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25 expresidentes condenan Golpe de Estado en Venezuela

ExpresidentesIDEA

 

Los Ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresamos nuestra más severa condena del golpe de Estado que se ha consumado en Venezuela con las decisiones 155 y 156 de su Tribunal Supremo de Justicia, dictadas los días 27 y 29 de marzo, mediante las que se abroga éste el ejercicio de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional desconociéndola, le pone final a la inmunidad parlamentaria de que gozan sus diputados, y le encarga a Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana, gobernar al país por decreto, mediante un régimen de excepción y, de ser el caso, apelando a la Justicia Militar.

Resulta más grave lo así ocurrido cuanto que se sucede en el marco del debate abierto en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, a instancias de su Secretario General, Luis Almagro, y mediante la aprobación de la mayoría de los Estados miembros para considerar la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela y para ayudarla, conforme a los términos de la Carta Democrática Interamericana, a encontrar una salida a su grave crisis institucional y humanitaria mediante la realización de elecciones generales, que devuelvan la decisión del destino de ese país hermano a manos de la soberanía popular.

Requerimos de nuestros gobiernos, de la opinión pública internacional y de la comunidad internacional en su conjunto elevar sus voces de protesta y adoptar las medidas que autorice el Derecho internacional a fin de que se conjure dicho golpe de Estado y se le preste auxilio a la población venezolana, que sufre de una hambruna generalizada y es víctima de la violencia sistemática del Estado y sus grupos armados paraestatales.

Manifestamos nuestra firme solidaridad con el pueblo de Venezuela en esta hora crucial, con los distintos integrantes de su sociedad civil y los parlamentarios de los distintos partidos democráticos que hacen vida en la Asamblea Nacional, por sus esfuerzos sostenidos a objeto de preservar la paz en medio de la persecución que sufren y el coraje de sus luchas con vistas a la reconstitución democrática.

 

Oscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Belisario Betancur, Colombia

Armando Calderón Sol, El Salvador

Felipe Calderón H., México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Laura Chinchilla, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Fernando de la Rúa, Argentina

Vicente Fox, México

Eduardo Frei T., Chile

César Gaviria T., Colombia

Osvaldo Hurtado, Ecuador

Luis Alberto Lacalle H., Uruguay

Ricardo Lagos E., Chile

Jamil Mahuad, Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Sebastián Piñera, Chile

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Julio María Sanguinetti, Uruguay

Álvaro Uribe V., Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay

CIDH: Condenamos decisiones del Tribunal Supremo de Justicia

CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional.

El 28 y 29 de marzo de 2017 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos decisiones a través de las cuales levanta las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional, establece que sus actos constituyen traición a la patria, otorga al Poder Ejecutivo amplísimos poderes discrecionales, y, por otra parte, arrogándose las competencias del Poder Legislativo, decidió que dichas competencias serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional o por el órgano que dicha sala disponga. Además establecen otras afectaciones al funcionamiento de un Poder Legislativo independiente en Venezuela.

La Comisión condena categóricamente esta grave injerencia del Poder Judicial en la Asamblea Nacional y urge al Estado venezolano a restablecer la independencia y separación de poderes del Estado. La CIDH expresa su absoluta preocupación ante decisiones mediante las cuales el Tribunal Supremo de Justicia ha asumido funciones y decisiones sobre asuntos políticos y legislativos que son ajenos a la función judicial, afectando el rol de la Asamblea Nacional y su representación popular. Estas dos decisiones presentan un riesgo para la vigencia de los derechos humanos y de principios democráticos básicos, por la concentración de poder en el Ejecutivo y el Judicial y la vulneración del principio de separación de poderes en un sistema democrático. Anteriormente, en septiembre de 2016, la CIDH había condenado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela mediante la cual dicho tribunal declaró nulas y carentes de vigencia y eficacia jurídica todas las decisiones de la Asamblea Nacional, a la cual declaró en desacato.

La Comisión Interamericana condena el uso del derecho penal -del delito tipificado como traición a la patria-, como un medio para silenciar, intimidar y criminalizar la crítica al Gobierno realizada por los diputados de la Asamblea Nacional.

