Contravoz

San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.  Funcionarios del Sebin y de la Dgcim habrían efectuado el procedimiento

 

Este lunes, 12 de febrero, Amnistía Internacional (AI) pidió la libertad «inmediata e incondicional» de la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.

En la red social X, Amnistía Internacional aseguró que «está monitoreando la denuncia de desaparición forzada» de San Miguel, y pidió el respeto a sus derechos y a la «medida cautelar de protección dictada a su favor» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, así como «acceso a abogados y familiares».

Amnistía Internacional pide la libertad inmediata e incondicional de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos detenida en el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela #DóndeEstáRocío | Amnistía Internacional está monitoreando la denuncia de desaparición forzada de… pic.twitter.com/UPNVZCs5qC

— amnistia . org 🕯 (@amnistia) February 11, 2024

San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.  Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia  Militar (Dgcim) habrían efectuado el procedimiento.

Todo esto pese a que desde el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de ella y de su hija, tras alegar que era objeto de «hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte proferidas en su domicilio», en razón de las actividades que desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano, desde la que constantemente denuncian las irregularidades del sector castrense en Venezuela.

A casi 60 horas de la detención de San Miguel, el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, confirmó las versiones de medios de comunicación de que la vinculaban con con el caso “Brazalete Blanco”, una de las cinco conspiraciones bajo actual investigación por parte del gobierno venezolano, quien asegura que se trataba de una operación que incluía un presunto intento de magnicidio. 

*Con información de EFE

Rocío San Miguel

 

Me llegan muy frecuentemente al correo, (digo, cuando el ABA lo permite) mensajes de personas que están organizando una venta de garaje o algún evento parecido. Incluso ya hay páginas dedicadas a eso. Regalar a tus cercanos, o vender al precio que sea, lo que sabes que no te puedes llevar a un nuevo destino se ha hecho cotidiano, como cotidiano se ha vuelto también que tantos compatriotas hayan perdido las ganas de seguir en Venezuela. Es uno de los más dolorosos signos de estos tiempos que nos ha tocado vivir. Confieso que, si el tiempo me lo permite, me paseo por las imágenes que normalmente acompañan tales ofertas. Es ahora un placer culposo y, de alguna manera, melancólico.

Al principio lo hacía para ver qué objeto útil y barato podía encontrar para mi casa. Aunque al final nunca he comprado nada, en los primeros tiempos, cuando la diáspora venezolana iniciaba, hallabas en esas ventas objetos muy interesantes. Desde muebles en muy buen estado hasta obras de arte y antigüedades, pasando por bicicletas, instrumentos musicales y electrodomésticos que, aún usados, se veían muy bien, de todo encontrabas en esos mensajes.

Sin embargo, luego empecé a darme cuenta de que, de alguna manera, las cosas que en estas ventas se ofrecían nos cuentan, a su pesar, la historia de sus dueños, y cuando empecé a verlas así, comprendí que esas ventas significaban mucho más que un siempre intercambio de bienes y dinero: Son una muestra palpable, y muy íntima y directa, de la profundidad de la desventura que padecemos.

Una cuna, un juego de sábanas para bebés, juguetes y teteros sin sus cajas, un “sacaleche” que se anuncia como “casi sin uso, limpio y en perfecto estado”, y escarpines tejidos a mano, quizás por alguna abuela ilusionada, nos sugieren que en esa casa vivía, o vive, pero ya se va, un pequeñín que de ahora en adelante solo hablará con sus tíos y primos por “Skype” y que no conocerá lo que es pasar un domingo en el Parque del Este, en Los Caobos o en Los Próceres con su papá aprendiendo a lanzar la pelota mientras sueña con convertirse en la próxima estrella del Caracas o del Magallanes, tomándose después un raspado de tamarindo con leche condensada para mitigar su sed. Unas muñecas con todo su ajuar, sus casitas y demás accesorios, bellamente dispuestas para la foto, nos hablan de la niñita que acá, seguramente con mucha tristeza, las abandona, sin entender por qué, pero intuyendo que también abandona, sin darse cuenta, la posibilidad de crecer y de dejar de jugar a ser mamá, de recibir su primer beso a escondidas en alguna verbena o en las gaitas de su colegio o de más tarde casarse y traer al mundo a sus hijos en la tierra que la vio nacer.

Un cuatro, un bajo o una guitarra con las cuerdas incompletas nos cuentan la historia del adolescente, que ahora vivirá en un lugar con otro nombre, que en algún momento quiso ser músico o tener una banda acá, con sus amigos de la cuadra sentados ante el furruco, la tambora o la batería y con aquella vecinita bella, de la cual todos estaban un poco enamorados, como cantante.  Ahora, si tiene suerte, le tocará empezar a estudiar de nuevo en un liceo en el que no conoce a nadie, quizás en un idioma que no le es propio o, si no es tan afortunado, tendrá que ayudar a sus padres trabajando en lo que le toque hasta que pueda retomar sus estudios. Sea como sea, a la música, a su música, la deja acá. Su vecinita, lo más parecido que ha tenido a un primer amor y quizás el único motivo real por el que se animó a aprender algunos acordes, ya se le fue con sus padres y hermanos hace unos meses.

Unas chapaletas, algunas máscaras de buceo y unas bombonas de oxígeno a la venta, o una tabla de surf que se nota que no ha visto el mar desde hace años, nos hablan de la pasión que sus dueños sentían por nuestras playas y nuestra naturaleza, y también de su carácter aventurero. Las imagino en mejores tiempos sondeando los corales de Los Roques o de Tucacas, venciendo las profundidades de Chichiriviche o, sencillamente, “montando el paro” (porque a veces somos así, “pantalleros”) en alguna playa de Vargas al lado de alguna cava llena de “frías” y “pasapalos” que hasta no hace tanto compartíamos de buena gana con cualquier desconocido que se nos atravesara y que en apenas minutos se hacía nuestro “hermano” o “pana” del alma solo porque su toalla y su toldo estaban al lado de los nuestros. Y no, no nos importaba si tenía plata o no, ni de dónde venía. Mucho menos el color de su piel. Así éramos, pese a que la mentira quiera convencernos de lo contrario.

Una colección de acetatos inmensa e intacta, puesta a la venta al lado de un “picó”, de un amplificador y de unas cornetas Pioneer (“si no has escuchado Pioneer, solo has escuchado la mitad del sonido”, decía su eslogan) nos revelan que, en ese apartamento ahora empequeñecido y ya a medio vaciar, vivía un verdadero melómano que no perdía la oportunidad, cuando se reunía hasta altas horas de la noche con sus amigos en su casa (sí, antes se podía) de mostrarles su cultura musical paseándolos por una selección que iba desde los primeros trabajos de Emerson, Lake & Palmer o de Rush, hasta los éxitos de Simón Díaz, del Carrao de Palmarito, de Reynaldo Armas, de Reyna Lucero y hasta de Luis Silva, con intervalos de Aditus, Témpano, Melissa, Franco de Vita, Desorden y Sentimiento Muerto, sin olvidar (cuando las chicas nos hacían saber que querían bailar) a Oscar de León, Lavoe y a Maelo. Ustedes saben a qué me refiero, a esas reuniones en las que tras varias “pecho cuadrado” en el buche terminábamos todos saltando y cantando a voz en cuello “Cerro Ávila” de Ilan Chester, antes de sonar a todo volumen, como señal de que ya teníamos que irnos a casa, el “Alma Llanera”, lo cual hacíamos, pero sin dejar de pasar antes, sin importar la hora que fuese y sin miedo, por cualquier “perrero” famoso, de esos que trabajaban las 24 horas del día, para cerrar “la noche” con la barriga llena cuando ya despuntaba el alba. Se va también nuestro melómano dejando ese trozo de su vida, y esos recuerdos, en Venezuela.

