Por Ricardo Hausmann y Frank Muci

 

EN AGOSTO DE 2017, LA CASA BLANCA impuso sanciones financieras a Venezuela, limitando su acceso a los mercados financieros de los Estados Unidos. Poco después, la economía de Venezuela y el sector petrolero colapsaron. Los economistas Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política, y Jeffrey Sachs concluyen que las sanciones causaron el colapso y el sufrimiento humano que siguió. ¿Es esto convincente?

En resumen, no.

Para hacer su comentario, Weisbrot y Sachs toman a Colombia como una hipótesis para Venezuela. Luego, afirman que las tendencias de la producción de petróleo de Colombia y Venezuela fueron similares antes de las sanciones y divergieron después de que se impusieran las sanciones, cuando la producción de Venezuela disminuyó mucho más. Por lo tanto, razonan, las sanciones deben haber causado el declive agregado de Venezuela. Su evidencia se encuentra en la Figura 1 a continuación.

 

Figura 1: Evidencia principal de Weisbrot y Sachs

 

Pero, ¿es Colombia un buen “contrafactual” para Venezuela? No por una milla. En primer lugar, las tendencias de la producción de petróleo no fueron similares en la década anterior a las sanciones. De hecho, Colombia tuvo un auge petrolero en la década de 2000 que fue impulsado en parte por los 20,000 profesionales petroleros venezolanos que Chávez despidió de PDVSA en 2003, lo que causó una caída en la producción de Venezuela. Solo se puede hacer que las tendencias se vean «similares» antes de las sanciones, volviendo a escalar convenientemente los ejes y solo mirando los datos a partir de 2013 en adelante.

 

Figura 2: Producción de petróleo en Colombia y Venezuela (kbpd)

 

En segundo lugar, los dos países son radicalmente diferentes en otras dimensiones. Colombia ha tenido políticas petroleras favorables al mercado desde la década de 2000 y ha tenido un buen desempeño en los últimos años. En contraste, Venezuela ha sido un choque de trenes a cámara lenta. Durante la última década, sus instituciones democráticas se han vaciado, el estado de derecho se ha desvanecido, y la profundización de las distorsiones económicas ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes y una depresión económica.

En tercer lugar, apenas un mes después de las sanciones financieras a fines de 2017, Nicolas Maduro despidió al presidente y al ministro de petróleo relativamente tecnocrático de PDVSA y los reemplazó por un solo general militar sin experiencia en petróleo. El nuevo CEO despidió y encarceló a más de 60 gerentes sénior de la compañía petrolera, incluido su anterior presidente por cargos de corrupción. No sucedió nada remotamente similar en Colombia, lo que confunde los efectos de las sanciones con los del despido, lo que, de nuevo, hace que sea una mala hipótesis para Venezuela.

En cuarto lugar, Colombia tiene principalmente petróleo pesado, lo que hace que su producción sea sensible a los bajos precios del petróleo. Según Weisbrot y Sachs, esto es lo que la convierte en un buen “contrafactual” para Venezuela. Pero Venezuela tiene una mezcla de crudos ligeros, medios y pesados. Además, la producción de crudo pesado de Venezuela (administrada por empresas conjuntas con compañías petroleras extranjeras) ha sido relativamente resistente. Lo que colapsa de manera desproporcionada es la producción de crudos ligeros y medios, que están bajo el control directo de PDVSA. Por lo tanto, la supuesta similitud en la disminución de la producción de 2015 no está relacionada con el petróleo pesado, como sostienen Weisbrot y Sachs. Por último, a Colombia le queda muy poco petróleo subterráneo, apenas 1.700 millones de barriles, mientras que Venezuela tiene más de 300.000 millones de barriles, las reservas de petróleo más grandes del mundo.

Por todas estas razones, tomar lo que sucedió en Colombia desde 2017 como una hipótesis contrafactual por lo que habría ocurrido en Venezuela si no hubiera habido sanciones financieras no tiene sentido.

Si, por el contrario, comparamos a Venezuela con el resto de la OPEP, un conjunto de países con reservas típicamente más grandes similares a Venezuela, surge una imagen clara. Si bien la producción de Venezuela fluctuó alrededor del 10% de la OPEP antes de que Chávez asumiera el control en 1999, comenzó una declinación sostenida (Figura 3), casi dos décadas antes de las sanciones, cortesía de las políticas que incluían el despido antes mencionado de 20,000 empleados, la expropiación repetida de las empresas de producción y servicios petroleros, el desvío de sus préstamos a actividades no petroleras y la mala gestión y la corrupción.

