Internacional

Donald Trump descoloca hasta a los suyos y las críticas empiezan a brotar dentro de su círculo de confort. En un encuentro privado este miércoles con senadores en el Capitolio, Neil Gorsuch, el magistrado al que el propio presidente ha propuesto para entrar en el Tribunal Supremo, calificó de «descorazonadoras y desmoralizantes» las invectivas de Trump contra jueces en los últimos días.

Sus palabras fueron citadas por uno de los senadores presentes en la reunión, el demócrata Richard Blumenthal, y confirmadas luego a la cadena NBC por un portavoz del equipo de transición de Gorsuch, cuya incorporación al Supremo, la máxima corte de EE UU, depende de la aprobación del Senado.

«[Gorsuch] me dijo que está descorazonado y desmoralizado por los horrorosos comentarios de Trump sobre el sistema judicial», reveló el senador Blumenthal. Gorsuch acudió a esta reunión en Washington como parte de sus esfuerzos por ganarse el apoyo del número de senadores necesario.

Este mismo miércoles por la mañana Trump había vuelto a cargar contra el poder judicial, diciendo que los tribunales le parecían «muy politizados».

El viernes pasado el juez federal James L. Robart, nombrado en su día por George W. Bush, paralizó el controvertido decreto del nuevo presidente que impedía temporalmente la llegada de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana e indefinidamente la de refugiados.

Al día siguiente Trump, desde su mansión de fin de semana y club de élite en Florida, dejó boquiabierto a su país, de arraigada tradición de separación de poderes y respeto presidencial a los jueces, al tachar a dicho magistrado de «pseudojuez». Este miércoles defendió su decreto, que fundamenta en su supuesta conveniencia para prevenir ataques de terroristas llegados del extranjero, diciendo que está «redactado de forma preciosa» y que «hasta un mal estudiante lo entendería».

El Gobierno de Trump ha apelado a la decisión del juez que ha congelado el decreto y franqueado de nuevo el paso a EE UU a las personas con visa a las que había afectado. Un tribunal de apelación decidirá esta semana si acepta el recurso del Gobierno o sostiene la resolución contraria del juez.

La revelación de la negativa opinión de Gorsuch sobre la actitud del presidente pone de manifiesto cuánto está tensando Trump la cuerda del sentido común institucional. Nunca antes un presidente de Estados Unidos había denostado en público a un juez federal o planteado, como él, su relación con la Justicia de manera antagónica: «Ganaremos», ha dicho Trump sobre el litigio en curso.

LA CORTE DE APELACIONES DE PARÍS falló en contra de la República Bolivariana de Venezuela, al rechazar los argumentos de su gobierno en un pleito arbitral con Gold Reserve en el cual se solicitaba la anulación de una decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano autónomo del Banco Mundial (BM) para solventar disputas entre gobiernos e inversionistas extranjeros.

La Corte consideró que las partes habían sido tratadas equitativamente, los derechos de defensa fueron respetados y el fallo fue pronunciado dentro de las competencias. El fallo es recurrible ante la Corte de Casación francesa, la última instancia en el sistema judicial francés para este tipo de casos.

De acuerdo con lo dispuesto, el gobierno venezolano deberá pagar a la inversionista minera canadiense US$ 713 millones más intereses y costas legales, lo que da una suma total a pagar de unos US$ 730 millones.

Paradójicamente, Gold Reserve tiene un contrato reciente por trabajos de certificación en el llamado “Arco Minero del Orinoco” y una de sus empresas de maletín, GR Mining (Barbados) Inc., es socia al 45% en Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A.

El presidente de Gold Reserve, James Hayward Coleman, dijo en una nota de prensa en el website de la compañía que, además de esperar ver cumplido el pago, siguen viendo a Venezuela como socio en el desarrollo de Brisas Cristinas, del proyecto Siembra Minera.

El papa Francisco admitió que en el Vaticano “hay corrupción”, pero que él vive “en paz”, al contestar a algunas preguntas de los superiores de las órdenes y congregaciones de religiosos cuya transcripción publicará la revista “Civiltà Católica” en su próximo número.

