Protestas 2017

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En noviembre, Luisa Ortega Díaz llevó a la Corte Penal Internacional, en La Haya, los expedientes de 79 venezolanos que murieron en medio de las protestas de 2017

Para la fiscal en el exilio, el Plan Zamora fue diseñado por el Ejecutivo para atacar a los manifestantes como si se tratase de un grupo militar

Afirmó que, cuando el Ministerio Público investigaba las muertes ocurridas durante los cuatro meses de protestas de este año, los fiscales se encontraban con múltiples obstáculos

Su despacho, aseguró, solicitó a Estados Unidos la investigación sobre los sobrinos de Cilia Flores acusados por tráfico de drogas. Pero estos nunca llegaron a su despacho

Aseveró que tiene todas las pruebas sobre el caso Odebrecht para implicar a Maduro y a otros altos funcionarios

@loremelendez

BOGOTÁ. ESA MAÑANA DEL DOMINGO 26 de noviembre, en una pastelería de la selecta zona norte de Bogotá, Luisa Ortega Díaz vestía un blazer sobrio y un pantalón azul marino. Llevaba también una blusa clara que contrastaba con su conjunto oscuro y que iba acorde con su cabello rubio intenso, el tono que la ha identificado durante los últimos dos lustros. El atuendo era el mismo que se le había visto desde hacía 10 años, el tiempo que ha sido Fiscal General de la República, aunque la asamblea nacional constituyente la haya destituido y la persecusión política la haya obligado a salir del país clandestinamente en una lancha con rumbo a Aruba en agosto pasado. Lo único que había sacado previamente, confesó, eran sus títulos y credenciales académicas.

Aunque la sobriedad de su vestuario se ha mantenido, la fiscal en el exilio ha cambiado por completo sus formas, esas que preservaba al momento de hablar sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al menos hasta mediados de 2016. Desde hace año y medio, la mutación había dado varios pasos hacia adelante, cada vez más agigantados, y como muestra de ello dejó sus condenas los excesos policiales de las OLP, a las ilegales actuaciones de los colectivos y hasta al Tribunal Supremo de Justicia por intentar disolver la Asamblea Nacional. Atrás quedó quien durante años se expresó con un lenguaje institucional que, más que señalamientos, mantenía silencios en casos polémicos como los de Franklin Brito, la jueza María Lourdes Afiuni y Leopoldo López. Hoy, por ejemplo, es capaz de decir que el Ejecutivo implementa acciones propias de regímenes comunistas y dictatoriales.

“Hay una política del gobierno propia de los nazis y de (Joseph) Stalin que fue aplicada también en la España de Franco. Eliminan los pasaportes sin ningún motivo, sin ninguna fórmula procesal, sin ninguna razón, sin que exista un expediente para controlar a la gente. Si te vas, te vas ilegalmente, y vas a pasar trabajo afuera, y si te quedas aquí vas a estar sometido a la persecución del gobierno. Una vez, y esto siendo fiscal general, oí a una funcionaria de un consulado decir “nosotros no entregamos los pasaportes a quienes lo solicitan hasta que no verificamos en internet quién es”. Ese es el criterio que tienen para dar o no un pasaporte cuando eso es un derecho y eso tienen a miles de venezolanos en todo el planeta en una situación de indefensión. Eso es violatorio de los derechos humanos”, comentó. Y luego vino una advertencia bajo el velo de la revelación: “cuando consigné las denuncias (contra Maduro) ante la Corte Penal, nos reservamos consignar nuevas evidencias y nuevos hechos”.

Hoy, también tiene el valor para afirmar que quienes asumieron el control del Ministerio Público (MP) destruyeron, entre muchas cosas más, la Unidad de Criminalística de la institución.

“Ese era un laboratorio para investigar las violaciones de los derechos humanos, para que las experticias no fueran hechas por los cuerpos policiales a los que se les atribuía la violación. Bueno, eso fue totalmente desmantelado. Los insumos y equipos costosísimos, y cuyo mantenimiento era impecable, todo desapareció. Se llevaron los químicos, los kits, todo lo que han podido llevarse se lo han llevado porque no hay un control”, sentenció.

¿Qué pasó en el Ministerio Público luego de que la ANC la destituyó?

La irregular situación, la ilegal e inconstitucional toma militar del MP me obligó a mí a adoptar esta medida de venirme a Colombia, así como obligó a varios trabajadores del MP, entre ellos directores, a salir de Venezuela. Ahora el Ministerio Público quedó en manos de delincuentes, tanto que una de las autoridades que está al frente se encargó, siendo una fiscal investigadora, de construir expedientes y sembrar evidencias para culpar a muchos venezolanos, y ahora quien está al frente del MP lo que ha venido haciendo es complacer al gobierno nacional para que este permanezca en el poder, se consolide en el poder, no para hacer justicia, que es el fin único del sistema de justicia. Nosotros no encontramos eso en el actual Ministerio Público, además de que han desmantelado la institución. Es el Sebin el que está dentro de sus  instalaciones manipulando expedientes, construyendo evidencia desde la mentira no desde la verdad para incriminar a la gente por capricho. La información que yo tengo de los propios trabajadores es espeluznante porque obligan a los fiscales a adoptar o tomar acciones que no corresponden a una investigación cierta, so pena de privarlos de libertad o de perseguirlos (…) Además, otra cosa, tengo información de que más de 600, casi 700 trabajadores han sido despedidos en estos tres meses. Un número exagerado. Y otros cientos han sido obligados a renunciar.

¿Tienen prueba de eso?

Sí. La lista la tenemos.

El patrón en las protestas y los 79 expedientes en La Haya

Foto: ortegadiaz.com

Hasta el momento en el que usted estuvo al frente del Ministerio Público, ¿a qué conclusión se llegó en el tema de las muertes durante las protestas? ¿qué patrón identificaron?