 

Figura 3: Participación de la producción de petróleo de Venezuela en la OPEP (% del total)

 

Weisbrot y Sachs también atribuyen el aumento de las tasas de mortalidad en 2017-2018 y las 40,000 muertes asociadas a las sanciones financieras. Esto es aún menos serio. ¿Cómo descartan que las tasas de mortalidad no hubieran seguido aumentando sin las sanciones? ¿Cómo descartan que no fue el colapso en la importación de alimentos y medicamentos lo que precedió las sanciones que aumentaron las tasas de mortalidad? ¿O los médicos venezolanos saliendo del país? ¿O la indolencia del gobierno y la corrupción? Weisbrot y Sachs no descartan ni abordan explicaciones alternativas.

Pero hay algo más que está mal con el artículo de Weisbrot y Sachs. También escriben que los $ 7 mil millones en servicio de la deuda que tenía que pagar con PDVSA en los próximos dos años «podrían haberse pospuesto con la reestructuración de la deuda de PDVSA que se estaba negociando» en ese momento si no hubiera sido por las sanciones financieras. . Como resultado de las sanciones, su artículo implica que la reestructuración se descarriló y el gobierno tuvo que reducir las importaciones de alimentos y medicamentos para pagar la deuda de PDVSA, lo que contribuyó a la crisis humanitaria.

Este razonamiento es profundamente defectuoso. Primero, cuando los precios del petróleo se derrumbaron en 2014, muchos analistas, incluidos nosotros, sugirieron que una reestructuración de la deuda era necesaria y, de hecho, deseable. Pero, en cambio, el gobierno persiguió a los que hicieron sonar las alarmas y, en cambio, optó por recortar las importaciones de alimentos y medicamentos, lo que desencadenó la crisis humanitaria mucho antes de las sanciones. En consecuencia, cuando se impusieron las sanciones, Venezuela ya había reducido las importaciones de alimentos y medicinas en más del 80% (Figura 4), lo que provocó una crisis humanitaria que se anticipó en diciembre de 2015. Años antes de incumplir con los tenedores de bonos, Maduro optó por incumplir con los estómagos de Venezuela.

 

Figura 4: Colapso de las importaciones de medicamentos

 

En relación con esto, Venezuela ya estaba fuera del mercado de capitales meses antes de las sanciones de agosto de 2017. Tres meses antes, en mayo de 2017, el país recaudó casi $ 900 millones en efectivo prometiendo pagar $ 2.8 mil millones en cinco años con la venta de los infames bonos del hambre. El costo de interés implícito del financiamiento fue del 47%. Anteriormente, en noviembre de 2016, había intentado colocar un bono muy garantizado en exceso con un rendimiento del 22% hasta el vencimiento, pero no pudo vender toda la emisión.

Así, muchos meses antes de las sanciones, los mercados de capital decidieron que era demasiado arriesgado prestar dinero a un precio que no fuera el de un ojo. La falta de acceso al mercado no tuvo nada que ver con las sanciones financieras, y las negociaciones con los tenedores de bonos (que estaban dirigidas por un «capo de la droga») casi no iban a ninguna parte. Los mercados no creían que Maduro estuviera dispuesto o pudiera revertir el declive de Venezuela.

En enero de 2019, el gobierno de EE. UU. Sancionó a PDVSA, lo que restringió la capacidad de las personas de EE. UU. De tener una relación comercial o financiera con la empresa. Las sanciones fueron seguidas por una caída precipitada en la producción de petróleo. Nuevamente, ¿podemos atribuir directamente la disminución a las sanciones? No.

La mayoría de las sanciones entraron en vigor el 15 de abril y, sin embargo, la producción de petróleo disminuyó precipitadamente antes de esa fecha. Después de todo, Venezuela pudo eludir las sanciones redirigiendo las ventas de petróleo de Estados Unidos a India, China y Rusia. En cambio, los apagones eléctricos nacionales que recientemente paralizaron a Venezuela son el principal impulsor de la disminución adicional. Como se ve en la Figura 5, el colapso de la producción de petróleo en marzo estuvo relacionado fundamentalmente con los dos apagones ocurridos entre el 7 y el 11 de marzo y del 25 al 31 de marzo.

