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Venezuela rechaza informe de EEUU sobre narcotráfico

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Venezuela rechazó el sábado el informe anual sobre el tráfico internacional de narcóticos que emitió Estados Unidos, e indicó que el estudio violenta el derecho internacional.

La Cancillería criticó con dureza el informe sobre tráfico de drogas del Departamento de Estado norteamericano que objetó la actuación de las autoridades venezolanas en esa materia. Los cuestionamientos se dan en medio de un contexto en que el presidente Nicolás Maduro ha mantenido en las últimas semanas un discurso cauto hacia su par estadounidense, Donald Trump.

«Es grave, cuestionable y absolutamente antidemocrático que los Estados Unidos de Norteamérica, en su pretendido rol de policía supranacional, desconozca y menoscabe los sistemas de prevención y control delictivo de los Estados», dijo la Cancillería en un comunicado en el que afirmó que las autoridades estadounidenses pretenden imponer al mundo su política de «doble rasero».

Al cuestionar las políticas antinarcóticos y de control del lavado de activos de Estados Unidos, el gobierno venezolano dijo que las acciones de Washington solo han servido para «expandir» una política «belicista e intervencionista» e incrementar la producción y tráfico de drogas.

Estados Unidos ha cuestionado por años las políticas que mantienen las autoridades venezolanas en el combate al narcotráfico.

En febrero el Departamento del Tesoro sancionó como narcotraficante al vicepresidente venezolano Tareck El Aissami, decisión que generó tensiones entre Washington y Caracas, que están sin embajador desde el 2010.

Al respecto el subsecretario de Estado para el narcotráfico internacional, William Brownfield, afirmó que esa decisión no fue una señal diplomática ni política, sino «un mensaje de que usaremos todas las herramientas disponibles para enfrentar a individuos involucrados con el narcotráfico».

Odebrecht pagó a vacunas a las FARC durante 20 años

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El gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que se halla en el centro del megaescándalo de corrupción en Petrobras, entregó dinero a las FARC durante 20 años para garantizar la seguridad de sus obras en Colombia, reveló el sábado el semanario Veja.

Según la publicación brasileña, dos ejecutivos de la empresa reconocieron al fiscal general de la República que esos pagos, de entre 50.000 y 100.000 dólares por mes, se realizaban a cambio de «permisos» para la realización de obras en las zonas controladas por la guerrilla.

La medida fue tomada en los años 90, después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) secuestraran a dos ejecutivos de Odebrecht. La empresa apeló a un grupo estadounidense especializado en zonas de conflicto, que negoció la liberación de los rehenes y sugirió luego una solución definitiva para evitar nuevos problemas de ese tipo, explica Veja.

Denominado «impuesto guerrillero» por las FARC, esos pagos eran calificados de «costo operativo» o «tributo territorial» en los balances de la empresa. Ese acuerdo permitió a Odebrecht realizar entre otros trabajos la Ruta del Sol, una autopista de más de 500 km, que une el centro de Colombia con la costa del Caribe.

Odebrecht es una de las principales empresas objeto de las investigaciones de la operación «Lava Jato», que ha revelado un sistema de corrupción montado por los grupos brasileños de ingeniería civil para obtener, a cambio de sobornos, contratos de la compañía petrolera estatal Petrobras.

Informe en Foro de Davos: gobierno de Maduro propicia estampida del talento

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El talento personal y colaborativo, su medición y el impacto que tiene en sociedades y economías, es ingrediente que ya se considera básico para la proyección del bienestar y la prosperidad. El sistema económico y de gobierno que lo atrae, lo desarrolla y lo retiene, en el mediano plazo presentará cuentas desde todo punto de vista favorables para sus administrados. Los que repelen el talento, lo condiciona, lo atosiga y le resta oportunidades, lo que cosechan, mucho más en el corto plazo, es pobreza y desafección social, lo que a la vez dispara una diáspora que busca mejores ambientes y contexto social donde quiera que vaya. El recurso humano que se marcha, difícilmente vuelve a su país de origen, advierten los especialistas.

