Coronas fúnebres adornan la capilla Monumental del Cementerio del Este. En el medio, la urna donde descansa el cuerpo de Armando Cañizales, joven de 17 años asesinado en protestas el pasado miércoles 3 de mayo. Armando, gracias a su impecable desempeño académico, iba a empezar a estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela y era uno de los mejores violistas del Sistema Nacional de Orquestas. “Pudo haber sido el mejor médico del país, pero ahora nunca lo sabremos”, cuenta un compañero del joven entre lágrimas

Sabrina D’Amore

Fotos: Abrahan Moncada

Amigos y familiares de Armando Cañizales se reunieron este viernes en el Cementerio del Este para dar el último adiós al joven violista de 17 años. El velorio empezó con una misa en la capilla Monumental, tras la cual siguió el homenaje de sus compañeros del Sistema Nacional de Orquestas. “La última melodía que escuché con mi hijo fue el segundo movimiento de la Séptima Sinfonía de Beethoven, es increíble que ustedes la hayan tocado aquí”, declaró el padre del joven a los compañeros.

Sus amigos coinciden en que recordarán a Armando por su sonrisa, su sencillez, humildad y sobre todo por su disciplina para conseguir las metas que se proponía. “Era excelente violista y excelente estudiante, una persona de infinita calidad humana, sembró muchas cosas buenas en nuestro colegio y en su familia también”, asegura una amiga que estudió con él.

Pedro Sevillano, ex profesor de Armando en el colegio Fray Luis Amigó, con nostalgia asegura que quisiera haber conocido más al joven. “Lo conocía muy bien pero hubiese querido tenerlo por más años. Fui su padrino de confirmación y siempre decía que yo era un espejo en el que él se reflejaba. Era un rebelde, como todo joven, y solo quería un país mejor y salió a las calles con su voz como única arma”, asegura el profesor, y añade: “Era agradable, estudioso… Iba a estudiar medicina en la UCV, ¿saben ustedes lo aplicado que hay que ser para entrar a estudiar medicina ahí?”.

Música para despedir a un músico valiente

“El homenaje fue digno para él, ojalá hubiera podido verlo en vida. Cada uno de nosotros puede corroborar la gran persona que era y esa es la imagen que nos llevamos de él, siempre sonriente. No allí en el ataúd”, declara un compañero de la orquesta. También segura que Armando pudo haber sido no solo el mejor médico, sino el mejor violista del país. “Me podía haber salvado la vida a mí o a mi familia en el futuro. Armando pudo haber sido el mejor médico de Venezuela, el mejor violista, y ahora nunca lo sabremos. Es una lástima”.

Una de sus compañeras asegura que enterarse de su muerte fue un shock para todos, y que costará superarlo. “Muchos nos enteramos por las redes sociales y no lo creíamos. Armando era un valiente y espero que su muerte sirva de mensaje contundente para el país y el mundo”, declaró. Asimismo, otro joven muy cercano a Armando describe cómo se lo encontró camino a la UCV ese mismo miércoles, y en horas de la tarde otro amigo lo buscó a su casa para informarle que Cañizales estaba herido.

Otra de las compañeras que tocaba viola con Cañizales instó a seguir su ejemplo. “Como jóvenes tenemos que seguir luchando. Nuestro lema es ‘Tocar y luchar’. Armando luchó y perdió, pero nosotros seguiremos”, sentenció.

Desde las 6:00 am, los vecinos de La Urbina se sumaron al llamado “trancazo” convocado por la oposición venezolana para este 2 de mayo. Los distintos grupos de manifestantes obstruyeron el paso en el puente 9 de julio y las calles C-2 y 3-A de la zona, así como la entrada de la autopista –a la altura del Plan Suárez–. La represión por parte de la GNB, que ya a las 6:30 am se encontraba en la zona, fue descrita como “brutal” por los residentes –que en ningún caso quisieron revelar sus datos–. Concluyó con la entrada en escena de paramilitares que invadieron la residencia Los Mangos y desvalijaron vehículos

Infografía y fotos: Abrahan Moncada

HABITANTES DE LA URBINA salieron a cerrar las calles de la zona en apoyo al “trancazo”, convocado por líderes políticos de oposición, como muestra de rechazo a la decisión del presidente Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Constituyente. Desde las 6:00 am, los vecinos habían obstruido el paso en esos cuatro puntos. Sin embargo, no serían los únicos madrugadores: la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se plantaría en la zona justo media hora después, para iniciar de inmediato una arremetida “sin sentido”, según el testimonio de una joven que observó todo desde su vivienda, en el edificio Los Mangos.

Otra de las habitantes de la zona, indicó: “no sé por qué empezaron a reprimir, la tranca era dentro de nuestra urbanización y era totalmente pacífica, nadie se estaba quejando e igualmente empezaron a lanzar muchas bombas”. Los vecinos hacen énfasis en la intensidad de la represión, y afirman que “lanzaron demasiadas, no solo a los manifestantes sino hacia los apartamentos de los edificios. Era demasiado exagerado e innecesario. Ya no querían dispersar la protesta, disparaban en contra de las personas, apuntando directamente”.

