Detenciones

El Sebin allanó la residencia de Díaz. Su esposa, Naky Soto, también tiene orden de aprehensión que no fue ejecutada por su convalecencia

Varias horas después de su desaparición, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) habrían confirmado la detención del comunicador y experto en redes sociales Luis Carlos Díaz, quien habría sido secuestrado la tarde de este lunes 11 de marzo cuando salía de las oficinas de la estación Unión Radio rumbo a su vivienda.

“El Sebin confirma la detención del periodista y activista por los derechos humanos, Luis Carlos Díaz. Fue trasladado a la sede de El Helicoide”, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en su cuenta de twitter.
La detención de Díaz ya había sido comunicada solapadamente por Nicolás Maduro, quien en horas de la noche aseguró desde el Palacio de Miraflores que habían sido detenidas dos personas acusadas de ser los autores intelectuales de supuesto sabotaje a la central hidroeléctrica de Guri, una avería que por inpericia de las autoridades mantiene a parte de Venezuela sin servicio eléctrico desde el pasado jueves 7 de marzo.
No conforme con la detención del comunicador, el Sebin allanó su residencia, donde además fueron amenazados su esposa, la también periodista Naky Soto, quien aun se recupera de una enfermedad que la ha mantenido un tanto retirada del quehacer periodístico.
Según información de Provea, los efectivos de del Sebin presentaron una orden de allanamiento y dos testigos, además de trasladar esposado a Díaz para que presenciara el procedimiento, en el cual requisaron 4 teléfonos celulares, 3 laptops y 1 disco duro, según quedó constado en el acta, como corroboró uno de los testigos. Díaz también aseguró que los funcionarios se habrían apoderado de dinero en efectivo, del cual posteriormente no habría quedado constancia oficial.
Soto pudo conversar brevemente con Díaz, quien le relató que habría sido detenido cuando se desplazaba cerca de la embajada de Corea, en el Country Club. Asimismo, le confirmó que habría sido víctima de tratos crueles y degradantes durante su detención.
La información suministrada por los funcionarios durante el allanamiento es que Díaz, supuestamente, habría cometido “delitos informáticos”. En las próximas horas debería ser trasladado a un tribunal para ser presentado al Ministerio Público, quien debería formalizar los cargos contra el defensor de DDHH o dejarlo en libertad.
El pasado 08 de marzo el comunicador fue criminalizado por Diosdado Cabello, quien aseguró en un video que video que era parte de la conspiración que supuestamente era responsable de la avería de la represa del Guri, que originó la interrupción del suministro eléctrico en Venezuela durante varios días.

Así fue como prepararon la derecha local y la derecha rancia gringa lo que ellos llamaron ‘operación blackout», que busca colapsar al país saboteando el centro de operaciones de gerenación del Sistema Eléctrico Nacional, del que dependen la mayoría de los servicios públicos #8Mar pic.twitter.com/kRNpzChoWC

— Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) March 8, 2019

Según el testimonio, los funcionarios habrían informado que Soto también se encontraba en la orden de aprehensión, pero que debido a su condición (paciente oncológico) no iban a proceder en los momentos. Sin embargo, aseguraron que “si denunciaba, la vendrían a buscar”.
En el suceso también fueron amenazados y apuntados con armas por funcionarios del represivo cuerpo de seguridad los periodistas Marco Ruiz, secretario general del Sntp; Luz Mely Reyes, directora de la web Efecto Cocuyo; Lina Vanorio (Unión Radio) y el abogado Federico Black, quienes se encontraban en la residencia de Díaz intentado conocer su paradero.
Tanto su esposa Naky Soto como el Sntp, Provea, Espacio Público y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, darán una rueda de prensa este martes a las 11 am en la sede de la Fiscalía General de la República, para exigir la liberación del comunicador social.
También ha solicitado al equipo técnico de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en DDHH, actualmente en Caracas, que lo visite en su sitio de reclusión para constatar su integridad física y psicológica.

