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DDHH Olvidados | El teniente de navío Jefferson Díaz fue coaccionado para declararse culpable
Estando en la Dgcim de Boleíta, contó su madre, Jefferson “fue torturado con palos en sus costillas, con bolsas negras, lo guindaron de los pies y lo metían en un tobo con agua para ahogarlo y lo sacaban. Fue sometido a electricidad”
Cuando Jefferson Díaz fue detenido, aseguró su progenitora, los funcionarios le enseñaron fotos y videos de sus padres siendo interrogados. Le decían que si no se declaraba culpable “iban a arremeter” contra ellos

@Andrea_GP21

 

El teniente de navío del Ejército Bolivariano Jefferson Díaz Mendoza, de 34 años, fue detenido la noche del 23 de octubre del 2019 por una comisión de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando se encontraba en el Comando de Guardacostas de La Guaira. Sin mediar explicación, se lo llevaron por estar supuestamente implicado en una operación contra el gobierno de Nicolás Maduro denominada “Jaque Mate”.

Mary Cruz Mendoza, madre de Jefferson, contó que tanto ella como su fallecido esposo fueron detenidos y llevados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Valencia. Mientras eso ocurría, el militar estaba en la sede de la Dgcim en Boleíta.

Su hijo fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por el Tribunal de Ejecución y fue “coaccionado” a declararse culpable. “Nos tomaron fotos y videos que fueron usados para coaccionar a mi hijo en el momento”, relató la madre del teniente de navío.

 

Jefferson fue imputado por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, contra el decoro militar y contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por la supuesta sustracción de unas tarjetas de memoria que presuntamente tenían información que entregarían al gobierno de Estados Unidos.

Coaccionado para declararse culpable

Cuando Jefferson Díaz fue detenido, contó su madre Mary Cruz Mendoza, los funcionarios le enseñaron fotos y videos de sus padres siendo interrogados. Le decían que si no se declaraba culpable “iban a arremeter” contra ellos.

“Ya era bastante con que él estuviera detenido para que también a nosotros nos hicieran algo. Eso le hizo tomar la decisión de declararse culpable, por lo que le dictaron diez años y seis meses, de los cuales lleva cuatro”, reveló su madre en entrevista con Runrun.es.

Actualmente Jefferson está recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Los Teques, estado Miranda, conocida popularmente como la cárcel militar de Ramo Verde.

“Gracias a Dios goza de buena salud porque hemos estado pendiente de que consuma sus vitaminas y le llevamos todas sus provisiones”, contó.

Víctima de torturas

Tras su detención Jefferson estuvo recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, un lugar que familiares de presos políticos y defensores de los derechos humanos han catalogado como un “centro de torturas”.

Pasados unos 50 días desde su detención fue cuando por fin su mamá pudo verlo. Estaba pálido por no ver la luz del sol y llevaba puesta una braga manga larga hasta el cuello. “Yo le dije ‘¿por qué andas vestido así?’ Y me respondió ‘no te puedo decir’”, porque allí estaban los custodios escuchando todo lo que conversaban.

Estando en la Dgcim, contó su madre, Jefferson fue “torturado con palos en sus costillas, con bolsas negras, lo guindaron de los pies y lo metían en un tobo con agua para ahogarle y lo sacaban. Fue sometido a también a electricidad”.

Todas esas torturas le ocasionaron secuelas como fuertes dolores de espalda por los que a veces ni siquiera puede levantarse de la cama. Además, el preso político debe “aguantarse” los dolores hasta que los fines de semana su madre le lleve medicamentos “porque allí donde está no tienen ni una inyectadora”.

 

“Yo estoy pendiente de llevarle su calmante, de llevarle las vitaminas como complejo B, cosa de que se fortalezca”, dijo su mamá.

Para mantenerse en buena forma y mejorar su salud física, Jefferson hace ejercicios que le ayudan a fortalecer su espalda. Nunca había sufrido de eso, pero ahora sí “debido a los trancazos que le dieron”, asegura su madre. 

Su padre murió de tristeza

El esposo de la señora Mary Cruz era paciente renal y falleció en marzo del 2021. Jefferson no pudo darle el último adiós a su papá. 

“Mi esposo muere en este proceso en el que a mi hijo lo apresan. Él de verdad fue débil y se desmejoró. Él sufrió mucho, lloró mucho, mi esposo muere de tristeza, muere de la enfermedad que le agravó por las circunstancias”, relató Mendoza.

“Yo le pido a Dios, y luego le pido al gobierno de Nicolás Maduro, que tenga un poquito de conciencia, de amor y de entereza. Que libere a los presos políticos porque realmente están allí presos por esas cosas de la vida, porque mi hijo es inocente y pido la libertad para él”, señaló la señora Mary Cruz.

