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Las proyecciones de Datanálisis contemplan que tras la caída del primer trimestre el consumo se estabilice y recupere el crecimiento para cerrar el año con un alza de 4%

@VSalmeron

El surgimiento de una sociedad con enormes diferencias obligó a Datanálisis a replantearse la manera de evaluar al consumidor y a generar una segmentación que refleje el giro hacia un mercado muy disímil, donde los distintos estratos tienen poco o nada en común.

“Venezuela es una mezcla heterogénea de distintos segmentos con una diferencia tan marcada que ya no tiene sentido referirse a la media. Ya no podemos trabajar tan fácilmente” dice Luis Vicente León, director de Datanálisis.

Para crear la nueva estratificación del consumidor la firma recolectó datos durante el primer trimestre del año y se apoyó en seis variables: acceso a divisas, situación de la vivienda, medios de transporte, servicios médicos y seguro, consumo de alimentos fuera del hogar y acceso a bienes y servicios.

El acceso a divisas o a un ingreso indexado es clave. El dólar desplazó al bolívar y se utiliza para fijar precios, ahorrar y en buena parte de las transacciones, por lo tanto, esta es una variable fundamental para medir la capacidad de consumo.

Un aspecto relevante es que la estratificación por zonas perdió efectividad. “La segmentación se cruzó. Puede haber alguien en un barrio de Petare, por ejemplo, con capacidad de compra en dólares porque tiene un negocio y un profesional universitario jubilado en un apartamento en El Cafetal, una zona de clase media, con una capacidad de consumo muy limitada”, dice Luis Vicente León.

El ingreso

La nueva estratificación segmenta a la población con base a su capacidad actual de compra y consumo. En el estrato alto se encuentra 3,7% de la población que forma parte de familias con un ingreso mensual superior a 5.560 dólares.

En el segundo peldaño está el estrato denominado como clase media emergente. Se trata de 12,9% de la población que pertenecen a familias con un ingreso entre 1.734 dólares al mes y 5.560 dólares.

En el tercer peldaño se ubica el segmento “medio establecido” que representa 22,7% de la población que forma parte de familias con un ingreso mensual entre 673 dólares y 1.734 dólares.

Sigue el estrato “bajo con oportunidades”, que representa a 26,8% de la población que forma parte de familias con un ingreso mensual entre 376 dólares y 673 dólares.

Finalmente está el estrato “bajo excluido”, donde se ubican 8,9 millones de personas, que representan 33,9% de la población y son parte de familias con un ingreso mensual entre 193 dólares y 376 dólares que no les permite alimentarse de forma adecuada.

Los emergentes

Luis Vicente León explica que la clase media emergente, un segmento inédito, incluye a un sector de la población que se adaptó mejor al cambio del mercado y no encaja en el perfil de la clase media tradicional que básicamente agrupa a profesionales con estudios universitarios.

“Esta clase media emergente no tiene una estructura profesional equivalente a la clase media profesional, puede ser un técnico, alguien que se dedicó a actividades comerciales, un joven que desarrolló un negocio por internet o que está vendiendo seguros alternativos. Son jóvenes, la mayoría alrededor de treinta años y se han adaptado mejor a la demanda”, dice Luis Vicente León.

Agrega que “también debemos considerar que en esta categoría puede haber personas con negocios relacionados a actividades ilegales”.

La geografía

Datanálisis construyó un promedio ponderado donde uno es el estrato bajo excluido, dos el bajo con oportunidades, tres el medio establecido, cuatro el medio emergente y cinco el alto para determinar cómo se clasifican las distintas zonas del país en cuanto a su capacidad de consumo.

El resultado es que Caracas con 2,41 puntos se ubica en la parte superior, seguida del resto de la región central con 2,31, Los Andes 2,29, Zulia 2,28, Oriente 2,18, Centro Occidente 2,14, Guayana 2,08 y Los llanos 1,79.

“Arrastrándola un poco Caracas se ubica en el segmento medio establecido. Es una Caracas sin grandes capacidades de consumo, con pérdida de lo que fue su esplendor del pasado, pero en el segmento medio”, dice Luis Vicente León.

Un dato relevante es que Caracas, Maracaibo y Lecherías en Anzoátegui concentran la mayor cantidad de la liquidez en dólares. En la región de Los Andes, Táchira y la actividad de la frontera, elevan el promedio.

El frenazo

Después de un declive que redujo el tamaño de la economía a la cuarta parte, Venezuela tocó fondo e inició una incipiente recuperación que oxigenó el ingreso y el consumo, pero el colapso de la moneda y la aceleración de la inflación entre el segundo semestre de 2022 y el comienzo de este año impactaron la capacidad de compra y golpearon la confianza del consumidor.

“La pequeña recuperación del consumo en 2022 generó unas expectativas muy altas, el venezolano es pendular. Cuando está en crisis ve todo muy negativo y cuando hay un pequeño respiro sobredimensiona las expectativas. Entonces, con la devaluación se desplomó el índice de confianza y cayó el consumo”, dice Luis Vicente León.

En el primer trimestre de este año el consumo, respecto al mismo lapso del año pasado, cayó 6% y el índice de confianza 22 puntos. No obstante, las proyecciones de Datanalisis contemplan que el consumo se estabilice en el segundo trimestre de este año con una variación cercana a cero y crezca 4,5% en el tercer trimestre y 6,8% en el cuarto trimestre.

Estas proyecciones se basan en que el gobierno tendrá un mayor margen de maniobra para estabilizar el tipo de cambio porque corregirá el flujo de ingresos de Pdvsa, que se vio afectado por la corrupción en la cobranza de los envíos de petróleo y en el ingreso de divisas por las actividades de Chevron.

“En el año, al tomar en cuenta la caída, la estabilización y el aumento de los últimos trimestres, habría un aumento de 4% en el consumo” dice Luis Vicente León.

La caída del consumo se manifestó principalmente en reducciones de compra en ropa, recreación, calzado, salidas a comer y viajes.

Las generaciones

Carlos Jiménez, a cargo del estudio de tendencias digitales en Datanálisis, explica que la estratificación por generaciones en Venezuela es: los baby boomers, nacidos entre 1945-1965, donde se ubica el 13% de la población; la generación X, con los nacidos entre 1965-1980, donde se ubica 18% de la población y los millennial, con los nacidos entre 1980-1995, que representan a 31% de la población.

Siguen la generación Z, que incluye los nacidos entre 1995-2010 y donde se ubica 17% de la población y la generación Alpha, donde están los nacidos a partir de 2010 y representa 21% de la población.

“Los millennials son la mayoría de la población y son los que mayor poder de compra tienen. Pero todos son importantes, por ejemplo, la generación Alpha son los niños y tienen gran influencia en algunas industrias como los alimentos. Por su parte, los de mayor edad, los baby bumers, generan la economía plateada que tiene que ver con los adultos mayores y actividades como servicios de salud”, explica Carlos Jiménez.

“Hay una alta sensibilidad al precio. Entre los valores que los consumidores reconocen en una marca destaca que tenga precios competitivos, que ofrezca productos que resuelven problemas pero que además son accesibles”, agrega Carlos Jiménez.

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Expertos compartieron su visión sobre las conductas y acciones que debe adoptar tanto el Estado como los ciudadanos en esta etapa en la que el coronavirus pasó a ser una enfermedad endémica

El 5 de mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional por el COVID-19, enfermedad pandémica que desde marzo de 2020 ha cobrado la vida de casi siete millones de personas en todo el mundo.

No obstante, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus,  fue enfático en aclarar que el cese de la emergencia internacional no significa la desaparición del COVID-19, ni tampoco que haya dejado de ser una amenaza para la salud mundial.

De hecho, esta nueva etapa pone los reflectores en cada gobierno y en la responsabilidad que tendrá cada país en manejar la situación interna y controlar la propagación del COVID-19 en conjunto con otras enfermedades infecciosas, cuando ya los recursos internacionales destinados para este fin podrían reducirse.

«La COVID-19 no ha terminado. El riesgo continúa. Por esa razón, los países, ni sus sistemas de salud, al igual que sus poblaciones, pueden bajar la guardia», se lee en una publicación de la Organización Panamericana de la Salud.

El SARS- CoV-2 llegó para quedarse,  razón por la que, entre otros puntos, la OMS recomienda que se integre la vacunación contra el COVID-19 en los programas de vacunación de cada país, que sean cubiertos los grupos de alta prioridad y que se apoye la investigación para mejorar las vacunas.

En el caso de Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro dijo en alocución el pasado 9 de mayo su gobierno mantendría medidas de seguridad como la realización de pruebas PCR y pruebas rápidas, y no mencionó si levantaría la obligatoriedad del uso de mascarillas. 

“Vamos a mantener nuestros cuidados. Nunca están de más las medidas de bioseguridad, si algo aprendimos del covid-19 es que las medidas de bioseguridad son buenas, te garantizan salud (…)Ahora están dando unas gripes brutales”, comentó el mandatario. 

Entretanto, expertos entrevistados por Runrun.es compartieron su visión sobre las conductas y acciones que debe adoptar tanto el Estado como los ciudadanos en esta etapa en la que el coronavirus pasó a ser una enfermedad endémica, otra más de las que estará presente de forma constante en el país. 

El silencio no puede ser de nuevo la opción

En Venezuela, la situación de emergencia humanitaria compleja dificultó la atención del coronavirus en el sistema de salud público y el subregistro fue un patrón repetido en distintos picos de la pandemia.

Tal y como lo reveló un trabajo especial de Runrun.es, en el mes de abril de 2021 se registró el  mayor número de muertes por COVID-19 en Venezuela (534 según datos oficiales). Pero la OMS apunta que hubo 4,4 veces más de lo que anunciaron los voceros de Nicolás Maduro.

Además, en agosto de 2020, durante la primera ola mortal, las cifras reales de decesos fueron casi ocho veces mayor que las declaradas en los reportes del gobierno.

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En esta nueva etapa tras el cese de la emergencia internacional por coronavirus el silencio no puede seguir siendo la opción oficial.

Expertos venezolanos instan a retomar la publicación de los boletines epidemiológicos que permiten conocer el estado de las enfermedades de notificación obligatoria. En esa lista es importante incluir el COVID-19, para conocer qué ocurre periódicamente y tomar las decisiones más adecuadas. 