Violación sistemática de los derechos humanos, una política dirigida desde el gobierno a asesinar y encarcelar, a perseguir a toda la disidencia política. Tú lo puedes ver en las manifestaciones (…) Nunca dejaron los manifestantes llegaran a su destino a cumplir su objetivo. Ellos mismos provocaron esta situación para encarcelar, asesinar, para perseguir a las personas y se produjeron acciones dirigidas a sectores, a poblaciones enteras como es el caso de Los Verdes, de las Residencias Victoria (ambas en El Paraíso, Caracas). Allí destruían la propiedad y esto fue aplicado a nivel nacional en varias zonas como para hacer una razzia, una limpieza social. Llegaban derribando las rejas, destruyendo los ascensores, quemando apartamentos: rasgaban los muebles, quebraban los enseres, los adornos, mataban a las mascotas. Sacaban preso al que resultara sospechoso, sencillamente porque querían. Bajaban a los estacionamientos y destruían los vehículos, tipo nazi y tipo Stalin en la Unión Soviética (…) Por supuesto esto se fue incrementando y ellos se fueron tecnificando y  perfeccionando. Ya no solamente adoptaban medidas para impedir que las manifestaciones se desarrollaran libremente, porque las convocatorias eran a manifestaciones pacíficas – ellos no tienen por qué presumir que son violentas y para eso están ellos, para evitar que las manifestaciones sean violentas– sino que se armaban, usaban armas de fuego, modificaban los proyectiles para hacerlos más letales, de modo tal que pudieran eliminar más número de personas. Cuando yo pretendía hacer una investigación de las muertes de alguna de estas personas, que lamentablemente perdieron la vida durante alguna de las manifestaciones, me encontré con todos los obstáculos, empezando por la Guardia Nacional. Nunca se dio respuesta al tema de Pernalete, así como nunca se dio respuesta a varias solicitudes que nosotros hicimos, como la del conductor de la tanqueta.

¿Cómo perfeccionaron esa estrategia de atacar a los manifestantes? ¿Seguían un patrón?

Sí, hay un plan que nosotros entregamos en La Haya, el plan Zamora, donde se ve cómo gestionaron la seguridad ciudadana, como si fuese un Ejército a combatir a otro Ejército, ese fue el criterio (…) Una cosa es el orden público y otra es el orden interno, y la GN asumió que el orden público era un tema de orden interno, algo así como que, si viene un carterista y arrebata una cartera a una persona, eso es orden público. Ellos consideran que eso debe ser tratado como orden público para militarizar la seguridad ciudadana, que fue lo que hicieron con el 8610 (la resolución que en enero de 2015 legalizó el uso de armas de fuego para el control de las protestas), que tuvieron todos los obstáculos para aplicarlo por las objeciones que yo hice. Hay una comunicación que yo le dirigí al ministro, con ocasión a esa resolución. Ahí se comenzó a institucionalizar el uso de arma de fuego en las manifestaciones, no solamente por los resultados de las personas fallecidas, heridas. Porque no solamente las que perdieron la vida, sino la cantidad de lesionados durante esos eventos. Creo que estaba en el orden de los dos mil. Fueron tecnificando y perfeccionando, era normal asumir que toda la Fuerza Armada debía portar armas de fuego y, claro, es altamente letal cuando tú te vas a una manifestación o a abordar un tema de seguridad ciudadana y portas un arma de fuego. Lo más probable es que pierdan la vida muchos venezolanos que a lo mejor han transgredido la ley, otros no, pero no tienen derecho a morir de esa manera. Eso fue lo que ocurrió en Barlovento, no sé si tú recuerdas, mataron a muchachos inocentes. El único delito de ellos era ser pobres, y la seguridad ciudadana fue abordada como un tema militar.

¿Se giraron órdenes desde el alto mando militar o policial? ¿Ustedes tienen algún tipo de prueba de esto?

No, fíjate lo siguiente: ellos nunca escribieron el plan, porque en las OLP tú buscas algún documento escrito y no lo encuentras. Y las operaciones tampoco eran escritas, todo era hablado, pero te puedo decir que en esas reuniones todos los que participaban eran militares. Inicialmente yo era convocada, pero cuando comencé a hacer objeciones, más nunca me convocaron a esas reuniones. Eran todos militares.

¿Desde cuándo se comenzaron a hacer esas reuniones? ¿Desde el inicio de la OLP?

No, en 2015 comenzaron. Me convocaban a mí y yo siempre hacía objeciones, decía ‘eso no puede ser, eso tampoco, eso tampoco’ … y no me convocaron nunca más.

¿Cuál era el criterio que utilizó el MP para elaborar la lista de víctimas en medio de las protestas?

El criterio era relación directa o indirecta con los eventos. Hay un caso en el que murieron electrocutadas varias personas. Si bien es cierto que ahí no hubo acción directa del Ejecutivo o de una fuerza policial, pero la circunstancia que estaba ocurriendo en ese momento y lo que estaban ejecutando en ese momento esas personas (un saqueo) fue producto de la situación del país. Es decir, que tiene una relación directa. En ese momento, el problema de los alimentos ya era terrible. Cuando yo salí de Venezuela, conseguir medicamentos y algunos alimentos era imposible. Había que bachaquearlos o traficar las influencias para poder hallarlos. Y la gente desesperada. Otros lo hacen también no por necesidad, sino por ir a echar broma, empiezan a saquear. Y eso fue lo que pasó en este comercio.

Runrun.es tiene más víctimas en ese hecho. Lo comprobamos a través de testimonios e incluso tenemos sus cédulas de identidad …

Nosotros pudiéramos contrastar esas cifras. Me gustaría porque a lo mejor estamos equivocados. Nosotros, acuérdate, teníamos la información de primera mano y yo no tenía ningún interés en ocultar esas cifras. Y algo que cuidé mucho en el Ministerio Público fue dar las cifras. Sean malas o buenas, eso te permite crear políticas de Estado.

Y hubo además otros casos. En Petare se registraron varios que no están en la lista. Está el de Carlos Eduardo Aranguren, que había bajado de su casa, en Barrio Unión, hasta la redoma de Petare. Ese día, el 2 de mayo, hubo muchos enfrentamientos con colectivos. Su familia dice que lo mató la Guardia Nacional …

En el país, no sé si viste las cifras, pero hay más de 1.800 muertes a manos de los cuerpos de seguridad. Pero no todos ocurrieron en el marco de las manifestaciones. Es probable que haya sido registrado como una muerte a manos de los cuerpos de seguridad, pero no en el marco de las manifestaciones, que es una situación distinta.

Pero esto sí ocurrió en medio de disturbios … Hubo muchísimas manifestaciones allí ese día…

Pásame el nombre y nosotros revisamos …

Hubo muchos casos así. Se los voy a pasar … También quería preguntarle sobre el caso de Neomar Lander. ¿A qué conclusiones pudieron llegar?