FOTO: Associated Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó hoy que la justicia del país está politizada al defender la legalidad de su veto migratorio contra todos los refugiados y los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, suspendido temporalmente a la espera del fallo de una corte de apelaciones.

«No quiero llamar a una corte sesgada, así que no la llamaré sesgada, (pero) los tribunales parecen ser muy políticos», sostuvo Trump durante un discurso ante una conferencia de jefes de Policía y oficiales de las fuerzas del orden en un hotel de Washington.

Un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), estudia la petición del Gobierno de restituir el veto migratorio de Trump, suspendido temporalmente por orden de un juez federal desde el pasado viernes.

Si esos jueces «quisieran, en mi opinión, ayudar a la Corte en términos de respeto por la corte, que hagan lo que deberían estar haciendo», advirtió Trump.

Durante su discurso, el presidente leyó incluso parte de una ley migratoria que considera que respalda por completo su veto, ordenado el pasado 27 de enero para suspender temporalmente el programa de acogida de refugiados de Estados Unidos y anular la emisión de visados para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.

Según Trump, incluso quien haya sido «un mal estudiante en la secundaria» puede entender la legalidad de su medida.

Ante un grupo de jefes policiacos, el mandatario se centró en el texto utilizado en una cláusula que detalla los poderes presidenciales para limitar «extranjeros inadmisibles».

La cláusula indica que cuando un mandatario encuentra que el ingreso de extranjeros puede ser perjudicial a los intereses estadounidenses, el ejecutivo puede «suspender el ingreso de extranjeros o de cualquier clase de inmigrantes o no inmigrantes, o imponer cualquier tipo de restricciones que considere apropiadas para el ingreso de extranjeros».

«Es triste, creo que es un día triste. Creo que nuestra seguridad está en riesgo hoy», lamentó el mandatario.

Asimismo, recordó que la «seguridad» fue «una de las razones más fuertes» de su triunfo en las elecciones presidenciales del pasado noviembre frente a su rival demócrata, Hillary Clinton.

«He aprendido mucho en las últimas dos semanas y el terrorismo es una amenaza mucho mayor de lo que la gente de nuestro país cree», señaló Trump.

Tras escuchar este martes los argumentos del Gobierno y de los estados de Washington y Minesota, impulsores del recurso que ha motivado la suspensión temporal del veto, los jueces del mencionado tribunal de apelaciones aseguraron que tomarán una decisión sobre si restituirlo o no «lo antes posible», sin especificar fechas concretas.

En respuesta a una petición de los estados de Washington y Minesota, el pasado viernes el juez federal James Robart decidió estudiar el contenido de la medida de Trump y mientras tanto ordenó suspenderla temporalmente por el «daño inmediato e irreparable» que podría causar de seguir en vigor.

Si ese tribunal vuelve a rechazar la petición del Gobierno, es muy posible que la batalla legal llegue hasta el Tribunal Supremo, como ha reconocido el propio Trump.

Una mujer de nacionalidad venezolana fue arrestada en el aeropuerto internacional de Phnom Penh al intentar cruzar los controles policiales con cerca de dos kilogramos de cocaína, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Neilin Coromoto Mejías, de 28 años, fue detenida anoche cuando la policía de inmigración detectó los narcóticos escondidos en cientos de botones dentro de su equipaje, según el secretario general de la Autoridad Nacional para la Lucha contra las Drogas, Meas Vyrith.

«Iba a entregar droga camuflada en botones dentro de bolsas», confirmó a Efe Vyrith.

La venezolana viajaba desde Sao Paolo, en Brasil, e hizo escala en Adis Abeba y Bangkok, antes de desembarcar en Phnom Penh.

La policía aseguró que la detenida pretendía transportar la droga por tierra hasta Siem Reap, en el noroeste del país, donde le esperaba otra persona que la policía no ha podido encontrar al filtrarse el arresto en los medios locales.

