Víctor Álvarez R.

La reimposición de las sanciones terminará de lanzar a Venezuela a los brazos de los rivales geopolíticos de EE. UU. ¿La rehabilitación de MCM en el CNE se mantendrá como punto de honor para prorrogar, o no, las licencias?

@victoralvarezr

La Embajada de los EE. UU. en Venezuela posteó: “El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolano se renovará en abril solo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos”. La oposición pide elecciones libres y el gobierno pide elecciones libres de sanciones. Si después del 18 de abril se reimponen las sanciones se darán más excusas para no mejorar las condiciones electorales.

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La Administración Biden ha dicho que “el enfoque estadounidense es en un proceso que restaure la democracia y no en un candidato particular”. Si la inscripción de MCM como candidata presidencial deja de ser un punto de honor para la Plataforma Unitaria y para EE. UU., crece la posibilidad de celebrar las elecciones presidenciales en unas condiciones aceptables, cuyo resultado pueda ser reconocido nacional e internacionalmente.

Los días más difíciles del aislamiento internacional han pasado. El gobierno encontró nuevos aliados que lo ayudarán a resistir un escalamiento de las sanciones. Lograr unas elecciones competitivas obliga a pensar en medidas más efectivas. La estrategia no puede ser la del garrote. Al contrario, tiene que ofrecer más y mejores incentivos para mejorar las condiciones electorales, a fin de realizar unos comicios a tono con los estándares internacionales.

Flexibilizar sanciones aleja a Venezuela de los rivales geopolíticos de EE. UU.

La flexibilización de las sanciones reflejó un cambio de la política exterior de EE. UU. con respecto a Venezuela. La LG 44 no autoriza operaciones con empresas mixtas en las que están involucradas personas naturales o jurídicas localizadas en la Federación Rusa. Pero con la reimposición de las sanciones, Venezuela será lanzada nuevamente a los brazos de los enemigos geopolíticos de EE. UU., quienes le ofrecen no dejarlo solo porque los mueve el interés de ocupar y asumir el control de los espacios vacíos que dejan los EE. UU. y la UE.

Rusia, China, Turquía e Irán celebran la reimposición de las sanciones porque les permite ampliar su presencia en la explotación y comercialización del petróleo, gas, oro y minerales venezolanos.

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Un elemento clave que pesa sobre la decisión de la Administración Biden es alejar a sus rivales geopolíticos de la industria petrolera venezolana. Biden puede argumentar ante sus electores que –al prorrogar las licencias a Venezuela–, aleja las amenazas chinas, rusa e iraní del hemisferio, y así asegurar para Occidente el suministro del petróleo y gas venezolanos que se destina a los mercados asiáticos.

Si la revisión anunciada por el Departamento de Estado encuentra en la mejora de las condiciones electorales los contrapesos necesarios a la inhabilitación de MCM, EE. UU. seguirá comprando el petróleo venezolano a precios de mercado y así el gobierno no necesitará los auxilios financieros de Rusia, China, Irán o Turquía. Esta es una ganancia geopolítica que puede compensar ampliamente los costos de cualquier déficit en la mejora de las condiciones electorales en Venezuela, incluyendo la inhabilitación de MCM y el impedimento a la inscripción de su sustituta, Corina Yoris.

Del balance que EE. UU. haga entre el cumplimiento de los acuerdos político-electorales firmados en Barbados y su interés de recuperar el suministro del petróleo venezolano en un mercado signado por la incertidumbre que genera las guerras en Ucrania y el Medio Oriente, dependerá la decisión que tome.

En un escenario bélico crece importancia estratégica del petróleo venezolano

Las guerras en Ucrania y el Medio Oriente, y la amenaza de un escalamiento del conflicto debido a los ataques de Irán contra Israel, ubican nuevamente a Venezuela como un proveedor clave de petróleo. En este contexto, mantener las licencias ayudará a levantar la producción petrolera nacional con destino al mercado estadounidense. Por el contrario, la reimposición de las sanciones terminará de lanzar a Venezuela a los brazos de los rivales geopolíticos de EE. UU., con una mayor presencia de Rusia, Irán y China en la industria petrolera venezolana. 

