Internacional

The New York Times informó que la administración del presidente estadounidense Donald Trump sostuvo reuniones con militares venezolanos para escuchar sus ideas y planes de realizar un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro. A continuación los 11 datos más importantes del artículo de NYT:

1- La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha sostenido reuniones secretas con un militar de alto rango venezolano sobre posibles intentos para derrocar a Nicolás Maduro. El militar no identificado forma parte de la lista de sancionados emitida por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

2- Las reuniones comenzaron en el cuarto trimestre de 2017 y continuaron durante 2018. A estas asistieron un grupo de 11 estadounidenses, entre ellos oficiales y ex oficiales, y el ex comandante venezolano.

4- El militar venezolano aseguró que al menos a tres grupos dentro de la Fuerza Armada venezolana han estado conspirando en contra del gobierno de Maduro. 

5- El militar aseguró que cuando la asamblea nacional constituyente se instaló el 30 de julio de 2017 estaban preparados para dar un golpe contra el mandatario venezolano. El plan fue abortado debido al miedo de que terminara en una matanza.

 6- Se planeó otro golpe que se llevaría a cabo durante marzo 2018. La operación no fue realizada por haber sido filtrada. 

7- Para los militares el 20 de Mayo fue otra fecha posible para realizar el golpe de Estado contra Maduro, pero una vez más se filtró la información y fue suspendido.

8- No hay nada que indique que Maduro estaba al tanto que estas reuniones se estaban llevando a cabo.

9- Oficiales estadounidenses han discutido abiertamente la opción de que los militares venezolanos puedan realizar el golpe de Estado contra el gobierno de Maduro.

10- En el último intento de golpe contra el mandatario venezolano, el número de figuras militares conectadas al plan de pasó de ser entre 300-400 a la mitad a causa de la persecución y captura realizada por el gobierno de Nicolás Maduro hacia los conspiradores.

11- Los militares pidieron al gobierno de EE.UU apoyo logístico en varias ocasiones, específicamente pidieron radios encriptadas para garantizar que la comunicación fuese segura. Estados Unidos nunca facilitó la ayuda.

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Lee el artículo completo en The New York Times.

La terminal de autobuses de Bogotá es un huracán de viajeros y vehículos, pasajeros que se despiden entre sonrisas y lágrimas con esperanzas e ilusiones; sueños como el de más de un centenar de venezolanos que acampan en un parque cerca a la estación mientras esperan un futuro mejor.

A un mes de la detención de diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, el director de Human Right Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, aseveró que el hecho “simboliza el abuso de poder del Gobierno venezolano”.

A través de un vídeo, Vivanco denunció que al diputado ha sido despojado de su legítimo derecho a la defensa.

Reiteró que el parlamentario ha sido “objeto de humillaciones públicas y hasta justificadas por el dictador Maduro”. Declaró que las imágenes que han sido difundidas de Requesens evidencian “a dónde es capaz de llegar” el gobierno de Maduro.

El representante aseveró que al legislador se le “ignoraron sus derechos parlamentarios” y las garantías de las que debería gozar en un país con democracia. “Ojalá que sirva para incrementar la presión internacional y regional. No es posible que se permita que un régimen que no respeta las más mínimas garantías judiciales, detenga, abuse y maltrate a un parlamentario al imputarlo de los más variados delitos”.

Además, Vivanco resaltó que se debe denunciar el caso de Requesens “así como el de muchos otros que están expuestos a abusos por parte del régimen de Maduro”.

Durante un mes, sus familiares no han tenido contacto físico con el parlamentario de Primero Justicia, recluido en los calabozos de El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

A pesar que se le acusa de supuestos delitos en flagrancia, el dirigente fue detenido dos días después en su residencia, lo que contraviene la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal. Luego pasó casi una semana hasta ser presentado en tribunales, lo que es considerado en derecho internacional como una desaparición forzada.

Un sismo de magnitud 6,5 la escala de Richter se registró hoy en la provincia ecuatoriana del Chimborazo, en la zona serrana del país andino, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas.

