Internacional

Los extranjeros que viven en Panamá en condición de turistas no podrán salir del país para que les sellen el pasaporte y así volver a ingresar a territorio panameño, informó este lunes el Sistema Nacional de Migración (SNM).

«Extranjeros que salgan a Costa Rica a sellar pasaporte para entrar como turistas no entrarán a Panamá», dice el SNM en un breve mensaje en su cuenta de Twitter.

El anuncio fue hecho en momentos donde decenas de venezolanos protestan en la frontera de Costa Rica porque las autoridades panameñas les han impedido el paso.

La ley panameña establece que los extranjeros con visa de turista tienen un límite de seis meses de estadía continua en el país.

El director del SNM, Javier Carrillo, dijo al canal Telemetro que «muchos extranjeros» se mantienen como turistas en el país durante los seis meses que ler permite la ley.

Una vez que ese plazo está a punto de finalizar cruzan a Costa Rica con el objetivo de que en sus pasaportes aparezca el selló de salida de Panamá, pero luego vuelven a ingresar a territorio panameño, donde vuelven a gozar del tiempo máximo de estadía como turistas.

«No pude estar una persona en otro país de forma permanente. O legaliza su situación de residencia en Panamá o tiene que regresar a su país», dijo Carrillo.

Según el funcionario, la medida aplica a todos los extranjeros sin discriminación de nacionalidad.

«Para nosotros todos los extranjeros son iguales», afirmó Carrillo.

Esta medida migratoria se suma a otra tomada a principios de año, cuando Panamá derogó una norma que permitía ingresar al país a extranjeros sin visa de turista por poseer visados de la Unión Europea.

Foto: La Verdad

El Gobierno de Perú rechazó este lunes las «expresiones insolentes» del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, contra el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, y además llamó a consultas al embajador de Perú en Caracas.

El Ejecutivo peruano transmitió su disconformidad al Gobierno venezolano mediante una nota de protesta entregada hoy por Hugo De Zela, director general de América del Ministerio de Relaciones Exteriores, al embajador venezolano en Lima, Diego Molero, anunció la Cancillería peruana en un comunicado.

En la nota, la Cancillería de Perú manifestó «su más enérgico y absoluto rechazo a las expresiones insolentes» formuladas por Maduro y Rodríguez.

Tanto el presidente venezolano como su canciller criticaron unas declaraciones de Kuczynski realizadas el 25 de febrero en la estadounidense Universidad de Princeton, donde afirmó que Estados Unidos no se preocupa de América Latina porque es como un perro dormido que no causa problemas, a excepción de Venezuela.

«Es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombra y no genera ningún problema pero en el caso de Venezuela, ese sí es un gran problema», dijo Kuczynski.

Rodríguez aseguró hoy en un discurso televisado que Kuczynski «es el único perro simpático que le mueve la cola al imperio» y criticó que se atreviera a agredir el gentilicio latinoamericano.

«Son los dos únicos que simpáticamente le mueven la cola a sus amos imperiales», agregó.

La constructora brasileña Odebrecht asumió gastos de las campañas presidenciales de 2014 del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y de su opositor Óscar Iván Zuluaga, según informó hoy el fiscal general Néstor Humberto Martínez, con base en las pruebas recabadas durante la investigación.

Según esas pruebas, Odebrecht asumió un pago a favor del publicista brasileño Duda Mendonça de 1,6 millones de dólares «correspondiente a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña ‘Mano Firme, Corazón Grande'» de Zuluaga, indicó Martínez en una rueda de prensa.

Por otra parte, destacó que han podido verificar que Odebrecht firmó un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por un millón de dólares para llevar a cabo una encuesta de opinión «con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos».

El fiscal aclaró que la constructora también «sirvió de puente» para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña de Zuluaga, del partido uribista Centro Democrático, y Mendonça, que fue celebrada a mediados de febrero de 2014 en Sao Paulo y coordinada por el director de Comunicaciones de Odebrecht para América Latina, Marcio Polidoro.

Sobre el pago a la encuesta para la campaña de Santos, el objetivo era «viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época con ocasión del proyecto Ruta del Sol 2, que ascendían a una cifra cercana a los 100 millones de dólares».

«Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía en estas materias le permiten afirmar razonadamente que esta información coincide con la documentación que reposa en las actuaciones adelantadas por la Procuraduría General de Brasil contra Odebrecht y sus directivos, a nivel mundial, y que serán dadas a conocer al público el próximo 1 de junio», subrayó el fiscal.