EE. UU. tiene entre sus prioridades la seguridad energética y esto lo puede lograr si permite la participación de compañías americanas en el negocio gasífero y petrolero venezolano. Cuando los precios del petróleo suben, EE. UU. se ve obligado a consumir buena parte de sus reservas estratégicas, las cuales debe reponer cuánto antes.

A EE. UU. le interesa mantener los mercados energéticos bien abastecidos y prolongar las licencias a las compañías estadounidenses y europeas, aunque se las reimponga a Pdvsa, será la decisión que seguramente tomará la Administración Biden.  Los yacimientos de Venezuela están fuera de la zona de guerra, y representan una fuente cercana y confiable de hidrocarburos, en comparación con el riesgo e inestabilidad de países involucrados en los conflictos bélicos.

Venezuela, Irán, Irak, Libia, Kuwait y Arabia Saudita concentran cerca del 80 % de las reservas mundiales, pero solo aportan el 25 % de la producción global. En el mediano y largo plazo, entre el 8-10 % de la oferta fósil recaerá sobre Venezuela, único país cercano a EE. UU. con potencial para elevar su producción sustancialmente.

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En los próximos años, EE. UU. necesitará a Venezuela y eso requiere crear las condiciones para recuperar el nivel de producción, desde los actuales 800 000 barriles de petróleo diarios (MBPD) a 3 millones (MMBPD). A un ritmo de 200 MBDP adicionales cada año, aumentar 2 MMBPD hasta llegar a 3 MMBPD llevará al menos 10 años de inversión sostenida. Y esto pasa por mantener las licencias y terminar de eliminar definitivamente las sanciones.

Ante una escalada de la guerra en Ucrania y Medio Oriente que pueda llevar el precio del petróleo a 100 $/b con su impacto en el precio de los combustibles y la energía, para evitar el costo electoral en las presidenciales de noviembre, la Administración Biden está emplazada a tomar las decisiones que le aseguren un suministro confiable y oportuno de petróleo.

A Maduro le interesa que –en caso de ganar las elecciones debido a la división y abstención de la oposición–, su triunfo sea reconocido por la Casa Blanca y se levanten definitivamente las sanciones. Se moverá sin traspasar la línea roja para que las presidenciales del 28 de julio, aunque reciban algunos cuestionamientos, sean reconocidas por EE. UU. A Maduro le conviene más un Biden reelecto que un Trump de vuelta, quien seguramente no lo reconocería como presidente de Venezuela.

En la campaña electoral de EE. UU., el tema migratorio es muy sensible y puede resultar decisivo. La flexibilización de las sanciones contribuirá a mejorar las condiciones económicas y sociales del país, lo cual aliviaría la incesante migración venezolana que genera problemas internos en los EE. UU.

Con la prórroga de las licencias a las petroleras estadounidense, Biden podrá capitalizar electoralmente el mérito de haber resuelto el conflicto venezolano, recuperado para el mercado estadounidense el petróleo que Pdvsa vende en los mercados asiáticos, mostrar avances en la solución del problema migratorio, y haber alejado la amenaza rusa, china e iraní del hemisferio.

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@victoralvarezr

MCM afirma que hasta 10 días antes de las elecciones se puede inscribir su candidatura presidencial o la de su sustituta, Corina Yoris. La Ley Orgánica de Procesos Electorales tiene cuatro artículos que definen los plazos y condiciones de la postulación y sustitución.

• El artículo 44 dice: “El Cronograma Electoral establecerá los lapsos previstos para las postulaciones. Las postulaciones consignadas fuera del lapso previsto en el Cronograma Electoral serán extemporáneas y se tendrán como no presentadas”.
• El artículo 62 dice: “Las organizaciones postulantes podrán sustituir sus candidatos o candidatas, en los siguientes casos: fallecimiento, renuncia, discapacidad física o mental debidamente certificada por la autoridad competente o razones constitucionales y/o legales.”

El oficialismo argumenta que la sustitución de MCM por Corina Yoris no se debe a ninguna de las tres primeras causas, sino que se trata de un intento por defraudar la ley, al insistir en inscribir por mampuesto una candidatura que está inhabilitada. La candidatura de Corina Yoris fue presentada públicamente como una candidata-representante de MCM.

• El artículo 63 establece que: “Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y, en consecuencia, sustituir candidatos o candidatas hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral.”
• El artículo 64 agrega: “La sustitución de un candidato o una candidata constituye una nueva postulación y, en consecuencia, cuando el postulado sustituto o la postulada sustituta no sea un candidato o una candidata previamente admitido o admitida, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento”.