El resultado hasta ese momento eran decenas de ventanas rotas y manifestantes afectados por los gases, quienes se adentraban en la residencia Los Mangos para recibir ayuda de otros vecinos que permanecían allí. De resto, la gente siguió en la calle. Así lo confirma otra residente de la zona, y explica que mientras la GNB lanzaba bombas, quienes protestaban trataban de devolverlas. Pero el arsenal de los efectivos de seguridad del Estado parecía infinito, cuenta otra vecina, ya que continuamente se acercaban otros funcionarios en moto con morrales llenos de lacrimógenas, “para reponer”.

Garita de seguridad de Los Mangos tras ataque de colectivos

Ventanas de los apartamentos quebradas por bombas y piedras

Ventanas cubiertas con cartón tras ser quebradas por colectivos

Así transcurriría la mañana, durante la cual la represión no cesó, pero lo peor estaba por venir: “A eso de las 2:00 de la tarde, se agruparon unos colectivos en la esquina de la calle 3 que da hacia la calle C-2, la gente se distrajo”, cuenta una testigo, y agrega que mientras tanto, otro grupo de paramilitares se encontraba en compañía de la GNB, en el muro de Los Mangos que da hacia el puente 5 de julio, abriendo un “boquete” que les permitiría invadir la residencia y causar destrozos.

#2May Colectivos irrumpieron en residencia de #LaUrbina tras abrir boquete en un muro https://t.co/pePWBM59QB pic.twitter.com/DVG7QjlQFF

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#2May Presuntos paramilitares cometen actos de vandalismo en #LaUrbina junto a la #GNB pic.twitter.com/FF7FPxz5sS — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 2 de mayo de 2017

Vandalismo puro: apartamentos incendiados y vehículos destrozados

Una residente de ese edificio, describe cómo en un principio los colectivos atravesaron el estacionamiento para llegar a un parque infantil, desde el cual lanzaban piedras a los manifestantes que estaban afuera; pero luego se dedicaron al vandalismo, desvalijando 7 vehículos, incluyendo una moto, dentro de la residencia. “Desde que se metieron, ya quienes estábamos adentro no podíamos salir, y los manifestantes no podían entrar, estábamos atrapados. Se llevaron todo lo que se pudieron llevar y rompieron las ventanas de los carros”, explica.

#2May Residencias Los Mangos de la Urbina, Caracas, Venezuela, colectivos robando, anarquía total @Pontifex_es (vía @CaraotaDigital) pic.twitter.com/iOqO5PQKM8 — Luis Flores (@LuisFlores18) 2 de mayo de 2017

Otra vecina de Los Mangos, pudo observar cómo algunos motorizados sacaban gasolina de sus vehículos para armar ahí mismo las bombas molotov, las cuales lanzaban hacia los apartamentos. Así se incendiaron 4 viviendas, dos en Los Mangos, en la calle 3; y el resto en otra residencia que da hacia la calle 2. Además, agrega que también hubo disparos y piedras que fueron lanzados hacia las ventanas del edificio, como ocurrió en su casa y se observa en la siguiente imagen.

Presunta marca de bala. Apartamento en el piso cinco de Los Mangos

Apartamentos afectados por las bombas molotov

“Desde mi ventana vi como esos chamos, porque eran jovencitos, se montaban encima de los carros y saltaban. Patearon hasta cansarse mi camioneta y sacaban lo que podían llevarse. La Guardia Nacional estaba allí, y veía cómo hacían lo que querían, no hicieron nada por nosotros”, asevera una señora de la misma residencia. Aunque ella, como muchos, sacó su automóvil esa misma noche de la zona, otros vecinos aún los tienen allí y se pueden ver los daños.

Cuando inició la invasión de Los Mangos, desde los apartamentos la gente les lanzaba cosas sin éxito alguno, pues “no podíamos asomarnos bien, tenían armas, piedras y las bombas molotov, y apuntaban hacia arriba. A mi mamá, de 86 años y que vive en la otra torre, le partieron toda una ventana y uno de los apartamentos que se incendió estaba sobre su vivienda”, declara una vecina.

Desde la calle, los manifestantes pedían que les abrieran el portón para ayudar a sacar a los colectivos, pero nadie podía bajar hasta la entrada. Según testigos, estos lograron romper el candado de uno de los portones y solo allí los colectivos huyeron frente a centenares de piedras lanzadas y el acercamiento de efectivos de Polisucre. “Todo esto pasó durante aproximadamente una hora, pero se sintieron como tres”, asevera una joven.

