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Protestas 2017

Subsecretaria de HRW: No es momento de reducir escrutinio global contra Maduro
Tamara Taraciuk instó a los líderes latinoamericanos a que independientemente de dónde se ubiquen en el espectro ideológico, deben unirse para lograr la restauración de la democracia y los derechos humanos en Venezuela

 

 

Este jueves, 25 de agosto, Tamara Taraciuk Broner, subdirector para las Américas de Human Rights Watch aseguró en un artículo de opinión para Americas Quarterly que no  es el momento de que la comunidad internacional reduzca el escrutinio del gobierno de Maduro.

La subdirectora de HRW hace referencia específicamente a la presión externa que debe ejercerse por parte de los organismos defensores de los derechos humanos especialmente en los casos de presos políticos venezolanos. 

«Las autoridades venezolanas continúan hostigando y enjuiciando a periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para abordar las emergencias humanitarias y de derechos humanos», aseguró Taraciuk.

La subdirectora de HRW afirmó que en Venezuela la impunidad es la norma, por lo que la responsabilidad internacional sigue siendo tan importante en estos casos. Taraciuk señaló como un gran acontecimiento la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en noviembre pasado, de abrir una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

«Por primera vez, las víctimas pudieron ver progresos para que sus abusadores rindieran cuentas por sus delitos. No es sorprendente que las autoridades venezolanas le pidieran que pospusiera su investigación, alegando ′voluntad genuina′ de investigar los abusos ellos mismos. Pero el fiscal quiere rechazar la solicitud y seguir adelante con su investigación», indicó.

Renovación de la Misión

Según explica Taraciuk, las autoridades venezolanas han emprendido una estrategia de «compromiso aparente, pero no genuino», con los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos, como lo hicieron durante la renovación del mandato anterior, intentando demostrar que la misión es innecesaria. 

La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela (FFM), designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2019, concluyó en dos informes condenatorios que había motivos suficientes para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad.

La Misión presentará su tercer informe en la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que comienza el 12 de septiembre. Este será su informe final, a menos que el consejo extienda el mandato con una mayoría de votos.

«Deberían repetir su liderazgo porque las autoridades venezolanas solo cederán terreno si persiste el escrutinio internacional. La renovación del mandato de la misión permitirá a los expertos continuar con un trabajo crucial, complementando el trabajo de la CPI y otros mecanismos internacionales», afirmó la subsecretaria.

Elecciones presidenciales

Sobre las venideras elecciones presidenciales previstas para diciembre de 2024, Taraciuk aseguró que la represión podría aumentar a medida que avanza la temporada de campaña.

«La misión puede desempeñar un papel esencial de alerta temprana y evitar nuevas restricciones en el espacio cívico, la libertad de expresión o asociación y la represión de la disidencia», dijo.

La subdirectora de HRW instó a los líderes latinoamericanos a que independientemente de dónde se ubiquen en el espectro ideológico, deben unirse para lograr la restauración de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. 

 

*Vea el artÍculo completo AQUÍ

Sebin confirma detención de periodista Luis Carlos Díaz en sede de El Helicoide

El Sebin allanó la residencia de Díaz. Su esposa, Naky Soto, también tiene orden de aprehensión que no fue ejecutada por su convalecencia

Varias horas después de su desaparición, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) habrían confirmado la detención del comunicador y experto en redes sociales Luis Carlos Díaz, quien habría sido secuestrado la tarde de este lunes 11 de marzo cuando salía de las oficinas de la estación Unión Radio rumbo a su vivienda.

“El Sebin confirma la detención del periodista y activista por los derechos humanos, Luis Carlos Díaz. Fue trasladado a la sede de El Helicoide”, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en su cuenta de twitter.
La detención de Díaz ya había sido comunicada solapadamente por Nicolás Maduro, quien en horas de la noche aseguró desde el Palacio de Miraflores que habían sido detenidas dos personas acusadas de ser los autores intelectuales de supuesto sabotaje a la central hidroeléctrica de Guri, una avería que por inpericia de las autoridades mantiene a parte de Venezuela sin servicio eléctrico desde el pasado jueves 7 de marzo.
No conforme con la detención del comunicador, el Sebin allanó su residencia, donde además fueron amenazados su esposa, la también periodista Naky Soto, quien aun se recupera de una enfermedad que la ha mantenido un tanto retirada del quehacer periodístico.
Según información de Provea, los efectivos de del Sebin presentaron una orden de allanamiento y dos testigos, además de trasladar esposado a Díaz para que presenciara el procedimiento, en el cual requisaron 4 teléfonos celulares, 3 laptops y 1 disco duro, según quedó constado en el acta, como corroboró uno de los testigos. Díaz también aseguró que los funcionarios se habrían apoderado de dinero en efectivo, del cual posteriormente no habría quedado constancia oficial.
Soto pudo conversar brevemente con Díaz, quien le relató que habría sido detenido cuando se desplazaba cerca de la embajada de Corea, en el Country Club. Asimismo, le confirmó que habría sido víctima de tratos crueles y degradantes durante su detención.
La información suministrada por los funcionarios durante el allanamiento es que Díaz, supuestamente, habría cometido “delitos informáticos”. En las próximas horas debería ser trasladado a un tribunal para ser presentado al Ministerio Público, quien debería formalizar los cargos contra el defensor de DDHH o dejarlo en libertad.
El pasado 08 de marzo el comunicador fue criminalizado por Diosdado Cabello, quien aseguró en un video que video que era parte de la conspiración que supuestamente era responsable de la avería de la represa del Guri, que originó la interrupción del suministro eléctrico en Venezuela durante varios días.

Según el testimonio, los funcionarios habrían informado que Soto también se encontraba en la orden de aprehensión, pero que debido a su condición (paciente oncológico) no iban a proceder en los momentos. Sin embargo, aseguraron que “si denunciaba, la vendrían a buscar”.
En el suceso también fueron amenazados y apuntados con armas por funcionarios del represivo cuerpo de seguridad los periodistas Marco Ruiz, secretario general del Sntp; Luz Mely Reyes, directora de la web Efecto Cocuyo; Lina Vanorio (Unión Radio) y el abogado Federico Black, quienes se encontraban en la residencia de Díaz intentado conocer su paradero.
Tanto su esposa Naky Soto como el Sntp, Provea, Espacio Público y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, darán una rueda de prensa este martes a las 11 am en la sede de la Fiscalía General de la República, para exigir la liberación del comunicador social.
También ha solicitado al equipo técnico de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en DDHH, actualmente en Caracas, que lo visite en su sitio de reclusión para constatar su integridad física y psicológica.

Ministro colombiano: Red que se lucra del hambre en Venezuela opera desde Europa

 

La red criminal trasnacional que se lucra de la venta y distribución de alimentos esenciales para la población en Venezuela, conocida como las CLAP, causando hambre en este país, tiene vínculos con personas y empresas que operan desde naciones de la Unión Europea (UE), según el ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

La información recopilada y compartida por las autoridades de inteligencia financiera de Colombia, México, Panamá y Estados Unidos está sirviendo para que “quede evidente al mundo que el hambre que hay en Venezuela es un hambre inducida”, provocada por la “corrupción”, explicó Cárdenas durante una entrevista con Efe en Madrid.

El ministro, que participó en la capital española en un seminario sobre infraestructuras organizado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, es uno de los integrantes del grupo de trabajo creado por los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Estados Unidos para detectar y luchar contra los entramados corruptos vinculados al régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El grupo se reunió la semana pasada en Cartagena (Colombia) para abordar el caso específico de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos, promovidos por el Gobierno de Maduro y encargados de distribuir alimentos de primera necesidad.

Cárdenas detalló que existe un entramado que vende esos alimentos a un sobreprecio y desvía fondos “que se mantienen en cuentas de funcionarios o testaferros del régimen de Maduro”.