Yo no te lo sabría decir. Aunque la gente piensa que yo manejo los casos, es imposible que lo haga con tantos. En el de Pernalete, a mí me conmovió mucho la mamá y el papá. Ellos fueron a mi oficina, al papá se le subió la tensión y hubo que sacarlo al servicio médico. Eso me impactó mucho. Nosotros en ese momento estábamos casi orientados hacia donde se conducía la investigación, pero yo me comprometí con ellos y les dije que con seguridad ese caso lo íbamos a sacar. Hay unos que recuerdo más que otros, pero nosotros tenemos esos expedientes completos. Nosotros consignamos los expedientes de casi todos los fallecidos en las manifestaciones allá en La Haya, los expedientes completos. Y la Corte (Penal Internacional) creo que tiene que admitirlo. Nadie había llevado esas cosas. Son muchísimos casos, claro, es imposible llevarlos todos. Pero llevé 79 expedientes y son muchísimos. Aparte de esos 79, llevé experticias, inspecciones balísticas, autopsias. Y estamos en eso, recogiendo más.

Les comparto parte de lo que fue la rueda de prensa que ofrecí el día miércoles 24 de Mayo, en la que presenté como Fiscal General un balance de la situación nacional hasta aquel día. … Es importante decir que hasta la fecha se registraban un total de 55 personas fallecidas por hechos de violencia, de aquellas víctimas fallecidas 52 son civiles y 3 funcionarios policiales o militares. Asimismo se habían registrado, un total de 1000 personas lesionadas, de los cuales 771 civiles y 229 funcionarios. 336 bienes públicos y privados quemados o saqueados, que representan incalculables pérdidas patrimoniales. … Consideré importante detenerme en ese tema, porque si el país se encuentra pasando por dificultades económicas importantes estos destrozos agudizarán los problemas que está padeciendo la población para abastecerse de alimentos y medicinas, esto viene es a contribuir a la escasez. 24/05/2017

Una publicación compartida de Luisa Ortega Diaz (@luisa_ortegadiaz) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 11:42 PDT

¿Por qué se seleccionaron esos 79 casos?

Acuérdate de que yo trabajo con un equipo y eso fue discutido por el equipo. Yo sigo mucho lo que dice el equipo y ahí hay situaciones en las que yo entro a revisar. El equipo me dijo: ‘doctora, vamos a recoger estos 79 que están perfectos’.

¿Esos 79 casos qué demostraban?

Que había violación a los derechos humanos. Porque nosotros registramos 17 detenciones arbitrarias. No podíamos consignar las 17 mil, porque no las tenemos todas, pero sí consignamos un gran número. También, de asesinatos, presentamos otras autopsias que demuestran que fueron ejecuciones.

“Yo le eché plomo a las OLP desde que salieron”

¿Cuáles eran las motivaciones que se escondían detrás de las OLP que usted misma ha calificado como “operaciones de limpieza”?

Perpetuarse en el poder, crear un sistema dictatorial, no tener control sobre las acciones que ellos ejecutan, infundir miedo en la población, violar los derechos humanos. Porque, ¿qué ha ocasionado todo esto? La corrupción, la gente empieza a pedir cuentas y ellos comienzan a buscar mecanismos para esconder todas esas acciones. Entonces, reprimen al pueblo, toman las instituciones, destituyen ilegalmente a alcaldes, gobernadores, funcionarios, los inhabilitan, inventan leyes. Por eso crearon la Constituyente, algo perfecto para hacer lo que les dé la gana.

¿Pero hubo algo detrás además de esa necesidad de perpetuarse en el poder? Lo menciono porque hubo demasiadas víctimas. En Runrun.es contabilizamos más de 500 muertes en estas operaciones … ¿Hubo alguna relación con el crimen organizado, por ejemplo?

Allí hay grupos civiles armados también. Maduro dijo muchas veces que estaba armando a los civiles sin ningún tipo de preparación. Pero eso solo fue una muestra porque era una política que desde hace mucho tiempo la venían implementando. Lo veíamos en hechos concretos que ocurrían. Hubo muchos casos en donde se evidenciaba que había grupo de civiles armados…

Ciudad Caribia fue uno de estos casos…

También en Quinta Crespo … A los grupos de civiles armados les dieron autoridad. Hubo un caso, donde los civiles armados aprehendieron a unos ciudadanos, levantaron el acta policial y llevaron a las personas ante los tribunales. El fiscal del caso se opuso a eso y pidió libertad plena porque eso era el derrumbamiento del Estado de derecho. ¿Cómo unos civiles armados se estaban arrogando ser fuerza pública e iban a ejecutar una acción? Entonces, no solamente los armaban sino que les daban autoridad. Eso es una pérdida total o el desmembramiento del Estado de derecho, que fue lo que hicieron con todas las instituciones, no solamente con el Ministerio Público, sino también con la Asamblea Nacional, y con el propio Tribunal Supremo de Justicia y con el CNE. Porque Maduro y el Ejecutivo son los voceros de estos poderes (…) Las democracias se caracterizan por la separación de poderes, la democracia se distingue  por la autonomía que tengan los distintos poderes, ahí no las hay. Es el Ejecutivo que quiere tener el control. A mí Maduro me dijo cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional: “Yo no sé qué vamos a hacer para sacarlos de allí”. Y yo le dije: “Pero es que ese no es un juego democrático”. “Bueno, pero es que yo nunca voy a entregar el poder”, me contestó.

Hablando de los grupos civiles armados, ¿ustedes tienen pruebas o evidencia de la participación de ellos dentro de estos grupos tanto dentro de las OLP como dentro de las protestas?

Cientos de declaraciones de testigos.

En julio de 2016 usted hizo un primer pronunciamiento en contra de las OLP a raíz de la actuación de colectivos en una de estas operaciones en Ciudad Caribia. Y luego, en noviembre de ese mismo año, criticó los excesos policiales que se cometieron en estas. Pero, ¿por qué dejó correr un año de OLP para pronunciarse sobre todas las irregularidades que estaban ocurriendo?

Las OLP comenzaron en junio de 2015. Busca mis declaraciones…

Sí, las busqué, por eso le pregunto.