#URGENTE | Naky Soto, esposa de Luis Carlos Díaz, denuncia allanamiento a su residencia la madrugada de este #12Mar y convoca a las 11:00 am a la Fiscalía, en Parque Carabobo, para pedir la libertad de Luis pic.twitter.com/Igqs4tQVuQ

— SNTP (@sntpvenezuela) March 12, 2019

La red criminal trasnacional que se lucra de la venta y distribución de alimentos esenciales para la población en Venezuela, conocida como las CLAP, causando hambre en este país, tiene vínculos con personas y empresas que operan desde naciones de la Unión Europea (UE), según el ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

La información recopilada y compartida por las autoridades de inteligencia financiera de Colombia, México, Panamá y Estados Unidos está sirviendo para que “quede evidente al mundo que el hambre que hay en Venezuela es un hambre inducida”, provocada por la “corrupción”, explicó Cárdenas durante una entrevista con Efe en Madrid.

El ministro, que participó en la capital española en un seminario sobre infraestructuras organizado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, es uno de los integrantes del grupo de trabajo creado por los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Estados Unidos para detectar y luchar contra los entramados corruptos vinculados al régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El grupo se reunió la semana pasada en Cartagena (Colombia) para abordar el caso específico de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos, promovidos por el Gobierno de Maduro y encargados de distribuir alimentos de primera necesidad.

Cárdenas detalló que existe un entramado que vende esos alimentos a un sobreprecio y desvía fondos “que se mantienen en cuentas de funcionarios o testaferros del régimen de Maduro”.

Algunas de las personas y empresas de ese entramado corrupto operan desde países de la UE y, por ello, se ha invitado a la próxima reunión del grupo, fijada para septiembre en Washington, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) e Infracciones Monetarias de España.

Según Cárdenas, también “se va a involucrar a las fiscalías” de los cuatro países del grupo de trabajo, dado que “el caso está ya para pasar a la etapa de imputaciones”.

La labor de las unidades de inteligencia financiera “será un insumo determinante para decisiones” frente a la crisis en Venezuela “que se puedan tomar en el escenario no solo judicial, sino también político”, aseguró el ministro.

Por otro lado, Cárdenas resaltó durante la entrevista “el momento extraordinariamente positivo” que, a su juicio, está viviendo Colombia, aunque lamentó que en la reciente campaña electoral se usara “el desprestigio” del país “como instrumento político sin ningún tipo de sustento”.

“Ha habido muchas ‘fake news’ (noticias falsas) sobre la situación en Colombia”, según Cárdenas, que entregará la cartera de Hacienda a Alberto Carrasquilla en agosto, cuando asumirá el nuevo Gobierno del presidente electo, Iván Duque.

Las reuniones de transición que ya ha mantenido con su sucesor han sido “muy cordiales, muy fluidas y con un espíritu muy constructivo”, añadió.

En su opinión, “el Gobierno que llega va a encontrar una economía en proceso de recuperación, con un crecimiento que se está acelerando”, tras un “ajuste difícil” a la nueva realidad de “convivir con menores ingresos petroleros” y a cambios “estructurales” como los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.

Durante los procesos electorales “se tiende a descontextualizar y plantear un panorama que no es real”, puesto que “la economía colombiana está en uno de sus momentos más sólidos y fuertes”, señaló Cárdenas al destacar, entre otros, los buenos indicadores de inversión extranjera, acceso a financiación y llegada de turistas.

“El país está en una muy buena senda, el próximo Gobierno va a poder cosechar muchísimo de lo sembrado por este Gobierno”, insistió.

La conferencia “Infraestructura para la integración de América Latina”, celebrada en la Casa de América, ha reunido este lunes a ministros y responsables de Economía, Finanzas y Planificación de Bolivia, Brasil, Colombia, España, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otras personalidades.

Se trata de la primera conferencia anual de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina en España, con objeto de ser un espacio permanente de dialogo donde representantes políticos y del sector privado compartieron experiencias y propuestas para las alianzas público-privadas.

El abogado detenido desde 2014 por razones políticas Marcelo Crovato logró escapar este sábado del país cruzando la frontera hacia Colombia junto a su pareja, Elly Arrellano, y sus dos hijos.

El abogado de origen argentino se encontraba detenido desde el 22 de abril de 2014, cuando le brindaba asistencia legal a un grupo de personas a quienes las fuerzas de seguridad del estado les allanaban sus residencias

La fuga fue confirmada por el propio Crovato a través de las redes sociales,donde retuiteó un mensaje de respaldo de la diputada argentina Cornelia Schmidt, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien en febrero pasado pidió por su libertad ante el embajador venezolano en Argentina, Carlos Martínez Mendoza.