Colectivos, GNB y Polisucre en la zona

Luego de 20 minutos aproximadamente, llegaron efectivos de Polisucre a La Urbina y ocurrió un enfrentamiento entre estos y los colectivos. Vecinos aseguran que los funcionarios policiales sí ayudaron a los residentes de Los Mangos; sin embargo, resaltan que no pudieron entrar hasta que la GNB redujo la represión y les permitió actuar. “Varios de mis vecinos llamaron a Polisucre desde que los colectivos estaban tratando de meterse, y les decían que la GNB no les dejaba activarse”, declara una residente del edificio afectado.

#2May Polisucre actúa para detener los ataques de grupos paramilitares en La Urbina https://t.co/MJ6cpAqhKC pic.twitter.com/UUwGhvJpbg

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En lo que sí coinciden todos los testimonios es en que lo que siguió fueron varios minutos de puras detonaciones de bala, que iban y venían entre los miembros policiales y los delincuentes. “A esas alturas ya la GNB se había retirado, como si nada”, explica un residente de Los Mangos.

El enfrentamiento dejó heridos, según el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, al jefe de patrullaje de la Policía del municipio Sucre, así como a cuatro efectivos de la GNB y a 14 civiles. Dos horas después, llegaría al sitio el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y finalmente, durante horas de la tarde, el Ministerio Público anunciaría el inicio de la investigación de los hechos acaecidos.

Reverol detalló que los GNB fueron identificados como sargento Alfredo González Martínez, de 20 años y que se encuentra en cuidados intensivos; sargento José Muñoz Herrera, de 23; sargento Erick Alvarado Falcón, de 24 años, y el sargento Luis Alfredo Villegas, de 23. De los 14 heridos, solo tres fueron identificados por el ministro como: Gerardo Alexander Troconis Zambrano, de 31 años; Luis Armando López, de 39 y Jonathan José Daza Rangel, de 33 años.

Mientras tanto, los habitantes de Los Mangos aseguran que temen la repetición de hechos como estos durante los próximos días, tomando en cuenta la coyuntura que atraviesa el país. “Pudimos cerrar el boquete con cemento, algunos vecinos sacaron sus carros de aquí por miedo y otros cubrieron sus ventanas rotas con cartón. No podemos hacer más nada, aquí no hay armas para defendernos”, resaltaron.

Boquete reparado por vecinos el 3 de mayo

Vídeos cortesía de @CaraotaDigital

Este martes a las 11 de la mañana, dio inicio en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) el foro “De la universidad al país”. Allí los rectores de cinco de la más importantes casas de estudio de Caracas –Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Metropolitana (Unimet), Universidad Monteávila (UMA), Universidad Simón Bolívar (USB) y la UCAB– se reunieron para fijar posición ante la coyuntura que atraviesa el país. Francisco Virtuoso, rector de la Católica, explicó en nombre de sus cuatro homólogos que el objetivo de dicho espacio era exigir al presidente Nicolás Maduro “escuchar al pueblo”, convocar elecciones, dejar de reprimir las manifestaciones, liberar a los presos políticos y abrir un canal humanitario.

Antes de que cada una de las autoridades se dirigiese a un público variopinto, que incluía no solo a estudiantes sino a medios de comunicación, docentes y trabajadores de la universidad anfitriona que rebosaban el espacio, se rindió un homenaje a los caídos durante este mes de protestas opositoras. Posteriormente, tomaron la palabra dos representantes estudiantiles: Samuel Díaz, de la Unimet; y Santiago Acosta, de la UCAB. Ambos resaltaron que los estudiantes no planean abandonar las calles hasta que se restituya el hilo constitucional.

Una vez que los rectores se pronunciaron, un elemento quedó enfatizado: la intención de estas casas de estudio es presentarse ante el país como una Universidad, “una sola Academia en pie de lucha por Venezuela”, según Virtuoso. Asimismo, Cecilia García Arocha, rectora de la UCV, ratificó “el compromiso de lucha para lograr más rápido que nunca un cambio en el país” y repudió las decisiones recientes del Ejecutivo Nacional con respecto a la Asamblea Constituyente.

Sobre este tema también se pronunció Enrique Planchart, rector de la USB, y afirmó que el pueblo debe entender que este golpe de Estado en el país se viene dando desde que la Asamblea Nacional de mayoría opositora asumió sus funciones, y recalcó que ante eso la Universidad no puede callar. “Maduro no es el presidente, Maduro es un payaso manejado por un movimiento militar. Peor aún, por un movimiento militar internacional”, aseveró.

Por su parte, el rector de la Unimet, Benjamín Scharifker, hizo referencia a la “miseria material, pero también humana en la que está sumido el país”, y la importancia de que instituciones como las universidades permanezcan abiertas en tiempos como estos. Scharifker recordó a Juan Pablo Pernalete, estudiante de dicha casa de estudios asesinado en una protesta, y repudió la crueldad de la represión imprimida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en concentraciones opositoras.

