Protestas 2017

El joven, el primero que murió en manos de los guardias nacionales durante las movilizaciones de 2017, cayó el 13 de abril del año pasado en Lara, el estado donde estos efectivos cometieron la mayor cantidad de asesinatos: 10 en total. Los victimarios, a pesar de haber sido solicitados por las autoridades, fueron trasladados a otras zonas y gozan de libertad plena

@KaryPerazaR

“MUCHOS DICEN SE CUMPLE UN AÑO, para mí es como si hubiera sido ayer. Es difícil mantener una sonrisa, aunque en ocasiones me desmorono, pero aún no acepto que Gruse está muerto”, comenta Ana Canelón, hermana del estudiante y comerciante Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo, de 32 años de edad, conocido también como Tony o Gruse, a quien  funcionarios de la Guardia Nacional le dispararon a quemarropa el 11 de abril de 2017 en medio de una manifestación en contra del gobierno que se registraba en el Distribuidor Bellas Artes en Cabudare, municipio Palavecino del estado Lara.

El joven, que fue torturado y estuvo dos días hospitalizado, murió el 13 de abril a las 3:00 am. Fue el tercer caído en Lara en el contexto de las protestas contra Nicolás Maduro del año pasado, aunque los disparos de perdigón que lo mataron los recibió el mismo día que las otras víctimas: Miguel Ángel Colmenárez y Brayan Principal. Por su muerte se libraron 14 órdenes de captura en contra de funcionarios de la GNB, quienes hoy en día siguen libres.

Tony fue además la primera víctima de los guardias nacionales durante las movilizaciones de 2017 y cayó justamente en el estado donde estos efectivos dejaron más víctimas fatales: 10 en total, de acuerdo con cifras recabadas por Runrun.es. En Miranda, 8 personas murieron en manos de los militares, mientras que otros cuatro lo hicieron tanto en Carabobo como en Táchira. En los cuatro meses de manifestaciones, los uniformados de ese cuerpo mataron al menos a 30 personas y, de estas, solo cinco superaban los 35 años de edad.

Ana está sentada junto a su prima Yicsney Rodríguez, a quien Tony solía presentar como su “hermanita menor” porque se crió con ellos. Ambas se encuentran de visita en el apartamento de Ana Cristina Herrera, la mujer que su hermano amó. No la ven como la cuñada, sino como una miembro de la familia.

Ana Cristina es la primera en hablar. Dice que en estos 365 días posteriores al asesinato de Tony, sus sentimientos han sido una montaña rusa. “Obviamente ya se vive de una forma diferente, sientes una ausencia, es algo que se va a llevar siempre”, afirma justo cuando rompe en llanto. El dolor no la deja hablar.

Ana Cristina y Tony tenían dos años de relación cuando a él lo mataron. Ella supo que su novio había sido muy activo en las protestas de 2014 y estaba consciente de que él quería un cambio para su país y estaba dispuesto a luchar por ello. En varias de las primeras manifestaciones de 2017 en Lara, Tony había participado. Sin embargo, a ella jamás le pasó por la cabeza que lo perdería en esa circunstancia.

“Me encantaría saber que esas personas están pagando, pero nada me lo va a devolver. Yo creo que se logró algo en Venezuela a raíz de tantas muertes, porque no fue él solo, fueron 130. Nunca vamos a decir que valió la pena, pero por lo menos decir que sirvió de algo, que tengan su reconocimiento, porque no todo el mundo tiene las agallas, incluyéndome”, sentencia Ana Cristina.

Entre la familia hay varios sentimientos encontrados en cuanto a lo que le pasó a Tony. Su hermano Alan está totalmente cerrado, busca  esconder lo que siente y no habla de lo sucedido. Sus parientes, aunque preocupados por su actitud, saben que es su forma de llevar el duelo.

Yicsney, la “hermanita menor”, lo percibe de otra manera. Ella desde 2014 también ha estado en las calles para exigir la Venezuela libre en la que quiere seguir viviendo. Siente rabia porque después de tantas muertes observa que todo sigue igual.  “Es complicado ver cómo la vida de tantos jóvenes vale solo un bono o una caja del CLAP”, dice.

En un momento de la entrevista, la joven lee en su teléfono un viejo escrito en el que explica cómo le cambió la vida al perder a Tony.

“Podría describir muchos cambios después de su partida en este primer año: como el vacío que dejó en nuestros corazones, (saber) que en las fechas decembrinas ya no estará presente, tratar cada día de entender por qué (se fue) de esta manera, preguntarme dónde está la justicia de mi país, buscar cada día explicaciones a la indiferencia de los venezolanos ante esta situación y ante lo que ha sucedido desde 2014, aprender a controlar cada sentimiento de dolor y de rabia. Desde el 13 de abril de 2017, simplemente nuestra vida dio un cambio de 180 grados, y no solamente para la familia de Gruseny Canelón (Tony), sino también para cada familiar de los jóvenes caídos… Es un pedazo de ti que se va con ellos, quedando una familia disfuncional, sueños que no se cumplieron, abrazos que no se dieron y miles de te amo que faltaron por decir”, lee.

Yicsney también reflexiona sobre cómo aún están en libertad los autores del crimen de Tony. Tiene esperanza de que aún se puede hacer justicia. Sabe que son crímenes de lesa humanidad y que no prescriben.

“Espero que cada responsable de cada una de esas muertes, de la muerte de Gruse, no estén libres. Espero que los representantes de la justicia de este país actúen conforme a los principios y valores. Espero un gobierno capaz de aceptar que está fallando; que su ideología sólo está llevando al pueblo venezolano a un abismo, espero que termine la violación de los Derechos Humanos. Solo espero la Venezuela libre por la cual lucharon esos jóvenes… Aunque vale acotar que nada de eso nos los devolverá, pero aliviará un poco el sentimiento de frustración de cada uno de nosotros”, sentencia.

Represión y tortura

Aquel 11 de abril, Tony debía irse para Carora junto a Ana Cristina, quien estaba en casa de su familia. Tenían previsto reunirse para la Semana Santa, pero Cabudare y Barquisimeto estaban colapsados por las manifestaciones. “Todo está trancado. Es bueno, por la lucha, pero tengo muchas cosas que hacer”, decía al otro lado de la bocina Tony, al tiempo que su novia le pedía que se quedara tranquilo y le recomendaba que al día siguiente emprendiera el viaje.

A las 6:00 pm, Tony tomó una foto de su rostro y se la envió a su novia con un “te amo”. Desde ese momento, el joven se instaló con un grupo de vecinos a las afueras de la urbanización Tarabana Plaza. Allí miraba a los manifestantes cuando repentinamente llegó un grupo de la Guardia Nacional que comenzó arremeter contra los presentes. Algo observó que lo hizo correr hacia el distribuidor. Dicen que su gran corazón y ganas de ayudar lo empujaron, porque en ese instante estaban deteniendo a una persona que se estaba herida. Tony quiso salvarla, pero al llegar se topó con un hombre que portaba un uniforme verde.