La primera vez que se plantean las OLP, el primer día que las hicieron fue una funcionaria del Ministerio Público y vino horrorizada, literalmente horrorizada. A todas estas yo ajena, porque no sabía, son políticas del Ejecutivo … Y busca mis declaraciones después. Lo recuerdo perfectamente porque esa fue la primera. Nosotros ahí tenemos una investigación buenísima y ese, creo, fue uno de los expedientes completos que consignamos porque no implicaba la muerte de una persona sino de muchas. Fue el primero que se hizo en la Cota 905 … La fiscal me dijo ‘doctora, esto es terrible’, y empieza a decirme lo que hicieron. Yo dije, ‘ya yo me voy a pronunciar’. Y busca mis declaraciones. Claro, yo siempre guardaba, y el día que salía a declarar me pronunciaba sobre eso. Yo le eché plomo a las OLP desde que salieron, antes porque no sabía, pero luego de esa primera vez, yo empecé a echarles plomo. Búscalas. Es más, fíjate una cosa, vamos a buscar las declaraciones mías en 2010 contra los policías, que El Nacional abrió conmigo 5 o 6 veces, porque estaba echándole plomo a los policías por la actuación policial. Eso fue en 2010 que yo insistí en la reforma policial. Y recuerdo que esa Misión A Toda Vida Venezuela surgió por las tantas objeciones que yo hice a la actuación policial. Yo siempre he hablado de la prevención policial… Lamentablemente yo perdí esos registros porque los tenía en mi casa.

De Odebretch a los sobrinos presidenciales

Foto: La Patilla

¿Usted ha seguido en contacto con los fiscales que investigan el caso Lava Jato y a Odebrecht en Brasil?

Sí. Ese es un tema difícil. En el expediente que consta en Brasil, cuyas pruebas yo también tengo en mis manos, hay muchísimos elementos que comprometen la responsabilidad no solo de Maduro sino otros altos funcionarios de su gobierno. Yo confío en que la fiscal general de Brasil – una mujer muy responsable y muy seria – y el vicefiscal – con quien he interactuado muchas veces – en algún momento tendrán que accionar.

¿Pero ha logrado tener acceso a las evidencias?

(Sonríe) Todas… Todas.

¿Qué tipo de evidencias?

Son documentos, testimonios y grabaciones.

¿Estados Unidos está investigando este tema? ¿Está investigando a los venezolanos que están implicados en el caso Odebrecht?

Desconozco. Sé que están investigando, pero no he tenido acceso. Ellos sabrán qué es lo que están investigando.

Usted ha llevado el caso de las protestas a instancias internacionales. Pero hay algunos casos que se conocieron durante sus últimos meses en Venezuela, como el de Pdvsa y Citgo. ¿Qué acciones puede hacer en el plano desde afuera con respecto a estas denuncias?

Nosotros tenemos todos los expedientes de las investigaciones que adelantamos durante mi gestión. Es más, pedimos privativa de libertad y citamos para imputar y jamás fue posible lograrlo. Te puedo citar el caso de Amuay, que fue por falta de mantenimiento…

Y también salió tardísimo ese caso. Muchos años después de que ocurrió…

Sí, es que en esa investigación la experticia no fue fácil, fue una experticia muy técnica. Es como, algunas veces, los casos de corrupción. Esas auditorías no son fáciles porque hay muchos documentos, hay que revisar, comparar… Y otros casos, como el del Coque en Anzoátegui. Esa es otra investigación que nosotros tenemos, que nunca se ha hecho nada. Hay otros casos pequeños, como uno de Pdvsa que investigamos y que incluso citamos para imputar y nunca fue posible porque no iban, no querían. Se compraron unas lanchas y el precio de las lanchas era, por decirte, 350 mil dólares, y las compraron a 1.950.000 dólares, es decir con sobreprecio, y encima no las entregaban. Teníamos muchísimas investigaciones de Pdvsa. A Pdvsa la destruyó la corrupción, la falta de mantenimiento, ahí no había mantenimiento preventivo de nada. Mira, te he dicho bastante…

¿Y por qué nunca salió una imputación contra Rafael Ramírez, quien durante tantos años fue la cabeza de Pdvsa?

Todos los altos funcionarios tienen antejuicio de mérito, ¿no? Yo no recuerdo que directamente haya habido un… Déjame estructurar esto. Una cosa es hablar de la persona y otra cosa es citarla para imputarla. No es suficiente hablar, tú tienes que materializar la imputación y la imputación tiene que ver con el antejuicio de mérito. No como están haciendo ahora, que sin un antejuicio de mérito despojan a la persona de su inmunidad como lo hicieron con mi esposo, que es diputado, con (Antonio) Ledezma. Y la persona llamada a sustituirlo no es quien lo sustituye sino el que ellos pusieron. Eso es una condición de Estado fallido porque las instituciones no funcionan.

¿La Fiscalía ejecutó acciones en el tema de la emergencia humanitaria, con respecto a la escasez de alimentos y medicinas?

Ese tema, el de la emergencia humanitaria, no era competencia directa del Ministerio Público. La competencia nuestra era el abordaje de algunas situaciones concretas, como por ejemplo el cierre de la Unidad de Nefrología del J.M de los Ríos porque estaba contaminando a los niños por falta de mantenimiento. Pero, íntegramente, el tema de la crisis humanitaria, no podíamos abordarlo porque no es competencia nuestra. El caso de los siete hospitales, había uno que tenía 90% ejecutado y lo desmantelaron. Y nosotros citamos a (la ex ministra de Salud, Eugenia) Sader y al hijo –que está disfrutando su fortuna en Estados Unidos– y nunca fue posible. Pedimos la privativa de libertad y citamos para imputarlos y nunca concurrieron.

¿Y sobre la escasez de medicinas se hizo algo concreto?

Nosotros hicimos reuniones con distintos hospitales y pedimos unos amparos por el tema de la escasez de medicamentos; hay unos amparos que pedimos a favor de los periodistas, a favor de médicos por la escasez de medicamentos, esos se hicieron seguidos. Nos reunimos con pacientes oncológicos que no conseguían medicamentos y pedimos amparos contra todos estos hechos.

¿Pudieron hacer investigaciones sobre el caso de los sobrinos de Cilia Flores imputados por tráfico de drogas en Estados Unidos?

Nosotros pedimos la información a los Estados Unidos y entiendo, no tengo la prueba, me dijeron que había llegado a la Cancillería, pero nunca llegó al Ministerio Público. Inmediatamente después de que ocurrió el evento, eso fue a finales de 2015, ya nosotros estábamos haciendo la solicitud.

¿Pero se pudo adelantar esa investigación?

Sí, y ese expediente sí me lo traje en original, porque eso lo desaparecen. Así como Tarek (William Saab, fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente) que desapareció todas las investigaciones contra él (risas).

Por cierto que él hizo una acusación grave contra usted cuando dijo que había participado en el desfalco de la Faja Petrolífera del Orinoco. ¿Tiene algo que decirle sobre esto?

Yo no cazo peleas personales, esto es un problema de país. Mi mensaje es para venezolanos, para buscarle solución. ¿Tú crees que a mí no me duele lo que está sufriendo la gente? A mí me da un dolor cuando yo veo aquí en Colombia a los venezolanos en la situación en la que están.

