Nacional

 

Guyana respondió a la Asamblea Nacional por la resolución que aprobó la semana pasada sobre los trabajos que están realizando en territorio en reclamación.

El pasado miércoles 15 de marzo, la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de rechazo a las operaciones petroleras en la zona de reclamación del Esequibo. En el acuerdo exhortan al gobierno de Nicolás Maduro a “enviar este acuerdo a Dag Halvor Nylander, quien fue nombrado Representante Personal del Secretario General de las Naciones Unidas para la Controversia Fronteriza entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela el 27 febrero de 2017, para que ordene suspender de inmediato todas las operaciones llevadas a cabo dentro del área marítima que corresponde al territorio en reclamación hasta tanto no se resuelva la controversia”.

La respuesta del gobierno de Guyana, presidido por David Granger, fue publicada el domingo 19 de marzo en el portal del ministerio de la Secretaría de la Presidencia de Guayana, firmada por “el ministro de Relaciones Exteriores”

En el comunicado señalan que esperan una “resolución completa y definitiva de la controversia bajo el proceso de Buenos Oficios en el tiempo limitado que queda”, además que “Tales provocaciones deliberadas y absurdas exigen que Guyana detenga todas las actividades de desarrollo, especialmente cuando durante más de cincuenta años Venezuela ha intimidado a Guyana y obstruido una resolución de la controversia de acuerdo con el derecho internacional, sólo sirven para socavar esta última oportunidad para las partes de una vez y para poner fin a este asunto por un acuerdo, a falta de lo cual la adjudicación será el único medio de solución que quedaría”

Lea a continuación completa la nota de prensa en traducción libre del inglés por lapatilla.com

“DECLARACIÓN DE PRENSA DEL GOBIERNO DE GUYANA SOBRE EL “ACUERDO APROBADO PARA RECHAZAR OPERACIONES PETROLERAS EN EL ESEQUIBO” DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y PETRÓLEO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA”

Se ha llamado a la atención del Gobierno de Guyana a través de un reportaje en el periódico venezolano El Nacional del 15 de marzo de 2017 que una resolución de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela titulada “Acuerdo Aprobado de Rechazo a las Operaciones Petroleras en el Esequibo” donde se ha pedido el cese inmediato de las actividades de exploración y explotación de petróleo en alta mar en curso bajo la licencia de Guyana en el bloque de concesión Stabroek dentro de la Zona Económica Exclusiva marítima de Guyana de conformidad con el derecho internacional. En la medida en que el Gobierno de Guyana es consciente, el Gobierno de Venezuela no ha aprobado ni ha respaldado la resolución, en cuyo caso el Gobierno de Guyana respondería según corresponda.

La enardecida resolución contiene graves errores fácticos y legales. En primer lugar, sugiere erróneamente que las actividades costa afuera en aguas de Guyana han comenzado “recientemente”, mientras que la licencia del Stabroek fue concedida en 1999 y la exploración comenzó el año siguiente en 2000, hace 17 años. En segundo lugar, sugiere erróneamente que a Guyana se le prohíbe desarrollar sus recursos en esta esfera debido al artículo V del Acuerdo de Ginebra de 1966. Pero nada en los términos de esa disposición indica que las partes no pueden ejercer jurisdicción sobre sus territorios soberanos. De lo contrario, significaría que durante los últimos cincuenta años Guyana no tenía derecho a desarrollar el 70% de su territorio, lo mismo ocurre con el desarrollo de Venezuela en la región del Orinoco y la zona marítima adyacente que, como el Esequibo, fue objeto del Laudo Arbitral de 1899. No hace falta decir que tal argumento es un absurdo manifiesto.

