Al gobierno de Nicolás Maduro le tomó poco menos de tres años para obligar a multinacionales que llevaban décadas en el país a traspasar sus activos en Venezuela y finiquitar sus negocios a precio de gallina flaca o hasta sin contraprestación.
De esta manera, a la compañía de autopartes estadounidense, Dana, que llevaba 50 años en el país, le siguieron gigantes como General Mills (productora del reconocido jamón endiablado Underwood), Clorox (artículos de limpieza) y Kimberly-Clark (productos de higiene personal).
Asimismo, y pese a que algunos procesos aún no han concluido formalmente, recordemos que la firma de cauchos Bridgestone, la aseguradora Liberty Mutual, la productora de alimentos EAC (dueña de la marca de embutidos Plumrose), y la petrolera Harvest, también anunciaron sus intenciones de vender las filiales venezolanas.
El Ejecutivo activó la falacia socialista por enésima vez y aseguró que los empresarios detienen sus líneas de producción para exacerbar la escasez y mellar la popularidad del chavismo. Haciendo un nuevo esfuerzo por ignorar la alta inflación y los controles de cambio y precios que se empeña en mantener desde principios del 2000.
Más de 20 reuniones oficiales con autoridades gubernamentales
En el caso particular de Clorox, Nicolás Maduro olvidó las 29 reuniones oficiales y “mesas técnicas” que tuvieron lugar entre los meses julio de 2012 y 2014 con distintos ministerios, organismos y entes públicos, en las que no solo se advirtieron las dificultades para producir, sino también la imperiosa necesidad de realizar incrementos de precios; que a pesar de estar amparados por las reglas de la Sundecop (ratificaba la realización de ocho ajustes de precio), los mismos nunca ocurrieron.
En 2013 la compañía anunció la “inviabilidad operativa” bajo esas condiciones. De acuerdo con un artículo de runrun.es, Clorox emitió 22 comunicaciones oficiales y cuatro comunicados, ante el silencio de las autoridades.
En septiembre de 2014 el fabricante de productos para la limpieza del hogar descontinuaba sus operaciones y buscaba vender sus activos en el país. A principios de octubre de ese mismo año, el gobierno hizo circular un comunicado por la prensa nacional en el que señalaba que la compañía incurrió “en una acción de cierre ilegal” y una “agresión directa al proceso social de trabajo que bajo su responsabilidad desarrollan los trabajadores”; también ordenó a Clorox “el inmediato reinicio de las actividades productivas” y a través del Ministerio del Trabajo, la ocupación de la corporación para tal fin.
Seguidamente, comenzaron a edulcorar la realidad, como es costumbre, afirmando que incrementarían la capacidad productiva y garantizarían la seguridad social de sus trabajadores. En palabras del ministro para el Proceso Social del Trabajo, Oswaldo Vera: “Solo el pueblo salva al pueblo, y los trabajadores a sus empresas, porque son quienes conocen sus procesos, debilidades y fortalezas para mejorar los niveles de producción”.
Sin embargo, tras año y medio de su ocupación, lo único que aumentaron fueron los niveles de ineficiencia y corrupción. Tal y como reseñó El Pitazo el 20 de mayo de 2016:
Antes de ser intervenida, en 2014, la empresa Clorox de Venezuela producía al mes 409.521 cajas de desinfectantes, no obstante, a la fecha, sólo fabrica 56.300, según se desprende de la información suministrada por su masa laboral al ministro para el Proceso Social de Trabajo, Oswaldo Vera.
Nuevo objetivo: las panaderías
De este modo, así como acabaron con automercados Cada, AgroIsleña, Kimberly-Clark, Clorox y muchas otras. La amenaza más reciente la anunció el superintendente nacional, William Contreras, este miércoles, cuando informó que dos panaderías ubicadas al oeste de Caracas serán ocupadas por 90 días en el marco del Plan 700 y que pasarán a manos del “pueblo organizado” a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
La jornada de fiscalizaciones que inició esta semana con el despliegue de 3.900 funcionarios de la Fanb, la PNB, Sundde y Sunagro por múltiples panaderías del oeste capitalino generó una fuerte incertidumbre entre los comerciantes, quienes se negaron a dar declaraciones o incluso hacerlo bajo anonimato por conocer los precedentes del gobierno.
Finalizado el episodio, los testimonios recopilados por El Nacional, permitieron evidenciar que existe una exacerbada escasez de harina de trigo, generada en primer lugar por la desigual distribución de ese rubro que realiza Sunagro.
Recordando otras decenas de casos con empresas otrora productivas y hoy quebradas por la corrupción e ineficiencia, todo indica que la ignorancia socialista conducirá a las panaderías a ser el último chivo expiatorio para tratar de crear una matriz de opinión favorable al chavismo.