 

Figura 5: Producción diaria de petróleo y apagones

 

Estos apagones recientes fueron provocados por incendios forestales cerca de las líneas de transmisión clave: nadie había hecho el mantenimiento necesario para cortar la vegetación en exceso. Pero el colapso del sector eléctrico se remonta a su nacionalización en 2007 y a la “emergencia eléctrica” de 2009, donde el régimen asignó más de $ 50 mil millones a inversiones en el sector. Una orgía de corrupción bien documentada consumió la mayoría de los fondos y la capacidad de generación no aumentó en un solo gigavatio.

Las políticas perversas y la mala gestión extrema explican el grueso del colapso de Venezuela. Las sanciones financieras han impedido al régimen hipotecar aún más el futuro del país. Son un medio para presionar al régimen para que negocie el retorno a la democracia y al gobierno constitucional. Las sanciones petroleras están diseñadas para restringir su acceso a los recursos con los que continuar su opresión. Nadie discute que afectarán adversamente a PDVSA en el futuro, pero han acercado a Venezuela más que nunca al cambio de régimen.

Es comprensible que los autores no estén de acuerdo con el uso de sanciones para presionar a la dictadura de Venezuela. No es comprensible que tergiversen sus efectos con un razonamiento descuidado.

 

* Ricardo Hausmann es el director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard

 

 

La crisis de Venezuela está pasando, inexorablemente, de ser catastrófica a ser inimaginable. El nivel de miseria, sufrimiento humano y destrucción ha llegado a un punto en que la comunidad internacional debe repensar cómo puede ayudar.

Hace dos años, advertí que en Venezuela se avecinaba una hambruna similar al Holomodor de Ucrania entre 1932 y1933. El 17 de diciembre, The New York Times publicó en su portada fotografías de este desastre, provocado por el hombre.

En julio, describí la calamidad económica sin precedentes por la que atraviesa Venezuela y documenté el colapso en la producción, los ingresos, y los niveles de vida y salud. Probablemente, la estadística más reveladora que cité fue que el sueldo mínimo (el que en Venezuela gana el trabajador mediano), medido en la caloría más barata disponible, había caído de 52.854 calorías diarias en mayo de 2012 a tan solo 7.005 en mayo de 2017, completamente insuficiente para alimentar a una familia de cinco personas.

Desde entonces, la situación ha empeorado de manera drástica. Para el mes de noviembre, el sueldo mínimo se había desplomado a apenas 2.740 calorías diarias. Y la escasez de proteínas es todavía más aguda. El abastecimiento de carne de cualquier tipo es tan reducido, que el precio de un kilo en el mercado equivale a más de una semana de trabajo remunerado al sueldo mínimo.

Las condiciones de salud también han decaído, como consecuencia de las deficiencias nutricionales y de que el gobierno decidió no proveer fórmula para lactantes, vacunas contra enfermedades infecciosas, medicamentos para quienes están en tratamiento por SIDA, cáncer, diálisis y trasplante, y también los suministros generales de los hospitales. Desde el 1 de agosto, el valor del dólar ha añadido un cero, y desde septiembre, la inflación ha estado por encima del 50% al mes.

De acuerdo a la OPEP, desde mayo la producción de petróleo ha declinado el 16%, una reducción de más de 350.000 barriles al día. Para detener este declive, el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha tenido mejor idea que arrestar a alrededor de 60 ejecutivos de PDVSA, la empresa petrolera estatal, y nombrar a un general de la Guardia Nacional sin experiencia en la industria para conducir sus operaciones.

En lugar de tomar medidas para poner fin a esta crisis humanitaria, el gobierno la está usando para  consolidar su control político. Rechaza los ofrecimientos de asistencia internacional, al tiempo que, para sofocar las manifestaciones, invierte sus recursos en adquirir sistemas de control de disturbios de grado militar fabricados en China.

Muchos observadores externos creen que el gobierno perderá poder a medida que la economía siga empeorando. Sin embargo, la oposición política organizada está hoy en una posición de mayor debilidad que en julio, a pesar de la crisis y del masivo apoyo diplomático internacional. Desde entonces, el gobierno ha instalado una Asamblea Constituyente inconstitucional con plenos poderes, ha cancelado el registro electoral de los tres principales partidos de oposición, ha destituido a alcaldes y diputados legítimamente elegidos, y se ha robado tres elecciones.

