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Un peligroso violador serial buscado por su participación en una serie de ataques sexuales resultó muerto tras enfrentarse a comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que le seguían los pasos.

El sujeto fue identificado como José Miguel Salazar Villegas, de 38 años de edad, apodado “el Monstruo de la Libertador”.

El hombre era buscado por al menos 16 violaciones perpetradas en áreas de la avenida Libertador, San Bernardino, La Candelaria, Sabana Grande  Plaza Venezuela, Chacao y Las Mercedes.

Fuentes policiales adscritas a la comisaría de Simón Rodríguez del Cicpc señalan que desde hacía varios días se había iniciado una operación encubierta con el objetivo de darle cacería al sujeto, quien armado con una cuchilla, sometía a jóvenes delgadas con edades comprendidas entre 16 y 25 años para abusar sexualmente de ellas.

El domingo a las 6:00 p.m. luego de varios meses de trabajo de inteligencia, los detectives vieron rendir frutos cuando Salazar Villegas, intentó secuestrar en La Florida a una detective que participaba como señuelo en la operación, el sujeto fue interceptado por los efectivos que resguardaban a la funcionaria, trató de escapar disparando contra la comisión, se produjo un tiroteo en el que el sujeto resultó herido y posteriormente murió cuando era trasladado a un centro asistencial.

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, resaltó que el desprestigio del gobierno del presidente Nicolás Maduro, unido a las gravísimas violaciones a los derechos humanos y a la crisis humanitaria convierte a Venezuela en un caso crítico.

“Quizás la crisis más seria que enfrenta América Latina ante un gobierno autoritario que no reconoce la necesidad que requiere de apoyo y solidaridad internacional en cuanto a la crisis humanitaria y esas condiciones son las que justifican una mayor y creciente preocupación regional y la aplicación de un instrumento como la Carta Democrática Interamericana –CDI- de la OEA”.

En un contacto con el Foro A Tiempo de Unión Radio, Vivanco explicó que la Carta obligaría al gobierno de Venezuela a rendir cuentas ante la comunidad regional “por sus prácticas y políticas violatorias de las obligaciones jurídicas establecidas en la propia carta que contempla la posibilidad de una reunión de alto nivel para examinar esas condiciones que sufren la gran  mayoría de los venezolanos”.

Precisó que los usual es, a raíz de una reunión de cancilleres de la región bajo el paraguas de la Carta, que se disponga una misión  de alto nivel que pueda reunirse con oposición y el gobierno y recibir testimonios directos de la sociedad civil y de aquellos que están injustamente detenidos.

Vivanco agregó que “si se aplica la CDI, el gobierno de Maduro quedara aislado internacionalmente y pasará a convertirse en un verdadero paria y esto no le conviene y hará todo lo que está a su alcance para impedir que una reunión de esta naturaleza se lleve a cabo, lo que demuestra que le importa mucho la aplicación de la Carta, al contrario de lo que afirma el exembajador ante la OEA, Roy Chaderton”.

Los familiares de cinco pescadores desaparecidos desde hace 9 meses se trasladaron desde el estado Sucre hasta Caracas buscando ayuda por parte de las autoridades para resolver el caso.

Relataron que se desconoce el paradero de los hombres desde que el 8 de junio de 2016 fueron a pescar desde El Rincón, en la Península de Araya, estado Sucre. Salieron a las 5:00 am, como lo hacían diariamente.

Los nombres de los desaparecidos son: Beltrán José Vicent, de 35 años de edad; César Enrique Vicent, de 37 años de edad; Abraham Niconti Vicent, de 20 años de edad; Franli Gil Vicent, de 24 años de edad y Reinaldo Jesús Núñez Gutiérrez, de 26 años de edad.

Los familiares relataron que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del estado Sucre capturó a cinco hombres de la zona a los que se les incautó el motor del bote de los pescadores desaparecidos. Presuntamente los sujetos son piratas que roban motores de embarcaciones locales.

Desde que se trasladaron a Caracas, los familiares de los desaparecidos acudieron a la Fiscalía y también al Cicpc, donde fueron recibidos por el secretario general del organismo.