Esta postura política llega en un momento lamentable cuando el Secretario General de la ONU nombró al Embajador Dag Nylander como su Representante Personal para proporcionar a Guyana y Venezuela una última oportunidad de recurrir al proceso de Buenos Oficios para resolver la controversia surgida de la afirmación de Venezuela de que la La Sentencia Arbitral de 1899 que delimita la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela es “nula e inválida”. Las partes tienen hasta finales de 2017 para hacer progresos significativos para llegar a una resolución final de la controversia, en la que el Secretario General remitirá la cuestión a la Corte Internacional de Justicia. Guyana está totalmente comprometida con la búsqueda de una resolución completa y definitiva de la controversia bajo el proceso de Buenos Oficios en el tiempo limitado que queda. Tales provocaciones deliberadas y absurdas exigen que Guyana detenga todas las actividades de desarrollo, especialmente cuando durante más de cincuenta años Venezuela ha intimidado a Guyana y obstruido una resolución de la controversia de acuerdo con el derecho internacional, y sólo sirven para socavar esta última oportunidad para las partes de una vez y para poner fin a este asunto por un acuerdo, a falta de lo cual la adjudicación será el único medio de solución que queda.

Guyana sigue comprometida con las relaciones amistosas y de buena vecindad con el Gobierno y el pueblo de Venezuela, pero se niega categóricamente a renunciar a cualquiera de los derechos soberanos a los que tiene derecho en virtud del derecho internacional, en particular el quincuagésimo primer aniversario de su independencia desde el dominio colonial, como un nuevo período de prosperidad que espera su pueblo.

Ministerio de Relaciones Exteriores
17 de marzo de 2017

Con la linterna en su frente, Ender se mueve ágilmente en la oscuridad del túnel. Unas piedras se desprenden y rompen el silencio. A 30 metros bajo tierra, se halla en el submundo de caos y violencia de la minería ilegal del oro en Venezuela.

Hace bochorno y un ligero olor a gases emana de las galerías. “No me da miedo”, dice desde el hoyo donde ya la perforación encontró agua. Ender Moreno es minero desde los 10 años y a sus 18, delgado, cubierto de lodo, sin camisa y descalzo, se ve siéndolo “hasta que muera”.

Pero la vida en las minas del oriente venezolano, en el estado Bolívar, no sólo es dura sino peligrosa. Mineros baleados, apuñalados o descuartizados aparecen con frecuencia en medio de una anárquica guerra entre bandas de mafiosos que, con fusiles R-15, FAL y AK-47, disputan el control de los yacimientos.

Los tiroteos en los pueblos mineros son corrientes. Hace dos semanas mataron a tres jóvenes en el barrio de Ender. Un día antes, había estado con ellos bailando en el carnaval de El Callao, aldea ubicada 850 km al sureste de Caracas, donde en 1870 empezó la fiebre del oro en Venezuela.

“Eran mineros, pero se habían volteado con los malandros (mafias)”, contó luego de salir del cilindro negro, haciéndose oír entre el estruendo de la sierra con que dos hombres cortaban madera para asegurar la tierra floja del foso.

Allí, en la mina La Culebra, llamada así por sus vetas sinuosas, trabaja Ender entre un grupo de mineros del sector La Ramona -en las afueras de El Callao-, a cuyo líder mataron hace un año por resistirse a las mafias.

“Cada quien en su territorio”

A pocos kilómetros, Argenis Tarazona, de 47 años, trabaja en una mina a cielo abierto en Nacupay, una de las más violentas de la zona y con mayor impacto ambiental.

Unos socavan en el río contaminado, otros lavan con mercurio el material en las bateas y algunos descansan en hamacas en las casuchas de plástico negro donde viven.

Es tierra de nadie. Todos temen hablar de esas bandas que imponen el orden a punta de miedo y a quienes los mineros, los molinos de piedras y las bodegas (pequeñas tiendas), deben pagar regularmente la “vacuna”, como llaman a la extorsión.

“Uno se acostumbra. El que se come la luz (viola las reglas), el que roba, lo matan o le dan una paliza. Aquí hay un grupo, no entra otro. Cada quien tiene su territorio”, describe Argenis.

Los mineros afirman que “a las minas se entra, pero no se sabe si se sale vivo”. La masacre de 28 obreros hace un año en Tumeremo, vecino de El Callao, está fresca en la memoria de los pobladores.

“Los guardias entran de vez en cuando, pero ellos (los delincuentes) andan tranquilos. Es como si fuera un gobierno paralelo”, asegura otro minero bajo anonimato, sobre la corrupción de militares y policías.

Venezuela producía legalmente 14,7 toneladas de oro en 2006 y en 2015 menos de una tonelada (de un total mundial de 3.000).

Según Luis Rojas, presidente de la Cámara Minera, del 85% al 90% de la producción “es ilegal, principalmente bajo control de mafias”. El gobierno impulsa un plan para reactivar la explotación.

Fiebre de oro

Armados de picos, palas y cinceles, cargando sus bateas como sombrero, hombres y mujeres desbordan diariamente los camiones hacia las minas. Muchos otros, incluso con familia, duermen en campamentos maltrechos.

Son unos 50.000, según Rojas, que llegan de toda Venezuela empujados por el alza en los precios del oro en un contexto de profunda crisis económica causada por el desplome de las cotizaciones del petróleo.

Poco importa si se es obrero o profesional. Argenis dejó hace tres años su trabajo de mecánico industrial y a sus cinco hijos en Guaracaro, Bolívar. “Uno arriesga la vida, pero mi profesión no me daba para que comieran y estudiaran”, aseguró.

Cuando les va mal, dicen los mineros, sacan unos 260.000 bolívares al mes -95 dólares en el mercado negro o cuatro veces el salario mínimo-, pero pueden incluso llegar a un millón (360 dólares) o más.

Bajo un rústico cobertizo de madera, al que se llega por callejuelas de barro, Jorge Sánchez tritura y lava su material en un molino de La Ramona. Sacos de piedra y una semana de trabajo con su hermano quedarán reducidos a pequeñas porciones del codiciado mineral.

La expectativa enciende su rostro veinteañero. Las llamas de un soplete hacen aparecer el tono dorado del metal. Orgulloso, muestra luego en su mano morena la pepita de 10,35 gramos.

Por cada gramo le darán 90.000 bolívares (33 dólares) en las casas de compra de oro que abundan en estos pueblos de calles polvorientas.

Retando a la muerte

Para los mineros todo vale la pena. Poco importan los padecimientos de la malaria que ataca sin clemencia en las minas, cuyos pozos son criaderos gigantes del mosquito transmisor de esta enfermedad que dejó 232.000 nuevos casos en el país en 2016, según la Sociedad Venezolana de Salud Pública.

“¡No queda otra!. Como caletero (estibador) no podía mantener a tres hijos. Llegué hace cuatro meses, pese a los riesgos. Ahora les mando 150.000 mensuales (55 dólares)”, dice Gilberto Urrieta, de 32 años, en la fila de mineros demacrados que van a examinarse al centro antimalaria de Tumeremo.

Aunque Venezuela ya había erradicado la enfermedad hace medio siglo, 18 de los 24 estados hoy tienen la epidemia, propagada por la población minera flotante.

Para Jorge, la minería es un reto a la muerte: “Nos mata un derrumbe, la malaria o los malandros. He visto morir a varios. La mina no es para todo el mundo”.

Ender está convencido de que es para él. “Dejé la escuela por la mina. Mi mamá dice que esto no es vida, pero no puedo dejarla porque con eso la ayudo. A mi papá ni lo conozco”, confiesa.

Su sueño es tener un molino. “Estoy muy joven, quiero disfrutar la vida; pero a todos les llega la hora. Uno se muere y ya sabe pa’donde va”, dice mientras vuelve a hundirse en la soledad del socavón.

Daniel Lozano

El Mundo ES

 

La orden es de Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador de Caracas y jefe de la delegación chavista en la ahora suspendida Mesa del Diálogo: «Comercio que saque basura en horario que no está establecido, lo vamos a cerrar».

Cuando en junio del año pasado la periodista Diana Sanjinés, hoy en Barcelona, describió por primera vez cómo centenares de personas hurgaban en la basura acumulada en las calles de Caracas, muchos pensaron que se trataba de focos de marginalidad en medio de la crisis. Los más optimistas quisieron justificarlo culpando al implacable desabastecimiento de alimentos, que había alcanzado su punto más crítico a mitad de año. Un mal pasajero.

La iniciativa gubernamental nueve meses después, que busca evitar que se vea a pobres y hambrientos buscando alimentos entre desechos, confirma las imágenes que todos los días asaltan las calles y las redes por todo el país. No se trata sólo de indigentes o marginales, también padres de familia desesperados o jóvenes con hambre. Miles de personas, que la oposición evalúa de forma exagerada en un 10% de la población, han encontrado en la basura su despensa para combatir el hambre y la miseria.

Una imagen, realizada en la capital por el fotógrafo de AFP y que ilustra este reportaje, insiste de forma descarnada en un fenómeno que airea de la peor forma posible el drama venezolano. Una niña, en cuclillas entre bolsas de basura, busca algo para meterse en la boca, el resto de un alimento con el que llenar su estómago. A pocos metros, el Simón Bolívar de un cuadro asiste de forma imperturbable a la escena.

Dirigentes opositores han denunciado la muerte, por hambre, de ocho niños en San Félix. La ex diputada María Corina Machado añade 15 menores en Monagas y medio centenar en Anzoátegui en lo que va de año. Cifras terribles que el Observatorio Venezolano de la Salud reclama desde hace meses ante la sordera del gobierno de Nicolás Maduro, empeñado en tapar el sol con su dedo bolivariano.

 

 

El 15 de marzo, el presidente Nicolás Maduro, en una transmisión televisiva desde un organismo de la Misión José Gregorio Hernández, se encontró de frente con la desnutrición que pone en riesgo a 15% de la población infantil, según datos manejados en Cáritas de Venezuela. Y la ignoró.

Yohandry Smith, de 25 años de edad, aprovechó la ocasión para pedirle ayuda al mandatario, pues tiene 4 años viviendo en un refugio con sus 4 hijos. “De verdad, soy de bajos recursos. Mis niños me están presentando problemas de nutrición”, dijo la mujer. Maduro, con risa nerviosa y tratando de zanjar la conversación, le dijo que contara con su apoyo e instó a una trabajadora social a que atendiera el reclamo “en vivo y en directo”. Sin embargo, la desnutrición, un mal silencioso no es tan fácilmente corregible, al principio, y podría tomarle al país hasta una generación completa para resolver los daños cognitivos y fisiológicos, sobre todo en poblaciones tan vulnerables como la infantil, de acuerdo con la nutricionista de la Fundación Bengoa, Marianella Herrera.

La niñez está condicionada a crecer esperando que a su casa llegue la caja del CLAP o que su familia consiga pan en medio de una férrea fiscalización a las panaderías, que amenaza con desaparecer el producto tal como ha pasado en ocasiones similares anteriores. La expectativa no es la mejor.

Los estragos de la falta de comida constituyen un tabú en los discursos oficiales, pero la Asamblea Nacional, en la sesión ordinaria del 14 de marzo, declaró la crisis humanitaria por la situación de hambre que se vive en Venezuela. El diputado Carlos Paparoni aseguró que en lo que va de 2017 han contabilizado 27 niños que han muerto de hambre.

La desnutrición podría potenciar aún más el aumento de la mortalidad infantil. En un arqueo digital de informaciones nacionales y regionales de muertes por desnutrición, saltan a la vista, al menos, 9 fallecimientos de niños menores de un año: uno, en Zulia, en Aragua, en Monagas y en Trujillo, y cuatro, en Bolívar.

Menos vida. La Encuesta Condiciones de Vida 2016 halló que 93% de los hogares venezolanos no tiene dinero para comprar sus alimentos, y en la Encuesta Nacional de Hospitales encontraron que solo 1,3% de los centros de salud tenía buen inventario de fórmulas lácteas, mientras en 64% no tenía ninguna para dar a los bebés que allí atienden.

“Lo que ya se registra es la muerte de niños debido al hambre. Cuando la alimentación y la salud se afectan al mismo tiempo, la mortalidad aumenta exponencialmente. Hasta ahora la crisis de salud la hemos estado financiando con el sobrepeso que teníamos, era una chequera, pero ya no la tenemos”, advierte la nutricionista de Cáritas, Susana Raffalli.