Algunas de las personas y empresas de ese entramado corrupto operan desde países de la UE y, por ello, se ha invitado a la próxima reunión del grupo, fijada para septiembre en Washington, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) e Infracciones Monetarias de España.

Según Cárdenas, también “se va a involucrar a las fiscalías” de los cuatro países del grupo de trabajo, dado que “el caso está ya para pasar a la etapa de imputaciones”.

La labor de las unidades de inteligencia financiera “será un insumo determinante para decisiones” frente a la crisis en Venezuela “que se puedan tomar en el escenario no solo judicial, sino también político”, aseguró el ministro.

Por otro lado, Cárdenas resaltó durante la entrevista “el momento extraordinariamente positivo” que, a su juicio, está viviendo Colombia, aunque lamentó que en la reciente campaña electoral se usara “el desprestigio” del país “como instrumento político sin ningún tipo de sustento”.

“Ha habido muchas ‘fake news’ (noticias falsas) sobre la situación en Colombia”, según Cárdenas, que entregará la cartera de Hacienda a Alberto Carrasquilla en agosto, cuando asumirá el nuevo Gobierno del presidente electo, Iván Duque.

Las reuniones de transición que ya ha mantenido con su sucesor han sido “muy cordiales, muy fluidas y con un espíritu muy constructivo”, añadió.

En su opinión, “el Gobierno que llega va a encontrar una economía en proceso de recuperación, con un crecimiento que se está acelerando”, tras un “ajuste difícil” a la nueva realidad de “convivir con menores ingresos petroleros” y a cambios “estructurales” como los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.

Durante los procesos electorales “se tiende a descontextualizar y plantear un panorama que no es real”, puesto que “la economía colombiana está en uno de sus momentos más sólidos y fuertes”, señaló Cárdenas al destacar, entre otros, los buenos indicadores de inversión extranjera, acceso a financiación y llegada de turistas.

“El país está en una muy buena senda, el próximo Gobierno va a poder cosechar muchísimo de lo sembrado por este Gobierno”, insistió.

La conferencia “Infraestructura para la integración de América Latina”, celebrada en la Casa de América, ha reunido este lunes a ministros y responsables de Economía, Finanzas y Planificación de Bolivia, Brasil, Colombia, España, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otras personalidades.

Se trata de la primera conferencia anual de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina en España, con objeto de ser un espacio permanente de dialogo donde representantes políticos y del sector privado compartieron experiencias y propuestas para las alianzas público-privadas.

#Protestas 2017 | Mamá de Hecder Lugo: “El fiscal que lleva el caso de mi hijo se fue del país”

Desde el 4 de mayo de 2017, en horas de la tarde, la vida de la familia Lugo Pérez nunca volvió a ser la misma. Todo se vino abajo cuando su hijo Hecder, de 20 años de edad, ingresó mortalmente herido –sin actividad cerebral– a la emergencia del Centro Médico Valle de San Diego, luego de que el joven cayera en el pavimento caliente durante una protesta en el sector Tulipán tras el impacto de un perdigón de plomo disparado por un Guardia Nacional.

“Yo estaba haciendo unos helados y recibí la llamada del amigo que lo fue a buscar temprano y me dijo: ‘Señora Daysi, a Hecder le dieron un tiro ’. Yo me quería morir, quedé en shock y ni siquiera pude salir de la casa a buscarlo. La que salió fue mi hija. Yo no quería decirle a mi esposo porque él es diabético y está delicado, pero no aguanté y en medio de la desesperación  tuve que hacerlo”, dijo la madre del joven.

Hecder es una de las 19 personas que murió en Carabobo durante las manifestaciones del año pasado. Este, por cierto, fue el quinto estado en donde sucedió la mayor cantidad de homicidios en medio del conflicto, después de Distrito Capital, Miranda, Lara y Táchira. El nombre del joven también está entre las 31 personas caídas por ataques de la Guardia Nacional contra quienes protestaban.

El muchacho pertenece a la franja que edad en la cual se registró la más alta cantidad de muertes: 83 personas (de un total de 158), entre los 18 y 30 años de edad, perdieron la vida en las protestas de 2017.

La muerte de Hecder Lugo, al igual que los casos de Fabián Urbina y David Vallenilla, causó una gran impresión en las redes sociales. Todo quedó registrado. Dirigentes políticos y estudiantiles y medios de comunicación hicieron eco de la noticia en minutos. Pero la justicia ha sido esquiva a su caso, así como al de más de 150 personas que cayeron durante las manifestaciones del año pasado.

“¡Que te puedo decir! La Fiscalía a nosotros no nos ha dicho nada. De hecho, el Fiscal 28º del estado Carabobo, que lleva el caso de mi hijo, se fue del país. Cuando estaba Luisa Ortega nos garantizaron que se haría justicia, pero con su salida todo quedó en el limbo”, declara desde su casa, ubicada en  San Diego, Carabobo, Daysi Pérez, la madre de Hecder Lugo.

Una investigación de Runrun.es –hecha con datos recabados a través abogados, ONG, monitoreo de prensa y allegados de las víctimas– accedió a la información de 87 de los 158 procesos judiciales abiertos por los homicidios ocurridos en las protestas. Hasta marzo pasado, del total de los casos, sólo tres habían llegado a juicio. Otros 23, en los cuales ya había acusados, esperaban por la realización de la audiencia preliminar que había sido diferida en reiteradas ocasiones.

Día 34 de protesta. Aquel 4 de mayo de 2017, los estudiantes lideraban una marcha para exigir justicia por los jóvenes caídos. Un día antes había muerto en Caracas Armando Cañizales, el joven violista del Sistema de Orquestas que murió en manos de uniformados. En buena parte del país, las calles se habían llenado de gente bajo un lema: “ni un muerto más”.

Daniel Ascanio, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, hizo la convocatoria con el respaldo de más de 12 casas de estudio en todo el país. “Nuestros muertos tienen que dolernos, tienen que dejar de ser cifras y para todos tiene que ser un recordatorio de por qué estamos en las calles. Venezuela está en la calle y seguirá en la calle hasta lograr su libertad”, aseguró el dirigente estudiantil.

Valencia. Los estudiantes de la Universidad de Carabobo habían tomado el distribuidor El Trigal para que se impartiera una clase magistral abierta en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Otros recintos universitarios del estado se habían unido a la protesta y exigían respuesta al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y paz, Néstor Reverol, por los muertos, heridos y detenidos durante la represión que los cuerpos de seguridad habían ejercido en los últimos días.

Locales destrozados por saqueos en La Isabelica y Flor Amarillo hicieron que la urbe se sintiera en llamas. Los estudiantes repitían en el sector Tulipán el denominado “trancazo” y entre ellos se hbaía colado Hecder Lugo. Salió de su casa a protestar sin decirle palabra a su madre. Ella temía por su vida.

No era habitual verlo manifestar, pero ese día algo había impulsado a Hecder a ponerse en primera fila. Se escucharon detonaciones y un grito: “¡Malditos cobardes!… Hay un muerto. Vamos a recogerlo…”. Sus compañeros habían visto cuando un uniformado lo hirió en el abdomen y lo hizo caer. Luego, se acercó hasta donde estaba tendido y, poniendo su arma en la frente de Hecder, lo remató.

Los jóvenes trasladaron a Hecder a una clínica. Los médicos confirmaron heridas en el abdomen, además del tiro en la frente con orificio de entrada y salida. El muchacho luchó durante 15 horas por su vida.

El viernes 5 de mayo, los padres recibieron la noticia: Hecder murió y junto con él, ellos sintieron que también se les había ido la vida.

“Yo siempre le tenía las llaves escondidas para que no saliera. Cuando los amigos lo iban a buscar yo los corría y les decía: ‘No me vengan a buscar a Hecder que yo no quiero que esté en la calle con todos estos problemas ’, pero ese día salió y no pude hacer nada”, afirma hoy Daysi Pérez.

