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TSJ decidió que no habrá antejuicio de mérito contra magistrados

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La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró no ha lugar la solicitud de antejuicio de mérito realizada por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, contra seis magistrados titulares de la Sala Constitucional y dos suplentes.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, encabezó el encuentro que ocurrió la tarde de este viernes y en el que se decretó el sobreseimiento de la causa, de conformidad con lo establecido en el Art. 378 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el Art. 113 de la Ley Orgánica del TSJ.

La fiscal pidió el martes el antejuicio de mérito contra los magistrados principales: Dr. Juan José Mendoza Jover, Dr. Arcadio Delgado Rosales; Dra. Carmen Zuleta de Merchán; Dr. Calixto Antonio Ortega Ríos; Dr. Luis Damiani Bustillos; Dra. Lourdes Suárez Anderson; así como los doctores Federico Fuenmayor Gallo y René Degraves Almarza, Magistrados suplentes de la mencionada Sala.

La Sala Plena consideró inoficioso pronunciarse con respecto a la solicitud de amparo cautelar y subsiguiente medida cautelar innominada de suspensión de efectos solicitada, dado el pronunciamiento emitido.

El TSJ ordenó, entre otras cosas, remitir copia certificada del fallo al Consejo Moral Republicano, para que ejerza las acciones que correspondan en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general.

 

Conferencia Episcopal rechazó la Constituyente por vulnerar los DDHH

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La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó este viernes su rechazo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por considerar que esta vulnera la progresividad de los derechos humanos (DDHH) y “sumerge” al país en una situación de “convulsión social y violencia”.

Mediante un comunicado, la institución eclesiática aseguró que la “mayor violencia” –en el marco de las manifestaciones antigubernamentales– la ejercen, a su juicio, los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y “colectivos” con el uso de “armas prohibidas”.

El texto suscribe que, tal y como lo expresó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el país hay una “ruptura” del hilo constitucional debido a las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia.

Añade que el Gobierno nacional, pese a ser el garante superior de los derechos, la paz y la seguridad pública “se ha convertido en su principal trasgresor, violentando y atacando residencias familiares de ciudadanos indefensos, agrediendo sin distinguir localidades ni personas, situación que consideramos social y moralmente injustificable”.

La Comisión de Justicia y Paz de la CEV exhortó al Ministerio Público (MP) a realizar las investigaciones pertinentes contra funcionarios públicos involucrados en hechos de violencia; además instó al Consejo Moral Republicano “a velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”.

También le exigió al Poder Judicial “que conozca de las causas y asuntos que son de su competencia y que le correspondan en el conocimiento de las violaciones de los derechos humanos, recordándoles su independencia ante los demás poderes que garantizan la vigencia y el equilibrio del Estado de derecho, y que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas para que se imparta en nombre de la República y por autoridad de la Ley”.

La organización religiosa igualmente condenó que civiles estén siendo juzgados en tribunales militares, lo que constituye una “violación al derecho fundamental al debido proceso que tiene toda persona a ser juzgada por sus jueces naturales (…)”

15 partidos irán a reparo para renovar nómina de inscritos

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Un total de 15 partidos políticos nacionales que no alcanzaron las manifestaciones de voluntad de sus militantes en al menos 12 estados, para su renovación legal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), tienen la oportunidad de recopilar las firmas faltantes para mantenerse en la actividad política.

A este proceso solo acudirán aquellas organizaciones que en la recolección de manifestaciones de voluntad para la validación de partidos, que se efectuó entre marzo y junio de este año, alcanzaron el respaldo del 1% de los electores en una sola entidad federal.