En el ambiente lo que se respiraba era el olor a bombas lacrimógenas, se escuchaban gritos y detonaciones, los guardias nacionales arremetían sin piedad. Tony estaba en el piso y el militar con quien se había encontrado agarró su arma, lo apuntó y a menos de un metro de distancia le disparó en uno de los costados.

Tony se quejaba. Desde allí, él y varios manifestantes fueron llevados hasta la parte de abajo del Distribuidor Bellas Artes. Los comenzaron a golpear, pero en ese momento llegó un funcionario de la Guardia Nacional herido y fue cuando el camión decidió arrancar para auxiliar al uniformado, no sin antes llevarse a varios detenidos. Al menos seis personas en calidad de arrestados iban en el camión y en el trayecto eran golpeados.

Tony pudo sacar su teléfono celular y le envió una nota de voz a un amigo. “Me llevan preso al Hospital Militar, voy disparado, voy herido. Ayúdame por favor”, dijo en el mensaje. Pero nunca llegó al centro asistencial. Se lo llevaron hasta el Destacamento 121 de la GNB, ubicado en la avenida Morán de Barquisimeto.

En el lugar, bajaron a los detenidos y el camión arrancó con el castrense herido. A los manifestantes los arrodillaron, comenzaron a patearlos y golpearlos con los cascos. Tony les decía que estaba herido que lo llevaran a un centro asistencial, pero los uniformados no le prestaron atención a sus súplicas. Quienes fueron arrestados ese día, relataron que hubo un momento en que lo separaron del grupo y se escuchó una segunda detonación. Cuarenta minutos después, lo trasladaron al Hospital Central Antonio María Pineda. A las 8:40 pm, Tony fue recibido en el área de emergencias del centro de salud, con dos impactos de proyectiles en los costados, disparados muy de cerca.

Tony llegó hablando a pesar de la cantidad de sangre que había perdido y de inmediato dio el número de su novia para que le comunicaran dónde estaba. A Jesús Guarecuco, quien para aquel momento era el presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes (Somir), le aseguró que los guardias nacionales le habían disparado y relató ante él y un representante del Ministerio Público algunas de las torturas de las que fue víctima.

La hermana de Tony, Ana, fue la única que pudo hablar con él antes que fuera operado. Le dijo que estaba bien, que iba a salir de eso, le confirmó que sus victimarios habían sido funcionarios. Pero al ingresar a pabellón, entró en shock.

Ana, quien es abogada, tuvo acceso al expediente de su hermano. Hoy, explica que cuando leyó todas las entrevistas de las personas que estuvieron detenidas con él, entendió porque Tony estaba tan mal. No sabe cómo soportó tanto.

La hermana de Tony sostiene un retrato suyo

Guarecuco, el médico tratante, explicó en aquellos días que la persona que le disparó a Tony estuvo a menos de un metro de distancia porque su herida era grande y profunda, con un diámetro de entre seis y siete centímetros. El disparo le causó una lesión hepática grado 4 y otra en el colon con múltiples heridas, por lo que tuvieron que quitarle la mitad del órgano; también sufrió daños en riñón, diafragma y pulmón izquierdo. Recibió muchas transfusiones porque perdió mucha sangre. A pesar de que tenía todo lo que necesitaban, porque sobraron donantes y medicamentos que sus amigos llevaron, los médicos no pudieron hacer nada por el muchacho.

Justicia paralizada

Una vez se conoció de la muerte de Tony, el caso que había sido iniciado como una lesión por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Subdelegación San Juan, fue tomado desde cero por efectivos del Eje de Homicidios del Cicpc Lara, dirigidos por Carlos Muñoz, Fiscal 21 con competencia en Derechos Fundamentales del Ministerio Público.

Por este crimen entró en el caso la Unidad Criminalísticas Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del MP de Lara, que practicó la autopsia a la víctima y evidenció que tenía dos heridas producidas por un arma de fuego, ambas de gran proporción. Alrededor de estas había pólvora deflagrada no combustionada, formando lo que se conoce como tatuaje.

Al abrir el cuerpo, los forenses se encontraron con municiones de dos armas distintas. En una usaron un cartucho de polietileno cuyo tapón fue encontrado en su interior. En la otra fueron esferas cilíndricas más grandes, también de goma, todas colectadas como evidencia. Así mismo observaron lesiones en las rodillas, espaldas, golpes en el cuerpo y el rostro.

El segundo paso fue hacer la reconstrucción de los hechos en el sitio del suceso, donde colectaron cartuchos y algunos elementos. Se hizo el “barrido” a dos camiones de orden público de la GNB donde llevaron a Tony y donde se presume que lo montaron la primera vez. En ambos encontraron indicios de que allí estuvo. Tras varias entrevistas se logró identificar a los guardias que habían actuado contra Tony, a los autores de su tortura. Sin embargo, no se pudo señalar quienes habían disparado.

La orden de captura fue emitida por Carlos Torrealba Gamarra, Juez de Control 7, el 18 de abril del 2017, bajo el número de oficio 4071 y llegó a manos del Fiscal 21 el miércoles 19 de abril a las 6:55 pm, cuando la firmó como recibida. La foto del documento fue divulgado por Twitter por el abogado Pedro Troconis, quien era coordinador del Foro Penal capítulo Lara para aquel entonces.

Tarek William Saab, defensor del Pueblo en esos días y hoy fiscal general de la República designado por la asamblea nacional constituyente, ratificó la información y también a través de su cuenta en Twitter solicitó a las autoridades que los funcionarios fueran puestos a orden del juez de forma inmediata.

Los militares fueron identificados como: Lucindo José Parra Mendoza, José Ángel Rodríguez Pérez, Jorge Luis Chirinos Perozo, Carlos Enrique Urbaneja Villamizar y Orangel David Morán Sánchez, estos cinco con el rango de Sargento Primero; los Sargentos Segundos Alí Froilan Meléndez Muñoz, Yomar Alexis Pérez Camacaro, Wilmer Alberto Arriechi López, Jackson James García García, Edixon Antonio Silva Almao y Marcos Gabriel Sánchez Peroza; el Sargento Tercero Pastor José Oviedo Mariño; Yanin Alejandro Vera Rodríguez, quien es  Sargento Mayor de Tercera y el Capitán Wilfredo Ramón Pirela, funcionario de mayor rango y quien aparentemente estaba al mando de la comisión

Los mismos fueron llamados por el Comando de Zona 12 de la GNB Lara. Se creyó que los entregarían, pues en poder del MP estaban todas las evidencias que los incriminaban de forma directa con el crimen de Tony. Desde el Cicpc estaban atentos para la aprehensión, pero nunca se dio. Ese mismo día se conoció, a través de sus compañeros, que los 14 uniformados fueron enviados en un avión a Caracas al comando General de la GNB. Allí estuvieron un tiempo y hasta salieron a reprimir protestas en Caracas. Hoy gozan de plena libertad.

14 guardias nacionales están solicitados por el asesinato de Tony Canelón

Sus nombres no aparecen en sistema aunque poseen una orden de captura. El Ministerio Público, en manos de Saab, ahora calla. El fiscal que llevaba el caso renunció, aunque estaba en la lista de los destituidos cuando llegó la gerencia nueva y desde los tribunales se hacen de la vista gorda. El juez que lleva el caso ni habla del tema.  