El 6 de mayo, los padres del joven amanecieron aferrados al ataúd de su hijo que ahora reposa en el cementerio Jardines del Recuerdo, en Valencia. El Ministerio Público designó al Fiscal 34º nacional y el 28º del estado Carabobo para llevar el caso. Fue este último quien les confirmó a los familiares que los cartuchos del arma con que mataron al joven habían sido manipulados con materiales metálicos. La autopsia reveló presencia de metal en el cerebro.

“Cuando sale Luisa Ortega y entra Tarek William Saab nos pusieron unos abogados del gobierno, pero yo no quiero saber nada de este gobierno no quiero nada de ellos porque no sé con qué propósito lo hacen y ellos son los culpables de que mi hijo no esté vivo”, asegura la madre de Hecder.

Hasta el momento, los padres de Lugo no tienen conocimiento alguno de órdenes de detención, imputaciones o algún avance con respecto al caso de su hijo. Lo único que tienen claro es el dolor que día tras día sienten por esta pérdida:

“Hoy le estaba comentando a la hija mía que mi hijo me hace mucha falta. Que extraño mucho a mi hijo. Ya ha pasado un año y un mes y eso para mí es como si fuera hoy. Lo que hago es pedirle fortaleza a Dios para que se me pase esto y haya justicia, pero no es fácil” dice, en medio del llanto, Daisy Pérez, la mamá de Hecder Lugo.

@ashfloresm

Protestas 2017 | Manuel Sosa, Dany Subero y el victimario que Maduro ascendió a capitán
“La madre de quien le quitó la vida a Manuel sufre más que yo, sabe que tiene un hijo asesino”, dice Maritza, la mamá del hombre de 43 años que mataron el 25 de mayo del año pasado en medio de una manifestación en Cabudare

 

@KaryPerazaR

EL CUARTO DE MANUEL ALEJANDRO SOSA APONTE, de 33 años, está casi como lo dejó aquel 25 de mayo de 2017. La habitación, que está entre la de su hermana mayor y la de sus padres, tiene colgada en la puerta una corbata de plástico de una hora loca y una medalla. Sobre su cama matrimonial está la imagen de un Divino Niño y también la de un ángel que puso su madre para coronar el lecho bien tendido. En su closet hay trofeos y preseas que ganó jugando fútbol y también las 60 camisetas de sus equipos favoritos de balompié. Además, están perfectamente acomodadas sus camisas manga larga, sus pantalones y algunos balones en el suelo del armario. Su desodorante y hasta los jabones que usaba para lavar la ropa están sobre un estante, el mismo lugar que tenían hace un año antes de que al joven lo mataran durante una protesta antigobierno ocurrida en el distribuidor Valle Hondo de Cabudare, municipio Palavecino de Lara.

En el contexto de las manifestaciones de 2017, Manu, como le decían cariñosamente, fue la sexta víctima fatal en el estado. El proyectil que causó su muerte, proveniente del arma de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), impactó por debajo de su clavícula derecha y le salió por la espalda.

Maritza Aponte, su madre, comenta que no toca el cuarto de su hijo salvo para limpiarlo. Está como lo dejó, salvo por los escritos que se ven en una pizarra colgada de lado izquierdo de la habitación: “hermano, te amo” e “hijo mío, siempre te voy a amar”. De resto, todo sigue igual. Hasta la sábana sigue como él la acomodó, y ella no la cambia “ni de broma” porque no quiere que se vaya “ese olor que dejó cuando se levantó”.

A Maritza se le quiebra la voz cuando habla de Manu, porque para ella el tiempo no ha pasado: “Es muy difícil todo esto”. A diario se le repiten en la mente, como una película, las palabras que pronunció Manuel aquel 25 de mayo y todo lo que pasó después. Se pregunta si habría podido evitar lo que sucedió. “Si yo lo hubiese buscado seguro se venía conmigo”, dice.

Manu era un joven que salía a la calle por convicción porque quería cambiar el país, lo quería libre; aseguraba, según sus allegados, que luchaba por su hijo, su familia y por todos los venezolanos. En 2014 había participado en las protestas junto a Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo, conocido como Tony, quien fue la tercera víctima en caer en Lara en 2017. Cuando Manu supo de su asesinato, se indignó, estuvo presente en su funeral y hasta sostuvo la bandera de Venezuela. Expresaba que ahora era cuando se tenía que estar en la calle. Casi un mes después lo mataron.

Lee más: Protestas 2017 | Tony Canelón, la víctima que relató su propia tortura

Manu, al igual que Tony, fue asesinado por un Guardia Nacional. Aunque su familia lo denunció en el momento y su madre pensó que nunca se sabría quién había sido porque hubo muchos uniformados durante el suceso, 22 días después de su muerte salió a relucir el nombre del militar. Se trataba del Primer Teniente de la GNB, Johnnuar José Pastor Arenas Castillo, de 30 años, adscrito al Destacamento 123 de Cabudare, a quien le libraron orden de captura luego de que la Fiscalía 21 con competencia en Derechos Fundamentales, de la mano de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público, logró identificar a través de testimonios y evidencias físicas que él fue el responsable de disparar el arma que le quitó la vida al joven.

Todavía hoy no se ha hecho justicia. Sigue libre y hasta fue “premiado” por su actuación. En un documento del Ministerio de la Defensa, del 29 de junio del 2017, y según resolución 019647, se indica que el presidente de la República lo ascendió al grado de Capitán.

Arena Castillo cursó sus estudios en el Colegio La Salle de Barquisimeto, el mismo lugar donde Manuel estuvo desde preescolar hasta bachillerato y recinto en el que Maritza, su madre, fue educadora por 19 años.

Maritza, con los ojos tristes, habla de lo difícil que fue para ella el último Día de las Madres. “Quizás fue por haber perdido un hijo que lo daba todo por los venezolanos. Ahora, el que le quitó la vida a Manuel… Su mamá debe sufrir al saber que su hijo es un asesino”, señala.

“Estoy seguro, espero que más temprano que tarde, que habrá un giro en la dirección del país y en ese momento todos aquellos que hayan cometido  desmanes, burlado la ley, violentado el estado de derecho, tendrán que pagar; inclusive esa persona que le arrebató la vida no solamente a Manuel, que le cambió la vida a mi tía Maritza, a mi prima Melissa, a su hijo Mauricio y a todos los que estábamos a su lado”, comenta su primo Arturo Bello Aponte, quien emigró recientemente por la situación del país.

Alejandro Sosa, padre de Manuel, no entiende cómo es que los cuerpos de seguridad investigan unos casos y otros no. Asegura que es responsabilidad del Estado dar una respuesta.

Este hombre delgado y moreno era quien todas las noches, cuando su hijo llegaba del trabajo, cumplía un ritual. Esperaba que el muchacho llegara a su cuarto y lo invitara para irse, juntos, hacia la parte de atrás de la casa. “Uno de los dos se acostaba en esa hamaca, donde hablábamos todas las noches de cómo había sido el día y de la situación del país”, recuerda.

A Alejandro le arrebataron esas charlas nocturnas de padre e hijo. Ahora, cuando siente la necesidad de hacerlo, lo hace frente a una tumba. Acude entre dos y tres veces por semana, va solo porque su esposa no lo ha superado, ella nunca ha podido visitar el lugar donde enterraron a Manuel.  

La relación de Manuel con su hijo de 5 años estaba siendo cultivada al igual como era con su padre: hablaban mucho. Hoy el niño dice que su padre le sigue diciendo qué hacer y se siente muy orgulloso de él.

Los padres de Manuel indican que, después de su muerte, conocieron la nobleza de su hijo, porque supieron que ayudaba a muchas personas y que tenía una gran cantidad de amigos. En la pared de la sala están tres cuadros con el rostro de Manu. Dos fueron hechos por amigos y vecinos y otro, que ha dado la vuelta al mundo, es uno de los retratos del ilustrador Oscar Olivares, quien lo envió a la familia con un certificado de originalidad.