Y es que, tal y como lo recordó Alejandro Rísquez, pediatra y epidemiólogo,  el gobierno venezolano informa a organismos internacionales sobre estas cifras, pero no lo hace de manera semanal y de forma transparente a todo el país, como debería hacerlo. 

Comprender que la enfermedad se mantendrá con picos y valles

Por su parte Huníades Urbina, médico pediatra intensivista y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, insistió en que en un país con un sistema de salud «colapsado», el COVID-19 tendrá etapas de altos y bajos, como ocurre con otras enfermedades. 

«En países empobrecidos como nosotros, y en emergencia humanitaria compleja que no hemos superado significa que, como pasó con el dengue, la chikungunya y el zika, vamos a tener casos dependiendo de la época, con picos y valles. No se puede bajar la guardia», opinó.

Como punto de preocupación, destacó que Venezuela no alcanzó la vacunación que se esperaba contra el COVID-19: «Con la primera dosis llegamos apenas a  73% de cobertura de vacunación, y con la segunda y tercera dosis a 43% y 44% de acuerdo con datos de la OPS», precisó.

Con un «alto porcentaje de la población» que no está totalmente cubierta vía vacunas, consideró importante recordarle a la gente que si bien fue declarado el fin de la emergencia internacional por COVID-19, la enfermedad seguirá circulando, por lo que será necesario mantener ciertas medidas de cuidado. 

Sobre este punto, el pediatra y epidemiólogo Alejandro Rísquez recalcó que hay que educar al ciudadano y explicarles que el COVID-19 continúa «y continuará muchos años más».

Trajo a colación el ejemplo de lo ocurrido en 2009 con la pandemia por AH1N1. 

«Ese mismo virus sigue circulando diez o doce años también y sigue contribuyendo con la influenza estacional que afecta a personas muy adultas, personas de dos años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas», explicó. 

Vacunar a los vulnerables y considerar actualizaciones de la vacuna

Alejandro Rísquez reitera que el COVID-19 seguirá afectando el sistema respiratorio de personas  vulnerables (adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y embarazadas). Y la mejor arma para prevenir las complicaciones en ellos es mantener la vacunación.

En ese sentido, recomendó seguir vacunando a estos grupos, pero teniendo presente la necesidad de «adquirir las vacunas que más se ajusten a los  cambios y a las modificaciones del virus que produce el COVID-19″. 

«Aunque las vacunas del virus original siguen funcionando, cada día perderán vigencia y debemos adquirir las vacunas nuevas que defiendan y protejan mejor a los más vulnerables», opinó.

¿Se deberá actualizar cada año la vacuna contra el COVID-19, como se hace en el caso de la influenza? Flor Pujol,  jefa del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), declaró a Runrun.es que no está muy claro si se debe seguir ese camino.

Contó que  Pfizer y Moderna produjeron una vacuna bivalente basada en la variante ancestral del SARS-CoV-2 y  en ómicron, pero por un mecanismo llamado «impronta inmunológica», la respuesta inmunitaria del organismo de los vacunados tendió a ser contra la variante ancestral de virus y no contra la ómicron. 

En ese sentido, cree que se debe seguir monitoreando si la  «enorme variación de la variante ómicron se va a estabilizar en un momento» y si será necesario adaptar las nuevas vacunas a esos sublinajes. 

El  próximo mes de junio la Alianza Global para las Vacunas (GAVI) debatirá en la próxima reunión de su junta directiva la integración de las vacunas contra esta enfermedad en los programas de vacunación rutinarios del mundo, como lo promueven distintos gobiernos mundiales y organizaciones internacionales. 

Respecto a las vacunas del mecanismo Covax, creado en 2020 para acelerar el desarrollo, producción y acceso de países con menos ingresos a las vacunas anticovid -Venezuela recibió varios lotes de estos fármacos- la propia OMS informó el 5 de mayo pasado que también continuará proporcionando dosis financiadas y apoyo a la entrega a lo largo de 2023 en función de la demanda.

Uso de mascarillas en circunstancias específicas y lavado de manos

Aunque para Alejandro Rísquez  el SARS-CoV-2 «se atenuará con el paso del tiempo y se  irá convirtiendo en otro de los coronavirus que solo produce catarro y resfriado común», las personas de mayor riesgo deben mantener cuidados importantes y hay que evitar propagar la infección.

«Las personas enfermas con cuadros virales deben usar tapabocas para no contagiar a sus familiares, amigos o entorno más débil. Las embarazadas deben ser muy cuidadosas, así como aquellos pacientes con aumento de riesgo. Y los que tengan acceso a vacunas nuevas, que están preparadas contra las nuevas variantes, deberían vacunarse», opinó. 

El lavado de manos, una de las prácticas de higiene que el coronavirus demostró cuán importante es como método para disminuir la posibilidad de contagios, debe mantenerse habitualmente, tanto para prevenir infectarse de COVID-19 como de otras enfermedades, insistió Rísquez.

De igual forma, recordó otras conductas para mantener un estado de salud óptimo como comer bien, hacer deportes y ejercicios tratar de mejorar la  vida afectiva y emocional.

Por su parte, Huníades Urbina insistió en que, por ser Venezuela un país con «baja cobertura vacunal», es necesario seguir usando mascarillas «en espacios cerrados, cuando se va a clínicas y hospitales, y en medios de transporte público, porque allí no circula adecuadamente el aire y hay más riesgo de mayor concentración de virus para transmitirse».

Continuar monitoreo de variantes 

Flor Pujol,  jefa del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) enfatizó que los países deben comprometerse con mantener el monitoreo de variantes, pues no está totalmente descartada la posibilidad de que surja otra más contagiosa o infecciosa.

Insistir en las acciones para prevenir nuevas pandemias

Pujol, viróloga del IVIC, reflexionó que tanto en Venezuela como en el mundo se deben mantener presentes las acciones que pueden ayudar a prevenir nuevas pandemias.

Entre ellas, citó la vigilancia epidemiológica-genómica, notificación de brotes de enfermedades infecciosas -conocidas o no-  y aprender a respetar la naturaleza bajo el concepto de una sola salud, que implica que para que el ser humano esté bien, también debe estar bien su entorno (fauna, flora y todo lo que nos rodea).

Pidió también que los gobiernos mantengan todo el «armamento de biología molecular » que se logró con el COVID-19  y que posibilitó la vigilancia genómica, secuenciación y realización de pruebas PCR en tiempo real, herramientas que no tenían a mano muchos países.

«Es necesario que se mantengan esas capacidades para poder atender otra emergencia. La historia reciente nos lo demostró. No habíamos terminado con la emergencia del coronavirus cuando comenzó la emergencia internacional de importancia, como fue la Mpox (viruela símica) y la gripe aviar, que llegó hasta Suramérica por primera vez con aves migratorias y en medio del gran riesgo que significa si llega a adquirir la capacidad de infectar y transmitirse eficientemente entre humanos», sostuvo. 

La red Voces del Sur publicó un informe donde manifestó que el Estado venezolano es el principal responsable de obstaculizar el trabajo de los periodistas y restringir la libertad de prensa 

@Luciapietf

En más de la mitad (52%) de las 367 alertas que se generaron desde Venezuela por violaciones a la libertad de expresión, el agresor fue el gobierno de Nicolás Maduro. Así lo revela el más reciente informe de la red Voces del Sur (VDS), que agrupa a organizaciones latinoamericanas de 17 países (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay) que monitorean, analizan y reportan el estado de la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información en la región.

El informe sombra –paralelo a la información presentada u omitida por los gobiernos de la región– sobre la implementación de la libertad de expresión en América Latina durante el 2022, se basó en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 de la Agenda 2023 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que busca «promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas» y cuya meta (16.10) es «garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales».

En esta entrega se agregó un indicador transversal de género – alerta de género-, con el que se evalúa si el motivo de un ataque o violación se relaciona con la identidad de género, aspecto físico, expresión de género y/o la orientación sexual de la víctima.

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) fue el encargado de monitorear el territorio venezolano. Aquí las claves del informe:

Gobierno agresor en Venezuela

Se contabilizaron un total de 367 alertas con un asesinato, una desaparición forzada, dos detenciones arbitrarias, 55 agresiones y ataques, 62 discursos estigmatizantes, 27 procesos civiles y penales, 43 restricciones en el acceso a la información, 149 usos abusivos del poder estatal –  aunado al cierre arbitrario de 107 emisoras- y 27 restricciones en internet, más dos alertas de género.

De las víctimas, 123 se reconocieron como hombres, 75 como mujeres y los 169 restantes no se identificaron.  Entre los agresores, 193 de ellos se determinaron pertenecientes al poder estatal, tres como grupos al margen de la ley, 88 fuera del poder estatal y 83 no fueron identificados.

La Red VDS recordó que en el territorio se han instaurado fuertes políticas de censura y abuso del poder estatal que ha impactado al periodismo. En el reporte de IPYS, Leyes para silenciar, exponen que las normas promulgadas en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro establecen limitaciones, sanciones penales y terminologías vagas que resultan en «interpretaciones discrecionales». 

Respecto a las restricciones en internet, junto a los bloqueos arbitrarios a portales web y redes sociales, en el informe se expuso que la compañía española Movistar Telefónica, uno de los principales proveedores de internet en el país, reveló en su informe de transparencia presentado a España la gran frecuencia con la que el gobierno ha hecho peticiones de información de datos de sus usuarios. 

Por último, destacaron en las dos alertas de género: el caso de Nilsa Varela, directora del medio El Vistazo, objeto de mensajes misóginos provenientes de funcionarios públicos, y el de Roberto Deniz, de Armando Info, que fue objeto de discursos estigmatizantes en redes por su trabajo sobre corrupción gubernamental y su orientación sexual.  

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Aumento de la violencia a nivel regional

En 2022, los tres países con más periodistas asesinados en Latinoamérica fueron México (15), Honduras (5) y Ecuador (4). Se contabilizaron 1.953 asaltos mediante agresiones físicas, ataques a la infraestructura, destrucción de equipos, amenazas de muerte, entre otras. Se sumaron 20 casos bajo el indicador de violencia sexual, que afectó más a mujeres y personas de la diversidad sexual según el informe. 

Contabilizaron 831 alertas, que equivalen a 17% del total, por discurso estigmatizante en la región, frente a 739, 15% del total, en 2021. Estos discursos erosionan el sistema democrático y fomentan la autocensura.  