De acuerdo con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo ocurrió a las 21.12 hora local (02.12 GMT del jueves) a 2,26 grados de latitud sur y a 79,12 grados de longitud oeste.

En su red social Facebook, el Instituto precisó que el sismo ocurrió a una profundidad de 75 kilómetros y su epicentro se situó a 5,95 kilómetros de la población de Cumandá.

Hace dos días se registro en la misma zona un terremoto de magnitud 3,6, también a gran profundidad y sin causar daños.

Por el momento, las autoridades no han informado de víctimas, pero sí de daños materiales, sobre todo en la zona sur del país.

Imágenes que circulan por redes sociales muestran por el momento daños menores en exteriores y fachadas de edificios.

El terremoto fue sentido en las ciudades de Guayaquil, en la costa, y en las de Ambato y hasta Quito, en la sierra más al norte.

El Ministerio del Interior y la Policía han advertido de réplicas y difundido mensajes a la ciudadanía sobre medidas preventivas en caso de nuevo terremotos.

También han pedido que no se difundan rumores, mantener la calma e informarse únicamente por fuentes oficiales.

El alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, pidió hoy a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que aclare qué presencia tiene en Venezuela a fin de considerar un eventual alto el fuego.

«Ese es un punto que debe aclarar muy bien esa organización, porque es imposible llegar a considerar un cese al fuego cuando parte de la tropa o de sus miembros está en un país ajeno», dijo Ceballos citado en un comunicado de su despacho.

Organismos se seguridad de Colombia aseguran que varios jefes del ELN se refugian en Venezuela y que en ocasiones los guerrilleros atacan a la Policía, la población civil, el Ejército y la infraestructura eléctrica y petrolera y luego se esconden en el país vecino.

El presidente colombiano, Iván Duque, evalúa la continuidad de los diálogos de paz con el ELN que comenzaron con su antecesor, Juan Manuel Santos, y ha exigido a esa guerrilla la renuncia al secuestro y la liberación de unas 16 personas que, según las autoridades tiene cautivas.

Con respecto a los secuestrados, el comisionado Ceballos reiteró que el ELN debe devolverlos a todos, un día después de que entregaran a una comisión humanitaria a tres militares en el departamento de Arauca, zona de frontera con Venezuela.

«Es muy importante que el ELN libere a todos los secuestrados, no solamente son estas tres personas. Se aprecia como un buen gesto esa Liberación, pero en Colombia hay muchos más secuestrados y las familias de todos ellos los esperan en casa», agregó Ceballos.

El funcionario se reunió hoy con el Comité Permanente del Episcopado Colombiano, conformado por los 13 arzobispos del país, para evaluar el estado de las conversaciones con el ELN y la implementación del Acuerdo Final con las FARC.

Ceballos reiteró que «es muy importante» que el ELN divulgue el paradero y la situación de los ciudadanos que ha secuestrado desde 2002.

«Las familias de esas personas merecen saber el estado actual de sus familiares», subrayó Ceballos quien aseguró que Colombia puede estar tranquila, porque la evaluación que ha hecho el Gobierno del proceso con el ELN es «seria, prudente y completa» y tiene en cuenta con todos los elementos necesarios para que haya paz en el país pero con legalidad.

Uno de los candidatos presidenciales punteros de Brasil fue apuñalado el jueves durante un acto de campaña.

Varios videos publicados en las redes sociales muestran el momento en que el conservador Jair Bolsonaro, cuya plataforma política incluye una campaña contra la delincuencia en el país más grande de Latinoamérica, recibe una puñalada en el estómago. El candidato es visto contraerse después del ataque.

El vocero policial Flavio Santiago confirmó a The Associated Press que Bolsonaro fue apuñalado y que el agresor fue detenido.

Santiago añadió que Bolsonaro fue trasladado a un hospital en Juiz de Fora, una ciudad aproximadamente a 200 kilómetros (125 millas) al norte de Río de Janeiro, y que se encuentra en buen estado.