Visitaron las embajadas de Granada y Trinidad y Tobago para pedir informes sobre si a las islas han llegado los pescadores o la embarcación, que tampoco ha sido encontrada.

«¿Cómo se dice en Brasil? ¿Obrigado? Pues obrigado porque en Brasil hay comida. En Venezuela no hay comida». Una treintena de indígenas de la etnia warao intenta comunicarse con Juliano Torquato, alcalde de Pacaraima, un municipio en Roraima, el Estado más al noreste de Brasil. Quieren explicarle su situación. Que viven al lado de la autopista, no muy lejos de donde están esta lluviosa tarde de verano. Que duermen en el suelo y viven de donativos entre perros, moscas y juguetes de segunda mano. Que comen cuando hay comida. Y lo que es más problemático para esta localidad de 16.000 habitantes, para la ciudad que tiene al lado y para el Estado en el que se encuentra: que no están solos.

La región ha sido sacudida en los últimos meses por un torrente de inmigrantes venezolanos —indígenas o no— que cruzan la frontera de Roraima con la esperanza de que Brasil les ofrezca una vida mejor, o al menos trabajo, o al menos comida. La mayoría llega a través de Pacaraima y echa a andar hacia Boa Vista, la capital; en el camino, viven de donativos, de trabajos sueltos o de mendigar. Los indígenas intentan volver a sus comunidades en algún momento. Los no indígenas, no. Freiomar Viana, de 41 años, pertenece al segundo grupo: se trajo a la familia de Caracas a Brasil hace un año y ahora ya no le ve sentido a dejar su trabajo en una cafetería de Boa Vista. «Con un salario venezolano uno no puede comer más de tres días. Si tienes familia, ¿cómo vas a apañártelas?».

En Pacaraima muchos ya estaban acostumbrados a las idas y venidas de los venezolanos, que llegaban desde su país, compraban productos de primera necesidad y volvían. Pero ahora los visitantes ya no regresan y es común verlos malviviendo en las calles del municipio. El Gobierno del Estado contó hasta 177 venezolanos en situación precaria por las calles, el pasado agosto. En diciembre, la ciudad decretó un estado de emergencia para la salud pública. Es una situación insólita también para los venezolanos, que vienen de un país acostumbrado a recibir migrantes y no a lo contrario, según Francilene Rodrigues, profesora de estudios sobre fronteras de la Universidad Federal de Roraima. Pero en cuanto comenzó la presidencia de Hugo Chávez en 1999 se inició también el nuevo movimiento migratorio: la clase media empezó a irse a Estados Unidos y España. Después empezaron a irse los más pobres. «Y a partir de 2010 el proceso se recrudece», recalca Rodrigues. «El alto coste de la vida en Venezuela, más la caída del precio del petróleo ha hecho estragos con la economía del país».

María Pérez, indígena warao, tiene otras palabras para explicar este fenómeno migratorio: «Chávez murió en 2013 y entonces se acabó la comida y llegó la crisis. No hay nada que comprar y cuando lo hay es demasiado caro». La mayoría de estos nuevos expatriados son jóvenes, es decir, personas en edad de producir.

Pero hay un problema insondable: estos jóvenes eligen Roraima más por la proximidad que por las oportunidades que ofrece. «Los venezolanos sienten un gran orgullo de su nación; el estar cerca de la frontera les da la oportunidad de volver en cualquier momento», explica Rodrigues. Son un gran número para un Gobierno relativamente pequeño y una bolsa de trabajo aún menor.

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El gobierno de Nicolás Maduro de manera ilegal pretende usar al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) con el objeto de obtener un crédito por $ 400 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF por sus siglas en ingles).

Esta corporación financiera tiene prohibido proporcionar préstamos a entidades gubernamentales distintas al Gobierno Central. Una vez que la CAF le negó al Gobierno un crédito debido a que el mismo no está contemplado en la Ley de Endeudamiento.