El aumento de la violencia, principalmente los asesinatos, también refleja el fortalecimiento de grupos del crimen organizado ligados al narcotráfico y con influencia en los gobiernos de la región. De acuerdo a  la información recopilada, estos grupos tuvieron un 5% de responsabilidad como agresores.

El Estado abusa de sus poderes para silenciar

En Venezuela, el parlamento aprobó la «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», que busca restringir la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la asociación. 

Según el reporte, las instituciones públicas a menudo son instrumentalizadas para perseguir al periodismo. La Red VDS documentó 802 alertas por uso abusivo del poder estadal, 334 alertas por restricciones en el acceso a la información y 250 detenciones arbitrarias a nivel regional. La situación es más grave en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

A su vez, fueron registrados 184 procesos judiciales civiles y penales y 13 alertas por legislaciones contrarias a estándares internacionales, de acuerdo con el informe.

Impunidad y autocensura

Los victimarios de crímenes contra periodistas en la región casi siempre continúan sin sanción, según la Red VDS. La países tienen mecanismos de protección inadecuados ante amenazas a la vida de los comunicadores. 

La orquestación del silencio, trabajo de IPYS, detalló que 54% de los periodistas omitieron información de interés público por temor a represalias del Estado.  

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Violencia por razones de género y sexualidad

Los 20 casos de violencia sexual y las 182 alertas de género reportadas en la Latinoamérica demuestran los efectos diferenciados de la violencia en contra de periodistas mujeres y LGBTIQ+.  Informaron que las pocas alertas de género en Venezuela indican que los riesgos que enfrentan estas víctimas tienden a ser invisibilizados en contextos altamente represivos. 

Las mujeres lidian con amenazas específicas como: desigualdad en el ámbito laboral, comentarios sexistas y misóginos, y violencia sexual. La Red VDS destacó que los problemas se agudizan cuando las periodistas son de origen indígena y/o afrodescendiente. 

Medidas que aplicar

Tras el análisis de resultados, la Red VDS ofreció recomendaciones para afrontar los retos presentados:

• Ante el fallo de los gobiernos de garantizar la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa, la sociedad civil debe continuar el monitoreo, la documentación y divulgación de las violaciones a los derechos. Se debe instruir a las fuerzas policiales y las instituciones judiciales sobre cómo resguardar a los profesionales y sancionar a los victimarios, así como implementar o mejorar los programas de protección existentes.
• Fortalecer a los medios y periodistas, empoderar a las audiencias y movilizar alianzas con actores claves del sector público y privado para combatir el discurso estigmatizante contra la prensa, con el reconocimiento de la profesión como pilar para la democracia.
• Descriminalizar los delitos de injuria y calumnias para garantizar la libertad de la prensa.

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Tras varios años a la cabeza de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), los funcionarios detenidos por la Policía Nacional Anticorrupción dejaron tras de sí la pérdida de beneficios laborales, empleados desincorporados injustificadamente y un hospital cuyas «cuantiosos» gastos no se reflejan en su estructura

@Luciapietf

Para los trabajadores y sindicalistas de las empresas básicas en Ciudad Guayana, estado Bolívar, no resultaron sorpresivas las detenciones por corrupción de la cúpula que dirigía la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en abril pasado. Pero más allá de estos delitos, están las constantes violaciones a los derechos laborales que sufrieron los empleados de la compañía del Estado desde 2018, cuando Pedro Maldonado y sus gerentes asumieron el control de la misma.

Noel Hernández es testigo directo de esas violaciones. Tenía 28 años de carrera en la empresa estadal cuando comenzó una persecución que lo llevó a huir del país. Ocupó el cargo de director laboral de la CVG, fue miembro fundador y secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la CVG (Sunep-CVG) y, posteriormente, secretario de Prensa y Propaganda de la misma organización. 

Asumió la coordinación general de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) cuando el sindicalista y secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González – que ocupaba el puesto originalmente- fue encarcelado injustamente.  

En 2018, a Hernández le fue abierto un expediente por presunta injuria contra el presidente de la CVG y fue despedido sin explicación. A esta acción le siguió el amedrentamiento de las autoridades de la empresa en forma de amenazas y acosos en las asambleas y marchas sindicales.

En mayo de 2019, al salir de una rueda de prensa donde la ITG se pronunció contra el nombramiento de la comisión del Consejo Nacional Electoral, presuntos cuerpos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dcgim) lo interceptaron a él y a su esposa por «estar organizando actos terroristas en la zona». Hernández comentó que los soltaron gracias a la presencia de gran cantidad de personas grabando los hechos. 

Las amenazas continuaron cerca de su vivienda, involucrando a su familia, por lo que el sindicalista decidió salir de Bolívar con rumbo a Estados Unidos en 2020 con las intenciones de visitar a su hijo, bajar su perfil y detener su persecución. Aunque su intención era volver, le advirtieron que lo mejor era quedarse allá. 

«Ser despedido injustificadamente, perseguido y luego obligado a salir de mi país es duro, es un cambio radical en la vida de uno, en la vida de cualquier venezolano que tiene todo en Venezuela, pero que de la noche a la mañana cambia la vida«, afirmó.

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Un mensaje para intimidar

La razón de su despido devino de la toma de las instalaciones de la Presidencia por parte de los cevegistas en noviembre del 2018, tras meses de protestas continuas ante el desmejoramiento de sus condiciones laborales y la falta de respuesta del presidente.

«No atendía los reclamos de los trabajadores, no se reunía con los trabajadores ni daba instrucciones para que nos atendieran«, declaró sobre la actitud de Maldonado frente a las quejas. 

Los trabajadores buscaron forzar una respuesta ante la pérdida progresiva de sus derechos y poder adquisitivo. Cerraron los accesos al edificio por horas, pero lo único que lograron fue las amenazas de funcionarios como Isaac Salazar, consultor jurídico de la CVG, recientemente detenido, y más adelante del general de división Julmer Ochoa, gerente general de seguridad patrimonial de la CVG para ese entonces. 

«Ellos argumentan en el acto administrativo para destituirme (…) que el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado se asustó tanto, tuvo miedo, que no podía ni hablar, no podía gesticular ningún tipo de acción producto de que teníamos tomada la presidencia de CVG más de 200 funcionarios«. 

El 21 de diciembre, la gerencia de recursos humanos le entregó su calificación de despido. «Ellos quisieron, a mi entender, mandar un mensaje para intimidar a toda la dirigencia sindical de Guayana«, aseveró Hernández. 

Su caso no fue aislado, sus compañeros sindicalistas sufrieron destinos similares. Ramón Gómez, secretario general del sindicato, y Cecilio Pineda, ex-secretario de organización de Sunep-CVG, fueron objeto de jubilaciones forzosas comandadas por la directiva a pesar de no cumplir con la edad necesaria ni consentir la decisión.

Esta situación se volvió normalidad en CVG y demás compañías estadales, con despedidos, jubilaciones forzosas, desincorporaciones bajo la figura de  «trabajadores no requeridos» y reducciones salariales. Solo desde noviembre de 2018 a abril de 2019, más de 1.000 trabajadores y sindicalistas de la administración pública despedidos por reclamar sus derechos públicamente. 

Gómez indicó que el 20 de diciembre del 2022, alrededor de 300 trabajadores de la empresa fueron jubilados y al menos 195 de estos denunciaron el incumplimiento en el pago de sus prestaciones sociales.

Saab ha suministrado poca información sobre los escándalos de corrupción en la CVG. Foto: Prensa Ministerio Público.

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Lista de detenidos

Hasta la fecha, el fiscal general del Ministerio Público, Tarek William Saab, ha anunciado 80 funcionarios detenidos por su presunta vinculación en tramas de corrupción que involucran a la empresa estadal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Cartón de Venezuela (Cartoven), CVG y otras entidades públicas. 

Entre los detenidos están Ysmel Serrano, exvicepresidente ejecutivo Pdvsa; Joselit Ramírez, superintendente nacional de criptoactivos (Sunacrip); el diputado Hugbel Roa, el empresario Salem Hassoun Atrach, Hugo Cabezas y el fallecido Leoner Azuaje – muerto bajo custodia-, ambos dirigentes de Cartoven.

El pasado 30 de marzo, el fiscal confirmó las detenciones del presidente de la CVG, Pedro Maldonado, y el de Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Néstor Astudillo, quienes estarían «incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos«. 

Pedro Maldonado se desempeñó como director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) desde 2010 hasta 2014. Durante su gestión, fue impuesta una multa de 9.4 millones de dólares al canal Globovisión por la cobertura de sucesos violentos en la cárcel de El Rodeo, estado Miranda. Fue presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), nombrado el 16 de mayo del 2017. 

Fue nombrado viceministro de Industrias Básicas el 19 de junio de 2018 y el 6 de julio asumió la presidencia de la CVG.

Por otro lado, Nestor Astudillo fue gerente de Mantenimiento Mecánico y de Mantenimiento de Laminación en Frío de Sidor. Ocupó la presidencia de Ferresidor (red de ferreterías socialistas) y fue gerente de Promoacero. 

Estuvo involucrado en el escádalo de «La mafia de las cabillas», que denunció la desaparición de 13 gandolas de cabillas que salieron de Sidor para la sede de Ferresidor en Ocumare del Tuy, estado Miranda, las cuales desaparecieron. Astudillo afirmó que esta acusación fue una maniobra en su contra por parte de Luis Velásquez (principal implicado en el caso), luego de que lo denunciara ante el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En febrero de 2020 es designado presidente de Sidor. 

Junto a ellos, fueron aprehendidos:  

• Edgar Sánchez, vicepresidente de Planificación. Dirigió la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua, durante la gestión de El Aissami como gobernador, informó Efecto Cocuyo. De acuerdo con Nueva Prensa, en septiembre de 2021, la CVG se negó a cancelar una deuda de 2019 de más de 90.000 dólares a un grupo de pequeños empresarios transportistas de material ferroso, aún después de que Sánchez se reuniera con ellos en mayo de ese año y se comprometiera a cancelar la deuda en un mes.
• Felipe Contreras, vicepresidente de Hierro y Acero. Fue consultor jurídico de la gobernación de Aragua, también durante la gestión de El Aissami.
• Lino Mora, vicepresidente ejecutivo. Fue presidente de la empresa CVG Aluminio de Carabobo, S.A. (Alucasa).
• Tulio Medina, vicepresidente de Finanzas. Se desempeñó como secretario del Directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Sindicalistas comentaron que Medina era el encargado de todo lo relativo a pagos de proveedores, contratistas y las contrataciones de los mismos, y que muchas de estas transacciones se realizaban sin un análisis de costos ni un proceso legal previo. 
• Isaac Mouhamad Salazar, gerente de Asuntos Legales. Fue gerente de contratos y licitaciones antes de ser consultor jurídico de la empresa. Dirigentes sindicales indicaron que fue el responsable de abrir los expedientes contra los dirigentes de Sunep-CVG para aplicar jubilaciones forzosas y despidos injustificados tras la toma de la presidencia.
• Carlos Moreno, gerente de Tráfico y Aduanas. 
• Johan Sequera, director de Despacho. 