Eso por no hablar de las vajillas, de las copas, de los vasos, de las ollas y de los enseres de cocina que en esas ventas apuradas son lo que más se ofrece y que evocan mucho más ¿Cuántas madres y padres prepararon y sirvieron en ellos los almuerzos familiares de los domingos, los sancochos cruzados, la sopita “levanta muertos” para después de la rumba, las arepas del desayuno o las hallacas de diciembre? ¿Cuántas historias podrían contarnos ese plato o ese vaso con una leve y casi invisible grieta o aquella paellera curtida y ennegrecida?, y los patines, triciclos, patinetas y bicicletas que allí se venden ¿De cuántas aventuras infantiles, reales o imaginarias, fueron éstos y por estas calles los indiscutibles protagonistas?

Veo las fotos de esas cosas cotidianas y cercanas que ya no tienen cabida en la nueva vida, lejana, a la que se ha forzado por las malas a tantos venezolanos, y más que a un catálogo de objetos para la compra o para la venta, se me parecen más a una colcha de retazos, una hecha con diferentes trozos de la vida y de la más entrañable memoria de millones de personas que, seguramente, hubiesen querido un destino distinto acá, en su país, en el terruño que siempre será, aunque vivan lejos, su hogar.

@HimiobSantome

“…El derecho a evadirse, a escapar de sus captores, es un derecho sagrado de toda persona que esté en detención preventiva…”. Confieso que cuando escuché esta frase por primera vez, allá por 1993, cuando cursaba mi primera especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, me chocó un poco ¿Cómo es eso? –pensé, asombrado- pero de inmediato, al ver las caras de perplejidad de nosotros, sus alumnos, el maestro que la había pronunciado, uno de los mejores penitenciaristas que ha pisado esta tierra, el profesor Elio Gómez Grillo, nos la explicó y la entendimos. Todo se resume en esto: Mientras una persona no ha sido condenada por una sentencia definitiva y firme, tiene dos derechos incuestionables e inalienables: El de ser juzgada en libertad y el de que se la tenga, y se la trate, como inocente. A lo primero se le conoce como Favor Libertatis, y a lo segundo como la Presunción de Inocencia. En aquel momento estaba aún vigente la Constitución de 1961, que no contemplaba expresamente estos derechos, pero después, con el concurso y seguramente a instancias del propio Gómez Grillo, la de 1999 recogería textualmente estos postulados. Los encontramos en los artículos 44, numeral 1º y 49, numeral 2º, de nuestra Carta Magna vigente.

Es por eso que, en nuestro Código Penal, la fuga de un detenido cuando aún no ha sido condenado, solo se castiga, como lo ordena el artículo 258, cuando el evadido ha hecho uso de violencia “contra las personas o las cosas”. Caso distinto es el de los que ya han sido sentenciados, pues quebrantar su condena, aún sin haber ejercido violencia contra personas o cosas, sí merece castigo, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 259 del mismo Código Penal. La razón de esta diferencia de trato legal es comprensible: Como ya se dijo, el que no ha sido aún condenado está amparado por el Favor Libertatis y por la Presunción de Inocencia, mientras que el que ya ha sido condenado, pese a que debería procurarse que cumpla su pena, en general y cuando las circunstancias lo permitan, bajo una modalidad de castigo no reclusoria, (Art. 272 de la Constitución) ya no está amparado, al menos, por la Presunción de Inocencia, ya que el Estado, se supone, ha demostrado a través del Poder Judicial, de manera definitiva y firme, que no era inocente, sino culpable.

En este sentido, y aunque esto le “arda” a muchos, si no se demuestra que Ledezma incurrió en violencia contra las personas o las cosas, o en un acto de corrupción, al momento de evadirse de su arresto domiciliario, lo cierto es que no habría cometido delito alguno, y esto es así por una sencilla razón: No había sido formalmente condenado y, en consecuencia, estaba amparado, como lo dispone nuestra Constitución, por el Favor Libertatis y por la Presunción de Inocencia.

Esto es quizás lo único que cabe adelantar, sobre la información que tenemos hasta ahora, sobre los aspectos legales de este sonado incidente. Quedan por comentar las repercusiones políticas, y también las humanas, del hecho.

Con respecto al impacto político quizás otros analistas, más versados en estos temas que yo, puedan tener un mucho mejor criterio que el mío. Yo solo puedo decir que, si nos guiamos por las experiencias recientes, en general el exilio de un líder político venezolano no es ni implica necesariamente el fortalecimiento de su liderazgo, al menos no en la percepción que de él queda en la ciudadanía que sigue y seguirá en el país. Yo estoy seguro de que Ledezma ponderó, con la sensatez e inteligencia que en mi criterio lo caracterizan, y sobre la base de variables que él directamente, y nadie más, manejaba, todas sus opciones, y también, estoy seguro de que así será, ya en el exilio se convertirá en la voz, una muy importante, de los que hoy quedan en nuestras cárceles, injustamente condenados o detenidos, de los perseguidos políticos y de los exiliados. Ledezma es, en mi criterio, un hombre coherente y consecuente, raras cualidades en muchos políticos opositores de ahora, y no ha salido del país para tomarse unas “vacaciones” ni mucho menos, pero la verdad es que, sin restarle importancia, más allá de lo que pueda hacer en la arena internacional, aunque sea mucho, el hecho de no estar acá, de alguna manera, lo “desconecta” de nuestra realidad diaria y, por encima de todo, lo sitúa en la incómoda posición, no siempre justa, de estar continuamente bajo la lupa de quienes, por no haber “abandonado el barco”, no se sienten cómodos con quienes intentan que no naufrague dándoles instrucciones desde “afuera”, desde la seguridad de otras costas en las que las tormentas que nosotros padecemos acá, y que están ya a punto de hundirnos, no existen. Reitero: No digo que esta percepción de muchos sea positiva, justa o certera, pues la lucha por la reconquista de la libertad de Venezuela puede y debe darse en todos los escenarios posibles, adentro o afuera, pero no todos acá, y destaco que no me cuento en esas filas, lo entienden o lo aceptan en toda su real dimensión.

En lo que atañe a lo humano, más allá de la tranquilidad que nos deja, así de primera mano, el hecho de que un líder como Ledezma ya no esté limitado por su injusto arresto domiciliario, me preocupa el impacto que tendrá esta evasión, ya no en Ledezma, sino en los demás presos y perseguidos políticos. En todo secuestro (y la prisión política es equiparable a un secuestro) cuando son varias las víctimas (como ocurre con nuestros presos políticos, que hasta la semana pasada eran más de 340), si una de ellas logra burlar y escaparse de sus captores, la primera reacción de los que estamos afuera, viendo esos toros desde la barrera, es la alegría. Nos embarga una sensación de logro, de victoria frente al opresor, y eso es humano y normal. Pero esto es así, y lamento ser el aguafiestas del día, hasta que nos detenemos a pensar en las consecuencias que entonces tendrán que afrontar los que no han querido o no han podido escapar y siguen a merced de quienes, sobre ellos, tienen el poder de la vida y de la muerte, y el de liberarlos o no.

Al gobierno (a menos que haya estado involucrado en el lance, que lo dudo) no puede haberle caído bien que se le haya ido de las manos un preso político del peso de Antonio Ledezma, por muchas razones, y ya estará, seguramente, buscando la manera de emparejar los tantos. El oficialismo no “se va a quedar con esa”, como decimos acá. Probablemente (y así ha ocurrido antes, como cuando Carlos Ortega se escapó en 2006 de Ramo Verde) el gobierno ahora, al menos por un tiempo, cerrará con más ímpetu, con más candados y mayor determinación las rejas del oprobio, se hará el sordo, aún más, al clamor generalizado por la libertad y se cuidará mucho, por simple venganza, de conceder nuevas medidas cautelares o arrestos domiciliarios a otros presos políticos. Si actúa como lo ha hecho antes en situaciones similares, de alguna manera tratará de sacarse esta gruesa espina del costado, y lo hará extremando su postura intransigente y cargando, a terceros, el costo de las fallas de su aparato represivo y de sus cuerpos de seguridad. Y en esto, aunque nos disguste, también tenemos que pensar. Dios quiera que me equivoque, que esta vez sea distinto y que no se obligue a ningún preso o perseguido político a pagar lo que, a final de cuentas, no debe.