Las cifras oficiales de mortalidad neonatal corresponden a 2015. En la memoria y cuenta del Ministerio de Salud de ese año se reveló un dato alarmante: de 0,05 niños fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos en 2014, Venezuela pasó a tener 2.010 niños fallecidos al año siguiente; es decir, 100 veces más. Desde noviembre de 2014 el ministerio no publica el Boletín Epidemiológico Semanal, en el que se recogían esos datos, y este año tampoco se presentó la memoria y cuenta de 2016.

Herrera cree que puede haber un componente de desnutrición, incluso, en esos datos. “Solíamos hablar de entre 6% y 9% de recién nacidos con bajo peso. Ahora no tenemos cifras oficiales y las expectativas no son buenas cuando los casos de desnutrición aguda, que han sido diagnosticados en el Hospital J. M. de los Ríos en todo 2016, fueron 120, cuando en años anteriores se veían 5 veces menos”.

 

Vea la nota completa en El Nacional 

 

 

En una entrevista realizada por Carlos Croes en su programa “Dialogo Con” de Televen, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, consideró qué el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, mantiene una posición frente a Venezuela que “no es mediadora” y que su informe es “inferior a un panfleto”.

“Él (Luis Almagro) ha emitido una opinión particular y personal, no ha sido autorizado por todo lo que implica el plenario de la OEA (…) No creo que es diplomática su posición (…) no es mediadora, no facilita la paz en Venezuela. Él amenaza, todo el escrito (…) ni siquiera llega a ser un subgénero literario, porque está en un grado inferior a un panfleto”,comentó Saab.

Además, destacó que “no ha habido reuniones, él ha hablado de manera personal (…) Es inédita la actitud, totalmente inédita la actitud de un secretario general de un organismo multilateral que se atreva a amenazar a una nación entera de una intervención extranjera, incluso propicia una salida violenta para el país”.

“No es su actitud con el escrito que ha divulgado, no es una actitud que facilite el diálogo (…) Cómo tú vas a conversar cuando tú amenazas, colocas hasta un ultimátum de unos días”, se preguntó.

Aparte, habló respecto a las recientes declaraciones de autoridades españolas, quienes han expresado “preocupación” ante la situación venezolana, solicitando “respeto” puesto que consideró que ellos tienen sus “propios problemas”.

“Yo siento que la monarquía española tiene sus propias dinámicas y tienen sus problemas”, acotó.

En otro orden de ideas, el defensor del pueblo habló sobre la situación de los insumos médicos del país, quién reconoció que “Debemos darle divisas a los encargados del campo de medicinas”.

 

La angustia invadió el corazón de Yarelis Paternina, en horas de la madrugada los gritos desesperados de sus vecinos fue la alarma de un día que se convertiría en la peor pesadilla de su vida.

El 17 de agosto de 2015, un grupo de funcionarios de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) ingresó en la barriada Brisas del Hipódromo. Sin piedad alguna desalojaron a sus habitantes de sus hogares.

Paternina recuerda cómo se llevaron preso a su esposo e hijo que para ese momento tenía 13 años. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales, pero la OLP iba decidido a acabar con todo a su alcance, y lo lograron. De la barriada solo quedó el terreno baldío.

Desde las 2:00 a.m., piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía de Carabobo restringieron la entrada y salida de personas, así como de vehículos en la vía principal El Hipódromo.

Los recuerdos de la dama son atormentantes, “todo transcurrió como una película macabra, cuando la OLP llegó en la madrugada, reventaron los transformadores de luz, nos dejaron a oscuras” relató.

Todo parecía un plan perfecto para destruir, lo que en nueve años se había convertido en el hogar para 436 familias. La comunidad había escuchado constante promesas de la Gobernación de Carabobo para ser reubicados en Ciudad Chávez, algo que parecían solo palabras, ningún habitante había sido reubicado.

La Gobernación los dejó en la calle, los que tenían familia como en el caso de Paternina fueron a sus casas en busca de refugio, el resto de las personas los enviaron al Centro por la Paz y la Vida en Bella Florida.