Asimismo, la máxima autoridad de la UMA, Francisco Febres, argumentó que en el país se viene implementando desde hace dieciocho años un sistema que coloca al Estado sobre los derechos de los ciudadanos, desconocedor de la democracia. Al finalizar su alocución, se dirigió a los estudiantes: “llegó la hora de tomar las riendas del trabajo. Es un compromiso intergeneracional. Son tiempos duros donde el compromiso es con la libertad y la verdad”.

Finalmente y entre aplausos, los cinco rectores anunciaron que las casas de estudios permanecerán abiertas a pesar de las distintas amenazas que han recibido y, frente a este contexto especial, se tomarán medidas especiales así como un régimen de flexibilidad para mantener la continuidad de las clases. “La Universidad tiene la tarea de ser esa luz en la oscuridad, de seguir irradiando ideas y conocimiento, ser un espacio para el debate. El acto más subversivo contra la dictadura es seguir propiciando estos espacios”, finalizó Francisco Virtuoso.

Durante la noche del 20 de abril y tras la manifestación convocada por la oposición para ese mismo día, los habitantes de El Paraíso protestaron en la zona. La situación terminaría en lo que los vecinos -que en ningún caso quisieron dar sus datos por miedo a represalias- describieron como una “brutal represión”, que incluyó en el menú bombas lacrimógenas, perdigones y disparos hasta después de la media noche. Todo patrocinado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y grupos de colectivos que actuaron frente a los funcionarios de seguridad del Estado

@Sabridamore

LA CALLE DEL PUENTE 9 DE DICIEMBRE, en El Paraíso, amanece devastada. Restos de barricadas levantadas por manifestantes descansan en un suelo inundado por una tubería rota durante las manifestaciones. Los carros pasan como pueden y varios negocios se encuentran funcionando con la santamaría a medio abrir. La razón: protestas y una represión calificada por los vecinos como “brutal” durante la noche anterior.

Habitantes de la zona explican que desde las 7:00 de la mañana del 20 de abril, y como viene ocurriendo desde hace dos días atrás, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) bloqueó el puente 9 de diciembre y no dejaron salir a quienes querían asistir a la convocatoria de la oposición. Varios vecinos coinciden en que los aproximadamente 80 funcionarios contaban con dos camiones blindados y tres tanquetas.

GNB en el puente 9 de diciembre durante la mañana del 20A

Un trabajador de una ferretería de la zona, asegura que más o menos desde las 3:00 de la tarde, varios jóvenes de los edificios conocidos como “Los Verdes” de El Paraíso -residencias que recibirían la mayor dosis de represión más tarde- bajaron y empezaron a protestar, trancando la calle con barricadas. Según un habitante de la misma residencia, la GNB tenía dos de las tanquetas apuntando hacia esa calle, por lo que las barricadas eran para evitar que los efectivos de la GNB se acercaran a reprimir la manifestación, como había pasado el día anterior cuando los vecinos recogieron más de 500 bombas lacrimógenas dentro de los edificios.

Sin embargo, durante ese tiempo no hubo represión alguna. “Los guardias permitieron que la gente manifestara pacíficamente, pero permanecieron allí. No se movieron”, declaró el trabajador. Otro joven resalta que los camiones de GNB hacían cambio de luces cada cierto tiempo, pero nadie identificó a quién, aunque había un grupo de motorizados frente a la esquina de la farmacia Saas.

A eso de las 6:00 de la tarde, según un habitante de otro conjunto residencial, la GNB se retiró, y acto seguido los manifestantes empezaron a encender cosas (basura, las mismas barricadas, etc). Algunas personas del edificio Las Fuentes, en la misma calle, se unieron a la protesta, “pero siempre de forma pacífica”, asegura el ciudadano. Una hora después, la PNB y varios colectivos llegarían a la zona e iniciarían la primera arremetida.

Presencia de PNB y paramilitares en la esquina de la farmacia Saas y alrededores de la calle

“Allí se prendió la cosa, llegó la PNB y colectivos, empezaron a lanzar bombas incluso dentro de las residencias, perdigones y tiros”, asegura uno de los habitantes. Otros vecinos aseveran que eran unos 60 paramilitares (colectivos) con armas largas, y que algunos de ellos se mantuvieron en la esquina donde se encuentra la farmacia Saas, y rompieron con un fusil los bombillos para que no los vieran. En efecto, esta mañana los bombillos en la entrada estaban destruidos; sin embargo, el encargado explica que “no sabemos quién lo ocasionó, aquí cerramos a las 3 de la tarde, cuando vimos que iba a arrancar la cosa y ya los otros negocios estaban bajando sus santamarías”.

Un vecino de “Los Verdes” describe que, desde el piso 10 donde vive, “no podía identificar bien desde dónde venían las detonaciones, pero sí había dos tanquetas que venían desde la farmacia y allí empezó el primer enfrentamiento fuerte”. El mismo asegura que “sí eran colectivos, se veían venir las motos y las armas largas. En Mi Parrilita -un local de la zona- había PNB y no impidieron que los motorizados atacaran”, denuncia el ciudadano.

