Biden y Duque le tienden la mano a los migrantes venezolanos. Izq. venezolanos en EE. UU. (foto archivo El Nacional); der.: el presidente Iván Duque (foto Presidencia de Colombia). Comp. Runrunes.
Como venezolana, migrante, defensora de derechos humanos e investigadora que trabaja con personas migrantes, refugiadas y necesitadas de protección internacional, debo reconocer que el hecho de que Colombia y Estados Unidos hayan emitido estatutos de protección temporal para los venezolanos me llena de regocijo.
Quienes andamos en estas lides, sabemos que un elemento fundamental para hacerle frente a la vulnerabilidad que afecta a la población migrante es regularizar su situación; esto permite tener los documentos en regla, poder buscar empleo formal, abrir una cuenta bancaria, cotizar en la seguridad social, cursar estudios, en fin, poder realizar un conjunto de actividades cotidianas, que son prácticamente imposibles de efectuar por aquellas personas en situación irregular, quienes comúnmente son denominadas “ilegales”.
No hay persona “ilegal”
Cabe destacar que no hay seres humanos ilegales, ya que las leyes son posteriores al hecho de ser persona; y considerar a alguien de esta manera viola su derecho humano al reconocimiento de su personalidad jurídica. A lo que se debe agregar el efecto estigmatizador del uso de este término, lo que lleva a criminalizar, sin justa causa, a quienes están en una situación administrativa irregular.
Son los Estados los que construyen socialmente la migración como un problema. Son los Estados los que instrumentalizan la migración para sus propios intereses. Son los Estados, en el contexto de la globalización económica, los que apuestan por la liberalización del capital, por el libre intercambio de los productos y, en temas de movilidad humana, por una regulación y control estricto de sus fronteras. Esto es lo que se conoce como las paradojas del proceso de globalización.
Así las cosas, en un contexto como el actual, la restricción de las fronteras y la estrategia de securitización implementada por muchos Estados (ejemplo claro es la estrategia de expulsión y control del presidente Sebastián Piñera de Chile) no logran su cometido, el cual es frenar las migraciones. Las personas siguen desplazándose aunque no tengan una visa u otro documento para su permanencia regular; lo que pasa es que lo hacen con mayores riesgos y esto exacerba su vulnerabilidad.
Además, ante la desesperación por salir y por establecerse en otro país, se convierten en blancos fáciles para las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, entre otros delitos de los cuales pueden ser víctimas.
Refugiados, migrantes y DD. HH.
En el caso de Venezuela, donde la migración es forzada y se da ante una emergencia humanitaria compleja, la situación es aun más grave. La distinción entre personas refugiadas, aquellas que huyen por ser perseguidas, y migrantes, quienes se movilizan “libremente” por razones variadas, entre las que se destacan las económicas, no es tan clara como a veces se pretende señalar.
Aunque hay una clara definición de lo que es una persona refugiada, no ocurre lo mismo con lo que es una persona migrante; no existe a nivel internacional una definición jurídica de esta categoría. A lo que se debe agregar, en el caso de las personas venezolanas, que es muy tenue esa línea entre refugiados y migrantes ya que estos últimos, que supuestamente salen por motivos económicos, lo hacen por encontrarse en un contexto de violación de sus derechos económicos, sociales y culturales que les impide proveerse de las condiciones materiales que aseguren una existencia digna.
Este escenario llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución 2/18, se refiriera a la movilidad de personas venezolanas como una migración forzada y exhortó a los países de la región a reconocer la condición de persona refugiada, de acuerdo con la definición de la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984, que incorpora a esta categoría a quienes huyen de una violencia generalizada o por la violación sistemática de derechos humanos.
Esta declaración es del año 2018, cuando ya se empezaba a hablar de éxodo masivo, que ha ido aumentando hasta el punto de que, para inicios de 2021, ya había más de 5 millones de personas venezolanas fuera del territorio nacional. Este fenómeno solo es comparable por su magnitud, el impacto en los países vecinos y por la rapidez del desplazamiento, con el sirio, con la diferencia de que en este país del Medio Oriente hay una guerra declarada.
Estatutos de protección vs. alambradas
En estas circunstancias, es indudable que medidas como los estatutos temporales para la protección de personas migrantes venezolanas llenan de alegría a quienes pueden regularizar su situación. Pero también lleva a preguntarse si esto implica un cambio a nivel internacional en las estrategias de securitización y controles fronterizos que han marcado las políticas migratorias de la mayoría de los países durante los últimos años, hacia políticas inclusivas y centradas en el respeto de los derechos humanos.