Lo que sucede con el caso de Tony también ha pasado con otras dos víctimas de la GNB en Lara: Manuel Sosa, asesinado en la urbanización Valle Hondo de Cabudare, y Eyker Daniel Rojas, muerto en la calle 61 de Barquisimeto. Los efectivos responsables fueron solicitados, pero el comando larense jamás informó sobre su paradero.

La impunidad ha arropado la mayoría de los homicidios cometidos por los guardias nacionales en las protestas. De los 30 procesos judiciales abiertos, solo dos tienen a funcionarios tras las rejas: el de Fabián Urbina, ocurrido en el Distribuidor Altamira de Caracas, cuyos victimarios esperan por la audiencia preliminar; y el de Manuel Castellanos, acaecido en Tucapé, estado Táchira, quienes habían sido imputados el año pasado.

Conexión espiritual

Ana Cristina y Yicsney, novia y prima de Tony

A pesar de lo traumático y repentina que fue la muerte de Tony, sus familiares creen que está bien.

Ana Canelón cuenta que han ido a un/a médium para saber de él y lo han observado feliz y en paz, aunque les contaron que al principio les costó conseguirlo. Tan solo ha pedido que no lo lloren mucho y hasta ha reprochado que lo enterraran descalzo. Dicen que se reencontró con su padre, quien también murió de forma trágica tras ser asesinado al resistirse al robo.

Ana Cristina asegura que lo ha soñado. Le ha preguntado si lo volverá a ver y hasta ha sentido abrazos tan reales que para ella ha estado allí con ella. En la búsqueda de explicaciones, llegó a leer al menos 15 libros sobre las conexiones después de la muerte y en estas ha encontrado reconfortarse con mensajes que, ella dice, han sido enviados por él. Todos han aprendido a ser más unidos como familia y Ana, su hermana, se ha permitido vivir más la vida como lo hacía Tony, aunque el dolor siga intacto.

Marbelis Giménez, madre de Brayan Principal, en su casa

Hace un año mataron al primer menor de edad que cayó en el contexto de las manifestaciones de 2017. El adolescente de 14 años fue víctima de un balazo disparado por un hombre a quien identifican con los colectivos armados de Barquisimeto. Su familia está a la espera del inicio del juicio

Texto y fotos: Karina Peraza Rodríguez | @KaryPerazaR

LA ÚLTIMA VEZ QUE LO VIO, Brayan David Principal Giménez, de 14 años de edad, estaba en una casa muy alta. Se veía alegre, enérgico y vestido como siempre andaba. Le gritó para saludarla y ella, que estaba al otro lado de la vivienda y embargada de alegría, sintió fortaleza porque así supo que el mayor de sus cinco hijos estaba bien. Luego, abrió los ojos, volvió a la realidad. La tristeza la invadió porque, otra vez, se trataba de un sueño. Su hijo no estaba con ella. No lo está desde el pasado martes, 11 de abril de 2017, cuando fue baleado en medio de una protesta antigobierno que se desarrollaba en horas de la noche a las afueras del urbanismo Alí Primera, una “Misión Vivienda” ubicada al norte de Barquisimeto, en el estado Lara. De ese impacto en al abdomen, el adolescente nunca pudo reponerse. Murió al día siguiente.

El vacío se siente en el apartamento 3 de la torre 17 C del mencionado urbanismo donde residía Brayan desde 2014 junto a sus padres, abuelos y cuatro hermanos menores. Su madre, Marbelis Giménez, tenía nueve meses de haberse quedado viuda. Su esposo murió por las múltiples complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que sufría, una enfermedad incurable del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. Desde hace seis años, cuando se le detectó el padecimiento, los médicos le habían advertido a la mujer que la vida de su pareja sería corta, así que ella se dedicó a atenderlo. Lo mismo hacían sus hijos, en especial Brayan, quien había pasado a ser el hombre de la casa. En él ella había depositado todos sus anhelos, pensaba que cuando creciera un poco más la iba ayudar.

“Él era mi esperanza porque era el mayor de todos. Me duele mucho que en estos momento no esté conmigo, me duele en el alma, me duele en el corazón, como madre. Quisiera tenerlo y abrazarlo”, expresó Marbelis, con sus ojos claros llenos de tristeza. La pérdida de su esposo y la de su niño fueron tan duras que, durante las semanas posteriores a la muerte de Brayan, no le provocaba ni comer. “No hacía más que llorar y abrazar su ropa”, acotó.

María Elizabeth Giménez, tía de la víctima, explicó que el joven era muy apegado a su abuelo y solía ayudarlo en una bodega. Allí hasta vendía panes para ayudar a su mamá. Pero la pérdida del muchacho hizo que todo cambiara. La nostalgia dejó sin fuerzas al abuelo y con estas se fueron también las ganas de abrir otra vez su negocio. Para escapar del dolor, decidió mudarse a Acarigua a principios de este año, una situación que devastó a Marbelis, quien hoy se siente más sola que nunca sin sus padres en casa.

“A mi papá le pegó fuerte. Él no se hallaba aquí, así como yo. A veces salgo, llego y vengo pensando en él, en que su vida fue corta. Por culpa de esas protestas en contra del gobierno, mi hijo está muerto”, sentenció.

Los hermanos de Brayan –dos niños de 13 y 10 años de edad, y dos pequeñas de 6 y 7 años– preguntan mucho por él. En hojas y en paredes de su apartamento le han hecho pequeños  homenajes, le dicen cuánto lo aman y extrañan. Marbelis ojeó un “Proyecto de vida” que él entregó en su escuela y pensó en que ninguna de las metas que allí plasmó las pudo cumplir. Tenía en mente tres carreras: quería ser marino o ingeniero petroquímico, aunque su mayor anhelo era ser del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Para ese mismo trabajo que hizo al culminar el sexto grado, pintó una lámina con el logo de la institución, el mismo que hoy reposa en las paredes de su casa, a un lado de las pancartas y escritos realizados por su madre. En el proyecto nombraba mucho a su familia, porque para Brayan eso era lo más importante.

Crimen confuso

Entre las 8:00 y 8:15 pm del 11 de abril, Marbelis envió a su hijo a comprar una masa o unas empanadas, lo que consiguiera para cenar como ya lo había hecho en otras ocasiones. Brayan caminó hasta la entrada del urbanismo, donde suelen ubicarse muchos vendedores. Supo que en la vía principal, a unos ocho metros de donde él estaba, había una manifestación en la que quemaban cauchos.

Los vecinos de la urbanización Yucatán levantaron esa noche una barricada, tal como lo habían hecho en múltiples sectores de Barquisimeto en aquellos días. Los residentes de Alí Primera, afectos al Gobierno, salieron para confrontarlos. Hasta ese momento, el enfrentamiento no había pasado de los insultos. Pero de pronto se formó una balacera.

