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Llegada masiva de venezolanos mantiene en alerta a ciudad brasileña de Boa Vista

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María José dejó su trabajo de maestra para irse a vender frutas en la calle 

El conductor toca ligeramente la bocina y María José Pacheco estira el brazo para mostrar siete naranjas. Sentada bajo un pequeño árbol junto a un semáforo, pela la fruta con rapidez y perfección y la mete en una malla demasiado débil para soportar el peso.

La mujer venezolana dejó su país, a sus tres hijos menores y su puesto de profesora de educación integral para vender naranjas 12 hora al día. Y sin embargo, está satisfecha. «Aquí se consigue comida, se trabaja, pero el dinero rinde», dice Pacheco, una entre los miles de venezolanos que en los últimos meses cruzan masivamente la frontera con Brasil para huir de la crisis en su país e instalarse en Boa Vista.

La ciudad brasileña, capital del norteño estado de Roraima y de menos de 300 mil habitantes, ha visto sacudida su tranquilidad. La llegada de extranjeros ha sobrecargado los servicios de salud, por lo que la gobernadora decretó en diciembre de 2016 el estado de emergencia, que sigue vigente. Y está generando también tensiones y conflictos entre locales y foráneos.

Boa Vista fue diseñada como París con un centro en el que convergen anchas y largas avenidas. Y aunque dista mucho de asemejarse a la capital francesa y de aparecer en las guías turísticas de Brasil, para muchos venezolanos es un lugar de ensueño.

En algunos cruces de sus planificadas arterias se los puede ver ganarse la vida bajo el sol, fuerte y constante durante todo el año. Pacheco trabaja casualmente en una de las intersecciones de la Avenida Venezuela. A su lado está su hermano. En otro punto de la ciudad, su esposo. Los tres comparten una habitación sin derecho a cocina, lo que les genera más gastos. Pese a todo, consiguen ahorrar y enviar dinero a Venezuela para su familia.

En una semana, Pacheco puede igualar lo que ganaba en un mes en Venezuela como profesora. Además, en Boa Vista encuentra comida fácilmente y a menor precio que en su país, que por la crisis económica sufre escasez de alimentos y de productos básicos y una elevada inflación.

Boa Vista, es la primera gran ciudad que se encuentra después de la frontera entre Venezuela y Brasil. A unos 200 kilómetros del cruce.  Yosleidis espera con calma junto a su suegra. «Cualquier sitio es mejor que Venezuela», me dice convencida.

La razón de su seguridad es que su marido lleva ya seis meses en Boa Vista, donde ha encontrado trabajo en un puesto de comida rápida venezolana.  Ella va de nuevo de visita. Cuando los niños acaben el curso escolar en julio, se mudará toda la familia, afirma.

A su lado, Julia, de sólo 19 años, carga con una voluminosa maleta. Ella se va ya definitivamente a Boa Vista, donde su madre lleva varios meses con su hermano de 6 años.

«Él ya habla perfectamente portugués», me dice, orgullosa del pequeño y atemorizada por el nuevo idioma que le espera.

Julia hace cuentas. De momento no seguirá con los estudios que cursaba en Venezuela. Quiere trabajar y cree que puede ganar 400 reales al mes, que al cambio informal en la frontera son unos 480 mil bolívares, mucho más de los 40 mil (más el bono de alimentación) del salario mínimo mensual en su país.

Tanto el marido de Yosleidis como la madre de Julia pidieron refugio en Brasil y lo lograron, y ellas esperan lo mismo. Es la mejor vía para obtener permanencia legal en el país vecino, que ha limitado incluso a sólo tres días los permisos de estancia.

El gobierno del estado Roraima estima que unos 30 mil venezolanos han llegado por causa de la crisis. Según los datos de la Policía Federal brasileña suministrados a BBC Mundo, 2.238 venezolanos solicitaron refugio en 2016. Apenas cinco casos fueron denegados.