Si bien el artículo 64 deja abierta la posibilidad de admitir la postulación de una candidatura no admitida previamente, el Artículo 44 dice que: “Las postulaciones consignadas fuera del lapso previsto en el Cronograma Electoral serán extemporáneas y se tendrán como no presentadas.” La polémica se genera al interpretar que las sustituciones se harán dentro de los candidatos ya postulados y admitidos y, por lo tanto, todo cambio posterior será, o bien una adhesión a otra candidatura admitida, o bien una renuncia que deja en libertad al elector para que vote por cualquiera de los candidatos que quedan.

La fecha límite para que las modificaciones o nuevas postulaciones salgan en el tarjetón es el 20 de abril. Después de esta fecha, solo se podrán presentar adhesiones a otras candidaturas aceptadas hasta 10 días antes de las elecciones, pero estas modificaciones ya no saldrán en el tarjetón. El CNE tomará las medidas para informar a los electores sobre la sustitución realizada: “Cuando el tiempo en que se realice la sustitución resulte insuficiente para realizar el cambio en el instrumento electoral, los votos que se emitan en el mismo se acreditarán al candidato sustituto o candidata sustituta.”

A Manuel Rosales no le impusieron tantas trabas por una sencilla razón: el oficialismo no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien los cataloga de narcorrégimen y camarilla de delincuentes; a quien los acusa de traidores a la patria que entregaron la soberanía nacional a la ocupación cubana, al espionaje iraní y ruso; a quien los acusa de convertir el territorio nacional en una guarida de grupos terroristas cómo Hezbolá, FARC y ELN; a quien aplaude las recompensas que ofrece EE. UU. por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; a quien ha solicitado endurecer las sanciones económicas contra Venezuela; a quién invocó la activación del TIAR y la creación de una amenaza creíble a través de una intervención militar extranjera; a quien promueve juicios en la Corte Penal Internacional y desafió a Maduro diciéndole: “yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia, yo te quiero preso”.

Si bien es cierto que esa estrategia amenazante, retadora y de confrontación radical le sirvió a MCM para hacer crecer como la espuma su popularidad y aceptación en las encuestas, y ganar con el 92,35 % de los votos la primaria presidencial de la Plataforma Unitaria, esa misma estrategia no funcionó para incentivar al régimen a permitir su inscripción y dejarla competir en unas elecciones libres y justas que hicieran posible la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica.

Para recuperar la alternabilidad en el poder, el mejor candidato opositor será el que mejor se entienda con el gobierno y esté dispuesto a un pacto de convivencia pacífica, sin retaliaciones ni persecuciones. De lo contrario, quienes gobiernan se aferrarán al poder.

En vez de seguir con su discurso amenazante, a MCM le conviene bajar el volumen, leer la Biblia y seguir la palabra de Jesús cuando aconsejó a sus apóstoles y discípulos y les dijo: “Así que sean mansos como una paloma y astutos como una serpiente”.

Quizás la insistencia tenaz de MCM de inscribir su candidatura o la de su sustituta sea parte de un acuerdo interno entre MCM y la PU, de una astuta y audaz puesta en escena a través de la cual se finge una ruptura entre MCM y la PU, pero una vez postulada la candidatura definitiva de la MUD, aceptada por el CNE y no impugnada por nadie, entonces MCM entra en acción, le levanta la mano al candidato de la MUD y llama a votar por él, minimizando así el margen de maniobra del oficialismo para inhabilitar también al candidato opositor que a última hora reciba su apoyo.

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A cualquiera que escoja MCM para endosarle su capital electoral lo inhabilitarán. Su apoyo puede desembocar en una especie de beso de la muerte

@victoralvarezr

Según las encuestas, el potencial de votos del candidato oficialista está entre 20 y 30 %, en su mejor escenario. A pesar del impacto que tuvo su inhabilitación en la intención de votar por ella, MCM todavía conserva un potencial de voto de 60 %. Esto quiere decir que la proliferación de candidatos no ha funcionado para romper la polarización: el resto de los candidatos apenas suma el 10 %. Y si todos ellos decidieran apoyar a Maduro no lo harían ganador. La recurrente división y abstención de la oposición es lo que convierte en mayoría a la minoría oficialista, tal como ocurrió en las presidenciales de 2018, cuando Nicolás Maduro estaba prácticamente derrotado debido al enorme rechazo popular, pero terminó imponiéndose gracias a la división y abstención de la oposición.