Víctor Suárez

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Desde 2013 tres instituciones de calibre mundial (Insead, Adecco Group y el Human Capital Leadership Institute), publican un Índice Global de la Competitividad del Talento, el cual es presentado en el Foro Económico Mundial que se celebra cada enero en Davos, Suiza.

Bruno Lanvin, director ejecutivo de Los Índices, señala en el informe de 2017: “A nivel internacional, los gobiernos tienen la difícil tarea de anticipar dónde residirán las fuentes de la competitividad de sus países y cómo esto afectará a su definición de “habilidades empleables””.

TERRIBLE BRECHA

En los cuatro informes realizados hasta la fecha, Suiza y Singapur han encabezado el cuadro de los primeros diez países que más valoran el talento. La características principal de este grupo es su alto nivel de ingreso per cápita y de desarrollo económico.

En esos mismos recuentos, Venezuela ha estado siempre en la cola, a pesar de formar parte del club de países de ingreso per cápita medio alto (no ha bajado de 18,300 dólares/año, según el Banco Mundial). En 2013 ocupó la posición 92 entre 103 países escrutados; en 2014 estaba en el puesto 84 entre 93; en el correspondiente a 2015-2016 se situaba en el 95 entre 109 países. Y en el más reciente, se ubicó en el puesto 105 entre 118 países.

Los países que han sido añadidos al Índice son lo más pobres del planeta. Y cada vez que se añade un grupo nuevo, Venezuela supera en peor desempeño a alguno de sus componentes.

Sin embargo, no es la solidez económica de un país la variable más determinante. Las políticas públicas, entorno empresarial, inversiones, competencia, regulaciones, infraestructura disponible, calidad de la enseñanza, adopción de tecnologías de la información y comunicaciones, etc., son otros de los ingredientes que tienen peso específico en la valoración sociedad-talento.

Los pilares en los que hurga el Índice son seis: capacidad para habilitar el talento, atraerlo, hacerlo crecer y retenerlo, además de la evaluación de las destrezas vocacionales y técnicas demostrables y las habilidades en conocimiento general presentes en un país dado. Es decir, las cuatro primeras dependen del tipo de gobierno y del entorno empresarial, y las otras dos dependen de las personas.

BAILANDO EN EL FOSO

Las recientes órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump sobre políticas migratorias en Estados Unidos, han causado rechazo generalizado en la comunidad científica y empresarial. Se habla allí del fin de una era (la de polo de atracción del talento migrante). El venezolano Rafael Reif, presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo advirtió con sumo vigor. Es un escándalo, dicen.

Pero el caso venezolano es sumamente patético. Pareciera casualidad que la publicación de estos Índices coincidiera con la espeluznante caída del país desde 2013 a esta parte. No se trata de que en los 15 años anteriores la situación fuera distinta, a pesar de los inmensos recursos que le ingresaron a causa del aumento sostenido de los precios petroleros, sino que ahora se analiza y se cuantifica con mayor precisión, también en este aspecto, el terrible daño que los ángeles exterminadores han infligido a la sociedad entera.

Según el Índice de 2017, Venezuela ocupó el último lugar en capacidad para habilitar el talento nacional (#118 de #118); el 115 en formulación y aplicación de políticas de atracción; el 117 en retención de “cerebros”. En eficiencia gubernamental compite con Madagascar. En facilidades para hacer negocios apenas sobrepasa a Bangladesh, que se encuentra en el último escalón. En construcción de polos de desarrollo le gana a Moldavia (#118). Último en la relación salario-productividad. En calidad regulatoria de ha dejado quitar el último lugar por Zimbabue. En transferencia tecnológica e inversión extranjera directa (IED) se ganado en buena lid el último puesto. En corrupción, la bandera más preciada por el gobierno venezolano, en todo el mundo no hay quien le supere. En Venezuela no existe mercado en competencia: último lugar. No existe redundancia en equipos, sistemas, infraestructura. Últimos en movilidad social. Últimos en seguridad personal. Finalmente, últimos en ganancia de talentos y penúltimos en capacidad para retenerlos, en un renglón en el que Serbia es el campeón.