El 1 de mayo fue agregado un detenido vinculado a la trama de corrupción en CVG: el general de brigada Jorge Luis Gómez Pimentel, quien se desempeñó como presidente de CVG Logística, C.A. – empresa creada el 22 de enero de 2020- y actualmente era comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Bolívar.

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Lo que se reclama

De acuerdo con Correo del Caroní «la firma del memorándum 2792, el apagón que ocasionó la pérdida de más de 90% de las celdas de reducción en CVG Venalum, el acoso a las organizaciones sindicales y la desincorporación de trabajadores son los hechos más graves ocurridos bajo la presidencia de Maldonado en el ente regional«. 

El memorándum 2792 fue promulgado por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo y firmado en octubre del 2018. Este eliminó los contratos colectivos de la administración pública suscritos previo a esa fecha, determinó el salario mínimo como arranque de las escalas y fijó una sola tabla salarial para todo el sector, reseñó Cronica.uno.

Sindicalistas consultados consideraron que las implicaciones del memorándum desmejoraron las condiciones laborales hasta un 70%. Aunado a esto, fueron despojados de otros beneficios como los incentivos y becas escolares, bono vacacional, póliza HCM, entre otros. 

Los trabajadores llamaron a reuniones con la directiva para darle solución a estos problemas en reiteradas oportunidades y enviaron numerosos comunicados, pero su respuesta fue la persecución a trabajadores y dirigentes sindicales.

Los miembros de Sunep-CVG expusieron la situación en una carta dirigida a la Organización Internacional el Trabajo (OIT), donde denunciaron formalmente el desalojo forzado de su sede en Puerto Ordaz, estado Bolívar, la jubilación forzosa de Ramón Gómez, el despido ilegal de Noel Hernández, la injusta privación de libertad del sindicalista Rubén Gonzalez, detenciones temporales y amenazas a trabajadores, así como acciones judiciales contra líderes sindicales, de acuerdo al ex-secretario de organización de Sunep-CVG, Cecilio Pineda.

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Los proyectos del período 

Noel Hernández explicó que entre las «obras» de la ex-directiva de CVG está el «Hospital Clínico de los Trabajadores de Guayana Dr. José Gregorio Hernández«, cuya meta era convertir unas oficinas de la CVG en un centro médico para atender a a empleados, jubilados y pensionados personal de la empresa estadal y aquellas bajo su tutela. Pero la transformación no llena los requisitos mínimos para operar como hospital, sostuvo. 

Foto: William Urdaneta (Correo del Caroní)

Hernández expuso que después de la eliminación de las convenciones colectivas tras el memorándum, la presidencia de la estadal tuvo la idea de crear el hospital para ahorrar el dinero del HCM. «Pero el caso es muy complejo, porque tanto activos como jubilados de la CVG están esparcidos en todo el país y solamente centrarlo en un hospital en Guayana ya trae una consecuencia irremediable para muchos trabajadores que están fuera de la zona», declaró.

Hubo inversiones para acondicionar el recinto, pero nunca hubo un anuncio público respecto a los montos de inversión de parte de los directivos. Los dirigentes sindicales aseguran que las inversiones eran «cuantiosas’’ y que no hubo procesos licitatorios legales, denunciando a su vez la falta de mejoras sustanciales en los servicios del hospital ni en sus instalaciones. 

El hospital estaba presuntamente planificado para atender a 200.000 personas, pero no da abasto para los trabajadores y sus familias, según los sindicalistas. Hay áreas aún en remodelación, no hay servicios de radiografía, quirófano, sala de parto, ambulancia ni morgue. El aire acondicionado y los ascensores tampoco se encuentran en condiciones optimas, reseñó Primicia.

A esto se suman la falta de insumos y las quejas de parte de los residentes y especialistas que trabajan allí – alrededor de 90-, los cuales atienden un promedio de 100 pacientes mensuales y se han visto afectados por el impago de honorarios por sus servicios, amenazando la paralización de los servicios de salud en el hospital.  

Hernández aclaró que nunca llegó a atenderse en el nuevo hospital, pero mencionó que muchos trabajadores han perecido allí, como su compañera Ismenia Perales, quien después de realizar una bailoterapia en la sede de CVG fue ingresada por un malestar al Hospital de los Trabajadores, donde «no fue atendida adecuadamente» y murió de un infarto el pasado 11 de marzo, informó.

Según Correo del Caroní, la organización sindical Unidad en la Coincidencia reportó que alrededor de 600 trabajadores, jubilados y pensionados de CVG y demás compañías estatales han fallecido por falta de atención médica en el centro médico.

Planta de Pellas de CVG de Ferrominera Orinoco. Foto: Cortesía 

Entre las demás «obras» de la cúpula, es digna de mención la inversión de 824 millones de dólares para la construcción de la segunda línea de la Planta de Pellas de CVG Ferrominera Orinoco C.A., un proyecto que tuvo como responsable al Ministerio de Industrias y Producción Nacional y a los funcionarios Pedro Maldonado, Felipe Contreras, Abel Jiménez, Pedro Vásquez y Francisco Marín, la cual generaría 2.100 empleos directos y 6.300 indirectos, según el entonces vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El Aissami.

La obra inició en 2012 y su culminación estaba estimada para 2018, pero sigue inconclusa.Cuando el régimen de Nicolás Maduro designó como presidente de la empresa estadal a Maldonado, le encomendó la misión central de «reestructurar las empresas de Guayana afectadas por la baja productividad y conflictos sindicales«, pero la gestión de su directiva pisoteó los derechos laborales y profundizó los conflictos en las empresas básicas del estado.

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Sin una visa, un patrocinador autorizado o una cita de CBP One, los extranjeros indocumentados que sean detenidos en la frontera entre México y EEUU  se enfrentarán a una deportación y cinco años de castigo sin poder entrar legalmente al país gobernado por Biden

Si una persona es expulsada bajo el Título 8 no será candidato para optar por una petición de asilo, por lo que HRW que con el endurecimiento de las políticas migratorias EEUU busca «terminar con el beneficio del asilo»

Aquellos migrantes que acumulen intentos repetidos de entrada «ilegal» a Estados Unidos podrían ser sometidos a un enjuiciamiento penal, advierte el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional de EEUU

Con la entrada en vigencia del Título 8 se creará un parole de reunificación familiar para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. EEUU dijo también que modernizará los existentes para Cuba y Haití. No se menciona a Venezuela y Nicaragua en estas nuevas medidas

A las 11:59 .m. de este 11 de mayo, el Título 42 llegará a su fin para dar paso a la puesta en práctica del Título 8. La medida que dejará de estar vigente tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19. La orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos.

Dicha  orden de salud pública fue emitida por el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 20 de marzo de 2020, bajo la administración de Donald Trump.

Por su parte, el Título 8, que pertenece al Código de Estados Unidos y que entrará en vigencia desde el 12 de mayo de 2023, permite que los migrantes sean detenidos hasta ser deportados a sus países, en caso de que no puedan establecer una base legal para permanecer en territorio estadounidense. 

«El fin del Título 42 no significa una frontera abierta, sino todo lo contrario», advirtió Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional en una conferencia de prensa el pasado 10 de mayo.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, mostraron su preocupación en torno a la implementación de más trabas  por parte del gobierno estadounidense para el proceso de solicitud de asilo en sus fronteras y territorio.

En breve iniciamos nuestra charla.
¿Qué es el Título 42 del Código de EEUU y cómo afectará su suspensión a los futuros migrantes?
Estas y otras preguntas explicadas por los expertos @AriMSawyer y @TMattiaceHRW
HOY 9:30am (Los Angeles) 12:30pm (NY) ➡️ https://t.co/HOsP3eGtd7

— Human Rights Watch (@hrw_espanol) May 11, 2023

A continuación, algunas claves de lo que deberán enfrentar los migrantes con la aplicación del Título 8:

El Título 8 permite al Gobierno de EEUU procesar de manera expedita y expulsar a personas que lleguen a la frontera estadounidense de forma ilegal.

 Sin una visa, un patrocinador autorizado o una cita de CBP One, los extranjeros indocumentados que sean detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos  e enfrentarán a una deportación y hasta a cinco años de castigo sin poder entrar legalmente a Estados Unidos.

«Un elemento que sí cambia con el Título 8 y que sí es preocupante es que si alguien intenta cruzar sin cita, de inmediato, se aplica ahora prohibición de cinco años para volver a entrar a EEUU, cosa que no aplicaba con el Título 42», dijo Tyler Mattiace, investigador en México de Human Rights Watch, durante un Twitter Space este 11 de mayo.

En caso de ser deportado bajo el Título 8, el migrante podría enfrentar un proceso penal si intenta cruzar nuevamente antes del periodo indicado de castigo. 

En caso de ser deportado bajo el Título 8, el migrante también podría dejar de ser candidato para la solicitud de asilo.

El Título 8 será aplicado a quienes no han sido procesados en la frontera o quienes no hayan entrado al país.

No afectará a los que tienen I-220A, que es una “Orden de Libertad Bajo Palabra”, también conocida como el Formulario I-220A. El gobierno de los Estados Unidos le otorga este documento a ciertas personas que estaban detenidas y después fueron liberadas por oficiales de inmigración. Este formulario en general incluye algunos requisitos y condiciones a cambio de ser liberado de la detención, como tener que asistir a audiencias en la corte de inmigración.

Estados Unidos continuará aceptando hasta 30. 000 personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití como parte del proceso de parole humanitario ampliado, que para venezolanos se anunció en octubre de 2022 y luego se expandió a otras nacionalidades.

Las medidas del Título 8 que serán implementadas están coordinadas con aliados regionales, que incluyen los gobiernos de: México, Canadá, España, Colombia y Guatemala.