Las desventajosas condiciones electorales pueden compensarse ampliamente con las favorables condiciones políticas derivadas del 70 % de rechazo a la gestión de gobierno. La condición básica para capitalizar electoralmente ese enorme descontento es competir con un candidato único y unitario. Pero ese escenario no se concretó y ahora al país descontento le toca pasar de lo deseable a lo posible.

En una entrevista en CNN escuché a Corina Yoris decir que “Ninguna persona a la que María Corina le diga ‘toma tú el testigo y sigue en la carrera’, va a ser aceptada”. Cualquiera sea el escogido por MCM para recibir su capital electoral será inhabilitado y su apoyo puede desembocar en una especie de beso de la muerte, tal como fue aquel beso fingido y mal intencionado de Judas Iscariote cuando entregó a Jesús para que lo crucificaran.

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Un verdadero líder no se obstina en imponer una candidatura que no puede competir, a riesgo de perderlo todo. No se empeña en meter el gol y pasa la pelota a un compañero para que anote y el equipo gane. Si no puede cristalizar sus nobles aspiraciones, evita que degeneren en una ambición y codicia personal, comprende a tiempo las trampas y obstáculos insalvables que le impone su adversario y traza nuevos caminos. Actúa con sensatez para no perder la mejor oportunidad que el país ha tenido para lograr un cambio político por la vía electoral y pacífica.

Quizás haga falta un acuerdo interno entre MCM y la PU, con una astuta y audaz puesta en escena. Fingir una ruptura entre MCM y la PU, y una vez que la candidatura alternativa se haya postulado, aceptada por el CNE y no impugnada por nadie, entonces es cuando MCM entra en acción y levanta la mano al que encabece las encuestas. Por supuesto, esto no conjura la amenaza de que también inhabiliten al candidato opositor que reciba su apoyo.

En cualquier caso, hay que optar por lo posible y actuar con pragmatismo. Lo más probable es que hacia Manuel Rosales y Benjamín Rausseo fluya el caudal electoral de MCM. El reto es convertir al candidato que lidere las encuestas en una poderosa opción presidencial que sea capaz de pactar con el gobierno las garantías de no persecución política que hagan posible la alternabilidad en el poder. Un pacto de convivencia pacífica es la vía para que finalmente el candidato del país descontento se pueda alzar con la victoria, recibir el mando y poder gobernar sin la resistencia y obstrucción de quienes pierdan el poder y pasen a ser la oposición.

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Nadie a quien MCM le levante la mano para heredar su capital electoral llegará al final de la carrera presidencial

@victoralvarezr

En una entrevista en CNN, Corina Yoris afirmó que “… ninguna persona a la que María Corina le diga ‘toma tú el testigo y sigue en la carrera’, va a ser aceptada” para competir en las presidenciales de 2024.

El CNE concluyó el lapso para recibir las postulaciones, pero todavía queda pendiente la aceptación de las mismas. Incluso, en caso de ser admitidas, cabe la posibilidad de que, en el período de impugnaciones, alguna candidatura sea cuestionada y finalmente quede excluida. Por lo tanto, cualquier apoyo apresurado de MCM a uno de los candidatos inscritos puede desembocar en una torpeza táctica o en una especie de beso de Judas, tal como fue aquel beso fingido y mal intencionado de Judas Iscariote cuando entregó a Jesús para que lo crucificaran.

Nadie a quien MCM le levante la mano para heredar su capital electoral llegará al final de la carrera presidencial. Y todo aquel que en las encuestas aparezca como un potencial ganador, también corre el riesgo de ser inhabilitado. Quizás esta vez todas las encuestas deberían equivocarse.

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Una oposición dividida y desorganizada es incompetente para salir victoriosa en unas elecciones competitivas. La mayoría de los partidos carece de una estructura organizativa en todos y cada uno de los estados, municipios y parroquias del país, no cuentan con una militancia organizada, no tienen una maquinaria electoral con testigos que defiendan los votos en cada mesa electoral.