Adicionalmente, la Comisión observa que la primera decisión del Tribunal Supremo de Justicia dota al Presidente de la República de poderes discrecionales, que través de un lenguaje amplio y ambiguo permite la adopción de medidas de toda índole. Esta situación tiene la potencialidad de generar limitaciones a los derechos humanos.

La CIDH ha establecido reiteradamente que existe una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado. La Comisión le ha expresado y reitera a Venezuela la necesidad de garantizar a la ciudadanía y a los grupos políticos organizados el derecho a la participación política y a libertad de expresión sin temor a represalias, permitiendo y fomentando un debate público plural, amplio y robusto.

La relación entre derechos humanos, derechos políticos y democracia ha quedado plasmada en la Carta Democrática Interamericana, donde se señala que son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción  al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La CIDH urge al gobierno venezolano a respetar la separación de poderes, el principio de representación popular y las competencias que la constitución confiere a cada órgano, garantía indispensable de un régimen democrático y del Estado de Derecho. En particular, la Comisión urge al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respetar y garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos y a la participación en la vida política en el país de todos los sectores.

La CIDH se pone a disposición para colaborar con el Estado de Venezuela en el marco de su mandato y funciones a fin de respetar el orden constitucional y democrático en el país. En este sentido, la CIDH reitera la solicitud de anuencia del Estado de Venezuela para realizar una visita de observación, que la Comisión viene solicitando desde el año 2004.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Diputados anuncian sesión extraordinaria de la AN para este sábado en Chacaito

MUD

 

Debía ser en uno de los salones del Hotel Pestana en Santa Eduvigis, pero la rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática debió llevarse a cabo en las puertas de Primero Justicia en los Palos Grandes.

Según expuso el diputado Richard Blanco el propio Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) no les permitió ofrecer las declaraciones en el recinto y se vieron obligados a marcharse a la sede del partido.

El jefe del bloque parlamentario de la MUD en la Asamblea Nacional, Stalin González, flanqueado por los diputados Blanco, Juan Requesens, Miguel Pizarro, Alfonso Marquina, William Dávila, Juan Andrés Mejía, entre otros dirigentes de oposición procedió a leer un comunicado donde entre otras cosas anunció una sesión extraordinaria de la AN para este sábado a partir de las diez de la mañana en Chacaito.

«Este martes vamos a anunciar las acciones que vamos a llevar a cabo para reestablecer el orden constitucional, hoy más que nunca el país necesita la unidad de todos», dijo González. «Estamos trabajando para que vengan en próximos días representantes internacionales», agregó.

Por su parte, el parlamentario Requesens manifestó que el pueblo debe mantenerse en la calle. «Nosotros nunca hemos abandonado esa agenda, por supuesto que la vamos a intensificar».

Dijo que aunque algunos lo vean contradictorio no van a renunciar al proceso de validación de partidos políticos organizado por el Consejo Nacional Electoral.

«No podemos permitir como demócratas es que no lo veamos como un pívot de movilización social, en dictadura es una oportunidad de ser irreverente», aseveró. Alertó que van a denunciar las agresiones y las detenciones que se produjeron entre este jueves y viernes. «Los colectivos no van a doblegar nuestro sentir demócrata».

Pizarro manifestó que tanto ONGs, como gremios y estudiantes han hecho público su ímpetu por volver al cauce de la constitucionalidad. «Ahora hay que articularnos mejor, a quienes están en el Poder Moral les toca un papel, incluso la Fiscal General ha tenido que hablar, esta es la hora de la acción, la gran mayoría de este país tiene una decisión tomada».

Oído en la Fiscalía: De la ruptura del hilo constitucional al Se prendió esta mierda

MIENTRAS UNA SONRIENTE LUISA ORTEGA DÍAZ bajaba las escaleras del auditorio de la Fiscalía hacia el podio, saludando a algunos asistentes, en la plaza de Parque Carabobo un grupo de diputados daba declaraciones a los medios sobre un documento que entregarían para exigir al organismo la apertura de una investigación a los magistrados.

Poco antes, en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Guardias Nacionales Bolivarianos habían detenido a dos estudiantes y agredido a la periodista de Caracol Radio, Elyangelica González, quien acudió a la plaza donde se encontraban los medios y diputados para contar su versión.