Todos corrieron y allí estaba Brayan, quien se había asomado justo en el momento equivocado. Un proyectil que entró por el costado izquierdo, le perforó linealmente el abdomen y salió por el costado derecho, lo derrumbó. Un adolescente de 17 años, residente de Yucatán, también resultó herido. A ambos los trasladaron hasta el ambulatorio María Sequera de Tamaca y, de allí, los remitieron de inmediato a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto.

Algunas versiones indican que Brayan David caminó y pidió ayuda. Lo cierto es que se lo llevaron mientras que a Marbelis le fueron a avisar tres vecinos, pero ella no podía creer lo que había sucedido. En medio del asombro y la angustia, se quedó encerrada en el urbanismo. Nadie pudo entrar, ni salir esa noche de Alí Primera. Los colectivos y las barricadas levantadas por los manifestantes hicieron imposible que alguien pudiera moverse de allí.

A Brayan lo asesinaron en la entrada de la Misión Vivienda Alí Primera

María Elizabeth, la tía de Brayan, fue quien se trasladó con su esposo al hospital y desde allí llamó a cada instante a Marbelis para darle noticias del niño. El proyectil le perforó por completo el intestino al muchacho y, además, le afectó la columna vertebral. Su tía nunca lo pudo ver, pero la médico tratante le explicó que iba a quedar en silla de rueda, sus necesidades fisiológicas las haría a través de una bolsa.

“A él lo operaron y le colocaron tripitas de plástico. Justo a las 2:08 de la madrugada que estaba en quirófano quedó dependiendo de una máquina, para mí fue en ese momento que murió. Sin embargo, nos decían que estaba estable”, comentó María Elizabeth.

A las 5:00 am del 12 de abril, Marbelis y sus padres pudieron llegar finalmente al hospital donde estaba Brayan. Una hora después, la cirujana le explicó que el adolescente sería sometido a una segunda intervención a las 8:00 am. Pero alrededor de las 11:00 am llegó la peor noticia. “No pudimos hacer nada”, dijo la médico al anunciar la muerte del chico de 14 años, el primer menor de edad caído en una protesta antigobierno de los 20 que se registraron durante 2017. Fue la segunda víctima en el estado Lara, donde hubo dos decenas de muertos en los 120 días que duró el conflicto en las calles.

Brayan fue uno de los seis jóvenes, menores de 18 años, asesinados por las balas de los colectivos paramilitares durante 2017. Hubo otros siete chicos que fueron víctimas fatales de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado. También se reportaron otros seis cuyo victimario hoy se mantiene desconocido y uno que resultó muerto por un civil. De los 20 que murieron, 15 eran estudiantes. En total, 17 fueron impactados por armas de fuego con municiones que iban desde proyectiles, hasta balines metálicos y bombas lacrimógenas. También hubo un arrollado, un asfixiado y un electrocutado.  

La mayor cantidad de homicidios de menores de edad en las manifestaciones se presentó en Táchira, donde cayeron seis adolescentes. En Carabobo, Distrito Capital y Miranda perdieron la vida cuatro muchachos por estado.

“Dios sabe hacer sus cosas, como le digo a mi hermana. Dios no va a dejar un niño sufriendo en este mundo, pasando trabajo. Iba a quedar en silla de ruedas, a orinar en una bolsita y hacer pupú. Era un niño activo que no dependía de nadie, muy inteligente para quedar así”, señaló la tía de Brayan al recordar al pequeño.

El colectivo y las amenazas

En un primer momento, el abuelo de Brayan declaró que habían sido funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) los victimarios del joven y, por esto, el caso cayó en manos de Carlos Muñoz, Fiscal 21 con competencias en Derechos Fundamentales. Pero poco después se descartó esta hipótesis y se hizo cargo la abogada Cristina Coronado, quien era Fiscal 20 del Ministerio Público en aquel entonces.

Las versiones que le daban a Marbelis era que el disparo había salido de Yucatán y hasta hablaron de la presencia de un vehículo, historia que se repetía en las declaraciones. Del otro lado, sin embargo, aseguraban que eran colectivos.

Tras una investigación por parte del Ministerio Público y funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Lara, se determinó que el proyectil que asesinó a Brayan David Princial Giménez, vino del mismo urbanismo Alí Primera. Presuntamente, quien disparó fue “El Maracucho”, un mototaxista de 29 años de edad que describen como “mala conducta” y miembro de colectivos armados. El primer día de los hechos, las autoridades lo interrogaron, pero luego lo dejaron en libertad. Un mes después, entre el 20 y 23 de mayo, fue detenido por orden del Tribunal de Control 2 del estado Lara.

Héctor Yohan Zapata Felice es el nombre de “El Maracucho”. Varios testigos confirmaron que había sido él quien había jalado el gatillo. Las experticias de balísticas, acompañadas de otra serie de pruebas científicas, fueron usadas para privarlo de libertad y acusarlo por homicidio calificado por motivos innobles y lesiones personales graves en grado de complicidad. Por este caso también se libró una orden de captura contra Jairo Janer Rivas Rivas, líder de Las Sábilas, el urbanismo más peligroso de Barquisimeto, quien aunque no pertenecía a ningún colectivo, figuraba como cómplice por haber prestado el arma y estar presente en el momento del asesinato de adolescente. Sin embargo, Rivas murió en manos de una comisión del Cicpc en enero pasado, antes de que lograran detenerlo.

La  audiencia preliminar del caso ya se realizó y “El Maracucho” no admitió los hechos. Para el próximo 24 de abril está programado el inicio del juicio. La madre del acusado, quien reside en la torre 15 de Alí Primera, amenazó a Marbelis días antes de que se cumpliera un año de la muerte de Brayan. Le pidió que retirara la denuncia por las buenas o por las malas.

Hoy, la madre del caído no siente temor por ella, aunque sí por sus hijas. Lo único que pide es justicia y que el victimario pague por el crimen. Confía en que si el Cicpc investigó lo sucedido y señaló a “El Maracucho” como el culpable, es porque así fueron los hechos. “No fue un perro a quien mató, no fue un animal, fue a un ser humano, a un menor de edad, a un niño que tenía solamente 14 años y que no estaba en protestas”, recalcó Marbelis.

Gobierno desaparecido

Cuando todo ocurrió, voceros del gobierno de Nicolás Maduro se hicieron eco del asesinato de Brayan, acudieron al sepelio y hasta condenaron los hechos. Aseguraron que eran manifestantes opositores quienes habían disparado. Tomaron dicho crimen como bandera política, dijeron que habían asesinado a uno de los suyos.

Desde la Comisión de la Verdad, presidida por Delcy Rodríguez, viajaron a Lara, escucharon a Marbelis y a otras víctimas a quienes iban a indemnizar. La madre de Brayan relató en aquel momento que, en medio de su dolor, tenía necesidades: una nevera, camas y un trabajo. Desde abril hasta junio de 2017 hubo contacto. Pero lo prometido quedó en el aire. Nadie la ayudó y su apartamento aún está vacío y con más carencias que antes.