 

 

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Un capitán de la Aviación Militar Bolivariana fue detenido por cobrar vacuna a un comerciante del Mercado Mayorista de Barquisimeto para ingresar gandolas con comida. Los cuerpos oficiales también buscan al general de brigada a cargo del mercado, quien tenía conocimiento de dichas actividades ilícitas.

Efectivos del Ejército Nacional Bolivariano detuvieron a José Gutiérrez Terán, capitán de la Aviación, el martes 28 de febrero, cuando cobraba vacuna a un comerciante del mercado que quería ingresar una gandola cargada con harina de maíz precocida. En la detención le fue incautado un millón de bolívares en efectivo, que se encontraban en el vehículo del militar. El hombre fue trasladado al Comando de Zona Número 12 de la GNB en la av. Florencio Jiménez de Barquisimeto, municipio Iribarren del estado Lara.

Por el hecho también es buscado el general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) José Rozo Villamizar, quien estaba encargado de la intervención militar en el lugar desde agosto del año pasado y conocía de las extorsiones realizadas por funcionarios a los comerciantes. Según las informaciones oficiales, se desconoce su paradero.

Gobierno gastará casi 14 millardos de bolívares en inteligencia en 2017

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“El camino de la Revolución pacífica y democrática está vulnerado, está amenazado”. Frases como estas las ha pronunciado en reiteradas ocasiones el presidente Nicolás Maduro, quien por lo visto está convencido de que su Gobierno enfrenta conspiraciones y complots internos y externos, y para neutralizarlos decidió destinar casi 14 millardos de bolívares no solo a los organismos de inteligencia sino a formar nuevos agentes.

La información figura en el presupuesto nacional de 2017 que el Tribunal Supremo de Justicia(TSJ) le aprobó al Ejecutivo en diciembre, al arrebatarle esa potestad a la Asamblea Nacional (AN) bajo la excusa del desacato a sus decisiones.

En el decreto-ley figura que la Vicepresidencia Ejecutiva destinará 10,9 millardos de bolívares a “preservar la estabilidad del sistema democrático mediante la obtención y procesamiento de información estratégica en materia de seguridad del Estado”. Aunque no se precisa el organismo que administrará esos recursos, al despacho que dirige Tareck El Aissami está adscrito el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Pero estos no son los únicos recursos que la Vicepresidencia destinará a las labores de seguridad nacional, pues también tiene reservados 1,1 millardos adicionales para la “creación de la Academia de Inteligencia y Contrainteligencia Libertador Simón Bolívar”, la cual se encargará de “la formación de funcionarios en el área de seguridad de la Nación”.

 

De acuerdo con el documento se formarán este año 400 funcionarios

Por si esto fuera poco, el Ministerio de la Defensa destinará 1,5 millardos adicionales al “Sistema de Contrainteligencia Militar”, el cual tiene la tarea de realizar 12.749 operaciones. En el presupuesto de 2016, a la Inteligencia Militar se le asignaron originalmente 631,9 millones de bolívares, es decir, el aumento de un año a otro fue de más de 135 %.

El monto junto es casi la mitad de los 29 millardos que el Gobierno le adjudicó este año al Ministerio Público (MP) para adelantar la tarea de investigar cada delito que se comete en el país.

 

En alerta

Los montos arriba señalados dispararon las alarmas en el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), desde donde atribuyeron el incremento a dos motivos: disuadir la protesta social y consolidar su control.

Y agregó: “Asimismo creemos que este es el presupuesto de la consolidación de la dictadura que nació el año pasado. El Gobierno sabe que debe llegar a 2018 a como dé lugar y sin elecciones; y para ello debe neutralizar cualquier acción que ponga en riesgo su estabilidad y en el actual escenario eso es complicado”.

Por su parte, la presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y Fuerza Armada, Rocío San Miguel, expresó su preocupación por el destino de los fondos:

“Un presupuesto de estas dimensiones requeriría de una ley que regule al sistema de inteligencia y contrainteligencia para acabar con la enorme discrecionalidad que hay hoy por hoy, la cual permite que la inteligencia no sea para el Estado sino para el Gobierno y muchas veces para una facción del Gobierno”.