Aunque se logren unas elecciones competitivas, si la oposición no está en capacidad de competir con un candidato único y unitario, un programa de gobierno que entusiasme al electorado, y el respaldo de una poderosa maquinaria capaz de organizar y movilizar masivamente el descontento nacional, a la docena de candidatos opositores inscritos le resultará muy difícil capitalizar electoralmente la ventaja comparativa que representa el enorme rechazo al gobierno.

La oposición radical cataloga al gobierno de Maduro como una dictadura. Sin embargo, espera que ese régimen autoritario le conceda condiciones electorales a tono con los estándares internacionales. La maniobra para impedir que MCM compitiera en las presidenciales de 2024 estaba cantada desde el mismo momento en que la Comisión Nacional de Primaria (CNP) autorizó la inscripción de precandidatos inhabilitados.

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El oficialismo no iba a dejar correr en la carrera presidencial a quien los cataloga de narcorrégimen y camarilla de delincuentes; a quien los acusa de traidores a la patria que entregaron la soberanía nacional a la ocupación cubana, al espionaje iraní y ruso; a quién los acusa de convertir el territorio nacional en una guarida de grupos terroristas como Hezbolá, FARC y ELN; a quien aplaude las recompensas que ofrece EE. UU. por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; a quien ha solicitado endurecer las sanciones económicas contra Venezuela; a quién invocó la activación del TIAR y la creación de una amenaza creíble a través de una intervención militar extranjera; a quien promueve juicios en la Corte Penal Internacional y desafió a Maduro diciéndole: “yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia, yo te quiero preso”.

Ciertamente, esa estrategia amenazante, retadora y de confrontación radical le sirvió a MCM para hacer crecer como la espuma su popularidad y aceptación en las encuestas, y ganar con el 92,35 % de los votos la primaria presidencial de la Plataforma Unitaria; pero no funcionó para incentivar al régimen a permitir unas elecciones competitivas, libres y justas que hicieran posible la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica.

Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios. Ningún gobierno va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Para lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica, la clave está en subir los costos de permanencia en el poder y bajar los costos de salida. Pero el chavismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas. Si ese es el desenlace, el oficialismo preferirá aferrarse al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

Bajo un régimen autoritario no hay que esperar elecciones libres ni competitivas. A una dictadura no se le piden elecciones libres y limpias, se compite en desventaja y en las peores circunstancias. El oficialismo tiene claro que no cuenta con la mayoría popular. Su caudal de votos ha mermado elección tras elección. Solo si enfrenta a una oposición dividida en un ambiente de apatía electoral es que hará concesiones para celebrar unas elecciones con el mínimo de condiciones que sean reconocidas nacional e internacionalmente. Pero si el oficialismo calcula que está comprometida su continuidad en el poder, empañará la transparencia del proceso electoral para exacerbar la división y abstención que lo ponga a ganar.

Sin garantías políticas de no persecución, el oficialismo no va a dejar que lo metan en la autopista sin retorno de unas elecciones competitivas que puede perder. Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará excusas y pretextos para salirse de los acuerdos político-electorales firmados en Barbados. Y eso es precisamente lo que está haciendo.

¿Cuál es entonces la estrategia más inteligente y eficaz para lograr la alternabilidad en el gobierno por la vía electoral y pacífica? Los acuerdos electorales de Barbados son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno y deben complementarse con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno y –en caso de perder las elecciones– tengan que entregar el poder.

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@victoralvarezr

El CNE informó que MCM tiene una prohibición para ejercer cargos públicos y no podrá inscribir su candidatura presidencial. En vez de insistir en que solo con ella habrá elecciones libres, que si no es ella no es nadie, a MCM le corresponde ahora demostrar su liderazgo y convocar a votar masivamente por una candidatura de consenso que pueda ganar, cobrar y gobernar.

Pero si convierte su nombre en un punto de honor, corre el riesgo de cargar con la responsabilidad histórica de haber cerrado el paso a una candidatura única y unitaria capaz de capitalizar electoralmente el enorme rechazo al gobierno para lograr un cambio en el mando político por la vía electoral y pacífica.

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Desde las elecciones presidenciales de 2013 se puede apreciar cómo ha venido mermando el caudal de votos del chavismo. Sin embargo, en cada elección, la recurrente división y abstención de la oposición ha convertido en mayoría a la minoría oficialista. Y en las presidenciales de 2024 esta historia puede volver a repetirse.