En total son 18 las variables en las que Venezuela ha sido lanzada al foso más profundo imaginable (Ver galería de sliders).

GENERACIONES MUERTAS

Al sociólogo Tomás Páez, coordinador del estudio La Voz de la diáspora venezolana, le preguntaron en una oportunidad “¿Cuáles profesionales son los que más han salido (de Venezuela)?”

-En general, 90% tienen grado universitario, 40% maestría y 12% poseen doctorado y posdoctorado. Pero más que el tema de la formación académica lo importante es que poseen experiencia, han trabajado en petróleo, empresas de telecomunicaciones, ingeniería, docencia, psicología, sociología, comunicación (radio prensa y televisión, etc.).

Otro estudio, liderado por Oswaldo López y Paola Romero, describe el perfil del emigrante promedio como profesionales con estudios de postgrado con edades entre 29 y 36 años.

Esta semana ha sido muy discutido un ensayo publicado en el portal de ideas Prodavinci.com por los economistas venezolanos, docentes en Harvard, Miguel Ángel Santos y Douglas Barrios, en el que plantean plazos y escenarios de crecimiento para la recuperación del país. Petróleo y No Petróleo se encuentran en el sustrato de sus proyecciones.

Iván de la Vega, director del Laboratorio Internacional de las Migraciones (USB), advierte en el portal Elestímulo.com que Venezuela se está descapitalizando de forma acelerada en materia de conocimiento y que tardará generaciones para volver a la excelencia académica que comenzó a perder desde los años 80. “El mayor daño causado por Chávez no fue a la economía, fue generar exprofeso pobreza intelectual… ´Mató´ a tres generaciones de venezolanos”.

Durante 100 años en Venezuela no ha habido guerras declaradas, no se ha desmembrado, no ha padecido pestes ni hambrunas (parecidas a las de hoy). Para proyectar la recuperación de un país, habría que tomar en cuenta una constatación que hace el Índice 2017 de la competitividad del talento. La Guerra de los Balcanes duró una década, Yugoslavia se tasajeó en seis países, 300 mil muertos, millones de familias fueron obligadas a abandonar hogares y bienes, todos los responsables de crímenes de guerra fueron enjuiciados…

Veinte años después, los países de la exYugoslavia socialista acompañan a Venezuela en el fondo del abismo.

EEUU alerta persecución política y restricciones a la prensa en Venezuela

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EE.UU. advirtió hoy del «autoritarismo» que ejercen los Gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, y denunció las deficiencias del sistema judicial colombiano y los abusos y la corrupción que cometen las fuerzas de seguridad en México.

En su informe anual en materia de derechos humanos relativo a 2016, el Departamento de Estado destacó la limitación de elecciones libres, las amenazas gubernamentales y la intimidación a los disidentes por parte del régimen cubano, que comete la mayoría de los abusos en esta materia en el país.

«Las autoridades interfirieron con la privacidad mediante la participación en el monitoreo y la censura de las comunicaciones privadas. El gobierno no respetó las libertades de expresión y prensa, restringió el acceso a internet, mantuvo el monopolio de los medios de comunicación, limitó la libertad académica y mantuvo algunas restricciones sobre la capacidad de los grupos religiosos no registrados de reunirse», agrega el documento respecto a Cuba.

En cuanto a Nicaragua, las observaciones del gobierno estadounidense son similares en cuanto al control que ejerce el partido del gobierno, pese a ser una república multipartidista. «Nicaragua es una república constitucional multipartidista, pero las acciones del partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) resultaron en la concentración de poder de facto en un solo partido, con un poder ejecutivo autoritario ejerciendo un control significativo sobre las funciones legislativas, judiciales y electorales», subraya el informe.

