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Juez otorgó libertad plena a estudiantes detenidos en El Rosal

estudiantes

Libertad plena otorgó el juez 43 de control a los estudiantes de la USB, UCV y UCAB, que fueron detenidos el pasado jueves 29 de junio en El Rosal y vejados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

Así lo dieron a conocer integrantes del Foro Penal Venezolano, luego que la tarde de este domingo finalizara la audiencia. El juez de la causa, dio un receso de 30 minutos para dar a conocer la decisión.

Los jóvenes fueron trasladados al Palacio de Justicia el pasado sábado en la mañana y hasta horas de la noche no los habían trasladado a los tribunales.

En vídeos que se colgaron en redes sociales, se percibía como los integrantes de la PNB montaban en un camión sin ventilación a los estudiantes no antes de encerrarles bajo una nube de gas lacrimógeno.

El propio Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, había solicitado la libertad para los estudiantes, en vista que la Fiscalía no llegó a acusar.

 

 

A días de la Constituyente, Maduro aumenta sueldo mínimo en 50%

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El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este domingo un incremento de 50% del salario mínimo.

Durante un acto en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, en el marco del aniversario Misión Robinson, el primer mandatario detalló que el salario mínimo pasará de 65.021 bolívares a 97.531.

Del mismo modo anunció el incremento del bono alimentación de 15 Unidades Tributarias a 17 UT. «Los cesta tickets quedarán en 153 mil bolívares», dijo.

El ingreso mínimo legal quedará en Bs. 250.531, retroactivo al 1° de julio de 2017.

Este es el tercer aumento de salario que anuncia Maduro en el año.

Asimismo el jefe de Estado indicó que este incremento salarial se hará efectivo en todas las tablas de los trabajadores públicos, maestros, jubilados y pensionados.

Denuncian detención arbitraria de estudiantes en la UPEL

Upel

A las 6:00 am de este domingo un grupo de hombres armados sin identificación ingresó a la sede de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Maracay, violando la autonomía de la casa de estudios, y se llevaron de manera ilegal a alrededor de 28 personas.

“Aparentemente no fue Poliaragua ni la Guardia Nacional Bolivariana, sino grupos armados no identificados”, dijo Dimas Rivas, coordinador del Foro Penal en Aragua, en exclusiva para El Nacional.

Entre los apresados se encuentran dos dirigentes estudiantiles, identificados como Alex González, presidente de la Federación de Centros Universitarios, y Brigitte Herrada, ex presidenta del Consejo Estudiantil para la Educación Especial.

«Esperaron el cambio de guardia y entraron por la parte de atrás de la universidad», detalló Rivas.

El coordinador del Foro Penal en Aragua aseguró que los ciudadanos fueron apilados en un camión sin identificación. «Fue una operación estilo comando. Los lanzaron ahí y se los llevaron».

Al medodía de este 2 de julio se conoció que los jóvenes se encontraban en el comando central de la policía del estado Aragua. Sin embargo,  al momento de la captura, hasta la mencionada hora, no se conocía el paradero de los ciudadanos.

Este 1° de julio se registró una situación en la que también se violentó la autonomía de la UPEL: Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y efectivos de la policía de Aragua irrumpieron la sede estudiantil llevándose detenidos a un grupo de jóvenes.

El sicariato que se encargó en Miami y se pagó con dólares preferenciales

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El asesinato en Caracas de dos jóvenes empresarios en mayo reciente trascendió las secciones de crónica policial y consiguió eco internacional porque una de las víctimas era familiar de una ‘celebrity’, Carolina Herrera, la diseñadora venezolana de mayor proyección global. Pero la trama del caso, también internacional, terminó por poner de relieve los violentos entretelones de la disputa por el control del furtivo negocio cambiario que opera entre Florida y Venezuela
Fabrizio Mendoza y Reinaldo Herrera –que nada tenía que ver con la disputa– habrían sido víctimas de una guerra entre cárteles de Cadivi, según reveló al Cicpc uno de los detenidos por el crimen

 

EL 11 DE MAYO A LAS CINCO DE LA TARDE, casi al mismo tiempo en que las familias de Fabrizio Alberto Mendoza Isea y Reinaldo José Herrera Sánchez informaban a la policía del aparente secuestro de los empresarios ocurrido en La Boyera -un suburbio de clase acomodada en el municipio El Hatillo, sobre las colinas del sureste de Caracas-, en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) recibían el reporte del hallazgo de dos cadáveres en el sector El Topo, en la vieja carretera que comunica la capital venezolana con La Guaira, el puerto que la sirve. Eran los cuerpos de dos personas de sexo masculino, maniatados dentro de una camioneta Toyota Hilux blindada. Ambos presentaban disparos en la cabeza.  

Al apenas recibir la denuncia del supuesto plagio y conocer, casi en simultáneo, el reporte del doble homicidio, los funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC comprendieron que, en realidad, no estaban frente a una investigación por secuestro. Comenzaron a trabajar otras hipótesis y en un mes lograron esclarecer lo que fue un crimen por encargo.

El asesinato de ambos hombres, socios en una empresa de arquitectura, tuvo amplios ecos en la prensa nacional e internacional. Una de las víctimas del secuestro-asesinato, Reinaldo Herrera, era familia de la famosa diseñadora de modas venezolana, Carolina Herrera. Pero, a pesar de que el renombre correspondía a Herrera, desde el primer momento a los investigadores se les hizo claro que el verdadero objetivo del ataque era Fabrizio Mendoza.