“En la ferretería al lado de los edificios verdes, había un grupo grande que descargó la furia de sus armas. Plomo, plomo y plomo. Colectivos y PNB disparando. Fueron como 20 minutos de pura descarga en dos rondas”, describe un joven que vive en la residencia del frente, desde donde podían observar todo pero no podían hacer nada, pues “también tenían linternas con las que trataban de alumbrar hacia las ventanas de las residencias, y sacaban fotos descaradamente, con el flash encendido”.

A las 9 de la noche inició un segundo ataque, pero esta vez los colectivos intentaban meterse en “Los Verdes”, y los vecinos respondieron. “Mucha gente se activó, apagaron las luces para que no vieran hacia adentro. Se estaban montando en el techo de la ferretería para pasarse. También intentaron pasar por la entrada que da hacia la funeraria. Les lanzaban piedras, palos y botellas para impedirlo”, cuenta un vecino.

Marcas de bala en un hotel ubicado en la calle del puente 9 de diciembre

Otro joven asegura que incluso se escuchaban disparos desde las torres en respuesta a los paramilitares y los policías. “Mientras intentaban adentrarse en las torres, nunca dejaron de escucharse disparos”, explica. Según los habitantes de la zona, la situación se mantuvo hasta pasadas las 2 de la madrugada de este viernes 21 de abril, cuando las detonaciones empezaron a ser cada vez más esporádicas, hasta que los colectivos y la PNB se retiraron.

Gas lacrimógeno a domicilio

Aunque hasta ahora los vecinos no han recibido información sobre heridos de bala, las bombas lacrimógenas lanzadas por la PNB afectaron a algunas personas dentro de sus apartamentos, tanto en “Los Verdes” como en otras residencias cercanas.

Una vecina de la zona, de 82 años de edad, explica cómo vivió momentos de desesperación cuando tuvo que esconderse en el baño con sus nietos y su hijo para resguardarse de los gases que se metían por la ventana. “Después de eso empezaron los tiros de parte de los colectivos. No se metieron al edificio porque cerramos todas las puertas y hubo gente que respondió”, aseguró la octogenaria.

Otra ciudadana de la tercera edad, además de haber escuchado centenares de detonaciones, afirma que tuvo que encerrarse en la habitación principal de su vivienda con sus nietos de 9 y 5 años, pues esta era la única zona de la casa que no estaba expuesta a la entrada de gases por las ventanas. En el piso 5 de “Los Verdes”, una bomba se metió por la ventana de uno de los apartamentos, en el que se encontraba una anciana completamente sola. “Los vecinos la sacamos y la auxiliamos, está sola porque sus hijos se fueron del país”, argumentó un grupo de residentes.

Un joven asegura que aunque ni la PNB ni los paramilitares atacaron directamente su residencia, como sí ocurrió con “Los Verdes”, los gases igualmente llegaron a su apartamento: “mi papá se vio muy afectado por las lacrimógenas, ya está mayor y el aire se metía en el apartamento y no podíamos salir, teníamos que permanecer adentro”. Aun así, en el estacionamiento de su edificio se recogieron esta mañana al menos 7 bombas lacrimógenas, y dos vehículos sufrieron daños ya que varias de las bombas les cayeron encima.

En la mañana del 21 de abril, se recogieron estos restos en los alrededores de Los Verdes:

Atrapados en El Paraíso

“Desde la marcha del 19 de abril nos tienen así. La comunidad baja a participar en las marchas y nos trancan todos los accesos. No podemos salir de aquí. En el puente nos pusieron una tanqueta y muchos motorizados”, recalca una habitante de “Los Verdes”, y agrega que la gente sale y cuando vuelven del trabajo no hay entrada porque esta la GNB o los colectivos.

Además, residentes miembros de la junta de condominio de una de las torres, alegan que no poseen trabajadores de seguridad, como vigilantes, que ayuden a resguardar la residencia. “Esos muchachos que protestan son hijos de nuestros propietarios, y son los únicos que nos defienden. Hay otros vecinos oficialistas que nos han denunciado por terroristas, pero es que no son nuestros jóvenes ni nuestro edificio, es el país que está encendido”, declara uno de ellos.

Los habitantes de “Los Verdes” reclaman que la comunidad está presa: “Llega la GNB en la mañana, y cuando se va llegan los colectivos. Luego se van ellos, y llega la GNB. Tenemos que cerrar los portones y demás accesos, desde las 3 de la tarde aquí hay un toque de queda. Somos 1.200 propietarios y nos dicen terroristas por lanzar piedras, pero ellos se quieren meter”. También aseguran que después de la marcha del miércoles 19 de abril, mucho jóvenes que no eran de la zona quedaron atrapados en El Paraíso, y en la residencia los resguardaron. Los vecinos también reclaman que luego de esos enfrentamientos, la zona queda hecha un «cochinero».