Ese caso se suma a una denuncia que hizo el exsenador Otto Bula, detenido por los sobornos de Odebrecht, que afirmó en una declaración jurídica que de 4,6 millones de dólares recibidos como coimas, un millón de dólares tenía como destino a Roberto Prieto, gerente de la campaña para la reelección de Santos en 2014.

«La Fiscal de conocimiento ha decidido que concluidas las actuaciones de entrevistas e interrogatorios en curso, llamará a diligencias a Roberto Prieto», agregó el fiscal.

Martínez agregó hoy que la Fiscalía ha abierto también una indagación preliminar tras la denuncia presentada contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, por su eventual interés en la celebración de un otrosí en la construcción del Tramo II de la Ruta del Sol.

«Las diligencias correspondientes correrán a cargo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, por su fuero constitucional», subrayó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado el nuevo decreto migratorio, en un segundo intento por vetar la entrada en el país de los inmigrantes procedentes de Yemen, Sudán, Libia, Siria, Somalia e Irán, países de mayoría musulmana.

En este segundo decreto, el mandatario excluye a Irak del veto. Su entrada en vigor se producirá a las 00.01 hora local (06.01 hora peninsular española) del 16 de marzo y sustituirá al polémico veto emitido el pasado 27 de enero y bloqueado por una decisión judicial.

Unas horas antes de la firma del documento por parte de Trump, el Ministerio de Exteriores iraquí ya confirmó que Irak no estaría en la lista de los países vetados. El portavoz de Exteriores, Ahmed Yamal, expresó en un comunicado que su departamento«da la bienvenida a la decisión».

Después de que la Justicia estadounidense frenara el controvertido intento de la Administración Trump de prohibir la llegada de inmigrantes al país, la nueva orden tiene como objetivo vetar durante 90 días el viaje a Estados Unidos de los inmigrantes procedentes de estos seis países.

Irak ha sido retirado de la lista debido al papel ejercido por el Ejército iraquí en la lucha contra los milicianos del grupo terrorista Estado Islámico y a la decisión de las autoridades del país de poner en marcha una serie de medidas para frenar el flujo de emigrantes.

Miles de iraquíes que lucharon junto a las tropas estadounidenses tras la invasión de 2003 se han trasladado a Estados Unidos tras recibir amenazas por haber trabajado con las tropas extranjeras desplegadas en el país.

Los residentes permanentes no se verán afectados

La Casa Blanca ha informado de que el nuevo decreto también asegura que miles de residentes permanentes en Estados Unidos no se vean afectados por las restricciones de viaje. Los juzgados del país han registrado más de una veintena de demandas contra el veto, que fue bloqueado por violar la enmienda constitucional sobre la protección de la libertad religiosa.

Trump criticó públicamente a los jueces que emitieron el veredicto y aseguró que presentaría un recurso ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el presidente ha decidido realizar una serie de cambios para facilitar la defensa de la orden en los juzgados.

Las autoridades han señalado que los refugiados que se encuentren «en tránsito» no se verán afectados por la medida y podrán viajar a Estados Unidos. Según fuentes de la Casa Blanca, el nuevo decreto no impone restricciones inmediatas.

La primera orden de Trump prohibía la entrada de personas provenientes de los siete países durante 90 días y vetaba el acceso al país durante 120 días a todos los refugiados, a excepción de los sirios, cuya entrada estaba prohibida de forma indefinida.

La nueva orden retira esta medida y no hace distinción entre países. «Este nuevo decreto suprime la diferencia entre países, así como la restricción indefinida. Los une a todos bajo una misma categoría de 120 días de suspensión», ha informado la Casa Blanca.

Durante la campaña electoral, Trump destacó la importancia de impedir que la población musulmana tuviera acceso a Estados Unidos. Según el presidente, la orden tenía como finalidad impedir que se produjeran ataques por parte de milicianos islamistas.

La Casa Blanca, por su parte, ha señalado que la nueva orden se basa en asuntos de seguridad nacional y no tiene nada que ver con la religión. «Se diferencia sustancialmente del primer decreto y, aún así, tiene la misma finalidad, protegerá el país y nos mantendrá a salvo», ha afirmado un alto cargo del Gobierno.

Las autoridades iraquíes han manifestado sentir un «gran alivio» tras conocer la decisión de Trump. «Se trata de un paso muy importante hacia la buena dirección que consolida la estrategia de alianza entre Bagdad y Washington en numerosos escenarios y especialmente en el frente contra el terrorismo», ha indicado el Ministerio en un comunicado.

Los hijos de la expresidenta argentina Cristina Fernández, Florencia y Máximo Kirchner, acudieron este lunes a declarar ante la justicia, acusados de varios delitos de corrupción cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces.