Mediante un comunicado oficial difundido este viernes, el CNE informó que este fin de semana comenzará el proceso de subsanación, con la participación de los partidos Por la Democracia Social (Podemos), Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), Movimiento Político Alianza Para el Cambio, Nuevo Camino Revolucionario (NCR), Solidaridad Independiente (SI), Movimiento de Integridad Nacional (MIN-Unidad), Bandera Roja (BR) y Redes de Respuestas de Cambio Comunitarios (Redes)

El segundo grupo cumplirá el proceso el 24 y 25 de junio. Ese día le corresponde al Movimiento Al Socialismo (MAS), Patria Para Todos (PPT), Organización Renovadora Auténtica (ORA), Unidad Democrática Renovadora (Unidad DR), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) y Unidad Popular Venezolana (UPV).

Los puntos donde serán realizados los actos de recolección de manifestaciones de voluntad, que cuentan con la presencia de testigos de los partidos involucrados, están disponibles en el sitio web del órgano electoral: www.cne.gob.ve

Odebrecht asumió contratos millonarios sin rendición de cuentas en Venezuela
Pese al silencio oficial, el proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato” ha comenzado a documentar los pagos de las planillas de Odebrecht a diversas obras otorgadas durante el régimen chavista

 

@boonbar | Runrunes

@albertoyajure | El Pitazo

Investiga Lava Jato

CARACAS. A PESAR DE QUE LA CONSTRUCTORA brasileña Odebrecht confesó en Estados Unidos haber pagado 98 millones de dólares de sobornos a funcionarios de Venezuela en diciembre de 2016, durante al menos nueve de los 18 años del régimen chavista, hasta el momento el gobierno de Nicolás Maduro mantiene en la oscuridad información relevante sobre los montos invertidos en obras adjudicadas en este país a las principales empresas de Brasil que están bajo investigación por el caso Lava Jato en varias naciones de Latinoamérica.

Hace pocas semanas se conoció que en 2012 Maduro, entonces canciller de Venezuela, entregó 11 millones de dólares en efectivo —procedente de las firmas Odebrecht y Andrade Gutiérrez— a los publicistas y esposos brasileños Mónica Moura y João Santana por sus servicios de marketing político para la campaña de reelección de Hugo Chávez, monto que no fue declarado de manera oficial, según el testimonio de Moura ante la justicia de Brasil. En ese entonces, Maduro era el hombre de confianza de Chávez, a quien el líder confió el rumbo del país y quien finalmente lo relevó en el cargo tras ganar unas reñidas elecciones 40 días después del anuncio de su deceso, oficializado el 5 de marzo de 2013.

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En 2012, los publicistas brasileños Santana y Moura recibieron US$11 millones de Nicolás Maduro, procedentes de las constructoras Odebrecht y Andrade Gutiérrez.

Ante el estridente silencio oficial del gobierno chavista, que impide que se conozca la magnitud de la corrupción de las constructoras brasileñas y funcionarios de este país, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela presentó el 17 de marzo de 2016 un recurso ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que consta de cinco demandas “para exigir la publicación de todos los contratos suscritos entre el Estado venezolano” y Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Corrêa y Andrade Gutiérrez. De acuerdo con la ONG, cuatro de estas demandas fueron declaradas “inadmisibles” por el máximo tribunal.

Cuando era canciller de Venezuela, Nicolás Maduro entregó 11 millones de dólares en efectivo —procedente de las firmas Odebrecht y Andrade Gutiérrez— a los publicistas y esposos brasileños Mónica Moura y João Santana para la campaña de reelección de Hugo Chávez.)

Según esta organización civil, las cuatro empresas brasileñas obtuvieron en Venezuela contratos estatales en por lo menos 40 obras durante las gestiones presidenciales de Chávez y Maduro. De estos proyectos de infraestructura, 32 corresponden a adjudicaciones directas a Odebrecht, cuatro a Camargo Correa, tres a Andrade Gutiérrez y una a Queiroz Galvão.

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El Tercer Puente sobre el río Orinoco, es una de las obras en las que se encontró pagos de alrededor de US$1 millón por parte de la firma brasileña Odebrecht a funcionarios venezolanos.

