RR.ES PLUS archivos - Página 16 de 254 - Runrun

RR.ES PLUS

Roberto Enríquez: De la embajada de Chile salió una mejor persona 
El líder de Copei y candidato a la elección primaria sostuvo que no guarda rencor por los cinco años que pasó encerrado en la sede diplomática  
El abogado indicó que le parece aventurado hablar de una transición en Venezuela, prefiere referirse a una agenda de cambios graduales y progresivos
Entre sus propuestas está eliminar el Banco Central de Venezuela para que ningún político pueda devaluar la moneda 
Enríquez aseguró que tiene una política frontal contra el aborto y la denominada ideología de genero 

 

@franzambranor

 

 

Roberto Enríquez habla de su plan de Gobierno, mientras en la Asamblea Nacional chavista designan a Elvis Amoroso como presidente del Consejo Nacional Electoral. Al presidente de Copei, partido fraccionado y judicializado, no le importa quién fue el ungido por Jorge Rodríguez y compañía, su objetivo es acudir a las urnas de votación para elegir presidente bajo cualquier condición. Enríquez está convencido de que si la mayoría asiste a ejercer su derecho, Nicolás Maduro se verá obligado a abandonar Miraflores y a poner la banda presidencial a un demócrata. 

En su oficina, dos fotografías enmarcadas de los expresidentes copeyanos Rafael Caldera y Luis Herrera Campins adornan la antesala. Enríquez confía en que tiempos similares a los vividos en la llamada cuarta República están próximos a volver. No pierde la fe y mientras bebe una taza de café cuenta las horas para volver a salir a la calle y promocionar en meetings sus ideas en torno a una eventual recuperación de Venezuela.

Abogado de profesión, Enríquez de 55 años es oriundo de la parroquia La Candelaria en Caracas.

En abril de 2017, Enríquez fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) luego de ser acusado por los delitos de instigación a la rebelión y traición a la patria. Se refugió casi por un lustro en la residencia del embajador de Chile en Venezuela y luego de su salida fue uno de los delegados de la oposición en la primera ronda de diálogos con el Gobierno de Maduro en México. 

¿Qué opinión le merece el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral?

Siento que el venezolano está consciente de que al chavismo se le puede ganar con el árbitro que sea. Me parece que despejar la incertidumbre que había con el CNE no es malo, esperar a que hubiesen nombrado a Heidi es de incautos, recordemos que en 2015 también había un CNE al cual adversamos y se obtuvo una victoria. No nos preocupemos por lo que haga o vaya a hacer este nuevo CNE, ocupémonos de ganarle a Maduro en las presidenciales. Yo no me salgo del planteamiento que he hecho desde el primer momento, que es la estrategia del porfiado, el país debe tener una conciencia clara de que hay una mayoría abrumadora que quiere cambio y de ninguna manera podemos salirnos de la ruta electoral. Desde que está el socialismo, es la primera vez que acuden a unas elecciones con tanta desventaja, jamás habían sido tan rechazados y a nosotros nos toca conectar con el país para participar masivamente. La abstención no es opción. Creo que debemos transitar hacia una Venezuela de armonía y convivencia que no signifique impunidad, que se pueda retomar el diálogo en México. Hay que pensar en la persona que está pasando hambre, el niño que se acuesta sin comer y el anciano que está abandonado. 

¿Los candidatos de la primaria se pusieron de acuerdo en qué hacer frente a una eventual suspensión del proceso, inhabilitaciones y adelanto de elecciones presidenciales? 

-Si no tenemos un protocolo claro antes de la primaria que permita dilucidar qué hacer frente a cada circunstancia estaríamos conduciendo al país a unas elecciones a ciegas, cuestión que sería una irresponsabilidad. Tenemos que diseñar una estrategia ante cualquier emboscada que nos pueda poner el Gobierno. Le estoy exigiendo a la Comisión de Primaria que cumpla con el reglamento. 

 

LEA  Tamara Adrián: “¿Cómo se come eso de yo voy hasta el final?”

 

Usted ha formado parte del proceso de diálogo con el Gobierno ¿Estaría dispuesto a seguir pese a que no han habido resultados concretos?  

-Ningún proceso de diálogo ha sido exitoso, pero por el hecho de que no lo haya sido satisfactorio no vamos a renunciar a la idea de construir una sociedad basada en el diálogo y el respeto a los semejantes. Yo estoy proponiendo una Venezuela basada en el diálogo y no puedo renunciar a eso. Siento que hay un sector del país que asume el diálogo como una claudicación y eso me parece nefasto. Concibo el diálogo como un valor cristiano y me gustaría construir una sociedad basada en el pluralismo. 

¿Qué aprendizaje le dejó haber estado como huésped cinco años en la embajada de Chile en Caracas?

-Conmigo se cometió una gran injusticia porque el Roberto Enríquez de antes de meterme preso no era diferente al Roberto Enríquez de hoy. La experiencia fue muy ruda, pero salí sin un rasguño de rencor en mi corazón, eso me sirvió para madurar y crecer política, intelectual y espiritualmente. Aprendí que la ruta es la convivencia en base a la Constitución y a las leyes, no debemos sentirnos amenazados porque quien ostenta el poder no piensa igual que yo. Tuve una relación maravillosa con el embajador Pedro Felipe Ramírez, perseguido por Augusto Pinochet. De los cinco años en la embajada de Chile salió un mejor Roberto Enríquez. No vengo con sed de venganza, sí con una convicción muy clara de que Venezuela solo se va a reconstruir acercándonos a Dios, que nos reencontremos con los valores cristianos. Dejar atrás la corrupción, el atropellar al otro. Siento que Venezuela se alejó mucho de Dios por los antivalores.

¿Cuál es su posición frente a la petición de despenalizar el aborto, permitir el matrimonio igualitario e igualmente  el cambio de identidad para personas trans?  

-Todo esto que mencionas se sistematiza en la ideología de género que algunos dicen que no existe. Partamos de una premisa y es que la discriminación es una forma de degradación humana como lo es el fascismo y el nazismo, discriminar a una persona por su orientación sexual es inaceptable. Eso es una cosa y otra distinta es aceptar como válida la ideología de género que pretende hacernos creer que el ser humano puede jugar a ser Dios. En mi programa de Gobierno está planteado un abierto y frontal combate a la ideología de género, especialmente versus aquella que atenta contra la integridad e inocencia de los niños y al derecho a la vida del no nacido. Detrás del aborto lo que hay es un gran negocio, una industria clandestina, algunos dicen que la solución es legalizarlo, para mi eso es legalizar la muerte. Nosotros lo que planteamos es un sistema de adopción que permita que la solución no sea abortar, sino buscarle un hogar al bebé. No queremos ser un tribunal moral, pero sí establecer una política que combata el aborto. No es verdad que hay tres, cuatro o cinco géneros, hay solo dos y que tengas una inclinación sexual está bien, pero de adulto, no de niño. 

¿Qué siente al ver a Copei dividido y judicializado?

-Es doloroso, Copei es una institución hermosa, somos causa habientes de una corriente soberbia, a nosotros nos intervinieron, porque judicialización es cuando te someten al debido proceso y te dan derecho a la defensa. El proceso ha sido terrible porque ha contado con la complicidad de personas que han obtenido mucho de Copei. A nosotros nos cayeron las siete plagas, abuso de poder, inconsecuencia de la oposición y la traición de quienes cooperaron con esa intervención. Nos quitaron nuestra fracción parlamentaria, no tener la tarjeta duele, pero seguimos leales a Venezuela, nunca nos hemos salido de la ruta de sacar a Maduro del poder por la vía electoral. La gente está clara de que la candidatura de Copei es la de Roberto Enríquez, pero esta no es exclusiva de los copeyanos, también tengo que hablarle a los independientes. Nuestro lema es convencer para crecer y vencer. Hemos resistido y actualmente contamos con el equipo político más joven de Venezuela.