Su hijo, Flavio Bolsonaro, informó inicialmente por Twitter que su papá está bien. Pero después añadió que la herida había sido más grave y que su condición era estable.

En un comunicado, la policía federal señaló que el candidato contaba con guardaespaldas. En los videos, Bolsonaro no parece portar un chaleco blindado.

Bolsonaro, excapitán del Ejército, es el segundo favorito en los sondeos, después del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien por orden judicial no puede ser candidato pero sigue apelando el fallo.

Pese a ser congresista desde 1991, la campaña de Bolsonaro lo retrata como un candidato fuera del sistema dispuesto a derrocar a la clase dirigente.

Aunque cuenta con partidarios, Bolsonaro es una figura polémica. Ha sido sancionado, e incluso enfrentado cargos, por declaraciones peyorativas hacia mujeres, negros y homosexuales.

También habla nostálgicamente sobre el periodo de dictadura militar que vivió el país de 1964 a 1985 y ha prometido crear un gobierno con líderes y exlíderes militares.

Otros candidatos rápidamente denunciaron el atentado.

“La política se hace a través del diálogo y el convencimiento, nunca con el odio”, tuiteó Gerado Alckmin, exgobernador de Sao Paulo que ha criticado la política de Bolsonaro por medio de publicidad.

Fernando Haddad, que se espera tome el lugar de Lula como candidato del Partido de los Trabajadores, dijo que se trató de un ataque «absurdo y lamentable».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tres organismos de la ONU pidieron hoy a los países de Latinoamérica que desarrollen una respuesta regional coordinada para responder al desplazamiento masivo de inmigrantes y refugiados venezolanos.

Los organismos enfatizaron la importancia de que la respuesta esté basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida y que, además, proteja los derechos de los inmigrantes y refugiados antes, durante y después de su tránsito.

La declaración conjunta ha sido suscrita por la CIDH, el relator especial sobre los Derechos de los Migrantes de la ONU, Felipe González, y por tres entes de las Naciones Unidas: el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; el Comité sobre los Derechos del Niño; y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

En su comunicado, expresan preocupación por las prácticas discriminatorias que algunos venezolanos han sufrido en los últimos meses: desde la solicitud de pasaportes para entrar a países receptores hasta la militarización de las fronteras pasando por casos de expulsiones colectivas.

En el último año el número de inmigrantes ha aumentado, haciendo que algunos países, como Perú y Ecuador, adopten medidas excepcionales como la solicitud de pasaportes o cédulas de identidad validadas, requisitos que no siempre pueden cumplir los venezolanos.

Para solucionar estas situaciones, las organizaciones hacen 17 recomendaciones a los países latinoamericanos, entre las que figura acabar con las devoluciones colectivas, garantizar la unidad familiar en las migraciones y reconocer como refugiados a aquellos que temen por su vida.

La CIDH y las organizaciones de la ONU también se dirigen al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que piden que promueva acciones para garantizar «el acceso, la prestación y el paso libre de asistencia humanitaria para la población venezolana».

Asimismo, sin mencionar específicamente al Ejecutivo venezolano, piden que se garantice el derecho a la nacionalidad facilitando documentos que garanticen la libre movilidad de sus ciudadanos.

La declaración conjunta de los organismos internacionales coincide con la celebración en la Organización de Estados Americanos (OEA) de una sesión extraordinaria sobre la migración de venezolanos.

Este martes, en una reunión en Quito, once países latinoamericanos acordaron seguir acogiendo a los inmigrantes venezolanos, pero salvaguardando la seguridad de las sociedades receptoras.

La ONU estima que, hasta junio de este año, 2,3 millones de venezolanos han salido de su país, principalmente con rumbo a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile.

La Unión Europea (UE) confía en lograr avances «a largo plazo» en materia de derechos humanos a través de su relación con Venezuela y Cuba, destacaron este jueves expertos del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).