Una madre y su hija solas

Para el momento en que Jefferson fue detenido se encontraba soltero, pero la señora Mary Cruz siente que, en otras circunstancias, actualmente él tendría una esposa e hijos sin la presencia de su padre.

“Nos quedamos mi hija y yo solas sin la presencia de mi hijo. Mi hija trabaja bien duro para mantener a su hermano y para mantenerme a mí, porque yo hasta hace dos años trabajé, pero yo tenía que luchar por mi hijo, tenía que ir a múltiples reuniones, a congregaciones, a todo para poder lograr la libertad de mi hijo”, relató.

 

La madre del teniente de navío del Ejército ansía que todo lo que ha hecho no sea en vano, para  poder tener a su hijo en casa en las Navidades de este año y no tener que llevar su almuerzo navideño hasta la cárcel de Ramo Verde.

“Él es un chico muy optimista,  siempre digo que es mi orgullo y que lo admiro, como madre, como persona, como mujer (…) Lo admiro porque tiene una actitud de que él va a salir, de que la justicia divina es grande y que la justicia divina debe hacerse efectiva”, señaló Mary Cruz Mendoza.

DDHH Olvidados |  A Robert Franco no le perdonan exigir mejoras salariales
El próximo 26 de diciembre, el profesor Robert Franco Vallera cumplirá tres años detenido sin ser enjuiciado
La familia de Franco considera que el motivo de la detención fue por criticar las políticas del Estado en materia de educación y exigir mejoras salariales y contrataciones colectivas justas
Desde el 4 de junio de 2021, el profesor permanece detenido en el centro de resguardo de la Policía Nacional Bolivariana en la Zona 7 de Boleíta 

 

 

La noche del 26 de diciembre de 2020, el profesor y dirigente sindical Robert Franco fue detenido por una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) cuando compartía con un grupo de amigos en la esquina este del parque Karupana, en Carúpano, estado Sucre.

La sopa que estaba destinada para Robert se enfrió. Funcionarios del Faes de manera violenta llegaron al compartir y, a punta de empujones y forcejeos, lo metieron en la maleta de una camioneta fortuner y se lo llevaron a la ciudad de Cumaná. 

A las 11 de la noche lo trasladaron en otro vehículo hasta Puerto La Cruz, y a las 5:00 de la mañana del día siguiente lo llevaron a Caracas, específicamente a la sede del Faes, ubicada en San Martín, Caracas. 

Robert Franco era profesor de Educación Física y secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela. La familia de Franco considera que el motivo de la detención fue por criticar las políticas del Estado en materia de educación y exigir mejoras salariales y contrataciones colectivas justas. 

El grupo de WhatsApp

A las 10 de la mañana, en la sede del organismo policial, el dirigente sindical fue interrogado sobre quién lo había incluido en el grupo de WhatsApp “Operación Continente Americano 2020”, un supuesto plan que tenía como objetivo desestabilizar la Asamblea Nacional.

“Mi hermano llegó a ese grupo porque dos profesoras jubiladas de la Universidad de Oriente habían muerto por desnutrición y desasistencia médica y una persona se comunicó con él para preguntarle qué estaba ocurriendo con la educación en Venezuela, por lo que  se puso a la orden para ayudar a presentar cualquier documento ante la ONU. Esta misma persona le dijo a Robert que tenían un grupo de venezolanos que se encontraba en exterior y podían cooperar con la lucha educativa del país, de allí la propuesta de meterlo en el grupo de WhatsApp”, dijo Romar Franco, hermana del profesor. 

Rosmar afirmó que su hermano jamás leyó en dicho grupo ningún tipo de información que pusiera en riesgo el orden constitucional. 

Durante la detención del profesor, el Faes trató de que Franco leyera un papel bond en donde lo obligaban a decir que pertenecía a un grupo subversivo pagado por gobiernos extranjeros para desestabilizar el país. El profesor se negó y declaró que él no tenía no tenía nada que ver con ningún grupo desestabilizador y que su trabajo era gremial sindical.

Cuando lo trasladan al calabozo, Robert Franco se encontró por primera vez con el comisario jubilado Rigoberto Moreno, Darío Estrada y Edgar García Pacheco, detenidos por la misma causa. 

A todos se les acusó de intento de asesinato en grado de frustración en contra del fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab, boicoteo a la instalación de la Asamblea Nacional (AN) e intento de asesinato en contra del exgobernador Jonathan Marín.

“Todo eso es mentira, simple y llanamente porque el profesor Robert Franco estaba supuestamente en un grupo WhatsApp, llamado Operación Continente Americano 2020, dizque para delinquir”, afirmó Rosmar Franco. 

La hermana de Franco Vallera aclaró que el profesor jamás escribió ni le escribieron mensajes en términos personales. Agregó que Edgar García Pacheco, el administrador del grupo, fue señalado por la ministra Carmen Meléndez como financista de la operación, pero el 15 de febrero de 2021 fue liberado.