Endurecerán los requisitos de asilo

Durante una conferencia el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, especificó que su país endurecerá los requisitos para solicitud de asilo. A continuación, algunas claves sobre cómo influirá el Título 8 en este proceso:

Si una persona es expulsada bajo el Título 8  no será candidato para optar por una petición de asilo, bajo la regulación propuesta de elusión de vías legales, en ausencia de una excepción aplicable.

En las “circunstancias limitadas” bajo las que se aceptará una petición de asilo se incluirán las personas que que hayan utilizado las «vías legales” que plantea Estados Unidos, es decir, que hayan programado una cita con las autoridades de inmigración a través de la aplicación CBP One, y quienes “hayan solicitado asilo, o protección en otro país, por el que han transitado y les fue denegado”.

“Estamos dejando muy en claro que nuestra frontera no está abierta y que aquellos que no son elegibles para el asilo serán devueltos rápidamente. No escuches las mentiras de los contrabandistas. Esto es lo que te pasará: serás devuelto”, enfatizó Mayorkas.

Fuera de los aspirantes de asilo originarios de México, el resto tendrá primero que pedir asilo en un tercer país en ruta a territorio estadounidense y recibir una negativa antes de continuar camino a Estados Unidos. 

Durante un Twitter Space, Human Rights Watch señaló que su preocupación es que Estados Unidos busca formalizar una política para acabar con la posibilidad de solicitar asilo.

De acuerdo con HRW, el gobierno de Joe Biden ha creado algunos nuevos permisos humanitarios. Sin embargo, alertan que esos permisos, también conocidos como paroles, tienen limitaciones importantes vinculadas con las capacidades económicas de los migrantes, lo que va en contra del derecho internacional. «Las personas deben tener dinero para costear el viaje en avión, tener un pasaporte y un patrocinador en territorio estadounidense (…) Muchos requisitos, como un pasaporte en el caso de los venezolanos, pueden ser imposible de conseguir», señalaron voceros de la organización. 

«Ese permiso no da refugio o asilo. Es un permiso de viaje temporal. No se puede condicionar el acceso a protección a las condiciones económica de las personas. Todos tenemos derecho a la protección internacional», indicó Tyler Mattiace.

Ary Sawyer, investigadora de HRW, explicó que para solicitar asilo, los migrantes deberán esperar en ciudades fronterizas peligrosas por tiempos indeterminados.

Nuevas procesos que trae el Título 8

Además de repatriación de migrantes más rápida, con la entrada en vigencia del Título 8 se creará un parole de reunificación familiar para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Venezuela y Nicaragua no forman parte del listado de nacionalidades que puede aplicar al proceso.

A continuación, 11 medidas adicionales que traerá la implementación del Titulo 8 en la frontera entre México y Estados Unidos, según precisó el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional:

El Departamento de Seguridad Nacional está creando nuevos procesos de libertad condicional de reunificación familiar para El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. La agencia también está modernizando los procesos de libertad condicional de reunificación familiar existentes para Cuba y Haití.

Una vez finalizados, los procesos de parole de reunificación familiar permitirán que las personas examinadas con peticiones basadas en la familia ya aprobadas obtengan la libertad condicional en los Estados Unidos.

Venezuela y Nicaragua no forman parte de los países para los que aplica el parole de reunificación familiar.

El gobierno de Estados Unidos entregará una autorización oportuna y eficiente para aquellos aprobados y examinados para viajar. Las personas en libertad condicional en Estados Unidos bajo estos procesos serían elegibles para solicitar una autorización de trabajo.

Mayorkas también anunció que enviarán más personal a la frontera sur, entre ellos, más de 1.400 funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, 1.000 coordinadores de procesamiento y 1.500 efectivos adicionales del Departamento de Defensa, que permitirán que los agentes fronterizos “se concentren en su misión crítica”.

Cuando el Título 8 entre en vigencia, los migrantes ubicados en el centro y norte de México tendrán acceso a la aplicación móvil CBPOne para programar una cita para presentarse en un puerto de entrada en lugar de intentar ingresar entre puertos. CBPOne pondrá a disposición citas adicionales y el uso de esta herramienta permitirá un procesamiento seguro, ordenado y humano.

Estados Unidos se comprometerá a dar la bienvenida a miles de refugiados adicionales por mes del hemisferio occidental, con el objetivo de duplicar el número de refugiados que Estados Unidos se comprometió a recibir como parte de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección.

Para lograr este objetivo, Estados Unidos se basará en las eficiencias de procesamiento logradas en los últimos dos años y aumentará aún más los recursos y el personal del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos en esta región.

Estados Unidos, junto con otros países de la Declaración de Los Ángeles, establecerá Centros Regionales de Procesamiento (RPC, por sus siglas en inglés) en ubicaciones clave en todo el hemisferio occidental para «reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y legales».

Los primeros centros se establecerán en varios países de la región, incluidos Colombia y Guatemala. Las personas de la región podrán hacer una cita en su teléfono para visitar el RPC más cercano antes de viajar, recibir una entrevista con especialistas en inmigración y, si son elegibles, ser procesadas rápidamente para las rutas legales a los Estados Unidos, Canadá y España.

Estados Unidos, en coordinación con aliados regionales, aumentará el número de vuelos de repatriación en todo su territorio. Incluyen vuelos a Cuba.

665.000 personas devueltas o expulsadas en lo que va de 2023

El secretario de Seguridad Nacional indicó que han devuelto y expulsado a otros países a más de 665.000 personas durante la primera mitad de este año fiscal.

Cada semana, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realiza hasta 66 vuelos de repatriación en todo Estados Unidos, un número que esperan continúe según la demanda y, tras la puesta en práctica del Título 8, con mayor frecuencia a países de Centroamérica y otros en Suramérica como Colombia y Perú.

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Expertos en materia legal consideran que la detención y destitución del alcalde de El Tigre por someter al escarnio a niños con Asperger pareciera un pretexto para sacarlo de circulación

Coinciden en que si bien los comentarios del alcalde son repudiables, la actuación del Ministerio Público fue desproporcionada y fuera de lugar 

@franzambranor

“¿Quién pintó eso tan horroroso? Me cuentan que fueron los niñitos con Asperger ¿Con qué lo pintaron? ¿Con las patas? Me quitan eso de ahí, qué cosa tan espantosa ”, dijo en un audio que se hizo viral el alcalde del municipio Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima el pasado 3 de mayo.

A raíz de la masiva difusión del audio, el fiscal general de la República impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ordenó la detención del funcionario.

En un periodo de apenas tres días fue destituido de su cargo, trasladado esposado y con una capucha a Caracas por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) e imputado por los supuestos delitos de promoción al odio, acto arbitrario, agravante de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) y obstrucción a la libertad de comercio. 

De acuerdo con el fiscal, Paraqueima violó la Ley Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y Tolerancia aprobada por la ANC. Aunado a haber incurrido en el pasado en irrespeto a las mujeres, comerciantes, adultos mayores y personas en situación de indigencia.

De ostentar el poder en la localidad de El Tigre, Paraqueima fue fotografiado esposado con ropa deportiva y sin cordones en los zapatos y repudiado por sus propios antiguos compañeros en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). 

Posteriormente, el  Ministerio Público solicitó casa por cárcel para Paraqueima por padecer un “trastorno depresivo mayor”.

Además, la Contraloría General de la República inhabilitó a Paraqueima para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 15 años.

Sobre el proceso exprés y la imputación de Paraqueima Runrunes conversó con el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli; la exdiputada y abogada, Tamara Adrián y la experta en criminología y psicólogo social, Magally Huggins.   

¿Considera que la detención, destitución e imputación del alcalde Paraqueima estuvo apegada a derecho?  

Juan Manuel Raffalli: Toda persona que sea sujeto de una orden aprehensión por la presunción de que haya cometido un delito puede ser arrestada en los términos y condiciones que establece la ley mientras se determina su culpabilidad y, mientras tanto, debe presumirse inocente. Lo que ocurre en este caso son los términos en los que se produce, algo absolutamente desproporcionado. Su comentario fue una gran estupidez, sin embargo, lo que hay detrás de esto es una detención desproporcionada a un alcalde que fue electo popularmente y está en funciones. Ni siquiera a los delincuentes agarrados en flagrancia los detienen de esa manera. De inmediato se habló del exalcalde y juramentaron a otra persona. Lo ideal hubiese sido citarlo para que compareciera por sus propios medios ante las autoridades competentes en su domicilio. De hecho, haberlo trasladado de esa forma también puede considerarse una incitación hacia el odio de la persona que se está juzgando. Es un tema delicado que está vinculado a los derechos humanos y a la dignidad de las personas detenidas.

Tamara Adrián: La actitud de Paraqueima es absolutamente populista y despreciable en cuanto al respeto de los derechos humanos de las mujeres y de las personas con discapacidad, y es un comportamiento que comparte con otros miembros del chavismo como el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, entre otros. Pero incitar al odio es una cosa e imputar un delito de odio es otra. Llamar a la discriminación, al irrespeto e incluso a la muerte es incitación al odio propiamente. Esta Ley contra el Odio no es tal porque fue aprobada por un órgano írrito que fue la Asamblea Nacional Constituyente, creada únicamente con la finalidad de bloquear a la Asamblea Nacional electa democráticamente en 2015.

Magally Huggins: Lo del alcalde Paraqueima tiene puntadas de hilo al revés: eso fue una jugada política, una fachada, porque la Ley para la Atención a las Personas con Trastorno del Espectro Autista Integral acaba de entrar en vigencia y no se podía aplicar cuando Maduro llamó autistas a los opositores o en este caso. En Venezuela las leyes se escriben, pero no se cumplen. Tanta es la farsa que por un lado lo juzgaron y por otro lado lo declararon depresivo para darle casa por cárcel. Como buena venezolana que vive en este país considero que esto es una farsa. 

¿Estamos todos en peligro de ser encarcelados si decimos algo que pueda ser considerado incitación al odio por el Gobierno?

JMR: En cuanto a la Ley del Odio, hemos tenido críticas muy serias, el problema no es que exista una Ley del Odio, hay muchos países que tienen una legislación contra las personas que incitan al odio y son instrumentos que tratan de establecer límites a individuos que  promueven el odio hacia otros. El asunto es que, a diferencia de muchas otras leyes, los tipos penales son abiertos, están sujetos a una importante discrecionalidad porque la determinación del odio y si se produjo este sentimiento es algo muy difícil de probar. Por ejemplo, la estupidez cometida por el alcalde no causó odio contra los niños que pintaron el mural, más bien produjo el rechazo de todos los sectores de la sociedad hacia él.

