La organización Amnistía Internacional publicó su informe 2016-2017, en el que analiza el concepto de «política de demonización» y explica cómo afecta a los ciudadanos.
A continuación, el texto íntegro:
Riesgo de efecto dominó a medida que Estados poderosos dan marcha atrás en sus compromisos con los derechos humanos. Salil Shetty, que dirige el movimiento global de Amnistía Internacional, advierte de que el concepto de “nunca más” está perdiendo todo su sentido a medida que los Estados dejan de reaccionar ante las atrocidades masivas.
Los políticos que se valen de la retórica tóxica y deshumanizadora del “nosotros contra ellos” están creando un mundo más dividido y peligroso, ha advertido Amnistía Internacional hoy, al presentar su evaluación anual de la situación de los derechos humanos en el mundo.
En su informe, La situación de los derechos humanos en el mundo, la organización presenta un análisis especialmente exhaustivo que abarca 159 países. Advierte en él de que las consecuencias de la retórica del “nosotros contra ellos” con que se elabora la agenda en Europa, Estados Unidos y otras partes están fomentando un retroceso mundial en materia de derechos humanos y debilitando peligrosamente la respuesta global a las atrocidades masivas.
“2016 fue un año en el que el uso cínico de una retórica del “nosotros contra ellos” en discursos de culpa, odio y miedo adquirió prominencia global a una escala nunca vista desde la década de 1930. Son demasiados los políticos que responden a los temores legítimos de índole económica y de seguridad haciendo una manipulación venenosa y divisiva de la política de la identidad con el fin de ganar votos”, ha señalado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“El alarmismo divisivo se ha convertido en una peligrosa fuerza en los asuntos del mundo. Se trate de Trump, Orban, Erdoğan o Duterte, cada vez son más los políticos que dicen ser antisistema y tienen una agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas.
“La política de demonización que se hace en la actualidad difunde la peligrosa idea de que algunas personas son menos humanas que otras, despojando de su humanidad a grupos enteros de personas. Amenaza con desatar los aspectos más negativos de la naturaleza humana».
La política de demonización impulsa un retroceso global en materia de derechos humanos
Los radicales cambios políticos de 2016 pusieron de manifiesto el potencial de la retórica de odio para desatar el lado más oscuro de la naturaleza humana. Claro ejemplo de la tendencia global a hacer política de manera más airada y divisiva fue la venenosa retórica de campaña de Donald Trump, pero los líderes políticos de otras partes del mundo también apostaron su poder futuro a discursos de miedo, culpa y división.
Está retórica tiene un impacto cada vez mayor en las políticas y medidas que se adoptan. En 2016, los gobiernos hicieron la vista gorda ante crímenes de guerra, impulsaron acuerdos que menoscababan el derecho a solicitar asilo, aprobaron leyes que violaban la libertad de expresión, incitaron a asesinar a personas simplemente por estar acusadas de consumir drogas, justificaron la tortura y la vigilancia masiva y ampliaron poderes policiales draconianos.
También dieron la espalda a las personas refugiadas y migrantes, a las que a menudo resultaba fácil convertir en chivos expiatorios. El Informe Anual de Amnistía Internacional documenta cómo 36 países violaron el derecho internacional devolviendo ilícitamente a personas refugiadas a países donde sus derechos humanos corrían peligro.
En el caso más reciente, el presidente Donald Trump ha puesto en práctica la retórica xenófoba y de odio que utilizó en su campaña electoral firmando una orden ejecutiva con la que se intenta impedir que las personas refugiadas soliciten su reasentamiento en Estados Unidos, dificultando así que quienes huyen de la guerra y la persecución en Estados asolados por los conflictos, como Siria, busquen refugio seguro en el país.
Mientras tanto, Australia causa deliberadamente un terrible sufrimiento dejando a las personas refugiadas atrapadas en Nauru y la isla de Manus, la UE ha llegado a un temerario acuerdo ilegal con Turquía para enviar a las personas refugiadas de regreso allí aunque no sea un país seguro para ellas y México y Estados Unidos continúan expulsando a personas que huyen de la violencia incontrolada de Centroamérica.