Respecto a la situación en Venezuela, el gobierno estadounidense alerta de la persecución a los disidentes políticos, las detenciones arbitrarias y por ideología, además de las duras restricciones a la libertad de prensa. Advirtió que los principales abusos fueron “el uso sistemático y politizado del poder judicial”, así como la persecución “selectiva a los críticos” del Gobierno y la restricción a la libertad de expresión y de prensa.

Según el informe, Venezuela sufre especialmente de “acción policial indiscriminada contra civiles” y “detenciones arbitrarias generalizadas”, además de episodios de “privación ilícita de la vida y tortura”.

“El Gobierno arrestó y encarceló a figuras de la oposición y mostró poco respeto por la independencia judicial o generalmente no permitió que los jueces actuaran de acuerdo con la ley sin temor de represalias”, apunta el documento.

“A veces el Gobierno bloqueó medios de comunicación y hostigó e intimidaba a cadenas de televisión de propiedad privada, otros medios de comunicación y periodistas a lo largo del año usando amenazas, multas, confiscaciones de bienes, arrestos, investigaciones criminales y procesamientos”, agrega.

Asimismo, el informe se hace eco de las denuncias de organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios de comunicación “de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y las fuerzas de seguridad, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Cuba y Venezuela solían formar parte de una corta lista de países destacados por parte del Departamento de Estado como aquellos que más sufrían en materia de derechos humanos, pero el documento de este año, con datos de 2016 pero el primero presentado por el gobierno de Donald Trump, ha eludido hacer dicho listado.

El informe, que en el pasado era presentado por el secretario de Estado en una rueda de prensa, algo que no ocurrió en esta ocasión, expone las conclusiones sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo, pero no presenta una lista ya que la situación general es muy diversa, según indicó un funcionario estadounidense en una teleconferencia con periodistas.

Entre las preocupaciones de Estados Unidos sobre Colombia destaca un sistema judicial ineficaz, en el que «muchas personas acusadas de abusos de derechos humanos como agentes estatales de alto nivel y ex miembros de grupos paramilitares no son procesados adecuadamente por sus delitos».

Asimismo, el documento apunta que los tres problemas en materia de derechos humanos que más amenazan al país andino son «la impunidad, el desplazamiento forzado y la discriminación social».

«La presencia de narcotraficantes, guerrilleros y otros grupos armados ilegales continuó desplazando a las poblaciones predominantemente pobres y rurales» en 2016, agregó el informe.

En lo relativo a México, Estados Unidos alertó de los graves abusos que tienen lugar en ese país por parte de la policía y los militares, así como de «la impunidad y la corrupción en el sistema policial y judicial» que sufre el país norteamericano.

Además, detectaron entre los problemas más importantes de México los homicidios ilegítimos, la tortura y las desapariciones a manos de las fuerzas de seguridad.

«Grupos criminales organizados mataron, secuestraron, extorsionaron e intimidaron a ciudadanos, inmigrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos», detalló el documento.

Sobre Bolivia, el Departamento de Estado alertó de severas restricciones a la libertad de prensa y asociación, además de un uso del poder judicial para limitar a los medios de comunicación independientes y la oposición política.

«La corrupción generalizada y la ineficiencia en el sistema judicial del país condujo a la negación de juicios públicos justos y oportunos, y las duras condiciones carcelarias también fueron crecientes», apuntó el texto.

Similares fueron las consideraciones sobre Ecuador, de quien alertó sobre la falta de independencia en el sector judicial; las restricciones a la libertad de expresión, prensa, reunión y asociación y la corrupción.

«Los cuerpos reguladores gubernamentales establecidos bajo la ley de comunicaciones de 2013 emitieron una serie de sanciones, multas y correcciones y retracciones forzadas, principalmente contra medios de comunicación independientes y periodistas», dijo el informe. «El presidente (Rafael) Correa y su administración siguieron realizando ataques verbales y legales contra los medios de comunicación y la sociedad civil», añadió.