Un reporte anónimo que circuló por Twitter el mismo día del crimen ya alertaba a los investigadores sobre su supuesta vinculación con el empresario venezolano radicado en Miami, Salvador Lairet, ex socio y amigo de Mendoza. El mismo rumor también corrió de inmediato entre los conocidos de ambos empresarios.

Cadena de favores

No siempre -de hecho, casi nunca- la primera hipótesis es la más certera. Pero para corroborarla en este caso resultó clave la detención de Franco José Tessarolo Salcedo, de 34 años, quien era uno de los mejores amigos de Mendoza Isea, muy cercano a su familia, y también a la de Reinaldo Herrera. A todos les asistía en la reparación y mantenimiento de vehículos en un establecimiento que tiene en los llamados Altos Mirandinos -una serie de poblados que conforman una ciudad-dormitorio de clase media a las afueras de Caracas, en el estado de Miranda-. Por esa cercanía a nadie le pareció extraño encontrarse a Tessarolo en el funeral de Mendoza, realizado en el Cementerio del Este de La Guairita, y que hasta se le viera flanquear el féretro.

Tessarolo también era amigo de Salvador Lairet, con quien mantenía contacto permanente. Todos pertenecían al mismo círculo de jóvenes empresarios y comerciantes. Pero había un vínculo adicional que hasta entonces a muchos escapaba: Lairet, según versiones policiales, habría encomendado a Tessarolo el asesinato de Mendoza.      A la postre Franco Tessarolo habría revelado a los investigadores que Lairet lo llamó por teléfono para que se encargara de planificar el asesinato de Mendoza Isea y ofreció pagar 15.000 dólares por el trabajo. Tessarolo se activó de inmediato y se comunicó con su amigo Suhe González Álvarez, de 35 años, un comerciante informal de Los Teques, capital del estado de Miranda, a 30 minutos de Caracas y aún más cercana a los Altos. Puso a su disposición 10.000 dólares para que lo ayudara a buscar a las personas que necesitaba en el cumplimiento de la tarea criminal.

González Álvarez, a su vez, contactó a un hombre de su confianza: Edwin Jesús Montilla, de 34 años, y le indicó que necesitaba completar el grupo de la misión. Montilla contrató a dos hombres más que se encargarían de ejecutar el crimen: un delincuente que estuvo detenido por secuestro en 2015 y otro presuntamente evadido de una prisión. Los cinco hombres se tomaron un mes para planificar el asesinato.

El 11 de mayo, cuando consideraron que habían estudiado con precisión los movimientos de Mendoza Isea, pasaron a la acción. Les fue sencillo ubicarlo. Tessarolo suministró la información sobre en qué lugar encontrarlo. Poco después del mediodía los dos sicarios, junto a Edwin Jesús Montilla, interceptaron a Mendoza en el estacionamiento del Centro de Servicios Plaza La Boyera, en el municipio El Hatillo.

Mendoza, que era el objetivo, fue sometido. Pero el grupo de tareas debió improvisar. El blanco venía acompañado de Reinaldo Herrera. Sorprendidos, los delincuentes decidieron llevárselo también para no dejar testigos. Los obligaron a subir a la camioneta Hilux de Mendoza, en la que emprendieron la huída.

Uno de los delincuentes tomó el lugar del conductor, mientras el otro amenazaba a las víctimas con un arma de fuego. Detrás del vehículo se desplazaba Montilla en una motocicleta. Su tarea era casi la de un supervisor: asegurarse de que los dos sicarios cumplieran con el trabajo que les habían encargado.

Cuando bajaban de La Boyera hacia La Trinidad, ya en el municipio Baruta, con rumbo al centro y oeste de la ciudad, los delincuentes que conducían la camioneta decidieron desviarse a la vivienda de Mendoza en el conjunto residencial Escampadero, en La Tahona, una urbanización de edificios de clase media. De haber sido solo una acción distractiva, habrían tenido éxito: esa escala fue lo que hizo suponer a las familias de las víctimas que se trataba de un secuestro. Pero lo cierto es que buscaban levantar más dinero para completar sus honorarios, pues González Álvarez, el contratista del encargo, terminó repartiendo entre ellos apenas 7.000 de los 10.000 dólares prometidos, y Tessarolo se había quedado ya con 5.000 de los 15.000 dólares ofrecidos al inicio del encargo.

Al entrar al lugar superaron dos retenes de seguridad pero fueron registrados por las cámaras de la urbanización. Los rostros de Edwin Jesús Montilla y los verdugos quedaron grabados. A uno de los vigilantes le pareció sospechosa la presencia de un motorizado detrás del vehículo. Sabía que Mendoza no tenía escoltas. Se acercó al estacionamiento para verificar con el propio Mendoza que todo estuviera bien. “Él le dijo al vigilante que esas personas estaban con él y que no había problema. Luego llamó a la muchacha que limpiaba en su apartamento para que le bajara unos relojes muy costosos, algunos dólares y unos 200 euros que estaban junto a su pasaporte”, contaron testigos. El botín triplicaba en valor el monto que recibieron los tres hombres por asesinar a Mendoza y Herrera.