Un juicio eterno  

El 30 de diciembre de 2020 se realizó la audiencia de  presentación. El fiscal Farid Karid Mira en materia de terrorismo acusó al profesor de ser miembro de la Operación Gedeón para presuntamente asesinar al fiscal de la República.

Tres meses sin recibir visitas estuvo Robert Franco, y a partir del tercer mes solo podía recibir una visita familiar durante 15 minutos. 

El 26 de marzo de 2021 inició el juicio preliminar. Los abogados defensores pedían libertad plena por falta de pruebas o que se le otorgara un beneficio, pero el juez Mascimino Márquez García, hoy acusado por corrupción, lo rechazó sin ningún tipo de argumento.

Desde el 4 de junio de 2021, el profesor permanece detenido en el centro de resguardo de la Policía Nacional Bolivariana en la Zona 7 de Boleíta. 

El 9 de octubre de 2021, se dio inicio al juicio, con el juez Aquiles Ignacio Vera. Para ese momento ya iban 11 audiencias diferidas porque los funcionarios policiales actuantes no aparecían, otros ya no eran funcionarios activos y los que se presentaron, declararon información inconsistente. 

“No había más elementos, el órgano encargado de investigar la telefonía demostró que no existía comunicación alguna con los detenidos, que no existían mensajes referidos a ninguno de los hechos señalados”, dijo la hermana del profesor.  

El 3 de mayo de 2022, cuando se iba a celebrar el acto conclusivo,  el fiscal Farid karid Mora presentó una incidencia con respecto a la declaración del experto del Faes, pero se esperó más de 15 días y ni el fiscal ni el experto aparecieron, por lo que el juicio se interrumpió y volvió a reiniciar en agosto del mismo año. Se le asomó la posibilidad de que asumiera un delito menor a cinco años. 

En octubre de 2022, de manera formal, la Fiscalía le propuso a Robert Franco que asumiera el delito de homicidio frustrado en grado de tentativa con una pena de 4 años y 8 meses, lo cual rechazó el dirigente sindical.

“Para el mes de noviembre, con un juez accidental, trataron de llegar a un acuerdo ofreciendo una pena de 4 años, 8 meses y se volvió a negar la propuesta”, dijo la hermana del profesor y sindicalista. 

En diciembre de 2022, se vuelve a reiniciar el juicio por sexta vez. Y en julio de 2023 se fijó la fecha del acto conclusivo, que sería el 10 de julio. El jue Aquiles Ignacio Vera informó a la presidencia de los tribunales y no se tuvo respuesta. 

Posteriormente, la fecha de la audiencia fue pautada para el 23 de julio y el juez fue suspendido de sus actividades el 20 de julio. A causa de esto, se volvió a interrumpir el juicio.

“Hemos solicitado la revisión del expediente ante la fiscalía de atención a la víctima, sin respuesta alguna. Van 97 audiencias, en el expediente estudiado y analizado no hay pruebas que sustenten ninguno de los argumentos  señalados por el informe de contrainteligencia, por lo que acudimos a entes internacionales para que nos  ayuden e intercedan ante cualquier instancia, ya que Robert Franco sigue siendo víctima de un secuestro judicial”, dijo Rosmar Franco.

«Una gran injusticia»

La hermana de Franco insistió en que lo que ocurre con el profesor es una “gran injusticia”, debido a que le asiste el derecho de permanecer en libertad dentro del país.

Aseguró que Franco no pretende huir ni interferir en las investigaciones. 

“Durante dos años y 10 meses que lleva detenido no se le ha podido comprobar absolutamente nada. Quien no la debe no la teme. Es justicia lo que esperamos a esta hora”, enfatizó la hermana de Robert Franco. 

El próximo 26 de diciembre, el profesor Robert Franco Vallera cumplirá tres años detenido y sin ser enjuiciado. Su vida transcurre entre las rejas de una prisión en donde a diario se cometen injusticias y se violan los derechos humanos. 

CNE obedece a Maduro e inicia proceso para crear nuevos centros de votación
El organismo comicial puso en marcha el Catastro Nacional de Centros de Votación

 

«Hay que crear nuevos centros electorales y que los centros electorales estén en el epicentro de cada comunidad y sea fácil para la gente ir a votar, que la gente no tenga que ir a uno o dos kilómetros», declaró Nicolás Maduro el pasado 17 de octubre durante un acto por el décimo aniversario del sistema de misiones socialistas.

Maduro dijo que el actual número de colegios de votación, que ronda los 14.000, es insuficiente.

Luego que Maduro realizara las declaraciones, el nuevo CNE publicó en su web un anuncio sobre la puesta en marcha del Catastro Nacional de Centros de Votación, con «la finalidad de que todas aquellas organizaciones con fines políticos, consejos comunales, asociaciones de vecinos, grupos de electores, y comunidades organizadas, puedan elevar sus solicitudes de creación de centros de votación».