Para capitalizar electoralmente este enorme descontento se requiere un candidato único y unitario. Esto exige grandeza histórica, priorizar el interés nacional y ser capaz de renunciar a las nobles aspiraciones personales que –al confundir deseos con realidades– se degradan en ambiciones particulares y degeneran en una codicia personal que termina dividiendo a la oposición y llamando a la abstención, tal como ocurrió en las presidenciales de 2018, cuando el candidato oficialista estaba prácticamente derrotado debido al enorme rechazo popular, pero terminó imponiéndose por la división y abstención de la oposición.

Todos los precandidatos de la oposición que dividen al país descontento –en lugar de estarse frotando las manos por la inhabilitación de MCM–, deberían retirarse de la carrera presidencial y dejar que desde ese silencio se escuche el grito que le pondrá nombre y apellido al escogido como candidato único y unitario del malestar nacional. 

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Un líder no se obstina en imponer su candidatura inhabilitada, a riesgo de perderlo todo. Comprende a tiempo las trampas y obstáculos insalvables que le impone su adversario y traza nuevos caminos. Actúa con sensatez y deja de insistir en lo que ya es imposible lograr: inscribir su candidatura en el ensueño de que “el pueblo en la primaria me habilitó” y pretender que ese régimen autoritario al que amenazan con perseguir, enjuiciar y condenar, complazca la ambición presidencial precisamente de quien lo amenaza con convertirse en su verdugo. Esa es una quimera que puede desembocar en una desmoralización, división y abstención del país descontento con el gobierno y la oposición, que es precisamente lo que el oficialismo quiere lograr para convertir en mayoría su decadente caudal electoral.

Escuche el análisis completo en el nuevo pódcast de Pedagogía económica y electoral

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Llegado el día D y la hora H, ¿cuál será la decisión de MCM ante la imposibilidad de inscribirse en la carrera presidencial?

@victoralvarezr

El CNE anunció la fecha de las elecciones presidenciales sin mayores sorpresas. Se esperaba que el 5 de marzo –fecha en la que sus seguidores conmemoran los 11 años de la muerte de Chávez–, se anunciara el 28 de julio –fecha en la que celebrarán el nacimiento de Chávez–, como el día de los comicios presidenciales. Será una campaña electoral de mucho manejo emocional.

Las diferentes oposiciones se quejan de que el gobierno sigue haciendo todo lo que esté a su alcance para ganar las elecciones y no perder el poder, pero no terminan de hacer lo que deben hacer para evitarlo y poder derrotar al gobierno: escoger un candidato único y unitario y llamar masivamente a votar.

Las fechas están echadas y comienza una carrera contra el tiempo. La inscripción de candidatos será del 21 al 25 de marzo, el registro electoral para nuevos votantes y actualización de datos será del 18 de marzo al 16 de abril, el corte del Registro Electoral preliminar para saber cuántos podrán votar será el 16 de abril, la campaña electoral será del 4 al 25 de julio, y los comicios presidenciales el 28 de julio.

A todas estas, ninguna de las oposiciones tiene un candidato unitario. María Corina Machado (MCM) insiste en que no retirará su candidatura e irá hasta el final. Esto es absolutamente funcional a la estrategia del gobierno que apuesta a provocar un demoledor shock emocional y de frustración que desemboque en la desmoralización, apatía y abstención de los seguidores de MCM, al ver que finalmente no se pudo inscribir en el CNE. Es la estrategia del gobierno para convertir en mayoría su precario apoyo electoral de 25 % en las encuestas.

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Ciertamente, MCM no puede claudicar en su lucha contra la inconstitucional inhabilitación de la que es víctima, pero eso no le da razón para afirmar que, sí la candidata no es ella, «todo otro candidato es de Maduro». Su principal asesor político, Carlos Blanco, posteó en la red social X: “María Corina no va a ser sustituida; ella expresa la voluntad nacional que no puede, ni debe, ni va a traicionar”. Una vez más el país descontento encuentra a una oposición dividida y enfrentada, sin candidato único y unitario, y sin un programa de gobierno que entusiasme y movilice al electorado.