En el cono sur, el caso de Argentina plantea altos niveles de corrupción, casos de tortura y abuso policial, además de violencia de género; mientras que de Chile preocupan las condiciones carcelarias y la discriminación hacia la mujer.

Migración de venezolanos a Argentina se duplicó en 2016

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La inmigración venezolana en Argentina casi se duplicó en 2016, con el ingreso de un promedio de 30 venezolanos por día en busca de un horizonte con mayores posibilidades laborales y de estudio, según estadísticas oficiales publicadas hoy por el diario «La Nación» en Buenos Aires.

Los venezolanos con residencia temporaria en Argentina pasaron de 13.049 en 2015 a 24.347 el año pasado, de acuerdo a los registros de la Dirección Nacional de Migraciones.

Los acuerdos migratorios del Mercado Común del Sur (Mercosur) se mantienen vigentes pese a la suspensión de Venezuela del bloque regional, lo que permite a los ciudadanos venezolanos tramitar en menos de un mes su permiso de residencia por al menos dos años y que le permite trabajar legalmente, reseñó DPA.

«Que puedas comenzar a trabajar legalmente en un país que no es el tuyo al mes de haber llegado, es algo que no sucede en todos lados. Y si tienes trabajo, comenzar desde cero es posible», destacó Alberto Castillo, un joven caraqueño de 23 años que llegó en mayo a Argentina, siguiendo los pasos de dos de sus hermanos para escapar de la crisis ecónomica y social en Venezuela.

Estudios privados citados por el periódico señalan que Estados Unidos, España e Italia son los principales destinos de los venezolanos que deciden dejar su país. También Colombia, México y Panamá.

Inicia en Colombia salida de menores de zonas de concentración de FARC

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Las operaciones para la salida de menores de edad de las zonas de concentración de la guerrilla FARC dieron inicio en Colombia en el marco del acuerdo para superar medio siglo de conflicto armado, informó este viernes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

“Ya está en marcha la primera operación humanitaria del año 2017 en las que los menores de edad saldrán de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización”, donde se agrupan los rebeldes para dejar las armas y reincorporarse a la vida civil, indicó el organismo en un comunicado.

El CICR sostuvo que “se tratará de varias operaciones en distintos puntos del país”, en las que participarán varias organizaciones sociales designadas para “preparar a los menores de edad para su traslado y el proceso de reincorporación posterior”.

La presencia de menores en filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), principal y más antigua guerrilla del país, ha sido uno de los temas más espinosos del proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

A finales de enero, el presidente exigió a los rebeldes que entregaran a los menores de 15 años, tal como lo acordaron las partes en marzo pasado. Además, en mayo de 2016 se pactó su salida “en breve”, pero se demoró por problemas de ejecución de los rebeldes.

A la fecha solo han salido 13 menores de los campamentos, según el gobierno.

Representantes del gobierno y de la guerrilla activaron el 26 de enero los protocolos para la salida de todos los menores de 18 años de las tropas insurgentes.

Las partes acordaron que el proceso iniciaría una vez la guerrilla estuviera concentrada en las 26 zonas del país donde a más tardar a finales de mayo deberán dejar las armas. La fase de reagrupación se completó el 18 de febrero.

El gobierno no ha precisado cuántos menores hay en filas de las FARC, aunque en mayo de 2016 el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, habló de cerca de 170.

Según el comandante guerrillero Pastor Alape, encargado por las FARC para este tema, en las filas rebeldes hay cerca de 23 menores de 15 años.

Lo que se sabe de los nexos del Gobierno de Trump y Rusia

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El Gobierno del presidente Donald Trump se encontraba este jueves nuevamente envuelto en un escándalo político al conocerse que el secretario de Justicia y fiscal general ocultó que había mantenido contactos con un diplomático ruso durante la campaña electoral del año pasado.

Durante una audiencias del Senado para discutir su nominación, Jeff Sessions fue consultado sobre eventuales contactos con funcionarios rusos, que él negó.