Pese a que el sorpresivo anuncio del CNE parece estar ajustado a lo que establece el artículo 106 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que en su último parágrafo estable que «las organizaciones con fines políticos, las comunidades organizadas y las comunidades u organizaciones indígenas, podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral la conformación de centros de votación», el mismo genera suspicacia.

De acuerdo con los datos que el CNE dio a la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), para 1998 había 8.315 centros de votación en todo el país, en los cuales operaban 20.201 mesas. La mayoría se encontraban en capitales de municipio o zonas urbanizadas. Sin embargo, para 2021 el número saltó a 30.000 mesas habilitadas en 14.511 colegios, y el número de centros en zonas rurales o no urbanizadas creció.

De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, el CNE ha tendido a favorecer la apertura de nuevos colegios en zonas controladas por el oficialismo; prueba de ello es que para las parlamentarias de 2015 el organismo comicial creó 735 colegios de votación. Veintiséis de estos nuevos centros estaban en sedes de consejos comunales, 14 en «simoncitos» y en cuatro de ellos no se identificó el tipo de estructura que los albergan.

De acuerdo con Acceso a la Justicia, la combinación entre un centro pequeño y ubicado en zonas tradicionalmente oficialistas aumentan las posibilidades de que el Gobierno con su partido, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), puedan ejercer control político. 

Para los expertos Raúl Jiménez y Manuel Hidalgo, en las presidenciales de 2013 «los pequeños centros de votación fueron decisivos para que Maduro obtuviese 200 mil votos de ventaja».

Sentencia Acceso a la Justicia que otra estrategia ha sido eliminar centros de votación; para las presidenciales anticipadas de mayo de 2018, 119 recintos electorales en 17 estados fueron suprimidos temporalmente y se pretendió obligar a sus electores a trasladarse a decenas de kilómetros.

«El momento en que el CNE ha decidido poner en marcha este proceso también genera suspicacias, pues se da a solo semanas de que la oposición celebre las elecciones primarias«, suscribe una nota de prensa de Acceso a la Justicia.

 

Con información de Acceso a la Justicia 

 

LEA  Con 500 puntos a nivel nacional, Consejo Nacional Electoral activa activa Registro Electoral 

 

DDHH Olvidados | El delito de Marco Garcés fue tomar un carro por puesto
Marco está recluido en la cárcel La Planta, ubicada en Caracas, y además de ser víctima de una detención que su familia considera arbitraria su caso es uno de los muchos retrasados en los tribunales
“Mi hijo fue torturado mucho los días que duró desaparecido. Recibió golpes en la cabeza y en los testículos. Tiene un lipoma en la parte posterior de su cabeza que cada día crece más y está presentando varicocele en sus testículos”, denunció su madre

@Andrea_GP21

 

Marco Garcés cumplió tres años preso el 9 de septiembre de 2023. La razón por la cual lo detuvieron fue viajar en un carro por puesto desde Maracaibo, estado Zulia, con destino hacia Valencia, Carabobo, lo que llamó la atención de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Un carro por puesto es un método de transporte común en varios sectores de Venezuela. Se trata de vehículos en los que, generalmente, cada pasajero paga por utilizar un asiento del mismo y desplazarse a determinados lugares. 

Pero en el mismo carro por puesto en el que viajaba Marco iban otras cuatro personas, una de ellas era el estadounidense Matthew John Heath, quien también fue detenido y acusado de ser un “espía” y que en octubre de 2022 fue liberado en un intercambio que se hizo por los sobrinos de Cilia Flores. También estaban Daeven Enrique Rodríguez Arguetay y Darwin Andreizo Urdaneta Pardo, sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Al pasar por la alcabala Los Pedros, municipio Mene Mauroa, entre Falcón y Zulia, la GNB detuvo el vehículo para hacer una revisión y se percataron de la presencia del extranjero. En ese momento se tomaron fotos de los detenidos de espalda frente a una mesa con sus documentos de identidad, sus teléfonos, una caja de herramientas y el vehículo como material decomisado.

Marco Garcés

“Él venía de viaje. Estaba en Bogotá tramitando su visa americana. No supimos nada de él hasta el 22 de septiembre por una llamada supervisada que me decía que estaba bien (…) Desde su fecha de detención lo pudimos ver en el mes de diciembre (del 2020)”, contó la madre de Garcés, Yurayma Carapaica.

 

Marco fue acusado de “terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria y porte ilícito de armas”.

 

Detención y torturas

Garcés tiene 27 años y es estudiante de Ingeniería en Producción Industrial. Solo le faltaba el trabajo de grado para obtener su título. Es bilingüe y siempre ha sido deportista, juega fútbol. Su madre Yurayma contó a Runrun.es que el joven, incluso, forma parte de la selección de rugby de su lugar de reclusión.