¿Cómo se financia un partido con estas características? 

-Es un karma y en especial porque estamos atravesando por una situación económica dramática en el país, sin embargo hay mucha mística, voluntariado, se hacen rifas, las limitaciones son muy fuertes. Hugo Chávez privatizó la política, quitó el financiamiento público a los partidos, entregó la política a grupos económicos y por supuesto al Gobierno, su discurso fue muy hipócrita, por eso ha sido tan difícil construir un sistema político con instituciones realmente sólidas, que permitan la representación de ideas y no de intereses económicos. Si algo tiene Copei es la formación de su militancia y eso nos permite lidiar con los problemas

En su propuesta destaca eliminar el Banco Central de Venezuela ¿Cómo es eso?
-Yo no soy un clon del argentino Javier Milei, él defiende la propuesta del economista Steve Hanke, del padre de la criatura. Nosotros nos dedicamos a investigar cuáles eran las alternativas económicas para países postrados como Venezuela y nos encontramos un modelo diferente al fracaso socialista creado por Hanke. Cuando hay ideas buenas hay que buscarlas donde sea, lo único peor a una persona acomplejada, es un político acomplejado y no me importa que el que haya ideado esto sea estadounidense. Nosotros hablamos con él y nos dijo que nos puede ayudar. Aquí hay dos opciones, o dolarizar o crear una junta monetaria y cerrar el BCV. No es posible que una economía funcione si está enferma, para que funcione lo primero es contar con una moneda sana y de libre convertibilidad y para lograr eso hay que cerrar el BCV, porque este es un organismo que actúa con discrecionalidad política, le da poder al Gobierno para decidir cuánto vale el dinero. Entonces, o reformas la ley del BCV para que no pueda imprimir dinero inorgánico o lo reemplazas por una junta monetaria que consiga que por cada dólar haya un bolívar, con eso en 30 días se acaba con la inflación, en 6 meses se estabiliza la economía y en 1 año se inicia un proceso para fortalecer el poder adquisitivo del venezolano. Yo se que con esto toco muchos intereses, por eso he recibido cuestionamientos, pero es algo que ha dado resultados en países que no son potencias como Bulgaria, Bosnia y  Montenegro. Con una iniciativa así nunca más un político va a devaluar la moneda. En Venezuela se fueron más de 400 mil millones de dólares huyendo del modelo socialista, con que regrese el 20% de ese portafolio, este país se levanta en un año. Mi idea es ofrecer un plan de privilegio de inversión a los venezolanos que están afuera para que traigan sus empresas aquí.

¿Cómo puede producirse una transición en paz?

-Me parece aventurado hablar de transición, se usa esa palabra con mucha ligereza. Creo que es mejor hablar de cambios graduales y progresivos. Yo quiero imitar a Patricio Aylwin, él lo logró en Chile reemplazando a Augusto Pinochet. La recomposición de este país es un proceso lento y por ello el nuevo gobernante debe tener mucha templanza, serenidad y estar abierto al diálogo y a la negociación, pero eso se logra respetando la voluntad de la mayoría y atendiendo a las minorías, algo que el chavismo no hizo, el chavismo cuando era mayoría no respeto a la minoría y por eso hoy son pocos, yo respeto a la minoría chavista, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con la impunidad.

¿En algún momento se planteó irse del país?

-Siempre me ofrecieron que me fuera de Venezuela, yo soy nieto de un exiliado, mi abuelo fue dirigente cubano y estuvo preso y a pesar que sembró su familia aquí siempre recuerdo los ojos de tristeza fuera de su país. Yo preferí quedarme a esperar que me llegara otra vez la oportunidad de ser político, a ser un viejito triste en el extranjero. Yo respeto mucho al que se fue, casi toda mi familia está afuera. Cada quien hace lo que cree conveniente, pero de alguna manera todos seguimos pegados al país y estamos de acuerdo en que Venezuela debe volver a ser vivible.     

 

LEA  Delsa Solórzano: “El chavismo no ha dejado nada bueno”

El enroque de jueces en Venezuela deja en jaque a presos políticos
Al menos 44 presos políticos son afectados por el cambio de facultades del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo
Al menos 18 presos políticos, cuyos casos están bajo las decisiones de la jueza Alejandra Romero, piden atención médica urgente por padecer enfermedades crónicas o tener un estado de salud crítico

Por Joshua De Freitas y Carla Espinosa | Infografías: Mayerlin Perdomo

Foto: Provea

«A un mes y diez días de que cambiaran las facultades del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo, ningún abogado defensor ha recibido notificación oficial que diga cuándo se reiniciarán las audiencias para los presos políticos», denunció el abogado Joel García, uno de los especialistas en derecho penal que defiende al periodista y preso político Roland Carreño

El 15 de julio del 2023 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó la transferencia de las facultades de la mencionada instancia para evaluar los casos de más de 40 presos políticos acusados de terrorismo por el gobierno madurista. 

Aunque el Poder Judicial venezolano dio la orden, no ha salido una declaración pública. Fueron los abogados Alonso Medina Roa, Gonzalo Himiob y Martha Tineo quienes confirmaron la orden judicial e informaron por redes sociales.  

«Si el TSJ no publicó la resolución respectiva, no queda clara la razón de esa decisión. Esto denota falta de transparencia y no deja la posibilidad de defenderse a quien esta decisión le afecte», afirmó Laura Louza, abogada y directora de la ONG Acceso a la Justicia

La jueza Alejandra Romero, perteneciente al Tribunal N° 29 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, llevará las audiencias de los casos que arrastra el Tribunal Tercero con competencia en terrorismo desde hace 6 años

«Es decir, se vuelven a iniciar estos juicios que ya estaban por concluir», explicó Louza. «Se extiende aún más el caso de cada una de las personas afectadas por ello, lo que vulnera su derecho al debido proceso en toda su extensión. Se trata, sin duda, de una medida perversa y arbitraria. Es una forma de denegación de justicia, violación al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, así como la vulneración de los derechos de los familiares al seguir bajo la persecución, las amenazas y la presión económica para que los detenidos puedan subsistir porque el Estado no los protege». 

44 presos políticos deberán reiniciar sus audiencias por tercera vez consecutiva. De ese grupo, 7 personas son militares o militares retirados. Al menos 17 de esas personas están detenidas desde el año 2017 y tuvieron su primera audiencia de juicio con el tribunal en el año 2021. Otras 2 personas que estuvieron presas por temas políticos y ahora tienen medidas cautelares frente al tribunal también deben reiniciar su régimen de presentaciones, obligándolos a mantenerse en el país. 

También, dentro del grupo de afectados, se encuentran los casos del militar Jhon Wladimir Jaimes García, de 37 años de edad, quien fue detenido arbitrariamente en 2019 y hasta la fecha no se ha presentado a su primera audiencia de juicio. 

Los «jueces-tribunales» a la medida

Para García, la jurisdicción o competencia para sentenciar las imputaciones de terrorismo en Venezuela no están ligadas a una institución, sino a las personas que designa el TSJ

«Cuando se le imputa a alguien por terrorismo en Venezuela debería estar estipulado bajo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (publicada en el año 2012). Pero esa norma, a diferencia de otras —como la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia—, no establece la creación de una competencia especial para el juzgamiento de los delitos y las personas que en ella se contempla», explicó. 

Según Acceso a la Justicia, los tribunales con competencia en terrorismo se crearon en 2013 bajo una sentencia del TSJ en la Gaceta Oficial N° 40.092. Desde allí se estableció que los foros con competencia en terrorismo no serían instituciones fijas en distintas regiones del país, sino jueces designados por el Poder Judicial que vivan y trabajen en Caracas. 

Hasta ahora, los jueces designados comparten tanto la jurisdicción de su tribunal de origen como la jurisdicción de casos de terrorismo. Por eso, la jueza Alejandra Romero tendrá las facultades del Tribunal N° 29 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas y del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo al mismo tiempo. 

«Esa resolución promueve que el gabinete madurista busque la fidelidad de las personas para atender estos casos de forma parcializada», advirtió García. «En este momento hay cuatro jueces de control con competencia en terrorismo, tres jueces en los tribunales de juicio y seis juristas en las salas de apelaciones. Todos están en Caracas».

Un reinicio constante

No es la primera vez que más de 40 privados de libertad en Venezuela reinician sus audiencias para lograr un veredicto. El caso de José Javier Tarazona Sánchez, activista de la ONG FundaRedes y uno de los presos políticos más recientes bajo el Tribunal Tercero, ha repetido más de dos veces sus audiencias. 

«Existe el principio de inmediación, que está previsto en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, donde establece que el juez que presencia el debate, que presencia las pruebas, es el mismo que debe dictar sentencia. Un tribunal que no haya visto el debate no puede, ni debe, dictar sentencia. Cuando suspendes el juicio por un tiempo determinado se rompe con ese principio de inmediación, y cuando cambias las competencias de un tribunal para atribuirlo a otro también rompes con ese principio», explicó Gonzalo Himiob, abogado de la ONG Foro Penal.

De acuerdo con la más reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal del 2021, un juicio no debería suspenderse por más de 10 días. Si se pasa de ese periodo, las audiencias y el proceso deben reiniciarse.

Al demorarse el proceso, los privados de libertad se quedarán en un estatus de «detención preventiva» por parte de las autoridades venezolanas, situación que mantienen 17 personas desde el 2017 bajo ese tribunal

«¿Qué es lo que debería ocurrir en justa ley? Visto que esta es una demora del proceso que no es atribuible a la defensa ni a los acusados, se les debería afrontar el juicio en libertad. Ellos están amparados por la presunción de inocencia: ellos no han sido condenados todavía. Pero, lamentablemente, todo indica a que esa medida no se va a tomar», agregó Himiob. 

El abogado de Foro Penal recuerda otros casos relevantes donde el Poder Judicial venezolano ha reiniciado procesos para demorar las sentencias: el caso de 11 jóvenes en 2014 que protestaban contra el gobierno de Nicolás Maduro que, presuntamente, tenían campamentos en las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas. 

«Justo cuando se iban a terminar el juicio, el juez finalizó una audiencia y dejó pasar el plazo para romper el principio de inmediación. Allí no hubo cambio de facultades de un juez, pero el daño es el mismo: se tuvo que volver a comenzar el proceso», dijo Himiob. «Estas son unas maniobras claras dirigidas a demostrar, en mi criterio, que en Venezuela el proceso penal no está al servicio de la justicia, como una herramienta para la determinación de la verdad, sino como una herramienta para el castigo anticipado». 

También son privados de salud

Los privados de libertad no se enfrentan solo a un retardo procesal, también sufren de un desamparo humanitario. 18 personas afectadas por el cambio del tribunal denuncian una atención médica urgente por enfermedades crónicas —como diabetes o hipertensión— o estados de salud críticos durante su reclusión —cuadros depresivos o hernias inguinales e inflamación en los genitales—. 

El Observatorio Venezolano de Prisiones destaca en su informe más reciente que el servicio de agua y salud es casi inexistente en los centros penitenciarios venezolanos. 

«De acuerdo con los testimonios de reclusos del Internado Judicial Región Capital “Rodeo III” (donde están 7 de los 42 privados de libertad afectados por el cambio de juez), en mayo del 2022, ya tenían varios meses sin contar con el servicio (de agua), por lo que debían pagar entre 30 y 50 dólares por una cisterna», resalta la ONG. «La situación ha llegado al punto que algunos reclusos deciden vender el agua que logran almacenar al precio de un dólar por tobo». 

En el caso de la atención sanitaria, el Observatorio analizó que no existe un personal dentro de las instalaciones, «lo que representa un mayor peligro para su salud». 

Casos afectados

Larry Enrique Briceño Hinestroza

Uno de los civiles detenidos desde 2017 por presuntamente estar involucrado en la «Operación David», un presunto ataque militar al fuerte Paramacay en Valencia, estado Carabobo. Briceño, junto a otros 16 civiles y un militar, quedó bajo la jurisdicción del Tribunal Tercero de Juicio mientras los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, como Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, los acusaban de terroristas y afirmaban que debían «cumplir con la máxima condena». 

Su primera audiencia de juicio ocurrió dos años y nueve meses después de su detención y se ha reiniciado al menos tres veces desde el 2021. Aunque es un civil, estuvo recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. En 2022 lo trasladaron al Internado Judicial Región Capital “Rodeo II” sin ninguna órden judicial. 

Briceño es uno de los presos políticos que requiere una asistencia médica urgente. Según las denuncias de sus familiares, padece de diabetes tipo 2 y el Estado no brinda ningún tipo de apoyo. 

Guillermo Jose Zárraga Lázaro

Exsindicalista de Petróleos de Venezuela de 59 años de edad. Fue detenido arbitrariamente en noviembre del 2020 por estar presuntamente involucrado en una trama de espionaje de Estados Unidos y conocer a Mathew Heat, el principal acusado del caso por parte del gobierno madurista. 

Según declaraciones de su hijo, Diego Zárraga, Guillermo fue víctima de extorsiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado: le decían que aceptara los cargos que lo imputaban si quería su libertad. 

La primera audiencia de juicio ocurrió nueve meses después de su detención, luego tuvo al menos tres reseteos judiciales. De acuerdo con la abogada de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, la semana en la que cambiaron las facultades del tribunal del juez Aquiles Vera coincidió con la audiencia que le daría el veredicto final a Guillermo Zárraga

En octubre del 2022, Nicolás Maduro intercambió a Mathew Heat por los sobrinos de su esposa Cilia Flores, quienes estaban detenidos y acusados de narcotráfico en Norteamérica. 

En mayo del 2023 Amnistía Internacional le exigió al Estado venezolano medidas humanitarias para Guillermo Zárraga: sufrió un síncope cardíaco en marzo del 2023 y presenta un cuadro de desnutrición y de anemia. El 16 de mayo de 2023, el Tribunal Octavo de Juicio del Área Metropolitana de Caracas ordenó su traslado a un centro médico, pero fue el 14 de agosto, casi tres meses después, que al fin tuvo su traslado, según informan sus familiares. 

Darío Pastor Estrada Perozo

Detenido en diciembre del 2022 por presuntamente estar involucrado en un atentado contra la Asamblea Nacional vigente de mayoría chavista. Lo detuvieron junto a otros 4 civiles y quedó bajo la jurisprudencia del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo

Según declaró su madre a Foro Penal, estaba de reposo por un contagio por covid-19 el mismo día que lo detuvieron, y en ningún momento se ha confirmado si recibió asistencia médica al respecto. Tampoco tiene atención médica para tratar su síndrome de Asperger. Su familia es quién maneja los costos de su tratamiento. 

Franklin Alfredo Caldera Martínez

Aunque el militar retirado estaba fuera de Venezuela, lo apresaron y lo imputaron por estar presuntamente involucrado en una sublevación militar en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar en diciembre del 2019. 

Estuvo sin juicio hasta el año 2021. Aún así, el primer juez que atendió su caso, José Mascimino Márquez García, amenazó con que «se iba a pudrir en la cárcel», según denuncia Franklin Caldera (padre). En febrero del 2023, Márquez fue acusado por el Estado venezolano de mantener una trama de corrupción y hoy se encuentra detenido. 

Mientras estaba privado de libertad, le agregaron un nuevo cargo imputado relacionado con la «Operación Gedeón», una supuesta intervención militar ocurrida en las costas de Macuto (estado Vargas o La Guaira) en mayo del 2020. Con el reciente despojo de facultades del tribunal, este sería el tercer juez que atiende su caso antes de dar un veredicto.

Franklin Caldera hijo mantiene una herida de bala en su pierna izquierda, debajo de la rótula, y una herida en su pierna derecha debido a una puñalada que obtuvo durante su detención y se agravaron con las torturas que sufrió. Expresa calambres y dolores al caminar o levantarse. Sus familiares también denuncian que sufre de ansiedad. Debido al mal servicio de agua potable y aguas residuales, él sufre también de vómitos, diarrea y deshidratación.

#EnchufaDÍN | Felicita a Elvis Amoroso por su nuevo cargo

Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, nacido en Cagua, estado Aragua, es un abogado y economista venezolano que ha desempeñado cargos como diputado, incluso desde la época del Congreso de la República.

Fue designado como contralor de la República por la extinta Asamblea Nacional Constiutuyente (ANC) en 2018, sustituyendo a Manuel Galindo Ballesteros. Con este cargo, se dio la tarea de inhabilitar políticamente a diversos dirigentes de oposición como Juan Guaidó, Antonio Ledezma, Julio Borges y también a Luisa Ortega Díaz, fiscal general destituida por la extinta constituyente, de la que Amoroso también formó parte.

Las actuaciones de Amoroso le han valido varias sanciones en el exterior por países como Estados Unidos, Suiza y hasta la Unión Europea.

Este jueves, 24 de agosto, Elvis Amoroso fue designado por la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Violencia y panorama político en Ecuador mantiene en alerta a migrantes venezolanos
Migrantes venezolanos asocian a la candidata correista a la presidencia Luisa González con el modelo chavista que los impulsó a abandonar su tierra natal 
El asesinato del candidato Fernando Villavicencio encendió las alarmas 
El país de la mitad del mundo alberga a más de 400 mil venezolanos según la Organización Internacional de Migraciones 

 

 

 

Nelson ha emigrado a Ecuador desde Venezuela en dos oportunidades. La primera fue en 2017 y no le fue bien, la segunda este mismo año y ahora experimenta una mejoría en vista de que su hermano tiene seis años allá y le ha tendido la mano.

Ramón hizo lo propio en 2014. El ex trabajador petrolero tuvo una oferta para participar en un emprendimiento en Quito y se embarcó en un viaje desde Maracay, en el estado Aragua, junto a su esposa y dos hijos.

A ambos les preocupa el panorama político de ese país, la violencia que se ha desatado últimamente y el resultado de los comicios presidenciales y legislativos del venidero 15 de octubre, cuando los ecuatorianos elijan en segunda vuelta entre la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa.

De acuerdo con cifras oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano, González, ficha del ex presidente Rafael Correa y del movimiento Revolución Ciudadana, obtuvo el 33,32% de los votos en primera vuelta, mientras que Noboa de la Alianza Democrática Nacional (ADN) consiguió el 23,66%.

En la tercera posición se ubicó Christian Zurita, reemplazo del candidato asesinado Fernando Villavicencio con 16,51% y en la cuarta el empresario especialista en seguridad, Jan Topic con 14,68%.

Villavicencio fue muerto a tiros el pasado 9 de agosto tras salir de un mitin en la capital ecuatoriana. Previo al crimen había denunciado amenazas en su contra por parte de bandas criminales vinculadas al narcotráfico.  

“El nivel de violencia en el país ha aumentado significativamente, hay crímenes en términos muy conocidos por nosotros los venezolanos como los sicariatos, vacunas y secuestros express. La máxima visibilización de este problema se ha dado recientemente con el lamentable asesinato de Villavicencio”, dijo Ramón. 

La delincuencia se ha desbordado y las bandas se disputan el mercado de la droga, aquí los comerciantes tienen que pagar vacuna. Lo que sucede aquí es lo mismo que con Pablo Escobar en Colombia, similar libreto, los carteles de la droga infiltran a las organizaciones judiciales, policiales y extorsionan”, agregó Nelson.

Ramón expuso que en los nueve años que tiene viviendo en Ecuador, el espiral de violencia ha ido aumentado considerablemente.

“La estadística principal es la cantidad de muertes violentas por cada 100 mil habitantes que en la época en que llegué estaba entre 5,81 y 8,21 y ahora está alrededor de las 25 en 2023 y se estima que a finales de este año cierre en 39”.

Tanto Nelson como Ramón coinciden en que la seguridad es uno de los principales aspectos que debe atender el mandatario que sustituya al actual, Guillermo Lasso.

“La crisis de seguridad que vive el país es muy delicada y es un gran reto para cualquiera que gane. Lo que me preocupa de una eventual victoria de la candidata del partido Revolución Ciudadana es que invierta más tiempo y esfuerzo en resolver problemas políticos que en eliminar de raíz el origen de la violencia”, expresó Ramón.

A Nelson tampoco le simpatiza la idea de ver a González colgándose la banda presidencial

“Espero que los votos de Villavicencio y los demás se vayan con Noboa, creo que el voto fuerte de Correa ya se manifestó, no creo que alguien que votó por Villavicencio lo haga por González en la segunda vuelta”, manifestó Nelson. 

Los dos venezolanos reconocen que Correa todavía cuenta con apoyo en Ecuador y esto podría beneficiar a su candidata.

“Su gobierno fue muy mediático, había programas parecidos al Aló Presidente de Hugo Chávez que se transmitían los sábados donde informaba sobre sus logros, pero también atacaba a sus enemigos. Hizo muchas obras en términos de vialidad, generación eléctrica, seguridad y salud, pero algunas de estas fueron objeto de señalamientos de corrupción”, indicó Ramón.

Correa tiene un nivel de aceptación alto porque efectivamente tiene obras importantes y la gente aquí está clara, no hablan de Luisa sino de Correa, saben que ella es una especie de marioneta”, dijo Nelson.

Noboa, la gran sorpresa en Ecuador

Para la internacionalista Elsa Cardozo, el debate previo a las elecciones y el inesperado asesinato de Villavicencio fueron aspectos que beneficiaron al candidato de la ADN.

“De alguna forma la votación de la candidata del correísmo era la esperada. Creo que podemos hablar de una especie de déjà-vu de las elecciones de 2006 entre Rafael Correa y Álvaro Noboa (padre de Daniel). Fue notable, en el debate del 14 de agosto, el contraste entre el mensaje polarizador de la candidata de la Revolución Ciudadana y el más sosegado, políticamente calibrado y preciso de Noboa, percibido como outsider. Si bien el asesinato de Villavicencio no alteró los resultados previstos en las encuestas, cambió el mapa para los electores porque estos aparentemente se movieron en apoyo a Noboa”.

Cardozo explicó que quien resulte ganador a mediados de octubre se verá obligado a pactar, si es que desea que exista cierta gobernabilidad en el país. 

“Ni siquiera la Revolución Ciudadana, que obtendría el mayor número de escaños (50), alcanzaría la mayoría simple. Mientras que la ADN apenas contaría con 12 y la actitud del correísmo ya anticipa trabas a la gobernabilidad”. 

La experta en materia internacional considera complicado hacer algún tipo de pronóstico para la segunda vuelta.

