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El exilio venezolano invierte en restaurantes en España

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Cuando encuentras a alguien apuntando con una pistola a tu esposa dentro de tu casa y sientes miedo por su vida y por la tuya, no te importa recorrer medio mundo en busca de la seguridad. Es lo que le ocurrió a Asdrúbal Salazar, impulsor de la ‘tavernetta’ Limone, que abrió en octubre de 2016 en el barrio de Salamanca de Madrid.

Asdrúbal es uno de los muchos venezolanos que han llegado a España en los últimos años. Según el último informe del Observatorio de Inmigración de la Comunidad de Madrid, 16.438 venezolanos vivían en la región en enero de 2016, una cifra que ha aumentado hasta la fecha. La mayor parte de ellos son jóvenes que, cansados de la amenaza diaria atracos y secuestros exprés, sin medicamentos en el 95% de los hospitales y con una inflación del 150%, han decidido ‘exiliarse’ de su país.

 

Dueños de los restaurantes de moda de Madrid

Entre todos esos jóvenes llegados a Madrid también están los miembros de la clase media-alta venezolana que han creado una comunidad influyente y reconocida, la de los dueños de los restaurantes de moda de la capital. Cada día cientos de personas hacen fotos a sus platos para compartirlas en las redes sociales.

 

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Algunos eran publicistas en Caracas, otros cocineros, estudiantes de medicina o directivos en empresas internacionales. La situación política y económica de su país les llevó a renunciar a su futuro soñado y ponerse tras la barra de una panadería o un bar. Y la jugada, casi sin esperarlo, les ha salido muy bien.

El retorno de sus inversiones ha sido muy rápido y han repetido la fórmula por segunda, tercera y hasta decimotercera vez. En la mayoría de los casos han contado con la financiación de sus familiares, que han preferido invertir sus ahorros en un mercado seguro como el español antes que mantenerlos en Venezuela, donde el régimen chavista controla las operaciones de cambio de moneda, importaciones y exportaciones, exigiendo ‘cupos’ a los empresarios que además temen por la expropiación de sus inmuebles.

“Solo los empresarios cercanos al Chavismo están libres de las vacunas -la parte de la mercancía que el régimen confisca como multa a quienes traen productos de otros países- en las aduanas”, cuenta un empresario venezolano que no ha querido desvelar su identidad. Explica que la corrupción en la Guardia Nacional, que acepta sobornos a cambio de hacer la vista gorda, es un secreto a voces en el país. Por estos motivos, Venezuela se ha convertido en un infierno para la clase media-alta que tiene ahorros, propiedades, y no está amparada por Chávez.

 

Nietos de españoles y europeos

Los nietos de quienes llegaron a Venezuela huyendo de la represión franquista o de la II Guerra Mundial, emigran ahora a España. Andoni Goicoechea (29 años) es nieto de bilbaínos que se marcharon a Venezuela durante la Guerra Civil española. El dueño de Goiko Grill montó su primer local en la calle María de Molina de Madrid con algunos ahorros de su padre.

El joven vino a Madrid en 2013 a estudiar el MIR (Médico Interno Residente), pero cambió su rumbo cuando detectó que había un interés no cubierto por las hamburguesas de autor. Su hermana, Daniela, pronto se unió al proyecto familiar encargándose de la promoción del local en las redes sociales. Fue todo un éxito y pronto replicaron el formato en localizaciones singulares de Madrid (calle Princesa, glorieta de Bilbao…) hasta llegar a los 13 establecimientos, uno de ellos en la calle Martínez Cubells de Valencia y el resto en la Comunidad de Madrid. El último lo abrieron el pasado domingo en Las Tablas. Casi 200 personas, entre ellas un 75% venezolanos de entre 18 y 30 años, trabajan en el grupo. Probaron el modelo de franquicia en dos de los establecimientos, pero prefieren mantenerse como una empresa familiar.

José Antonio del Pozo (La Casa Tomada) es nieto de una pacense y un canario. Nació en la ciudad venezolana de San Felipe, capital del estado de Yaracuy. Allí, en 2011, montó su primer restaurante en el salón de la casa de su madre. La Casa Tomada de San Felipe fue todo un éxito, pero pronto tuvo problemas de abastecimiento. Algunos días no recibía harina para fabricar el pan de sus bocadillos, otros días faltaban los tomates…hasta que la situación se hizo insostenible.

 

José Antonio del Pozo (La Casa Tomada).