Sin embargo, surgieron evidencias de reuniones mantenidas en su despacho de senador el año pasado con el embajador ruso en Washington, en medio de la campaña electoral.

A continuación, un resumen de la interminable controversia que pende como una nube sobre la presidencia de Trump.

¿Cómo comenzó la historia?

En octubre del año pasado, agencias de inteligencia estadounidenses afirmaron que hackers rusos eran responsables del pirateo y divulgación de correos electrónicos de Hillary Clinton y del Comité Nacional Demócrata en plena campaña para las elecciones.

Tres meses más tarde, el 6 de enero, responsables de varios de esos órganos de inteligencia publicaron un informe parcial de lo ocurrido, donde afirmaban su «confianza» en que el presidente Vladímir Putin estaba personalmente involucrado en el pirateo de los correos, para afectar la campaña de Clinton, adversaria de Trump.

Desde entonces, el Departamento de Justicia, el FBI (Buró Federal de Investigación) y las agencias de inteligencia mantienen abiertas investigaciones sobre la interferencia de Rusia en las elecciones.

En el Congreso estadounidense, tres comités del Senado y uno de la Cámara de Representantes también iniciaron investigaciones superpuestas sobre diversos aspectos de la controversia.

¿Cuál en el papel de Trump?

Las investigaciones que se realicen en el Congreso se concentran en los contactos entre el comité electoral de Trump y funcionarios rusos durante la campaña presidencial, para determinar si hubo complicidad con las tentativas rusas de influenciar la votación.

Varios auxiliares próximos de Trump mantienen negocios de larga data con Rusia o con políticos ucranianos respaldados por Moscú, incluyendo su ex jefe de campaña presidencial, Paul Manafort, quien renunció en agosto precisamente a causa de esas relaciones.

El periódico The New York Times reportó que Manafort y otros dos altos empleados del comité de campaña de Trump mantuvieron contactos con oficiales rusos de inteligencia antes de las elecciones, aunque la Casa Blanca niega esa posibilidad con vehemencia.

La primera baja

Fueron precisamente revelaciones sobre contactos entre el grupo de Trump y funcionarios rusos que provocaron la primera baja importante del nuevo gobierno.

El pasado 13 de febrero, el consejero presidencial de Seguridad Nacional, Michael Flynn, fue destituido sumariamente por Trump después de que surgieron evidencias de contactos con el embajador ruso.

De acuerdo a esas informaciones, el mismo día que el entonces presidente Barack Obama expulsó del país a 35 funcionarios rusos -por la convicción de los órganos de inteligencia sobre el pirateo de correos-, Flynn se puso en contacto con el embajador.

Sin embargo, Trump pidió a Flynn la renuncia alegando que su asesor no había transmitido al vicepresidente Mike Pence informaciones completas sobre ese contacto.

Las investigaciones abiertas en el Congreso buscan ahora descubrir si Flynn, en su conversación con el embajador Sergéi Kysliak, discutió aspectos de las sanciones económicas que el gobierno de Obama preparaba contra Moscú por la supuesta injerencia durante las elecciones.

Este jueves, altos líderes del Partido Demócrata pidieron públicamente la renuncia de Sessions por no haber transmitido a los senadores que lo interrogaron informaciones completas sobre sus propios encuentros con Kysliak durante la campaña.

 ¿Investigación independiente?

Como secretario de Justicia, Sessions es responsable del FBI o cualquier otra investigación.

A la luz de las revelaciones sobre los encuentros de Sessions con Kysliak, políticos de los dos partidos estadounidenses ahora piden que como mínimo se aleje por completo de las investigaciones sobre la injerencia rusa en las elecciones.

Sessions respondió que se recusará de esas investigaciones «cuando sea adecuado»

Sin embargo, los legisladores del Partido Demócrata temen que el partido Republicano, que tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso, bloquee las investigaciones para proteger al presidente.

Por ello, piden una investigación conjunta de parte de los dos partidos o una independiente sobre la injerencia rusa en las elecciones.