Pero llegado el día D y la hora H, ¿cuál será la decisión de MCM ante la imposibilidad de inscribirse en la carrera presidencial? ¿Llamará a la comunidad internacional a deslegitimar la elección y desconocer el resultado para reeditar la historia del interinato de Guaidó? ¿Le levantará la mano a un sustituto entre su gente de confianza que ella misma advierte también será inhabilitado?

¿Romperá con la PUD si esta decide inscribir otro candidato que no cuenta con su visto bueno? ¿La PUD llamará a la abstención a riesgo de perder su condición de partidos políticos y no poder participar en las megaelecciones de diputados, gobernadores, alcaldes, legisladores regionales y concejales prevista para 2025? ¿Otra vez le regalarán todos los poderes públicos y seis años más a Nicolás Maduro, tal como lo hicieron en 2018?

En una reciente entrevista con el periodista Leopoldo Castillo en su programa El ciudadano, al consejero político de MCM, Carlos Blanco, le preguntaron: ¿María Corina está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro?: “La respuesta es sí, para unas elecciones libres y limpias con María Corina como candidata.” Por su parte, MCM afirmó que “A Maduro le conviene una negociación conmigo, una negociación para una transición (…) que incluye unas elecciones presidenciales competitivas en las que pueda participar”.  

Para lograr la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica, la clave está en subir los costos de permanencia en el gobierno y bajar los costos de salida. Pero si a quienes ejercen el mando político la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, entonces se aferrarán al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

Cualquier régimen sometido a persecución judicial y recompensas no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios, pero el oficialismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si eso significa quedar expuestos a una ola de persecuciones, juicios y condenas. Si ese es el desenlace, el costo de entregar el mando político sería mucho mayor que el costo de aferrarse en el poder.

Sin garantías de no persecución, el oficialismo no va a dejar que lo metan en la autopista sin retorno de unas elecciones competitivas que puede perder. Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará excusas y pretextos para salirse de los acuerdos político-electorales firmados en Barbados. Y eso es precisamente lo que está haciendo.

Por lo tanto, los acuerdos electorales de Barbados son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno y deben ser complementados con un Acuerdo de Convivencia Pacífica que garantice los derechos políticos, no sólo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno y -en caso de perder las elecciones- tengan que entregar el poder.

¿Cuál es entonces el acuerdo más inteligente y eficaz para lograr la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica? Responder a esta pregunta pasa por reflexionar y debatir el contenido y alcance de lo que pudiera ser un pacto de convivencia pacífica para Venezuela. ¡Vamos a debatirlo!

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@victoralvarezr

En una reciente entrevista con el periodista Leopoldo Castillo en su programa El ciudadano, al consejero político de María Corina Machado, Carlos Blanco, le preguntaron: ¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro?: “La respuesta es sí, para unas elecciones libres y limpias con María Corina como candidata, en el marco del cese de la represión que se ha incrementado brutalmente en las últimas semanas”.

Con la decisión del TSJ que ratifica la inhabilitación de María Corina Machado y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el cumplimiento de los Acuerdos Parciales de Barbados está cuestionado y esto puede desembocar en una reimposición de las sanciones petroleras. Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

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Pareciera, entonces, que los acuerdos parciales de Barbados deben ser complementados con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder. Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios, pero el chavismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si eso significa quedar expuestos a una ola de persecuciones, juicios y condenas.

Sin garantías políticas de no persecución, el oficialismo no va a dejar que lo metan en la autopista sin retorno de unas elecciones competitivas que puede perder. Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará excusas y pretextos para salirse de los acuerdos político-electorales firmados en Barbados.

Por eso juega duro y tensa la soga, aun a riesgo de que reimpongan las sanciones. De ser el caso podrá argumentar que –con sanciones– no hay condiciones para unas elecciones libres y así justificar cualquier decisión extrema que tome en torno al proceso electoral y sus participantes. Paradójicamente, el oficialismo necesita la reactivación de las sanciones para no tener que medirse en buena lid, perder las elecciones y verse obligado a entregar el poder, sin ningún tipo de garantías previamente pactadas. A la cárcel no quieren ir y por eso prefieren permanecer en el poder.

Pero los decisores en EE. UU. y la UE no consideran esta lógica y le siguen dando excusas y pretextos a un gobierno que –con sanciones y amenazas–, se aferrará cada vez más al poder. EE. UU. cayó en la provocación de las inhabilitaciones y desplegó un discurso de ultimátum y reimposición de las sanciones del cual ahora le resultará muy difícil salir. Para no desdecirse van a tener que revocar la licencia general 44, pero lo van a hacer protegiendo los intereses de las petroleras estadounidenses como Chevron.