“¡Una gran alegría que junto a tu familia puedas respirar aires de libertad!”, escribió la legisladora en Twitter, a lo que el jurista respondió: “Cuando crucé lo primero que hice fue voltear hacia Venezuela, renovar la promesa y saludar con la seña Scout, comprometido a servir a la Patria. Mi promesa está viva, Scout por un día y para siempre como me enseñaste. SIEMPRE LISTO”, afirmó el hombre.

Este domingo se esperaba  su llegada a la ciudad de Buenos Aires.

El gobierno argentino había solicitado la liberación de Crovato hijo de madre argentina y padre venezolano. El abogado padece una grave enfermedad por lo que se habían comunicado con miembros del Congreso argentino indicando que necesitaban de ciertos medicamentos escasos en Venezuela.

En medios diplomáticos se sostenía que Crovato no era liberado, como consecuencia de la dura posición que ha tenido el presidente argentino Mauricio Macri contra el gobierno de Nicolás Maduro

Hacinamiento, torturas, falta de atención médica, enfermedades y retraso procesal son algunas de las irregularidades que se cometen en las cárceles y centros de detención militar que fueron denunciados en el informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos en los Centros de Reclusión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, elaborado por la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).

El informe fue presentado por el coordinador de UVL, Carlos Nieto Palma y por el periodista Javier Mayorca, quien fue parte del equipo encargado de realizar la investigación.

De acuerdo con los datos recabados en el informe, el hacinamiento en las cárceles militares se agravó el año pasado como consecuencia de las jornadas de protesta que se extendieron por todo el país entre los meses de abril y agosto de 2017, especialmente luego de la implementación del Plan Zamora. el cual había sido presentado por el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2016 que tendría como objetivo enfrentar los estados de conmoción y activar la “liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras del paramilitarismo que nos vienen de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha” incorporando a civiles a estas labores, dijo Maduro el 28 de diciembre de 2016.

El Plan Zamora se activó tras el recrudecimiento de las protestas a partir del 19 de abril del año pasado cuando se desplegaron las Fuerzas Armadas en labores de control de manifestaciones y se incorporan civiles, o colectivos a esas labores.

A partir de ese momento fueron pasados a la jurisdicción militar a los detenidos durante esas manifestaciones. Medida para hacerle frente a la posición fijada por el Ministerio Público, “cuya titular había comenzado a marcar distancia de la represión indiscriminada” que se estaba realizando y luego de que durante la segunda semana de abril de 2017 los fiscales encargados de tres casos solicitaron a los tribunales la liberación de los detenidos.

La respuesta del gobierno fue pasar a la justicia militar a los civiles detenidos durante las protestas. El ministro el general en jefe del ejército, Vladimir Padrino López, justificó la decisión señalando que “Cuando se ha agredido a un guardia nacional, se sustrae o se atenta contra bienes militares, actúa la Fiscalía Militar que está desplegada en todo el territorio nacional”. A partir de ese momento se multiplicaron las imputaciones a ciudadanos comunes por delitos como ultraje al centinela e instigación a la rebelión, previstos y sancionados en el Código Orgánico de Justicia Militar.

De esta manera, las cárceles militares, instalaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se vieron de pronto saturadas de arrestados  y tuvieron que habilitar espacios para albergarlos durante su detención.

A pesar de las dificultades para la obtención de datos sobre las condiciones internas, los investigadores de la organización lograron determinar que en las tres cárceles destinadas a albergar a procesados militares, Ramo Verde, La Pica y Santa Ana, hay un hacinamiento estimado en en 77,9% para finales del año 2017, cuando contaban con una población de 961 presos, 421 por encima de la capacidad de los centros que era de 540 reclusos.

La cárcel con mayor hacinamiento fue la de Santa Ana (estado Táchira) que alcanzó 214,2%  al sobrepasar en 150 reclusos su  capacidad para 70 detenidos.Le sigue Ramo Verde con una capacidad de 350 detenidos y con una población de 600 presos, donde la saturación se ubicó en 71,4%. La cárcel de La Pica cierra  el grupo con una sobrepoblación de 17,5%; 21 presos de más que llevaron al centro de 120 detenidos a 141.