Asimismo, cuestionó que se le dé tanto dinero a un organismo con un comportamiento tan cuestionable como el Sebin.

“Se le está dando mucho dinero y poder a Gustavo González López, quien no ha dudado en mantener en prisión a 18 personas, pese a las órdenes judiciales para liberarlo. Este personaje solo es comparable con Vladimiro Montesinos, quien también se puso por encima de los jueces y solo respondía a Alberto Fujimori”, expresó.

 

Vea la nota completa en Crónica Uno

 

El Mañanero #2Mar: las 8 noticias que debes saber

PLANTILLA- Imagen del mañanero

La solicitud para recibir el dinero correspondiente al bono de alimentación en efectivo, en lugar de a través de tarjetas o tickets, viene aumentando desde hace tiempo, ya que esto permitiría comprar comida en cualquier parte, así como pagar los Clap, señaló la presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos.

mañanero vespertino Lo que debes saber

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Los Runrunes de Bocaranda de hoy 02.03.2017: ALTO: Sobre el Departamento del Tesoro

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Ocupación hotelera en Carnaval descendió a un promedio de 40%

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Trabajadores solicitan recibir el bono de alimentación en efectivo

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“Ni porque nos apliquen la Carta Democrática Interamericana nos van a derrocar, es una manera de tratar de arrastrar algunos países latinoamericanos. Quizás así lo piense el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que fue de acuseta a Washington y aprovechó para hacernos quedar mal ante el señor Trump”, Roy Chaderton, exembajador de Venezuela ante la OEA #1Mar.

mañanero vespertino El dato

[iconbox title=»La Canasta básica familiar aumentó a 832.259,95 bolívares en enero» title_align=»center» content_align=»center» title_color=»#1006a0″ align=»center» type=»vector» icon=»fa-icon-group» icon_align_to=»box» size=»32″ ] Es la cifra del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. [/iconbox] [divide style=»dashs» icon=»circle» margin_top=»5″ margin_bottom=»5″ color=»#dd9933″] [iconbox title=»Indicadores Económicos» title_align=»center» content_align=»center» title_color=»#dd9933″ align=»center» type=»vector» icon=»steady-icon-bars» icon_align_to=»box» size=»32″ icon_color=»#dd9933″ icon_color_hover=»#0c0c89″ icon_animation=»none» ]

Precio de @BarrilVenezuela es $46.32 base a WTI de $53.75.

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Asesinato de Berta Cáceres alerta sobre lo que podría ocurrir con el Arco Minero del Orinoco de Venezuela

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Este 02 de marzo de 2017 se cumple el primer aniversario del asesinato de la activista medioambiental e indígena hondureña Berta Cáceres. Como se recordará, Cáceres mantenía una lucha de resistencia a los proyectos inconsultos que afectan a las comunidades indígenas de su país. Este contexto de ausencia de garantías del ejercicio de derechos que acompañan el avance del modelo de desarrollo extractivista en Honduras y en el resto de América Latina, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, crea condiciones para acciones que vulneran derechos fundamentales entre ellos el territorio, el ambiente y la vida y garantizan impunidad para los responsables.

Desde el año 2006, junto a la comunidad indígena lenca de Río Blanco, Berta Cáceres se organizaron para rechazar la construcción de cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque, las cuales impactarían negativamente en el acceso al agua, alimentos y medicinas de los poblados de la zona, forzándolos a desplazarse a otros territorios. El Estado Hondureño y las compañías involucradas: Sinohydro (China), Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) y la estatal Desarrollos Energéticos S.A incumplieron la obligación de realizar el derecho a las consultas previas, libres e informadas con las comunidades indígenas que habitan en las inmediaciones del proyecto. Debido a su activismo en defensa del ambiente y pueblos indígenas, Cáceres sufrió hostigamiento y criminalización por parte del gobierno de su país, quien la acusó falsamente de «posesión ilegal de un arma de fuego poniendo en peligro la seguridad del Estado de Honduras”, así como de “usurpación de tierras, y coacción”. El 03 de marzo de 2016, atacantes no identificados irrumpieron en su domicilio y la asesinaron.