Después de ser detenido, sus padres vivieron muchos días de angustia buscándolo. “Mi esposo lo buscaba en la Dgcim y el Sebin y le decían que allí no estaba”, relató la señora Carapaica.

 

“Mi hijo fue torturado mucho los días que duró desaparecido. Recibió golpes en la cabeza y en los testículos. Tiene un lipoma en la parte posterior de su cabeza que cada día crece más y está presentando varicocele en sus testículos”, denunció su madre.

Además, según contó la madre, a Marco “lo amarraban a una reja con las esposas y allí lo golpeaban y lo bañaban con agua fría”. También, “lo arrodillaban, lo golpeaban y le colocaban una pistola en la cabeza”. 

“Lo golpeaban tanto que quedaba desmayado. Y lo volvían a despertar a golpes. Todos esos días no le quitaron las esposas. A él le quedaron las manos dormidas por unos meses”, relató su madre.

 

En todo el tiempo que estuvo desaparecido, desde el 9 al 22 de septiembre de 2020, a Marco no le dieron comida, agua y no le permitían el aseo personal.

Los papás de Marco viven en Maracay, estado Aragua, y semanalmente tienen que trasladarse a Caracas para acudir a tribunales y a visitarlo.

«No es fácil para nosotros. Somos personas jubiladas de la tercera edad y de pocos ingresos. Yo tengo fibrosis pulmonar grado ll. Debo estar siempre medicada», comentó la señora Carapaica.

 

Además, el joven ha sido trasladado de centro de reclusión en varias ocasiones. Estuvo en la Dgcim de Boleíta Norte, Yare lll en Charallave, El Rodeo lll en Guatire y ahora en La Planta.

«Cada vez que lo trasladan debemos comenzar en cero con todas las cosas. Desde el colchón, sábanas, ropa, artículos personales .entre otras cosas. Ya no tenemos qué hacer y qué vender para poder mantener a nuestro hijo», dijo..

Víctima del “enroque de jueces”

Marco está recluido en la cárcel La Planta, ubicada en la parroquia El Paraíso, en Caracas, y además de ser víctima de una detención que su familia considera arbitraria, su caso es uno de los muchos retrasados en los tribunales.

Su juicio inició hasta nueve meses después de su detención, ha sido reiniciado al menos tres veces y ha pasado por al menos 70 audiencias, denuncia su madre. Además, el caso de Marco Garcés es uno de entre los de decenas de presos políticos que fueron afectados por el cambio de facultades del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo.

 

El pasado 15 de julio del 2023, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó la transferencia de las facultades de la mencionada instancia para evaluar los casos de más de 40 presos políticos acusados de terrorismo por el gobierno madurista. 

Su caso estaba a cargo del juez Ignacio Vera, en el Tribunal Octavo de Juicio, pero fueron cambiadas las competencias. “Se la dieron al juez Alejando Romero hace como 2 meses y hasta los momentos la juez no ha fijado fecha”, dijo la señora Yurayma.

DDHH Olvidados | Al estudiante Jhon Álvarez lo torturaron y acusan de conspiración
Denuncias de tratos crueles pesan sobre los captores del estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela

 

 

Al estudiante de 23 años del primer semestre de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jhon Kelvin Álvarez Peña, lo detuvieron el 30 de agosto de este año cuando iba transitando en su moto por la avenida Bolívar de Caracas.

De acuerdo a declaraciones emitidas por el propio Jhon, fueron miembros sin identificación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quienes lo capturaron.

Según el abogado Joel García, a Jhon lo llevaron a Los Chaguaramos y luego a su actual centro de reclusión en la sede de la PNB en La Yaguara.

“Le robaron la moto y otras pertenencias personales”, dijo García.

El también abogado y activista sindical, Eduardo Torres, afirmó que luego de detenerlo arbitrariamente, a Jhon lo “ruleteraron” por toda Caracas y después lo torturaron

“El nos dijo en la audiencia de presentación que lo habían encapuchado y pegado con un bate en las costillas y extremidades, lo envolvieron en un colchón para que no se le notaran las heridas”.

García ratificó la denuncia.

“Le pegaron con tablas, le pusieron electricidad en la espalda, costados y testículos, además de eso, lo pusieron a grabar un video incriminando al dirigente sindical Carlos Salazar y al periodista y dirigente vecinal Carlos Julio Rojas”. 

“Mientras estaban grabando el video, un funcionario le dijo que si se movía se le disparaba el fusil”, agregó Torres. 

A Jhon le están imputando los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

“Lo están relacionando con el caso de los 6 sindicalistas condenados recientemente a 16 años de prisión, según la Fiscalía, Jhon estaba solicitado desde el 6 de julio de 2022”, informó García. 

Los líderes sindicales Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron sentenciados a más de tres lustros de cárcel por supuestos delitos de conspiración y asociación para delinquir.

Los sindicalistas fueron aprehendidos entre el 4 y 7 de julio del año pasado después de encabezar protestas callejeras exigiendo sueldos dignos y mejoras laborales.