Entre las opciones sobre la mesa están la elección de un poderoso fiscal especial, un comité especial del Congreso o una comisión formada por los dos partidos y encabezada por expertos sin lazos con el gobierno.

Tal investigación también podría enfocarse en las preguntas aún sin respuestas sobre los lazos empresariales de Trump en Rusia.

Por el momento, los legisladores del Partido Republicano se niegan a apoyar cualquier iniciativa más allá de las investigaciones en el Congreso, que tienen un alcance limitado.

Decenas de venezolanos que viven en Panamá varados en frontera con Costa Rica

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Foto: EFE

Unos 76 migrantes irregulares venezolanos que viven en Panamá y salieron a Costa Rica durante el asueto del Carnaval quedaron varados en la frontera porque las autoridades panameñas les impidieron su reingreso, informaron hoy a Efe fuentes oficiales.

La mayoría de los venezolanos salieron de Panamá para renovar el permiso que les permite estar legalmente como turistas en el país y que expira a 180 días de la fecha de entrada, una práctica común entre los migrantes que no tienen un estatus de residentes.

El movimiento masivo de personas en el marco de los días libres del Carnaval llevó a las autoridades a tomar una actitud más enérgica frente a quienes aplican esta estrategia y, de alguna forma, residen o trabajan ilegalmente en Panamá, según declaró a Efe el comisionado del Servicio Nacional de Migración en la provincia panameña de Chiriquí, Alfredo Córdoba.

«El sistema de informática que estamos utilizando para verificar establece cuándo las personas tienen varias salidas y entradas como para renovar sus seis meses de turistas. Cuando se pasa ese tiempo, los extranjeros deben aplicar otro tipo de alternativa que les permita la ley para permanecer en el territorio nacional», dijo.

El grupo de suramericanos forma parte de un total de 89 personas a las que se les impidió la entrada en Panamá durante el Carnaval y sus días cercanos, por no cumplir con los requisitos migratorios, explicó.

Un venezolano que quedó del lado costarricense contó a Efe que lleva 2 años de estar trabajando de manera ilegal en Panamá y que cada seis meses viaja a Costa Rica, sale durante 72 horas o más, y así cumple con las leyes panameñas para continuar legalmente como turista.

Un compatriota suyo, Osman Vega, relató que tiene cinco meses de estar en Panamá «porque la condición de Venezuela es bastante complicada». Su madre enfermó y los medicamentos que necesita son inaccesibles por la escasez y los altos precios del «mercado negro».

«Tratamos de buscar en otro lugar otras oportunidades. Yo trabajaba en Venezuela y poco a poco se fueron mermando las oportunidades, y los ingresos fueron bajando cuando se intensificó el sistema», explicó a Efe.

Varios de estos migrantes dijeron a medios locales que habían salido a Costa Rica con sus parejas e hijos y que en Panamá han comenzado a formar una vida.

El gobernador de la provincia de Chiriquí, Hugo Méndez, dijo este jueves a periodistas que el viernes sostendrá una reunión con Migración para conocer la situación de estas personas, algunas de las cuales aseguran tener más de tres días intentando entrar a Panamá con sus papeles en regla.

El comisionado Córdoba explicó que algunos de los caribeños no cumplían con los requisitos estipulados para ser aceptados, como contar con un pasaje de regreso a su país de origen o residencia, o superar una entrevista con la autoridad competente al momento de la entrada.

Entre los requerimientos también está mostrar una solvencia económica de 500 dólares.

Es conocido que muchos migrantes consiguen este dinero prestado sólo para mostrarlo al hacer sus entradas y salidas, e incluso existen grupos en los que se rotan los mismos billetes.

Los nacionales de Panamá y Venezuela pueden circular entre los dos países sin necesidad de visa de turista por la reciprocidad que existe entre ambos Estados.

Eso ha permitido que en años recientes, en medio de la crisis política y económica del país petrolero, miles de venezolanos hayan emigrado a Panamá, un país en bonanza y con una mínima tasa de desempleo.