El entorno era idílico: el resort Belmond La Samanna en el lado francés de la isla de San Martín. Se trata de un refugio en el Caribe con cabañas de playa, canchas de tenis y habitaciones que cuestan US$1.000 por noche. Mientras los huéspedes disfrutaban masajes al aire libre y cócteles en las hamacas esa tarde de febrero, dentro de una habitación todo el mundo estaba ocupado haciendo negocios. Un ingeniero de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A., colocó una pila de documentos de 30 centímetros sobre la mesa, y comenzaron las preguntas de tres investigadores de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York. El ingeniero había llegado por avión desde Venezuela vía Curaçao, primero en un vuelo comercial y luego en uno charter, para cubrir su rastro.
El ingeniero y sus documentos eran centrales para un caso en el que los investigadores llevaban trabajando cinco años: la canalización de cientos de millones de dólares de PDVSA a Irán a través de bancos estadounidenses y suizos, eludiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el país. Los investigadores sospechaban que PDVSA había lavado los fondos a través de contratos de construcción de viviendas enormemente inflados con empresas iraníes. Los documentos parecían detallar las transacciones de vivienda y los pagos a cuentas bancarias suizas a través de JPMorgan Chase, lo cual podría violar la ley estadounidense. La investigación está en curso; PDVSA no ha sido acusada de actividades ilegales que involucren a Irán.
El ingeniero, un hombre afable que hablaba poco inglés, sabía que si el caso prosperaba, podría aspirar a recibir asilo político en Estados Unidos, junto con una posible recompensa por revelar información útil para el caso. También vio lo que los iraníes estaban haciendo y no le gustó. Así que aunque el interrogatorio duró dos días, fue paciente.
Había otra persona en la habitación, el hombre que había organizado todo: un venezolano llamado Martín Rodil. Alto, con gafas y unos kilos de más, Rodil, de 43 años, dominaba el arte de ser tanto implacable como dulce. Fue investigador de bajo nivel en el Fondo Monetario Internacional en Washington hasta que un conocido lo contrató en 2006 para revisar los pagos de PDVSA a Irán. El tema se convirtió en una obsesión para él, y en poco tiempo ya estaba en comunicación con la oficina del fiscal de distrito en el Bajo Manhattan. Rodil era un colaborador no convencional, dice un ex investigador: no buscó crédito y no sabía al principio si pediría dinero por ello. Y los documentos y pistas que proporcionó casi siempre resultaron ciertos. A la larga comenzó a hablar con los fiscales sobre un testigo de los pagos a Irán a quien tenían que conocer. Había encontrado al ingeniero de PDVSA.
Y ahora, aquí estaban. Mientras Rodil trabajaba en una habitación, ayudando a traducir las respuestas del ingeniero, aún no había sido condenado como traidor en la televisión nacional venezolana. Los funcionarios estadounidenses aún no le habían advertido sobre las amenazas creíbles a su vida, ni le habían recomendado no viajar a ningún lugar cerca de su país de origen. Y los asistentes del presidente electo Donald Trump no habían empezado a pedirle consejo sobre Venezuela.
Eso vendría después.
Para el momento de la reunión en San Martín, en 2014, Rodil se había convertido en una figura clave, compensada y a veces polémica en las investigaciones de Estados Unidos de casos de corrupción y narcotráfico de Venezuela contra funcionarios de alto nivel del gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro y PDVSA. Parte de la información que transmitió -que Irán estaba a punto de colocar misiles en Venezuela, por ejemplo- resultó ser infundada. Pero la mayoría de la información que proporcionó sí fue confirmada, y conforme el populismo izquierdista sudamericano se ha debilitado, la fijación de Rodil por reemplazar al gobierno venezolano se ha convertido en una tendencia generalizada.
El caso del ingeniero de PDVSA es un ejemplo del servicio original y más básico de Rodil: entregar a venezolanos valiosos, y entidades gubernamentales le pagan modestamente por ello, dice. También tiene un negocio mejor pagado en el que sus clientes son venezolanos ricos que están desesperados por salir. Él les ayuda a hacerlo y, cuando se da el caso, trabaja con ellos para desarrollar estrategias para cooperar con las autoridades estadounidenses. Por esos servicios, cobra una tarifa por hora o se le paga por estar disponible para colaborar. El más lucrativo de sus negocios es una consultoría para empresas e individuos que buscan servicios de inteligencia y evaluación de riesgos en América Latina.
Rodil ha ayudado a que más de dos docenas de sus compatriotas emigren a Estados Unidos. Pertenecen a la élite de la diáspora venezolana que huye de una economía destrozada y la agitación social. Entre ellos figuran antiguos generales, ministros y ejecutivos del sector petrolero y un ex juez y guardaespaldas presidencial. El papel que desempeña en sus vidas es a menudo profundo: los persuade de revelar lo que vieron y en lo que participaron. Después evalúa el valor de su información y determina qué agencia gubernamental estaría más interesada en saberla. Establece la relación con la agencia y, a menudo hace algo más: ayuda a sus clientes a mudarse a lugares seguros con teléfonos a prueba de intervenciones, por ejemplo.
Algunos de los que ha entregado han participado en negocios corruptos. Muchos esperan intercambiar lo que saben por una visa o protección en Estados Unidos; otros quieren ayudar a las autoridades estadounidenses a ir tras de sus viejos jefes, colegas y líderes gubernamentales. Sus historias documentan la cruel mezcla de corrupción y mala gestión que se ha dado en Venezuela, que es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y posee las reservas de petróleo más grandes del mundo. «Martín Rodil ha entregado activos y documentos críticos para los investigadores estadounidenses», dijo un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos enterado de los casos.