La fiscal comenzó su alocución con la afirmación de que no podían desconocer la situación que existe en el país, «una lamentable pugna institucional que compromete la realización de los fines del Estado». Estaba presentando el balance de su gestión en 2016 desde la sede del Ministerio Público, «esta casa de justicia», para llamar la atención de todos los actores políticos, sociales e institucionales sobre la imperiosa necesidad de trabajar armónicamente para asegurar la paz y el estado de derecho. El informe podría haberlo presentado en el TSJ, como demás funcionarios del Gobierno han hecho y sin embargo, decidió no hacerlo en las instalaciones del Poder Judicial. En años anteriores –y según la Constitución– este informe debía presentarse ante la Asamblea Nacional.

Las cifras obtenidas durante el 2016 que comentaba Ortega Díaz evidenciaban el recrudecimiento de la violencia en Venezuela, como ella misma señaló. Exhortaba, en cada punto, a diseñar planes para evitar futuros crímenes, para el desarme civil, para la protección y cuidado de niños y adolescentes, para la vigilancia durante las actuaciones policiales y OLP.

Avanzaba rápidamente en su enumeración, hasta que pronunció una frase bastante dicha por los aliados del régimen de Nicolás Maduro y bastante escuchada por los ciudadanos venezolanos. «Los venezolanos no aceptamos injerencia extranjera … Yo estoy en contra de cualquier injerencia, en contra de cualquier hecho que atente contra la autodeterminación de Venezuela»… Pero prosiguió, en una sala inundada por el suspenso, diciendo que era su deber histórico e ineludible hablar sobre las decisiones 155 y 156 del TSJ.

«En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de estado consagrado en la CRBV, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi deber manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento», dijo Luisa Ortega en nombre de los 10 mil funcionarios de la Fiscalía y los tres mil fiscales autónomos. Los asistentes se pusieron de pie, aplaudiendo sin necesidad de señas, algunos con cara de sorpresa y otros preguntándose si escucharon bien.

Continúo Luisa diciendo: «llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos que respetando la carta magna propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad, a que se debata de forma democrática y respetando las diferencia, conseguir caminos institucionales que garanticen la paz y superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población».

Finalizó con una rápida despedida y paso rápido por las escaleras, despidiéndose brevemente de los subalternos que la elogiaban. Los demás fiscales y funcionarios la siguieron con la misma rapidez.

«Se prendió esta mierda», dijo uno de ellos mientras afuera del MP, los Policías Nacionales Bolivarianos amedrentaban con piedras y bombas lacrimógenas a los opositores en la plaza Parque Carabobo.

MUD: TSJ se coloca en desacato tanto a la Constitución como ante el pueblo venezolano

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La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) emitió un comunicado, tras una reunión con todos los partidos que lo conforman, en el que denuncian que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las funciones de la Asamblea Nacional (AN) es «la derogación de la Constitución venezolana por parte del gobierno de Nicolás Maduro» y lo califican como un golpe de Estado.

En el texto, el conglomerado de partidos le pide a la sociedad venezolana cerrar filas «en defensa de la República y de la Constitución venezolana» y le pide acompañar a la AN en sus próximos actos el sábado 1 de abril y el martes 2 de abril. Le hicieron un llamado a la Fuerza Armada a que decidan si están del lado del pueblo o del «lado de un grupo que la humilla y la usa».

A continuación el comunicado completo:

1. La Unidad Democrática denuncia ante el país y ante el mundo la derogación de la Constitución venezolana por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y la consumación de un golpe de Estado contra la República.

2. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, conformada por 7 militantes del partido de gobierno, de dudosa reputación profesional y personal, y cuyos nombramientos fueron realizados de manera ilegal y espuria por la anterior Asamblea Nacional cuando, derrotada por el pueblo, violó de manera descarada los procedimientos y requisitos establecidos en la Constitución para nombrarlos de manera arbitraria, emitió los días 28 y 29 de marzo dos sentencias (155 y 156) que le asignan de manera ilegal competencias jurídicas, económicas, administrativas y penales al Ejecutivo nacional, elimina la inmunidad parlamentaria, le permite al gobierno decretar artificial e inconstitucionalmente un estado de excepción, usurpa todos los poderes del Estado y anula de facto las funciones del Parlamento nacional.