Dado que todas las soluciones son imprácticas, inviables o inaceptables, la mayoría de los venezolanos anhelan alguna forma de deus ex machina que los salve de esta tragedia. Lo mejor sería poder convocar elecciones libres y justas para llegar a tener un nuevo gobierno. Este es el Plan A de la oposición venezolana organizada en torno a Mesa de la Unidad Democrática, y es lo que se busca en las conversaciones que se están realizando en la República Dominicana.

No obstante, es un desafío a la credulidad pensar que un régimen dispuesto a matar de hambre a millones de personas para mantenerse en el poder, va a ceder ese poder en elecciones libres. En la década de 1940 en Europa Oriental, los regímenes estalinistas consolidaron su poder pese a sufrir derrotas electorales. El hecho de que el gobierno de Maduro se haya robado tres elecciones tan solo en 2017, y que haya bloqueado la participación electoral de tres de los partidos con los cuales está negociando en República Dominicana, de nuevo a pesar de una atención diplomática internacional masiva, sugiere que el éxito es improbable.

La idea de un golpe militar para restaurar el orden constitucional agrada menos a muchos políticos democráticos porque temen que después los soldados no regresen a sus cuarteles. Por lo demás, el régimen de Maduro ya es una dictadura militar, con oficiales a cargo de muchas agencias gubernamentales. Los oficiales de alto rango de las fuerzas armadas son esencialmente corruptos, habiendo participado durante años en actividades de contrabando, delitos cambiarios y en las compras públicas, narcotráfico y muertes extrajudiciales que, en términos per cápita, son tres veces más prevalentes que en Las Filipinas de Rodrigo Duterte. Un número importante de altos oficiales decentes han estado renunciando a las fuerzas armadas.

Las sanciones focalizadas en individuos, que administra la Office of Foreign Assets Control (OFAC) de Estados Unidos, están incomodando a muchos de los bandidos que gobiernan Venezuela. No obstante, en el mejor de los casos son muy lentas, pues para el tiempo que rindan el efecto deseado se habrán producido decenas de miles de muertes evitables y se habrán ido al exterior millones de nuevos refugiados venezolanos. Y, en el peor de los casos, nunca surtirán efecto. Al fin y al cabo, sanciones como estas no han conducido a un cambio de régimen en Rusia, Corea del Norte, ni Irán.

Esto nos deja con una posible intervención militar internacional, solución que asusta a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos a causa de la historia de agresiones contra sus intereses soberanos, especialmente en México y Centroamérica. Pero es posible que estas no sean las analogías históricas correctas. Después de todo, Simón Bolívar pasó a ser llamado el Libertador de Venezuela gracias a la invasión de 1814 organizada y financiada por la vecina Nueva Granada (hoy Colombia). Entre 1940 y 1944, Francia, Bélgica y los Países Bajos no lograron liberarse de un régimen opresivo sin una acción militar internacional.

La implicación es clara. A medida que la situación en Venezuela se torna inimaginable, sus posibles soluciones se acercan a lo inconcebible. La Asamblea Nacional debidamente elegida hace dos años, en la cual la oposición tiene una mayoría de dos tercios, ha sido despojada de todo su poder de manera inconstitucional por una Corte Suprema nombrada inconstitucionalmente. Y las fuerzas armadas han empleado ilegítimamente su poder para reprimir las protestas y obligar a exiliarse a muchos líderes, entre ellos los jueces de la Corte Suprema que la Asamblea Nacional nombró en julio.

Si se trata de soluciones, por qué no considerar la siguiente: la Asamblea Nacional podría destituir a Maduro y al narcotraficante de su vicepresidente, Tareck El Aissami, sancionado por la OFAC y a quien el gobierno estadounidense le ha embargado más de US$ 500 millones. Dado este vacío de poder, la Asamblea, nombraría de forma constitucional a un nuevo gobierno, el que a su vez podría solicitar asistencia militar a una coalición de países amigos, entre ellos, latinoamericanos, norteamericanos y europeos. Esta fuerza liberaría a Venezuela de la misma forma en que canadienses, australianos, británicos y estadounidenses liberaron a Europa en 1944-1945. Más cerca de casa, esto sería semejante a la liberación de Panamá de la opresión de Manuel Noriega por parte de Estados Unidos, la que marcó el inicio de su democracia y del crecimiento económico más rápido de América Latina.