Igualmente, al no existir Ley de Presupuesto aprobada por la Asamblea Nacional, cualquier operación financiera que involucre la emisión de una obligación por parte del Gobierno, es nula de toda nulidad.

El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, diputado José Guerra, exhorta al directorio de la CAF a que no apruebe el crédito solicitado por Bandes debido a que esa transacción será declarada nula. Exigimos de la CAF el respeto a la institucionalidad y que cualquier operación de crédito público debe estar amparada en la ley de endeudamiento, válidamente sancionada por la AN.

Reiteramos que estamos en la mejor disposición de ayudar a resolver la crisis económica, pero exigimos que el Gobierno respete la ley y la Constitución y que concurra ante la Asamblea Nacional para solicitar la aprobación de cualquier  operación de crédito público.

El vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios –Fedeagro-, Aquiles Hopkins, reiteró que los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución –CLAP- no aumentarán los niveles de producción porque es un mecanismo de distribución y en Venezuela lo que existe es un  problema de caída sostenida en los últimos 10 años. “Solo se está produciendo 30% de los alimentos que el país consume”.

“De cada 10 kilos de comida solo tenemos capacidad para producir tres porque estamos mermados, no hay semillas ni agroquímicos, no hay una política de estímulo a la producción en la comercialización, el Estado fija los precios sin respetar las estructuras de costos, pone a los productores a trabajar a pérdida y de esta manera cómo podemos salir adelante”, lamentó en el programa A Tiempo en Unión Radio.

Hopkins resaltó que además la delincuencia hace estragos en el campo a través de las bandas organizadas “a lo que se suman la expropiaciones de fincas que ahora no producen nada”.

Para Hopkins, es lamentable escuchar al presidente Nicolás Maduro diciendo que en los CLAP se han invertido $ 6 mil millones. “Con la cuarta parte de eso, con 1.500 millones, nosotros le damos un vuelco a la producción nacional”.

“Si se habla de que se invirtieron $ 6 mil millones en los CLAP, significa que si eso se hubiese invertido en Venezuela ahorrábamos $30 mil millones en importaciones. Hoy los ingresos totales de la República en un año que andan por el orden de los $30 0 35 mil millones, ese ahorro representaba los ingresos totales de la nación en un año, ¿Qué estamos haciendo”, se pregunta Hopkins.

El representante de Fedeagro resaltó que 80% del parque de maquinaria agrícola del país está en estado de obsolescencia porque tiene más de 10 años de uso y en cualquier país normal esto es una maquinaria que debe sustituirse. “No menos de 30% está estacionado y no hay repuestos con que atenderlos y no hay repuestos en el país”.

Además destacó que en estos momentos no hay semillas de hortalizas en el país. “En los Andes se sembró solo 25% de la tierra disponible; en el Sombrero estado Guárico, que se sembraban 3 mil, hectáreas entre cebollas, pimentón y tomates, sembraron 200 hectáreas, cayó más de 90% porque no ha semillas, agroquímicos y porque lo que ha crecido en Guárico es el hampa”.

Al referirse a la semilla de  maíz,  preciso que actualmente en el país solo hay 250 mil sacos de semillas “eso alcanza para sembrar solo 190 mil hectáreas cuando el gobierno dice que se sembraran 765 mil hectáreas, además no hay maquinaria, tampoco hay un parque de transporte de carga”.

Hopkins advierte que la situación se agudizará porque no hay voluntad de cambio del gobierno. “Se profundizan los errores, ese no es el camino”.

Para concluir, Hopkins lanzó un llamado al presidente Nicolás Maduro y al general Vladimir Padrino López, como jefe de la Gran Misión Alimentación, para que atiendan a los sectores productivos “porque lo que queremos es producir comida hecha en Venezuela para los venezolanos, vamos a reunirnos (…) Estamos dispuestos a trabajar con sector público y privado de la mano pero tenemos que entender la verdad”.

El coordinador nacional encargado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, indicó que luego de haber superado el mínimo requerido para legitimarse como organización, su partido impulsará un “movimiento de resistencia nacional” con el cual esperan alcanzar unas elecciones generales de alcaldes, gobernadores y presidenciales para 2017.