Datos de la ONG Global Witness estima en 12 los activistas medioambientales asesinados en Honduras desde el año 2014, quienes se habían opuesto a la construcción de grandes infraestructuras y proyectos extractivos en zonas de alta fragilidad ecológica y habitados por pueblos y comunidades indígenas. A pesar de la diversidad ideológica de los gobiernos de América Latina los une la profundización de la economía extractiva y de renta minero-petrolera, generando resistencias de amplios sectores sociales. La impunidad en el crimen de Berta Cáceres es un claro mensaje en la búsqueda de disuasión, amedrentamiento y miedo para todos aquello/as que desean rechazar la promoción de grandes obras de infraestructura y la profundización de la economía extractiva, petrolera y minera en los territorios tanto en Honduras como en el resto de nuestros países.

Las decisiones unilaterales, e impositivas, así como la violación al derecho a la demarcación, a los estudios de impacto ambiental y cultural, el acceso a la información, la actuación de buena fe, la consulta previa libre e informada y el consentimiento previo de este modelo de desarrollo, que generaron las condiciones para el asesinato de Berta Cáceres y otros activistas en Honduras, se repiten en Venezuela. Sin cumplir sus obligaciones constitucionales el gobierno del Presidente Nicolás Maduro ha decretado una zona para la explotación minera que se extiende en un 12% del total del territorio venezolano bajo la denominación “Arco Minero del Orinoco”. Actualmente decenas de líderes, lideresas y miembros de comunidades indígenas del estado Bolívar están siendo hostigados y coaccionados para incorporarse a este proyecto, que afectará el medio ambiente, sus culturas ancestrales y su vida.

Diversas organizaciones indígenas del estado Bolívar y Amazonas en Venezuela han expresado que sus derechos han sido vulnerados con la aprobación del Decreto Arco Minero del Orinoco. Organizaciones de sociedad civil, aliadas, intelectuales, académicas, políticas exigimos el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los pactos internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas.

El mismo día que conmemoramos 1 año de la muerte de Berta Cáceres, se cumplen 4 años de la muerte del Cacique Yukpa Sabino Romero asesinado igualmente por defender sus territorios ancestrales en la Sierra de Perijá estado Zulia. Al exigir Justicia para Berta Caceres, exigimos Justicia para todos los defensoras y defensores indígenas asesinados en el mundo por defender el ambiente y la tierra para todo/as.

  • Nos sumamos a las palabras de la relatora ONU de Pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz «Es urgente que se termine con la impunidad imperante en el país en relación con hechos delictivos contra miembros de las comunidades indígenas y sus defensores”. Exigimos al gobierno de Honduras el fin de la impunidad en los asesinatos de Berta Cáceres y el resto de activistas medioambientales, sancionando a sus autores materiales e intelectuales
  • Demandamos tanto al gobierno de Honduras como el de Venezuela cumplir con el compromiso de promover y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la demarcación, los procesos de consulta previa, libre e informada antes de realizar intervenciones en los territorios habitados por comunidades indígenas.
  • Exigimos al gobierno venezolano cumplir el requisito constitucional de realizar y difundir el estudio de impacto socioambiental en el proyecto del Arco Minero del Orinoco

¡1 Año Sin Justicia para Berta Cáceres!, Berta Vive! Sabino Romero Vive.

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
Laboratorio de Paz

Luis Izquiel: Las cárceles venezolanas se han convertido en microestados

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El abogado y criminólogo Luis Izquiel aseguró que las cárceles en Venezuela se han convertido en microestados liderados por los pranes.

Así respondió Izquiel al ser consultado por el equipo de Prensa Unidad Venezuela sobre la existencia de una agencia bancaria en el penal de Tocuyito. “Es un elemento más que habla sobre la situación caótica de nuestras cárceles, el desbarajuste que hay en nuestras cárceles. Es un episodio más que se suma al tema de las discotecas, de las piscinas, de los tiroteos con armas largas desde los techos de las prisiones, de pranes que van a la playa. Es otro episodio que demuestra que el Estado perdió el control de lo que sucede en las cárceles”, dijo.