@HimiobSantome

Sentarse a pensar en Venezuela, para escribir unas líneas que, de alguna manera, al menos para uno mismo, le den sentido a la locura que estamos padeciendo es cada vez más difícil. Mucho más si lo haces después de llegar del automercado. Créanme que las primeras palabras que mostraba el monitor cuando comencé a escribir esta entrega no eran aptas para “horario todo público”. Las borré apenas las vi en la pantalla, por respeto a mis lectores y porque caí en cuenta de que las madres de los personajes mencionados en esas primeras líneas no tenían la culpa de lo que sus hijos nos han hecho. Para echar el cuento corto, fueron cuatro bolsitas o, mejor dicho, el equivalente a cuatro bolsitas de automercado que me tuve que traer a casa en una caja rota, porque ya ni bolsas plásticas hay, que me salieron en casi medio millón de bolívares, las que me pusieron en ese tan particular estado de ánimo.

Y en serio, a excepción de los dos paquetes (de cuatro rollos cada uno) de papel toilette que me traje, porque ya en casa estábamos en alerta roja (o marrón, según se vea) por los que la gente literalmente se peleaba a dentelladas porque ya son artículos de lujo, no compré nada que pudiera considerarse un exceso o una exquisitez. Queso y jamón para la semana, unas salchichas y unos nuggets para mis hijos, un paquete de pan cuadrado y otro para perros calientes, refrescos y un jugo. Nada más. La gracia me salió, como ya dije, en casi “medio palo”, como decimos acá, y además tuve de nuevo que presenciar el espectáculo bochornoso, ese que los políticos y los gobernantes no ven porque cuando salen a la calle es para montar sus shows en sus espacios controlados de confort, en el que nos han convertido los experimentos económicos, dislates más bien, de los últimos lustros: Bachaqueros comprando toda la existencia de lo que más o menos se consigue, para venderla más cara vaya usted a saber dónde, cajeros cuadrando su coima por haberles avisado que había llegado tal o cual producto, señoras dejando la mitad de sus mercados en la caja porque no podían pagarlos completos, uniformados cargados de mercancía que no hacen cola y que además te miran como si estuvieran haciéndote el favor de no meterte preso y, no faltaba más, el “vivo bobo” que pretende colearse en las taquillas preferenciales con la excusa de que su tiempo es más importante que el de todos los demás.

En fin…

Como es mi costumbre, tras borrar mi solitaria catarsis, decidí revisar las noticias de la semana buscando otro tema sobre el cual discurrir. Esta semana ocurrieron muchas cosas muy interesantes por supuesto. Si eso es bueno o malo, no lo sé, pero Venezuela es un país en el que cada día surge, para quienes tenemos la vena de articulistas, un sinnúmero de tópicos sobre los cuales vale la pena expresarse. Digo, si tienes por supuesto las tripas para hacerlo sin que se te vuelen, como me pasó con la factura del automercado, los tapones. De los que son los temas de los que me ocupo regularmente, destacan dos en particular: La aprobación en la ANC de la “Ley Contra el Odio” y, después, la “reedición”, el “replanteamiento”, el “relanzamiento”, la “continuación”, o como lo quieran llamar, del “diálogo” entre el gobierno y un sector de la oposición.

Sobre la “Ley Contra el Odio” ya había escrito hace relativamente poco (ver “La ley y el odio” en www.runrun.es del 3/09/17). No hay sorpresas y ya había advertido mucho de lo que ya hoy se ha concretado. No solo se trata de una supuesta “ley constitucional” que como figura normativa no aparece en ningún artículo de nuestra Constitución, no solo debe ser tenida como nula porque la ANC no tiene facultades para aprobar leyes, sino en todo caso para reformar nuestro ordenamiento jurídico cambiando nuestra Constitución; no solo es innecesaria, pues los “delitos” que prescribe ya eran parte de nuestra legislación penal, sino que además tiene un objetivo imposible de cumplir, porque no hay ley que pueda condicionar ni limitar las emociones humanas (y el odio es una emoción, negativa, pero una emoción a fin de cuentas). Pero ahora, además, visto el “producto terminado” de esos debates que nunca fueron, solo queda añadir que no estaría de más que los constituyentistas o sus asesores tomaran un curso básico de derecho penal (iba a decir también que de ortografía y redacción, pero mejor no digo más, no vaya a ser que digan por eso que “los odio” y me metan preso) puesto que los tipos penales incluidos en esa “ley” están muy mal formulados, al punto de que las “agravantes” del delito de “instigación al odio” son los mismos elementos que componen tal delito, de manera que dicho delito será siempre agravado y, en consecuencia, se impondrá siempre (porque no dudo que los jueces van a correr presurosos a aplicarla) a quien lo cometa una pena mucho mayor de la que eventualmente le correspondería. También cabría añadir que la “ley” es en extremo, y deliberadamente, imprecisa, poco clara y difusa, lo que sin duda le abrirá la puerta a cualquier cantidad de interpretaciones sesgadas y subjetivas, ese vicio que en derecho penal se llama “decisionismo”, que la revelarán no como un instrumento al servicio de la “paz social”, sino como uno al servicio del abuso y de la represión de la crítica y del pensamiento disidente.

Del “diálogo” hay poco más que decir. Espero que, como ha sucedido antes, esta nueva intentona no implique el aumento de presos y de perseguidos políticos, o suponga concesiones que, a la larga, resulten peores como remedio que la propia enfermedad. Ha sido así históricamente (y en el Foro Penal tenemos las estadísticas que lo demuestran) porque, hay que decirlo, aunque duela, tanto un bando como el otro a los presos políticos los han instrumentalizado para el cumplimiento de sus muy particulares proyectos, y los tratan como fichas de canje que se ponen sobre la mesa durante un juego que siempre, siempre, se juega con cartas marcadas. Me tomé el tiempo de revisar todo lo que sus promotores han dicho hasta ahora sobre el que será el próximo encuentro en República Dominicana y solo me quedaron claras tres cosas: Primero, los opositores que se prestan al “diálogo” están empeñados, casi a niveles sospechosos, en afirmar que “esta vez la cosa es diferente”, sin aportar en realidad, más allá de la mención de nuevos intervinientes, otros elementos que permitan concluir eso. Segundo, la prioridad absoluta de los políticos opositores es el tema electoral. O sea, básicamente lo que les afana es que se les permita seguir en su juego en condiciones en las que ellos puedan acceder a sus cuotas de poder, por mermadas que sean y sin importar que, mientras esté en funciones la ANC, nada de lo que se logre pasará de ser un cascarón vacío. En tercer lugar, mencionan la crisis humanitaria y a los presos políticos como parte de la agenda, pero de nuevo se erigen como los máximos y únicos intérpretes de esas realidades y como los únicos interlocutores válidos sobre estos temas, sin tener ninguno, ni en un lado ni en el otro, el conocimiento técnico y la experiencia que se necesitan para tratar con propiedad estos temas. Dicen, eso sí, que están dispuestos a mostrar apertura, a consultar e involucrar incluso a sus más acérrimos detractores, pero salvo muy contadas excepciones, sus hechos y acciones, que se los digo yo, están a años luz de esas manifestaciones de voluntad que, hasta ahora, son simple logomaquia.