La primera en llegar a los juzgados federales de Buenos Aires fue Florencia, de 26 años, que estaba citada a las 9:00 am hora local. La joven presentó un escrito ante el juez del caso, Claudio Bonadio, y no respondió a las preguntas del magistrado, tras lo cual abandonó el lugar unos 20 minutos después sin realizar tampoco declaraciones a la prensa.

Máximo, quien actualmente es diputado por el kirchnerista Frente para la Victoria (FpV), llegó más tarde, ya que su comparecencia estaba prevista a las 10:00 am locales.

Numerosos militantes del kirchnerismo, entre ellos la presidenta de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se congregaron en la puerta de la sede judicial para apoyar a los imputados con banderas y consignas.

A principios de febrero, Bonadio citó a declarar, entre otros, a Fernández, a sus hijos y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, que ya comparecieron hace unos días por presunto lavado de dinero y cohecho.

Cristina Fernández (2007-2015), que deberá acudir mañana a declarar, está convencida de que ella y su familia son víctimas de una persecución política, mediática y judicial, por lo que el pasado viernes presentó un escrito con el que pretendía eximir de prisión a su hija, después de que, según dijo en Facebook, le hubieran “informado” de que el juez quería ordenar su detención.

Poco después, el fiscal de la causa, Carlos Rívolo, consideró que no se daban condiciones para la detención de Florencia, al no haber peligro de fuga ni entorpecimiento de la causa y posteriormente se supo que el juez concedió la exención de prisión a la joven.

Tampoco se espera que su hermano quede detenido por el momento, dada su condición de parlamentario.

La causa surgió en abril de 2016, tras la denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos por falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero relacionados con supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.

Stolbizer cree que pudo utilizarse la empresa, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y su primogénito, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de parte de los empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.

Corea del Norte disparó el lunes al mar cuatro misiles balísticos prohibidos que recorrieron aproximadamente 1.000 kilómetros (620 millas) y tres de ellos cayeron en la que Japón reclama como su zona económica exclusiva, informaron funcionarios sudcoreanos y japoneses.

Los lanzamientos de prueba habrían sido una aparente reacción a los enormes ejercicios militares conjuntos de Washington y Seúl que Pyongyang insiste en que son un ensayo de invasión.

Se desconocía por el momento el tipo exacto de misiles que fueron disparados, pero las pruebas seguramente serán vistas como una provocación por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, quien está trabajando en su política hacia Corea del Norte.

El diario The New York Times informó durante el fin de semana que Estados Unidos todavía no puede contrarrestar efectivamente las acciones de Pyongyang a pesar de los esfuerzos para perfeccionar los ataques cibernéticos y electrónicos de los países aliados contra el programa de misiles de Corea del Norte.

Corea del Norte ha realizado una serie de pruebas de lanzamiento de varios rangos en meses recientes, incluida la prueba en febrero de un nuevo misil de alcance intermedio. También realizó dos pruebas nucleares el año pasado.

La intensificación de pruebas ocurre en momentos en que el líder norcoreano Kim Jong Un impulsa un programa nuclear y de misiles capaz de disuadir lo que califica como hostilidad de Estados Unidos y Corea del Sur hacia su nación.

Ha habido preocupaciones generalizadas de que Corea del Norte llevará a cabo una prueba de misiles balísticos intercontinentales que, cuando se perfeccionen, podrían en teoría alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Washington consideraría tal capacidad como una amenaza importante.

La Unión Europea condenó el lunes a Corea del Norte por disparar los misiles balísticos prohibidos y dijo que consultará con Japón y sus socios internacionales sobre cómo reaccionar.

La directora de relaciones exteriores de la UE, Federica Mogherini, dijo que los lanzamientos fueron efectuados «en completo desprecio» de varias resoluciones de la ONU y que aumentan la tensión en la región. Exhortó a Corea del Norte a volver a un diálogo con la comunidad internacional y detener inmediatamente cualquier plan de más lanzamientos de misiles.

El primer ministro japonés Shinzo Abe dijo que los lanzamientos del lunes muestran que Corea del Norte se ha convertido en «un nuevo tipo de amenaza». Funcionarios japoneses afirmaron que tres de los cuatro misiles cayeron dentro del área de las 200 millas náuticas en las que Tokio tiene derechos soberanos para explorar y explotar recursos.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur afirmó en un comunicado que los lanzamientos fueron realizados desde el área de Tongchang-ri en la norteña provincia de Pyongan. Esa zona es sede de la Estación Satélite Seohae, donde Corea del Norte ha realizado en años recientes lanzamientos de cohetes de largo alcance -lo cual tiene prohibido por la comunidad internacional.