Destacó que además eso está prohibido por la ley, porque el artículo 18 del Código Orgánico Penitenciario establece que no puede circular dinero en las cárceles.

Se han multiplicado los problemas

Izquiel aseguró al equipo de Prensa Unidad Venezuela que desde que se creó el Ministerio de Servicio Penitenciario en 2011 todos los problemas carcelarios se han multiplicado. “El hacinamiento carcelario creció de manera enorme y se trasladó a las comisarías de policías. Iris Varela no solo tiene un caos en las cárceles, sino que también creó un caos dentro de las comisarías de policías, que es como un sistema penal paralelo que hay aquí en Venezuela con casi la misma población”, enfatizó.

Agregó que desde la fundación de ese despacho los asesinatos en las cárceles se multiplicaron así como las violaciones de los derechos humanos.

Al preguntarle sobre la permanencia de Varela al frente del ministerio desde su fundación hasta la fecha, Izquiel consideró que eso significa que quienes han gobernado al país, es decir, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, han estado de acuerdo con la política carcelaria desastrosa que se ha llevado a cabo.

“Están de acuerdo con la situación de violación de derechos humanos que hay en las cárceles, están de acuerdo con que el Estado no controle las cárceles y con que se le cobre dinero a los presos por vivir allí, con que existan drogas y armas. Eso pareciera, porque convalidando a esta ministra desde el año 2011 se está convalidando todo el desastre carcelario”, manifestó.

En la nada

Sobre la reforma carcelaria que se ha ofrecido en varias oportunidades al país, dijo que todas han quedado en el papel, en la nada.

Recordó que cuando Tareck El Aissami fue ministro de Interior y Justicia también ofreció la construcción de más de 20 cárceles, pero eso no se cumplió. Luego, cuando Varela asumió la conducción del ministerio, ofreció la construcción de decenas de cárceles.

“Entiendo que el dinero para eso fue aprobado y resulta que a lo que se dedicó fue a cerrar cárceles, prácticamente no abrió ninguna. Las infraestructuras modernas que se ofrecieron no están en el país y la Contraloría General no investiga qué pasó con ese dinero”, expresó.

Insistió en que Varela lo que ha hecho es crear caos, porque ha cerrado cárceles y no ha abierto ninguna. “Cuando cierras una cárcel y no construyes una alternativa lo que haces es agravar el problema de las otras, y eso es lo que ha venido ocurriendo. Por eso es que ella le trasladó el problema a las gobernaciones, alcaldías y policías, puesto que al no tener cupo en los penales, le traslada el problema a las comisarías que no están destinadas para eso, pero han tenido que ser utilizadas como un sistema penal paralelo”, concluyó.

Las 9 noticias más importantes a esta hora de la tarde

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Borges: Venezuela es un problema en la región

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, considera que la decisión del Senado de Estados Unidos de apoyar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela es una muestra de que la situación del país se ha convertido en un problema para la región.

El parlamentario señaló que la presión internacional es importante, pero también es imprescindible que los venezolanos exijan elecciones.

«Se necesita que haya voto, haya respeto a la Constitución, que haya derechos humanos y eso ya es unánime. Ya no es un grupo de países, es unánime. El único país que está solo con Venezuela es Nicaragua y Maduro quiere apoyar el modelo nicaraguense de buscar ilegalizar a la oposición, pero se equivoca», expresó.  (Globovisión)

 

Canciller venezolana aborda en la FAO programas contra hambre

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, abordó este miércoles  en la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma los programas desarrollados por su Gobierno contra el hambre pese a la crisis económica, reseñó EFE.

Rodríguez mantuvo una reunión con el director general de la FAO, José Graziano da Silva, a quien expuso los programas existentes en Venezuela para «garantizar el ataque al hambre y el abastecimiento de los principales productos de alimentos».

La ministra de Relaciones Exteriores destacó en un vídeo difundido por internet los «esfuerzos» del Gobierno del presidente Nicolás Maduro para «preservar el modelo de derechos humanos y los programas sociales que construyó el comandante (difunto Hugo) Chávez para erradicar el hambre y la pobreza».