Cinco personas han muerto en Venezuela durante la última semana a consecuencia de la represión excesiva de los cuerpos de seguridad del Estado en las manifestaciones en rechazo a la violación del hilo constitucional por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Dos de las víctimas son estudiantes que cayeron a manos de funcionarios policiales, y otros dos, incluyendo a un menor de edad, a manos de colectivos.

Según la ONG Foro Penal Venezolano, desde que la oposición retomó las calles el 4 de abril en contra de la ruptura del hilo constitucional por parte del TSJ, y hasta el día de ayer, 11 de abril, los cuerpos de seguridad del Estado han arrestado a 325 personas. Del total de detenidos, 153 se mantienen apresados y 15 han quedado privados de libertad por orden judicial.

El primer deceso se registró el 5 de abril, en el sector Montaña Alta de Carrizal, estado Miranda, cuando el estudiante de 19 años, Jairo Ortiz, recibió un impacto de bala en la espalda durante enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la GNB. Cuatro días después, el Ministerio Público dictó privativa de libertad para el oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Rohen Luis Leonel Mata Rojas, de 27 años de edad, por su presunta responsabilidad en este hecho.

Posteriormente, el día de ayer, Ricarda González, de 87 años de edad, falleció tras inhalar gas lacrimógeno en su vivienda en Bello Monte, zona donde efectivos de seguridad del Estado reprimían la concentración convocada por la oposición. De acuerdo con la versión policial, tenía asma y con los gases lacrimógenos se complicó, lo que le produjo una insuficiencia cardiaca.

Otro estudiante se sumó a la lista de vidas perdidas durante la madrugada de este 11 de abril en Bella Florida, al sur de Valencia, estado Carabobo. Allí Daniel Queliz, de 19 años, recibió un perdigonazo en una pierna y posteriormente un disparo en el cuello. El joven era estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad Arturo Michelena y se encontraba en una manifestación, la cual fue reprimida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y Policarabobo, según información de El Pitazo.

Durante la noche del 11 de abril, en la urbanización Yucatán, en Barquisimeto, estado Lara, un joven de 14 años recibió un impacto de bala en el abdomen en una protesta, y falleció este miércoles en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, según confirmó el diputado a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina. Presuntos colectivos que abrieron fuego contra los manifestantes serían los responsables de la muerte.

Finalmente, en la madrugada de este miércoles 12 de abril, durante las protestas en Cabudare, estado Lara, colectivos asesinaron a Miguel Ángel Colmenárez, informó vía Twitter el reportero gráfico Andrews Abreu.

#ÚLTIMO | Colectivos asesinaron a Miguel Angel Colmenarez, vecino de la 58 con 15B en #Barquisimeto en la madrugada de este #12abr pic.twitter.com/vE7zJ1TNte

— Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) 12 de abril de 2017

 

Tan solo durante los días 10 y 11 de abril, se produjeron 126 arrestos verificados, según publicaciones de Alfredo Romero, director de Foro Penal, en su Twitter.  

#12A Ayer hubo 43 arrestos. Mayor número en Valencia (15) y Barquisimeto (13)

— Alfredo Romero (@alfredoromero) 12 de abril de 2017

#11A 8:30am Actualización: Ayer se produjeron 83 arrestos verificados x protestas. Hubo 48 en Lara, 29 en Caracas, 5 en Monagas y 1 Zulia

— Alfredo Romero (@alfredoromero) 11 de abril de 2017

 

 Según las últimas listas de esa ONG, publicadas el 11 de abril a las 9 de la mañana, en Caracas se mantienen detenidos en el CICPC de la avenida Urdaneta los siguientes ciudadanos:     Igualmente en Lara, estado que lidera las cifras de detenidos, estos son los ciudadanos que se encuentran apresados en distintas sedes de la GNB, según la última información publicada por Pedro Troconis, coordinador de Foro Penal en dicho estado, a las 8 de la mañana de este martes 11 de abril:  

Detenidos en el comando Alí Primera de la GNB

Detenidos en el comando 121 de la GNB

Detenidos en el Core 4 de la GNB

Una hora más tarde, Troconis informó que los detenidos en el Comando 121 de la GNB estaban siendo trasladados al Comando Alí Primera. La información más reciente sobre los detenidos en otros estados del país es del viernes 7 de abril, cuando el balance de detenidos era de 103 ciudadanos.    

El trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Gobierno Nacional, junto a programas focalizados en homicidios y data calificada, son esenciales para reducir homicidios en Venezuela. Así lo afirman Doriam Borges e Ignacio Cano, investigadores del Laboratorio de Análisis de la Violencia en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil.

“La polarización que existe en el país dificulta muchas alternativas, pero dada la gravedad de las circunstancias, todos los actores deben sentarse para lograr crear planes efectivos que encaminen el problema hacia una solución”, asegura Cano. Para finales del 2015, la tasa de homicidios en el país era de 58.1 por cada 100.000 habitantes, según la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

Ambos especialistas en violencia, criminalidad y seguridad pública, se encuentran en el país para realizar diversas actividades con distintas organizaciones y la sociedad civil, incluyendo el taller Programas y experiencias para la reducción de homicidios en América Latina, este jueves 9 de marzo.