Se estableció que a finales del año pasado 2.857 personas permanecían detenidas en 24 instalaciones de la GNB, de los cuales  2.482 eran procesados, y 304 penados, además habían 286 extranjeros presos en esas instalaciones. Vale destacar que esos comandos no cuentan con espacio para mantener a 85 mujeres privadas de la libertad para finales del año pasado.

Esta cifra  aumentó a 3.400 personas para inicios de este año, y de acuerdo a las estimaciones realizadas en el informe de UVL, “no hay perspectivas que las cifras puedan reducirse este año; el panorama es a que aumenten las detenciones como consecuencia de la represión de las manifestaciones que se podrían presentar en el transcurso de 2018”.

Además el informe recoge testimonios sobre el hacinamiento en los calabozos de la Dgcim, organismo que en su sede de Boleíta, Caracas, tiene una capacidad para albergar a 36 personas y llegó a tener a 200 detenidos durante la agudización del conflicto el año pasado, momento en el cual el hacinamiento se ubicó en 455%.

Torturas y maltratos

Otro de los aspectos denunciados en el informe fue la práctica de torturas, malos tratos y vejaciones a la población detenida en esos centros.

Hay casos de torturas que van  desde la exposición a polvo de granadas lacrimógenas;, golpes en el cuerpo, plantas de los pies, cabezas y costados; inserción de tachuelas entre las uñas, prácticas de asfixia a través de la aplicación de capuchas impregnadas de insecticida o toallas mojadas para ahogar a las víctimas;, privación del sueño y  exposición a bajas temperaturas por períodos prolongados de tiempo.

Además, los privados de libertad denunciaron la intimidación a sus familiares por parte de los funcionarios, el encierro en solitario por prolongados períodos  que terminaron causándole enfermedades intestinales a los detenidos por las limitaciones en el uso del baño, inmovilización prolongada, privación de alimentos y de visitas por períodos indefinidos, entre otros castigos.

Presos con la salud en el pico de un zamuro

El equipo de Una Ventana a la Libertad denuncia además el uso discrecional de la atención médica como una herramienta para doblegar a los privados de la libertad.

“Hay casos de reclusos que presentan enfermedades graves cuya atención médica se les niega bajo las más extrañas razones, como la falta de autorización de un tribunal, o que se trata de algo leve. Tenemos recogido el testimonio de un general que tenía un dolor en la mandíbula y no lo dejaban ir al médico hasta que se detectó que era cáncer; finalmente permitieron su traslado a un centro de atención”, señaló Mayorca.

Muchos detenidos son torturados durante los primeros días de su ingreso a las celdas del Sebin o de la Dgcim y luego no pueden ser presentados ante los tribunales debido al estado en que se encuentran, lo que retrasa todo el proceso judicial que sigue, debido a que no pasarían la revisión médica. Sin embargo en algunos casos, como en el del capitán retirado Juan Carlos Caguaripano (quien fue detenido por participar en la toma del Fuerte Paramacay en Carabobo el 6 de agosto de 2017) , fue llevado de manera compulsiva ante juzgados de control aun sin revisión médica previa, señala el informe de UVL.

El Ministerio Público informó este miércoles, 1 de noviembre, sobre la acusación de Erickvaldo José Moreno Márquez, de 24 años de edad, por su presunta responsabilidad en la muerte del funcionario de la Gobernación del estado Mérida, Jesús Leonardo Sulbarán, de 42 años de edad, durante el «Platón Nacional» que convocó la oposición el pasado 24 de abril.

Durante el hecho, dice la nota de prensa de la Fiscalía, también resultó herida una mujer.

Los fiscales 38° nacional, así como 4ª y auxiliar de Mérida, Vladimir Ángel, María José Torres y Maureen Rojas, respectivamente, acusaron a Moreno ante el Tribunal 2° de Control del estado andino por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles en perjuicio de Sulbarán, y por el mismo delito en grado de frustración en detrimento de la mujer lesionada, indica el comunicado. Igualmente, solicitaron la admisión del acto conclusivo, el enjuiciamiento del joven y que persista la medida privativa de libertad.