Mientras tanto, mientras todo esto y mucho más pasa, muchos venezolanos tenemos que contentarnos con llevar a nuestras lo que se pueda y lo que medio se consiga para sobrevivir. Mientras tanto, miles de perseguidos y exiliados políticos, y cientos de presos, esperan en la oscuridad de su tragedia una justicia que no llega. Mientras lees estas líneas un niño muere desnutrido o porque sus padres no lograron obtener las medicinas que necesita. Mientras tanto, hoy el precio de las cosas será uno, pero mañana será otro. Mientras tanto, el hampa sigue haciendo de las suyas y además ahora tendrás que cuidar lo que lees y escribes, pues cualquier “iluminado” puede decidir desde sus tripas que por expresar tus opiniones estás “instigando al odio”.

Venezuela está difícil. Muy difícil…

@HimiobSantome

En la antigüedad, y aun ahora en la ficción, se utilizaban las denominadas “trampas de tensión”. Se trata de puntas de lanza o de madera que se atan a otro trozo flexible de madera que se tensa y se deja en tensión hasta que la cercanía de la presa lo activa, disparándose contra ella. No se trata de una trampa, como algunas otras, dirigida a simplemente atrapar a la presa. Las trampas de tensión están diseñadas para herir gravemente y matar, al punto de que a veces fueron utilizadas como mecanismos de defensa.

Pasadas las elecciones regionales el gobierno se apresuró a montar su trampa de tensión contra los gobernadores electos. Ya la había anunciado: Todos los gobernadores que resultasen ganadores tendrían que hincar su rodilla y jurar ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), esa suerte de ilegítimo “soviet supremo” tropical, creado a espaldas de nuestras normas y del pueblo, pues de lo contrario no serían reconocidos ni se les permitiría tomar posesión de sus cargos. Lo reiteró Maduro después de la elección, en varios de discursos, aunque no pudo dejar de titubear cuando refería que ese requisito, el de que los gobernadores se juramentaran ante la ANC, lo había dispuesto la misma ANC, que con ello se “pagaba y se daba el vuelto” a sí misma, como decimos acá. Es lógico su traspié, ni la Constitución ni las leyes vigentes disponen eso, y cuando uno revisa cuáles son las atribuciones y las competencias de la ANC que están previstas en nuestra Carta Magna, incluso si hubiese sido válidamente constituida, que no es el caso, en ninguna parte se dice que es allí donde los gobernadores deben prestar su juramento para asumir el cargo.

Incapaz de mantener el poder por las vías democráticas, esclavo de una crisis institucional y económica sin precedentes, arrinconado por la comunidad internacional y con una popularidad mermada y en caída libre, al gobierno en Venezuela no le ha faltado imaginación y creatividad para perpetuarse. Sabe que su suerte depende de que se le valide el exabrupto constituyente y a ello se ha dado con ahínco desde hace meses. Lo ha intentado por todos los medios. Maduro, sus ministros, los magistrados del TSJ y los demás funcionarios fueron raudos a someterse voluntariamente a la ANC una vez constituida. Después se creó en ella la mal llamada “Comisión de la Verdad”, que incluso ha llegado a proponer, sin tener competencias para ello, una “Ley de Amnistía”, con la que se espera que los opositores, ávidos de libertad, acepten lo que de allí les venga como un “peor es nada”, sobre todo tomando en cuenta que con ello se juega con la desesperación de los presos políticos de una manera inhumana.  Después se puso a la ANC a ser ésta la que convocara a las elecciones regionales, con toda la alevosía del que sabe, porque el gobierno lo sabe, que en algún sector del liderazgo opositor ese hueso resulta irresistible hasta la ceguera. Todo lo que se ha dicho y hecho desde el gobierno en los últimos meses no ha tenido más que esa finalidad, la de someternos a todos a la ANC. Maduro y sus adláteres saben que cualquier desliz nuestro en ese sentido, logrando que, de alguna manera, desde la acera opositora se reconozca legitimidad a la ANC, servirá no solo para subyugar a los locales, sino además para callarle la boca a la comunidad internacional.

Por eso es que obligar a los gobernadores opositores electos a jurar ante la ANC es una trampa de tensión. No está diseñada para atrapar a nadie, sino para herir de muerte o acabar definitivamente con los últimos resquicios de institucionalidad y de democracia que nos quedan. Cualquier gobernador opositor que se acerque o se someta a la ANC está legitimándola, terminará clavado en las estacas de su muerte política y de allí en adelante de nada le servirá su cargo porque quedará sometido a la ANC. Con ello el gobierno afianzará su espuria hegemonía y, además, podrá presentar a la comunidad internacional, como una victoria que nos dejará solos y huérfanos de apoyo, que hasta los opositores han entrado “por el aro” de la ANC.

Además, prestarse a ese juego, por aquello de que “hay que derrotar al monstruo desde adentro y jugando en su terreno” sería una vil ofensa a la voluntad popular y representaría la estocada final a cualquier posibilidad de salida electoral. Más allá de las trampas y triquiñuelas electorales recientes, que nos han dejado a todos la boca y el ánimo hediondos a fraude, jamás podemos olvidar que de acuerdo al artículo 5º de la Constitución de 1999, que es la que sigue vigente, la soberanía reside en el pueblo, solo en el pueblo, y es intransferible, lo que implica que ningún órgano del poder público, y mucho menos uno absolutamente ilegítimo como la ANC, puede suplantar al pueblo ni adjudicársela.

Por eso es que es ante su pueblo, ante sus electores, representados por el poder legislativo regional, que los gobernadores deben prestar su juramento. Por eso es que, hasta el mismo presidente, máximo representante del Poder Ejecutivo, presta su juramento, cuando le toca, ante la Asamblea Nacional. Así está diseñado nuestro modelo de gobierno ¿Se imaginan qué hubiera pasado si cuando a Chávez, o al mismo Maduro, les tocó juramentarse para presidentes les hubieran dicho que no lo harían ante la máxima representación del pueblo, en la Asamblea Nacional, sino ante un grupo auto ungido de adecos o copeyanos? No lo hubieran aceptado jamás. Y ahora toca hacer lo mismo.

Si los Consejos Legislativos regionales, representantes locales del Poder Legislativo, se niegan a recibir el juramento de los gobernadores opositores electos, por lógica, dicho juramento también puede presentarse ante la Asamblea Nacional, que como Poder Legislativo Nacional es la representación de todo el pueblo. Reza un viejo axioma jurídico que “el que puede lo más, puede lo menos”, y si la AN es el reflejo de la nación entera, también puede serlo de cada uno de los estados que la componen. Si esto tampoco se puede, o si lo impiden, lo que les queda a los gobernadores opositores electos es juramentarse en acto solemne ante el mismo pueblo soberano que los eligió, porque la soberanía reside en el pueblo y es, como ya se ha dicho, intransferible. A la ciudadanía entonces le tocará también hacer valer su voluntad, desconociendo cualquier abuso y pasando por encima de cualquier formalismo sobrevenido, ilegítimo y obtuso impuesto por quienes saben que pueden tener de todo, menos pueblo. No en balde la participación del pueblo en los asuntos públicos, según la Constitución vigente, no es representativa, sino protagónica. Y eso no lo digo yo, lo dice la bolivariana.

No hay otras salidas. Cualquier otra opción, incluso esa locura recientemente propuesta de “pedirle a la ciudadanía opositora” que decida si su gobernador puede o no juramentarse ante la ANC, poniendo conveniente y cobardemente sobre los hombros de los votantes, que no de los líderes políticos, la carga de decidir si se legitima a la ANC o no, y desconociendo que ya el 16 de julio los venezolanos decidimos este tema, es lanzarnos a un oscuro calabozo del que difícilmente podremos escapar.