TA: Esta Ley del Odio se ha aplicado en la práctica contra disidentes políticos, es algo elaborado por el régimen de Maduro para perseguir a quienes lo adversan y por ello la usan con discrecionalidad. Hasta ahora, todos los que han sido encarcelados por esta Ley es porque dijeron algo o tuitearon algo que al Gobierno no le gustó, no es más que un elemento de eliminación de la disidencia. El caso Paraqueima parece tener el mismo sentido, eliminar a alguien que se les había vuelto incómodo porque sus relaciones con el régimen no eran tan fluidas como fueron al comienzo y pudiese estarse perfilando como un ganador para las elecciones de 2025, y esto les preocupaba. 

MH: Claro que la Ley del Odio es discrecional, por supuesto que a cualquier defensor de derechos humanos se la pueden aplicar porque no les gusta lo que dice. Todas las leyes en Venezuela son así: leyes solamente se aplican de acuerdo con el interés político y la principal misión es callarnos a todos. La única fuente de información confiable que existe en Venezuela son las organizaciones de la sociedad civil y a ese nivel no han podido penetrar para que la gente desconfíe de ellas. 

¿La Ley del Odio es algo que funciona a discreción, porque con la finalidad de descalificar y ofender desde el alto Gobierno se ha llamado autistas y homosexuales a miembros de la oposición?  

JMR: El problema de la Ley del Odio es su discrecionalidad, eso que llaman los tipos penales en blanco. Genera una profunda inseguridad jurídica y se convierte en un elemento o una herramienta de persecución, y además de manera injusta, porque en programas de TV percibimos a gente que expresamente se dirige a opositores con palabras altisonantes, incluso desde el alto gobierno, en medios masivos de comunicación. Esta Ley, más que eliminada, debe ser revisada y reformada. En Venezuela, el que se exprese de una manera que no le guste al poder puede ser perseguido bajo la excusa de fomentar el odio, es difícil probar el odio y la extensión de este.    

TA: Existen otros casos que también deberían ser juzgados con el mismo criterio y no lo son. Esto lo que demuestra es el uso instrumental de la justicia y la imputación a través del Ministerio Público de los casos en los que hay temas políticos de por medio. Esto deja claro la ausencia de independencia de poderes, y eso en el fondo lo que impide es que en Venezuela haya inversiones extranjeras, trabajo digno y, por ende, salarios acordes con la situación económica. 

MH: La justicia en Venezuela tiene un nivel cero, es un instrumento de represión social y de control polític0. Por lo tanto, la impunidad tiene todo el control. La Ley del Odio se aplica cuando y contra quien le interese al régimen. Hay una total discreción en todo el sistema de justicia, en donde la principal cabeza es el Presidente, que decide todo lo que se hace para lo cual hay que ver la capacidad que tiene para destruir y no de construir.  

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Tres de las cinco obras que la Constructora HP tiene en Las Mercedes fueron paralizadas luego de que los operativos anticorrupción de la administración de Nicolás Maduro detuvieran a dos de los socios de la empresa. Pero no son las únicas que están paradas y así lo constató un recorrido por las obras de la urbanización hecho por Runrun.es

De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, la nueva Ley de extinción de dominio no en ningún artículo “cómo serán las garantías a los bienes incautados a los detenidos o señalados por corrupción”

María Josefa Maya (@fefamaya) y Joshua De Freitas (@Joshuadfh)

En el cruce de la calle París y la avenida Orinoco de Las Mercedes –la urbanización al este de Caracas que es escenario de una “explosión” inmobiliaria de edificios corporativos–, está la Torre Sena con su fachada de cristal azulado. Durante diciembre, en su planta baja resaltaba una tienda que cubría sus vidrieras con luces navideñas de colores. Pero cuatro meses después, no hay ni una lámpara encendida dentro del negocio. Allí solo destacan cuatro conos anaranjados y dos personas de seguridad con camisas azules. “Materiales HP está cerrada hasta nuevo aviso”, indicaron en sintonía un par de vigilantes a periodistas de Runrun.es.  

El local de Materiales HP, propiedad de la Constructora HP, ha permanecido con las santamarías abajo desde que dos de sus dueños, Rafael y Roger Perdomo, fueron encarcelados en medio de la purga que la administración de Nicolás Maduro comenzó el pasado 17 de marzo contra funcionarios y contratistas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartón de Venezuela, el poder judicial, y los lazos de los implicados con bandas criminales y hasta supuestas redes de prostitución al servicio de políticos y empresarios. Hoy, con la Ley Orgánica de Extinción de dominio publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.745 del 28 de abril de 2023, el destino de esa tienda y del resto de las otras obras de la empresa HP en Las Mercedes es incierto.

No solo este almacén está cerrado en Las Mercedes. Durante un recorrido por la urbanización, Runrun.es identificó el estatus de las construcciones de HP y confirmó que tres de las cinco obras en ejecución están paralizadas: la Torre JLM (calle París) está detenida desde hace mes y medio, el Centro Empresarial Guayana (avenida Principal de Las Mercedes) está en pausa desde inicios de marzo, mientras que la Torre Victoria (avenida Orinoco) tampoco está en movimiento. 

No hay certezas sobre la situación de las otras dos edificaciones. Mientras que se pudo comprobar que la Torre Haya (calle Madrid) está custodiada por vigilantes sin que esto signifique que la construcción está activa, en la Torre Onyx (calle Madrid) no se pudo confirmar el estatus de la obra porque está cubierta por una pared de ladrillos que impide ver si está en ejecución. 

La otra obra con destino incierto es la Torre ATB (calle Mucuchíes), propiedad de la Constructora ATB, cuyo socio Bernardo Arosio Hobaica también fue detenido por la purga madurista. Dentro de este edificio solo se observaron dos camiones de escombros, un carro y dos camionetas sin que se viera movimiento de empleados. 

Diez construcciones en pausa

Durante un recorrido a lo largo de Las Mercedes, Runrun.es visitó 17 construcciones en desarrollo, donde contabilizó 13 construcciones completadas pero no completamente habitadas.

A pesar de ser obras concluidas, la Torre Jalisco, Torre Ávila, Torre Torca, Torre Toldeca, Centro Financiero Madrid, Torre SMA (San Miguel Arcángel), Torre Luxor, Torre Gerencial Las Mercedes, Torre 302, Torre Centro Empresarial HTO, Torre Sena, Torre Vertical 184 y Edificio Galería Avanti/ Frigilux no están completamente habitadas. Estas edificaciones representan 43,34% de las nuevas obras en la zona.

De 15 obras en construcción que hay en la zona, 10 están en pausa: Torre ATB, Torre JLM, Torre Haya, Torre MM (Hotel Madrid), Torre 151, Torre 152, Torre ECO, Torre Victoria, Centro Empresarial Guayana y Torre Gerencial Orinoco equivalen a más de la mitad (58,82%) de edificaciones que falta por terminar en la urbanización y a 33,34% del total de edificios de Las Mercedes que se han levantado en los últimos años.

Actualmente, solo cinco obras siguen operativas en la urbanización. Estas son las construcciones de la Torre Premier Residence, Edificio Láser, Torre 442, Hotel 335, Centro Guaraní y de la Torre Nest, que representan 16,67% del total de obras nuevas en Las Mercedes. 

Adicionalmente, el equipo de Runrun.es evidenció que a pesar de que la estructura del Edificio The Box parece terminada, la torre está completamente deshabitada. Incluso se puede observar que no tiene inmuebles ni sistema de iluminación instalado (solo el cableado en las primeras plantas). La parte arquitectónica parece estar culminada, pero está abandonada para ser habitada. 

En el caso de la Torre Onyx, no se pudo apreciar el avance de la modificación del terreno o algún vigilante u obrero en la zona de construcción. Su estatus está aún en incertidumbre. Comparado con fotografías presentadas en el especial “Las Mercedes se calienta con un lujo abrasador”, pareciera que las cabillas que deberían ser el esqueleto de las bases del edificio fueron desmanteladas. 

La mayoría de las construcciones paradas están en la zona sur de Las Mercedes desde los mapas satelitales —más alejadas de la Avenida Río de Janeiro—, a excepción de la Torre ATB. Mientras tanto, las torres que se acercan más a la Avenida Río de Janeiro y al Tolón siguen en construcción —de nuevo, a excepción de la Torre ATB—.

Construcciones con vitaminas

A la detención de los hermanos Perdomo y de Bernardo Arosio se suma el arresto de dos funcionarios de la Alcaldía de Baruta vinculados con las obras en ejecución en Las Mercedes: Juan Carlos Posner, director general del despacho, y Harold Sosa, director de Ingeniería Municipal. Mientras que el alcalde Darwin González anunció el pasado 15 de abril, mediante un comunicado, que pronto explicaría el por qué estos empleados son investigados –algo que todavía no ha hecho–, ni el gobierno ni el Ministerio Público han aclarado por qué están implicados en la purga. 

Sin embargo, un hecho parece señalar las razones de estos arrestos. Días después de la detención de los funcionarios municipales, el diputado a la Asamblea Nacional oficialista, Diosdado Cabello, cuestionó el “súbito crecimiento” en las edificaciones que se han levantado en Las Mercedes en los últimos años. 

«Por eso hay que investigar a fondo, los edificios tenían un tamaño, por disposición y variables urbanas y de seguridad. De repente, le pusieron vitaminas a los edificios y crecieron. De seis pisos pasaron a torres. ¿Cómo fue eso? ¿cómo fue ese procedimiento?, ¿a quién le consultaron?, ¿qué variables tomaron en cuenta?», preguntó Cabello en una alocución del canal estatal Venezolana de Televisión el pasado 18 de abril, cuando presentó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio frente al Parlamento. 

 

 

 

 

 

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Diez días después de las declaraciones de Cabello, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio fue aprobada según la Gaceta Oficial número 6.745. 

Para el abogado y cofundador de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, este documento jurídico en realidad disfraza intenciones políticas relacionadas a una aparente “herramienta de persecución”. 