3. Con estas ilegales “sentencias” elaboradas por 7 súbditos que ocupan de manera irregular la sala constitucional del TSJ, el gobierno pretende anular a la Asamblea Nacional, electa directamente por el pueblo, entre otras cosas para saltarse los controles legislativos sobre la firma de contratos con empresas extranjeras y de endeudamiento del país, en beneficio de los intereses particulares de un grupo pequeño de privilegiados y en detrimento de la nación. Maduro quiere vender al país a sus amigos y a transnacionales cómplices, y para ello necesita anular a la Asamblea Nacional.

4. Las “sentencias” del gobierno, al anular al Parlamento Nacional electo por el pueblo, altera de manera radical la estructura constitucional de la República y le quita de manera definitiva a los venezolanos la Constitución que votaron en 1999 y la forma republicana de convivencia ciudadana en ella establecida. De esta manera, el TSJ se coloca en desacato tanto a la Constitución como ante el pueblo venezolano.

5. En función de lo anterior, la Unidad Democrática venezolana hace un llamado urgente a todos los sectores del país a cerrar filas en defensa de la República y de la Constitución venezolana. Convocamos a todos los sectores a planificar y ejecutar acciones de protesta, organización, movilización y discusión, simultáneas, múltiples y diversas, cada sector según su especificidad social y de acción, a fin de conformar un inmenso e indetenible movimiento de presión ciudadana de resistencia ante el golpe de estado y los usurpadores del poder.

6. Este proceso de activación y movilización nacional no puede ser solo para expresar una rabia legitima, para desahogar una justificada indignación, y mucho menos para provocar situaciones de anarquía y caos que se devuelvan contra la propia gente, y terminen fortaleciendo la estrategia del gobierno. La Unidad convocara, en coordinación con actores de la sociedad civil organizada y con las mesas de unidad regionales, un conjunto de acciones progresivas, de alcance nacional, para procurar la mayor eficacia política del inmenso descontento popular.

7. Convocamos para mañana sábado 1 de abril a acompañar todos, de manera multitudinaria, la sesión especial de calle de la Asamblea Nacional que se realizara en la Plaza Brion de Chacaito, en Caracas, a las 10am.

8. Igualmente invitamos a este martes 4 de abril a estar todos pendientes de la Sesión en el Palacio Federal Legislativo para ratificar que la Asamblea Nacional representa la voluntad ciudadana legitima que se pretende desconocer, que sigue actuando dentro de sus competencias constitucionales y que la función legislativa se mantiene ahora con más razón y fuerza. Ese día la Asamblea Nacional adoptará un conjunto de acciones, en el marco de sus funciones y atribuciones constitucionales, en defensa de la República y del orden constitucional violentado.

9. Urgimos a la formación inmediata de un Gran Frente Democrático por el Rescate del Estado de Derecho, amplio y plural, que incluya a gremios, universidades, sindicatos, organizaciones populares y sectores sociales organizados, pero que además incluya a personalidades y partidos políticos disidentes o todavía simpatizantes del oficialismo, y a organizaciones políticas no pertenecientes a la Mesa de la Unidad Democrática. Esta no es una lucha de un sector político contra otro. Es la batalla unitaria de todos los demócratas y de todos quienes queremos a este país, en defensa de una causa común, que es la República.

10. Pedimos a la comunidad internacional, y a sus representantes diplomáticos en nuestro país, que se pronuncien con firmeza y continúen solidarizándose con Venezuela. Las sentencias 155 y 156 del TSJ vienen a confirmar no sólo el contenido del Informe del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sobre la ruptura del orden constitucional en Venezuela, sino que hace más urgente y necesario la activación de los mecanismos de presión diplomática para lograr este año la realización de elecciones en nuestro país, como forma de resolver la pavorosa tragedia social que sufrimos los venezolanos y la peligrosa crisis política que amenaza la existencia misma de la República. Aprovechamos para agradecer las múltiples y contundentes manifestaciones de apoyo al pueblo venezolano por parte de los gobiernos y pueblos de todo el mundo, así como de los medios de comunicación internacional, ante el golpe de estado perpetrado por Maduro.

11.A los representantes del resto de los poderes públicos: el golpe de estado también es contra ustedes. Sin Constitución, no hay poderes públicos. Ya la Fiscal General de la Republica se manifestó ¨las sentencias de la Sala Constitucional del TSJ representan una ruptura del hilo constitucional.