@HimiobSantome    

Sí. El dialogo como forma de resolución de todo tipo de conflictos debe ser siempre la primera carta a la mano de cualquier verdadero demócrata. Pero tengámoslo claro, en las recientes “muestras de apertura al diálogo” del gobierno venezolano no hay buena fe, ánimo conciliatorio ni sanas intenciones. No se trata de una valoración netamente subjetiva, este es un juicio que elaboro desde el análisis de los resultados objetivos de las que han sido las iniciativas similares desde 2014. Si esto es así, sobre todo tomando en cuenta que las protestas generalizadas y masivas, que lograron arrinconar al gobierno y poner en evidencia la verdadera naturaleza del régimen, fueron neutralizadas por el propio liderazgo político opositor, ¿cuáles son las razones por las que el gobierno de Maduro vuelve a sacar de su mazo la barajita del “diálogo”?

En primer lugar, es de Perogrullo que el gobierno intenta ganar tiempo. Tiempo para seguir haciendo y deshaciendo en Venezuela, tiempo para que sus más conspicuos adalides pongan a buen resguardo su botín, quizás en sistemas financieros menos exigentes y más propensos a “hacerse los locos” con respecto al origen de los caudales que reciben, pero también tiempo para congelar cualquier nueva iniciativa que les cierre las pocas puertas que, por ahora, aún les quedan abiertas. Algunos dicen que esto ya no es posible, que incluso la presencia de nuevos actores fungiendo como mediadores y garantes, algunos de ellos elegidos por los mismos opositores, evitaría que ese primer objetivo se cumpla. Pero lo cierto es que ya Maduro lo logró. No más se anunció la primera reunión “exploratoria” entre el gobierno y algunos factores de la oposición en República Dominicana, todo el proceso de imposición de sanciones a altos funcionarios del gobierno que, por ejemplo, hubiesen claramente incurrido en graves violaciones a los DDHH, esta vez a cargo de Europa, quedó en suspenso. En la Eurocámara se han adelantado algunas gestiones en este sentido, pero no pasan de ser, por el momento, más que la expresión, contundente eso sí, de las intenciones de Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo. La amenaza caló profundamente en los oficialistas, que ya están comenzando a experimentar en carne propia, y a nivel personal, las consecuencias de las sanciones que ya les había impuesto EEUU. Las sanciones económicas personales (que no son contra Venezuela sino contra individuos en particular) les dieron donde les duele, y están claros en que otro golpe similar, venido ahora desde el otro lado del charco podría ser, para muchos de los agavillados en la destrucción sistemática de nuestra nación, absolutamente devastador. Que te sancione una sola nación, incluso una tan poderosa como los EEUU, es una cosa, nada deleznable, por cierto, pero que a esto se le sume el castigo similar de todo un continente es otra completamente diferente. Cuando se trata de ocultar capitales dilapidados, y de disponer de ellos a placer a costa de todo un pueblo, el mundo no es tan vasto como parece. La urgencia estaba entonces clara, y había que actuar en consecuencia. Sacar la bandera blanca, pedir “taima” disfrazada de diálogo, aunque se mantenga oculto el puñal en la espalda, fue la línea dispuesta por el poder en Venezuela. Y hasta ahora, al igual que antes, le ha funcionado.

En segundo lugar, existe otra razón que no puede pasar bajo la mesa. Ya en otros momentos habíamos advertido que el lenguaje de la ONU con respecto a lo que está pasando en Venezuela, particularmente materia de DDHH, ha cambiado. En los dos informes recientes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pero especialmente en el último, ya no se hacen simples observaciones o recomendaciones plagadas de lenidad o de logomaquia diplomática. Por el contrario, el aserto, ratificado por Zeid Ra´ad Al Hussein en la apertura reciente de la 36º Sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, ha sido directo y contundente: “En Venezuela podrían haberse cometido Crímenes de Lesa Humanidad”. Y más allá, se ha señalado sin cortapisas (así lo dice el último informe del ACNUDH del 30 de agosto de 2017) que: “Múltiples abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Venezuela en el contexto de las recientes protestas antigubernamentales y esos hechos apuntan a la existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”. Estos abusos y violaciones van desde el asesinato y lesiones de manifestantes opositores a cargo de cuerpos de seguridad o militares, y hasta de grupos civiles armados cuya existencia ya se reconoce y acepta, hasta casos en los que, por primera vez en esas instancias, podrían haberse consumado desapariciones forzadas de personas. También se ha tomado debida nota de los millares de encarcelamientos arbitrarios (la misma ONU se ha pronunciado sobre esto en reiteradas oportunidades anteriores) y de las decenas de casos de torturas o de tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los disidentes u opositores.

En otras palabras, en la ONU ya se considera que, en Venezuela, sobre todo en el contexto de las manifestaciones cívicas de 2017, existen claros indicios de que, aferrado a la idea de mantenerse en el poder “como sea”, Maduro y sus seguidores han cometido algunos de los crímenes más graves que se pueden cometer contra la humanidad.

Tanto impacto han tenido estas duras afirmaciones, que esta semana que pasó en la OEA comenzó un periodo especial e inédito de audiencias, coordinadas por el Ex Fiscal ante la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo y un importante panel de expertos, dirigidas a determinar si en efecto en nuestro país se habían cometido Crímenes de Lesa Humanidad, con miras a instar, si corresponde, ante los organismos competentes, específicamente ante la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, las acciones correspondientes contra los eventuales responsables de tan graves crímenes.

Mis lectores, que seguramente saben que el gobierno venezolano, tanto con Chávez como con Maduro, ha hecho lo que le ha venido en gana con las condenas por violaciones a los DDHH dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quizás podrán replicar que poco les importa a Maduro o a sus adláteres lo que se diga de ellos en esas instancias internacionales, pero en este caso estarían equivocados. Y la razón es muy sencilla: En el Sistema Interamericano de Protección a los DDHH (Comisión Interamericana de DDHH y Corte Interamericana de DDHH) las responsabilidades que se establecen son las de los Estados (algo así como una responsabilidad colectiva, “de todos”, que al final termina siendo “de nadie”), pero en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya las responsabilidades que se establecen por la eventual comisión de, por ejemplo, Crímenes de Lesa Humanidad, son personales, individuales y directas.

Sumémosle a esto que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (que es ley plenamente vigente en Venezuela además, desde el año 2002) ratifica el principio de la jurisdicción universal, que implica que los responsables de los Crímenes de Lesa Humanidad allí tipificados pueden ser perseguidos en todo el planeta, sin importar dónde los hayan cometido; que las acciones para perseguir dichos crímenes son imprescriptibles, lo que supone que no importa cuánto tipo pase, siempre podrá investigarse y enjuiciarse a los culpables de esos crímenes; que en dicho Estatuto se consagra el principio de “improcedencia del cargo oficial”, según el cual no importa si eres o has sido presidente, gobernador, magistrado, alcalde, ministro o diputado, no puedes escudarte en el cargo que tienes o hayas tenido para evadir tus responsabilidades personales; y que además en dicho cuerpo normativo se consagra el principio de la “obediencia reflexiva”, por encima de la “obediencia debida” u “obediencia ciega”, que evita que los culpables de estos crímenes (los militares por ejemplo) puedan excusarse alegando que estaban cumpliendo “órdenes superiores”.

Todo esto lo saben Maduro y sus compañeros: El cambio de actitud de los organismos internacionales que no controlan, basado en los evidentes excesos en que han incurrido, les ha empinado, y mucho, la cuesta, porque una cosa es controlar acá al Poder Judicial y a la Fiscalía a tu antojo y otra muy distinta es tener que vértelas con la justicia penal internacional.

Por todo esto, que no por bondad o arrepentimiento, es que, a no dudarlo, se ha desempolvado en Miraflores de nuevo al diálogo como herramienta para capear este nuevo temporal ¿Tendremos plena conciencia de lo que esto implica? ¿Estaremos a la altura de las circunstancias y sabremos aprovechar, de verdad, esta nueva oportunidad –que lo es- para cambiar definitivamente el rumbo del país? Amanecerá, y veremos…

@HimiobSantome

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela sigue asumiendo funciones que no le corresponden y que no le han sido atribuidas por ninguna norma, mucho menos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Hasta el momento en el que escribo estas líneas, la ANC “debate”, si es que así puede llamarse a lo que está haciendo en relación a este tema, la “Ley Constitucional para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica” o, como también se la ha llamado, la “Ley Contra el Odio, la Intolerancia y la Violencia”. Varias cosas podemos comentar sobre esto.