“En esta ley no se menciona en ningún artículo cómo serán las garantías a los bienes incautados a los detenidos o señalados por corrupción. No se expresa cómo se tasarán los dominios, cómo se notificarán, cuál es su destino… Tampoco dice nada sobre su mantenimiento. Todos los bienes están en peligro de ser abandonados y sin liquidación de acuerdo a los costos del mercado”, afirmó Daniels. 

La ley, además de regular las acciones del Ministerio Público en casos de incautación de bienes presuntamente adquiridos por acciones de corrupción, exige la creación de un Servicio de Bienes Recuperados por parte del ejecutivo nacional, pero hasta la fecha de redacción de este texto no existe una declaración o documento oficial que indique la consolidación de esa institución pública, quiénes la manejan y dónde se ubican sus actividades administrativas. 

El cofundador de Acceso a la Justicia recalcó que la legislación venezolana no sigue los parámetros premeditados por la Oficina Contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidos (UNODC), donde se especifica y sugiere que parte de los bienes incautados deben dirigirse a un fondo para apoyar a las víctimas de Derechos Humanos o al propio Estado para beneficio de la población. 

“Los artículos 13 y 24 de esa ley apuntan al beneficio de los funcionarios públicos o de individuos que denuncien un caso potencial de corrupción, y aún así no dicen la proporción o cantidad de los bienes que les serían otorgados en esos casos. Un tribunal puede decidir que todo el bien sea otorgado a un funcionario público sin ningún problema”, dijo Daniels en una entrevista a Runrun.es. 

“En el supuesto de bienes no concluidos, se deben vender para que se terminen y sean liquidados, pero tampoco hay especificaciones de ello. La Ley no parte de la garantía de pérdida mínima al Estado, sino todo lo contrario: puede generar aumento del daño tanto al bien como a las pérdidas que representa para todo el Estado —gobierno, territorio y población—. Ese es uno de los grandes peligros de esta ley”, agregó. 

En su intervención televisada el pasado 18 de abril, Cabello reveló que hasta el momento hay más de 10 mil bienes incautados y cerca de 19 aeronaves. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuál es la naturaleza de cada bien mencionado por el representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) fueron contactadas para conocer qué impacto puede causar esta ley sobre las construcciones en desarrollo de Las Mercedes. Hasta el momento de publicación de este trabajo, no se obtuvo la declaración de ninguna de estas instituciones. 

Quiénes son los implicados

Dentro de la lista de 80 detenidos en los diferentes frentes de investigación de la purga madurista, destacan cuatro personas vinculadas a las construcciones en Las Mercedes. 

Rafael y Roger Perdomo Rodríguez

El 20 de marzo de 2023, los hermanos Rafael Guillermo y Roger Vicente Perdomo Rodríguez fueron arrastrados por la ola de detenciones impulsada por Maduro. Ambos son empresarios y socios mayoritarios desde 2010 de la Constructora HP, que ha levantado seis edificios nuevos en Las Mercedes. 

Aunque todavía no se ha aclarado el porqué de su aprehensión, se presume que su arresto está vinculado con los servicios de reparación y mantenimiento de muelles e instalaciones del Centro de Refinación Paraguaná (Falcón) y el Complejo Petroquímico de Jose (Anzoátegui), que pertenecen a Pdvsa, que prestaron a la estatal en 2021 bajo la firma Constructora 2PTO. 

Según Armando.info, Constructora HP mantuvo contratos con Pdvsa desde el 2012. Los contratos estaban bajo PDV Puertos, filial de la petrolera estatal creada en 2020 y bajo el escrutinio administrativo y financiero del coronel Antonio José Pérez Suárez, el vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) que fue uno de los primeros arrestados de la purga madurista. La empresa Constructora 2PTO tiene registros más directos de actividades con Pdvsa desde el año 2016.

Antes de la Constructora HP, los Perdomo fueron dueños de un autolavado llamado Autoservicios Las Acacias Express, C.A., en la urbanización de clase media Las Acacias, cercana al del sur de Caracas, y en donde las propiedades tienen un valor significativamente menor al de Las Mercedes.

El Ministerio Público confirmó la detención de los hermanos Perdomo el 25 de marzo. Hasta la fecha de publicación de este reportaje, se desconoce el lugar donde permanecen tras las rejas. 

Bernardo Arosio

Junto a su hermano Tadeo, Bernardo Andrés Arosio Hobaica es socio de ATB Constructores, compañía responsable de la edificación de distintas torres residenciales y empresariales en Los Palos Grandes, Altamira y Campo Alegre y posadas en Galipán y Los Roques, esta última levantada en un área prohibida del parque nacional. Además de eso, es el accionista mayoritario de Prodata Energy, empresa venezolana a la que se le adjudicó la exportación de gas desde Venezuela hasta Colombia en 2022, de acuerdo con una investigación de Armando.info. El medio también reveló que los Arosio estaban detrás de Walker International Dw-Llc, una compañía registrada en Emiratos Árabes Unidos, que también ha comercializado petróleo venezolano.

Juan Carlos Posner

Es el director General de la Alcaldía de Baruta. Según Luis Omaña, director de comunicaciones de la Alcaldía de Baruta, Posner entró al equipo de ente gubernamental en 2022. Fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) el 13 de abril. TalCual Digital reseñó que Juan Carlos Posner fue buscado por el Sebin y acudió con los funcionarios a su sede para “declarar voluntariamente”.

El mismo día de la detención de Posner, Freddy Ñañez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, informó que se realizó la audiencia de presentación de varios funcionarios vinculados a tramas de corrupción en la alcaldía de Baruta y Pdvsa – Cripto. Ahí se vio a Posner en una braga color naranja. 

Juan Carlos Posner Pimentel, Director Adjunto de la Alcaldía de Baruta

Álvaro Enrique Pulido Vargas, Operador Financiero / Vinculado a Hugbel Roa

Pedro Alejandro Herrera Araque, Operador Financiero/ Cuñado de Hugbel Roa

— Alfred Nazareth (@luchaalmada) April 14, 2023

Además de su puesto en la alcaldía, Posner indica en su perfil de LinkedIn que es el director general de operaciones de una empresa llamada Inversiones Venefood, SL, desde 2010. La compañía forma parte del registro mercantil de Barcelona, España, el cual indica que fue creada el 15 de mayo de 2006 e indica que el cargo de directivo y administrador solidario es Posner. 

El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) señaló que Inversiones Venefood C.A es una empresa de alimentos e ingredientes alimenticios, pulpa de fruta, legumbres en conserva, secas y cocidas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles. 

Harold Sosa

Director del departamento de Ingeniería de la Alcaldía de Baruta desde el año 2019. Egresado de la Universidad Metropolitana de Caracas como ingeniero civil. También fue detenido el 13 de abril junto a Ponser y apareció en la televisora estatal el mismo día con bata naranja. 

Miembros de la Alcaldía de Baruta, que solicitaron mantener anonimato a Runrun.es, afirmaron que Sosa entró a la alcaldía justo después de aprobarse una ordenanza municipal sobre la zonificación de Las Mercedes y Chuao, que permitía las construcciones de más de ocho pisos en la zona. El documento fue emitido el 28 de octubre del 2019 sin la aprobación del alcalde de Baruta, Darwin González, y hasta la fecha no ha sido derogado.   

Poco después, en septiembre del 2022, otra ordenanza municipal le dio toda la responsabilidad a la Dirección de Ingeniería Municipal de Baruta de emitir sanciones a aquellas estructuras que violen las especificaciones de las zonificaciones del municipio. Se consideraron como infracciones «medias» aquellas edificaciones que aumenten la densidad poblacional de la zona prevista y sean más altas que lo estipulado en las ordenanzas municipales. 

«Hasta ahora no sabemos de los cargos que se les imputan a Sosa y a Posner», dijo el director de comunicaciones de la Alcaldía de Baruta, Luis Omaña. Advirtió que la institución solo tiene conocimiento que están siendo investigados, sin la oportunidad de acceder cuál es su estatus mientras está recluido junto a Posner.

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Ley de Extinción de Dominio venezolana invierte el derecho a la presunción de inocencia

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.Para el abogado Nelson Chitty La Roche, la reciente legislación salta los estatutos constitucionales del debido proceso, donde se puede interpretar que en cualquier momento de un juicio se puede confiscar los bienes de un imputado

Pellegrino: «El desconocimiento a la presunción de inocencia como Derecho Humano es una de las faltas más resaltantes en esta Ley de Dominio»

La ONG Acceso a la Justicia reiteró que la nueva legislación venezolana puede «aumentar el riesgo de crear bienes abandonados y aumentar los daños que sufre el Estado»

«Frente a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio recientemente aprobada, los bienes no tienen ninguna garantía: no se especifica cómo se notificarán su incautación, no se sabe cómo se tasarán, no se habla de los mecanismos sobre la administración de esos bienes. La ley no está adecuada a la realidad del país», afirmó el abogado Alí Daniels, cofundador de la ONG Acceso a la Justicia. 

El 28 de abril fue publicado en Gaceta Oficial número 6.745 la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio por parte de la Asamblea Nacional de mayoría chavista. El documento pretende facultar al Ministerio Público venezolano para identificar, localizar e incautar los bienes derivados de actividades ilícitas, como la corrupción o el narcotráfico. 

«Nos dimos la tarea de proceder aceleradamente a conformar, a trabajar en la legislación comparada con otros países, a recibir la asesoría de un proyecto de ley de estas características que aprobó la Organización de Naciones Unidas contra la corrupción y contra el tráfico de drogas, y a partir de allí se redactó un proyecto muy completo», anunció Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, frente a los medios de comunicación estatales.

También se menciona como parte de los motivos de la ley «incrementar la efectividad de la acción del Estado contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes», así como «la aplicación y reconocimiento del derecho a la propiedad, teniendo presente que los bienes adquiridos con recursos de origen ilícito no adquieren legitimidad ni consolidan el derecho de propiedad, por lo que no pueden gozar de protección Constitucional o legal».

Ley en un Estado de Derecho degradado

Venezuela lleva ocho años consecutivos en el último puesto a nivel mundial del Índice de Estado de Derecho, según la ONG World Justice Project. Bajo esta perspectiva, Daniels advierte que la implementación de esta ley no cubrirá al debido proceso, pese a que legislaciones similares son propuestas por las Naciones Unidas para la retribución a las víctimas de Derechos Humanos.

El 18 de abril, Diosdado Cabello, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anunció que existen más de 10 mil bienes incautados y cerca de 19 aeronaves en el marco de una ola de detenciones a funcionarios públicos y de la empresa estatal Petróleos de Pdvsa. Sin embargo, no se sabe con exactitud cuál es la naturaleza de cada bien mencionado por Cabello de los 61 procesados por actos de corrupción.

«Vamos adonde estén los bienes, así eso haya ocurrido 15 o 20 años atrás. Si alguien sabe que alguna persona adquirió bienes de hechos ilícitos puede denunciarlo para nosotros seguir avanzando», dijo Cabello.

Frente a este panorama, Daniels aboga que la Ley de Extinción de Dominio es una «herramienta política , en vez de un instrumento para el juicio penal transparente». 

Cajas negras en rendición de cuentas

El nuevo documento jurídico exige la creación de un Servicio de Bienes Recuperados por parte del Ejecutivo nacional, pero hasta la fecha de redacción de este texto, no existe una declaración o documento oficial que indique la consolidación de esa institución pública, quiénes la manejan y dónde se ubican sus actividades administrativas. 

«En ningún artículo se habla sobre los mecanismos de administración de esos bienes. Ese es uno de los puntos más graves de esta ley», aseveró Daniels. «Nunca dice que haya transparencia en el manejo de los bienes, ni cómo se utilizan, quiénes lo van a utilizar. No se da una explicación específica del uso que se les dará a esos bienes». 

El cofundador de Acceso a la Justicia recalcó que esta ley, frente a un Estado que mantiene los procesos civiles y penales sin conclusión, «aumenta el riesgo de crear bienes abandonados y aumentar los daños que sufre el Estado». 

«La ley no parte de la garantía de pérdida mínima al Estado. En el supuesto de bienes no concluidos se debe vender para que se terminen y sean liquidados», destacó el abogado. «El compromiso no es real, porque se apuraron en aprobar la Ley, pero no para aplicar sus mecanismos». 

Viola los Derechos Humanos

En distintos países de América Latina, como Colombia o Bolivia, existen leyes que regulan la incautación de las propiedades de personas que ya han sido sentenciadas por actos de corrupción o narcotráfico. La ley modelo presentada por el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) establece parámetros para el manejo penal de bienes donde las personas están fuera de un país o fallecieron. En esos casos, se recomienda crear fondos para la reparación de los Derechos Humanos. 

Una de las innovaciones de esta ley venezolana es que se incluyen los bienes digitales, donde la intención de los legisladores durante la segunda discusión de la ley televisada el pasado 20 de abril era incluir los criptoactivos como objetos para aplicar la ley.

Durante dicha discusión, Diosdado Cabello era quien pedía el derecho de palabra en la mayoría de las intervenciones para modificar la ley. Sin contar algunas redundancias en la redacción y sintaxis de la ley, el documento fue aprobado sin mayores modificaciones ni intervenciones en las sesiones legislativas.

Sin embargo, Daniels y Chitty alegaron que el artículo 40 de esa nueva legislación permite que se puedan crear sentencias de incautación de bienes a ser ejecutadas en cualquier momento de un proceso judicial.  

«El desconocimiento a la presunción de inocencia como Derecho Humano es una de las faltas más resaltantes», dijo Cosimina Pellegrino, especialista en Derecho Administrativo y profesora de la Universidad Central de Venezuela. «Tampoco garantiza el derecho a la privacidad y el derecho a la propiedad privada. Lo más grave es que no establece alguna certeza ni información sobre cómo el Estado utilizará los bienes y activos una vez que sean apropiados».

Pellegrino enfatizó que el texto normativo permite decretar este tipo de medidas extintivas de la propiedad sin haber sido dictada la sentencia que declara la responsabilidad de la persona. «Y no cualquier sentencia, sino una sentencia firme, es decir, una decisión para ser ejecutada». Esa cláusula hace caso omiso al artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos, que establece que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.

«Lamentablemente, la ley aprobada por la Asamblea Nacional invierte el derecho a la presunción de inocencia y consagra la presunción de culpabilidad. Es un procedimiento que en lugar de reivindicar derechos los atropella», agregó. 

Invalida derechos constitucionales

El artículo 6 de la reciente legislación venezolana establece que la incautación de los bienes puede hacerse incluso en declaraciones acusatorias o casos que estaban en curso antes de aprobar la Ley de Extinción de Dominio. 

«Eso degrada el artículo 24 de la Constitución venezolana y las garantías del ciudadano. Allí se especifica que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena o cuando las pruebas ya evaluadas beneficien al reo», aseveró el abogado Nelson Chitty La Roche. 

Chitty, quién fue diputado en el extinto Congreso Nacional entre 1989 y 1999, expresó que el documento viola flagrantemente el debido proceso. 

«También la Constitución expresa en su artículo 116 la distinción de la confiscación por parte del Estado y cuáles son los distintos supuestos en los que operaría esa confiscación, que es distinto a la expropiación. Se establece una confiscación cuando el bien está ligado a los responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público», dijo el también profesor de la UCV. 

Aseveró que la Ley de Extinción de Dominio venezolana fue evaluada en la Asamblea Nacional de mayoría chavista bajo el amparo de promover la propuesta de ley de la UNDOC, donde Venezuela está adscrito desde 1997, «pero le aprobaron una serie de agregados muy preocupantes». 

«El tema aquí es que la justicia está «desciudadanizada», bajo un sesgo político muy grande, lo que puede llevar al ejercicio de señalar e imputar a cualquiera de terrorismo o corrupción. ¿Qué pasa si la persona termina siendo inocente después de ser investigada? ¿Cómo será resarcida? Hay una serie de aspectos que en esa ley no están suficientemente elaborados y considero que su creación es indispensable de cara a lo que ya establece la Constitución», cuestionó Chitty. 

Pellegrino informó que las excepciones constitucionales para confiscar bienes también se repiten en el artículo 271 al disponer que, con «previa decisión judicial», serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes

«El legislador no se encuentra habilitado constitucionalmente para regular una confiscación de bienes sin condena penal, tal como lo hace en la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, pues no es viable a la luz de la Constitución venezolana», dijo Pellegrino. «La extinción de dominio como terminación del derecho de propiedad no está en la Constitución. Habría que reformar la Constitución para incorporar esta medida».

Aumenta el riesgo de señalamientos politizados

Tanto el artículo 13 como el 24 de la  legislación recientemente aprobada establece que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar un caso potencial de bienes adquiridos presuntamente por actos ilícitos. También, ofrecen una «retribución equivalente a un  porcentaje del producto que el Estado obtenga por la liquidación de dichos bienes o del valor comercial de los mismos, dependiendo del grado o importancia de la colaboración» para identificar los casos. 

«Se trata de una previsión legal que puede ser utilizada para fomentar actos de expropiación y otros mecanismos de amenaza para atacar a determinadas personas que sean consideradas como “enemigas” y limitar o privar de sus derechos», explicó Pellegrino. «Esto se conoce como “el derecho penal del enemigo”, en donde a la persona no se considera ciudadana, y por ello no merece el reconocimiento ni la aplicación de las garantías y derechos».

Pero, bajo la premisa de que la ley no especifica garantías ni para la administración de los bienes incautados como del debido proceso, los tres abogados consultados advierten que pueden generar pérdidas a la población civil bajo la excusa del control público.

«Tampoco se especifican los límites de ese beneficio, lo que aumenta el riesgo para que «se robe a los robados”», agrega Daniels. «Un tribunal puede decidir que todo el bien sea otorgado a un funcionario público sin ningún problema. Fácilmente esta ley puede usarse como una herramienta de persecución política, donde renazca la figura de los “patriotas cooperantes”». 

Advirtió que, si bien en las leyes de Extinción de Dominio en el extranjero existe la posibilidad de liquidar los bienes antes de tiempo por deterioro de la propiedad, como en el caso de EE.UU., «el problema en Venezuela es que el Estado de Derecho deteriorado aumenta el riesgo de que el destino anticipado de los bienes sea discrecional». 

Tiempos récords e inconstitucionales de aprobación

Para el abogado Allan Brewer Carías el proceso de aprobación de esta ley fue un «caso nunca antes visto». En una entrevista al portal de Analítica, narró que la prensa nacional había cubierto la supuesta incautación de los vienes justo el mismo día que se sancionó la ley. 

«Eso explicaría la premura en promulgar esta ley», reflexionó Brewer. «En un solo día, en horas, la ley fue sancionada en la Asamblea Nacional, fue enviada al Tribunal Supremo de Justicia —para que dictaminara sobre la constitucionalidad, que le da el carácter de orgánico y es obligatorio—, ese mismo día la Sala del Tribunal dictó sentencia —resquebrando el carácter constitucional de la ley— y salió publicado en Gaceta. Todo eso el mismo 28 de abril». 

El abogado resaltó que en los códigos legales venezolano no se puede confiscar los bienes sin una condena. «La diferencia entre la Ley de Extinción de Dominio en Venezuela de otros marcos donde se aplica normativas similares es que la venezolana se enmarca en lo constitucional. Es por eso que es distinto al régimen de la extinción de dominio en otros sistemas, donde puede haber ejercerse sin que haya una condena penal previa, sino como una acción civil», explicó. 

La política sobre la justicia

El abogado Chitty La Roche consideró que este documento legislativo es una herramienta para «aparentar una buena cara frente a instancias internacionales que han señalado que en Venezuela no hay garantías de justicia», destacando las detenciones de los casos de corrupción de Pdvsa desde hace semanas.

«La investigación de renta presunta en Venezuela no se ha desarrollado convenientemente. No ha habido control del poder sobre la falencia estratégica que hemos vivido sobre el gasto y manejo de bienes públicos y su malgasto desde la presidencia de Hugo Chávez Frías, con múltiples atropellos a la Ley Orgánica de Administración del Sector Público y la ley del Banco Central. Lo que evidencia una falta de voluntad de respetar la institucionalidad», dijo el exdiputado. 

Pellegrino estimó que las expectativas frente a esta nueva situación pueden acrecentar aún más la falta de separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, desvirtuando las metas internacionales y humanitarias de Venezuela frente a la UNDOC y a la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

«Otra preocupación es que la ley no dice nada sobre el mantenimiento de los bienes. Entonces, pueden estar sin liquidación de acuerdo a los costos del mercado», concluyó Daniels. «Lamentablemente, la legislación venezolana pretende mezclar lo que debería ser un juicio civil con lo que por naturaleza la ONU considera un juicio penal». 

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