En otras partes, China, Egipto, Etiopía, India, Irán, Tailandia y Turquía han llevado a cabo campañas masivas de represión. Al mismo tiempo, otros países han adoptado intrusivas medidas de seguridad, como el prolongado estado de excepción de Francia y la inaudita y catastrófica legislación sobre vigilancia de Reino Unido. Otro rasgo de la política del “fortachón” ha sido el aumento de la retórica antifeminista y anti LGBTI, manifiesto por ejemplo en el intento de reducir los derechos de las mujeres en Polonia, al que se respondió con protestas multitudinarias.
“Son demasiados los líderes que, en vez de luchar por los derechos de la gente, han adoptado por conveniencia política una agenda deshumanizadora. Muchos violan los derechos de grupos utilizados como chivos expiatorios para marcarse tantos políticos o desviar la atención de su propio fracaso a la hora de garantizar derechos económicos y sociales”, ha afirmado Salil Shetty.
“En 2016, estas formas especialmente tóxicas de deshumanización se convirtieron en fuerza dominante en la política convencional global. Los límites de lo que se considera aceptable han cambiado. Los políticos legitiman desvergonzada y activamente todo tipo de retóricas y políticas de odio basadas en la identidad de las personas, como la misoginia, el racismo y la homofobia.
“El primer blanco han sido las personas refugiadas, y si esta situación persiste en 2017, aparecerán también otros en el punto de mira. Las reverberaciones darán lugar a más ataques, perpetrados por motivos de raza, género, nacionalidad y religión. Cuando las personas dejemos de vernos unas a otras como seres humanos con los mismos derechos, empezaremos a precipitarnos en el abismo.”
El mundo vuelve la espalda a atrocidades masivas
Amnistía Internacional advierte de que en 2017 veremos agravarse las crisis en curso debido a la debilitadora ausencia de liderazgo en materia de derechos humanos en un escenario mundial caótico. El modo de hacer política basado en el “nosotros contra ellos” se está poniendo también de manifiesto en el plano internacional, donde el multilateralismo está siendo sustituido por un orden mundial más agresivo y belicoso.
“Sin voluntad política de los líderes mundiales para ejercer presión sobre los Estados que violan los derechos humanos, están en juego principios básicos que abarcan desde la rendición de cuentas por atrocidades masivas hasta el derecho de asilo”, ha señalado Salil Shetty.
“Incluso los Estados que afirmaban defender derechos en otros países están ahora demasiado ocupados restringiendo los derechos humanos internamente como para pedir cuentas a los demás. Cuantos más países den marcha atrás en sus compromisos fundamentales con los derechos humanos mayor será el riesgo de que se produzca un efecto dominó y un líder tras otro se anime a retirar garantías de protección de los derechos humanos ya establecidas.”
El mundo se enfrenta a una larga lista de crisis con poca voluntad política para abordarlas, entre ellas las de Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Centroamérica, la República Centroafricana, Burundi, Irak, Sudán del Sur y Sudán. En el Informe Anual de Amnistía Internacional se documentan crímenes de guerra cometidos en al menos 23 países en 2016.
A pesar del desafío que plantean datos así, la indiferencia internacional ante los crímenes de guerra se ha convertido en algo totalmente normal, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU permanece paralizado por las rivalidades entre sus Estados miembros permanentes.
“2017 da comienzo con muchos de los Estados más poderosos del mundo afanados en estrechos intereses nacionales a costa de la cooperación internacional. Esta situación amenaza con llevarnos hacia un mundo más caótico y peligroso”, ha afirmado Salil Shetty.
“Un nuevo orden mundial en el que los derechos humanos aparecen representados como un obstáculo para los intereses nacionales reduce peligrosamente la capacidad de abordar las atrocidades masivas y abre la puerta a abusos que recuerdan las épocas más funestas de la historia humana.
“La comunidad internacional ha respondido ya con un ensordecedor silencio a las incontables atrocidades de 2016, como la transferencia en directo del horror de Alepo, los miles de personas muertas a manos de la policía en la “guerra contra las drogas” de Filipinas y el uso de armas químicas y los centenares de pueblos quemados en Darfur. La cuestión fundamental que se plantea en 2017 es a qué extremos va a dejar el mundo que lleguen las atrocidades antes tomar medidas contra ellas”.