Al salir del lugar se dirigieron, ahora sí, directo a la carretera vieja Caracas-La Guaira, específicamente al sector El Topo, zona donde en los últimos meses han sido localizados al menos tres cadáveres de víctimas de venganzas y supuestos secuestros. Allí los sicarios mataron a los dos empresarios, cuyos cuerpos dejaron dentro del vehículo de Mendoza, y huyeron.

El 20 de junio, el comisario Einar Giuliani, director de seguridad de la alcaldía de El Hatillo, informó que Edwin Jesús Montilla, Suhe González Álvarez y Franco José Tessarolo, habían sido detenidos en Los Teques y en El Hatillo los primeros días de junio por funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC. Confesaron su participación en el asesinato de Mendoza y Herrera y fueron imputados por los delitos de secuestro agravado, robo de vehículo, sicariato y asociación para delinquir, dice un boletín del Ministerio Público.

Dos de ellos fueron enviados a la cárcel de El Rodeo II -cerca de Guatire, en el estado de Miranda, al este de Caracas-, mientras que Tessarolo permanece en los calabozos de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC. Aún quedan por capturar a los dos autores materiales del crimen y al presunto autor intelectual, que se encuentra en Estados Unidos, apuntó Giuliani.

 

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El nieto de la cronista de Boconó que se hizo millonario en cinco años

Fabrizio Alberto Mendoza Isea tenía 31 años de edad, era soltero y aunque no se le conocía una pareja formal, eventualmente se le veía en compañía de mujeres hermosas. Se movía con destreza en el mundo de los negocios y viajaba constantemente a Miami, donde había adquirido varias propiedades, importaba vehículos de lujo y se dedicaba a la compra y venta de dólares.

No siempre fue así. Hace apenas cinco años intentaba abrirse un espacio en el mundo laboral y asistió a entrevistas en una importante empresa transnacional de consumo masivo. Que en esa oportunidad lo rechazaran no significó una frustración o un fracaso para Mendoza. Por el contrario: parece que sirvió de puerta de entrada a una nueva dimensión de posibilidades. Casi de inmediato, el joven comenzó a dar muestras de una llamativa prosperidad económica. “Me sorprendió cuando lo vi con carros, apartamentos y viajando a cada rato”, relató una persona que lo conoció antes de sus días de bonanza.

Mendoza provenía de una familia de académicos del estado de Trujillo, en los Andes del suroeste de Venezuela. Su abuela, Lourdes Dubuc de Isea, era la cronista oficial de Boconó, una ciudad famosa en la zona por su actividad cultural, y fue una reconocida docente de la región. Sin embargo, la familia no tenía bienes de fortuna.

En Caracas, Mendoza vivía en un apartamento que había comprado hace menos de dos años en uno de los edificios de la urbanización Escampadero, en La Tahona. Aunque la vivienda estaba a nombre de su madre, María Magdalena Isea, era el lugar que utilizaba el joven para alojarse cuando estaba en Venezuela.

En una oportunidad tuvo un conflicto con sus vecinos. Mendoza no encontró mejor solución para almacenar una flotilla de 12 camionetas Nissan de color blanco que le había llegado del exterior, que las áreas comunes del edificio. Se justificó diciendo que había tenido problemas con el traslado de los vehículos a la institución que se las había encargado y que en breve resolvería el inconveniente.

También ofrecía a sus vecinos conseguirles vehículos de lujo, de último modelo, en menos de una semana. “Yo quería comprar un carro para mi esposa, le pregunté a él y me dijo: ‘¿Dime qué carro quieres? Te consigo el que quieras para mañana’”, relató uno de los residentes de la urbanización, a quien le pareció extraño que alguien ofreciera conseguir carros de un día para otro, en un país donde hasta el acto cotidiano de comprar pan requiere de horas de espera.

Pero estos detalles no afectaron su imagen de hombre tranquilo que apenas se dejaba sentir durante el poco tiempo que pasaba en el lugar. Un día después del asesinato, María Magdalena Isea, madre de Mendoza, acudió al apartamento -que está a su nombre- con un herrero y cambió la cerradura de la puerta.

Mendoza Isea era propietario de varios apartamentos en el condominio Epic Residences, en Miami, ubicado sobre la vía US1 o Biscayne Boulevard. Dos de estas viviendas -valoradas entre 400 mil y 3 millones de dólares- están registradas a nombre de las empresas Aiko 3809, LLC y Aiko 3810, LLC, abiertas por el empresario en Miami.

Además, Fabrizio Mendoza figura como presidente de la empresa Inversiones Hollister S.A., registrada en Panamá en 2007, junto a Erick Eduardo Montaño Suárez, quien aparece como director. La empresa está vigente de acuerdo con el Registro Público de Panamá.

Montaño Suárez también aparece como socio de Salvador Lairet en la empresa Dekomundo Corp, creada en Florida en 2011. Esta organización está inactiva según el registro público de Florida.

En Venezuela, Mendoza era socio de la empresa de arquitectura Akua Proyectos, C.A., propiedad de Reinaldo Herrera, arquitecto de 34 años, casado y con dos hijos, que se dedicaba a la remodelación de lujosos inmuebles.

 

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Foto RR SS

‘El latin lover venezolano’

Salvador Antonio Lairet Sotillo es un joven empresario venezolano, graduado de economista en la Universidad Metropolitana -una casa de estudios privada, a las afueras de Caracas- y dedicado a múltiples actividades, según lo que reportan algunos blogs, publirreportajes e informaciones que él mismo ha difundido. Es productor de televisión, asesor de inversionistas, asesor inmobiliario e importador, entre otras cosas, pero su principal ocupación –a juzgar por sus publicaciones en redes sociales- es disfrutar de la vida de ricos y famosos. En sentido literal.