El 9 de junio de 2017, la oficina de Odebrecht en Caracas informó a Runrun.es y ElPitazo.com, como parte de este reportaje del colectivo “Investiga Lava Jato”, que su catálogo en Venezuela comprende en realidad un total de 21 obras de Infraestructura de gran envergadura y complejidad, de las cuales 11 ya fueron concluidas y entregadas y 10 se encuentran actualmente activas y en ejecución, “dentro de la normalidad de los contratos de esta naturaleza”. Quiso dejar en claro que está contribuyendo y contribuirá con todos los procesos e investigaciones que procedan de cualquier entidad del estado venezolano. “Es un compromiso de la organización”.

Aunque Odebrecht Venezuela afirmó que existen diversas fuentes de financiamiento de estas grandes obras, que incluyen entidades privadas, colaboración internacional y recursos propios del Estado, no detalló los montos asignados a cada proyecto. Tampoco precisó cómo se llevaron a cabo los procesos de asignación de contratos, entre los que se encontraban licitaciones, contrataciones y convenios bilaterales.

A pesar que se desconoce la suma total de dinero a la que ascienden estas contrataciones, se sabe de un estimado realizado por el diario Valor Económico de Sao Paulo: alrededor de 20 mil millones de dólares hasta 2014. Los montos pueden ser aún mayores porque los escasos presupuestos que se han publicado corresponden solo a la parte del financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BNDES) o a Corporación Andina de Fomento (CAF).

Expulsión empresarial

La Cámara Venezolana de la Construcción decidió el 28 de marzo de 2017 expulsar a Odebrecht de este gremio “por razones éticas”, hasta que se mantuvieran las pesquisas por parte de los órganos de justicia. De esa manera, se atendió la exhortación de la Federación Internacional de la Industria de la Construcción, de la cual forma parte, en relación a tomar acciones frente a esta compañía denunciada por corrupción.

Al respecto, entre las pocas acciones emprendidas por las autoridades de Venezuela está el allanamiento de las oficinas de Odebrecht en Caracas, el 14 de febrero. Se trató de un operativo conjunto del Ministerio Público, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), como parte de la investigación sobre irregularidades en la contratación del Estado con esa compañía.

A pesar de esta intervención oficial, la empresa sigue operando en Venezuela, tomando estos “procesos de visita como es normal en estos casos. Nosotros apoyamos y respondemos a sus solicitudes”, confirmaron voceros de la constructora desde su sede en Caracas.

Odebrecht Venezuela sostiene que en esta nación se le otorgaron contratos de 21 obras de Infraestructura de gran envergadura y complejidad, de las cuales 11 ya fueron concluidas y entregadas, y 10 se encuentran actualmente activas y en ejecución.

A través de un comunicado, la fiscalía venezolana señaló que la investigación busca “determinar si las obras para las cuales fue contratada esta empresa están culminadas o no, y cuál es el destino del dinero cancelado por las mismas, con el fin de corroborar si algunos funcionarios públicos se beneficiaron con esas negociaciones”. Asimismo, se ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias   y prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de la firma brasileña.

Ese mismo día, se ordenó la detención del otrora influyente Euzenando Prazeres de Acevedo, presidente de la constructora Odebrecht en Venezuela, bajo la sindicación de “corrupción impropia y de concierto de funcionario público con contratista”.

La propia oficina en Caracas aclaró que Azevedo se desempeñó como Líder Empresarial de la Empresa en Venezuela hasta el año 2013. A partir del año 2015 dejó de prestar servicios para la empresa Odebrecht, periodo en el culminó su relación contractual con la empresa.

Cabe anotar que la primera vez que Nicolás Maduro hizo alusión a la corrupción de constructoras brasileñas fue el 5 de febrero pasado, solo para confirmar que las obras ejecutadas por Odebrecht habían sido suspendidas, pues no aclaró el destino de los 98 millones de dólares pagados funcionarios venezolanos de forma irregular. Prometió que su gobierno terminaría las obras con material y mano de obras venezolanos. No dio fechas ni montos y tampoco informó cómo enfrentará la crisis de escasez en el sector construcción.

En el Parlamento de Venezuela, las pesquisas que se iniciaron de oficio en la Comisión de Contraloría se quedaron estancadas debido a la grave crisis política y de gobernabilidad que padece esta nación tras 18 años de gestión chavista.

Sobre la llamada Caja 2 de Odebrecht, referente a los pagos de sobornos a funcionarios e intermediarios en Venezuela, la sucursal de la constructora en Caracas prefirió callar. No afirmó ni negó nombres. Aclara que el proceso es conducido por las autoridades de Brasil y que las oficinas de Venezuela no tienen acceso a los mismos.

No obstante, como parte del proyecto “Investiga Lava Jato”, Runrun.es y ElPitazo.com destaparon hace unos días que Odebrecht pagó al menos 13 millones 385 mil 329 dólares en sobornos para mantener contratos de grandes obras en Venezuela, según correos electrónicos de la División de Operaciones Estructuradas de la firma brasileña, conocida como el “Departamento de las propinas”.

(*) Este informe forma parte del proyecto colaborativo “Investiga Lava Jato” en el que participan periodistas y medios de 11 países de América Latina y África.

Coordinadores del proyecto: Milagros Salazar de Convoca y Flávio Ferreira de Folha de Sao Paulo. Periodistas y medios aliados: Emilia Delfino, Perfil (Argentina); Ginna Morelo, Esteban Ponce de León, Óscar Agudelo (Colombia); Christian Zurita de Mil Hojas (Ecuador); Jimmy Alvarado, El Faro (El Salvador); Daniel Villatoro y Suchit Chávez, Plaza Pública (Guatemala); Daniel Lizárraga y Raúl Olmos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México); Adérito Caldeira, Jornal Verdade (Mozambique); Sol Lauría. Con el soporte de datos de la Iniciativa Regional para el Periodismo de Investigación en las Américas de ICFJ/Connectas (Panamá). Óscar Libón, Miguel Gutiérrez, Mariana Quilca y Sandro Michelini de Convoca (Perú), Lisseth Boon, Runrunes (Venezuela), Jesús Yajure, El Pitazo (Venezuela). Análisis de datos: Aramís Castro y Milagros Salazar, de Convoca, y Esteban Ponce de León. Edición: Óscar Libón, Convoca. Ilustraciones e infografías: Orlando Tapia, Convoca. Desarrollo web: Víctor Anaya.

 

 

Las 5 noticias más importantes a esta hora

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Diputada Arellano solicitó antejuicio de mérito a generales de la REDI

Ocho generales de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) fueron acusados este viernes ante el Ministerio Público por presuntamente violar los derechos humanos de manifestantes, según afirmó la diputada a la Asamblea Nacional Gaby Arellano (VP-Táchira), quien solicitó un antejuicio de mérito.

Arellano aseveró que tiene las pruebas que demuestran la actuación ilegal en varios estados del país, de los funcionarios de la REDI, cuerpo componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Entre los nombres que acusó la diputada se encuentra el general vicealmirante Hernández Balza de Nueva Esparta, a quien responsabiliza de la detención a la diputada Janet Fermín durante una protesta. El mayor general Iván José Hidalgo Terán responsable del REDI Los Llanos; el mayor general Jesús Suarez Churrio, responsable de los tribunales militares en Carabobo y el mayor general José Morantes Torres, responsable del REDI Los Andes. (El Universal)

 

Presentaron en La Haya nuevas denuncias de torturas en Venezuela

El observatorio checo de derechos humanos (DDHH) del Centro de Estudios para América Latina (Casla) presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) nuevos casos de supuesta tortura en Venezuela, informó este viernes en Praga la directora ejecutiva del ente, Tamara Sujú.