Manu se despidió

Manu, que también era conocido por muchos como Sosa, se convirtió en un objetivo a raíz de un video difundido en abril de 2017, en el que se le veía hablando con un coronel de la GNB. “Allí lo marcaron”, dicen los jóvenes de la Resistencia. Sabían que era uno de los líderes.

Relatan que Manuel era un “guerrero” desde 2014. Conocía las estrategias y, aunque sabía que en 2017 la lucha no era igual a la que vivieron años atrás, que tenía nuevos compañeros y que muchos se acercaban solo por la comida –algo que a él le molestaba– quería guiarlos. Trabajaba en un puesto de comida rápida, por lo que asistía menos a las manifestaciones, pero los miércoles y jueves estaba libre.

El 24 de mayo de 2017, se reunió con todos. “Mañana será un día muy bonito, mañana será el día”, fueron algunas de sus palabras. Hacía hincapié en que la Guardia iba a venir con todo. “Lo que no sabía era que ese era el día que le tocaba irse, se estaba despidiendo”, dijo uno de sus amigos.

Al día siguiente, el jueves 25 de mayo, Manu y su padre se fueron a llevar a su hermana mayor al trabajo. Al regresar a casa, ambos desayunaron junto con la mamá. Manuel les advirtió que estuvieran alertas en Barquisimeto, pues sabía que ellos tenían que salir a cobrar su pensión.

“Como madre, uno siente algo. Y yo le decía a Alejandro que nos fuéramos, que yo tenía que hacer la comida”. Poco después, los padres de Manu llegaron a su residencia en la Etapa I de Valle Hondo. Maritza mandó a su esposo a buscar a Manu, quien ya tenía rato en el distribuidor de la zona y donde había un pelotón de la GNB. Eran como las 3:30 de la tarde cuando Alejandro, el padre, le mandó un recado a su hijo. Él le contestó que pronto iría a su casa. Todo estaba tranquilo.

“Ya viene Maritza. Él está en la esquina y yo voy a salir a buscar a Melissa que me está esperando”, dijo Alejandro.

En las adyacencias del distribuidor estaba Yicsney Rodríguez, prima de Tony, que abrazó a Manu cuando lo vio. Le pidió que se cuidara y que recordará lo que le había pasado a su primo. Él le respondió que se quedara tranquila.

Cuando Alejandro salió, se topó con su hijo nuevamente. “Cuídate”, le dijo Manuel. Y mientras el padre comenzó a caminar hacia Cabudare, Manu se fue hacia el distribuidor.

Alejandro había caminado unos 50 metros cuando escuchó una detonación seca. Calcula que estaba a unos 100 metros de su hijo. Se refugió de las balas pegándose a la pared. Volteó, pero no podía ver qué pasaba en el elevado. Oyó otra detonación y siguió caminando. En casa, Maritza tapó la comida porque Manuel no llegaba. En su lugar, vecinos arribaron corriendo para decirle que su hijo se estaba desangrando. Ella corrió hacia el lugar, pero en la esquina, a 50 metros de su hijo, se paralizó. No caminó.

Paralelamente, Alejandro recibió una llamada en la que le informaron que habían herido a Manu. Lo primero que hizo fue correr hasta llegar a una zona del distribuidor en donde pedían auxilio para un muchacho. Pero ese no era Manu, sino un joven de 18 años. A su hijo ya se lo habían llevado.

Ninguno de sus padres pudo ver el sitio en el que lo hirieron, pero sí supieron que Manuel ya iba camino a su casa cuando escuchó la primera detonación y, al ver caer a un muchacho, se devolvió al distribuidor para sacarlo de allí. En ese momento, el guardia disparó por segunda vez y lo impactó. Baleado, Manuel saltó el elevado y, al llegar a la urbanización, preguntó por su padre. La sangre le brotaba por la herida abierta bajo su cuello. Pedía que no lo dejaran morir porque tenía un hijo. Los vecinos lo sacaron hacia una clínica al este de la ciudad, pero cuando arrancó el vehículo los guardias dispararon de nuevo. En Santa Rosa estaba todo trancado, pero cuando el propio Manuel dijo que iba herido le abrieron paso.

De inmediato fue ingresado a quirófano. Había perdido mucha sangre. A la anestesióloga, que era madre de un amigo de él, le pidió que le dijera a su padre que cuidara de Mauricio, el pequeño  de 5 años de edad que era todo para él. Alejandro asegura que en el momento en el que dispararon no había enfrentamiento, ni molotov, ni piedras, ni cohetes. Solo salieron las balas de parte de los guardias.

Fueron horas de angustia en la clínica. Maritza no quiso aparecer, pero Alejandro estuvo acompañado por mucha gente que conocía a Manuel. Hoy no los recuerda porque estaba en shock. Alrededor de las 10 de la noche le informaron que murió. Maritza fue el sábado 27 de mayo a la funeraria y pidió verlo a pesar de que las puertas de la sala no se habían abierto. Frente al cadáver, la madre le reprochó a su hijo el tener que verlo en ese cajón. Fue allí también que, rememora, lo vio con una sonrisa hermosa, como la que él tenía.

Una canción para Manuel

Arturo, el primo, escribió una canción para Manuel que Maritza y sus hermanas no dejan de escuchar. En esta melodía resume cómo la muerte del joven les cambió la vida, cómo quisiera arrancar la página del calendario con el día en el que lo mataron para poder volverlo a ver.

“No creo que todo está igual, yo creo que todo está peor, pero siento que los muchachos fueron utilizados por actores políticos que luego traicionaron la buena voluntad de la Resistencia. Se luchó a más no poder, con las uñas, sin herramientas, contra un poder armado. Fue una lucha totalmente desigual”, asegura Arturo.

Mientras Maritza dice no creer en políticos ni de un lado, ni de otro, recuerda cómo a Manuel lo invitaban a irse de Venezuela. “Él decía que el país no se le podía dejar a esta gente, había que luchar. Muchas veces le decía: ‘hijo, solamente sales tú, los demás muchachos de la cuadra no salen. Y él contestaba: “mamá, esto no es un partido político, esto sale del corazón, el país se quiere con el corazón”.

La muerte de un “infiltrado”

Pasado mediodía del sábado 27 de mayo, el cuerpo de Manuel Sosa fue sacado de la funeraria. Su féretro fue detenido en el Distribuidor de Valle Hondo porque sus amigos, vecinos y familiares querían rendirle un homenaje, despedirlo.

En medio del improvisado acto, un grupo de personas observó a un sujeto, a quien no conocían, que grababa el funeral y a los presentes. Para ellos se trataba de un infiltrado y lo atraparon, comenzaron a interrogarlo. Le pidieron la cédula y le sacaron un carnet que indicaba que era teniente de la Guardia Nacional. Su nombre: Danny José Subero, de 34 años.

Los ánimos se caldearon. Lo rodearon cuando el cortejo fúnebre ya había arrancado. El hombre explicó que tenía dos años de haberse dado de baja, pero no decía por qué estaba en el lugar. Muchos lo golpearon, aunque hubo quienes lo defendieron. Trató de irse en la moto que tenía, pero se la quitaron y la quemaron debajo del distribuidor. Luego un grupo de al menos ocho personas se lo llevó hasta la estación de servicio cercana. En ese momento muchos pensaron que todo iba a empeorar y decidieron retirarse.

Subero fue golpeado por encapuchados que lo mantuvieron cautivo durante una hora. Lo desnudaron y fue a eso de las 2:30 de la tarde que una comisión de la Policía del estado Lara intervino. A ellos se lo entregaron, estaba desmayado y sangrando. Fue trasladado al ambulatorio cercano donde lo remitieron de inmediato a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, donde murió. Los médicos le vieron tres impactos de bala, en el brazo derecho, la espalda y el cuello. De inmediato se corrió la noticia de que habían linchado a un funcionario.