Abundan las fotografías de Lairet en las noches de Miami, además de breves reseñas sociales que reproduce en su blog. En esas imágenes festivas aparece junto a famosos como la socialité Paris Hilton, el dj David Guetta, la estrella del baloncesto profesional,  Kobe Bryant, el campeón mundial de boxeo, Floyd Mayweather, y el rapero Puff Daddy, entre otros.

“Cuando eres multimillonario o eres una super celebridad o eres el mejor Dj de electrónica del mundo y estás en Miami, no solo necesitas un buen anfitrión, necesitas al mejor, y si este es amigo tuyo mejor aún. Porque para saber lo que un famoso quiere se debe estar al mismo nivel y saber de sus gustos y ser tan excéntrico como ellos y Salvador Lairet sabe de eso, no por nada es uno de los latinos más cotizado de las noches de Miami, si llegas a tener la oportunidad de entrar a un club como Mynt… si tienes suerte podrías ver a Salvador Lairet compartiendo mesa con David Guetta o Quintino, o tal vez con Kobe Bryant o Floyd Mayweather, o tal vez si escuchas a Dj Irie con el cual mantiene una estrecha amistad, la verdad que siempre lo verás acompañado de alguna celebridad, y es que Salvador Lairet no solo es un amigo, también es una celebridad, no por nada es considerado uno de los solteros latinos más codiciado de Miami”, dice un post publicado en su propio blog el 22 de enero de 2015.

Por su desempeño en este ámbito, es conocido en el sur de Florida como “el latin lover venezolano”, “el latin Host de Miami” y “el rey de la noche”, o al menos así lo aseguran las publicaciones de su sitio personal. En 2015 incursionó en el mundo de los bienes raíces y también se dedica a la producción de televisión.

El empresario venezolano Salvador Lairet lleva cinco años desempeñándose como productor de televisión en los Estados Unidos y actualmente asume el reto de ser el productor ejecutivo del famoso programa Latin Angels. La serie de TV permite disfrutar de los más impresionantes paisajes y a su vez recrear la vista con sus hermosas presentadoras y ahora le dará la vuelta al mundo”, explica una nota publicada en su blog.  

A nombre de Lairet aparecen registradas siete empresas en el estado de Florida, la mayoría creadas entre 2014 y 2016: Kramer Accessories CA, INC; Xtreme Mats, LLC; Coaster Boat, LLC; Kreamer América, INC; Kramer Accessories Corporation (inactiva); Dekomundo Corp (inactiva) y Venture Projects Holdings LLC. Además tendría varias propiedades inmobiliarias, algunas a nombre de su madre y un yate Sunseeker Predator 80 comprado en Antigua y Barbuda, según se verifica en Import Genius, web que registra las importaciones desde y hacia Estados Unidos.

 

lairet en grupo

Foto RRSS
Negocio entre amigos no es un juego de niños

Unos días antes de ser asesinado, Mendoza Isea había estado en Miami, donde se reunió con algunos amigos con los que solía salir a divertirse en locales nocturnos. Pero en esa visita a Miami, que sería la última, el empresario evitó las salidas nocturnas. ¿Su razón? No quería cruzarse con su viejo socio, Salvador Lairet.

La relación entre ambos era muy tensa. Se habían distanciado a raíz de la disputa legal por la propiedad de unos inmuebles en Florida. “Mendoza le había ganado a Lairet las demandas por esos apartamentos, pero Lairet insistía”, refirió una persona cercana a la víctima que coincidió con él en Florida.

Lairet y Mendoza fueron muy buenos amigos, compartían los mismos grupos de conocidos de colegios del este de Caracas y habían sido socios en varias empresas registradas en Venezuela y el exterior. Las locales recibieron del Gobierno más de 13 millones de dólares preferenciales solo en 2012.

En mayo de 2016, el diputado opositor a la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, denunció ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional a una serie de jóvenes empresarios involucrados en presuntos hechos de corrupción por más de 800 millones de dólares, a través de la asignación de divisas por parte de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el organismo creado en 2003 por Hugo Chávez para regular el estricto y enrevesado sistema de control de cambios.

Una de las empresas denunciadas por Alcalá fue Gerkat Corporation “creada y registrada en Perú por Salvador Lairet, Fabrizio Mendoza y Álvaro Pulido, sobrino de Piedad Córdoba, para la importación de químicos. En marzo de 2012 esta empresa solicitó a Cadivi 445 mil dólares para la compra de una molinera de café, cuando su precio real era de 135 mil dólares, lo que significa un sobreprecio de 310 mil dólares. Lo más grave es que la misma solicitud fue introducida diez veces. Los dólares otorgados a 4.30 eran revendidos por los propietarios de Gerkat Corporation, que la utilizaban como fachada para sus actividades ilícitas”, reseñó el portal Cuentas Claras sobre los documentos presentados por el parlamentario.

También según el mismo website, el diputado mencionó entre los relacionados con Mendoza Isea a Alex Saab, “representante de la empresa colombiana Fondo Global de Construcción, la cual obtuvo en el pasado contratos del gobierno de Hugo Chávez”.

Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab son una dupla de empresarios procedentes de la costa atlántica colombiana. En efecto son directivos del Fondo Global de Construcción, empresa muy ligada al gobernador del estado de Vargas, Jorge García Carneiro, y señalada por la fiscalía de Ecuador como parte de un esquema fraudulento para obtener dólares preferenciales en Venezuela mediante el fingimiento de exportaciones desde aquel país. También son importantes proveedores de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), la fórmula patentada por el Gobierno de Nicolás Maduro para controlar la distribución de alimentos y productos de primera necesidad en zonas populares. En Caracas, la representación de su emporio comercial ocupa todo un piso del Centro Lido, en la avenida Francisco de Miranda. Se sabe que Pulido Vargas, de quien no se ha comprobado parentesco con la ex congresista y precandidata presidencial, Piedad Córdoba, porta un nombre falso; y que Saab, quien sí reconoce una relación de amistad con la política, ha sido investigado por las autoridades estadounidenses.

En la lista del diputado Alcalá también figuran otras cuatro empresas que atribuye al grupo de jóvenes emprendedores: Mexbin S.A. (Ecuador), Chenys Exportaciones EIRL (Perú), La Corporación 1 TO 1 S.R.L (Perú) y Radio Comunicaciones Telocaliza1 C.A., que llegó a realizar transacciones por 4,6 millones de dólares por la supuesta importación de sulfato de sodio a una empresa constituida en Ecuador y relacionada con Mendoza, Lairet, Pulido y Alejandro Berrizbeitia. El mismo grupo efectuó operaciones similares con la empresa Gones Indonesia C.A, que recibió más de 8,8 millones de dólares de Cadivi.

El negocio consistía en la creación de empresas fachada en distintas regiones de Venezuela (Aragua, Amazonas, Lara, entre otros estados), que solicitaban dólares preferenciales para la importación de químicos a empresas también constituidas o relacionadas con el mismo grupo de empresarios en Ecuador y Perú, principalmente. En la mayoría de los casos los productos para los que solicitaban las divisas no tenían relación con la razón social de las empresas. Los dólares que recibían a 4.30 bolívares -la tasa oficial de cambio más barata en el sistema- eran negociados en el mercado negro a más de 20 bolívares o simplemente iban directo a las cuentas particulares de los solicitantes.

“De acuerdo con las denuncias, Lairet está ´directa o indirectamente relacionado a 11 compañías –seis nacionales (en Amazonas, Aragua, Lara, Monagas y Distrito Capital) y cinco extranjeras (tres en Perú y dos en Ecuador)– involucradas en solicitudes de aproximadamente $13,9 millones para importar químicos. Entre ellos, sulfato de sodio, dióxido de titanio, alcohol cetoestearílico y benzoato de sodio, un aditivo alimentario; productos no asociados a la razón social de cada compañía”, precisaba por su parte un trabajo del portal  El Pitazo.

El parlamentario Robert Alcalá se refirió también a la vida de lujos y ostentación que lleva este grupo de jóvenes inversionistas en el exterior. “Estos señores no tienen cómo justificar la fortuna, los miles de millones de dólares que tienen, la cantidad de plata que gastan en el mundo y la vida que se dan”, afirmó, con una mención especial para Lairet.

Los cárteles de Cadivi

Una disputa por el control de negocios basados en la obtención de dólares preferenciales sería el móvil del crimen por encargo. “Esto no es una venganza. Es una guerra de carteles. La persona que tenía los contactos y consiguió los negocios fue desplazada por sus socios, que dejaron de reportarle y darle parte de las ganancias. Y ahora decidió retomar lo que consideraba que era suyo”, explicó un experto que viene haciendo seguimiento del caso.

Esta lucha de cárteles, nacidos y alimentados con dólares preferenciales, no es nueva; ya ha cobrado la vida de varios venezolanos en países donde se han instalado los operadores de estas mafias. Por un conflicto similar, en 2013 fue asesinado Sergio Andrés Schael Medina, de 33 años. Viajó de Florida a Panamá a cobrar una deuda de 40.000 dólares, tras una transacción cambiaria a través de Cadivi, y apareció muerto luego de reunirse con dos empresarios venezolanos.

Allegados a este grupo de jóvenes empresarios aseguran que el caso de Mendoza guardaría relación con las muertes en extrañas circunstancias de dos venezolanos en Miami, vinculados a organizaciones de este tipo.

Una de las personas asesinadas en Florida habría sido el encargado de supervisar el correcto funcionamiento de los negocios de la organización en Venezuela, reveló uno de los detenidos. Este hombre -cuyos datos no han sido precisados- un día decidió mudarse a Miami y abrir su propia empresa buscando una mejor calidad de vida, cansado de lidiar con la escasez de alimentos, la falta de medicinas y la inseguridad. Dejó a sus otros socios y amigos a cargo de la actividad local.

Haber tomado esta decisión sin solicitar antes la aprobación de la persona que lideraba las operaciones desde Estados Unidos le habría costado la vida. Fue señalado como el responsable del “desvío” de la administración del negocio y el desplazamiento del liderazgo del cartel.

Según informaciones publicadas en medios de comunicación de Miami, en el último año dos venezolanos han muerto en extrañas circunstancias en el estado de Florida. El 28 de junio de 2016, el arquitecto, modelo y actor Jorge Lenín Navas, de 26 años, conocido como Jorge Ilich, murió al caer desde el piso siete de la torre residencial donde vivía en Miami Beach. Aunque el caso ha sido manejado como un suicidio, sus familiares y amigos aseguran que su muerte debe ser investigada.