Comencemos por lo más elemental. No existe en nuestra Carta Magna, ni en ninguna otra norma vinculante, algo que se llame “Ley Constitucional”. La ley, tal y como la define el artículo 202 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente, es “…el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador…”. Evidentemente, siendo que la Constitución venezolana de 1999 sigue vigente, y teniendo que esta es la norma suprema y el fundamento de todo nuestro ordenamiento jurídico (artículo 7º, CRBV), ninguna norma legal o sublegal puede ser contraria los preceptos contenidos en nuestra Carta Magna. En este sentido, toda ley y toda norma, del rango que sea, debe ser constitucional; pero la especie “ley constitucional”, entendida como diferente de las leyes en sentido estricto a las que se refiere el artículo 202 de la CRBV antes referido, (esto es, de las que solo puede dictar la Asamblea Nacional –AN- cuando actúa como cuerpo legislador) no existe. En otras palabras, esto de la “ley constitucional” no es más que un invento de la ANC dirigido a disfrazar de “ley”, con todas las consecuencias que de ello derivan, lo que no es tal.

Solo de la Asamblea Nacional, que no de la ANC, pueden emanar leyes. De hecho, salvedad hecha de la iniciativa de las leyes, que puede corresponder a diferentes entidades (Art. 204, CRBV), todo el proceso para la formación de las leyes, recogido en los artículos 202 y siguientes de la CRBV, está a cargo fundamentalmente de la Asamblea Nacional; y luego solo al final, cuando la ley ya ha sido formalmente aprobada, es que se le da, de alguna manera, a la Presidencia de la República la potestad de sugerir modificaciones (que pueden ser aceptadas por la AN o no) e incluso la de acudir al TSJ si considera que todo o parte del texto legal ya aprobado por la AN es inconstitucional. Aun así, lo cierto es que la Potestad Legislativa, de acuerdo a la Constitución que sigue vigente pese a las piruetas de la ANC, la tiene de manera exclusiva la Asamblea Nacional, entre otras cosas porque, sumado a todo el argumento anterior, así lo refuerza específicamente el numeral 1º del artículo 187 de nuestra Constitución, que reza textualmente que es competencia (exclusiva y excluyente) de la Asamblea Nacional “…Legislar en las materias de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Público…”. Si aún existiesen dudas, solo nos faltaría revisar si en los artículos 347 y siguientes de nuestra Carta Magna, que son los que definen cuáles son las atribuciones de la ANC, a los efectos de verificar si allí se dice que la ANC, aun si hubiese sido válidamente instalada, que no es el caso, puede legislar. Y la respuesta (se trata solo de cuatro artículos, desde el 347 al 350 de la CRBV) es negativa. En ninguna parte dice la Constitución vigente que la ANC puede asumir, ni siquiera de manera temporal, las funciones de ningún otro órgano del Poder Público, mucho menos de la Asamblea Nacional.

En consecuencia, las primeras dos conclusiones a las que se puede lógicamente arribar, sin necesidad siquiera de ser abogado, son las siguientes: En primer lugar, la ANC, al proponer “leyes constitucionales”, está proponiendo cuerpos normativos sui generis que no existen ni tienen cabida ni validez en nuestro ordenamiento jurídico. En segundo lugar, al asumir funciones legislativas (también de manera sui generis, sin aclarar cuáles son los procedimientos y reglas a los que se está sometiendo para ello) la ANC está usurpando funciones de la AN, lo que conduce a la absoluta nulidad e ineficacia de los actos ejecutados en el contexto de dicha usurpación, porque así lo dispone el artículo 138 de la CRBV, que de manera breve, textual y categórica prescribe que: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

En segundo lugar, la iniciativa de la “Ley Contra el Odio” (despropósito dirigido a limitar aún más las capacidades de expresión de la ciudadanía, especialmente a través de las aún indómitas redes sociales) parte de premisas falsas.

La primera falsa premisa de la que parte la iniciativa tiene que ver con la supuesta “ausencia” de fórmulas legales, estas sí válidamente elaboradas y promulgadas, para luchar contra la intolerancia, contra el odio y contra la discriminación. Ya nuestro Código Penal, desde hace muchos años, tipifica y sanciona como delito la “Instigación al Odio entre los Habitantes de la República”, en su Art. 285 y, específicamente contra la discriminación y la intolerancia por motivos raciales, desde 2011 está vigente en Venezuela la “Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial”, que también sanciona en sus artículos 37 y siguientes diferentes formas de intolerancia o de discriminación por motivos raciales. También tenemos, incluso desde 2007, la “Ley para las Personas con Discapacidad”, en la que también se prohíben las discriminaciones contra quienes estén en condiciones de discapacidad. En otras palabras, la “Ley Constitucional” (lo que sea que esto signifique) “contra el odio” no es necesaria, pues las herramientas para sancionar a quienes incurran en instigación al odio o en actos de discriminación ya existen. En esto deberíamos seguir a Cesare Beccaría que decía, y en esto le sobra razón, que “todo acto de autoridad de hombre a hombre, que no derive de la absoluta necesidad, es tiránico”.

La segunda falsa premisa de la que parte la iniciativa en “discusión” (de nuevo, lo que sea que usted entienda por “debate” o “discusión” en una instancia que no tiene competencias para ello en materia legislativa) es mucho más densa y tiene que ver con las funciones que están llamadas a cumplir las normas en cualquier sociedad. La ANC quiere meterse a regular nuestras emociones. Las leyes, cuando están bien construidas, y fundamentalmente las leyes penales, tienen por función principal regular las relaciones entre los seres humanos, y entre estos y el Estado, lo que no equivale a decir que tienen por fin regular las emociones de los seres humanos. El odio no es un valor jurídicamente tutelable, el amor, que es su antítesis, tampoco. No hay norma que pueda evitar que una persona odie a otra, como no hay ley que pueda decretar que las personas se amen entre sí. Ni siquiera el respeto se decreta, en todo caso, se gana. Amor y odio son conceptos que están comprendidos dentro del catálogo de nuestras emociones, y en ellas, por más que los totalitarios de siempre se empeñen en lo contrario, no hay autoridad, más allá de uno mismo, que mande.

Las normas, especialmente las penales, tienen por fin la protección de valores sociales, usualmente jurídicamente reconocidos, que hemos decidido colectivamente como objetivamente indispensables para garantizar en un tiempo y espacio determinados la sana convivencia y la buena marcha de las relaciones entre los ciudadanos entre sí y entre estos y el poder. Lo que protegen las normas, y especialmente las normas penales, no son las posturas morales, filosóficas, religiosas o políticas de nadie, mucho menos las emociones humanas que, por su naturaleza, son absolutamente subjetivas y personales; en todo caso se protege la tolerancia a las ideas o a las posturas ajenas como valor esencial a toda sociedad, pero solo en la medida en que la propia intolerancia se traduzca en actos externos (no simplemente subjetivos, pues lo que está en nuestra mente y allí se queda no puede ser motivo de castigo) que puedan causar, materialmente, daño a los demás.

Hoy por hoy solo en las teocracias, o en los francos totalitarismos, se pueden encontrar disposiciones penales que confundan los valores sociales objetivamente dignos de tutela legal con la moral, las ideologías o las posturas políticas de las gobernantes. Además, nuestra Carta Magna protege nuestro derecho al libre desenvolvimiento y desarrollo de nuestra propia personalidad (Art. 20) sea que esta le resulte simpática o antipática a los demás, el pluralismo político (Art. 2), que implica que está proscrito el pensamiento único, y la libertad de conciencia (Art. 61), o lo que es igual, nuestro derecho a pensar como nos plazca, siempre que desde esas esferas de nuestra más profunda intimidad no ejecutemos actos que violen los derechos de terceros.    