Seúl y Washington califican como defensivos y rutinarios sus ejercicios militares conjuntos en la península de Corea, la cual permanece técnicamente en un estado de guerra debido a que la Guerra de Corea de 1950 a 1953 terminó con un armisticio y no con un tratado de paz.

Estados Unidos tiene 28.500 soldados estacionados en Corea del Sur y 50.000 en Japón, como elemento disuasorio contra una posible agresión norcoreana.

Programa atómico de Norcorea es preocupante

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) volvió a manifestar este lunes 6 de marzo su preocupación sobre el programa atómico de Corea del Norte y su incumplimiento de las resoluciones internacionales.

“Sigo gravemente preocupado sobre el programa nuclear de la República Popular Democrática de Corea (RPDC)”, aseguró Yukiya Amano, director del OIEA, durante la sesión de apertura de la Junta de Gobernadores de este organismo de la ONU, que se celebra desde hoy en Viena.

“Es profundamente deplorable que la RPDC no haya mostrado señales de su disposición a cumplir las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en respuesta a sus dos pruebas nucleares del año pasado”, prosiguió Amano.

El responsable del OIEA pidió al Gobierno norcoreano que cumpla plenamente sus obligaciones y que coopere de inmediato con el Organismo para resolver todos los “asuntos pendientes”, incluidos los surgidos durante el tiempo que el OIEA no ha podido ejercer sus tareas de vigilancia en el país asiático.

*Con información de AP y EFE

La Casa Blanca exigió el domingo al Congreso investigar si es que el ex presidente Barack Obama abusó de su poder ejecutivo en conexión con la elección presidencial del año pasado.

El presidente Donald Trump hizo ese alegato el sábado cuando acusó a su predecesor de interferir sus teléfonos en Trump Tower. Pero Trump no dio evidencias, y un portavoz de Obama negó el alegato calificándolo de «simplemente falso». Legisladores de ambos partidos pidieron pruebas.

El secretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer dijo en un comunicado que reportes «sobre investigaciones con motivaciones potencialmente políticas poco antes de las elecciones del 2016 son bastantes preocupantes».

«El presidente Donald J. Trump está pidiendo que como parte de las investigaciones sobre la actividad rusa, los comités de espionaje del Congreso haga uso de su autoridad para determinar si es que los poderes de investigación del poder ejecutivo fueron abusados en el 2016», dijo Spicer.

No estuvo claro a qué reportes se estaba refiriendo Spice, y qué motivo a Trump a hacer los alegatos que hizo.

Nancy Pelosi, la demócrata de mayor rango en la cámara baja, dijo que el alegato de Trump era «simplemente ridículo».

«Nosotros no hacemos eso», dijo Pelosi a CNN, agregando que la acusación es una «calumnia».

Dijo que la práctica de Trump es inventar algo, hacer que los medios lo reporten y luego decir que todos están hablando sobre eso. Esto, añadió, es «la herramienta de una persona autoritaria», tener a la gente siempre «hablando sobre lo que lo que tú quieres que hablen».

Spicer terminó diciendo que ni la Casa Blanca ni Trump harán más comentarios «hasta que se realice tal indagación».

Un senador republicano dijo que las denuncias de Trump serán parte de las investigaciones.

«Vamos a indagar los hechos no importa a dónde nos lleven, y este es un tema que será parte de esa investigación», dijo el senador Tom Cotton, de la Comisión de Inteligencia del Senado.

El sábado por la mañana en una serie de tuits, Trump insinuó que Obama estaba detrás de un complot con motivaciones políticas para trabucar su campaña presidencial. Comparó las presuntas medidas a «Nixon/Watergate» y «¡McCarthyismo!» Y calificó a Obama de «Tipo malo (o enfermo)».

El caso de Watergate durante el gobierno de Richard Nixon terminó con la renuncia de Nixon a la presidencia y varios de sus asistentes fueron hallados culpables. Las acusaciones sin evidencias del senador republicano Joe McCarthy sobre infiltración comunista en el gobierno federal durante la década de 1950 crearon el término «McCarthyismo».

Después del discurso que Trump dio ante el Congreso el martes, los tuits del presidente reflejan su creciente frustración con los alegatos sobre los lazos de sus asesores con Rusia, que están siendo investigados por el FBI, y la falta de habilidad de su equipo para superarlos. Trump arremetió contra su equipo sénior el viernes durante una reunión en la Oficina Oval, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca.