Conocida la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en la que ese organismo se atribuye las funciones de la Asamblea Nacional, este viernes el Gobierno de Colombia, que previamente había rechazado lo que consideró una “no división de poderes» ordenó el regreso del embajador del país en Caracas, Ricardo Lozano.
Según explicó la canciller María Ángela Holguín, se trata de un «llamado a informar» para que el Ejecutivo entienda de cerca la situación por la que atraviesa el vecino país, luego de que la más alta instancia judicial de Venezuela asumiera las competencias del Parlamento, de amplia mayoría opositora y al que considera en desacato.
“Es un llamado a informar para entender la situación. Queremos conversar con él y no lo vamos a retirar definitivamente de Venezuela por las necesidades propias de los colombianos que residen en ese país Venezuela pasó una línea que no había pasado”, declaró Holguín.
El Gobierno colombiano rechazó la atribución por considerar que son necesarios poderes públicos fuertes e independientes para fortalecer la democracia. «Rechazamos esta no división de los poderes. Acá es clarísimo que necesitamos unos poderes públicos fuertes, independientes, para poder fortalecer la democracia», dijo Holguín.
«Esto lo único que hace es profundizar aún más esa crisis que vive Venezuela», agregó junto a su homólogo de México, Luis Videgaray, de visita en Bogotá. Holguín insistió en la importancia de «un diálogo entre venezolanos».
En un comunicado emitido poco después por la cancillería colombiana, el gobierno de Juan Manuel Santos señaló su «profunda preocupación» por la decisión adoptada por el TSJ. «El Gobierno de Colombia reitera su convicción de que la separación de poderes y el apego irrestricto a las normas constitucionales son fundamentos imprescindibles para la plena vigencia de la democracia representativa, la convivencia pacífica de la población y el Estado de Derecho», indicó el texto.
La decisión adoptada por el TSJ implica que este organismo, que en el papel funciona como el encargado de velar por la buena interpretación de la Constitución, se arrogará ahora la capacidad de crear leyes y estatutos para modificar esa misma constitución. De los tres poderes en el país será dos, y todo ello con la certeza casi definitiva de que el TSJ está controlado por el chavismo desde sus raíces.
El TSJ está conformado por 32 jueces titulares, divididos en seis salas. La gran mayoría de los magistrados han sido designados por el gobierno desde 1999. La designación más reciente ocurrió a mediados de diciembre de 2015, cuando el presidente Nicolás Maduro nombró a 13 jueces titulares y a 21 suplentes, pocas semanas después de que hubiera perdido la mayoría en la AN.
Por eso, la designación fue interpretada como una treta para anticiparse a los roces que habría, sin ninguna duda, con un Parlamento dominado en dos terceras partes por la oposición. Maduro, sin embargo, no acudió a ninguna argucia que superara la ley: se mantuvo en su papel constitucional y los nombró con toda autoridad.
Así las cosas, el Parlamento queda anulado. El TSJ podrá legislar, proponer enmiendas y reformas, decretar amnistías, autorizar la enajenación de bienes privados, nombrar al procurador general, aprobar tratados internacionales y permitir nuevos créditos para el presupuesto. Su ascenso como fuerza legislativa es el producto cerrado de una tendencia general del chavismo a recurrir a los tribunales para salvarse en los peores tiempos.
La semana pasada, Colombia con 13 países del hemisferio, firmó un documento en el que hicieron tres peticiones concretas al gobierno de Nicolás Maduro. “Que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas».
Estos son los tres puntos que tienen en la palestra pública al Gobierno de Maduro. Lo que resulta extraño es que Colombia se haya sumado a los países que exigen estas medidas, cuando, hasta hace poco, la Cancillería se mantenía al margen y, por el contrario, estimulaba con países aliados, como Ecuador y Brasil, un diálogo entre la oposición y el Gobierno.
