UN GRUPO DE ESCRITORES Y ACADÉMICOS preocupados por la situación en que se encuentran los jóvenes venezolanos, presos por el solo hecho de protestar, entregaron al Ministerio Público un documento exigiendo: la libertad de los detenidos, se ponga fin a la represión y a la criminalización del derecho a protestar.
En horas de la mañana en la Plaza del Rectorado de la UCV, la escritora Laura Leret, junto a estudiantes compañeros de los jóvenes presos, dio a conocer el manifiesto en representación de los 470 firmantes, entre quienes se encuentran, Nicolás Bianco, Tulio Olmos Gil, Margarita López Maya, Yolanda Pantin, Eduardo Liendo, Antonio López Ortega, Leonardo Padrón, Carolina Jaimes Branger, Gisela Kozak, Sonica Chocrón, Jazmín Sambrano, Edda Armas, Héctor Faúndez, Sary Levy, Adícea Castillo, Patricia Miloslavich, José Gregorio Afonso, Omar Quintero Sayago, Keta Stephany, Milagros Tara, Miguel Albujas, Mireya Lozada, Carmen Cristina Wolf, Luis Beltrán Mago, María Eugenia Gil, Víctor Guzmán Arguis, Víctor Márquez Corao, Nelson Garrido, Patricia Guzmán, Veronica Jaffe.
Leret pide a la Fiscal prestar atención al documento que le fue dejado en su despacho y atender la solicitud de cientos de venezolanos, quienes exigen sean respetado el derecho que tienen los detenidos a ser juzgados en libertad. De igual manera invita a sumarse a la solicitud y firmar este manifiesto al que se puede acceder a través de la siguiente dirección:
http://www.peticiones24.com/pronunciamiento_a_favor_de_la_libertad_de_los_estudiantes
A continuación el texto del documento:
Nosotros, escritores y académicos, manifestamos nuestra profunda preocupación por el curso que han tomado los recientes acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela y por la suerte de centenares de jóvenes que han sido detenidos en cárceles y dependencias policiales por el solo hecho de protestar.
Según el informe de 9 organizaciones no gubernamentales (Venezuela 2014), en los últimos 4 meses, 3.127 personas han sido privadas de libertad a raíz de su participación en protestas, de los cuales 217 han sido menores de edad. El 60% de los detenidos fue liberado bajo régimen de presentación, con medidas cautelares que, entre otras restricciones, les impide participar en manifestaciones pacíficas. Unas 100 personas permanecen recluidas en diferentes cárceles venezolanas, la mitad de ellos son estudiantes, de los cuales una docena están presos en las celdas de la policía política (el SEBIN).
Algunos de estos estudiantes se les detuvo mientras dormían en campamentos que se establecieron como forma de protesta pacífica. Su detención, ordenada por el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, fue ejecutada por un importante contingente de la Guardia Nacional. Los jóvenes recluidos en el SEBIN permanecen en un régimen de semi incomunicación, se les ha procesado en audiencias masivas, acusándolos a la mayoría de ellos, de obstrucción de la vía pública, asociación para delinquir, incitación a la desobediencia de las leyes, uso de adolescentes para delinquir, y daños violentos a la propiedad.
De acuerdo con la Constitución, con las leyes y con tratados internacionales ratificados por Venezuela, toda persona tiene derecho a ser juzgada en libertad. En una sociedad democrática, no es aceptable que estudiantes o cualquier otro ciudadano sea privado de su libertad por protestar como si se tratara de terroristas o de peligrosos delincuentes. Por ello, hacemos un llamado a las Instituciones del Estado venezolano, especialmente a la Fiscalía General de la República, a los tribunales de justicia y al Gobierno nacional, a que ponga fin a la represión y a la criminalización del derecho a protestar, que libere a los estudiantes y ciudadanos detenidos, y que observe escrupulosamente las reglas del debido proceso, sin que se utilice a la administración de justicia como un instrumento para acorralar y castigar a quienes disientan de las políticas del gobierno.