El 22 de febrero de 2017 fue localizado el cadáver del empresario venezolano Juan Alberto Miraldo, de 48 años de edad, en el interior de su vehículo en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Miami. Aunque no presentaba traumatismos visibles, la policía inició la investigación por homicidio. Miraldo era presidente de la empresa Mirakar Car Rental y vicepresidente de 1 Rent Car, ambas con sede en la ciudad de Doral, un suburbio predominantemente venezolano al oeste del condado de Miami-Dade.  

Familiares de Juan Alberto Miraldo escribieron a Runrun.es para precisar que el asesinato de este venezolano en Miami, no tendría nada que ver con la mafias que recibieron millones de dólares de preferenciales, y que la víctima no estaba relacionada con negocios de Cadivi.

Los investigadores de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC tienen conocimiento de estos casos, pero aún no disponen de elementos probatorios que los vinculen con el sicariato de Mendoza y Herrera. Continúan juntando las piezas y están tras la pista de los dos autores materiales del crimen, así como de a quien consideran el autor intelectual, Salvador Lairet, para quien se espera que pronto se emita una orden judicial de captura desde Venezuela y la difusión consiguiente de una alerta global por Interpol.

*Este trabajo fue actualizado el martes 4 de julio, luego de que familiares de Juan Alberto Miraldo escribieran a Runrun.es.

MUD pide a Fiscal General y al Defensor a pronunciarse por caso Roberto Picón

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El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, rechazó la manera “inconstitucional, arbitraria y violatoria de los derechos humanos” en que fue detenido el Coordinador del Equipo de Apoyo Técnico de la Mesa de la Unidad Democrática, Roberto Picón, el pasado 22 de julio.

“Denunciamos que de nuevo el régimen penaliza y militariza la disidencia política al violar la Constitución Nacional y presentar a Roberto Picón ante un tribunal militar, acusándosele sin prueba alguna de los absurdos delitos de traición a la Patria, rebelión militar y sustracción de efectos militares,” agregó el parlamentario.

El diputado, quien leyó el comunicado en nombre la MUD, informó que solicitaron a la Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo su inmediato pronunciamiento sobre las “irregularidades” cometidas por funcionarios del Sebin y exigir su inmediata liberación.
Asimismo, Borges resaltó que la familia del asesor técnico electoral de la MUD, Picón, ha podido visitarlo y constatar que se mantiene “fuerte y estable” en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide, Caracas.

A continuación el comunicado leído por el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges:
MESA DE LA UNIDAD DENUNCIA DETENCION
ARBITRARIA DE ROBERTO PICON HERRERA
La Mesa de la Unidad Democrática denuncia y rechaza la manera inconstitucional, arbitraria y violatoria de los derechos humanos en que fuera detenido nuestro Coordinador del Equipo de Apoyo Técnico, el ingeniero venezolano Roberto Picón Herrera.
El pasado jueves 22 de junio funcionarios de los servicios de inteligencia SEBIN violentaron la vivienda privada donde se encontraba Roberto Picón Herrera, sin tener ni presentar orden judicial y sin ninguna evidencia de que se estuviera cometiendo delito alguno.
Denunciamos que de nuevo el régimen penaliza y militariza la disidencia política al violar la Constitución Nacional y presentar a Roberto Picón ante un tribunal militar, acusándosele sin prueba alguna de los absurdos delitos de traición a la Patria, rebelión militar y sustracción de efectos militares.
Roberto Picón Herrera es un venezolano digno, profesional de la ingeniería con reconocidos aportes al desarrollo y la modernidad de nuestro país, ejemplar padre de familia y un activo y permanente colaborador de la Mesa de la Unidad Democrática. Nunca ha estado vinculado a actividades militares, y jamás se ha relacionado con causas contrarias a la vigencia del sistema democrático.
De igual manera rechazamos el proceder, propio de regímenes dictatoriales, al utilizar los recursos del Estado para atentar contra la dignidad y vida privada de los ciudadanos, como ha sido el caso del propio presidente de la Republica Nicolás Maduro y del diputado y primer Vice Presidente del PSUV, Diosdado Cabello, quienes han utilizado arbitrariamente el sistema de medios radioeléctricos del Estado venezolano para denigrar y propagar mentiras y falsedades sobre el desempeño profesional y la vida privada de Picón Herrera.
En la Mesa de la Unidad apoyaremos todas las diligencias que sean necesarias para lograr la plena e inmediata libertad de Picón Herrera. Así mismo, solicitamos a la Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo su inmediato pronunciamiento sobre las irregularidades cometidas por los funcionarios del SEBIN y exigir la inmediata libertad de Picón Herrera.

Mesa de la Unidad Democrática

Oposición creó el Comité de Víctimas de la Represión

COVIREP

 

La diputada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a la Asamblea Nacional (AN), Yajaira Castro, informó este sábado que se creó el Comité de Víctimas de la Represión en Venezuela con el fin de “sumar apoyo y solidaridad” con los “hermanos venezolanos” que viven un momento “sumamente difícil y que no se pueden dejar solos”.

“Alzar la voz ante la gran injusticia que ha cometido el Gobierno, pretendemos sumar los aportes para que se haga justicia” en el país, explicó en declaraciones a los medios.