El urbanismo Alí Primera, al oeste de Barquisimeto

Por su cuenta, Marbelis redactó una carta a mano y la introdujo en el Ministerio de Educación en Lara para solicitar trabajo. Eso, dijo, es lo único que le fue otorgado. Hoy es obrera en la institución educativa del urbanismo. Lo agradece y con eso se ayuda, pero no trabaja todos los días porque la situación económica la ha arropado; confiesa que pasa mucha hambre, porque hay días que no tiene qué comer. Viaja a Acarigua, en Portuguesa, donde sus padres la ayudan. Hace unos días se trajo un kilo de caraotas y dos de maíz, que le rendirán por tres días a ella y sus cuatro hijos, siempre que los acompañe con arepa. La bolsa del CLAP le llega cada tres meses y solo se la venden si llegan completas las 4.000 destinadas al Alí Primera.  

La mujer, a quien se le siente una voz suave pero triste, expresa que ella y sus hijos son más felices cuando están en otro lado. No se ve y tampoco quiere que sus hijos crezcan en ese urbanismo. La falta de comida, la inseguridad y lo más importante su niño, su esperanza, ya no están.

Familiares de la primera víctima que cayó en medio de las movilizaciones antigobierno del año pasado esperan, desde noviembre, la fecha del juicio al uniformado que disparó contra el joven de 19 años. Un año después de su muerte, admiten que Jairo sí participaba en la manifestación

@loremelendez

HABÍA ALGO EN LA MIRADA de Jairo Joan Ortiz Bustamante que lo hacía ver como un joven dulce. Enmarcada en esas cejas pobladas, esa mirada que demostraba inocencia –como dijo su madre, Carolina Bustamante– fue la que se quedó en las imágenes suyas que hoy, a un año de su asesinato en medio de las protestas de 2017, circulan por las redes y por la web. El suyo es el primer nombre que aparece en las listas de las víctimas del año pasado, porque fue el primero que cayó entre las barricadas y la represión. La noche de aquel 6 de abril, lo mató de un balazo en el pecho un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se acercó sigilosamente hacia la barricada donde estaba, a unos cuantos metros de los edificios de Montaña Alta, en Carrizal, estado Miranda, donde vivía.

“Él se la daba de rudo, pero muy dentro de él era muy sentimental”, rememoró su madre desde Aruba, donde reside desde 2016. Recordó lo mucho que le gustaba leer, escribir poesía y saborear el café. Aseguró que, de haber estado junto a él esa noche, también se hubiese ido a manifestar.  Admitió que todos los aspectos de su vida se trastocaron luego la muerte de su primogénito, el primero que a diario le deseaba los buenos días, vía telefónica; el que se despedía de ella sin falta cada noche, y el que le decía constantemente que la amaba porque, como él le repetía, “esas cosas tenían que expresarse”. “Lo que hago es escuchar sus mensajes de voz. Leer sus poemas, porque lo que me quedaron fueron sus poemas”, afirmó.

Esa sensibilidad de Jairo Johan –quien estudiaba para entonces tercer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” en La Yaguara– también la citó Alexander Sirit, su mejor amigo, el mismo que estaba a su lado cuando se desplomó por el tiro. “Él era muy espontáneo, bastante misterioso. Él era muy profundo, le gustaba mucho escribir, era muy correcto. Era bastante culto y valiente, era una persona extraordinaria”, señaló el joven que vivió la peor noche de su vida cuando comprobó que quien había sido su más leal compañero desde 4to grado de primaria había sido asesinado. “Yo siento que voy a estar afectado toda la vida por esto”, apuntó.

Esa noche, la del 6 de abril de 2017, Montaña Alta era noticia. Se había transformado en un vecindario convulso. Tras el estallido de las protestas, seis días atrás, las calles se habían convertido en zonas de manifestaciones, en terrenos del descontento y de la crítica antigubernamental que los cuerpos de seguridad del Estado reprimían con gases lacrimógenos y perdigones. Eran alrededor de las 7:00 pm cuando Jairo Johan decidió bajar de su apartamento para unirse a los jóvenes que habían cerrado la vía principal que conducía a su casa: la carretera Panamericana. Todo lo hacía para reivindicar una frase que siempre pronunciaba: “No me quiero ir sin antes haber luchado por mi país”.

Jairo Johan tenía planes de emigrar a Colombia en noviembre de 2017 junto a su novia. El día que lo mataron, no había podido conseguir la cita para apostillar sus documentos académicos, un paso imprescindible para poder continuar sus estudios, tal como quería, en la nación vecina. Karina Bustamante, la tía con quien vivía desde hace un año, contó que la frustración por no haber logrado la fecha para hacer el trámite pudo haber impulsado a su sobrino a salir a manifestar.

Alexander relató un detalle crucial de aquel día: ambos se habían hecho una promesa antes de encapucharse. “Siempre vamos a estar juntos y no vamos a hacer nada estúpidamente peligroso como, por ejemplo, colocarnos entre los primeros manifestantes”, acordaron los compañeros. Allí estuvieron en protesta durante un par de horas en medio de las barricadas. Corrieron cuando la Guardia Nacional quiso acorralar al grupo, admiraron a un muchacho que se había negado a retirarse pese a las heridas de perdigón que tenía en el cuerpo, gritaron contra los uniformados que los atacaban. Jairo Johan le había dicho a Alexander que se irían cuando empezaran a lanzarles “gas del bueno”. Pero antes de que eso sucediera vino la tragedia.

Al victimario lo habían visto en una actitud que les pareció sospechosa: el PNB, cubierto con su equipo antimotín, empezó a avanzar lentamente hacia quienes protestaban. Los jóvenes, al darse cuenta, le respondieron con insultos. Jairo Johan lo maldijo.

Mientras los ánimos se caldeaban, y el cielo se cubría de piedras y bombas molotov, Alexander y Johan decidieron retroceder y ubicarse en la mitad de la manifestación. El primero, de brazos cruzados, pensaba en varias conversaciones previas que había tenido con el segundo: desde creerle o no a la fiscal su posición antigobierno, hasta la advertencia que uno de sus amigos le había hecho al verlos encapuchados. “¡Mosca!”, les había gritado para alejarlos del peligro inminente. Fue justo en medio de ese recuerdo cuando escuchó la detonación. Jairo Johan, a su lado, comenzó a desplomarse. Cayó al suelo su gorra, luego, sus rodillas; luego, el resto de su cuerpo boca abajo. De inmediato, cuando su amigo lo tomó de los hombros para levantarlo, comprobó que estaba inconsciente y con los ojos cerrados. Entre él y varios manifestantes se lo llevaron a una clínica que quedaba a pocos metros de las barricadas. En el camino, un paramédico descubrió la herida que había perforado el tórax de la víctima. En el centro de salud intentaron revivirlo, pero ya era demasiado tarde.

Cuanto todo pasó, no había nadie en la casa de Jairo Johan. Su tío político, Julio Grillet, estaba con su madre en Los Teques; su tía, Karina, con sus padres en Guarenas. A ambos los llamaron para avisarles, pero la impresión era tal que ninguno lo creyó de buenas a primeras. Minutos después, el nombre y las fotos del muchacho estaban en las redes sociales. A las 9:40 pm de ese 6 de abril, había muerto la primera víctima en medio de las protestas de 2017.