De acuerdo al derecho internacional, nada de esto requeriría la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (que Rusia y China podrían vetar), puesto que la fuerza militar sería invitada por un gobierno legítimo en busca de apoyo para defender la constitución de su país. La existencia de una opción como esta incluso podría mejorar la probabilidad de que las negociaciones que se están llevando a cabo en la República Dominicana lleguen a un resultado exitoso.

El colapso de Venezuela es contrario al interés nacional de la mayoría de los países. Y las condiciones imperantes en el país constituyen un delito de lesa humanidad al que se debe poner fin por razones morales. El fracaso de la Operación Market Garden en septiembre de 1944, inmortalizado en el libro y el film «Un puente lejano», se tradujo en la hambruna del invierno 1944-1945 en los Países Bajos. La hambruna en la Venezuela de hoy ya es peor que esa. ¿Cuántas vidas más serán destrozadas antes de que arribe la salvación?

@ricardo_hausman

Project Syndicate

 

 

 

El viernes 25 de agosto, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras a Venezuela que limitan la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro y su petrolera nacional, Pdvsa, emitan nueva deuda en los mercados de capital estadounidenses. Las sanciones se impusieron en respuesta a la elección inconstitucional y fraudulenta, organizada por el gobierno, de una asamblea constituyente, y al cierre de facto de la Asamblea Nacional, que había sido elegida de manera constitucional con amplia mayoría opositora.

Si los mercados financieros funcionasen bien, hace mucho tiempo que el acceso a los mercados financieros por parte del régimen de Maduro se habría cerrado. El hecho de que esto no haya ocurrido no solo ha golpeado los sentimientos morales de muchos, sino que también ha revelado la existencia de un defecto fundamental en la arquitectura institucional de los mercados de deuda soberana. Pocas cosas buenas saldrán de la catástrofe económica de Venezuela, sin embargo, una consecuencia positiva podría ser una reforma que ponga a dichos mercados en un pie financiero –y moral– más sólido.

Toda deuda entraña el compromiso por parte del prestatario de repagar lo que ha recibido, con interés. En el caso de deuda pública, el principio de pacta sunt servanda implica que los gobiernos futuros tienen la obligación de respetar los compromisos adquiridos por sus antecesores. No obstante, como en 1927 lo sostuvo Alexander Sack, este no debería ser siempre el caso para los gobiernos posteriores: «Cuando un régimen despótico contrae una deuda no en pos de las necesidades o de los intereses del Estado, sino para fortalecerse a sí mismo, reprimir una insurrección popular, etc., esta deuda es odiosa para la ciudadanía de todo el Estado».

De acuerdo con esta doctrina, las deudas contraídas por regímenes «odiosos» no deberían ser exigibles, puesto que el acreedor debería haber sabido que ellas no fueron contraídas con el consentimiento de la ciudadanía, y tampoco para su beneficio. Según lo expresa Sack: «Estas deudas no obligan a la nación; son deudas de un régimen, deudas personales contraídas por el gobernante, y, en consecuencia, desaparecen al desaparecer el régimen».

La idea de la odiosidad de la deuda fue revivida en un importante artículo de 2006 escrito por Seema Jayachandran y Michael Kremer, como también en un informe de 2010 emitido por el Center for Global Development (CGD), que proponen que las sanciones económicas incluyan un mecanismo dirigido a evitar la acumulación de deudas odiosas. Dicho mecanismo consistiría en una declaración de que la deuda emitida por un gobierno en particular debe ser considerada odiosa. En efecto, esto es lo que acaba de hacer el gobierno de Trump.

Una declaración como esta reduce el flujo de fondos a regímenes odiosos debido al riesgo de que gobiernos posteriores desconozcan las deudas de sus antecesores sin incurrir en costos judiciales ni de reputación (ya que los tribunales de justicia de los países participantes no exigirán el cumplimiento de contratos de deuda).

El informe del CGD propone que un régimen debe ser considerado odioso si viola los derechos humanos de la ciudadanía, emplea fuerza militar, comete fraude electoral, y gestiona mal o malversa fondos públicos.

Es indudable que el régimen venezolano ha perpetrado todos estos actos, lo que lo convierte en el ejemplo modelo de la odiosidad. Pero no los perpetró todos al mismo tiempo: el saqueo de la riqueza de Venezuela, la descarada violación de los derechos humanos, y la inconstitucionalidad de sus decisiones no comenzaron con la elección de la nueva asamblea constituyente del 30 de julio de este año. Ha sido un proceso lento, que comenzó hace muchos años.

Por ejemplo, es difícil argüir que la destrucción de la industria petrolera de Venezuela, que ha perdido casi la mitad de su participación en el mercado mundial desde que el presidente Hugo Chávez asumiera el poder hace casi 20 años, se llevó a cabo para favorecer los intereses del pueblo venezolano. Y ello sucedió en medio del mayor y más largo auge del precio del petróleo de la historia, cuando el país poseía las reservas más grandes del mundo y Pdvsa se estaba endeudando a gran escala.

Es aún más difícil sostener que la deuda de la Pdvsa denominada en dólares era legítima cuando fue vendida en moneda local por debajo de los precios de mercado, a personas con conexiones políticas, quienes solían pedir prestados los bolívares necesarios de la noche a la mañana a bancos del sector público, solo para vender inmediatamente los bonos a Wall Street. Como lo documentó Alejandro Grisanti de Barclay’s en 2008, los beneficiarios se hicieron con una ganancia instantánea en dólares igual a 20%-30% del valor nominal de la deuda.

Ninguna de estas consideraciones impidieron que el régimen venezolano se endeudara, incluso a la absurda tasa de 50%, como sucedió en junio con la compra los «bonos del hambre» por parte de Goldman Sachs. Tampoco lograron evitar que instituciones como JP Morgan incluyeran bonos venezolanos en su índice de bonos de mercados emergentes y adquirieran más de 1.000 millones de dólares en estos bonos en los fondos mutuales y cotizados en bolsa que ofrecen al público como instrumentos de inversión.

Debido a esto proponemos que se adopte un sistema de calificación de odiosidad, parecido a las calificaciones crediticias. Si bien estas últimas se enfocan en la capacidad y disposición de un prestatario a repagar, la clasificación de odiosidad proporcionaría una estimación de la probabilidad de que un tribunal decida que la deuda desaparece junto con el régimen. La escala sería continua, yendo desde, por decir, O (dictaduras represivas odiosas) hasta B (democracias bien dirigidas y en pleno funcionamiento). Existirían niveles intermedios: dictaduras que promueven el desarrollo económico y así benefician a la población (por ejemplo, Corea del Sur en los años 1970) y democracias defectuosas que se caracterizan por un manejo económico malo y corrupto (por ejemplo, Argentina bajo Cristina Kirchner).

Las clasificaciones de odiosidad podrían integrarse al derecho internacional indicativo, a ser empleado por los tribunales al hacer cumplir contratos de deuda, y podrían usarse para determinar qué bonos se incluyen en el cálculo de los índices de mercados emergentes. El mismo país podría tener bonos que, al ser emitidos en distintos momentos, tendrían distintas calificaciones de odiosidad y de probabilidades de que se hagan cumplir. Puesto que una calificación de mayor odiosidad limita el apetito de los inversores por esos bonos, los descensos de calificación limitarían la acumulación de deuda irresponsable y los desastres económicos provocados por regímenes como el de Venezuela –y posiblemente acelerarían su desaparición–.

Todavía quedan muchas interrogantes. ¿Quién debería emitir la calificación? ¿Qué metodología debería usarse? ¿Cómo se puede proteger al calificador de presiones políticas? Todas estas preguntas se pueden contestar. El mejor modo de hacerlo es iniciando la discusión.

*En colaboración con Ugo Panizza, profesor de Economía del Graduate Institute, Ginebra. 

Copyright: Project Syndicate, 2017.

www.project-syndicate.org

El 16 de julio se celebró un plebiscito en Venezuela, organizado apresuradamente por la Asamblea Nacional, en la cual la oposición tiene mayoría. Su objetivo era rechazar el llamado del presidente Nicolás Maduro a formar una Asamblea Nacional Constituyente.