El Ministerio Público informó este miércoles, 1 de noviembre, sobre la acusación de Erickvaldo José Moreno Márquez, de 24 años de edad, por su presunta responsabilidad en la muerte del funcionario de la Gobernación del estado Mérida, Jesús Leonardo Sulbarán, de 42 años de edad, durante el «Platón Nacional» que convocó la oposición el pasado 24 de abril.

Durante el hecho, dice la nota de prensa de la Fiscalía, también resultó herida una mujer.

Los fiscales 38° nacional, así como 4ª y auxiliar de Mérida, Vladimir Ángel, María José Torres y Maureen Rojas, respectivamente, acusaron a Moreno ante el Tribunal 2° de Control del estado andino por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles en perjuicio de Sulbarán, y por el mismo delito en grado de frustración en detrimento de la mujer lesionada, indica el comunicado. Igualmente, solicitaron la admisión del acto conclusivo, el enjuiciamiento del joven y que persista la medida privativa de libertad.

Sulbarán era criminólogo de profesión. Trabajaba en la Dirección Estadal del Poder Popular de Política Integral de la Gobernación del estado Mérida

La versión del Ministerio Público indica que en horas de la mañana del pasado 24 de abril, un grupo de personas se congregó en la avenida Las Américas por el Plantón. En la tarde, alrededor de las 4:00 pm, varios chavistas se reunieron en las adyacencias de la concentración, momento en el que presuntamente Moreno Márquez efectuó varios disparos contra los oficialistas. Lo que no menciona la institución es que, de acuerdo con el relato de testigos, los afectos al gobierno se acercaron para amedrentar a los manifestantes y que varios de ellos iban armados y con los rostros cubiertos.

El supuesto victimario fue detenido el 13 de septiembre de este año, luego de que acudiera a la División de Homicidios del Cicpc por una citación del MP.

«Somos testigos de la crisis terminal del bolivarianismo», dice una de las 21 reflexiones que el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) incluyó en un documento que pone el foco sobre las cosechas y fracasos que dejaron las protestas antigobierno que se registraron entre abril y julio de 2017 en Venezuela. La organización apunta que, si bien la «rebelión popular» fue derrotada, el pronóstico para los meses que vienen es que la conflictividad continuará como consecuencia de los reclamos sociales.

Para Provea, la dirigencia de la oposición fue rebasada por los rebeldes y no pudo contener las improvisaciones que, entre otras cosas, condujeron el movimiento a su fractura. Además, señala que hasta ahora los líderes de la MUD no han sido capaces de reconocer «que son los primeros responsables de los resultados adversos».

Las protestas, según la ONG, también dejaron al descubierto que el gobierno de Nicolás Maduro «está dispuesto a reprimir hasta donde sea necesario para preservar el poder», y que no le preocupa que haya «violaciones a los derechos humanos» ni que la comunidad internacional condene sus acciones, mientras él pueda «preservar sus privilegios».

En su balance, Provea considera que «e l efecto post Rebelión y post Constituyente apunta a una nueva ola migratoria de la que no escapa el movimiento de Derechos Humanos» y  apunta que las organizaciones deben «estar preparadas ante este escenario».

También advierte que iniciativas impulsadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como la Ley contra el Odio, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Convivencia «radicalizarán la persecución contra la oposición, los medios de comunicación y a las ONG como Provea».

Aquí las 21 reflexiones publicadas por Provea este 30 de septiembre:

1.- Hay que admitirlo: es una Rebelión Popular derrotada. Las manifestaciones intentaron promover el colapso del gobierno, estimulando que un sector del bolivarianismo y de las Fuerzas Armadas se colocaran de lado de las demandas populares, lo cual no sucedió. Esto le dio un nuevo respiro al gobierno, una estabilidad precaria. Todo apunta a que Nicolás Maduro llegará hasta el 2018 en el poder y que cualquier estrategia pase por la realización de elecciones presidenciales ese año.

2.- La Rebelión Popular dejó muestras de mucha valentía por parte del pueblo, sobre todo los más jóvenes. Fue un desafío a la represión y mostró un nivel de indignación contra el gobierno de dimensiones que inimaginables a finales del 2016. Cuatro meses continuos de protesta, a escala nacional, sólo podían mantenerse porque había mucha rabia acumulada ante la pobreza y la arbitrariedad.

3.- Si bien la rebelión no logró alcanzar los objetivos propuestos (Calendario electoral; Liberación de los presos políticos; Respeto a la Asamblea Nacional y Canal Humanitario), logró otros no previstos. Colocó la crisis de Venezuela en la agenda internacional, desenmascaró el autoritarismo del gobierno y dejó en evidencia que estamos en dictadura. Ello sin duda es un gran saldo, pero para los objetivos concretos que se convocó al pueblo a luchar y este atendió el llamado, casi nada se logró. El Informe del Alto Comisionado de la ONU y las sanciones económicas a altos funcionarios del gobierno no son un “logro”, sino consecuencia del afianzamiento provisional del autoritarismo y su respuesta abusiva en derechos humanos. Hoy los organismos internacionales de protección están más sensibilizados ante la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y desarollan iniciativas y pronunciamientos condenando e informando a la comunidad internacional. Todo ello es una consecuencia de la indignación popular expresada en las masivas y continuas protestas. No obstante sin la contrapartida de las manifestaciones las contradicciones no se hubieran agudizado hasta el nivel que alcanzaron.

4.- Las pérdidas en vidas fueron grandes y lamentables. 139 personas resultaron asesinadas por acción directa de las fuerzas represivas del Estado, por la actuación de los grupos paramilitares que actuaron junto a los funcionarios o con su respaldo, así como por la actuación de particulares que usaron armas de fuego para enfentar a los cuerpos represivos, Además de las personas asesinadas, miles resultaron heridos muchos de gravedad. Queda exigir castigo a los autores materiales e intelectuales. Y a las ONG continuar acompañando a los familiares y a las víctimas, para continuar con el trabajo de documentación que permita la justicia cuando sea posible. Asimismo, hay que estimular su organización para que nuevos emprendimientos tengan el saldo positivo del fortalecimiento del movimiento de DDHH.