Lo siguiente fue la llegada de la familia entre las alfombras de vidrio y los cartuchos de perdigones en que se habían convertido las vías por las botellas quebradas en la refriega, las explicaciones a los uniformados que no permitían el tránsito por la Panamericana, los trámites entre la clínica y la morgue de Los Teques, en Miranda; las llamadas de los familiares que, desde otras latitudes, se habían enterado vía Twitter del suceso. En medio de todo, estuvo el momento de avisarle a la madre de Jairo Johan que su primogénito había sido asesinado cuatro días antes de que ella viniera a Venezuela a visitarlo. Cuando la contactaron, ella ya llevaba rato tratando de comunicarse con su hijo porque no había recibido sus buenas noches y no había escuchado su voz desde las 5:00 pm. Sabía que Montaña Alta estaba en llamas, pero no que había perdido a su muchacho.

Un pequeño fragmeto de un poema escrito por Jairo Johan Ortiz el 21/03/17 “Quiero entregarle un secreto al amar”. Quiero entregarle un secreto al mar, quiero irme a ese lugar donde se junta el cielo con el mar, donde la vida es eterna y es tan perfecta que te cuesta respirar, donde algo como pensar es algo sobre natural, y la ley de amar solo se dicta con el corazón-. Nada aliviara mi dolor,nada me devolvera a mi hijo, pero sera recordado como un heroe al igual que los otros jovenes asesinados bajo este nefasto gobierno. #provihidoolvidar #justicia#Angel#poeta #jairoortiz #runrunnes @vzla_resiste2017 @heroespor_venezuela

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Tanto Karina como Carolina recordaron que, al día siguiente, no pudieron llevar a Jairo Johan a la funeraria de Carrizal. El sitio había sido rodeado por motorizados encapuchados. Los colectivos paramilitares de la zona habían amenazado con incendiar el lugar si recibían el cuerpo de la víctima. La carroza fúnebre tuvo que desviarse hacia una sala velatoria en El Tambor, estado Miranda, para que allí su familia pudiera decirle adiós.

Juicio sin fecha

Un año después de la muerte de Jairo Johan, la dinámica de la familia ha cambiado. Ya no están en Montaña Alta, sino que viven en Guatire, a donde los abuelos del joven –que ayudaron en su crianza– se habían retirado unos meses antes de la tragedia por problemas de salud. A esto se une su lucha por lograr justicia en el caso del muchacho. Julio Grillet, tío político del joven y esposo de Karina, ha sido la cara más visible del proceso judicial, el pariente que se ha hecho cargo de hacer las diligencias ante las instituciones mientras que el resto del grupo se recupera del golpe. Ha sido él quien ha aclarado que la víctima no simpatizaba con el gobierno, como lo quiso hacer entender el padre de Jairo a través de una llamada que hizo a Venezolana de Televisión.

Rohenluis Leonel Rojas Mara es el nombre del victimario de Jairo Johan. Fue detenido la misma noche del asesinato y se declaró culpable del crimen desde el principio, acción que podría rebajarle los años de cárcel a los cuales lo deben sentenciar. A pesar de la admisión del delito, la audiencia preliminar –que debe efectuarse en un lapso máximo de 20 días de despacho, según el Código Orgánico Procesal Penal– tardó siete meses, entre mayo y noviembre del año pasado, en llevarse cabo. Desde entonces, los familiares no han sido notificados de cuándo comenzará el juicio contra el policía.

Karina, que echa de menos a diario a ese sobrino “familiar e introvertido” que un balazo le arrebató, cuestiona la actuación de la justicia en el país. Se pregunta por qué ha tardado tanto el proceso, por qué no se han hecho señalamientos contra la cadena de mando de la PNB. “Yo también pienso en la familia del muchacho que lo asesinó, porque al final todos somos víctimas de este régimen”, dijo.

El abogado detenido desde 2014 por razones políticas Marcelo Crovato logró escapar este sábado del país cruzando la frontera hacia Colombia junto a su pareja, Elly Arrellano, y sus dos hijos.

El abogado de origen argentino se encontraba detenido desde el 22 de abril de 2014, cuando le brindaba asistencia legal a un grupo de personas a quienes las fuerzas de seguridad del estado les allanaban sus residencias

La fuga fue confirmada por el propio Crovato a través de las redes sociales,donde retuiteó un mensaje de respaldo de la diputada argentina Cornelia Schmidt, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien en febrero pasado pidió por su libertad ante el embajador venezolano en Argentina, Carlos Martínez Mendoza.

“¡Una gran alegría que junto a tu familia puedas respirar aires de libertad!”, escribió la legisladora en Twitter, a lo que el jurista respondió: “Cuando crucé lo primero que hice fue voltear hacia Venezuela, renovar la promesa y saludar con la seña Scout, comprometido a servir a la Patria. Mi promesa está viva, Scout por un día y para siempre como me enseñaste. SIEMPRE LISTO”, afirmó el hombre.

Este domingo se esperaba  su llegada a la ciudad de Buenos Aires.

El gobierno argentino había solicitado la liberación de Crovato hijo de madre argentina y padre venezolano. El abogado padece una grave enfermedad por lo que se habían comunicado con miembros del Congreso argentino indicando que necesitaban de ciertos medicamentos escasos en Venezuela.

En medios diplomáticos se sostenía que Crovato no era liberado, como consecuencia de la dura posición que ha tenido el presidente argentino Mauricio Macri contra el gobierno de Nicolás Maduro

Familiares de ocho de las 158 víctimas que cayeron durante las manifestaciones del año pasado saludaron la iniciativa de la Corte Penal Internacional de verificar si ocurrieron crímenes de lesa humanidad en los cuatro meses de conflictividad

@loremelendez

Los padres de ocho jóvenes que fueron asesinados durante las protestas antigobierno de 2017 a manos de las fuerzas de seguridad comandadas por Nicolás Maduro, reclamaron este viernes, 16 de febrero, que las instituciones del Estado no habían cumplido con su obligación de investigar estos homicidios casi 11 meses después del inicio de las manifestaciones.

A través de un comunicado, que fue leído en rueda de prensa, afirmaron que la situación de impunidad y la negación de la justicia no los harán renunciar a su lucha por conseguir justicia en el caso de sus hijos. «Veremos cómo son castigados los responsables, no solo el que disparó, también el que dio la orden y el que pretendió ocultar la verdad», indicaron en el documento.

Los padres de Juan Pablo Pernalete, Neomar Lander, Miguel Castillo y David Vallenilla, asesinados en Caracas; Nelson Arévalo, a quien mataron en Barquisimeto, estado Lara; Rubén Darío González y Luis Guillermo Espinoza, a quienes les dispararon en Valencia, estado Carabobo; y César Pereira, cuya muerte fue causada por un policía municipal en Lechería, estado Anzoátegui, saludaron la iniciativa de la Corte Penal Internacional (CPI) de practicar un examen preliminar para verificar las denuncias que fueron presentadas en esta institución y que están relacionadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Maduro el año pasado.