Hasta el presidente Nicolás Maduro se pronunció y lamentó la muerte de Subero, pero nunca dijo nada de los manifestantes caídos en el estado Lara.

Comenzó la cacería

Las fotos del homenaje a Manu salieron a través de distintas redes sociales. Una  imagen en la que se ve a Subero rodeado por quienes lo querían agredir y por quienes lo defendían también circuló. Todos fueron ubicados por funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Lara, a quienes les ordenaron dedicarse completamente a ese caso. Douglas Rico, director nacional del Cicpc, estuvo al mando de la investigación.

Residentes de Valle Hondo no quieren identificarse, pero aún recuerdan cómo en los días posteriores a los hechos, los funcionarios del cuerpo detectivesco llegaban a la urbanización entre las 4 y 5 de la mañana y se quedaban hasta la tarde para allanar las residencias de todos. “Buscaban que alguien hablara. Se llevaron prácticamente a todos los que salían en esa foto que no era prueba de nada”, comentó un vecino.

Cinco días después de haberse ejecutado el linchamiento de Subero, el caso ya estaba resuelto. El 1 de junio de 2017, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, lo oficializó a través de una cadena nacional.

Destacó que al menos 20 personas estarían presuntamente involucradas en el hecho y apuntó que cuatro habrían participaron de forma directa. Para ese momento había siete detenidos, pero solo dos eran responsables materiales de lo sucedido: Jonathan Javier Sandoval Navas, de 23 años, y Jesús Alberto Alejos, de 18, fueron imputados por el delito de homicidio calificado en grado de cooperadores inmediatos. Posteriormente fueron arrestados Antony Jesús Pérez Torres, de 25 años, conocido como “El Cuina”, a quien apresaron días después en Valencia, estado Carabobo. También encarcelaron a un adolescente de 14 años apodado “El Cachorro”. Según las investigaciones del Cicpc, ellos dos serían los responsables de disparar a Subero.

Por este crimen también fueron detenidos Ronny Raúl Granado, de 37 años; Uvaldo Martínez González, de 43; Milarys Josefina Saavedra Rea, de 42; así como Rómulo Antonio Marín, Jonathan Eduardo Riera Oropeza y un adolescente de 17 años. Todos fueron imputados por homicidio calificado en grado de  facilitadores. Los abogados del Foro Penal Capítulo Lara que llevaron este caso alegaron que todos eran inocentes y que los investigadores se guiaban por fotos sin tener certeza de que los señalados sí estaban allí.

Ante los insuficientes elementos de convicción presentados en contra de Granados, Martínez González, Marín y Riera Oropez, la fiscal pidió una medida de presentación semanal, pero fue negada. Este año, ocho de los detenidos salieron en libertad. Tan solo están arrestados “El Cuina” y el adolescente apodado “El Cachorro”.

La abogada del caso, Mariuska Padilla, aseguró que no podría emitir declaraciones del caso. Todos los familiares se lo habían prohibido, pues temen por la vida de los suyos y de los que aún están tras las rejas, pues afirman que son inocentes.

Protestas 2017 | Armando Cañizales: “prohibido rendirse, respira hondo y sigue”
A sólo dos meses de haber cumplido 18 años, el violista Armando Cañizales recibió un disparo en el cuello en medio de la represión de la Guardia Nacional Bolivariana a la manifestación del 3 de mayo de 2017, en Caracas. Su muerte involucró en la opinión pública, de forma inesperada, al Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela y a la voz, hasta ese momento silenciada, del director Gustavo Dudamel. A un año de su muerte aún no se ha hecho justicia

 

@Kathypennacchio

ELIZABETH Y SU ESPOSO EUGENIO aparecen en una foto mirando, con detenimiento, el mural en honor a su nieto Armando Cañizales que pintó su hermano Alejandro, en junio de 2017, en las canchas de básquet de la Unidad Educativa Colegio Fray Luis Amigó en Bello Monte, Caracas.

Una viola, unos audífonos y unas notas musicales envuelven las letras de colores amarillo, verde, rojo y azul que forman el nombre “Armando”. En la letra “D” se le hace honor a la bandera de Venezuela. Al lado derecho del nombre, en un tamaño más pequeño, los apellidos “Cañizales Carrillo” y en el lado izquierdo las fechas “3/3/99- 3/5/2017”.

Armando Cañizales Carrillo, con 18 años de edad recién cumplidos, fue asesinado tras recibir un disparo en el cuello en medio de la represión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en Las Mercedes, en el municipio Baruta  al este de la ciudad caraqueña. Él participaba en una manifestación convocada por la oposición venezolana con destino al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en rechazo al proceso constituyente propuesto por el presidente Nicolás Maduro. 

Abuelos de Armando Cañizales observando mural en honor a su nieto

El 3 de mayo de 2017  fue uno de los días más violentos de la ola de manifestaciones que vivió Venezuela durante casi cuatro meses. Ese día, además de la muerte de Cañizales,  más de 150 lesionados fueron recibidos en Salud Baruta, dos manifestantes resultaron con quemaduras en el cuerpo cuando atacaron una motocicleta de la GNB y un joven fue arrollado por una tanqueta militar en Altamira, en el municipio Chacao de Miranda.

El núcleo familiar de Armando dejó el país tras su muerte en búsqueda de bienestar. Su hermano Alejandro, quien también participaba activamente en las protestas y estaba en el momento de su asesinato, comenzó a recibir amenazas de encarcelamiento e inclusive a su integridad física.

“Armando una vez nos dijo: ‘si ustedes se quieren ir del país yo los dejo en el aeropuerto. Yo de este país no me voy.’ Y de hecho no se fue. ¿Por qué nos fuimos? Por el bienestar  de Alejandro. Llegó un momento que nos llamaban y decían “mira, lo están buscando” o “mira, está rodando una foto”, comenta Carrillo evidentemente afectada por haber tenido que dejar Venezuela y no poder seguir visitando la tumba de su hijo.

A Alejandro siempre le ha gustado la pintura, la iluminación y los graffitis. Además le quería rendir un homenaje a su hermano y que más que en su colegio, al lado de la concha acústica de Bello Monte, el lugar donde estudió, donde empezó como músico, donde jugó, donde hizo muchos amigos y donde disfrutó gran parte de su vida”, cuenta vía telefónica Mónica Carrillo, madre de Cañizales, desde España.

El muchacho músico

“Hago un llamado urgente al Presidente de la República y al gobierno nacional a que se rectifique y escuche la voz del pueblo venezolano. Los tiempos no pueden estar marcados por la sangre de nuestra gente… Es el momento de escuchar a la gente: Ya basta”, escribió en un comunicado el afamado director de orquesta, Gustavo Dudamel, luego de la muerte de Cañizales.

Era la primera vez que el músico criticaba públicamente al Gobierno venezolano. Hasta ese momento, desde la oposición se le acusaba por mantener una postura neutral a pesar de la crisis política y social que vive el país. Pero la muerte de Armando lo cambió todo.

Armando formó parte del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, conocido popularmente como El Sistema, durante 10 años. Tocaba viola en la Orquesta Sinfónica Juvenil José Francisco del Castillo y ensayaba semanalmente en Parque Central, en el centro de la ciudad de Caracas. Era el único hombre de su fila, lo que le desarrolló un instinto protector con sus colegas.

Armando Cañizales tocaba viola en la Orquesta Sinfónica Juvenil José Francisco del Castillo

Una de sus compañeras de clase recuerda cómo Armando la esperaba, religiosamente, a la salida de cada ensayo para ayudarla a cargar su instrumento pesado, un contrabajo. Sus amigos en la orquesta lo describen como un joven alegre, echador de broma, caballeroso, protector, lleno de vida y con un gran talento.