5.- El gobierno demostró que está dispuesto a reprimir hasta donde sea necesario para preservar el poder. Poco le importa que haya violaciones a los derechos humanos ni la condena de la comunidad internacional a fin de preservar sus privilegios. Se evidenció una actuación no democrática para afrontar la protesta social y poca sensibilidad ante la muerte de jóvenes, no disminuyendo la represión sino incrementándola en la medida que aumentaba la lista de fallecidos y heridos. Demostró el gobierno un gran desprecio por la vida e indiferencia ante la obligación de respetar los derechos humanos.A pesar de la existencia de críticas internas, los diferentes grupos del oficialismo se cohesionaron ante las protestas y optaron por mantenerse unidos a pesar de las evidencias de graves violaciones a los derechos humanos.

6.- El llamado ‘chavismo democrático’ es numéricamente poco y así quedó demostrado. Su mayor peso es de carácter simbólico, y la gran mayoría prefirió distanciarse de las protestas bajo el argumento de “no beneficiar a la MUD”. El discurso del gobierno construido desde la época de Chávez, justificado en la existencia de una “derecha apátrida” que busca restablecer privilegios y que está al servicio de los ‘gringos’, ha calado en importantes sectores que se identifican como bolivarianos y chavistas aunque critiquen a Maduro tanto a nivek de dirigencia como en las bases. Prefieren apoyar al gobierno y sus arbitrariedades antes que colocarse al lado de la “derecha” y el “Imperio”. Sin embargo, se ha ampliado el número de chavistas disidentes que así lo han manifestado públicamente, distanciados de Nicolás Maduro como la ex defensora Gabriela Ramírez y el Diputado Eustoquio Contreras.

7.- La dirigencia de la oposición, hay que reconocerlo, hizo el esfuerzo de orientar y dirigir la Rebelión Popular pero fue rebasada. No construyó una estrategia para fortalecerla y la improvisación se impuso. De manera tardía se comprendió la necesidad de “jugar en varios tableros de manera simultánea”, cuando la estrategia del colapso demostró que era inviable, y no se establecieron objetivos intermedios (desmenuzados de los 4 objetivos iniciales) que lograran importantes victorias parciales frente al autoritarismo y que mantuvieran cohesionados al movimiento de protesta contra la dictadura. La dirigencia, además, subestimó activar la solidaridad internacional y por tal motivo careció de iniciativas que estimularan a pueblos y gobiernos pronunciarse condenando la represión y apoyando los reclamos populares.

8.- Uno de los cuestionamientos de los sectores de base con respecto a la vocería opositora es el silencio posterior al 30 de julio. La gente esperaba del liderazgo mensajes que reconocieran la derrota, haciendo un balance de lo positivo y de lo negativo de los últimos meses, de cómo se iba a variar la estrategia tras los aprendizajes. Los voceros opositores no han tenido la altura de, como líderes, reconocer que son los primeros responsables de los resultados adversos. Las protestas se han convertido en un tema tabú y se apuesta a la fórmula que, si no se habla de ellas, y de sus lamentables resultados, la gente pronto pasará la página. De manera similar a lo que ocurrió tras las protestas del año 2014, las víctimas han quedado huérfanas de la clase política que las convocó.

9.- Las protestas estimularon un debate a lo interno del movimiento de DDHH sobre el rol de las organizaciones ante escenarios tan extraordinarios. La dimensión de la protesta y el uso excesivo y letal de la fuerza para reprimirla sobre pasó la capacidad de las organizaciones para afrontar las inumerables violaciones a los derechos humanos que se sucedían a diario y en algunos casos de manera masiva.  Además la propia característica de la Rebelión indicaba que no se podía actuar de manera tradicional que si bien era importante era insuficiente para afrontar tan difícil coyuntura. Desde Provea, siguiendo la experiencia peruana, creímos que ante la situación de ausencia de democracia las ONG debían jugar un rol político, en sentido amplio del término, de coordinación con la mayor cantidad de actores posibles para el restablecimiento de la institucionalidad democrática. Algunas ONG nos acompañaron en esta estrategia. Sin embargo, la mayoría del movimiento de DDHH continuó su labor tradicional en defensa de DDHH, que si bien es parte de su mandato, los terminó confinando al rol de espectadores pasivos de la situación. Un saldo positivo es que algunas pequeñas organizaciones del interior del país mostraron mucha disposición y valentía. Hacia ellas debemos las organizaciones más consolidadas realizar un esfuerzo de para ayudarlas a fortalecer.

10.- El pronóstico es que la protesta social va a continuar, con mayor probabilidad por demandas sociales. El discurso debe ir orientado a reivindicar el derecho a exigir derechos. El gobierno viene con una línea de restricción jurídica y más represión. Reimpulsar la denuncia de los temas sociales, vinculándolo con la falta de democracia, identificar dictadura con hambre y sufrimiento. Reforzar el análisis de las consecuencias de la ausencia de democracia y la instalación de una fraudulenta ANC sobre los DESC. El ciclo de protestas desde 1989 ha indicado que el pueblo venezolano ha exigido simultáneamente derechos civiles y políticos y realización de los derechos sociales y en algunos momentos los reclamos por derechos laborales y servicios públicos han prevalecido. Todo indica que la crisis económica y social se agravará y en consecuencia la población principalmente los sectores más pobres se verán obligados a exigir sus derechos.

11.- A corto plazo, la oposición no tendrá capacidad de levantar un amplio y coordinado a nivel nacional movimiento de masas. Pero las condiciones económicas, sociales y políticas sobre las que se desarrolló la Rebelión persisten y se agravan. Cualquier chispa puede encender la pradera, aunque potencialmente de manera anómica y atomizada.

12.- De esta Rebelión queda gente descontenta con muchas ganas de enfrentar al gobierno. Esto genera la posibilidad acciones violentas y conspirativas, trayendo escenarios de mayor represión.

13.- La apuesta electoral de la MUD es comprensible. Están claros que el movimiento perdió fuerza y algunos de sus sectores apostaron a eso. Que la MUD controle espacios de decisión política termina siendo el mal menor y quizá otro saldo que queda de la Rebelión por la indignación acumulada, pues muchas personas canalizarán ese descontento vía electoral. La gran pregunta es si habrá elecciones, y si las hay, cuánto durarán esos gobernadores. Asimismo, ronda el fantasma, bastante factible, de la abstención opositora descontenta con sus líderes y desconfiada ante el CNE luego del fraude Constituyente. Es poco probable –y quizás también poco recomendable- que a corto plazo surja un liderazgo alternativo que sustituya el de los partidos aglutinados en la MUD. Sin embargo, las condiciones objetivas están dadas para que, a mediano plazo, ante un nuevo escenario, aparezcan liderazgos alternativos.