¿Quién va a defender los derechos humanos?
Amnistía Internacional pide a la gente que oponga resistencia en todo el mundo a los cínicos intentos de retirar consolidados derechos humanos con la lejana promesa de prosperidad y seguridad.
En su Informe Anual, la organización advierte de que la solidaridad global y la movilización popular serán de especial importancia para proteger a las personas que se oponen a quienes están en el poder y defienden los derechos humanos, que suelen ser tachadas por los gobiernos de amenaza para el desarrollo económico, la seguridad y otras prioridades.
Amnistía Internacional documenta en su Informe Anual que en 2016 se dieron casos de personas a quienes mataron por defender los derechos humanos en 22 países. Las mataron por actividades como cuestionar arraigados intereses económicos, defender a minorías y a comunidades pequeñas u oponerse a los obstáculos tradicionales para los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. El homicidio de la notable dirigente indígena y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres en Honduras el 3 de marzo de 2016 fue una pavorosa advertencia a quienes hacen activismo, pero no se llevó a nadie ante la justicia.
“No podemos depender pasivamente de los gobiernos para defender los derechos humanos; somos las personas quienes que tenemos que hacer algo. Con los políticos cada vez más dispuestos a demonizar a grupos enteros de personas, raras veces ha sido tan evidente cuán necesario es que todas las personas luchemos por los valores básicos de la dignidad humana y la igualdad en todas partes”, ha manifestado Salil Shetty.
“Cada persona debe pedir a su gobierno que utilice todo el poder e influencia que tenga para poner en evidencia a quienes cometen abusos contra los derechos humanos. En los malos tiempos, la gente ha logrado cambiar las cosas cuando ha tomado postura, fuera como activistas de los derechos civiles en Estados Unidos, activistas contra el apartheid en Sudáfrica o movimientos por los derechos de las mujeres y de las personas en todo el mundo. Todas las personas tenemos que aceptar ahora este reto”.
Información complementaria
Amnistía Internacional documentó graves violaciones de derechos humanos en 159 países en 2016. Entre los ejemplos del aumento y del impacto de la retórica venenosa y las campañas nacionales de represión del activismo y la libertad de expresión destacados por Amnistía Internacional en su Informe Anual figuran:
Arabia Saudí: Se detuvo y encarceló por imprecisos cargos, como “insultar al Estado”, a personas que se mostraban críticas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de los derechos de las minorías. Las fuerzas de la coalición dirigida por Arabia Saudí cometieron graves violaciones del derecho internacional, incluidos presuntos crímenes de guerra, en Yemen. Las fuerzas de la coalición bombardearon escuelas, hospitales, mercados y mezquitas, matando e hiriendo a miles de civiles con armas suministradas por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, entre ellas bombas de racimo, que están prohibidas internacionalmente.
Bangladesh: En vez de investigar los homicidios de activistas, periodistas y titulares de blogs o brindar protección contra ellos, las autoridades llevaron a juicio a medios de comunicación y a la oposición por, entre otras cosas, publicaciones en Facebook.
China: Persistieron las medias enérgicas contra profesionales del derecho y activistas, entre ellas la detención en régimen de incomunicación, la emisión de confesiones por televisión y el hostigamiento a sus familiares.
Egipto: Las autoridades impusieron prohibiciones de viaje, restricciones económicas y congelaciones de activos para menoscabar, difamar y silenciar a grupos de la sociedad civil.
Estados Unidos: Una campaña electoral caracterizada por la retórica discriminatoria, misógina y xenófoba suscitó gran preocupación en relación con la solidez de los futuros compromisos de Estados Unidos con los derechos humanos dentro del país y en el plano internacional.
Etiopía: Un gobierno cada vez más intolerante con las voces disidentes se valió de la legislación antiterrorista y del estado de excepción para reprimir a periodistas, a defensores y defensoras de los derechos humanos, a la oposición política y, en particular, a manifestantes, contra quienes se hizo uso de fuerza excesiva y letal.