El correísmo obtuvo una votación dentro de lo que se considera su volumen tradicional de apoyos, que podrían ser su límite. Dependerá de su capacidad para negociar, pero los votos no se transfieren con acuerdos entre dirigentes. González debe conectar con electores que no comparten su radicalismo. Noboa tiene una cuesta mayor por remontar. Podría tener más margen de maniobra en conversaciones con otros partidos y en la atracción de más electores, pero siempre que su propuesta y mensaje le permitan llegar a un amplio espectro”. 

Cardozo manifestó que el panorama político, la violencia y el desenlace electoral tendrán efecto en los 443 mil venezolanos que viven en Ecuador, según la Organización Internacional de Migración

“Las condiciones de precariedad de salida de Venezuela afectan a la vasta mayoría de los migrantes, a esto se suma el impacto del deterioro de la economía, la inseguridad en sus más violentas expresiones y las tensiones políticas reinantes en este país. El venezolano enfrenta grandes obstáculos para el proceso de reconstrucción de sus vidas. Lo que podría empeorar sería la terminación de los ya complejos trámites para su regularización y el rechazo social en vista de la la tendencia, con o sin razones específicas, para culpabilizar a los migrantes del incremento de la violencia”

Ramón aspira a que la segunda vuelta transcurra en paz, pero teme que la espiral de violencia política se normalice en Ecuador.

“Hay muchos sesgos políticos en las instituciones del Estado, esto hace que se viva en una perenne pugna que raya en la obstrucción al avance de cualquier iniciativa, venga de donde venga. No veo que exista una real visión conjunta de país hacia el cual todos apunten. Mi principal preocupación es que el alto nivel de penetración de este tipo de violencia pueda terminar de minar a toda la sociedad”.

De acuerdo con Nelson, algunos ecuatorianos se han visto en el espejo de la conflictividad política de Venezuela

“Creo que en la segunda vuelta probablemente haya un voto castigo para González, con el objetivo de que Correa no vuelva a una posición de poder, pero ciertamente el panorama genera incertidumbre. Si gana la correista tengo que ver para dónde voy a coger. Ahora es complicado hacer planes porque el temor de quienes vivimos aquí es que esto se convierta en Venezuela”. 

 

LEA  Vacaciones en inflación: Padres apelan a la creatividad para distraer a los niños

674 funcionarios policiales están bajo investigación por diferentes cuerpos de seguridad
A través de un documento obtenido por Runrunes se pudo conocer que la Policía Nacional Bolivariana creó una oficina para asistir a funcionarios imputados, investigados o penados
La oficina tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios haciendo valer todas las pruebas, acciones o excepciones
La categoría más común entre las investigadas es hurto con 147 casos. Otros 97 funcionarios son investigados por violencia de género y 82 por estafa

A través de un documento obtenido por Runrun.es se pudo conocer que el 5 de mayo de 2023, el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, bajo el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, creó la Oficina de Alegación al Funcionario Policial.

La oficina tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios haciendo valer todas las pruebas, acciones o excepciones; mantener el seguimiento y control de todos los expedientes y causas asignadas y solicitar inspecciones administrativas, avalúos e informes de campo. 

De acuerdo con el documento, desde la creación de la sucursal, 815 funcionarios policiales han sido atendidos por la oficina. De ellos, 674 funcionarios policiales se encuentran bajo investigación por diferentes cuerpos de seguridad, se desconoce cuáles son. 

De acuerdo al informe, la comisario en jefe, Antoine Elizabeth, es quien dirige la nueva oficina, que está conformada por tres divisiones:

División para la defensa del funcionario, conformada por la Coordinación de defensa del funcionario en materia administrativa y la Coordinación de defensa del funcionario en materia penal. 

División de apoyo a la investigación, conformada por la Coordinación de apoyo a la investigación.

División de estadística, conformada por la Coordinación de registro y análisis estadístico y Archivo.

«La nueva oficina debe brindar atención e información a los familiares del funcionario o funcionaria que se encuentren en condición de imputado, acusado o penado», señala el documento.

Investigados por corrupción y violencia de género

Desde mayo, 815 funcionarios policiales han sido atendidos por la Oficina de Alegación para asesorarse y representarse jurídicamente. El estado con mayor cantidad de funcionarios atendidos es Distrito Capital, con 130, le siguen Anzoátegui, con 93, Miranda, 87; y Bolívar 73. 

Según el informe obtenido por Runrun.es, los miembros de la PNB son investigados por delitos económicos, corrupción, abigeato, solicitados, tráfico y comercio ilícito de recursos y materiales estratégicos, hurto, violencia de género y una categoría identificada como «otros».

La categoría más común entre las investigadas es hurto, con 147 casos. Otros 97 funcionarios son investigados por violencia de género y 82 por estafa. Otra de las categorías señaladas es una que se define como «otros», con 185 casos.

CLAVES I  Gobierno de Maduro sigue llenando de piedras el camino de la CPI
Pese a testimonio de víctimas, el régimen chavista continúa negando crímenes de lesa humanidad 
Gonzalo Himiob del Foro Penal aseguró que apelación no detendrá el trabajo de la Corte Penal Internacional 

 

 

El pasado lunes 14 de agosto, el canciller, Yván Gil, emitió un comunicado del Gobierno venezolano donde apelaba a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso denominado Venezuela I por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.

La apelación pretende revertir la decisión de la CPI de continuar con la investigación iniciada formalmente el pasado 3 de noviembre de 2021 por el fiscal Karim Khan, después que un grupo de países suscribientes del Estatuto de Roma solicitaron la apertura de una averiguación por crímenes cometidos en Venezuela con supuesta anuencia del Estado a partir de febrero de 2014. 

El comunicado del Gobierno de Nicolás Maduro advierte que la investigación que lleva a cabo la CPI posee una “clara motivación política” y forma parte de una estrategia de “cambio de régimen impulsada por potencias extranjeras”.

Omar Piñango, coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad de la ONG Defiende Venezuela, sostuvo que el régimen madurista afirma que en la investigación existen seis errores de hecho y de derecho que presuntamente vulneran disposiciones del Estatuto de Roma y del derecho internacional.

“Hasta ahora no se ha hecho público el documento de apelación, por lo que los detalles están por conocerse. En los próximos días debería estar disponible”, dijo el abogado.

A continuación enunciamos unas claves sobre lo que ocurre entre el Estado venezolano y la CPI:

 El 27 de junio de 2023 la sala de cuestiones preliminares I de la Corte Penal Internacional presentó su decisión de autorizar la reanudación de la investigación en Venezuela por supuestos delitos de lesa humanidad conforme al artículo 18 numeral 2 del Estatuto de Roma.

 El 2 de julio de este año, el Estado venezolano notificó su intención de apelar. “Presentó de manera muy general los motivos por los que consideraba que la decisión de seguir la investigación debía ser revertida, a la vez que se pronunciaba en torno a su solicitud de que el proceso se detuviera mientras se decidía la apelación”, sostuvo Piñango.

El pasado 7 de julio de 2023, el Gobierno venezolano presentó una solicitud a la Sala de Apelaciones de la CPI para poder contar con más tiempo del establecido en el estatuto para sustentar su argumento. “En esa oportunidad, la Sala de Apelaciones concedió hasta el 14 de agosto a las 4 pm para que el Estado presentará la sustentación de la apelación”, recordó Piñango. 

Según Piñango existe una negación por parte del Estado venezolano a reconocer violaciones a los derechos humanos. “Con la apelación, el objetivo del Gobierno es revertir la decisión que autorizaba la continuidad de la investigación. Entre otras cosas, dicen que la investigación no se corresponde con los hechos y que no se incluyeron todos los elementos probatorios, además alegan que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción y que hubo elementos que no presentaron a la Fiscalía por la barrera idiomática”.