«Todo está dado para que haya una investigación por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad», explicó Sujú, que ya en mayo de 2016 y enero de 2017 presentó a la magistratura internacional dos expedientes de torturas que afectarían a más de 600 personas.  (El Universal)

 

Gabriela Ramírez admitió que hay fuertes diferencias dentro del chavismo

Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, admitió este viernes que hay fuertes diferencias entre los dirigentes del chavismo, debido a la falta de diálogo recíproco y al distanciamiento de los principios establecidos por el fallecido presidente Hugo Chávez.

“Internamente hay muchas diferencias en el chavismo, es imposible avanzar porque la dirección que llevan los mandatarios tiene unas líneas muy rígidas y por eso hay una migración. Los funcionarios que quedan son los más leales y más comprometidos con el gobierno, pero la verdad es que ellos no son escuchados”, expresó Ramírez en una entrevista a Globovisión.

La ex funcionaria aseguró que sigue siendo chavista originaria, por lo que desestimó las críticas de quienes la han calificado de traidora. “Traidores son los que levantaron las banderas del cambio y apartaron el discurso de Chávez de su proceder. Aquellos que ahora mismo le dicen a quienes trabajaron en la base del chavismo que voten por uno u otro candidato” (El Nacional)

 

Venezuela participa en reunión anual del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) participa en la segunda reunión anual del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), que se desarrolla desde este viernes 16 hasta el próximo domingo 18 de junio en la isla vacacional de Jeju, en  Corea del Sur, con el objetivo de promover la industrialización inclusiva y sostenible, y  la integración entre Asia y el resto del mundo.

En esta reunión que tiene como eslogan «Infraestructura sostenible», participa el vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Simón Zerpa Delgado, además de 2.000 personas, incluidos ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de 77 países, refiere

Como parte de este evento más de 30 empresas y entidades nacionales e internacionales presentarán sus avances en materia tecnológica de infraestructura en diversos sectores como «ciudad inteligente, medios de transporte, gestión de recursos hídricos, energía verde y telefonía móvil 5G», refiere la agencia de noticias coreana Yonhap. (AVN)

 

FMI alerta del impacto de la crisis venezolana en los países vecinos. Inflación alcanzaría 2.068% en 2018

Un funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió a los vecinos de Venezuela del impacto que podrían esperar de la agudización de la crisis económica venezolana. La advertencia fue hecha en un foro con las proyecciones para el desempeño económico de la región para 2018 que el Banco Central de Trinidad y Tobago organizó  con una misión del Fondo Monetario Internacional, según reseñó la televisora local CCN TV6.

Según las estimaciones del FMI, el PIB total de Venezuela tendrá una caída del -7,4% en 2017, completando así cuatro años consecutivos de caida del PIB (Segun cifras del FMI, cayó -3,9% en 2014, -6,2% en 2015, y -18,0% en 2016). Para el año 2018, el FMI estima que continuará la recesión y el PIB se contraerá de nuevo en -4,1%.

En cuanto a la inflación, estima que pasará de tres dígitos a una hiperinflación de más d

Denunciarán ante Parlasur a empresa que vende lacrimógenas al gobierno

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Williams Dávila, diputado (AD) a la Asamblea Nacional por Mérida, denunciará ante el Parlasur a una empresa brasileña que vende bombas lacrimógenas al gobierno de Nicolás Maduro.

«Denunciaré en Parlasur la mal llamada empresa Cóndor de Brasil, que vende lacrimógenos al régimen para reprimir al pueblo de Venezuela», indicó este viernes el legislador opositor, quien es miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento.

El jueves se conoció que el Estado adquirió 40.000 bombas lacrimógenas simples y 37.870 gases de una carga triple a Cóndor S/A Industria Química – Brasil, informó el legislador Jorge Millán.

Millán divulgó un documento en el que se ve le transacción, cuyos productos solo pueden ser utilizados por la Fuerza Armada Nacional.