14.- El gobierno recrudecerá su ofensiva autoritaria, con sus torpezas; de esa actitud puede generarse la chispa que prenda nuevamente la protesta. Pero además se avecina mayor crisis económica y social. Pueden darse pequeñas rebeliones en Estados del interior del país, como ya ocurrió en Bolívar y Sucre durante 2016, donde la crisis económica es sencillamente inaguantable. Ante esta posibilidad hay que continuar reforzando nuestras vinculaciones con las organizaciones regionales.

15.- El movimiento de DDHH y las organizaciones sociales deben continuar realizando esfuerzo por realizar un trabajo articulado que potencie su capacidad de incidencia. Es una necesidad por razones políticas, pero también de sobrevivencia. Quien pretenda enfrentar sólo la ofensiva autoritaria, se expondrá más. Unidos somos más fuertes. En ese sentido, debe trabajarse no solo en una agenda común de exigibilidad de derechos, de resistencia al autoritarismo, sino también de incidencia internacional. Hay que redoblar las inicitivas y esfuerzos para continuar y mejorar la información a los pueblos y gobiernos sobre la situación de Venezuela y estimular acciones de solidaridad al pueblo y de cuestionamiento a la gobierno y su autoritarismo.

16.- Debemos reivindicar la Rebelión Popular y sus logros, los aspectos positivos. Surgieron nuevos movimientos y formas de protesta que van desde los “escuderos” hasta las iniciativas creativas como “Dale Letra”, “Piloneras”, “Billete Alzao”, “El Bus TV”, “Humano Derecho Radio”. Destacamos que del movimiento tradicional de DDHH, Provea es la ONG que tiene mayores vínculos con estas organizaciones. Hay que seguir reivindicando lo que significó la Consulta Popular del 16Ago. Que movilizó a más de 7 millones de venezolanos, y su contraparte de la dictadura que evidenció un descomunal fraude reconocido por la propia empresa SmartMatic.

17.- Hay que resaltar que la solución final que dio la dictadura al pueblo para frenar la Rebelión Popular fue sacrificar el último elemento simbólico positivo del bolivarianismo: La Constitución de 1999. La fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que con sus decisiones al margen de la Carta Magna, ha profundizado el golpe a las instituciones, criminalizado a la disidencia y en nada ha contribuido para mejorar la crisis económica, social y política que afronta Venezuela.  Maduro y la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente co-gobiernan hoy, En los hechos Maduro y la directiva de esa Fraudulenta constituyente actúan como una junta de gobierno dictatorial.

18. El efecto post Rebelión y post Constituyente apunta a una nueva ola migratoria de la que no escapa el movimiento de Derechos Humanos, sus líderes y equipo base. A lo interno de las organizaciones hay que estar preparados ante este escenario. Por otro lado, las ONG venezolanas deben aprender cuál debe ser su papel frente a las necesidades de los migrantes y las violaciones a sus DDHH.

19.- Iniciativas como la Ley contra el Odio, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Convivencia (ley de convivencia pacífica), radicalizarán la persecución contra la oposición, los medios de comunicación y las ONG como Provea. El portal Nombre y Vergüenza sigue siendo un posible blanco de acciones judiciales de criminalización a la organización. También son previsibles acciones de limitación a la cooperación internacional.

20.- Somos testigos de la crisis terminal del bolivarianismo. En el mejor de los escenarios y como fruto de la presión interna e internacional, tendremos una renovación presidencial hipotéticamente más tardar en el año 2019. Las disminuciones de intensidad en las movilizaciones callejeras pueden tener como contraparte positiva ceder el tiempo y espacio para que ONG como Provea se preparen para construir agendas para la transición, en el caso que esta ocurra de manera menos traumática. En el momento en que suceda el cambio político en Venezuela los acontecimientos serán vertiginosos y las ONG de DDHH debemos estar preparadas para promover una agenda de reinstitucionalización democrática del país, acordada con la menor improvisación posible.

21.- Debemos romper el silencio impuesto por la clase política sobre las protestas recientes y hablar sobre lo que hicimos como sociedad, de manera honesta, reconociendo los errores pero también los logros alcanzados. Las protestas del año 2017 deben recordarse como lo que fueron: Un movimiento heroico de resistencia del pueblo venezolano que obligó al gobierno de turno a profundizar su naturaleza dictatorial para derrotarlo. El gobierno ha salido airoso de un episodio, pero el conflicto continúa. No es lo mismo reconocer una derrota, en una confrontación de largo alcance, que sentirse derrotados.

En horas de la tarde de este viernes fue liberada la presidenta del Colegio de Contadores de Carabobo y profesora de la Universidad de Carabobo (UC), Rosmary Di Pietro, tras decisión emanada de un tribunal militar.

La información fue confirmada por el  presidente de la Federación de Colegios de Contadores de Venezuela, Luis Veloz, quien hizo el anuncio a través de sus redes sociales.

Di Pietro, quien fue aprehendida por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado 12 de agosto, por su presunta vinculación con el asalto al Fuerte Paramacay, no podrá dar declaraciones a los medios de comunicación, ni salir del país.

Familiares de Neomar Lander y jóvenes de la «Resistencia» repusieron este domingo, 17 de septiembre, parte del homenaje gráfico que le habían hecho al joven –presuntamente asesinado por las fuerzas del Estado– en el lugar donde cayó: el túnel que comunica la avenida Francisco de Miranda con la avenida Libertador.

Quienes asistieron al lugar pusieron pancartas, flores, hicieron grafitis y dibujaron nuevamente la imagen de Lander en los muros del lugar, los cuales aparecieron pintados de gris el pasado viernes  para tapar el tributo que se había rendido al joven.

“Eres mi héroe, te amo. Tu hermana”, escribió en las paredes Paola Lander, hermana del adolescente de 17 años que murió en medio de las protestas antigobierno.

«Pueden quitar, hacer o decir lo que quieran, pero jamás, jamás lo podrán borrar de las mentes, y jamás lo podrán sacar de los corazones de cada uno de los venezolanos (…) Y si en mis manos está que ninguna de las muerte quede en el olvido, pues haré lo que sea necesario y las veces que sea», escribió en Instagram Zugeimar Armas, madre del Lander.

Así quedo de nuevo el túnel donde fue asesinado mi hijo, luego de que el gobierno mandara a quitar todo los honores en su nombre. Y si lo vuelven a pintar, o quitar las cosas… lo volveremos hacer las veces que sean necesario. Pueden quitar, hacer o decir lo que quieran, pero JAMÁS, JAMÁS lo podrán Borrar de las Mente y Jamás lo podrán sacar de los Corazones de cada uno de los Venezolanos y de las personas a nivel Mundial. Y si en mis manos esta que ningunas de las Muertes queden en el olvido pues haré lo que sea necesario y las veces que sean.