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Directv y Fox logran acuerdo para mantener canales en programación

 

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Después de una larga negociación, en la que incluso se tuvo llegar a una prorroga, DirecTV Latin America informó que ha logrado un acuerdo con Fox Networks Group Latin America para seguir ofreciendo su programación.

Tras el anunció DirecTV indicó: «reforzamos nuestro compromiso con entregar la mejor experiencia en entretenimiento a nuestros suscriptores. Durante todo este largo proceso, nuestro esfuerzo estuvo enfocado en que los canales de Fox se mantuvieran siempre disponibles para sus clientes».

La tensión en torno a esta negociación llegó a su cuspide cuando el pasado 25 de enero las partes informaron que no se había llegado a un acuerdo. Aunque se mantuvo la posibilidad de un eventual consenso, la noticia generó impacto entre los suscriptores quienes se quejaron porque no iban a poder seguir viendo los programas más famosos de la programación de Fox: Los Simpsons, The Walking Dead, Modern Family, etc.

En cuanto a los temas deportivos, los suscriptores de Directv se preocuparon por competiciones como el Super Bowl, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y algunos partidos de las eliminatorias al Mundial.

Sin embargo, el acuerdo implica que los suscriptores de DirecTV seguirán teniendo estos canales: Fox, FX, Fox Life, Film Zone, Cinecanal, Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3, Fox News, National Geographic Channel, Nat Geo Wild, BabyTV; Fox Premium compuesto por Fox1, Fox Comedy, Fox Action, Fox Family, Fox Cinéma, Fox Classics y Fox Movies.

Gobierno de Colombia propone eliminar la vicepresidencia

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El Gobierno colombiano propuso la mañana de este miércoles una reforma política del Estado, el cual incluiría eliminar la figura del vicepresidente ejecutivo y extender el período presidencial de cuatro a cinco años.

Así lo dio a conocer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la Comisión Primera de Cámara durante el trámite del proyecto de acto legislativo, el cual regula la participación del nuevo partido que surja del tránsito de las Farc a la política.

Entre las propuestas que hizo el Gobierno, según palabras del ministro, están la “unificación” de los periodos del “Procurador, el Fiscal, los alcaldes, los gobernadores y el Presidente”, además de la eliminación del cargo de vicepresidente y el regreso de la figura de designado.

Sin embargo, Cristo aclaró que esta modificación, “no cobijaría al actual Presidente” sino que se comenzaría a aplicar para el mandatario que sea elegido en 2018.

Fiscales de 15 países cruzarán datos sobre Odebrecht en Brasilia

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Representantes de Ministerios Públicos de quince países se reunirán a partir de mañana en Brasilia para intercambiar información sobre las prácticas de corrupción en que ha incurrido la constructora brasileña Odebrecht.

Según la Procuraduría General de Brasil, que organiza la cita, han sido invitados delegados de Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Las reuniones serán a puerta cerrada pues, según dijo a EFE un portavoz de la Procuraduría, existen investigaciones en curso por parte de cada uno de los Ministerios Públicos que asistirán a una cita que consideró como un “inédito caso de cooperación regional”.

En esos catorce países, además del propio Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse esas prácticas ilegales, se investiga la actuación del grupo Odebrecht, sobre todo en la financiación ilegal de campañas electorales, el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas u operaciones financieras irregulares.

Todos esos países han solicitado información a las autoridades brasileñas, que desde hace más de dos años iniciaron la llamada operación “Lava Jato”, que empezó con un simple asunto de blanqueo de dinero en un puesto de gasolina y lavado de coches de Brasilia y destapó el mayor escándalo de corrupción de la historia nacional.

Desde entonces, decenas de políticos y empresarios han terminado en prisión por su participación en esa trama, que aún puede salpicar a muchos otros dirigentes de casi todos los partidos, entre quienes figuran miembros del Gobierno y el propio presidente Michel Temer.

Esas prácticas, sin embargo, no se limitaron a Brasil y fueron más allá de las fronteras, para expandirse de la mano de Odebrecht por buena parte de América Latina y llegar hasta a países de África e incluso de Europa, como es el caso de Portugal.

Buena parte del dinero obtenido con esas maniobras ilegales pasó por bancos de Estados Unidos y Suiza, países que también entraron en la investigación y con los cuales Odebrecht firmó sendos acuerdos de lenidad, como hizo en Brasil, mediante los cuales aceptó sanciones pecuniarias que superan los 2.000 millones de dólares.

La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la constructora había admitido que pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.