Golpeada, pero entera

Wendelin Peña, madre de Jhon, declaró que toda la familia está destrozada. 

“Estamos destruidos, pero en pie de lucha. Jhon es una persona maravillosa y extraordinaria. Estoy segura que voy a recuperar a mi hijo porque él es inocente”.  

Acompañada de familiares, amigos y abogados, Peña entregó un documento en la Defensoría del Pueblo para que averiguen las denuncias sobre torturas.

“El tiene una condición especial porque fue operado y me preocupa su salud”, indicó Peña.  

Torres exigió la apertura de una investigación imparcial y remitir el caso de Jhon a un tribunal de derechos fundamentales.

García informó que el expediente de Jhon está en manos del tribunal 4to con competencia en terrorismo y la fiscalía 76 Nacional. 

“Estamos a la espera que nos entreguen el acta de detención para apelar por la privativa de libertad”.

Piden esclarecer hechos 

Diversos organismos dentro y fuera de Venezuela han solicitado el esclarecimiento de la detención del estudiante universitario y las posteriores denuncias de tortura.

“Las circunstancias que rodean el hecho distan de estar claras”, reza un comunicado firmado por el rector de la UCV, Víctor Rago.

“Todo esto configura un estado de cosas que suscita serias dudas acerca de las actuaciones de los órganos del Estado y sobre el respeto al debido proceso”, prosigue el documento.

“Demandamos que se giren las instrucciones necesarias para que se investiguen y sancionen las denuncias de torturas y vejaciones a las que fue sometido durante los días siguientes a su detención”, se desprende de otro comunicado rubricado por el director de la escuela de Antropología de la UCV, Angel Reyes.

Además de la UCV se han pronunciado contra la detención organismos como Provea, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, la Federación de Centros Universitarios y Amnistía Internacional

70 ONG emitieron comunicado para condenar represión del Estado previa a elecciones
Rechazan la condena a los seis sindicalistas, inhabilitaciones y agresiones a candidatos a la primaria opositora y el despido de Globovisión del periodista Seir Contreras

 

Al menos 70 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), emitieron un comunicado en el que rechazan “el aumento y perfeccionamiento del sistema represivo del Estado venezolano en el actual contexto preelectoral”.

“El patrón de persecución se ha materializado a través del socavamiento del ejercicio de derechos fundamentales, como lo son la participación política, la libertad de expresión y el derecho de asociación, lo que mantiene las restricciones, ya de larga data, sobre el espacio cívico y democrático en el país”, señaló el comunicado promovido por la ONG Defiende Venezuela.

El comunicado se refiere a varios casos relacionados con acciones represivas del Estado durante agosto de 2023, entre ellas la judicialización y encarcelamiento de seis sindicalistas, quienes fueron acusados por delitos de conspiración y asociación para delinquir y condenados a 16 años de prisión.

También destaca el despido del periodista Seir Contreras del canal de TV Globovisión luego de haber cuestionado los argumentos de un diputado oficialista.

Por último, se refiere al constante hostigamiento del cual han sido víctimas los precandidatos opositores a la venidera elección primaria del 22 de octubre y las inhabilitaciones sin sentencias firmes a Henrique Capriles Radonski, Freddy Superlano y María Corina Machado.

“El Gobierno venezolano continúa avanzando en represalias hacia sectores de la ciudadanía y la sociedad civil a través de la agresión y la criminalización como forma de retaliación por el hecho de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la participación en asuntos públicos”, reza el comunicado.

Las ONG exigieron al Estado venezolano cesar la criminalización y persecución contra sus adversarios y disidentes.

“Instamos al Gobierno a garantizar la integridad de los procesos electorales futuros, prevenir hechos de violencia electoral, respetar, sin discriminación, el ejercicio a los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y a la participación política de la ciudadanía, de actores de la sociedad y de partidos políticos”.

 

Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria condena aprehensión de José “El Toto de la Llanura” Vásquez 

Acceso a la Justicia: Nuevo CNE genera más suspicacia que confianza 
5 de los antiguos 15 miembros fueron reelectos por la Asamblea Nacional para conformar la “renovada” institución 

 

 

Pese a que el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente que “el Consejo Nacional Electoral (CNE) estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos”, el pasado 24 de agosto, la Asamblea Nacional chavista presidida por Jorge Rodríguez juramentó a Elvis Amoroso, antiguo Contralor General, como presidente de esta institución. 

A pesar que el artículo 295 de la Constitución señala que el Comité de Postulaciones Electorales “estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad”, la norma no se cumplió y se repitieron varias irregularidades registradas en el anterior proceso ocurrido en 2021 que devino en el nombramiento como rectores principales de Pedro Calzadilla, Enrique Márquez, Alexis Corredor, Tania D Amelio y Roberto Picón. 