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La madre de Neomar Lander, joven asesinado durante las protestas contra Nicolás Maduro, denunció a través de su cuenta de Instagram que las fotografías y pancartas alusivas a su hijo fueron retiradas del sitio donde cayó en la avenida Libertador.

A Neomar lo habría matado una bomba lacrimógena disparada por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana el pasado 7 de junio.

Desde entonces su madre, Zugeimar Armas, se ha enfrascado en una lucha por defender el legado de su hijo a quien considera un héroe.

El lugar donde pereció Lander amaneció ayer sin imágenes del «escudero».

A GABRIEL JOSÉ CONDE HURTADO, uno de los cuatro detenidos por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) el 07 de agosto, le correspondía ser presentado en audiencia el pasado viernes, pero su condición de salud no era óptima. Durante su estadía en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp) condiciones externas pudieran haber entorpecido su recuperación al ritmo deseado, tal como lo señalaron representantes del capítulo Lara del Foro Penal Venezolano (FPV) y de la ONG defensora de derechos humanos Funpaz.

El caso de Conde, al modo de ver del abogado acreditado por el FPV, Abraham Cantillo, ha sido de controversia por haber sido víctima de asedio constante por funcionarios del cuerpo castrense que lo detuvo junto con Jean Michale Thielen Guerrero (19), Jean Carlos Spinely Presti, (22), y Moisés David Gómez Colmenarez (18) en el distribuidor Bellas Artes, en el municipio Palavecino, donde dieron muerte a Eduardo Orozco, la vigésima muerte en Lara vinculada con protestas contra el Gobierno nacional.

El jueves pasado, Funpaz hizo público parte de esta conducta de amedrentamiento del Conas contra el detenido al intentar llevárselo del recinto de salud, luego de que un médico autorizara el alta médica del joven, pese a que debía continuar la recuperación de la operación en la mano derecha que le practicaron por una herida de arma de fuego que le hicieron en el lugar del arresto.

La actitud del Conas califica como asedio, argumentó Cantillo, porque al organismo en este caso solo le corresponde asegurarse que el detenido no salga del hospital y debe procurar que goce del derecho a la salud sin presentarle obstáculos.

Adicionalmente, por ser el organismo encargado de la custodia, recalcó el coordinador de Funpaz, Andrés Colmenarez, “el Estado tiene que garantizar el derecho a la vida y adquiere más responsabilidad cuando está bajo la tutela de un organismo de seguridad”.

Por este mismo asedio y el episodio violento del que fue testigo el lunes, Conde podría padecer de crisis de pánico solo con notar la presencia de los efectivos. El equipo médico tratante considera esta posibilidad luego de los vómitos y los temblores que presentó el muchacho ayer. Queda por descartar si se trata de síntomas netamente psicológicos o si es parte de los efectos secundarios de las medicinas y para eso requiere, como explicó el especialista al abogado defensor de Conde, tiempo de recuperación para hacer una evaluación más completa y que el paciente esté en total reposo para garantizar la efectividad del tratamiento. Por lo pronto, el médico tratante insiste en tenerlo bajo observación.

Dadas las condiciones de Conde, la audiencia ante el Tribunal Sexto de Control se postergó para el lunes. El caso está a cargo Fiscalía de flagrancia, igual que los otros tres jóvenes detenidos junto con él y quienes fueron liberados el jueves con medida cautelar de presentación cada ocho días por instigación.

El caso de Conde no es aislado. Otro testimonio reciente de actuaciones en contra de los derechos de los detenidos tiene registrado el FPV en la región larense. Corresponde al caso de Erick Gómez, aprehendido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el 26 de julio en el sector Fundalara de Carora, municipio Torres, día de intensa represión y actuación de grupos armados en esa zona.

Según el relato de Gómez ese miércoles él iba caminando por la zona de conflicto y, asustado, detuvo la marcha cuando vio pasar a la GNB. Enseguida y sin dar razones los castrenses lo arrestaron.

En el destacamento, entre varios uniformados lo golpearon fuertemente y lo torturaron, incluso, aplicándole electricidad, contó el muchacho a los abogados del FPV. Los agresores dejaron de golpearlo por petición de otro funcionario. Lo trasladaron al Hospital Pastor Oropeza de Carora y desde allí lo remitieron al Hcuamp, donde le hicieron una cirugía y donde sigue recuperándose.

Ante esta situación, el equipo del FPV estudia la posibilidad de formalizar una denuncia ante la Fiscalía 21 por violación de principios fundamentales y tratos crueles e inhumanos.
En el Hcuamp, según datos de Funpaz, hay por lo menos cinco personas hospitalizadas por tratos crueles de parte de los organismos de seguridad durante protestas.

El domingo 13 de agosto falleció el joven Luis Guillermo Espinoza Castillo, herido por impacto de bala en la cabeza el pasado 5 de junio por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras participaba en una manifestación en Tulipán, San Diego del estado Carabobo. Su muerte fue confirmada vía Twitter por el alcalde de San Diego, Enzo Scarano.

Con gran conmoción, hago llegar mis condolencias a familiares de Luis Guillermo Espinoza (16) herido el 5 de junio en Tulipán, San Diego.

— ENZO SCARANO (@ENZOSCARANO) August 13, 2017

Alrededor de las 4 de la tarde del 5 de junio, Luis Guillermo Espinoza se encontraba en un plántón organizado en la avenida Don Julio Centeno de Tulipán, en San Diego,  cuando funcionarios de la GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron al lugar con la intención de disolverla y reabrir el paso de vehículos, para lo cual utilizaron bombas lacrimógenas y perdigones, relata la prensa sobre aquel día.

Testigos relataron que, en medio de la confusión, el joven corrió y cayó al suelo. En ese momento un funcionario de la GNB le habría apuntado y disparado a poca distancia en la cabeza.

Espinoza fue recluido en terapia intensiva de la Ciudad Hospitalaria Dr. Henrique Tejera de Valencia. El proyectil en la cabeza le ocasionó dos hematomas que le causaron edema cerebral, trascendió.

El adolescente, conocido por sus amigos como Totti, estudió bachillerato en un liceo de la urbanización La Esmeralda de San Diego y asistía a una academia de fútbol en este mismo municipio.

Con el homicidio de Espinoza, suman dos muertes a manos de agentes de la GNB durante protestas en Tulipán en 2017, recuerda la periodista Heberlizeth González.