Los pagos se refirieron a “más de 100 proyectos” realizados entre 2001 y 2014 y que, en la gran mayoría de los casos, correspondían a obra pública.

Las investigaciones iniciadas a raíz de las informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos han generado una orden de captura contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, y salpicado a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos.

También han generado un enorme revuelo en cada uno de los países citados, que en su mayoría han pedido información a Brasil, ya que 77 exdirectivos de Odebrecht implicados en el asunto han acordado colaborar con la justicia y pudieran haber revelado detalles sobre las operaciones de la empresa en el exterior.

Los testimonios de esos antiguos ejecutivos de la constructora están bajo un estricto secreto judicial, pero la prensa local afirma que pudieran implicar en el asunto a unos 200 políticos, por lo que los califica como “la delación del fin del mundo”.

Odebrecht, que opera en 28 países y tiene unos 168.000 empleados, ha aceptado su responsabilidad en esos hechos y se ha comprometido tanto a colaborar con la justicia en todas las investigaciones como a eliminar definitivamente esas prácticas corruptas.

 

Oficina de Ética de EEUU pide a Casa Blanca sancionar a asesora de Trump

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La Oficina de Ética del Gobierno (OGE) de Estados Unidos propuso este miércoles a la Casa Blanca que sancione a la consejera presidencial, Kellyanne Conway, por hacer publicidad en televisión de la marca de ropa de Ivanka Trump, la hija del presidente, Donald Trump.

«Hay fuertes razones para creer que Conway violó los estándares éticos y que debería recibir una sanción disciplinaria», apuntó en una carta dirigida a la Casa Blanca el director del organismo, Walter Shaub, informó Efe.

La cadena de tiendas Nordstrom retiró hace dos semanas de sus establecimientos la línea de ropa de la hija de Trump por la caída en las ventas registradas durante los últimos meses, aunque el presidente lo tomó como un ataque personal.

Entrevistada por Fox News, Conway realizó entonces «un comercial gratuito», según reconoció la propia consejera, de la marca de Ivanka Trump.

«Vayan y compren los productos de Ivanka. Es una línea maravillosa, yo tengo algunos de sus productos», dijo.

Los comentarios de Conway desataron una gran polémica en el país y el presidente del Comité de Supervisión del Gobierno de Congreso, el republicano Jason Chaffetz, y el demócrata de más alto rango del organismo, Elijah Cummings, solicitaran a la OGE que revisara el caso.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, informó que Conway recibió «consejo legal» tras sus declaraciones a Fox News, pero no se le ha impuesto ninguna sanción por el momento.

Rusia responde a Trump que nunca devolverá Crimea a Ucrania

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Rusia nunca devolverá Crimea a Ucrania porque es su territorio soberano, afirmó hoy el Ministerio de Exteriores ruso en respuesta a las declaraciones de la Casa Blanca acerca de que el presidente estadounidense, Donald Trump, espera la devolución de esa península a Kiev.

«Nosotros no devolvemos nuestros territorios. Crimea es territorio de la Federación de Rusia», aseguró en rueda de prensa la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova.

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, declaró ayer que Trump mantiene una «dura» posición sobre el conflicto ucraniano y «espera de Rusia su cooperación para rebajar la tensión en Ucrania y la devolución de Crimea».

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que la soberanía de Rusia sobre Crimea ni siquiera se puede discutir, «porque Rusia no discute los asuntos de su territorio con los socios extranjeros».

Recordó, además, que el asunto de Crimea no se trató en la conversación telefónica que mantuvieron hace poco Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Moscú espera que cuando se recupere el buen clima en las relaciones con Washington, Rusia «tendrá la oportunidad de explicar con a los socios estadounidenses, con tranquilidad y de forma constructiva, sus argumentos» sobre la anexión de Crimea.

«El presidente (Putin) explica con paciencia y de forma consecuente el golpe de Estado en Ucrania» que llevó a los ciudadanos de Crimea a solicitar su ingreso en Rusia, apuntó Peskov.

El 16 de marzo de 2014, hace casi tres años, Crimea celebró un referéndum no reconocido por Kiev ni por la comunidad internacional en el que casi un 97 % de los votantes dijo sí a la reunificación con Rusia.

Tras consumar la anexión de territorio ucraniano, el Kremlin respaldó a los separatistas prorrusos del este de Ucrania sublevados contra Kiev, decisión que le costó duras sanciones económicas de Occidente, con el que atraviesa en la actualidad el peor momento en las relaciones desde la Guerra Fría.