En este evento, más de 720.000 venezolanos votaron en el exterior. En la elección presidencial de 2013, solamente lo hicieron 62.311. Cuatro días antes del referendo, 2.117 postulantes rindieron el examen para obtener su licencia médica en Chile. De estos, casi 800 eran venezolanos. Y el sábado 22 de julio, se reabrió la frontera con Colombia. En un solo día, 35.000 venezolanos cruzaron el estrecho puente entre los dos países para adquirir alimentos y medicamentos.

Es evidente que los venezolanos quieren escapar, y no es difícil entender por qué. En todo el mundo los medios de comunicación han estado informando acerca de Venezuela, documentando situaciones verdaderamente terribles, con imágenes de hambre, desesperación e ira. La cubierta de la revista The Economist del 29 de julio lo resume así: “Venezuela en caos“.

Pero, ¿se trata simplemente de otra aguda recesión cualquiera o de algo más grave?

El indicador que más se usa para comparar recesiones es el PIB. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en 2017 el PIB de Venezuela se encuentra el 35% por debajo de los niveles de 2013, o en un 40% en términos per cápita. Esta contracción es significativamente más aguda que la de la Gran Depresión de 1929-1933 en Estados Unidos, cuando se calcula que su PIB per cápita cayó el 28%. Es levemente más alta que el declive de Rusia (1990-1994), Cuba (1989-1993) y Albania (1989-1993), pero menor que la sufrida en ese mismo período en otros antiguos estados soviéticos, como Georgia, Tayikistán, Azerbaiyán, Armenia y Ucrania, o en países devastados por guerras como Liberia (1993), Libia (2011), Ruanda (1994), Irán (1981) y, más recientemente, el Sudán del Sur.

Dicho de otro modo, la catástrofe económica de Venezuela eclipsa cualquier otra de la historia de Estados Unidos, Europa Occidental, o el resto de América Latina. No obstante, las cifras mencionadas subestiman en extremo la magnitud del colapso, según lo revela una investigación que hemos venido realizando con Miguel Ángel Santos, Ricardo Villasmil, Douglas Barrios, Frank Muci y José Ramón Morales en el Center for International Development de la Universidad de Harvard.

Claramente, una disminución del 40% en el PIB per cápita es un hecho muy poco frecuente. Pero en Venezuela hay varios factores que hacen que la situación sea aún peor. Para empezar, si bien la contracción del PIB venezolano (en precios constantes) entre 2013 y 2017 incluye una reducción del 17% en la producción de petróleo, excluye la caída del 55% en el precio del crudo durante ese mismo periodo. Entre 2012 y 2016, las exportaciones de petróleo se desplomaron US$2.200 per cápita, de los cuales US$1.500 obedecieron al declive del precio del crudo.

Estas cifras son exorbitantes dado que el ingreso per cápita en Venezuela en 2017 es menos de US$4.000. Es decir, si bien el PIB per cápita cayó el 40%, el declive del ingreso nacional, incluyendo el efecto precio, es del 51%

Típicamente, los países mitigan estas caídas de precios de exportación ahorrando dinero en tiempos de vacas gordas, para luego utilizar esos ahorros o pedirlos prestados en tiempos de vacas flacas, de modo que el declive de las importaciones no sea tan grande como el del las exportaciones. Pero Venezuela no pudo hacer esto debido a que había aprovechado el auge del petróleo para sextuplicar su deuda externa. El despilfarro en la época de las vacas gordas dejó pocos activos que se pudieran liquidar en el periodo de las vacas flacas, y los mercados no estuvieron dispuestos a otorgar créditos a un prestatario con tal exceso de deuda.

Tenían razón: en la actualidad Venezuela es el país más endeudado del mundo. No hay otra nación con una deuda pública externa tan alta como proporción de su PIB o de sus exportaciones, o que enfrente un servicio de la deuda más alto como proporción de sus exportaciones.

Sin embargo, de modo similar a Rumania bajo Nicolae Ceau?escu en la década de1980, el gobierno decidió recortar las importaciones para poder permanecer al día en el servicio de su deuda externa, lo que repetidamente sorprendió al mercado, el que esperaba una reestructuración. Como consecuencia, las importaciones de bienes y servicios per cápita cayeron en un 75% en términos reales (ajustados según la inflación) entre 2012 y 2016, con un declive aún mayor en 2017.