Este ha sido uno de los artefactos más empleados por la Guardia Nacional Bolivariana para reprimir protestas opositoras. Uno de ellos fue el que mató a Juan Pablo Pernalete, luego de que le impactara a quemarropa en el pecho.

UCV no fabricará tinta indeleble para comicios electorales

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La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, indicó que la facultad de ciencias de manera autónoma decidió no colaborar con la realización de la tinta indeleble para las elecciones concernientes a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a realizarse el 30 de julio.

“Después de haber colaborado con su participación en las elecciones de los últimos años, con todo derecho han rechazado participar en estos comicios porque además nosotros como universidad estamos defendiendo la constitución actual”, afirmó en el programa En Sintonía de Unión Radio.

Por otra parte Arocha informó que la Asociación de Rectores Universitarios introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso donde solicitan la nulidad de los artículos 2830 y 2831, los cuales indican la participación de la facultad de ciencias de la UCV en la realización de la tinta para comicios electorales.

La rectora reiteró que la UCV no entregará la data estudiantil ante la solicitud por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), “porque violan muchos artículos y además ellos deberían tener una data de los venezolanos que tenemos derecho a ejercer el voto”, sentenció.

Diputados denunciaron ante el MP a funcionarios del Gobierno por violación de DDHH y falsificación de documentos

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Un grupo de diputados a la Asamblea Nacional denunció en contra de distintos funcionarios del Gobierno ante el Ministerio Público, a quienes señalaron por haber violado derechos humanos y falsificado documentos, entre otros delitos.

El diputado Juan Miguel Matheus, acompañado del parlamentario José Guerra, acusó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y al Contralor General de la República, Manuel Galindo, por el delito de falsedad documental a propósito del procedimiento de designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2015.

Matheus señaló que «Tarek William Saab y Manuel Galindo incurrieron en el delito de falsificación documental tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Tarek William Saab confesó públicamente que el acta del Consejo Moral Republicano del 16 de diciembre de 2015 carece de la firma de la Fiscal General de la República y de la Secretaria. Esto constituye el delito de Falsedad Documental y podría implicar de 3 a 6 años de presidio».

El diputado de Carabobo aclaró que «nunca hubo el proceso de preselección de candidatos por el Poder Ciudadano. Se designó a los magistrados con base en un documento falso con la firma -reconocida públicamente- de Tarek William Saab y Manuel Galindo».

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reconoció en rueda de prensa la ausencia de la firma de la Fiscal y de la Secretaria del Consejo Moral Republicano en el acta del 16 de diciembre e indicó que el error fue subsanado en enero. Ante esta declaración, el diputado Matheus indicó que «a confesión de parte, relevo de prueba. Un error de esa naturaleza no puede ser subsanado a destiempo porque la designación fraudulenta de los magistrados exprés ocurrió el 23 de diciembre, sin que se diera la preselección que de acuerdo a la Ley debía hacer el Consejo Moral Republicano».

 

Por otra parte, la parlamentaria Gaby Arellano denunció a ocho jefes de las Regiones Estratégicas del Desarrollo Integral (Redi) en todo el territorio nacional.

Durante una rueda de prensa, la parlamentaria aseguró que estos generales son responsables de las “atrocidades” de las que ha sido testigo el pueblo venezolano en las últimas horas.

“Señores, lo que está establecido en el plan Zamora no se encuentra en la Constitución, por lo que cuando a ustedes los mandan a disparar o atacar ciudadanos en la calle no están defendiendo la Carta Magna ni al Gobierno, sino a una narcodictadura que con este plan lo único que ha desatado son atrocidades”, sentenció.

La dirigente de Voluntad Popular señaló que se presentaron en la Fiscalía para denunciarlos con nombre y apellido. “Esperamos las diligencias pertinentes del Ministerio Público sobre estas atrocidades”.