Panamá: Piden detención de hijos del ex presidente Martinelli

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Una fiscal panameña pidió una alerta internacional para detener a dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, señalados en el escándalo de sobornos del gigante brasileño de construcción.

La fiscal anticorrupción Tania Sterling pidió la «notificación roja» contra Ricardo Alberto, Luis Enrique Martinelli y una abogada local el 1 de febrero, pero no fue sino hasta el lunes que la noticia se dio a conocer a la prensa. El mismo día, The Associated Press obtuvo una copia de la escueta solicitud de la fiscal.

Los hijos del exgobernante, cuyo paradero preciso se desconoce, son señalados de ser los presuntos destinatarios de depósitos por el orden de 22 millones de dólares ligados a los sobornos entregados por Odebrecht para hacerse de grandes contratos públicos en el país.

Martinelli dijo el domingo desde Miami en su cuenta de Twitter que sus hijos serían blanco de un «show», al parecer anticipándose a la publicación del pedido de captura de la fiscalía, y que todo ello buscaba «desviar la atención» de situaciones que no precisó.

Los abogados defensores habían interpuesto recientemente un recurso de habeas corpus para evitar la detención de los hermanos Martinelli y de otras siete personas más, entre ellos, altos excolaboradores en el gobierno del magnate de los supermercados (2009-2014). El expresidente está fuera del país desde hace dos años, cuando comenzó a investigársele por corrupción.

Los dos hijos de Martinelli y los otros siete forman parte de un grupo de 17 personas que según las investigaciones que adelanta Panamá, en colaboración con Suiza y Brasil, presuntamente participaron de la corrupción de la constructora brasileña.

Sobornos de la constructora brasileña

Panamá figura entre la docena de países latinoamericanos en que Odebrecht aceptó haber pagado sobornos para adjudicarse jugosas licitaciones públicas entre 2010-2014, según informes de las autoridades judiciales estadounidenses. En el caso de este país, los pagos irregulares habrían sido por 59 millones de dólares.

En una investigación aparte, la fiscalía acusa a los socios del bufete jurídico Mossack-Fonseca, epicentro del escándalo de los llamados Papeles de Panamá, de presunto blanqueo de capitales a través de la creación de cuentas financieras en el exterior (offshore) para canalizar dineros de los sobornos pagados en Brasil. Ramón Fonseca y Jürgen Mossack, así como otro abogado, están detenidos desde el jueves.

Antes de enfrentar a los fiscales, Fonseca —exministro asesor de Varela— agitó el ambiente y puso al gobierno de su otrora correligionario en apuros, al afirmar que el presidente le había dicho que recibió donaciones de Odebrecht para su campaña 2014. El gobernante publicó al día siguiente de manera parcial el historial de los aportes de su campaña autenticados por el Tribunal Electoral, en que no aparece el nombre de la empresa brasileña entre los donantes.

Varela prometió publicar el resto en medio de llamados de la sociedad civil y otros sectores para que se llegue a una investigación a fondo sobre el caso Odebrecht, el mayor contratista del gobierno en la última década.

El Brexit será lanzado entre el 11 y el 31 de marzo

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El Reino Unido prevé lanzar entre el 11 y el 31 de marzo el proceso de salida de la Unión europea (UE), indicó este martes en Estocolmo el ministro británico encargado del proceso, David Davis.

Interrogado sobre la posibilidad de que el articulo 50 del tratado de Lisboa (que regula la retirada de un miembro de la UE) sea invocado en la cumbre europea del 9 y 10 de marzo en Bruselas, Davis afirmó que sería demasiado pronto.

«El 9 o 10 no es una fecha que reservamos en nuestro calendario. Hemos dicho que era a fines de marzo, antes de fines de marzo», dijo.

El gobierno aún espera que la cámara alta del Parlamento, la de los Lores, adopte el proyecto de ley que otorga a la primera ministra Theresa May el poder de invocar este articulo 50. La cámara baja, de los Comunes, lo hizo el 9 de febrero.

«Preveo que esto quedará resuelto en el tiempo previsto, antes de fin de marzo», subrayó Davis.

El ministro del Brexit se mostró confiado en que se respete el plazo de dos años que se abre luego para terminar las negociaciones.

«Queremos que en dos años se cierre este tema (…)» aseguró.

En un referéndum el pasado 23 de junio, el 52% de los votantes británicos optó por abandonar la UE.