 En una rueda de prensa ofrecida esta semana, el directivo de la ONG Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, sostuvo que la apelación del Gobierno madurista no detendrá la investigación de la CPI. “De hecho, en el momento en que la Sala de Apelaciones recibe la solicitud del Estado venezolano, una de las cosas que deja absolutamente clara es que esta manifestación no suspende el proceso investigativo”.

Además de la Fiscalía de la CPI y el Gobierno de Maduro, en la Sala de Apelaciones también podrá emitir su opinión al respecto la Defensoría Pública de las Víctimas con observaciones escritas y está por verse la eventual participación de un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA).  

Piñango aseveró que una eventual suspensión de la investigación afectaría el trabajo que se ha hecho en las ONG de mano con las víctimas. “No es que no sea posible, pero es que esta es una investigación que ha sido avasallante, que ha sido bastante frontal por parte de la CPI al analizar las pruebas que se han documentado. Lo que podríamos esperar es una decisión de la Sala de Apelaciones de confirmar la continuidad de la investigación que planteó la Sala de Cuestiones Preliminares”. 

El abogado Piñango comparó el caso venezolano con el de Filipinas, en el que el Estado también apeló en la CPI por la investigación que se le sigue por supuestos crímenes de lesa humanidad durante la llamada “guerra contra las drogas” en ese país. “Todas las situaciones son diferentes, pero podríamos esperar una respuesta similar. La valoración en ese caso fue que no era válido el argumento del Estado de que la CPI no tenía jurisdicción. Muy a grandes rasgos esperemos que no se detenga la investigación sobre Venezuela”.

Himiob indicó en su alocución a los medios de comunicación que la CPI no solo está pendiente de violaciones a derechos humanos durante las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017. “También de las inhabilitaciones, persecuciones y amenazas a la integridad física de políticos de la oposición en la víspera de unas elecciones presidenciales”.

 

César Pérez Vivas: El cambio constitucional en Venezuela es fundamental
Entre las propuestas del candidato a las elecciones primarias por Concertación Ciudadana está el establecimiento de un Congreso con dos cámaras, el recorte del periodo presidencial, la elección a dos vueltas y la eliminación de algunas leyes promovidas por el actual Gobierno
El dirigente político opositor aseguró que con el eventual nombramiento de Elvis Amoroso como rector principal del Consejo Nacional Electoral y las inhabilitaciones a Machado, Capriles y Superlano, el Gobierno persigue desmotivar el voto y fomentar la abstención
El excopeyano sostuvo que la oposición debe acudir a los comicios presidenciales de 2024 bajo cualquier condición que establezca el chavismo 
Manifestó que para frenar la corrupción en torno a la distribución de gasolina es necesario acabar con el subsidio a esta  

 

@franzambranor
 

Foto cortesía Unidad de Medios CPV

 

 

Vestido con paltó y corbata, César Pérez Vivas, candidato a las elecciones primarias de la oposición por el partido Concertación Ciudadana, llega a una panadería ubicada en La Florida a bordo de su camioneta. No tiene guardaespaldas y saluda con un apretón de manos a todo el que se le acerca. Alguien le dice “así tienen que ser los políticos, andar de frente y sin esconderse” y él se limita a sonreír. Pide un café y mira la hora, inmediatamente vuelve a levantarse porque su carro impide la salida de otro y debe moverlo, saluda al conductor y le pide excusas. Regresa a la mesa y comienza a relatar su reciente periplo por el estado Portuguesa en el marco de la campaña previa a los comicios opositores del 22 de octubre.  

“Hicimos un buen encuentro con los productores agrícolas en Guanarito”, dijo.

Nacido en La Grita, estado Táchira, hace 66 años, Pérez Vivas se graduó de Brigadier con máximos honores en el Liceo Militar Monseñor Jáuregui y posteriormente obtuvo el título de abogado en el núcleo de la Universidad Católica Andrés Bello en San Cristóbal. En su carrera universitaria formó parte de la Juventud Revolucionaria Copeyana y fue diputado por Táchira en el antiguo Congreso por varios periodos desde 1984 a 1998. También, ejerció como parlamentario en la era chavista y entre 2008 y 2012 fue gobernador de su entidad natal.

Ahora, quiere usar su experiencia en cargos públicos como principal gancho para conseguir el respaldo de los electores en las primarias de octubre.

La gente lo sigue asociando con Copei ¿Renunció al partido o lo botaron?

-Es inevitable que me asocien con Copei porque he sido un hombre de esa tolda desde hace 45 años. Soy de la escuela democrática-cristiana influido por esa visión de la sociedad. Lamentablemente, el partido entró en una crisis institucional producto de una judicialización que comenzó en el año 2015, el Gobierno intervino la dirección política y no permitieron hacer elecciones, ahora los directivos que representan jurídicamente a Copei los nombra el Gobierno y hay otros que se autodefinen como los verdaderos copeyanos.

Me parece que entrar en una disputa en estos momentos es inoficioso y, por ello, me aparté. No soy candidato de Copei, pero sí de los copeyanos que son muchos en toda Venezuela y también de los adecos, de los independientes y de todo aquel que quiera un cambio en Venezuela. 

¿Cómo percibe el momento actual de Copei?

-Es muy triste y doloroso ver que una institución que tenía una corriente histórica de pensamiento y un funcionamiento institucional haya caído en manos de unos personajes absolutamente contrarios a esos valores. Gente que no representa la democracia y los principios cristianos, personas que están allí solo para lucrarse y beneficiarse. Eso forma parte de la estrategia de los sistemas autoritarios de quebrar a los partidos políticos. Es la forma de operar de las dictaduras para perpetuarse en el poder, recientemente vimos lo que pasó con el Partido Comunista Venezolano (PCV), quitaron a sus directivos y pusieron a unas personas al servicio de Nicolás Maduro. 

Es uno de los candidatos a las primarias con mayor edad ¿Lo considera una ventaja o desventaja?

-Yo siento que estoy cumpliendo con mi obligación de ser un hombre formado en la democracia y haber vivido este proceso contrario a mis principios. Teniendo un conocimiento profundo de las ciencias económicas y jurídicas me resulta obligatorio tener que asumir una tarea de lucha. He encontrado muchos jóvenes que prefieren una alternativa madura a una aventura con caras nuevas que han resultado ser un fiasco. En este momento el país necesita una conducción firme, segura, serena, pero también activa y enérgica. Si bien no soy un muchacho, tampoco un anciano en fase terminal, soy un hombre que está en plenitud de condiciones físicas e intelectuales para asumir la responsabilidad de conducir una transición.

Dijo recientemente que no teme ser inhabilitado ¿Por qué esa afirmación, cuando hay tres candidatos a las primarias que en teoría no pueden inscribir sus candidaturas en el Consejo Nacional Electoral? 

-Enfrentarse a un sistema donde no hay vigencia del estado de Derecho ni seguridad jurídica significa enfrentar todos estos riesgos y otros más. Los que estamos en esta lucha arriesgamos la vida y la libertad. A mi me inhabilitaron en el 2015 con el objetivo de que no volviese a ser gobernador de Táchira porque era evidente mi popularidad. Diosdado Cabello junto a José Vielma Mora impulsaron esa inhabilitación que ya venció. Cuando el Gobierno interviene en el CNE y está próximo a nombrar a Elvis Amoroso presidente, cuando inhabilita a María Corina, lo que está buscando es que digamos que no hay condiciones y, por ende, nos retiremos del proceso electoral, eso ocurrió en el 2018 y en ese momento me opuse a retirarnos de la contienda. Hoy en día tengo la misma tesis, cualquiera que sea la situación que se presente tenemos que acudir a ese proceso, si no hay elecciones en 2024, que se suspendan porque Maduro las niega, así como huyó del referendo. Hay que ir en las condiciones que sean.