“Desde Voluntad Popular asumimos la construcción de un Movimiento Nacional de Resistencia para lograr elecciones generales este mismo año y que no tengamos que esperar a unas elecciones en 2018, o cuando a ellos les dé la gana. Además, hacemos el llamado al país para que en corto plazo elijamos a nuestros candidatos a alcaldes, gobernadores y Presidente de la República, para sacar a Maduro y construir la nueva y mejor Venezuela. Planteamos ejercer presión para conseguir las elecciones y a la vez estar preparados con los líderes para este proceso”, dijo Guevara durante una rueda de prensa.

El diputado explicó que este movimiento estaría conformado por las personas que validaron su partido. Además, en el mes de mayo esperan realizar una consulta a escala nacional para definir a los líderes que irán a primarias con el resto de candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática.

También ratificó que el candidato presidencial para el proceso de primarias dentro de la MUD es Leopoldo López. El parlamentario insistió en que es primordial para la coalición opositora decidir en los próximos meses sus candidatos para unas eventuales elecciones generales, que considera esenciales para este año, pues así se consolidaría la Unidad.

Legitimación

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional celebró la participación de los venezolanos durante la jornada de validación y aseguró que VP tomó la decisión correcta al asumir la participación en el proceso, a pesar de las condiciones injustas del CNE.

Guevara señaló que “El gobierno quiso hacer una gracia y le salió una morisqueta y ahora van a tener que explicarle al mundo como Voluntad Popular es un partido que ellos tildan de terrorista, pero cientos de venezolanos lo apoyan. Hubo violencia oficialista, puntos que nos quemaron, operación morrocoy, agresión a los activistas, pero a pesar de eso nuestro pueblo y dirigencia asumió la práctica del mensaje de Leopoldo López: el que se cansa pierde, la gente no se cansó y por eso lo logramos y por eso hoy en Miraflores deben estar pensando qué hacer: si avanzar en sus planes absurdos o reconocernos como una fuerza democrática que somos”.

El coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, responsabilizó al gobierno nacional por la desaparición de reos que se encontraban bajo su custodia en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), ubicada en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico.

Presentó un croquis sobre la posible ubicación de otra fosa común, a partir de un plano elaborado por un recluso que en su momento «fue compañero de celda de Francisco Guerrero y sabe dónde fue sepultado. El lugar estaría ubicado en las inmediaciones del antiguo teatro, en la actual de gallera, cerca de donde funcionó un centro hípico. Allí habrían sepultado a Guerrero».

Destacó que el Estado venezolano no puede continuar evadiendo la responsabilidad que tiene en el asesinato y desaparición de presos que se encontraban bajo su custodia.

«Si la situación está así en la Penitenciaría General de Venezuela, nada nos dice que esta realidad no se repita en otros centros penitenciarios, por lo que es necesario iniciar una investigación a fondo que pueda aclarar esta situación, que ha estado oculta desde hace mucho tiempo».

Recordó que el caso de la desaparición de Guerrero fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas,  y en ambos casos se emitieron medidas a favor del desaparecido, sin que hasta los momentos haya mediado la más mínima intención de localizarlo y entregar sus restos a sus familiares.

«El OVP viene diciendo desde hace ocho años que debe buscar a Guerrero Larez, y no hemos obtenido oportuna y adecuada respuesta por parte del Estado. Con el hallazgo de la fosa común en la PGV queda confirmada nuestra denuncia,  familiares, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos veníamos advirtiendo la posibilidad de existencia de fosas comunes en varias cárceles del país, teniendo como respuesta la descalificación y la negación de que tal situación se estuviese presentando», destacó Prado.

Finalmente dijo que las desapariciones en las cárceles  no deben ser asumidas como una responsabilidad exclusiva de los detenidos.

Aseguró que «en muchos casos los responsables pudieron haber sido los custodios o efectivos militares de guardia en los centros, por lo que es necesario que el Ministerio Público investigue a fondo».