Castro sostuvo que la comisión trabaja en conjunto con Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y con el Comité de Presos Políticos para que también “alcen sus voces”.  “No solamente (trabajamos por) las asesinadas, sino también por personas que están privadas de libertad, a las que se les han violado el derecho al domicilio, como es en El Paraíso, Caricuao y La Vega”, aclaró.

Aseguró que el Comité de Víctimas de Represión acudirá a organismos internacionales e informó que un grupo de abogados se ocupan de ello.

La diputada pidió que “todas aquellas personas que hayan sido víctimas de la represión se pongan en contacto con nosotros a través del Twitter @COVIREPVzla”.

Aseveró que el comité va recibir “cada una” de las denuncias, así como también ayudará a todos los jóvenes que han resultado heridos en las manifestaciones antigubernamentales con insumos y medicamentos para que “puedan recuperarse” “y para que sus familias no se sientan solas y sientan que están respaldadas por los venezolanos que somos solidarios con esta lucha”, afirmó.

Gobierno anula pasaporte al alcalde Ramón Muchacho

RamónM

 

El alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, denunció la noche de este sábado que su pasaporte fue anulado, acción que asegura efectuó el Gobierno «como medida de intimidación».

A través de su cuenta en Twitter explicó que arribó a al aeropuerto de Maiquetía tras visitar los países Perú y Chile «para exponer la crisis venezolana y la violación sistemática de derechos humanos».

Hizo especial referencia a la situación de los funcionarios de la Policía de Chacao «secuestrados en el Sebin y que hoy protagonizan una huelga de hambre», aseguró.

El alcalde aprovechó para reiterar su disposición «a seguir luchando por la democracia y el respeto de los derechos humanos a pesar de las amenazas e intimidaciones», sostuvo Muchacho.

Muchacho no es el primer político al que el gobierno le aplica esta medida como mecanismo de prohibición de salida del país. Al menos otros tres políticos se han visto afectados por la medida: Henrique Capriles Radonski, Luis FLorido y William Dávila.

Tres meses de protestas: 69% de las muertes han sido causadas por armas de fuego
Hasta el 30 de junio, 105 venezolanos habían muerto en el contexto de las manifestaciones
43 víctimas han sufrido impactos en el tórax o en la cabeza, donde los balazos resultan mortales la mayoría de las veces
Los jóvenes menores de 30 años siguen siendo los más vulnerables a los ataques en las manifestaciones y representan a 66,6% de los caídos
En junio hubo un descenso en las muertes porque la incidencia de los «mini caracazos» –pequeños estallidos sociales que guardan algunas similitudes con el Caracazo de 1989– que se suscitaron en mayo, menguó

 

@loremelendez

UNA CAUSA COMÚN QUE UNE a la mayoría de las víctimas que ha caído durante las protestas de este 2017 : el asesinato por arma de fuego. Las cifras recogidas por Runrun.es desde el 6 de abril, cuando ocurrió el primer homicidio en medio de una manifestación antigobierno, revelan que de las 105 muertes, 73 (69,5%) se han producido por disparos. En algunos casos, estos proyectiles han provenido de escopetas usadas por los cuerpos de seguridad del Estado que han sido cargadas con municiones prohibidas en el control del orden público.

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Los balazos han sido letales: 45 víctimas recibieron impactos en la cabeza y el tórax; 26 de ellas presentaron lesiones intercostales o en el pecho, donde se ubican órganos tan vitales como el corazón, el hígado, el bazo y los pulmones, mientras que 19 las recibieron en  la región cefálica. Esas, de acuerdo con el comisario Luis Godoy, ex jefe de la División contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), son las partes del cuerpo a las que se dispara cuando se busca no solo asustar o neutralizar, sino causar daño.

“El tronco, proporcionalmente, es la parte que más ocupa espacio en todo el cuerpo, la más grande. Por eso, si se apunta a este, se tiene mayor probabilidad de acertar un tiro. Lo que penetre ahí es casi mortal”, sentencia Godoy.

El resto de los proyectiles que han resultado mortales han sido dirigidos hacia el abdomen (8), cuello (6), espalda (2) y pierna (1). Hay 10 víctimas que han muerto por heridas de bala.

Aunque no murieron por arma de fuego, los jóvenes Juan Pablo Pernalete y Neomar Lander también sufrieron impactos en el tronco. Solo que lo que los golpeó no fue una bala, un perdigón o una esfera metálica. Lo que los mató fue el golpe de una bomba lanzada por las fuerzas del Estado.

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Descenso zamorano

En los tres meses de protesta de 2017, junio ha sido el mes que ha registrado menor cantidad de muertes. Fueron, en total, 25 con respecto a las 45 de mayo –el mes con la cifra más alta– y las 35 de abril pasado.

El incremento del número de víctimas durante el segundo mes de las manifestaciones se explica por las violentas arremetidas del Estado y de los paramilitares del chavismo contra las marchas y saqueos –suerte de «mini Caracazos», que son los pequeños estallidos sociales que guardan algunas similitudes con el Caracazo de 1989– que ocurrieron en Carabobo, entre los días 2 y 4 de ese mes, así como en Miranda y Barinas, durante la segunda quincena de mayo. En ambos se aplicó una nueva fase del llamado Plan Zamora, que contempla la actuación de los de los cuerpos de seguridad con la colaboración de la comunidad, en este caso, de los grupos civiles armados que se identifican como colectivos.

