Una jueza federal de Estados Unidos suspendió temporalmente parte de la orden ejecutiva aprobada por el presidente Donald Trump para prohibir el ingreso al país de ciudadanos procedentes de Irak, Siria y otros cinco países de mayoría musulmana.
La decisión judicial paraliza la deportación de quienes llegaron a Estados Unidos con una visa válida y quedaron detenidos en distintos aeropuertos a raíz de la disposición de Trump.
La sentencia, dictada por la jueza Ann Donnelly, de Brooklyn, Nueva York, recae sobre personas con solicitudes de refugio aprobadas, visas válidas y «otras personas legalmente autorizadas para ingresar a Estados Unidos».
El documento sostiene que existe un riesgo de «lesión sustancial e irreparable» a los afectados.
La medida, sin embargo, no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la decisión presidencial.
Tampoco queda claro si la medida judicial permitirá la liberación de los inmigrantes.
El viernes, Trump firmó una medida ejecutiva para suspender la entrada a Estados Unidos de ciudadanos procedentes de Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
La orden presidencial también implicaba la suspensión del Programa de Admisión de Refugiados durante 120 días y, en el caso de los sirios, una prohibición indefinida de ingreso al país.
La medida comenzó a aplicarse el mismo viernes y dio origen a situaciones confusas por cuanto afectaba a ciudadanos que ya habían obtenido una visa legal y se encontraban en tránsito hacia el país, así como a personas que son residentes permanentes o ciudadanos de Estados Unidos pero se encontraban fuera del país al momento de la aprobación de la orden.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) estima que, en principio, la decisión de la jueza Donnelly beneficia a entre 100 y 200 personas que se encuentran detenidas en aeropuertos estadounidenses o que se hallan en tránsito.
El sábado, antes de la orden de la jueza, el mandatario defendió su orden ejecutiva, diciendo que «no era una prohibición de musulmanes».
«Está funcionando muy bien, se ve en los aeropuertos, se ve en todos lados», dijo Trump a unos periodistas en la Oficina Oval.
Protestas y demandas
La orden presidencial fue causa protestas nutridas este sábado y fue motivo del anuncio de varias demandas judiciales para buscar su anulación.
«Not in my name» («No en mi nombre»), era una de las consignas de los manifestantes.
La ACLU introdujo una de estas acciones legales este sábado en la mañana.
El director ejecutivo de la Unión, Anthony Romero, dijo que el sábado fue un día «extraordinario».
«Lo que hemos demostrado hoy es que los tribunales pueden funcionar… y cuando el Presidente Trump promulgue leyes u órdenes ejecutivas inconstitucionales e ilegales, los tribunales están ahí para proteger los derechos de todos», señaló.
Lee Gelernt, subdirector legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes, también defendió el caso de los inmigrantes ante la corte y fue saludado con alegría por una multitud que esperaba la respuesta de la jueza afuera del recinto donde emitió la orden.
«La jueza revisó lo que el gobierno estaba haciendo y nos dio lo que queríamos, que era bloquear la orden de Trump y no permitir que el gobierno expulse a quienes han sido detenidos al llegar al país», dijo.
Indicó que, además, Donnelly ordenó al gobierno entregar una lista con los nombres de las personas que han sido detenidas por la aplicación de la medida ejecutiva.
«Vamos a ver a cada una de estas personas, darles asesoría e intentar conseguir su liberación inmediata, pero -como mínimo- ya no serán devueltos al peligro», afirmó Gelernt.
La corte fijó una audiencia para revisar el caso para finales de febrero.