Borges y Cano coinciden en que si bien el Estado es un ente fundamental para crear programas que disminuyan los homicidios, “la sociedad, las empresas, las organizaciones, y los gobiernos estatales tienen un papel importante que deben jugar”.

Además, resaltan la importancia de la focalización de los programas, ya que no es suficiente crear políticas generales de prevención de violencia: “en primer lugar debemos entender que hay que lograr diagnósticos locales. No venimos con una receta, no hay fórmula mágica. Hay que focalizar programas específicos para la reducción de homicidios”, dijo Cano.

El propósito inicial de la visita de los especialistas es difundir, a través del taller, un estudio realizado cuyo resultado fue una radiografía de todos los programas existentes en la región, para disminuir los índices de homicidios. Fueron identificados 93 en Latinoamérica y 2 en Venezuela. En segundo lugar, esperan poder trabajar con instituciones del estado y demás organizaciones dispuestas, para mejorar la calidad de la data de homicidios en Venezuela.

La opacidad de la data venezolana

Para Borges y Cano, Venezuela es un caso “paradigmático de la necesidad de tener cifras convergentes y únicas sobre violencia”, y apuntan que la falta de datos oficiales en nuestro país es un inconveniente importante para generar políticas públicas eficientes, sobre todo cuando incluso funcionarios del gobierno manejan datos que discrepan entre sí.

Los expertos explican que actualmente están trabajando con la fiscalía, por sus “condiciones técnicas y nivel de independencia”. Aunque también han trabajado con las cifras del Observatorio Venezolano de Violencia, y con la Policía Judicial, esta vez esperan poder reunirse con el sector de la salud.

Cano argumenta que la unión entre los datos de la Policía Nacional, junto a los que tengan las organizaciones de la salud, es fundamental: “los datos del sector salud nos permiten contrastar con los de la policía. Cuando cruzas las defunciones y los registros criminales, obtienes una idea más precisa sobre los homicidios, y es ideal para tener una data confiable”. Además, resalta la importancia de realizar un ejercicio de convergencia para generar más y mejores datos, “pues, al final, el gobierno es el más interesado en que su pueblo confíe en sus cifras”.

De los 93 programas que los expertos hallaron en su estudio en la región, 2 están en Venezuela: “uno, es la campaña para la valoración de la vida, realizada por un grupo de universidades. Fue una campaña de valores. Por otro lado, el proyecto Alcatraz. Ambas iniciativas de la sociedad y la academia”, afirma Cano.

Este último proyecto, recluta jóvenes transgresores con la misión de transformar ese liderazgo violento en positivo, haciendo uso de trabajo intensivo, educación en valores y utilizando la práctica del rugby como mecanismo de prevención de violencia.

Sobre la experiencia en Brasil

Con respecto al problema de violencia que se vive en Brasil, Cano resalta que aunque no se ha solucionado, ha habido programas importantes que han ayudado a disminuir las tasas de homicidios. Sin embargo, la falta de continuidad, la corrupción policial y la no inserción de los efectivos de seguridad en las comunidades, han sido impedimentos importantes en la resolución del conflicto.

Dorien Borges, también sociólogo, explica que los programas más importantes han sido Pacto de la Vida, y las Unidades de Policía Pacificadora. El primero, aplicado en la región de Pernambuco, logró que “los números de homicidios bajaran, mientras en el resto de las regiones iban en aumento”, asegura Borges.

“Este programa tuvo varias acciones delegadas, pero una muy interesante fue la división de los territorios a partir de diagnósticos según las características de los homicidios cometidos, y de acuerdo a eso los policías trabajaban en cada zona. La población participó en la construcción del plan y se aplicó represión cualificada y mucha investigación”, explica Borges. Sin embargo, la crítica principal es que, luego de ser aplicado, se dejó de consultar a las comunidades y no se monitoreó correctamente el funcionamiento.

En cuanto a las Unidades de Policía Pacificadora, se iniciaron en Río a finales del 2009, y el plan consistía en la “ocupación temporal de las favelas por grupos policiales. Al ocurrir esto, los delincuentes abandonaban la zona. Aunque tuvo buenos resultados al principio, la proximidad entre los funcionarios policiales y la gente de las comunidades no fue la esperada, y al abandonar las favelas, los delincuentes volvían”, comenta el sociólogo.

El investigador agrega que a esto se suma que algunos policías se involucraban demasiado y terminaban cometiendo los mismos delitos que, en un principio, estaban tratando de eliminar. “Esto generó muchos enfrentamientos, y cuando ibas a revisar los resultados del plan, te encontrabas con una bola de nieve de muertes y más muertes”, argumenta.

¿Qué pasa en la región?