Filipinas: Tras prometer el presidente Duarte matar a decenas de miles de personas sospechosas de estar implicadas en el comercio de drogas se produjo una oleada de ejecuciones extrajudiciales.
Francia: Entre las estrictas medidas de seguridad aplicadas en virtud del prolongado estado de excepción hubo millares de registros domiciliarios, así como prohibiciones de viaje y detenciones.
Honduras: Berta Cáceres y siete activistas más de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio.
Hungría: La retórica del gobierno propugnó una divisiva modalidad de política de la identidad y una sombría visión de la “Fortaleza Europa” que se tradujeron en una política de represión sistemática de los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
India: Las autoridades aplicaron represivas leyes para restringir la libertad de expresión y silenciar las voces críticas. Las organizaciones y las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos continuaron sufriendo hostigamiento e intimidación. Se utilizaron leyes opresivas para intentar silenciar a activistas estudiantiles, figuras del mundo académico, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.
Irán: Se ejerció una fuerte represión de la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y de religión. Se encarceló a personas que expresaban pacíficamente críticas tras juicios manifiestamente injustos ante tribunales revolucionarios, entre ellas periodistas, profesionales del derecho, titulares de blogs, estudiantes, activistas de los derechos de las mujeres, cineastas, e incluso artistas musicales.
Myanmar: Decenas de miles de rohingyas –a quienes se sigue privando de nacionalidad– fueron víctimas de desplazamiento como consecuencia de “operaciones de limpieza”, en las que se denunciaron homicidios ilegítimos, disparos indiscriminados contra civiles, violaciones, y detenciones arbitrarias. Mientras tanto, los medios de comunicación oficiales publicaron artículos de opinión donde se empleaba un lenguaje alarmantemente deshumanizador.
Reino Unido: Tras el referéndum sobre la pertenencia a la Unión Europea aumentaron los delitos de odio. Una nueva ley de vigilancia amplió considerablemente los poderes de las agencias de inteligencia y otros organismos para invadir la privacidad de las personas a escala masiva.
República Democrática del Congo: Se sometió a detención arbitraria y, en algunos casos, a reclusión prolongada en régimen de incomunicación a activistas en favor de la democracia.
Rusia: A nivel interno, el gobierno continuó asfixiando a las ONG nacionales con creciente propaganda en la que tachaba a las que se mostraban críticas de “indeseables” o de “agentes extranjeros” y con el primer procesamiento de una ONG en aplicación de la ley de “agentes extranjeros”. Mientras tanto se añadió a la lista de “agentes extranjeros” a decenas de ONG independientes que recibían fondos del extranjero. En el exterior, mostró una absoluta falta de respeto por el derecho internacional humanitario en Siria.
Siria: Continuó la impunidad de los crímenes de guerra y los abusos graves contra los derechos humanos, incluidos ataques indiscriminados y ataques directos contra civiles, así como prolongados asedios en los que quedó atrapada la población civil. Con el encarcelamiento, tortura, desaparición o huida del país de gran número de activistas, la comunidad de derechos humanos quedó suprimida casi por completo.
Sudán: Hubo convincentes indicios de uso de armas químicas por parte del gobierno en Darfur. En otras partes se sometió a detención arbitraria a personas sospechosas de criticar u oponerse al gobierno. El uso excesivo de la fuerza por las autoridades al dispersar concentraciones se cobró numerosas víctimas.
Sudán del Sur: Los persistentes combates, en los que se cometen abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario, continuaron teniendo consecuencias devastadoras para la población civil desde el punto de vista humanitario.
Tailandia: Se utilizaron poderes de excepción y leyes sobre la difamación y la sedición para restringir la libertad de expresión.
Turquía: Decenas de miles de personas fueron encarceladas tras el golpe de Estado fallido, cuando se suspendieron centenares de ONG, se emprendió una represión masiva de los medios de comunicación y se prosiguió con la ofensiva en la zonas kurdas.
Venezuela: Una ofensiva contra defensoras y defensores de los derechos humanos que realizaban abiertamente su trabajo hizo sonar la alarma con respecto a la crisis humanitaria causada por el fracaso del gobierno a la hora de hacer valer los derechos económicos y sociales de la población.
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