Sulbarán era criminólogo de profesión. Trabajaba en la Dirección Estadal del Poder Popular de Política Integral de la Gobernación del estado Mérida

La versión del Ministerio Público indica que en horas de la mañana del pasado 24 de abril, un grupo de personas se congregó en la avenida Las Américas por el Plantón. En la tarde, alrededor de las 4:00 pm, varios chavistas se reunieron en las adyacencias de la concentración, momento en el que presuntamente Moreno Márquez efectuó varios disparos contra los oficialistas. Lo que no menciona la institución es que, de acuerdo con el relato de testigos, los afectos al gobierno se acercaron para amedrentar a los manifestantes y que varios de ellos iban armados y con los rostros cubiertos.

El supuesto victimario fue detenido el 13 de septiembre de este año, luego de que acudiera a la División de Homicidios del Cicpc por una citación del MP.

En horas de la tarde de este viernes fue liberada la presidenta del Colegio de Contadores de Carabobo y profesora de la Universidad de Carabobo (UC), Rosmary Di Pietro, tras decisión emanada de un tribunal militar.

La información fue confirmada por el  presidente de la Federación de Colegios de Contadores de Venezuela, Luis Veloz, quien hizo el anuncio a través de sus redes sociales.

Di Pietro, quien fue aprehendida por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado 12 de agosto, por su presunta vinculación con el asalto al Fuerte Paramacay, no podrá dar declaraciones a los medios de comunicación, ni salir del país.

Esta semana el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, habló fuerte y claro: “En Venezuela ha habido un claro patrón de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Miles han sido detenidos arbitrariamente, muchos han sido víctimas de malos tratos y tortura”.

Los malos tratos no se refieren solo a agresiones físicas o psicológicas, sino también a las condiciones infrahumanas en las que los detenidos deben esperar por un proceso judicial enlentecido adrede, denuncian abogados del Funpaz, Foro Penal y Fundeci.

Desde abril han sido detenidas más de 5.000 personas en el contexto de las protestas, de las cuales más de 1.300 siguen tras las rejas, esperando audiencia preliminar o la admisión de los fiadores impuestos por los tribunales.

Sin acceso a agua potable, expuestos a enfermedades, hacinados y durmiendo junto a delincuentes comunes, pasan los días, las semanas y los meses de los presos por protestar.

Más información en El Nacional.

Wuilly Arteaga, el violinista reconocido por asistir a las marchas opositoras tocando su instrumento, fue presentado este domingo ante el tribunal 31 de control en Caracas, donde fue imputado por instigación pública y posesión de sustancias incendiarias, según informó Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano.

Romero denunció que Arteaga fue presentado ante el tribunal “a escondidas” pues no le permitieron el acceso a los abogados, no se informó que sería presentado e incluso la fiscalía que está de guardia admitió que desconocía del procedimiento. Por lo tanto se desconoce el fiscal asignado.

Arteaga fue detenido el pasado jueves durante el paro cívico convocado por la oposición cuando tocaba el violín y estuvo retenido en el destacamento 433 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en El Paraíso, donde fue víctima de agresiones como la quema de su cabello con un yesquero y un golpe que le dificulta la audición en el oído derecho, según denunció Alfredo Romero el viernes.

Resaltó que el violinista solicitó defensa privada; sin embargo, violando la Constitución, el derecho a la defensa y el debido proceso, se le impuso un defensor público contra su voluntad. Además, fue presentado ante tribunales después de 48 horas de su detención, lo cual según la ley corresponde a una ilegalidad y debía ser puesto en libertad.

La decisión de la fiscalía fue una medida cautelar de libertad bajo fianza, pero Arteaga se mantiene privado de libertad hasta que se realice el proceso que suele durar alrededor de 40 días. El director del Foro Penal, señaló que el joven no cuenta con los recursos y tampoco con los fiadores que solicitan.

Romero aseveró que la detención del violinista se trata de una “sanción con saña” que viola su derecho a la libertad, la defensa y el debido proceso.

El joven violinista al momento de ser detenido fue golpeado con su propio instrumento, siendo la segunda agresión que sufre de parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad, pues el pasado lunes 24 de julio recibió el impacto de un perdigón en el rostro cuando participaba en una manifestación en Bello Campo.