En esta oportunidad, la instancia evaluadora siguió estando dominada por la AN de mayoría chavista que no informó los criterios, la metodología o el baremo empleado para calificar a los aspirantes.

Tampoco fueron publicadas las listas de candidatos, violando de esta manera lo expuesto en los artículos 26 al 28 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), según lo expuso la organización Súmate.  

Pese a que la aparente renuncia en masa  sin justificación jurídica alguna de los antiguos integrantes del CNE se produjo para favorecer el diálogo político que definirá las condiciones de las venideras elecciones presidenciales”,  5 de los actuales 15 miembros, es decir el 33,3%, vienen de la administración anterior.

Algunos de los que entonces renunciaron, como el ahora rector principal Carlos Quintero y los suplentes Leonel Enrique Parica, Gustavo Vizcaíno, Conrado Pérez y Francisco Garcés, fueron reenganchados por la AN y hasta ahora nadie ha explicado qué significa eso. 

Amoroso se paga y da el vuelto en el CNE

El CNE quedó conformado por tres rectores vinculados al chavismo y supuestamente dos a la oposición.

El nombramiento que generó más cuestionamientos fue el de Amoroso, quien tiene públicos y notorios nexos con el oficialismo

En 1999 fue secretario de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) promovida por el fallecido presidente Hugo Chávez, posteriormente ocupó por 15 años el cargo de diputado en la AN, en 2017 integró la cuestionada ANC impulsada por Nicolás Maduro y viene de ser Contralor.

De verdugo de algunos líderes de oposición, Amoroso ahora pasa a juez. Como reemplazo de Manuel Galindo en la Contraloría, Amoroso fue artífice de las inhabilitaciones de Henrique Capriles Radonski, Freddy Superlano y más recientemente Maria Corina Machado. 

Tanto Amoroso, como el simpatizante chavista Carlos Quintero, quien fue designado como vicepresidente del CNE, están sancionados internacionalmente

A este dúo se une Rosalba Gil, quien se desempeñaba como secretaria de la AN controlada por el chavismo.

Además de presidente, Amoroso conforma la Junta Nacional Electoral, que se encarga de la organización de los comicios, mientras que Gil integra la Comisión de Registro Civil y Electoral, responsable del padrón electoral.

Entre los suplentes el chavismo tiene a Francisco Garcés, exministro de Transporte y alcalde de Los Teques por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Gustavo Vizcaíno, actual director del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y a Antonieta De Stefano, quien en su cuenta de X, antiguamente Twitter, se identificaba como “educadora popular y militante de la revolución”.

 

Exiliados en Miami critican el nuevo CNE: «no habrá elecciones confiables»

DDHH Olvidados | «La minería en el Amazonas va más rápido» que la justicia para Virgilio Trujillo
Activistas de ONG e indígenas reclaman que el caso del asesinato del líder Uwottüja Virgilio Trujillo lleva más de un año sin una investigación formal del Estado
Provea advierte que 47 indígenas pertenecientes a distintas etnias han sido asesinadas en los últimos 13 años y sus casos no se han investigado por completo

En la mañana del 30 de junio de 2022 encontraron a Virgilio Trujillo Arana sin vida en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, al sur de Venezuela. La ONG Kapé – Kapé informó que el líder indígena Uwottüja murió por impactos de bala en su cráneo. Pero nadie sabe quién, o quiénes, son responsables. 

«Dos meses antes, Virgilio estaba denunciando la presencia de campamentos de grupos delictivos en la cuenca del río Sipapo, donde vive su comunidad. Denunciaba al Ministerio Público que los grupos armados estaban invadiendo territorios ancestrales para los Uwottüja e hicieron una pista de aterrizaje de aviones clandestina», recordó Eligio DaCosta, coordinador general de la Organización Regional De Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) y líder indígena del pueblo Baniva. 

Las denuncias para exigir justicia surgieron en horas. Organizaciones civiles como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la Odevida y la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó al Estado venezolano la investigación del caso para el líder indígena de 38 años. 

Seis días después, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, anunció en su cuenta en Twitter que había enviado un equipo de investigación del organismo desde Caracas hasta Puerto Ayacucho. El Ministerio Público ya estaba en el caso.

Pero, cuando el mundo exigía celeridad en el caso, el Estado se silenció. La investigación se sumergió en la opacidad oficial.

Virgilio se había dedicado toda su vida a la defensa de la comunidad de la comunidad Sardinita, en el lugar donde nació y que está ubicada en la cabecera del río Autana, uno de los cuatro ríos que los Uwottüja habitan. De acuerdo con la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (OIPUS), Trujillo siempre se dedicó a la defensa ambiental y cultural desde sus 18 años. 