Actualmente, la mayor cantidad de homicidios a nivel mundial ocurren en la región latinoamericana. Según Ignacio Cano, de los 93 programas para disminuir los homicidios que lograron identificar en Latinoamérica, solo el 20% han sido objeto de un control de impacto. Eso quiere decir que el resto fue aplicado, más no monitoreado, por lo que no se sabe si fue efectivo, ni sus capacidades de mejora.

“Esto, junto a la falta de diagnósticos específicos, son fallas que se repiten en la mayoría de los países. Si queremos dejar de ser la región con mayor tasa de homicidios, tenemos que hacer una intervención más direccional”, asevera Cano.

No obstante, no todos los países que integran el bloque latinoamericano se encuentran en igual situación de gravedad. Por ejemplo, Cano explica que las tasas de homicidios en países andinos y del cono sur, exceptuando a Brasil, son fácilmente comparables con las tasas de homicidios en Europa.

Lo contrario ocurre cuando nos vamos a la zona de américa central, donde países como El Salvador, Honduras y Nicaragua, tienen los números más alarmantes. “Luego, con un nivel medio-alto, se encuentran naciones como Colombia, México y Brasil. A Venezuela podríamos ubicarla entre este nivel y el de los países del centro”, explica Cano.

El especialista añade que otro elemento importante para crear planes eficientes en la región es distinguir los tres niveles de prevención que existen. “Tenemos el nivel primario, que es el más general; el secundario, dirigido a grupos específicos; y el terciario, dirigido a personas que ya han sido víctimas o han cometido hechos violentos. Este último es el más focalizado”, comenta.

“Tampoco se hacen diagnósticos reales, simplemente se aplican ideas basadas en datos formulados desde EEUU y Europa, que no tienen nada que ver con nosotros”, agrega Cano.

En relación a la corrupción que puede generarse dentro de los cuerpos policiales cuando se aplican planes como los implementados en Brasil, ambos investigadores coinciden en que es un riesgo que hay que asumir, junto a medidas de fiscalización efectivas que permitan la denuncia.

“Los modelos policiales militares apuestan al distanciamiento entre la comunidad y la policía, y para evitar la corrupción rotan a los funcionarios cada cierto tiempo. Los últimos años de estudios de policía comunitaria han puesto de manifiesto que la proximidad es necesaria, y no puede haber proximidad y vinculación si cada cierto tiempo el policía cambia de lugar. Hay que aceptar los riesgos que esto supone, para poder ver lo beneficios”, finalizó Ignacio Cano.

Entre enero y febrero del año 2017, al menos 22 funcionarios de seguridad han fallecido a manos del hampa en distintos lugares del país. A esto se suman situaciones de sometimiento por parte de delincuentes en algunas sedes de control. Tan solo en los últimos 5 días se han registrado 3 asesinatos y 2 asaltos.

El domingo 26, en San José de Barlovento y durante una festividad de carnaval, Jonathan Alberto Cardozo, soldado del Ejército Nacional, fue asesinado por un grupo de uniformados que acabaron la celebración con disparos. Cardozo recibió una bala en la pierna y otra en la espalda. Fue trasladado al hospital Domingo Luciani, donde falleció en la madrugada del lunes. Ese mismo día, Darwin Manzano, Sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue asesinado en el punto de control en la urbanización 8 de marzo de la misma zona.

Durante esa madrugada del lunes, en la sede del Área de Defensa Integral (ADI) 434 Zamora, ubicada en la urbanización Valle Arriba de Guatire, 4 soldados y un distinguido de las Fuerzas Armadas fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados, quienes los sometieron y robaron comida y equipos electrónicos.

Posteriormente, el mismo grupo armado se dirigió al Primer y Segundo Comando del ADI, de donde robaron las pertenencias personales del comandante del lugar, Coronel José Gregorio Pantoja Salcedo: tres cauchos de camioneta, asientos y baterías de moto, 6 televisores planos, un freezer con perniles y aproximadamente 15 laptops destinadas a la jornada de “Carnetización de la Patria” con su respectiva impresora.

A esa misma hora, en el sector Guaicoco del Municipio Sucre, un grupo de antisociales sometió a funcionarios de la GNB. El sargento segundo, Kevin Yosued Pérez Fernández, fue secuestrado en medio de la acción criminal, fue tomado como rehén y amenazado de muerte, para ser liberado posteriormente en el Km. 2 de la carretera Panamericana sin su fusil.

Dos días después, en la noche del primero de marzo, Nixon Jalaliyu Donquiz, fue asesinado de un tiro en la cabeza. El funcionario de la Guardia del Pueblo se resistió al robo de sus pertenencias en Valles del Tuy, en las caminerías del ferrocarril adyacente al Mercado Municipal.

La frecuencia con la que ocurren este tipo de hechos es cada vez mayor y todo parece indicar que en esta batalla entre policías y ladrones, son estos últimos los que tienen el poder.