«Nos mantenemos luchando porque se haga justicia en el caso de nuestros hijos y de todos aquellos que murieron o fueron heridos por agentes del Estado, quienes hicieron uso sistemático y desproporcionado de la fuerza para reprimir las manifestaciones pacíficas», subraya el escrito.

Cadena de irregularidades

Retardo procesal, inexistencia de imputaciones e investigaciones detenidas caracterizan los casos de estos ocho jóvenes que fueron asesinados por militares y policías durante los cuatro meses de manifestaciones de 2017.

José Pernalete, padre del estudiante Juan Pablo Pernalete, reveló que a pesar de que en mayo de 2017 la Fiscalía General de la República -que en ese momento estaba bajo el mando de la hoy exiliada Luisa Ortega Díaz-, determinó que el joven había muerto por el disparo de una bomba lacrimógena, e identificó al grupo de uniformados que estaba en el lugar, todavía no hay ningún culpable. «Ellos (el gobierno) saben quién fue el guardia nacional que lo asesinó, así como conocen toda la cadena de mando. El expediente está completo», aseveró.

«Si no se ha avanzado en el caso de Pernalete, que la Fiscalía ya resolvió, ¿qué podemos esperar los que no tenemos una audiencia como tal?», apuntó Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, quien insistió en que el muchacho, de 17 años de edad, había muerto por el golpe de una bomba lacrimógena disparada por la Policía Nacional, y no por un explosivo casero, como indicó el vicepresidente Tareck El Aissami.

Damaris Avendaño, madre de Arévalo, exigió que le muestren el rostro de quien mató a su hijo el pasado 16 de junio de 2017. Ocho meses después de los hechos, aseguró que el acta de defunción del joven de 22 años de edad, determinó que su muerte había sido causada por el impacto de arma de fuego en su cuello y no por un supuesto mortero que había explotado frente a él, como lo informaron las autoridades al momento del suceso. «¿Por qué no le dieron en una pierna si lo que querían era neutralizarlo? Si le hubiesen dado en una pierna, yo lo hubiera cuidado, no estaría muerto», sentenció.

David José Vallenilla, padre del joven Vallenilla, reclamó que el asesino de su hijo, un sargento de la Policía Aérea de la base de La Carlota, jamás había sido presentado ante un tribunal militar, a pesar de que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, declaró que lo habían identificado y detenido. Recordó además que el fiscal general nombrado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, había reconocido el homicidio como una ejecución extrajudicial.

Luis Castillo, padre del comunicador social Miguel Castillo, a quien mataron el 10 de mayo de 2017 en la urbanización Las Mercedes, en Caracas, rechazó que nueve meses después de su muerte, el Ministerio Público aun no haya identificado al soldado que le disparó al joven y que ni siquiera se reconozca que los disparos provinieron de los efectivos de la Guardia Nacional que estaban en el lugar. Lo mismo ocurre en el caso de Rubén González, en el que se niega que los militares estuvieron ese día en la manifestación en la que cayó en La Isabelica, en Valencia. «Yo tengo pruebas de que sí estuvieron allí, porque hay testigos que los vieron», señaló su madre, Dexy González.

Tampoco se ha imputado a los guardias nacionales que mataron a Espinoza, de 16 años de edad, a quien luego de dispararle en la cabeza, de acuerdo con el testimonio de su madre, Zulmi Espinoza, «le cayeron a patadas». El joven estudiante murió el 13 de agosto pasado, dos meses después de los hechos que lo dejaron internado en un hospital, y para esta fecha todavía no se ha entregado el resultado de la autopsia que le practicaron.

Zulimar Villegas, madre de César Pereira, denunció que la primera audiencia preeliminar del caso de su hijo – asesinado el 28 de mayo – se hizo el pasado 8 de febrero. Ese día, la defensa del policía inculpado insinuó que el video que evidencia que el uniformado disparó balines de metal contra el muchacho, de 20 años, podría ser un montaje.

Todos los padres defendieron el derecho a la protesta que sus hijos ejercían al momento de sus asesinatos y recalcaron que sus muertes se habían producido en medio de las acciones contempladas por el Plan Zamora que Maduro activó poco después del inicio de las manifestaciones. En total, 158 personas murieron en los cuatro meses de conflictividad.

La noche de este lunes 12 de febrero murió Anyelo Rafael Quintero Rivas, de 29 años de edad, joven que había sido herido durante las protestas de 2017 en la calle San Isidro del sector Trapichito, en Ejido, estado Mérida.

Quintero Rivas había recibido el impacto de un proyectil en la cabeza la noche del 28 de junio de 2017 durante una manifestación. Ese día recibió primeros auxilios al momento de su lesión y posteriormente fue trasladado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula), en la capital merideña, donde se mantuvo internado por más de siete meses hasta el momento de su muerte.

La información fue confirmada vía redes sociales por reporteros de Mérida y por la Asociación Civil para la Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos (Promedehum).

Q.E.P.D. #13Feb Lamentamos informar que esta madrugada murió el joven ANYELO QUINTERO quien fue herido de gravedad el 28 de junio 2017 durante las protestas en Ejido #Mérida pic.twitter.com/iDu6s7orps

— PROMEDEHUM (@promedehum) 13 de febrero de 2018

Atención..La noche (11:45pm) de ayer lunes #12Feb falleció en el Iahula Angelo Rafael Quintero(28) herido por arma de fuego en la cabeza durante las protestas que se registraron el sector El Trapichito de #Ejido el pasado 28 de junio del 2017..#Mérida..@ReporteYa.. @ElNacionalWeb pic.twitter.com/zUu8tJDlTX

— Leonardo León (@leoperiodista) 13 de febrero de 2018

Cuando se conoció el hecho, en junio pasado, el general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Mérida, Marlón Dulcey Parada, aseguró al diario El Nacional que ningún efectivo de su tropa había estado en ese momento en el sector donde había sucedido la tragedia.

Con la muerte del joven, el número de víctimas fatales en medio de las protestas en el estado Mérida llega a 16. En total, según cifras recabadas por Runrun.es, 158 personas murieron en todo el país durante los cuatro meses de manifestaciones antigobierno del año pasado.

Hacinamiento, torturas, falta de atención médica, enfermedades y retraso procesal son algunas de las irregularidades que se cometen en las cárceles y centros de detención militar que fueron denunciados en el informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos en los Centros de Reclusión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, elaborado por la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).

El informe fue presentado por el coordinador de UVL, Carlos Nieto Palma y por el periodista Javier Mayorca, quien fue parte del equipo encargado de realizar la investigación.

De acuerdo con los datos recabados en el informe, el hacinamiento en las cárceles militares se agravó el año pasado como consecuencia de las jornadas de protesta que se extendieron por todo el país entre los meses de abril y agosto de 2017, especialmente luego de la implementación del Plan Zamora. el cual había sido presentado por el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2016 que tendría como objetivo enfrentar los estados de conmoción y activar la “liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras del paramilitarismo que nos vienen de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha” incorporando a civiles a estas labores, dijo Maduro el 28 de diciembre de 2016.