Durante el mes de junio, ese tipo de eventos se presentó sólo a finales de mes: en Aragua, entre el 26 y el 28 de junio, con un saldo de dos personas asesinadas: el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, Ronny Parra, de 27 de edad, quien fue impactado en la pierna durante un saqueo en el sector El Castaño, de Maracay; y José Alfredo Figuera Gutiérrez, de 18 años de edad, joven estudiante que recibió un balazo en la cabeza mientras atravesaba la avenida Caracas, de El Limón, donde se desarrollaba un «trancazo» que fue atacado por presuntos paramilitares. Y en Lara, entre el 28 y 30 de junio, con tres muertos: Roberto Durán, de 26 años, quien participaba en un «plantón» en la urbanización Terepaima cuando cayó malherido por un proyectil en la cabeza; Rubén Morillo, de 27 años, presuntamente víctima de la Guardia Nacional; Fernando Rojas, de 50 años de edad, quien cayó tras un disparo en el tórax por parte de los paramilitares.

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Distrito Capital continúa siendo la entidad con mayor número de víctimas: 21. En la lista le siguen los estados Miranda, con 20, y Carabobo, con 14. En estos dos, las protestas se han combinado con saqueos y disturbios en horas de la noche. 

Lara es el cuarto estado con la más elevada cantidad de muertes: 13; seguido de Barinas, con 10; Táchira, con 8; Mérida, con 6; y Zulia y Anzoátegui, con 5.

Los estados Aragua y Vargas se sumaron este mes a las entidades con víctimas fatales durante las protestas. Dos en el primer caso, y una para el segundo.

¿Quién muere en las protestas?

Los jóvenes que tienen entre 18 y 30 años siguen siendo el grupo más vulnerable a los ataques mortales en las protestas. De las 102 víctimas que registra Runrun.es, 59 pertenecen a este rango de edad. Si a ellos se suman lo menores de edad, que son 11, representarían 66,6% de los caídos en medio de las manifestaciones contra Nicolás Maduro.

En estos dos grupos se reparten los estudiantes y bachilleres que aguardaban por un cupo universitario: 30. Allí también se concentra la mayoría de los profesionales graduados (5) que han muerto en medio de la represión y los disturbios.

Las personas entre los 31 y 40 años son el segundo grupo que registra mayores decesos: 17. Hay 13 personas mayores de 41 años que también han caído en los últimos 90 días de manifestaciones.

Una persona con pérdida auditiva engrosó la lista de muertos en el último mes. Yoinier Javier Peña Hernández, de 28 años de edad, falleció el 3 de junio luego de sufrir por casi dos meses las consecuencias de la herida de bala que le hicieron los colectivos. La noche del 10 de abril, Peña estaba junto a un grupo pequeño de personas en la intersección de la avenida Florencio Jiménez con avenida La Salle, en Barquisimeto, estado Lara, lugar donde se había desarrollado una manifestación opositora. Allí fueron sorprendidos por hombres que bajaron de una camioneta pick up roja y dispararon contra ellos.

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Peña fue herido en abril y murió en junio

Peña Hernández es la segunda persona con discapacidad que ha caído en medio de las manifestaciones. El primero fue Mervin Guitián, quien padecía de epilepsia y de discapacidad intelectual. A él lo mató la GNB durante una incursión en Petare, municipio Sucre del estado Miranda, específicamente en el barrio 5 de Julio.

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Precisamente en Petare asesinaron a dos hombres en junio en el contexto de las manifestaciones. Uno de ellos fue Lendy José Guanipa Millán, de 27 años de edad, a quien presuntos paramilitares le causaron la muerte al dispararle el pasado la noche 23 de junio, luego de que la GNB intentara dispersar a quienes saqueaban un camión en el Puente 5 de Julio. El hombre, que andaba con su esposa, no participó en el acto vandálico, sino que se acercó a curiosear lo se sucedía en el sitio. Solía merodear la zona cuando buscaba comida en la basura.

Cuatro noches después, el 27 de junio, mataron a Jhonatan José Zavatti Serrano, de 25 años de edad, quien caminaba por el Puente de 5 de Julio cuando una bala lo impactó en la cabeza. En la zona se desarrollaron fuertes disturbios que alcanzaron a varias barriadas de Petare y a la urbanización La Urbina.

Asesinos sin castigo

Aunque en el grueso de los casos, 59, se desconoce el victimario, las fuerzas del Estado (representadas por la GNB, la PNB y las policías regionales) se colocan como los victimarios conocidos que han causado el mayor número de homicidios: 23. A estos cuerpos se sumó en junio la Policía Aérea de la Fuerza Armada Venezolana, cuando un miembro de esa unidad disparó perdigones a quemarropa al joven enfermero David José Vallenilla Luis, de 22 años de edad, quien participaba en una protesta el 22 de junio frente a la Base Aérea de La Carlota. La justificación gubernamental de este asesinato se basó en el supuesto asedio que unas pocas decenas de muchachos ejecutaron contra el terminal aéreo.

Los paramilitares o colectivos han sido señalados de causar, al menos, 12 muertes, mientras que algunos civiles armados han sido los responsables de 10 asesinatos.

Solo en 21 de los 105 casos han imputado o acusado a los presuntos implicados. En 4, hay órdenes de capturas por estas muertes, y de estas, 3 pertenecen a Guardias Nacionales con paradero desconocido. En 79 muertes, la situación del victimario permanece en un limbo.

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