La respuesta a esta interrogante es un no rotundo. No se observa un cambio de enfoque. Lo que se visualiza es, por el contrario, un aumento de los controles fronterizos incluso cierre de fronteras, aumento del personal militar en zonas limítrofes, exigencia de visas con un conjunto de requisitos cada vez más difíciles de cumplir, en fin, una serie de medidas que están muy lejos de centrarse en un enfoque humanitario y de derechos humanos.
Ante este panorama, las decisiones de los gobiernos de Iván Duque en Colombia y Joe Biden en Estados Unidos destacan. Se presentan como acciones humanitarias, que lo son, pero detrás de ellas hay que hurgar en eso que se conoce como la realpolitik, término de origen alemán, definido por el Diccionario de la lengua española como la “Política basada en criterios pragmáticos, al margen de ideologías”. En otras palabras, que estos gobiernos no tomaron estas decisiones por “buena gente”, sino porque mediante un análisis de costo-beneficio, las consideraron positivas para sus intereses.
El gesto de Duque
En el caso de Iván Duque, poco antes de la presentación del proyecto de decreto del Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV), específicamente el 21 de diciembre de 2020, expresaba que las personas venezolanas irregulares no serían vacunadas porque implicaría una estampida de gente cruzando la frontera para hacerlo. ¿Qué llevó al presidente colombiano a cambiar de posición en un mes y extender la protección para los migrantes venezolanos?
Se han dado distintas explicaciones al respecto. Sobre todo tomando en cuenta de que se trata de una medida impopular; la mayoría de la población colombiana no dio su beneplácito a esa decisión.
Uno de los argumentos se vincula con el hecho de que en Colombia se concentra el mayor número de migrantes de nacionalidad venezolana y más de la mitad se encuentra en condición irregular. Regularizar a esta población implica que tendrá que aportar a las arcas nacionales mediante el pago de impuestos, en un momento donde los Estados buscan recursos de distintas maneras ante la crisis ocasionada por la pandemia de la covid-19.
Otros señalan que es un tema de trascendencia. Hasta ahora, Iván Duque no ha tomado ninguna medida que deje una huella histórica de su mandato, lo cual podría lograr con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la más amplia protección humanitaria otorgada a personas venezolanas y que le ha valido elogios de la comunidad internacional.
Pero no se puede olvidar que tanto durante su campaña, como a lo largo de su mandato, el gobierno de Iván Duque ha sido el principal oponente de Nicolás Maduro en la arena internacional, por tanto, esta medida demuestra congruencia entre el discurso y las acciones, de las cuales se espera obtener dividendos políticos.
Biden: giro de timón en temas migratorios
En el caso de Joe Biden, hay que recordar que durante el gobierno de Barack Obama fue vicepresidente y apoyó sus políticas migratorias, entre ellas, la expulsión masiva de migrantes, con cifras superiores a las registradas durante el mandato del xenófobo Donald Trump. Esto llevó a caracterizar al gobierno de Obama como el mayor expulsor en la historia estadounidense. Así que tampoco se puede presentar a Biden como el adalid de esta población.
El estatuto de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés) para venezolanos fue una de las promesas del hoy presidente de Estados Unidos durante su campaña presidencial y responde a ese giro de timón que se observa en el abordaje de los problemas migratorios, donde, por lo menos en el discurso, se busca transformar las estrategias de securitización, las medidas de arresto de migrantes y la violación de derechos humanos que fueron recurrentes durante el gobierno de Trump. Por ahora, no ha sido fácil implementar los cambios por las limitaciones legales y burocráticas para hacerlo.
El TPS supone una diferencia importante con su antecesor Trump, quien se concentró en el establecimiento de sanciones para Venezuela y en el apoyo a Juan Guaidó, pero que esperó hasta su último día en la Casa Blanca para prohibir la expulsión de personas de Venezuela, una protección mucho más limitada que la que proporciona el TPS.
Pero independientemente de las razones de los gobiernos, para los venezolanos en Colombia y Estados Unidos los nuevos estatutos les dan motivos para caminar con más tranquilidad, por eso debemos mostrar nuestro agradecimiento.
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