“Él era el único hombre de la fila, el que nos cuidaba. Él era nuestro chico. Al momento de enterarnos de la noticia fue bastante fuerte, nosotros como tal no sabíamos que él estaba marchando y que estaría ese día en la protesta. Habíamos hablado con él el día anterior, le dijimos que estuviera pendiente por si había ensayo… Cuando nos enteramos fue por una noticia que vimos y no lo podíamos creer”, cuenta Rosmary Isea, amiga de Armando y una de sus compañera de fila en la orquesta.

La séptima sinfonía de Beethoven fue tocada por sus compañeros en las capillas velatorias del cementerio del Este, el 5 de mayo de 2017, por ser  la última pieza que habían practicado al lado de Armando. También le rindieron homenaje tocando el himno nacional en lo que se convirtió en una de las despedidas más emotivas vividas durante las protestas. Hasta los instrumentos se llenaron de lágrimas.

La madre agradece el apoyo que recibió de la institución musical. “Una representación del Sistema de Orquestas estuvo allí, tanto en el  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que fue al primer lugar donde nos llevaron y luego en la morgue de Bello Monte. Gracias a ellos, y no a la gente de la morgue,  fue que la fiscalía hizo la autopsia de mi bebé. Ellos se portaron a la altura, Dudamel me llamó desde Los Ángeles y estuvimos hablando. No sólo él, también el director general, la hermana del maestro Abreu quien se portó excelente”, comenta Carrillo.

La fila de viola que creció con Armando en la José Francisco del Castillo se disolvió, algunas de sus compañeras pasaron a otras orquestas y otras buscaron diferentes caminos profesionales. Aún así siempre intentan buscar el tiempo para reunirse y tocar en nombre de su amigo.

Caso judicial detenido

Cuando la represión de la GNB contra la manifestación de ese miércoles de mayo cumplía cuatro horas, comenzó a rodar un vídeo en las redes sociales. Se veía cómo trasladaban, en una moto, a un joven hasta una ambulancia ubicada en la calle principal de Las Mercedes.  “No, Armando, no”, se escuchan los gritos de alguien al fondo.

Era Armando Cañizales, vestido con una chaqueta negra y un bolso del mismo color. Estaba inconsciente. Allí también se encontraba su hermano mayor, Alejandro, a quien a pesar de sus peticiones le negaron ir en la ambulancia.

A las 6:24 de la tarde, el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Nestor Luis Reverol, confirmó que Armando había ingresado al hospital Domingo Luciani sin signos vitales con una herida de arma de fuego a la altura del cuello. A su vez, aseguró que había designado equipos especiales del CICPC para la planimetría e investigación de campo.

Sin embargo, el caso a la fecha sigue impune. Durante meses los familiares de Cañizales enviaron comunicaciones a la Guardia Nacional solicitando el acta donde aparecen los nombres del comandante y del pelotón que estaba en Las Mercedes el día de lo ocurrido. Sólo recibieron negativas.

Los familiares también aseguran que la investigación está detenida por órdenes del nuevo fiscal general, Tarek William Saab.

El padre de Armando fue contactado por el Gobierno nacional en una ocasión, a menos de 10 días de la muerte de su hijo. Desde Vicepresidencia le preguntaron si necesitaba algún tipo de ayuda psicológica o monetaria. “A mi esposo lo contactaron preguntando si necesitábamos algún tipo de ayuda psicológica, dinero, carro o casa. Obviamente mi esposo dijo que no y pidió que no lo volvieran a llamar. Después de eso no se volvieron a comunicar con nosotros, ni lo queremos, ni lo necesitamos”, cuenta Mónica Carrillo.

La tumba de Cañizales está en el cementerio del este junto con las de Juan Pablo Pernalete y Miguel Castillo, también asesinados durante las protestas con pocos días de diferencia. Ninguno ha recibido justicia a pesar de las exigencias de sus familiares.

De los 158 casos de víctimas fatales registrados durante las manifestaciones que hubo en Venezuela entre abril y julio de 2017, al menos 60 están en su etapa inicial de investigación, mientras que 23 –que ya tienen a presuntos victimarios acusados– esperan por la decisión de una audiencia preliminar; según publicó Runrun.es el  pasado 1 de abril en el especial “Memorias de Calle, Furia e Impunidad”.  

El día en que Armando cumpliría 19 años, el pasado 3 de marzo, su abuela, quien quedó encargada de su tumba, junto con cuatro compañeros de clases de Cañizales le llevaron flores, globos y un torta de profiteroles al cementerio. La frase que antes tenía en el estado de su Whatsapp ahora está grabada en una placa sobre su tumba: “Prohibido rendirse, respira hondo y sigue”.

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Carlos Moreno: Los 18 años que truncaron los colectivos en San Bernardino durante las protestas de 2017
Al joven, estudiante de Economía de la UCV, lo mataron tres días antes de que cumpliera su mayoría de edad. Había salido de su casa con la idea de ir a jugar fútbol, pero paramilitares que arremetieron contra una concentración en la plaza La Estrella, en Caracas, le cegaron la vida antes de que llegara a su destino. Hace un año, se convirtió en el primer caído en la capital venezolana en medio de las protestas

 

Lorena Meléndez G. | @loremelendez

ANA BARÓN RECUERDA QUE CARLOS, su hijo menor, tenía apenas tres años cuando le detectaron déficit de atención. Fue así como halló explicaciones a la impulsividad e hiperactividad del niño y cómo ella comenzó una búsqueda para asegurarle que pudiera ser educado de la mejor forma posible. Lo cambió de escuelas, acudió a médicos y psicopedagogos, le aplicó tratamientos, supervisó cada una de sus tareas, lo infló de ánimo cuando no quería hacer nada, lo consoló cuando cuestionaba su condición, lo impulsó a que pasara sus materias, a que nunca le quedara un año escolar. Carlos se volvió el centro de su vida, tanto así que Alejandra, la mayor, a veces le reclamaba un poco de atención. “El asesino de mi hijo no sabe todo lo que yo luché”, comenta mientras aprieta los labios y trata de contener las lágrimas que ya recorren su rostro, mientras hace su mejor esfuerzo para que la voz, ya rota, no se le quiebre. Su nombre completo era Carlos José Moreno Barón y tenía 17 años de edad cuando el miembro de un colectivo paramilitar lo mató en medio de la protesta del 19 de abril de 2017.

“Yo lo veía y pensaba ‘él es mi reto, yo quiero salir adelante con él’. Trabajé para él, todo lo hice para él. Yo decía, mi hijo ya va a cumplir los 18 años (…) y pensaba que iba a ser un reto más grande porque me iba a decir que era mayor de edad y que podría hacer lo que él quisiera. Pero ahí iba a estar yo, luchando, lo iba a seguir haciendo. Y nada, me mataron todo”, asevera.

Carlos, quien era estudiante del primer semestre de Economía en la Universidad Central de Venezuela, fue la primera víctima que cayó en Caracas durante las manifestaciones. Solo en el municipio Libertador del Distrito Capital mataron a 24 personas en el contexto de las movilizaciones antigobierno que se extendieron por cuatro meses de 2017. En ese período, en todo el país, cayeron 20 menores de edad. Quince de ellos eran parte de los 38 jóvenes que cursaban bachillerato o carreras universitarias.

Aquella mañana del 19 de abril, alrededor de las 9:30 am, había convencido a su mamá de darle permiso para salir a jugar fútbol con unos amigos. Era feriado, no había clases y la oportunidad era perfecta para irse a hacer lo que más le gustaba. Sin embargo, no era un día cualquiera. En 26 puntos de la capital venezolana se concentrarían manifestantes para marchar hasta la Defensoría del Pueblo para exigir la anulación de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que días atrás habían disuelto la Asamblea Nacional. Uno de estos lugares de concentración era la Plaza La Estrella, en San Bernardino, apenas a cinco cuadras de la casa del muchacho.