12. Le solicitamos a nuestros hermanos de uniforme, los soldados y miembros de la Fuerza Armada Nacional, a que, junto con el país, nos sumemos a restituir el orden constitucional. La Fuerza Armada Nacional no puede permanecer callada o indiferente ante la ruptura de la Constitución. Las familias de nuestros militares padecen el mismo drama del costo de la vida, la escasez, y la violencia, pero además sufren la vergüenza de ver a la Fuerza Armada Nacional caer cada vez mas bajo en los indicadores de confianza y afecto de los venezolanos.

13. A nuestros hermanos militares: decidan si quieren estar, a lado de un pueblo que desea una Fuerza Armada fuerte, sólida, constitucional, querida y respetada por todo el país, como les corresponde, o al lado de un grupo que la humilla y la usa, que no les importa ni el futuro ni la reputación de la familia militar con tal de proteger sus beneficios.  Les pedimos que asuman su responsabilidad de ser los primeros guardianes de la democracia y de la Constitución en Venezuela y se conviertan en parte de la solución. Se trata de escoger entre ser los dignos hijos de Bolívar o los custodios de Maduro. Únanse a la exigencia de todo el pueblo por rescatar el artículo 328 de la Constitución de la República.

14. A todos nuestros hermanos venezolanos les decimos: la Unidad Democrática está lista y dispuesta a enfrentar hasta el final esta agresión contra Venezuela y lo que seguramente vendrá en términos de mayor represión, arbitrariedad y violencia. La Unidad democrática se declara en sesión permanente. No le tememos al gobierno, ni lograrán desviar nuestra lucha.  Nos reservamos el derecho de adelantar acciones e iniciativas civiles y democráticas que no podemos revelar, como corresponde a quienes se enfrentan a una dictadura, pero no permitiremos que Venezuela se nos muera.

 

 

Oficialismo sobre sentencia: TSJ asumió competencias de la AN para defender la Constitución

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Jackeline Farías, Aristóbulo Istúriz, Hermann Escarrá e Isaías Rodríguez se pronunciaron por la sentencia del TSJ que inhabilita a la Asamblea Nacional mientras esta esté en desacato. A través de distintos medios esto fue lo que dijeron:

 

Jackeline Farías: 

La integrante de la dirección Nacional del Psuv, sostuvo que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las competencias de la Asamblea Nacional es aceptable porque a su juicio “la AN decidió estar en ilegalidad, cada ley que intentaron promulgar era en contra del pueblo”.

“El TSJ es el poder supremo tal como lo dice su nombre, control y administración del uso de la Constitución, el TSJ venía supliendo todas la fallas de la Asamblea Nacional”.

La integrante del Psuv sostuvo que “hoy la oposición amaneció trancando autopistas, quitando el derecho de tránsito a la población, incitando actos provocadores, incomodando a la comunidad; que el TSJ haya tenido que tomar esa decisión para defender la Constitución, el TSJ debía cumplir con la ley, eso se tenía que hacer”.

Aristóbulo Istúriz:

El vicepresidente para el Socialismo Territorial y ministro para las Comunas, aseguró que los fundamentos de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia se encuentran en la Constitución y por medio de la Sala Constitucional se quiere evitar un “estado de conmoción”.

El TSJ por medio de su interpretación y apoyando el Estado de Excepción estarían buscando prevenir cualquier situación irregular en el país.

Durante una entrevista en VTV, dijo que “siempre están a nombre de la Asamblea diciendo que hay una dictadura, esa Asamblea tiene la oportunidad de ponerse al día porque ha entrado en desacato y todo el mundo lo sabe, está allí y no existe, tiene que ponerse al día con los poderes públicos porque quien entró en desacato fue la Asamblea, tiene desconocimiento del resto de los poderes públicos, el golpe de Estado trataron de darlos ello”.

 

Hermann Escarrá:

“El Poder Judicial es el custodio de la Constitución, del Estado constitucional de derecho y, en consecuencia, de las libertades fundamentales y de los derechos humanos”, subrayó este jueves el reconocido jurista y corredactor de la Carta Magna, Hermann Escarrá.

Escarrá recordó que en el artículo 336 del texto fundamental se consagra la omisión legislativa, y en el que caso de que se produzca por acciones inconstitucionales del Parlamento, que actualmente se encuentra en desacato y, por ende, sus actos son nulos, “entonces necesariamente debe suplirse a través del Poder Judicial”.