¿Está satisfecho con el acuerdo que suscribieron recientemente los candidatos a las primarias?

El documento no contiene todo lo que yo quisiera que se hubiese firmado, sin embargo, debo reconocer que es un avance en algunos temas en los cuales tenemos ya consenso, como la alternabilidad y las decisiones que se deben tomar en materia económica y social. Hay que avanzar en qué modelo de democracia queremos construir, me parece fundamental la eliminación de la Asamblea Nacional como una instancia parlamentaria raquítica y débil para volver a un Congreso bicameral sólido y más representativo, que equilibre los poderes,  porque esta Constitución que tenemos establece un presidencialismo y un centralismo brutal.   

Su programa de Gobierno es uno de los más ambiciosos y contiene no solo un cambio de Congreso sino también un recorte al periodo presidencial y una elección en dos vueltas, eso implicaría cambiar la Constitución ¿Venezuela tiene tiempo para eso?

-El cambio constitucional es fundamental y eso se puede hacer por un acuerdo político, vía reforma, enmienda o Constituyente. Hasta con esta misma AN se puede hacer si hay voluntad política, lo importante son los cambios para bien, el método lo podemos discutir después, todo va a depender del comportamiento de los sectores democráticos a la hora de una transición.

 

LEA  Prosperi: Debemos estar preparados para una inhabilitación de los 13 candidatos a las primarias 

 

En sus promesas destaca también la derogación de leyes que atenten contra los derechos del venezolano ¿a cuáles se refiere específicamente?

-El paquete de leyes que debemos derogar es grande, obviamente el Presidente no tiene las facultades para hacerlo por eso designa a un Congreso que se encargue de eso. De entrada, hay que descartar las que tienen que ver con la restricción de los derechos económicos, políticos y sociales de los venezolanos. Algunos presos políticos están encarcelados con leyes absurdas como la del odio, entre ellos Javier Tarazona y  Roland Carreño. La Ley de Regulación de Precios, de Economía Comunal y la de Tierras son leyes punitivas en materia de derechos fundamentales. La reforma que se hizo al Código Penal para criminalizar la protesta en las calles fue aplicada recientemente a seis sindicalistas, condenados arbitrariamente. 

¿Cuál es su posición en torno a las peticiones de sectores de la sociedad para impulsar el matrimonio igualitario, el derecho al aborto y al cambio de identidad para personas transgénero? 

-Yo respeto la diversidad humana, es parte de la pluralidad de una sociedad moderna y democrática, todos esos temas competen al Congreso no al Presidente, yo puedo tener una opinión como ciudadano y dirigente político. Hay algunas en las que estaría a favor y otras en las que no, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el aborto, salvo el aborto terapéutico, que ya está reconocido en la legislación venezolana. No me opongo a las personas del mismo sexo que quieran tener una convivencia, pero sin darles las mismas características de un matrimonio, porque matrimonio es una categoría sociológica, histórica y jurídica que corresponde al hombre y a la mujer para la procreación de la familia, no  creo que puedan tener un mecanismo que les de derecho a la adopción, por ejemplo. Toda persona merece respeto y consideración cualquiera sea su preferencia sexual, religiosa, política y una democracia no puede admitir discriminación, pero tampoco puede admitir algunas corrientes que pretenden hacer apologías de una sexualidad explícita, no estoy de acuerdo con tratar de meter a los niños en un tema de sexualidad de forma prematura, cuando eso responde a un proceso natural.

Usted habla de ofrecer salarios dignos a los venezolanos ¿De dónde sacar el dinero en un país que está quebrado y cuya producción es ínfima?

-Mucha gente cree que dolarizado el país ya está todo resuelto y eso es incorrecto, el país está quebrado. Venezuela tenía una moneda muy estable en el siglo pasado y ahora no. El salario se recupera a la par de la economía. No es posible recuperar el salario, si no hay un cambio del actual modelo político y económico. Hay que poner en orden las finanzas públicas, es necesario hacer una revisión minuciosa de los ingresos y egresos del país. Hoy en día no sabemos cuál es el presupuesto público, hay empresas del Estado que pagan en efectivo los servicios que ofrecen, hay una caja negra que se presta para robos como el cometido en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por el exministro, Tareck El Aissami. Es perentorio volver a la contabilidad fiscal y equilibrar el gasto público. El país tiene que producir más, si se siguen produciendo 700 mil barriles de petróleo y disminuyendo toda actividad comercial e industrial, no habrá manera de que el salario suba.             

¿Hay que permitir la participación privada en empresas del Estado?

-Apertura petrolera no significa privatizar a Pdvsa, el país debe tener una empresa petrolera sólida, solvente y eficiente. Las empresas que manejen el petróleo tienen que ser auditables y dedicarse solo al negocio petrolero, no como hizo Hugo Chávez, que convirtió a Pdvsa en una distribuidora de alimentos, entre otras cosas. Hay que recuperar a Pdvsa para que haga los negocios lícitos con los aliados que necesitamos. Teniendo ingresos podemos abordar el tema social, salarios, salud y educación ¿Cuál es el problema que venga Shell y monte una refinería nueva? Hay que modificar la Ley de Hidrocarburos para que haya una ampliación del negocio, necesitamos capital y tecnología, hay que dinamizar el negocio petrolero. Aquí lo importante es que tengamos producción. Se necesitan 20 mil millones de dólares por año a lo largo de seis o siete años para lograr elevar la producción de petróleo. Yo estoy de acuerdo con privatizar la distribución eléctrica en todo el país, hoy en día hay que recoger dinero entre los vecinos para cambiar un transformador, es preferible pagar un precio justo y tener empresas eficientes que no hacerlo y contar con empresas malas como Corpoelec. Ese concepto de Chávez de que el petróleo, la electricidad, el gas y el agua son sectores estratégicos es una mentira, ahí están los hechos con el desastre de esas empresas hoy en día. 

¿Hay que sincerar el precio de la gasolina y acabar con el subsidio?

-Hay que privatizar la distribución de la gasolina para acabar con la corrupción en las estaciones de servicio. El tema de la gasolina en el interior del país es una cosa dramática, está en manos de mafias y colectivos. Es necesario admitir la realidad de que el mercado es quien establece el precio de la gasolina, el Estado no puede estar metido en eso. Hay gente que paga hasta 2 dólares por litro de gasolina en algunos estados del país. ¿Por qué el venezolano en Colombia paga la gasolina al precio que es? La gente ahora sabe que las cosas cuestan, el  sector que está accediendo a ese subsidio es minúsculo, la mayoría paga la gasolina en dólares. 

¿Cómo establecer un nexo con los militares, un sector que está sumamente ligado al Gobierno chavista?

-La base de la estructura militar está también sufriendo el fracaso de este modelo, la cúpula es la que tiene privilegios de montar negocios en zonas económicas especiales exentas de impuestos. Hay un sentimiento de la familia militar de volver a tener a una Fuerza Armada Nacional comprometida con la soberanía de la nación. Debemos tener una FAN ajustada a la realidad latinoamericana y no una de Chávez, quien se gastó 50 mil millones de dólares comprando chatarra militar a los rusos. 

¿Aspira usted ser parte de los andinos o “gochos” en Miraflores?

-El tema de los andinos en Miraflores tiene luces y sombras, sin embargo, creo que hemos contribuido a la construcción del país. Obviamente Juan Vicente Gómez fue un dictador cruel en un país donde la cultura civilista no existía, pero después vino Eleazar López Contreras y abrió las puertas a la civilidad, permitió los sindicatos, entre otras cosas. Los que venimos de esa región sentimos verdadero amor por el país, es cuestión de tomar lo bueno y descartar lo malo.  