En otras palabras, nadie puede por “ley” obligarnos a amar ni a odiar a nadie. Nadie puede evitar, por “ley”, que nuestros sentimientos hacia una persona, o hacia un grupo de estas, sean tales o cuales. Todo se agrava además si, incurriendo en el grave vicio del “decisionismo” (a la usanza de Carl Schmitt, de quien no podemos olvidar su compromiso con el nacionalsocialismo de Hitler) se dejan deliberadamente en las leyes (como ocurre en los tipos penales previstos en la “Ley Constitucional Contra el Odio”) márgenes de interpretación excesiva que permiten que el gobernante encargado de aplicarla, o los jueces que le sean sumisos, puedan a voluntad forzar a las palabras a que digan lo que no dicen o a que signifiquen lo que no significan. Modernamente, toda ley penal está mal hecha cuando se dejan en ellas espacios abiertos a la interpretación sesgada que permiten que no el derecho, objetivamente entendido, sino la voluntad e intereses coyunturales del hombre o del grupo que gobierna, prevalezcan por encima de la estructura institucional de un Estado, incluso atentando contra los Derechos Humanos de aquellos a los que desea subyugar.

¿Qué es promover o incitar al odio? ¿Quién y de qué manera define la medida o el límite entre lo que será tenido como delito y la expresión de desacuerdo o de queja contra el poder y la aversión o la antipatía personal –que es válida, siempre que se exprese en paz, nos guste o no- contra alguien o algo? ¿Cuáles son los parámetros objetivos y respetuosos de los Derechos Humanos que se utilizarán para trazar la línea entre lo permitido y lo prohibido? ¿Para qué crear una nueva “ley”, si es que así puede llamársele, que regule lo que ya estaba considerado y sancionado en normas previas? De cara a lo que ha sido la continua y confirmada tergiversación de las normas penales, incluso de las ya existentes, a favor siempre de los intereses políticos de la hegemonía, la misma que ha terminado con centenas de personas encarceladas, procesadas o exiliadas injustamente en los últimos lustros, la “Ley Contra el Odio” nos deja muchas más preguntas que respuestas, y un muy mal sabor en la boca que nos recuerda excesos que ya la humanidad, desde hace mucho, considera absolutamente inaceptables.

@HimiobSantome   

    

         

En otras oportunidades, y no veo ahora razones para argumentar lo contrario, he sostenido que si cualquiera de nosotros se define como demócrata no puede renunciar al voto como herramienta de cambio político y social. En democracia las decisiones sobre el destino del país las toma el pueblo ejerciendo su derecho a participar en los asuntos públicos a través del sufragio que, en nuestro país, se supone, debe ser libre, universal, directo y secreto. Por supuesto, en la Venezuela de hoy, este aserto disparado desde la cintura y sin las precisiones que cabe hacer puede desencadenar reacciones de toda índole. La razón es muy sencilla: Si le ponemos la lupa a nuestra experiencia “electoral” (así entrecomillada) más reciente, léase, la que consolidó eso que el gobierno llamó, sin serlo ni en fondo ni en forma, una “Asamblea Nacional Constituyente”, e incluso a otros sufragios previos, hasta a aquellos en los que no nos fue tan mal, no podemos sino concluir que no han sido tan libres, universales o directos como los hubiésemos deseado, y queda pendiente y en duda (por aquello de las infames listas “Tascón” y “Maisanta”) saber si en efecto fueron secretos nuestros votos o no. Nada alentador el panorama.

La cuestión entonces no está en determinar si uno es demócrata o no, eso queda en la conciencia de cada quien (y el gobierno ha jugado muy bien sus cartas para llevar a muchos a añorar los caminos verde oliva), sino en si se puede ser demócrata o no en un país como el nuestro en estas circunstancias en las que nos ha tocado vivir. Pese a las tentaciones inmediatistas y ciegas de unos pocos, no creo que exista duda alguna de que a la gran mayoría de los venezolanos nos interesa vivir en un país en el que las decisiones sobre nuestro destino político se tomen a través del voto, uno en el que podamos participar en los asuntos públicos a través del sufragio libres de todo apremio o coacción, de manera directa, universal y secreta, no sujetos a subterfugios, a triquiñuelas, a amenazas ni a imposiciones, de forma que, además, los resultados de las elecciones se correspondan realmente con la voluntad mayoritaria expresada por los electores.

Las dudas se plantean cuando se contrasta ese “deber ser” (que es el que defiende nuestra Carta Magna vigente, por cierto) con el “ser”, con lo que en realidad tenemos, con lo que nos ha hecho el gobierno, a todos, cada vez que se ha presentado alguna oportunidad para que nosotros, el pueblo, decidamos mediante el sufragio qué es lo que queremos para nosotros y para nuestra nación desde el punto de vista político. Allí es donde el tema se torna complicado, y es allí donde se centra el debate sobre si la oposición debe participar o no en las elecciones regionales convocadas a destiempo, con más de un año de retraso, por el gobierno.

Si queremos constatar que lo antes afirmado es cierto, es decir, si queremos comprobar que el centro del debate sobre las regionales no está en si queremos seguir siendo demócratas o no, sino está en que la ciudadanía no considera posible serlo verdaderamente en estos momentos, con todo lo que ello implica, solo tenemos que plantearnos un breve ejercicio hipotético: Eliminemos de la ecuación todo lo demás que nos está pasando (la crisis económica, la inseguridad, la escasez, la persecución por motivos políticos, la desbordada represión, los asesinatos, las torturas y no pare usted de contar) e imaginemos: Si la sombra de la duda, responsabilidad de los turbios manejos del poder en materia electoral, no acompañase cada sufragio que ha tenido lugar en Venezuela en los últimos lustros, si tuviésemos plena o al menos relativa confianza en el árbitro electoral y si considerásemos que sí es posible que lo que se expresa en las urnas sea lo que al final se refleje en los resultados de una elección, el que el gobierno hubiese convocado por fin, aunque tarde, a las elecciones regionales, después de estos intensos meses de protesta de este año, no sería visto como un ardid, sino como una victoria del liderazgo opositor y de la ciudadanía. Lo que pasa es que todos esos “si”, todos esos condicionales, no existen. En materia electoral, en Venezuela, la duda y la suspicacia son la regla. No tenemos confianza, y ahora menos, en el CNE; no creemos posible que la voluntad mayoritaria sea respetada y, por el contrario, tenemos la plena certeza de que si al gobierno le interesa alterar los resultados lo hará descaradamente y de manera “irreversible”. Y lo que es peor, a este nefasto coctel hay que agregarle que incluso si la oposición ganase la totalidad de las gobernaciones de forma que no hubiera posibilidad de negar tal verdad, el gobierno hará todo lo posible, armado ahora con su írrita ANC, para que las autoridades regionales adversas no queden más que como vacíos jarrones chinos. Puro adorno y barniz.

¿Deben entonces, en estas condiciones, los operadores políticos opositores participar en las regionales? La respuesta inicial, disparada tan desde la cintura y a quemarropa como las afirmaciones que encabezan este escrito, es un “no” tan rotundo e inamovible como el peñón de Gibraltar. Es la respuesta que he encontrado en casi todos los ciudadanos “de a pie”, como los llamamos acá, a los que les he formulado la inquietud. Pero una segunda vuelta a la pregunta ya con las tripas más en calma, desde una reflexión más densa y valorando además otras opciones y visiones, puede ofrecernos otras respuestas menos lapidarias y más eficaces, al menos en mi criterio, de cara a la lucha, la larga lucha, que aún nos queda por delante.