De allí parte la validez de la sentencia publicada por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la Nación el miércoles 29 de marzo, que indica: “Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Isaías Rodríguez: 

El ex fiscal general Isaías Rodríguez indicó, este viernes, que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), referida al ejercicio de la función parlamentaria ante el desacato de la Asamblea Nacional (AN), está ajustada a derecho.

En entrevista para VTV, el también embajador de Venezuela ante Italia, explicó que el Poder Judicial sustenta sus decisiones en los artículos 335 y 336 de la Constitución, que definen los límites y competencias de la labor del TSJ, entre ellas dirimir las diferencias entre los Poderes Públicos.

Isaías Rodríguez agregó que las sentencias del TSJ son sentencias y no más, por lo que instó a no polarizarlas, por cuanto afectan a una de las partes y resaltó que “la Sala Constitucional pudiese emitir una sentencia contra el Presidente de la República que éste debe acatar”.

Señaló que, desde el punto de vista jurídico, la Asamblea Nacional está obligada a acatar el dictamen de la Sala Constitucional, toda vez que enfatizó en que “nosotros (en Venezuela) más que un régimen presidencialista, tenemos un régimen judicialista (…) Al contrario de Europa, donde el sistema es parlamentarista”.

 

*Con información de Unión Radio / El Impulso / Notitarde

Julio Borges: Declaraciones de Luisa Ortega Díaz han sido en defensa de la Constitución

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El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó este viernes que las declaraciones que ofreció la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, han sido en defensa de la Constitución. «Ese paso que ha dado la Fiscal de hacer valer los valores que están en la constitución el mundo se lo reconoce».

Hizo un llamado a las instituciones y a la Fuerza Armada Nacional para que respeten la Constitución. «Llamó al defensor, al contralor, a los magistrados y todos los venezolanos que tienen un cargo de responsabilidad, a obedecer las órdenes de la conciencia y de los valores de Venezuela, en este momento el jefe del país tiene que ser la constitución».

Destacó que la fiscal haya reconocido que las sentencias del TSJ están fuera de los preceptos de la carta magna y dijo que este reconocimiento debe tener consecuencias morales, políticas y legales.

Reiteró que en Venezuela ocurrió un golpe de Estado, «el intento de establecer en Venezuela una dictadura».

Señaló que los pronunciamientos  a nivel mundial «son el mejor antídoto y respuestas para frenar este golpe de Estado y lograr que de esta crisis que tenemos hoy día podamos tener un desenlace que es el que pide el mundo y el pueblo venezolano que son las elecciones».

A su juicio, Venezuela se ha convertido en un «problema y una enfermedad contagiosa para toda la región».

«Maduro está fuera de la constitución», sentenció.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Juan Andrés Mejía a través de un comunicado aseguró que la sentencia debe unir a todos los venezolanos en la lucha por el respeto a la democracia. “La canciller tenía una reunión y la suspendió. La comunidad internacional y el mundo entero sabe lo que ocurre en nuestro país, no estamos solos”.

“La fiscal se ha puesto hoy del lado de la constitución, se ha puesto del lado de la democracia (…) esa decisión la deben considerar los demás poderes públicos. No se trata de defender un poder en particular sino de todo el país”.

 

Guardia Nacional agrede a corresponsal de Caracol Radio en Caracas Elyangelica González

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La periodista Elyangelica González, corresponsal de Caracol Radio en Caracas, fue agredida por efectivos de la Guardia Nacional a las afuera de la Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

González se encontraba en una pauta cubriendo la protestas que se estaba desarrollando por la medida del Poder Judicial de asumir las funciones de la Asamblea Nacional (AN) cuando fue atacada por los funcionarios.

 

 

 

Tras este ataque, Caracol Radio solicitó medidas cautelares a través de Ona Flores, especialista de Derechos Humanos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Así mismo, puso este episodio en conocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

La Cancillería colombiana también ofreció su apoyo consular a Elyangélica y, a través de un comunicado, expresó su preocupación y rechazo ante este ataque al libre ejercicio de la libertad de expresión de un medio colombiano, al tiempo que solicitó las garantías y medidas propias para el ejercicio de la labor periodística.

 


*Con información de Caracol Radio