Donald Trump prepara su nuevo asalto contra la inmigración. Tras su batacazo judicial con el veto a siete países musulmanes, el presidente de Estados Unidos ha ordenado elaborar un vasto plan de acción contra los sin papeles. Acelerar y ampliar las expulsiones inmediatas, devolver automáticamente a los mexicanos sorprendidos en la frontera, reclutar miles de nuevos agentes y hasta perseguir penalmente a los padres que traigan a sus hijos forman parte, según los borradores conocidos, de este agresivo proyecto. Un paso con el que Trump echa otra palada al legado de Obama y con el que podrá cumplir una de sus más deseadas y oscuras promesas: la expulsión masiva de inmigrantes.
La magnitud del golpe se conocerá en pocos días. El presidente ha anunciado que esta semana hará publica su nueva orden. Entretanto, Washington es un hervidero. Los borradores circulan por doquier. Algunos han sido desmentidos con rotundidad, pero otros, como los publicados por McClatchy y The Washington Post, han sido reconocidos como documentos de trabajo. En estos últimos, aunque susceptibles de cambios, asoma el verdadero rostro de la Administración Trump.
Los borradores apuntan a que la ofensiva será masiva. Para reforzar las agencias dedicadas al control de la inmigración, se establece la contratación de 15.000 nuevos agentes, se aumentan las competencias policiales y se preconiza una mayor colaboración con las fuerzas locales.
Para la operatividad de este ejército, el departamento de Seguridad Interior, en manos del antiguo general de marines, John F. Kelly, pretende aligerar las barreras legales, en especial en el capítulo más ejecutivo: las deportaciones inmediatas. Hasta ahora esta modalidad de expulsión se aplicaba a aquellos inmigrantes que hubiesen pasado menos de dos semanas en el país y estuviesen a no más de 160 kilómetros de la divisoria. Pero los borradores indican que se pretende anular los límites geográficos y extender su aplicación a todos aquellos que lleven hasta dos años en territorio estadounidense. A este enorme salto se añade la devolución automática de los inmigrantes mexicanos sorprendidos en la frontera y la persecución penal de aquellos padres que hayan pagado a redes de traficantes para traer a sus hijos.
Fuera de estos planes queda, según los borradores, el programa de Obama destinado a proteger a los dreamers, los menores escolarizados que llegaron sin papeles a Estados Unidos. Un sistema que ha permitido otorgar permiso de trabajo a 750.000 inmigrantes y que el propio Trump ha reconocido, en tono de culebrón, que le será complicado liquidar. “La situación de estos menores es muy difícil para mí, mucho… porque yo amo a esos niños; yo mismo tengo niños y nietos, y encuentro muy, muy difícil hacer lo que las leyes ordenan. Y todos saben que la ley es dura”, dijo el sábado en su mitin de Florida.
Pero más allá de los dreamers, el horizonte se oscurece para el resto de los inmigrantes. Trump sabe que su base electoral, de mayoría blanca y obrera, los contempla como un competidor. En las antaño poderosas zonas industriales, ahora azotadas por el desempleo y los salarios bajos, el discurso del enemigo mexicano ha calado hondo. Y el presidente, consciente de su mal momento en las encuestas, busca un golpe de efecto contra los migrantes para mantener su activo entre sus fieles.
“Tendremos fronteras fuertes otra vez. Los criminales, la gente mala-mala, entrará en prisión. Pero en su mayoría, se irán fuera de aquí. ¡Los llevaremos al lugar de donde vinieron!”, prometió Trump a sus bases. La norma para llevar adelante este plan está muy cerca de ver la luz. Esta semana se conocerá. De momento, ya se escuchan las campanas del odio.