De mis mentores aprendí que, ante cada dilema y en caso de duda, tenemos que formularnos y respondernos las preguntas que lo componen desde sus formas más básicas. La primera pregunta que debemos hacernos entonces es qué hacer. Las respuestas posibles son participar en las regionales o no participar. Si tu respuesta es no participar, como lo ha propuesto por ejemplo María Corina Machado, debes estar listo para responder por qué no vas a participar y, después, el abanico de interrogantes que quedan a tu disposición, relativas casi todas a cuáles son entonces las alternativas que, en tu criterio, resuelven el enigma final que es cómo salir del atolladero político, social, económico y hasta moral en el que nos encontramos ahora sin considerar, al menos como uno de los múltiples escenarios de lucha, al escenario electoral inmediato. Si tu respuesta al qué hacer es por el contrario la de participar en las regionales, como lo ha decidido el grueso de los partidos que integran la MUD, debes entonces estar listo para responder otras inquietudes subsiguientes igualmente importantes. La primera de ellas es por qué vas a participar.

Hasta ahora, hay que decirlo, son pocas las respuestas satisfactorias a esta segunda inquietud. “Porque no se deben perder los espacios” no tiene sentido como respuesta. La ciudadanía no es boba, y ya sabemos que esos espacios están perdidos de antemano. En la arquería en la que queremos meter esos goles regionales está un arquero abusivo e ilegítimo, pero omnipotente, la ANC, y un defensa, el CNE, que no van a dejar que esa pelota pase, ni que sea Messi el que la patee. Mucho menos son aceptables, que también los hay, los anhelos egoístas y ciegos de algunos que no están pensando en clave de país sino en su propia proyección política. A final de cuentas, ¿de qué carrizo te sirve ser electo gobernador, o toda la pompa del cargo, si no te van a dejar gobernar o si, como ahora también es la regla, puedes terminar como bola de arbolito o peor, hasta preso? Los ejemplos sobran.

La mejor respuesta en quienes desean participar en las regionales tiene que ver con tres aspectos fundamentales: El primero: No se es demócrata a conveniencia ni solo cuando el viento y las condiciones están a tu favor. Si crees en el voto libre, directo universal y secreto como herramienta de cambio y de evolución política debes luchar para que éste sea una realidad, y debes defenderlo en la arena en la que te toque defenderlo, especialmente cuando las condiciones te sean adversas. El segundo: De cara a la comunidad internacional no puedes pretender ni reclamar democracia renunciando a lo que a ésta le es más esencial: La participación de la ciudadanía en la decisión sobre su destino político a través del voto. Lo que se ha logrado en el planeta entero en estos meses de protesta, las innumerables muestras, y los pronunciamientos formales, de solidaridad con el pueblo venezolano; y el rechazo mundial a las arbitrariedades de Maduro tienen que ver con la masiva demostración no solo de nuestro mayoritario anhelo de cambio en todos los ámbitos posibles, sino además de nuestro carácter esencialmente pacífico y, por encima de todo, democrático. Rechazar, de buenas a primeras y desde el estómago, por justificadas que sean nuestras razones, cualquier oportunidad de participación en la solución, o al menos del intento de solución, de nuestros problemas a través del voto, por escarpada que sea esa cuesta, nos iguala, a los ojos de los que nos ven desde afuera, con esa montonera ganada a la violencia y sin más objetivo que el de mantenerse en el poder “como sea” que es el madurismo. Ese sí es un “espacio”, el del reconocimiento al verdadero talante de nuestro pueblo y a la legitimidad de nuestro reclamo a los ojos del mundo, que no podemos darnos el lujo de perder.

En tercer lugar, hay que considerar un último aspecto que, en mi criterio, sí ha sido descuidado, al menos a nivel de mensaje, por nuestra dirigencia política, pese a que es quizás el más importante, y es éste: El escenario de las elecciones regionales es uno de los múltiples escenarios de lucha, pacíficos, constitucionales e igualmente contundentes, que los ciudadanos tenemos a nuestra disposición para acabar con esta pesadilla, pero no es el únicoescenario de lucha ni, mucho menos ahora, el más importante escenario de lucha. Dejar de participar en las regionales es ciertamente abandonar un escenario, es dejar una arquería (una de muchas, pero arquería al fin) sin portero, y eso es un error táctico y estratégico porque cuando tu juego está abierto en varios frentes, sea que te gusten o no, no puedes descuidar ninguno porque cualquier tanto que te anoten, al nivel que sea, es un paso hacia tu derrota definitiva.

Allí ha estado, en mi criterio, la falla en los operadores políticos opositores. Ha sido un error permitir que la gente perciba (o que comprenda, lo que sería a la larga peor) que, en la visión de nuestros líderes políticos, abiertas las puertas de las regionales, todo lo demás ya no es importante ni conveniente. Lo que se siente es que, lanzado por el gobierno al ruedo el hueso de las regionales, la gran mayoría de los representantes de la oposición ha corrido babeando tras éste olvidando, al menos hasta ahora, que si algo nos ha hecho llegar hasta este punto en el que el mundo no nos quita los ojos de encima ha sido que la ciudadanía, de manera contundente, enérgica y decidida, ha cumplido su parte del trato y espera de su liderazgo que haga lo propio con coherencia y, sobre todo, respetando la orden impartida el 16 de julio de 2017, en la que dejamos muy claro cuáles son el sentido, la forma y los objetivos de la lucha asumida.

Pareciera, al menos ese es el mensaje que llega, que todos los métodos previos (las manifestaciones multitudinarias, las protestas pacíficas, las generalizadas expresiones de descontento coordinadas desde la dirección política, el desconocimiento legítimo propuesto de cualquier autoridad que no cumpla con nuestra Carta Magna) ya no son deseables ni necesarios. Y si es un error táctico y estratégico descuidar las elecciones regionales, mucho más grave es descuidar, y dejar a un lado, todos los demás métodos pacíficos de lucha política que, a la sazón y de cara a la comprobación práctica de los resultados obtenidos, son tan o más importantes que el de las elecciones regionales.

Eso nos lleva entonces a plantear, en quienes responden afirmativamente sobre la participación en las regionales, una última pregunta básica que es muy importante: Cómo vamos a participar. Primero, los que decidan participar tienen que hacerlo sin ingenuidades, cuidándose mucho de vender espejismos a una ciudadanía que, lo voy a repetir, no es boba; con la certeza de que van en franca desventaja, contra un adversario tramposo y abusador, pero con la mira puesta en demostrar, una vez más, la contundente, pacífica y democrática mayoría opositora que es hoy Venezuela a despecho de que después, poniéndose más en evidencia ante propios y ajenos (lo cual también es provechoso) el gobierno haga trampa o neutralice de facto y a posteriori la efectividad local de las victorias que se logren.

Por otro lado, si de acá hasta octubre lo único que va a ocupar la agenda y los recursos de los operadores políticos opositores es el tema de las regionales, abandonando los demás escenarios de lucha, se le estaría dando la espalda, más bien una bofetada, a la ciudadanía, y esto puede traer la consecuencia nefasta de que el al final el tanto definitivo contra tu equipo y contra Venezuela no sea por obra del adversario, sino un autogol: El de la abstención como castigo. Por eso, abonando más en cuanto al cómo, si se va a participar en las regionales, hay que hacerlo arrostrándolas como un escenario más, uno entre muchos, más no el único, de lucha por el rescate de Venezuela.

No se debe dejar de hacer lo que, con altas y bajas, nos ha funcionado hasta ahora para ocuparse solo y exclusivamente de lo que ya se sabe que, en realidad, al menos en estas condiciones, no va a funcionar como debería hacerlo. Por eso solo así, en los términos y bajo las condiciones antes elaboradas, es que puede justificarse la participación de la oposición en las regionales.

@HimiobSantome