El responsable antidrogas aseguró que Neilin C.M. será procesada en Camboya y que las autoridades venezolanas ya están informadas de su arresto.

El gobierno de Camboya comenzó en enero una campaña para combatir el narcotráfico en la que ya han sido detenidas 2.428 personas, de las cuales 1.243 fueron arrestadas por consumo, según datos oficiales.

Los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht salpicaron el martes al presidente colombiano Juan Manuel Santos tras una declaración de la Fiscalía sobre el financiamiento de su reelección en 2014.

El fiscal general del país, Néstor Humberto Martínez, aseguró en una comparecencia que el exlegislador Otto Bula presuntamente entregó un millón de dólares a la campaña del presidente. Bula está detenido en Colombia por haber recibido 4,6 millones de dólares en sobornos de la firma, los cuales habría ayudado a distribuir.

El Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad electoral del país, deberá definir si el presidente incurrió o no en un delito, en caso de que se demuestre la validez de la información de la Fiscalía.

«Manifiesto mi más enérgico rechazo a las infundadas, tendenciosas y calumniosas declaraciones sobre mi persona dadas por el señor Otto Bula a la Fiscalía General de la Nación», afirmó en un comunicado el gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto. «Como gerente de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014 promoví y lideré al interior de la campaña la política de no recibir donaciones», agregó, y aseguró que los gastos de esa carrera presidencial «fueron sufragados con los ingresos por reposición establecidos en ley».

Por su parte, Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia, dijo en conferencia de prensa: «Es entonces la palabra de un delincuente que busca a cualquier precio beneficios judiciales contra la palabra del gerente de la campaña. De todos modos la presidencia de la República solicita a las autoridades competentes que adelanten todas las investigaciones necesarias para establecer la verdad de esta nueva acusación».

Santos, que no hizo declaraciones tras esta información, dijo en enero: «Hasta ahora ningún funcionario de mi gobierno ha sido señalado de haber sido sobornado por Odebrecht, pero si llegara a haberlo, que le caiga todo, todo el peso de la ley».

La Fiscalía agregó que del millón de dólares se habría descontado una comisión del 10% a favor de terceros ya identificados por las autoridades.

En Colombia no están permitidas las donaciones de personas jurídicas ni de entidades extranjeras y la donación máxima que puede hacer una persona es de 100.000 dólares, según un informe de Transparencia Colombia sobre la campaña de 2014.

Además, en el caso de que esa donación fuera cierta, la campaña de Santos no la declaró, según un informe de Cuentas Claras, una herramienta de transparencia donde se declara este tipo de información, difundido por la senadora Claudia López. En ese documento se especifica que la única fuente de financiación de esa campaña —tanto en la primera como en la segunda vuelta— fueron créditos del sector financiero.

Otto Nicolás Bula fue detenido el 14 de enero por haber recibido en 2013 al menos 4,6 millones de dólares en pagos fraccionados para que ayudara a que Odebrecht se hiciera con el contrato de construcción de la vía Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol, según pruebas en poder de la Fiscalía. Será imputado por los delitos de «cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito», precisó la máxima entidad investigativa del país en una comunicación ante reporteros.

El exfuncionario consiguió llegar al Senado colombiano en 2000 como suplente en la lista de Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, y quien hoy está en prisión por nexos con grupos paramilitares.

La primera captura en Colombia por el caso Odebrecht fue la de Gabriel García, también en enero, acusado de solicitar un pago de 6,5 millones de dólares cuando era viceministro de Transporte en 2009 a cambio de favorecer a la constructora en un importante contrato carretero.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad alcanzado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos el mes pasado, y debido al cual cubrirá una multa de 3.500 millones de dólares, Odebrecht admitió haber pagado al menos 800 millones en sobornos para obtener contratos en 12 países, la mayoría de ellos en Latinoamérica.

Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Brasil, Michel Temer, reiteraron hoy su “preocupación con la situación política, social y humanitaria de Venezuela“, en un comunicado conjunto divulgado tras la reunión que sostuvieron en Brasilia.