El Plan Zamora se activó tras el recrudecimiento de las protestas a partir del 19 de abril del año pasado cuando se desplegaron las Fuerzas Armadas en labores de control de manifestaciones y se incorporan civiles, o colectivos a esas labores.

A partir de ese momento fueron pasados a la jurisdicción militar a los detenidos durante esas manifestaciones. Medida para hacerle frente a la posición fijada por el Ministerio Público, “cuya titular había comenzado a marcar distancia de la represión indiscriminada” que se estaba realizando y luego de que durante la segunda semana de abril de 2017 los fiscales encargados de tres casos solicitaron a los tribunales la liberación de los detenidos.

La respuesta del gobierno fue pasar a la justicia militar a los civiles detenidos durante las protestas. El ministro el general en jefe del ejército, Vladimir Padrino López, justificó la decisión señalando que “Cuando se ha agredido a un guardia nacional, se sustrae o se atenta contra bienes militares, actúa la Fiscalía Militar que está desplegada en todo el territorio nacional”. A partir de ese momento se multiplicaron las imputaciones a ciudadanos comunes por delitos como ultraje al centinela e instigación a la rebelión, previstos y sancionados en el Código Orgánico de Justicia Militar.

De esta manera, las cárceles militares, instalaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se vieron de pronto saturadas de arrestados  y tuvieron que habilitar espacios para albergarlos durante su detención.

A pesar de las dificultades para la obtención de datos sobre las condiciones internas, los investigadores de la organización lograron determinar que en las tres cárceles destinadas a albergar a procesados militares, Ramo Verde, La Pica y Santa Ana, hay un hacinamiento estimado en en 77,9% para finales del año 2017, cuando contaban con una población de 961 presos, 421 por encima de la capacidad de los centros que era de 540 reclusos.

La cárcel con mayor hacinamiento fue la de Santa Ana (estado Táchira) que alcanzó 214,2%  al sobrepasar en 150 reclusos su  capacidad para 70 detenidos.Le sigue Ramo Verde con una capacidad de 350 detenidos y con una población de 600 presos, donde la saturación se ubicó en 71,4%. La cárcel de La Pica cierra  el grupo con una sobrepoblación de 17,5%; 21 presos de más que llevaron al centro de 120 detenidos a 141.

Se estableció que a finales del año pasado 2.857 personas permanecían detenidas en 24 instalaciones de la GNB, de los cuales  2.482 eran procesados, y 304 penados, además habían 286 extranjeros presos en esas instalaciones. Vale destacar que esos comandos no cuentan con espacio para mantener a 85 mujeres privadas de la libertad para finales del año pasado.

Esta cifra  aumentó a 3.400 personas para inicios de este año, y de acuerdo a las estimaciones realizadas en el informe de UVL, “no hay perspectivas que las cifras puedan reducirse este año; el panorama es a que aumenten las detenciones como consecuencia de la represión de las manifestaciones que se podrían presentar en el transcurso de 2018”.

Además el informe recoge testimonios sobre el hacinamiento en los calabozos de la Dgcim, organismo que en su sede de Boleíta, Caracas, tiene una capacidad para albergar a 36 personas y llegó a tener a 200 detenidos durante la agudización del conflicto el año pasado, momento en el cual el hacinamiento se ubicó en 455%.

Torturas y maltratos

Otro de los aspectos denunciados en el informe fue la práctica de torturas, malos tratos y vejaciones a la población detenida en esos centros.

Hay casos de torturas que van  desde la exposición a polvo de granadas lacrimógenas;, golpes en el cuerpo, plantas de los pies, cabezas y costados; inserción de tachuelas entre las uñas, prácticas de asfixia a través de la aplicación de capuchas impregnadas de insecticida o toallas mojadas para ahogar a las víctimas;, privación del sueño y  exposición a bajas temperaturas por períodos prolongados de tiempo.

Además, los privados de libertad denunciaron la intimidación a sus familiares por parte de los funcionarios, el encierro en solitario por prolongados períodos  que terminaron causándole enfermedades intestinales a los detenidos por las limitaciones en el uso del baño, inmovilización prolongada, privación de alimentos y de visitas por períodos indefinidos, entre otros castigos.

Presos con la salud en el pico de un zamuro

El equipo de Una Ventana a la Libertad denuncia además el uso discrecional de la atención médica como una herramienta para doblegar a los privados de la libertad.

“Hay casos de reclusos que presentan enfermedades graves cuya atención médica se les niega bajo las más extrañas razones, como la falta de autorización de un tribunal, o que se trata de algo leve. Tenemos recogido el testimonio de un general que tenía un dolor en la mandíbula y no lo dejaban ir al médico hasta que se detectó que era cáncer; finalmente permitieron su traslado a un centro de atención”, señaló Mayorca.

Muchos detenidos son torturados durante los primeros días de su ingreso a las celdas del Sebin o de la Dgcim y luego no pueden ser presentados ante los tribunales debido al estado en que se encuentran, lo que retrasa todo el proceso judicial que sigue, debido a que no pasarían la revisión médica. Sin embargo en algunos casos, como en el del capitán retirado Juan Carlos Caguaripano (quien fue detenido por participar en la toma del Fuerte Paramacay en Carabobo el 6 de agosto de 2017) , fue llevado de manera compulsiva ante juzgados de control aun sin revisión médica previa, señala el informe de UVL.

 Cortesía vecinos de La Porfía

Cuatro comunidades rurales de San Félix tomaron la vía que conduce hacia Upata, en el estado Bolívar, para exigir comida y servicios básicos, desde las 4:00 de la mañana de este miércoles.

Vecinos de La Porfía 1, 2 y 3, y Palo Grande trancaron el acceso para exigir la entrega de la bolsa de comida del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), la jornada de juguetes navideños y pernil, suministro de agua potable e iluminación para el tramo que trancaron, conocido como vía a Upata.

María Peralta, vecina de La Porfía, aseguró que son cuatro años de protestas por la falta de agua potable por tuberías y sin recibir respuestas de Hidrobolívar.

Al sitio se aproximó Nancy Asencio, presidenta de Alimentos Bolívar. También acudió Eriberto Aguilera, comisionado de la Gobernación de Bolívar, a negociar con los vecinos. Uno de los acuerdos que lograron fue que dos gandolas de Pdvsa gas retenidas en la protesta fueran desviadas para vender en La Porfía y parte de Palo Grande. Sin embargo, esto no sacó a las personas de la calle.

La liberación de la vía llegó a las 3:00 de la tarde, cuando un mayor de la Guardia Nacional se acercó a los vecinos y ofreció gestionar una nueva reunión entre la comunidad y Alimentos Bolívar.

Peralta informó que antes de protestar, el martes 26 de diciembre, los vecinos de las zonas mencionadas se reunieron con la directiva de Mercal y Alimentos Bolívar. “Nos dijeron que no hay comida suficiente para los tres ejes de la parroquia Yocoima y nos dejaron por fuera”.

La vía a Upata estuvo trancada por cuatro días consecutivos la semana pasada, también por demandas de comida y servicios básicos, esa vez por vecinos de Colinas de Chirica y de Los Naranjos, a la altura del cruce de El Rosario.

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