Una labor que, a su juicio, se está llevando a cabo «en el marco de las complejidades, de una crisis de los precios del petróleo que afectó al presupuesto nacional y en el marco de las agresiones multiformes que hay contra la economía venezolana». (El Mundo)

 

Causa R no participará en proceso de validación de partidos políticos (Comunicado)

La Causa R emitió un comunicado en el que se refiere al proceso de validación de los partidos políticos, en el que expresan que no participarán en el proceso de renovación convocado por el Consejo Nacional Electoral.

En dicha minuta especifican las razones porque las que no participaran en este proceso, en el que destacan que las condiciones son restrictivas, absurdas y malintencionadas.

(La Patilla)

 

OPEP: Venezuela fue el país con menor recorte de producción

a periodista Mariana Párraga informó vía Twitter que de acuerdo con las cifras publicadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela fue el país con menos recortes de crudo durante los primeros dos meses de 2017.

Párraga explicó que a pesar de que Venezuela fue uno de los países productores que hizo mayor hincapié e impulso el tratado para recortar la producción petrolera a fin de alzar los precios petroleros sus cifras no están acorde a lo pautado. Se ha disminuido apenas 7% del valor acordado a finales de noviembre de 2016.

«El cumplimiento recorte OPEP siguió subiendo a 94% en Feb. Pero cumplimiento de Venezuela, Argelia, Gabon y Emiratos Árabes es menor a 25%. Venezuela fue uno de los principales propulsores del recorte y, sin embargo, muestra el cumplimiento mas bajo del grupo con apenas 7%», escribió la periodista. (El Nacional

 

Oficializan en Gaceta modificación del Convenio Cambiario

En la Gaceta Oficial N° 41.102 del pasado jueves 23 de febrero fue oficializada la modificación el artículo 1 del Convenio Cambiario N° 34.

Esta modificación contempla que los exportadores podrán retener y administrar hasta 80% del ingreso que percibían en divisas producto de su actividad económica, para atender gastos o pagos que deban realizar.

En este sentido, el 20% restante de las divisas deben ser vendidas al Banco Central de Venezuela (BCV) al tipo de cambio complementario flotante de mercado vigente para el momento de la operación.  (Globovisión)

 

Instalaron dos nuevos centros de almacenamiento de alimentos para los Clap

Dos centros de almacenamiento y empaquetamiento de alimentos en los estados Sucre y Bolívar, destinados a la distribución a través de los Comité Locales de Abastecimiento (Clap), fueron inaugurados este miércoles, según informó Freddy Bernal, coordinador nacional de esta organización.

mplió Bernal que el centro ubicado en el estado Sucre contará con una capacidad de empaquetado de 4.000 bolsas al día  y 81.000 bolsas al mes, “mientras que en el centro del estado Bolívar se empaquetarán 7.500 bolsas diarias y 170.000 al mes”.

Los Clap de Bolívar tendrán capacidad para almacenar y distribuir 230 toneladas de alimentos, y Sucre 920 toneladas, con la instalación de estos dos nuevos centros, enfatizó.

Durante la transmisión del programa “La Hora de los Clap”, el funcionario dijo también que una cantidad importante de toneladas de trigo,  azúcar y arroz llegó al país. (El Universal)

 

Campamentos de Odebretch en Caracas fueron tomados por trabajadores del Metro

Obreros adscritos a la CA Metro de Caracas realizaron desde este asueto de carnaval la toma de los campamentos de la empresa Odebretch ubicados en el Área Metropolitana, abandonados desde que comenzara el escándalo con esta transnacional.

La acción comenzó en las obra paralizadas del Cabletren de Petare, donde los trabajadores del Metro se hicieron con los equipos dejados por la constructora brasileña. “Estamos trasladando los muebles y equipos al campamento de Nuevo Circo”, informó José Rebolledo, inspector de Seguridad de la compañía.