Ana no quería que él saliera, precisamente porque el sitio a donde iba Carlos, unas canchas de la urbanización Chuao, estaría lleno de marchistas. Temía que lo tocara de cerca la represión que había visto en día anteriores y que, para la fecha, ya había dejado cinco muertos. Pero él insistió.

“¿Tú me ves a mí vestido para ir a una marcha?”, le dijo el adolescente a su madre. Melvin, su hermano de crianza, cuestionó también su salida. Al final, ambos cedieron. A Carlos nada lo detenía. “Yo le di permiso porque los 365 del año él quería ir a jugar fútbol y quería salir con sus amigos”, comenta hoy Ana, sabiendo que era imposible conocer qué iba a pasar horas después.

Carlos se marchó con el morral negro que siempre cargaba, en donde llevaba el efectivo que le había dado su madre para que desayunara unas empanadas, su teléfono y poco más. Sus familiares, todavía hoy, desconocen por qué fue a parar a la plaza La Estrella de San Bernardino, hacia el norte, cuando debía encaminarse hacia el sureste de la ciudad. Tampoco encontraron mensajes en su teléfono o en sus redes sociales que confirmaran que se iba a encontrar con otros muchachos para anotar unos goles, tal como lo había avisado.

El adolescente, apunta su madre, nunca mentía sobre lo que iba a hacer. Ana piensa que quizás había desistido de ir a Chuao e iba a las canchas del Hotel Ávila, en San Bernardino, donde también solía jugar fútbol. Días después de su muerte, a ella le llegaron muchos comentarios de personas que estuvieron en la marcha. Hubo quienes lo vieron allí solo y le advirtieron que era muy jovencito para andar en una protesta, pero él siguió en el sitio. No se sabe si esperaba encontrarse en ese lugar con otros compañeros, si solo estaba de paso, o si realmente se había ido a protestar, tal como se lo había manifestado a su mamá en otras oportunidades y ella le negaba el permiso.

Lo cierto es que Carlos estaba en la concentración cuando llegaron los pistoleros. Los manifestantes, con pancartas, pitos y gorras tricolor, habían comenzado a congregarse puntualmente en las esquinas que conforman La Estrella, que no es más que la intersección de la avenida homónima con la Caracas, Gamboa, Cajigal, Este 5, Anauco y El Parque. Justo en esta última se había ubicado un piquete de la Policía Nacional que, de acuerdo con testimonios recogidos por Runrun.es, se retiró cinco minutos antes de la llegada de los colectivos. A esa hora, ya la zona estaba repleta. Cientos de personas habían llenado la plaza y sus alrededores. “Aquí estábamos bien apretados”, apuntó un manifestante que estuvo ese día en el sitio.

Otro episodio que llama la atención es el paso de un camión, que los testigos identifican como del gobierno, en medio de la concentración. El vehículo pesado recorrió la avenida Gamboa, en dirección a la plaza y, pese al poco espacio, cruzó hacia la avenida La Estrella sin importar que iba en contrasentido. Los marchistas gritaron al conductor, pero este siguió su camino. En medio de ese caos, cuando ya el camión había avanzado, se escucharon los balazos.

Testigos del hecho aseguran que, cerca de las 10:30 am, al menos 15 colectivos bajaron en moto por la avenida Anauco. Esa es, por cierto, la vía más rápida para llegar a la plaza desde Cotiza, en donde está la sede del Frente 5 de Marzo, cuyos miembros fueron los presuntos responsables del asesinato. Para arribar hasta allí, debieron bajar por el Mercado de Las Flores, tomar la avenida Fuerzas Armadas, cruzar en la avenida Panteón y luego seguir por la avenida Anauco, un tramo que sin tránsito –como estaba Caracas en ese feriado– se cruza en unos seis minutos.

Los motorizados arribaron al sitio cerca de las 10:30 am haciendo disparos y lanzando bombas lacrimógenas. Quienes pudieron, huyeron por las distintas avenidas del gas y los tiros. El final de la avenida La Estrella, en donde estaba Carlos, había quedado revuelto luego del paso del camión. El muchacho cayó justo en la intersección. Su cabeza y la sangre que derramaba quedaron encima del rayado.

Ana vio una y otra vez los videos que circularon sobre los momentos posteriores al ataque. En dos de ellos, Carlos está en el suelo, mientras los manifestantes que lo rodean gritan, se lamentan, maldicen. Una joven, con uniforme médico, reconoció que aún tenía signos vitales y alertó que debían llevarlo rápido al hospital más cercano. Un hombre cargó en sus brazos al muchacho, ya inconsciente, y lo montó en la moto que lo trasladó hasta el centro de salud.

Poco después, Ana supo que le habían disparado a un joven en la manifestación de San Bernardino. Se enteró porque a su hija Alejandra se lo contó una vecina. “¿Ven? Por eso es que no me gusta que vayan a marchas”, soltó la madre para recordar las veces que se había negado a asistir a cualquier acto político. En los minutos siguientes, sonó el teléfono. Llamaban del Hospital de Clínicas Caracas para informarle que había sucedido algo con Carlos. Del otro lado del auricular, nadie tuvo el valor de contarle del disparo, solo le dijeron que fuese al centro de salud en compañía de alguien más.

Ana, Alejandra y Melvin salieron cuanto antes a la clínica. “Yo pensaba que lo habían detenido porque le había dicho algo a un policía en la calle”, cuenta la madre, quien recalca que la impulsividad de Carlos le hacía alterarse ante cualquier injusticia, así que una reacción contra algún uniformado era de esperarse. Mientras caminaban, se dieron cuenta que todas las vías que conducían hacia la clínica estaban cerradas por las movilizaciones, así que tuvieron que rodear la plaza La Estrella para poder llegar. “Yo ni siquiera pasé por donde estaba la sangre”, dice.

Al llegar, Ana se identificó y ahí lo supo todo. A pesar de que lloraba, no comprendía la gravedad de lo que acababa de pasar. “Yo todavía, viéndolo que estaba acostado en una camilla, no reaccionaba”, agrega. Pensaba que lo iban a operar, porque eso le habían dicho los médicos, escuchaba cuáles eran las consecuencias del disparo y la posibilidad de que quedara tetrapléjico, lloraba, pero aún así estaba segura de que Carlos iba a “salir de eso”. Sin embargo, en medio de la intervención quirúrgica, el muchacho sufrió un paro respiratorio. No pudo resistir más.

Los 16 del 5 de Marzo

“En mi mente, yo ni siquiera me he puesto a indagar la vida del que mató a mi hijo, porque es que a mí no me ha dado chance de pensar en nada sino en Carlos. Yo sé que (quien lo asesinó) está preso y que así están cuatro más y todo eso, pero que yo sepa quién era ese señor, dónde andaba él, si tiene familia o no tenía familia, a mí no me importa porque, qué me puede importar a mí una persona si a mí quién realmente me importa es mi hijo y ya no lo tengo”, sentencia Ana mientras seca con la punta de los dedos sus párpados húmedos. El dolor de aquel 19 de abril de 2017 continúa intacto un año después a pesar de que ella se haya dedicado a trabajar y a ocupar el tiempo para evadir la ausencia de su muchacho, que hoy ya sería mayor de edad.

Del procedimiento judicial que se abrió sobre el asesinato de su hijo, apenas conoce detalles. Ana sabe que aunque hay solicitudes de arresto para 16 miembros del Frente 5 de Marzo, solo cuatro han sido capturados y acusados. Uno de ellos es el supuesto autor material de la muerte del adolescente: Jonathan Ramón Camacho Delgado, apodado “Jonathan 38”, de 36 años de edad, quien fue detenido el 16 de mayo de 2017 e identificado como oficial jefe de la Policía del municipio Sucre, adscrito a la división de Patrullaje y al puesto de control permanente de la urbanización Macaracuay. El arma con la que impactó a Carlos la consiguió el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en su casa durante un allanamiento. Por su cargo policial, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, quiso implicar a Polisucre en el caso. Sin embargo, desde allí se respondió que ese día el oficial no estaba prestando servicio.

