasez aguda de combustible que lo obligó a imponer un severo racionamiento en la nación que tiene las mayores reservas de petróleo probadas del mundo.
Durante el 3 y 4 de junio, las estaciones de servicio en Caracas empezaron a surtirse de combustible. El viernes 5, la familia de Carmen decidió estar atenta a avisos que daban por grupos de Telegram sobre estaciones de servicios abiertas y salir en caravana con sus hermanos a llenar los tanques de gasolina. En la dulce espera de tener el tanque del carro lleno, Carmen estaba nerviosa por varias razones:
Que la enumeración de los carros que pondrían gasolina terminara justo en el carro delante de su familia.
Que uno de los carros de la familia se quedara por fuera de la cola.
Que se contagiaran de COVID-19 después de tres meses aislados.
Pagar la gasolina.
Por alguna razón que desconoce, la cuarta razón era la que más ansiedad le generaba. ¿Aceptarían tarjeta de débito en bolívares? ¿o solo será en efectivo? Si es efectivo, ¿tendrán cambio? ¿Cuántos litros faltan para un tanque lleno? ¿Y si el medidor está malo y no calcula bien los litros que necesita el carro? ¿Y si no vuelve la gasolina? Carmen no fue la única persona en tener las mismas inquietudes.
Una semana con y una sin COVID-19
Esta salida en familia fue durante la primera apertura del confinamiento el 1 de junio, que constaba de cinco días de trabajo seguidos de 10 días de cuarentena. La apertura coincidió con el regreso de la gasolina al menos a la capital.
Dos meses después, inició el 7+7, esquema de flexibilización implementado por el Estado venezolano que incluía siete días de confinamiento seguidos de siete días de flexibilización general. El 7+7 era suspendido en caso de que hubiese un rebrote de casos de COVID-19.
Cada vez que había un rebrote de casos de COVID-19, la semana radical se extendía por una o dos semanas más. Durante el fin de semana, junto al reporte de cifras oficiales de coronavirus, se anunciaba si la semana sería la que correspondía según el esquema del 7+7 o si cambiaría.
A pesar de esa apertura, la movilidad continuaba siendo un problema. En algunas zonas de la capital, circular durante una semana radical no estaba permitido. La salida de Caracas era uno de los puntos donde se generaba más tráfico durante el lunes, primer día de la semana radical.
Tapabocas, caretas faciales y escasez de oxígeno
Una de las cosas que se olvidó a tres años de la cuarentena es el uso de una careta facial, algo inconcebible durante 2020 y algunos meses de 2021.
Después del anuncio del 13 de marzo de 2020, el alcohol y los tapabocas escasearon en diferentes farmacias de Caracas. La escasez de tapabocas y alcohol duró poco. La que sí persistió fue la escasez de oxígeno.
La Voz de América reseñó a mediados de 2021, que aún teniendo los recursos para costear una clínica privada donde se pagan más de 1.700 dólares diarios por un paciente en terapia intensiva, no había garantía de oxígeno. El portal relató el caso de una mujer que tuvo que trasladar a un familiar a otra clínica privada cuando la llamaron para anunciarle que el oxígeno en ese centro clínico estaba por agotarse.
A la espera de las PCR y la vacuna
Seguido a la búsqueda sin resultado de oxígeno, en sus inicios, la población venezolana no tenía acceso a las pruebas PCR (reacción en cadena de la polimerasa) para diagnosticar la infección de COVID-19.
A diferencia de otros países, en 2020, los venezolanos no tenían acceso a pruebas de diagnóstico de COVID-19. Según El País, hasta julio de 2020, cuatro meses después de la llegada de la pandemia, los números de la pandemia de COVID-19 en Venezuela se vieron a través del ojal de la limitada capacidad diagnóstica que tenía el país.
“Un solo laboratorio en Caracas ha analizado desde marzo hisopos a través de pruebas moleculares. En cuatro meses, las confirmaciones superan los 13.000 casos y las muertes llegan a 124, números que están muy por debajo de la región y sobre todo de sus vecinos de Brasil y Colombia, que cuentan dos millones y 200.000 casos respectivamente”, indicó El País.
Tres meses después, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en probar la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V. La BBC aseguró que científicos occidentales dudaron de la validez del medicamento por la rapidez con la que las autoridades rusas aprobaron su producción y suministro, y por no haber agotado las etapas habituales de prueba.
Los operativos de vacunación iniciaron una nueva etapa de la pandemia. “Un estimado de 600 personas en el hospital Dr. José Gregorio Hernández, de Los Magallanes de Catia. No hubo priorización. Se inmunizaron personas de 85 años o más y hasta un dirigente político de 38 años, sin aparente patología que lo calificara dentro de los grupos prioritarios”, reseñó Crónica Uno.