Rebolledo aseguró que al campamento no podrá ingresar el personal hasta nuevo aviso y adelantó que el propio Metro de Caracas se encargará de las obras de Odebrecht que están retrasadas. (Caraota Digital)

 

Al Qaeda confirmó la muerte de su “número dos” tras bombardeo de dron estadounidense

Fuentes de la organización yihadista internacional Al Qaeda han confirmado la muerte de Abu al Jair al Masri, considerado el “número dos” del grupo y yerno de su fundador, Osama bin Laden. Al Masri, de nacionalidad egipcia, ha muerto en un bombardeo de un dron estadounidense en Idlib, Siria, reseñó ABC.

Al Masri ha muerto el domingo cuando un misil lanzado por un dron estadounidense impactó contra el coche en el que se desplazaba por la provincia de Idlib, según ha informado a medios locales el Frente Fatá al Sham, el antiguo Frente Al Nusra, anteriormente la filial de Al Qaeda en Siria, a la que pertenecía el ahora fallecido.

Incluso ha circulado un vídeo de un coche familiar marca Kia con un boquete en la capota, aunque el parabrisas está casi intacto, según han recogido distintos medios. La autenticidad de la grabación no ha podido ser verificada. (La Patilla)

 

Venezuela designó a Carlos Julio Ron, nuevo encargado de negocios en EEUU

El Ministerio para las Relaciones Exteriores designó a Carlos Julio Ron Martínez, como el encargado de negocios en la embajada de Venezuelade los Estados Unidos.

El nombramiento del funcionario fue oficializado a través de la Gaceta Oficial número 41.102, quien se desempeñaba como ministro consejero en comisión en dicha instancia diplomática.

Ron Martínez sustituye a Maximilien Sánchez Arveláiz, quien fuese nombrado  en 2014. (Noticia al Día)

Observación Electoral: Convocatoria del CNE para renovación de partidos políticos luce improvisada

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La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación indicó en un comunicado que la implementación del Registro y Renovación de partidos políticos convocada (por el CNE) luce improvisada e imprecisa. Faltando apenas tres días para el inicio de la jornada de Registro y Renovación, no se conocen las normas que han de regir la ejecución del mismo, y añaden que “no se sabe con precisión cómo habrán de realizarse los procedimientos de Reparo anunciados para los partidos que no logren el mínimo requerido para su legitimación. Se trata de un proceso en el que, por lo visto, no habrá auditorías previas ni posteriores, como ha sido lo habitual en los eventos llevados a cabo por el CNE”.

Señala la Red que el proceso de Registro y Renovación de partidos políticos a realizarse, configura “un inquietante panorama que amenaza la institucionalidad democrática del país. Hacemos un llamado al CNE para que subsane a la brevedad posible los carencias que sufre el proceso de Registro y Renovación en curso, en aras de garantizar el carácter democrático del mismo”.

Con fecha 7 de Febrero el CNE hizo hecho público un llamado a los partidos que no participaron en las últimas elecciones, o que habiendo participado en las mismas no alcanzaron el 1% de la votación, a participar en un proceso de relegitimación, de obligatorio cumplimiento, para permanecer como partidos registrados ante el CNE y, por ende, con todos los derechos electorales que de ello se desprenden.

Dicha convocatoria obedece al cumplimiento, ya en el límite del plazo permitido, de la sentencia Nro. 01/2016 del TSJ, del 5 de enero del 2016, relativa a la renovación de los partidos políticos. Con dicha convocatoria el CNE adopta, en opinión de la Red de Observación Electoral, “una interpretación del artículo 26 de la ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que, en vez de favorecer la participación ciudadana en los asuntos públicos, que se concreta mediante la creación de organizaciones políticas, establece restricciones para que esto suceda, al imponer un plazo restringido para la renovación de los partidos políticos, en lugar de permitirlo en el transcurso del primer año de cada período constitucional, como es el mandato legal”.

Adicionalmente explican que el CNE usa como pretexto la realización del proceso de Registro y Renovación anunciado para mantener suspendidas las elecciones regionales que debieron realizarse a finales del año 2016.