La aprehensión de Camacho Delgado se produjo un día después de la de otro miembro del colectivo: Alexander José Linares, de 40 años de edad. A él lo apresaron en las adyacencias de la avenida Fuerzas Armadas de Caracas. Tras un interrogatorio, señaló a Camacho Delgado como la persona que había disparado. Lo imputaron por homicidio calificado, lesiones y agavillamiento. Un año después del asesinato, ninguno de los dos acusados ha sido sometido a juicio. Los mantienen en la cárcel de El Rodeo.

No es la primera vez que el nombre del colectivo 5 de Marzo aparece en los titulares. Su líder fue José Odreman, asesinado el 7 de octubre de 2014 en el edificio Manfredy de Quinta Crespo, en Caracas, por funcionarios del Cicpc. Su muerte provocó la destitución del ministro de Interior y Justicia de la época, Miguel Rodríguez Torres. De acuerdo con un reportaje de Efecto Cocuyo, en los último tres años han caído al menos nueve miembros del “frente” en distintos hechos que van desde enfrentamientos armados hasta rencillas con bandas criminales.

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Carlos fue la tercera víctima de los colectivos armados que, en total, mataron a 28 personas durante las protestas de 2017, y el segundo menor de edad que murió en manos de estos grupos paramilitares. El primero fue Brayan Principal, de 14 años, quien cayó el 11 de abril en medio de un ataque a una protesta que se efectuaba en las adyacencias del urbanismo Alí Primera, al norte de Barquisimeto, estado Lara. El caso de Carlos es uno de los seis, cometidos por colectivos, en los que hay victimarios acusados. No obstante, ninguno ha recibido sentencia.

Rebelde y libre

El estandarte de la Escuela de Economía de la UCV se extendió el lunes pasado en la sala Bernardo Ferrán (aula 307) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la casa de estudios. A media mañana, una delegación del Centro de Estudiantes le rindió un homenaje a Carlos para recordar cómo, hace un año, lo habían perdido.

“Este no es un evento para estar tristes, es un evento de júbilo (…) Aceptamos lo que pasó, pero no olvidamos”, dijo al comienzo del acto Félix Ruiz, organizador y compañero de estudios de Carlos. Pero después de hacer un acróstico en la pizarra, de las palabras de José Guerra –diputado de la AN y profesor de la Escuela– y de entonar una canción en su memoria, los testimonios de los estudiantes rompieron el protocolo. Hablaron con la voz quebrada, con la impresión aún de la muerte repentina. Una y otra vez repitieron que jamás pensaron que la tragedia los tocaría tan de cerca. Ana, en primera fila, los escuchó conmovida.

Fernando Bustamante, secretario de Finanzas del Centro de Estudiantes, rememoró lo duro que fueron los días de las protestas. “Lo más bonito que me pasaba cada día era cuando, en la noche, llegaba vivo a la casa y saludaba a mi mamá. Que no se haya logrado eso con Carlos es una razón más para luchar”, comentó justo antes de admitir que lloraba cuando veía en los medios noticias relacionadas con el asesinato del chamo rebelde al que pudo convencer de que votara por él en unas elecciones estudiantiles luego de jugar una partida de voleibol.

“Hoy Carlos no podrá estar bajo las nubes, hoy está sobre ellas”, afirmó el secretario de Cultura estudiantil, Moisés Medina, quien nunca imaginó que tendría que despedir a un compañero durante su vida universitaria.

Richard Mujica, uno de sus más cercanos compañeros, lo describió como un muchacho tratable y excelente amigo. “Él no estaba interesado en la política, sino centrado en su carrera y en el fútbol (…) A él le arrebataron la vida por la incompetencia de los que nos gobiernan”, señaló.

Jonathan Pérez, uno de sus amigos, se enteró del asesinato a través de un grupo de Whatsapp. Varios de su clase comentaban que habían matado a Carlos en una manifestación, pero Jonathan, al borde de su cama, buscaba cualquier otra vía para confirmar si lo que decían era verdad. Se sintió desesperado.

“Yo había hablado con Carlos dos días antes y nunca llegué a pensar que esa fuera la última vez que lo iba a ver, que no iba a estar otra vez sentado en clases o que nunca más iba a voltear en un examen y me iba a encontrar su rostro con una expresión con la que me preguntaba cómo iba. Es algo que no esperas, es algo muy duro”, añadió fuera del micrófono.

Ana dice que el mayor anhelo de Carlos siempre fue ser libre. “Quizás por eso murió un 19 de abril”, agrega. Todavía, algunas tardes, se asoma al balcón de su apartamento, justo al lado de las bicicletas con las que salía a recorrer la ciudad, con la idea de que lo verá jugando en el callejón.

Reverol anuncia desarticulación de “célula terrorista” que planificaba operaciones de “desestabilización”

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció este miércoles, 18 de abril, la ejecución de la “Operación Gedeón II”, la cual desmanteló una supuesta célula terrorista “que planificaba operaciones para atentar contra el orden interno” y estaba integrada por al menos 12 personas. Explicó el ministro que tal operativo consecuencia de las investigaciones realizadas luego de la primera Operación Gedeón en la que fue asesinado el piloto disidente Oscar Pérez y seis integrantes del grupo que lo acompañaba.

Entre los detenidos se encuentran Yorfrán Quintero, alias “Collar”, de 28 años de edad, capturado el pasado 15 de abril en el municipio Chacao, quien tendría como objetivo colocar explosivos en diferentes sedes de poderes públicos, entre ellos el Consejo Nacional Electoral y la base aérea Francisco de Miranda (La Carlota), con el fin de sembrar zozobra en la población.

Dijo además que se evidenció que Quintero prestó servicio militar en la GNB  y sería el autor de los ataques con explosivos realizados en los alrededores de la Plaza Altamira en el año 2017.

Informó que se realizaron allanamientos en Los Teques, específicamente en “un centro de captación y entrenamiento donde se logró la detención de tres personas”, quienes presuntamente eran “ miembros activos de la resistencia de choque e insurgencia”.

En Los Teques fueron arrestados Alonso José Mora Alfonso (33), Erick Anderson Villalba Suárez (20) y Stefanie Madeleine Chávez (20)

El ministro aseguró además que Vasco Manuel Da Costa Corrales, quien fue detenido el pasado lunes en su residencia, era el “líder de estas células terroristas y financista de las operaciones” además señaló que la información aportada por Da Costa permitió la recuperación de un arsenal que se encontraba oculto.

Reverol recordó que Da Costa, quien había sido liberado el año pasado, “tiene antecedentes por estar vinculado en las guarimbas del año 2014, y estaba relacionado con el detenido Isaías Baduel”

Dijo que tras ser sometido a interrogatorios, Da Costa los llevó a la Quinta Vista Hermosa, en donde bajo tierra se encontraron municiones (…) Fueron incautados más 3 mil cartuchos 7 mm, metro y medio de mecha lenta para explosivo, 1 pistola calibre 9 mm con 6 cartuchos sin percutir, solicitada por el delito de hurto”.

En este allanamiento fueron detenidas otras seis personas identificadas como José Luis Santamaría Vargas (46), Pedro Rafael Urbina Rosales (37), Régulo José García Castro (25) y Luis Felipe Leal Fernández (33), así como dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, “quienes recibían instrucción y entrenamiento para posteriormente ser desplegados y planificar actos desestabilizadores y evitar las elecciones presidenciales del 20 de mayo”.

Reverol anunció la detención de Carlos Aristimuño (60) en el municipio Chacao, quien habría “sido contratado por la célula terrorista como instructor de diferentes cursos dirigidos al grupo de choque e insurgencia”.

Además dijo que se emitió una orden de captura internacional contra María Isabel Rodríguez Briceño (60) a quien señaló de ser financista de “los grupos de exterminio”.