La reimposición de las sanciones le permitirá al gobierno de Maduro capitalizar electoralmente su retórica antiimperialista para reconquistar y movilizar a sus seguidores descontentos. A todas estas, los aliados de Maduro –que son rivales geopolíticos de EE. UU– celebrarán este retroceso y le brindarán apoyo para que pueda ganar las elecciones.

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En este contexto, es clave la mediación internacional para que se mantenga el diálogo y la negociación, incluyendo los nuevos temas de las garantías políticas para los rivales en pugna, sobre todo para quien resulte perdedor en las elecciones. Pero ante la resistencia del chavismo a tocar el tema en caso de perder, la iniciativa de pactar las garantías políticas de no persecución tiene que venir desde EE. UU. y la UE. Para empezar, habría que eliminar las recompensas. Es un tema difícil porque las reacciones son desmesuradas y quién se atreve a plantearlo corre el riesgo de pagar unos costos reputacionales muy altos. Por eso se le saca el cuerpo al tema, pero no se puede seguir evadiendo. De lo contrario, en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el poder.

La solución electoral y pacífica del conflicto venezolano tiene que contemplar la amnistía por delitos políticos y poner fin a las persecuciones, juicios y encarcelamientos a los líderes de la oposición acusados de traición a la patria por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno paralelo, solicitado sanciones económicas contra Venezuela, invocado una intervención militar externa a través del TIAR, formado parte del TSJ en el exilio, apoyado el intento de golpe militar, respaldado la prolongación de funciones de la AN-2015-2020 y por haberse pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela. En un pacto de convivencia pacífica estos delitos políticos tienen que ser amnistiados.

En América Latina, el caso chileno es paradigmático para demostrar que a través de la negociación de garantías políticas es posible poner fin a una férrea dictadura y recuperar la democracia. Pinochet y los militares chilenos se comprometieron a reconocer el resultado de las elecciones y hacer posible la alternabilidad en el poder, a cambio de garantías de no persecución. La transición chilena a la democracia tuvo que bajar los costos de salida de los gobernantes salientes y dejar a un lado las amenazas de persecuciones, juicios y cárcel. De lo contrario, Chile no habría recuperado la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica.

Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Pareciera que los acuerdos parciales de Barbados deben complementarse con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna

@victoralvarezr

Con las recientes decisiones del TSJ que ratifican la inhabilitación política de María Corina Machado (MCM) y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el oficialismo pone en peligro los acuerdos parciales de Barbados, aun a riesgo de que se reactiven las sanciones.

Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

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Pareciera, entonces, que los acuerdos parciales de Barbados deben complementarse con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.

Desde la iniciativa Pedagogía Económica y Electoral queremos contribuir a una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano a través de una serie de conversaciones con influyentes voces en la opinión pública nacional y a la luz de las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional?
2. ¿Cuál sería el marco del Pacto de convivencia pacífica y sus componentes, a qué deberían comprometerse las partes en conflicto, qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente y qué amenazas deben dejar de hacerse?
3. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué delitos y crímenes cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden amnistiarse y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos y quiénes no?
4. ¿Cómo se designaría en ese pacto el Alto Mando de la FANB, el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional?
5. ¿Es viable y conveniente la conformación de un Gobierno de coalición entre gobierno y oposición que contribuya a la gobernabilidad poselectoral? ¿Cuáles serían los criterios para conformar ese gobierno?
6. ¿Cómo tratar las recompensas del Departamento de Justicia de EE. UU., las sanciones personales de la OFAC, la investigación en la Corte Penal Internacional y los casos en la justicia venezolana contra dirigentes de la oposición?
7. ¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización, autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República?
8. ¿Quiénes negocian y firman el pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería constitucionalizarse?
9. ¿Cuál es el papel de EE. UU. y la comunidad internacional para facilitar ese proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos?
10. ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un pacto de convivencia pacífica?

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Te invitamos a ver y compartir la primera conversación con el dirigente político Eduardo Fernández, quien responde todas y cada una de estas preguntas en el nuevo video de Pedagogía Económica y Electoral 

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