En nota de prensa, el Gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach informó que la comunidad Brisas del Hipódromo fue tomada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Policía Nacional  Bolivariana (PNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y Policía de Carabobo (PC).

Para el gobernador el desalojo obedeció una supuesta invasión en la que fueron ubicados 36 extranjeros, de los cuales 31 estaban en condición ilegal. También indicó que en el sector se detuvieron tres delincuentes solicitados por tribunales y aprehendidos ocho ciudadanos por antecedentes policiales. Por lo que se procedió a la demolición de más de 200 construcciones ilegales, tipo rancho.

El acontecimiento fue todo un orgullo para el gobernador, la OLP había realizado un maravilloso trabajo, en lo que se convirtió en el lunes negro para los habitantes de Brisas del Hipódromo, nombre que ellos mismo le otorgaron al día que perdieron sus hogares.

 

Situación actual

Yarelis Paternina vive con su esposo e hijo en casa de su mamá. El espacio es pequeño, en el patio construyeron con algunas tablas que les quedó de su rancho una habitación, allí tienen su cama y cocina. No hay privacidad, pero no tienen opción, es eso o vivir en la calle.

En Brisas del Hipódromo, la familia había logrado construir dos estructuras de bloques, contaban con un cuarto, sala y cocina. Estaban más cómodos, además habían comprado varios enseres que perdieron con la demolición.

Paternina se siente engañada, ya han pasado dos años desde que perdió su hogar. Las promesas de una “vivienda digna” en Ciudad Chávez retumban en su cabeza.

Antes del desalojo, la Gobernación de Carabobo les había garantizado vivienda, luego que los dejaran en la calle el compromiso de Ameliach con el pueblo era mayor. “Me dijeron que tendría un lugar donde vivir y aquí estoy, sin nada. La promesa fue rancho por casa.” detalló la dama.

Lilibeth Acosta es otra de las afectadas, es madre soltera de cinco niños. Fue sorprendida el 17 de agosto de 2015 en la madrugada. Al igual que Paternina la angustia por lo que sucedía se adueñó de su ser.

No tuvo más opción que agarrar con sus cinco pequeños, después de haber perdido todo, a casa de su mamá. Allí hay solo dos habitaciones, antes de su llegada, una era de su madre y otra de su hermano. Ahora, una de las habitaciones es de ella y sus hijos. Todos duermen juntos en una cama.

Su hermano tiene como cuarto el mueble de la sala desde que Acosta llegó. Ya son dos años desde que la dama perdió su hogar, son dos años que vive “arrimada” con su mamá y son dos años que espera por ser reubicada en Ciudad Chávez como le prometieron.

El 23 de agosto de 2015, sólo una semana después de dejar a 436 familias sin hogar. Desde el sur de Valencia, el gobernador Francisco Ameliach, realizó un balance de los cuatro años de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), detallando que a finales del 2014 se habían construido 47 mil 290 domicilios.

En el 2015 se habían entregado para esa fecha dos mil 688 viviendas, de las cuales mil 476 fueron entregadas a familias que vivían en ranchos, con construcciones improvisadas y precarias condiciones en sectores alrededor de Ciudad Chávez, destacó el mandatario regional.

En las viviendas entregadas, las familias de Brisas del Hipódromo fueron reubicadas, o eso quisieron decir. Aún quedan en el olvido varias de estas personas que perdieron su hogar. Son alrededor de 80 familias que siguen sin el apartamento prometido en Ciudad Chávez, expresó Lilibeth Acosta.

Yarelis Paternina informó que hace aproximadamente dos semana fueron a Caracas,  a la sede de Redes Populares del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Los desalojados entregaron un documento donde  especifican las promesas de la Gobernación de Carabobo, desde antes de la demolición y que aún no les han cumplido. En el informe del ministerio, estas familias salen esperando por misión vivienda desde el 2011.

“Estamos con el Gobierno, tenemos el carnet de la patria, siempre los hemos apoyado y ahora pareciera que nos han dado la espalda. Nos dejaron en el olvido y sin hogar” Expresó Paternina.

En las promesas, la dama recuerda que los primeros urbanismos serían para Brisas del Hipódromo, pero ahora en los apartamentos habitan personas que pagaron, militares y otras pocas familias que verdaderamente ayudaron.

Borges Márquez, dirigente de la Defensa de los Derechos del Pueblo, detalló en entrevista para el El Carabobeño el 13 de febrero de 2017, que el estatus social de estas familias en la Gobernación de Carabobo es como reubicadas, pero no es cierto, siguen sin apartamento.

Paternina comentó que siguen con el mismo estatus en los informes, pero que ellos no tienen hogar, “nuestras casas deben estar en manos de otras personas, ¿como nos ponen como reubicados si no lo estamos?

Los desalojados se reunieron también con la secretaría de Desarrollo Social en Carabobo, Gloribel Vásquez, quien les comentó que el organismo pensaba que los habitantes de Brisas del Hipódromo habían sido reubicados, pero ahora no son su prioridad.

El compromiso de Vásquez está con las familias que perdieron su hogar por las lluvias, dejando sin esperanza, a aquellos que llevan esperando por su vivienda desde hace dos años.

Los afectados de Brisas del Hipódromo, exigen a Gloribel Vásquez que tome en cuenta el caso de los desalojados.

La tristeza de quedar en el olvido en los planes de la Gobernación de Carabobo, luego de las promesas de vivienda digna,  mantiene en desasosiego a las 80 familias que aún esperan por ser reubicados.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, indicó este domingo que la Alta Corte estudiará los “ataques” que, consideró, ha lanzado el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, contra el sistema de justicia de Venezuela.

El magistrado anunció esta medida después de que el lunes Almagro pidiera a Venezuela llamar a elecciones generales en 30 días para evitar una posible suspensión de la OEA, un proceso diplomático complejo que requiere el apoyo de dos tercios (24) de los 34 países miembros del organismo continental.

“Ayer en la Sala Plena nombré una comisión especial para estudiar el caso del (…) señor Almagro, sobre los ataques permanentes a los miembros del Poder Judicial y directamente al Poder Judicial”, dijo el magistrado durante una entrevista con el programa “José Vicente Hoy” que transmite el canal privado Televén.

Moreno alertó sobre personas y organismos que, afirmó, “pretenden desconocer las instituciones” del Estado venezolano y remarcó que el TSJ “siempre estará vigilante de las personas que traten de desestabilizar la paz del país y de todos” los ciudadanos.

Reiteró que las decisiones del Supremo son para acatar o recurrir sin que la controversia por determinada sentencia signifique un conflicto de poderes, en alusión a las críticas que les ha hecho el Parlamento, de mayoría opositora, después de que el TSJ declarara a la Cámara en desacato y, con ello, la nulidad de todos sus actos.

El presidente del TSJ, electo en el cargo hace menos de un mes, aseguró también que durante los últimos 17 años la Alta Corte ha registrado “múltiples avances” para garantizar un “mejor acceso a la justicia”, pese a que diversas ONG y partidos políticos de la oposición sostienen que la impunidad es superior al 80 por ciento.

En este sentido, subrayó la creación de los tribunales municipales, espacios para que “la gente en su comunidad pueda solucionar los problemas o los conflictos que tengan” y que estén relacionados con delitos cuya pena prevista no exceda los ocho años de prisión.

Afirmó además que la violencia hacia la mujer ha “mermado” y se ha “minimizado” en Venezuela “porque definitivamente saben que van a ser castigados en el momento en que se cometa cualquier delito”.

Sin embargo, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, alertó en julio pasado sobre los asesinatos a mujeres por razones de género en la nación petrolera que, aseguró, habían aumentado “muchísimo” respecto a los contabilizados en 2015.

14 horas. Ese es el tiempo que tienen para validar los seis o siete partidos que cada fin de semana desde el pasado 4 de marzo tienen que acudir al proceso de renovación de nóminas de los militantes de organizaciones con fines políticos. Sin embargo, este tiempo no toma en cuenta las irregularidades que han denunciado varios de los partidos que ya acudieron a la renovación.

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