 

La economía ilícita se expande e infecta al mercado
Datos de Conindustria indican que las prácticas ilícitas como contrabando, falsificación o adulteración están presentes en más de la mitad de las transacciones

Víctor Salmerón/ @VSalmeron

 

La economía que gira alrededor de ilícitos creció hasta una magnitud que pone en peligro puestos de trabajo, evade el pago de cientos de millones de dólares en impuestos contamina el mercado con marcas piratas y golpea las ventas de las empresas que operan bajo el marco de las leyes y reglamentos.

De acuerdo con los datos que maneja Conindustria, la cámara que agrupa a la manufactura privada en el país, las prácticas ilícitas están presentes en más de la mitad de las transacciones que se hacen en la economía y en 2018, cuando era menos relevante, el comercio ilícito ya representaba 36% del PIB.

En la encuesta que hizo Conindustria para evaluar el desempeño del sector en el segundo trimestre de este año 53% de las empresas afirmó que los ilícitos son un factor que limita la posibilidad de aumentar la producción.

Guillermo Wallis, presidente de la Asociación de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim) explica que erróneamente se piensa que los ilícitos se limitan al contrabando pero la lista de irregularidades que desplaza a productos elaborados en el país, a través de una competencia desleal, es extensa.

Por mencionar a los más importantes explica que la economía subterránea se caracteriza por la evasión, es decir, productos que no pagan impuestos, no poseen patente, se negocian sin facturas y carecen de licencias. Además, se encuentran los productos clandestinos porque no cumplen con las normas de elaboración y de aspecto sanitario.

Agrega el contrabando que consiste en el ingreso de mercancía al país sin pagar impuestos o aranceles. También en el mercado se detecta la falsificación, la presencia de productos que simulan ser de determinada marca a través de empaques que confunden al consumidor. Asimismo está presente la usurpación, es decir, la venta de productos de marcas reconocidas sin autorización.

Finalmente hay que considerar la adulteración donde se añaden componentes, incluso tóxicos, a productos que representan un riesgo para la salud del consumidor.

La rueda del comercio y la producción consiste en que un distribuidor vende materia prima a una empresa que la usa para fabricar un empaque. Luego el empaque es vendido a la empresa que envasa el producto. El producto es vendido a un mayorista, luego al minorista y finalmente al consumidor final.

Seis transacciones en las que, actualmente, existe una alta probabilidad de que en alguna de ellas esté presente algún ilícito.

Los productos que se mueven de manera ilícita, al evadir impuestos, regulaciones y normas son colocados en el mercado a menor precio y compiten de forma desleal con las empresas que laboran en el sector formal de la economía.

“El encadenamiento productivo está en peligro por la competencia desleal. Por ejemplo en el caso de una botella de champú que se fabrica en el país participan las empresas que elaboran el empaque y la etiqueta, quienes proveen las materias primas, el fabricante del producto, hay pagos en la economía, uso de bancos, de seguros, en fin puestos de trabajo”, dice Guillermo Wallis.

Mercado contaminado

Los ilícitos impactan de distintas formas. “Las salchichas que se producen en Venezuela tienen un valor proteico mínimo exigido por la ley, las salchichas que están llegando de manera ilícita no lo tienen. La mayonesa que ingresa de forma ilegal desde Colombia y Brasil no cumple con lo que establece la Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenim)”, explica Guillermo Wallis.

Menciona otros casos. “Productos como aceite, azúcar y pollo llegan sin control por las fronteras. El sector lácteo enfrenta la competencia de productos importados que desconocen abiertamente la normativa sanitaria en Venezuela. El 70% de las bebidas alcohólicas que circulan en el país son parte del comercio ilícito”.

“El 60% del mercado de cosméticos podría ser piratería por práctica de contrabando, usurpación de los códigos correspondientes a los certificados y falsificación. El monto de la evasión fiscal por el cigarrillo que entra por contrabando es de alrededor de 200
millones de dólares al año”, dice Guillermo Wallis.

Las empresas de sectores como plástico, vidrios, autopartes, pinturas, lubricantes, textil, calzado e higiene personal también están afectadas.

Los refrescos

Datos de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber) indican que cada mes ingresan al país más de 2 millones 100 mil cajas de colas negras sin cumplir con controles, normas sanitarias, etiquetado y metrología. Además sin pagar impuestos nacionales y municipales como lo hace la industria formal.

En buena parte los refrescos son producidos en Colombia por la empresa Postobón y una vez que ingresan al mercado colombiano son desviados a Venezuela. El impacto se siente con fuerza en los estados Zulia y Táchira

Postobón envasa Pepsi en Colombia y en Venezuela lo hace Empresas Polar. Las licencias comerciales indican que solo Empresas Polar puede envasar y vender Pepsi en Venezuela, es decir, aun si los productos de Postobón no ingresaran a través del contrabando seguiría siendo ilegal su venta en el país.

“El contrabando de productos fabricados por Postobón en Colombia equivale a un actor más de la industria nacional. Este fenómeno ha venido creciendo a un ritmo muy importante” dice Carlos Palumbo director ejecutivo de Anber.

“A esta velocidad, estamos proyectando que en los próximos meses el contrabando se convertirá en el actor más relevante del mercado, desplazando a la industria nacional formal”, agrega.

Las estadísticas indican que actualmente el 43% de las colas negras que se consumen en el Zulia ingresan de manera ilegal al país. “Con esta realidad, ya no tiene sentido para las empresas mantenerse produciendo en este estado”, dice Carlos Palumbo.

Postobón reconoció el problema y explicó en un comunicado que “en los últimos años algunas de las marcas insignes de esta empresa de bebidas y sus registros sanitarios han sido falsificados y registrados ilegalmente ante las autoridades venezolanas por organizaciones delictivas”.

Añadió que esta práctica “ha facilitado el contrabando de estos productos de Colombia a Venezuela, afectando no solo a los participantes de este mercado, sino también a las marcas y la reputación de Postobón”.

Los aranceles

Guillermo Wallis explica que una medida que podría incentivar la producción de las empresas venezolanas, en promedio la industria nacional solo está utilizando 30% de su capacidad, es eliminar los aranceles a la importación de materia prima.

“Si quitamos los aranceles la materia prima será más barata, transformarla en producto terminado va a ser más económico y el producto final llegará de manera más económica a los anaqueles”, dice Guillermo Wallis.

Ante la observación de que esa medida se traduciría en una ventaja respecto a las importaciones indica que “me estarías dando una ventaja pero hay impuestos que se pagan en Venezuela que no existen en otros países. Lo que pedimos es que se igualen las condiciones. Aun con esta medida la cancha seguiría inclinada hacia el otro lado”, recalcó.

Actualmente el gobierno permite la importación de 1.500 ítems exonerados del pago de aranceles. Guillermo Wallis señala que “la materia prima para fabricar esos 1.500 ítems en Venezuela paga aranceles. Entonces hay un desbalance”.

Agrega que otra medida que podría impulsar la producción y las exportaciones, metas que el gobierno ha planteado como prioritarias, es disminuir los trámites administrativos y revisar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras que por cobrarse en cascada tiene un impacto de 18% en el producto final.

El pasado 26 de junio Nicolás Maduro afirmó que “el contrabando es muy nocivo para el productor nacional, entonces estamos hablando de crear un organismo de la FANB para identificar dónde están las mafias del contrabando”.

Luego, el 10 de julio, Delcy Rodríguez anunció la creación del Estado Mayor contra el Contrabando donde participará el gobierno nacional, los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas y los empresarios.

“Esto hay que celebrarlo y esperamos que funcione, esto sería una muy buena noticia”, dice Guillermo Wallis.