Incidencia para sus derechos

El 15 de agosto de 2022 varios líderes indígenas venezolanos protestaron ante la sede del Ministerio Público en Caracas. Desde entonces la comunidad internacional le exige al Estado la información de los avances de la investigación

 

«Orpia presentó al Ministerio Público en dos ocasiones la celeridad para Virgilio. Pero la justicia no da información. Lamentablemente su caso no es el único en ese estado. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó el 4 de julio de este año que estarían atendiendo un caso de violencia sexual a una joven venezolana del pueblo Jivi y denunció una investigación imparcial para el caso de Virgilio Trujillo y la masacre en Parima B» dijo DaCosta. 

Todos los casos que relató el coordinador de Orpia ocurrieron en 2022. Odevida documentó que han asesinado a 32 líderes indígenas y ambientales entre 2013 y 2021: a 21 de ellos los asesinaron «sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)».

Frente a la creciente presencia de grupos armados no estatales, Virgilio Trujillo se había organizado con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) para establecer unos grupos de vigilancia comunitarios para proteger los territorios ancestrales y culturalmente relevantes para los indígenas venezolanos. Los «guardias territoriales» no usan armas, denuncian y buscan el diálogo para respetar sus demarcaciones ancestrales, un Derecho Humano avalado por la ONU y olvidado por el Estado venezolano. 

«Virgilio siempre estuvo atento a la protección del medio ambiente», recordó DaCosta. «Desde los 20 años estaba tratando de crear la figura del guardia territorial. Y lo logró en 2020. Él le enseñó a muchos jóvenes Uwottüja a ser garantes de sus derechos bajo su cultura». 

Aumenta la vulnerabilidad

Mientras el caso de Virgilio sigue en silencio y sin identificar a sus responsables, la presencia de grupos armados no estatales degradan la amazonia venezolana. A principios de agosto un grupo de 37 periodistas de Sudamérica documentó que la presencia de bandas delincuenciales aumentó en toda la selva del Amazonas

En el caso de la cuenca del río Sipapo, donde Virgilio era guardián territorial, las denuncias por la presencia de grupos armados en el territorio se remontan desde el año 2013

«Las comunidades indígenas hemos hecho incidencia con el Estado venezolano para proteger nuestro territorio, y estamos dando pasos para ello. Pero la minería en el Amazonas va más rápido que la justicia. Cada vez se degrada más la selva y se vulnera más a nuestras poblaciones», denunció DaCosta.

De acuerdo con el proyecto periodístico «Amazon Underworld», en Venezuela, de los 22 municipios que conforman los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, 13 están bajo la presencia del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y 12 están con el control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).  En el caso específico del estado Amazonas, tanto el ELN como las Farc tienen presencia en todo el territorio y, además, se incluye la presencia del grupo paramilitar colombiano La Segunda Marquetalia. Todos ellos manejan la extracción y comercio ilícito del oro y el narcotráfico. 

En algunos casos reclutan a jóvenes indígenas venezolanos para participar en actividades ilícitas contra su voluntad. Un activista humanitario en el municipio Atabapo del estado Amazonas, que prefirió proteger su identidad, informó a Runrun.es que Virgilio Trujillo había denunciado los reclutamientos forzados a los funcionarios del ZODI N° 63 (Zonas Operativas de Defensa Integral de las Fuerzas Armadas Venezolanas) un par de semanas antes de su muerte. 

Esperanzas en la ONU y la CIDH

«El Estado también tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos por violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos aunque los responsables sean agentes externos», afirmó Luis Bello, miembro del Programa de promoción de los derechos indígenas de la Amazonía venezolana Wayamou Teri. «En el caso de Virgilio ni siquiera ha habido una audiencia de presentación o una labor de imputación del responsable, entonces se cristaliza una responsabilidad del Estado por omisión». 

El experto en derechos humanos indígenas estableció que las comunidades pueden llevar el caso de Virgilio Trujillo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la jurisprudencia internacional respete la celeridad. 

«No solo hablamos de la violación al debido proceso, también hablamos de las invasiones a los territorios ancestrales que aún no han sido demarcados por el Estado y la pérdida de autonomía interna de los consejos de ancianos para hacer valer sus leyes bajo su cultura. Estamos hablando de una vulneración a los derechos individuales y colectivos presentes en la Constitución de Venezuela y que se han olvidado», concluyó Bello.

Pese a que los Estados que conforman la Amazonía se reunieron para establecer un consenso en la protección de la selva sudamericana y sus habitantes originarios el 7 y 8 de agosto del 2023, la sociedad civil y los pueblos indígenas mostraron su descontento ante la falta de políticas claras para frenar la minería, la deforestación y la violencia contra los pueblos indígenas en los próximos 5 años. 

«Mientras tanto seguiremos haciendo incidencia, hablando con el Estado venezolano para mejorar la seguridad y bajen las amenazas a nuestros hermanos indígenas. Si bien han bajado las represalias contra los familiares y amigos de Virgilio en los últimos meses, no quiere decir que aún no estamos expuestos», afirmó DaCosta.