Este colapso es comparable solamente con los ocurridos en Mongolia (1988-1992) y en Nigeria (1982-1986), y mayor que todos los otros colapsos de las importaciones ocurridos en cuatro años en el mundo desde 1960. De hecho, las cifras venezolanas no muestran mitigación alguna: el declive de las importaciones fue casi igual al de las exportaciones.

Más aún, debido a que esta disminución de las importaciones que impuso el gobierno creó una escasez de materias primas y de insumos intermedios, el colapso de la agricultura y de la manufactura fue todavía peor que el del PIB total, con lo que los bienes de consumo de producción local cayeron en casi US$1.000 per cápita en los últimos 4 años.

Otras estadísticas confirman este funesto panorama. Entre 2012 y 2016, los ingresos fiscales no petroleros se desplomaron un 70% en términos reales. Y, durante el mismo periodo, la aceleración de la inflación hizo que los pasivos monetarios del sistema bancario cayeran un 79% medidos a precios constantes. Medido en dólares al tipo de cambio del mercado negro, el declive fue del 92%, de US$41 mil millones a solo US$3.300 millones.

Dado esto, inevitablemente el nivel de vida también ha colapsado. El sueldo mínimo –el que en Venezuela también es el ingreso del trabajador medio debido al alto número de personas que lo recibe– bajó el 75% (en precios constantes) entre mayo de 2012 y mayo de 2017. Medida en dólares del mercado negro, la reducción fue del 88%, de US$295 a solo US$36 al mes.

Medido en términos de la caloría más barata disponible, el sueldo mínimo cayó de 52.854 calorías diarias a solo 7.005 durante el mismo periodo, una disminución del 86,7% e insuficiente para alimentar a una familia de cinco personas, suponiendo que todo el ingreso se destine a comprar la caloría más barata. Con su sueldo mínimo, los venezolanos pueden adquirir menos de un quinto de los alimentos que los colombianos, tradicionalmente más pobres, pueden comprar con el suyo.

La pobreza aumentó del 48% en 2014 al 82% en 2016, según un estudio realizado por las tres universidades venezolanas de mayor prestigio. En este mismo estudio se descubrió que el 74% de los venezolanos había bajado un promedio de 8,6 kilos de peso de manera involuntaria. El Observatorio Venezolano de la Salud informa que en 2016 la mortalidad de los pacientes internados se multiplicó por diez, y que la muerte de recién nacidos en hospitales se multiplicó por cien. No obstante, el gobierno de Nicolás Maduro repetidamente ha rechazado ofertas de asistencia humanitaria.

El abierto ataque del gobierno de Maduro contra la libertad y la democracia está atrayendo merecidamente una mayor atención internacional. La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea han emitido informes muy duros, y Estados Unidos hace poco anunció nuevas sanciones.

Pero los problemas de Venezuela no son solo de índole política. Abordar la extraordinaria catástrofe económica que ha causado el gobierno también va a requerir el apoyo concertado de la comunidad internacional.

Texto original en The New York Times

 

Los problemas de Venezuela son autoinfligidos y el país sólo se recuperará si se aleja de sus formas. Sin embargo, hay mucho que el resto del mundo podría hacer para ayudar a Venezuela a salir de su crisis actual.

¿Cómo llegamos aquí? Por desgracia, el ex presidente Hugo Chávez no utilizó el auge masivo del precio del petróleo entre 2004 y 2013 para ahorrar dinero para los días lluviosos y en su lugar lo gastó todo y además quintuplicó la deuda externa pública. Esto dejó al país en una posición vulnerable porque cuando el precio del petróleo se redujo en 2014 el país se quedó sin ahorros y sin acceso a los mercados financieros debido al sobre-endeudamiento. Utilizó el auge para expropiar grandes franjas de la economía, imponer controles de cambio y de precios draconianos y subsidiar las importaciones. Todo eso debilitó la economía e hizo al país más dependiente de las importaciones, que los venezolanos ya no pueden permitirse. Para volver a la prosperidad, el pueblo de Venezuela necesita la libertad de vender sus productos al precio que el mercado puede soportar y de comprar lo que sea necesario a través del comercio exterior – un intercambio que ha sido prohibido en esencia por el gobierno.

Pero la recuperación sería mucho más rápida y menos dolorosa con tres formas de asistencia internacional.

En primer lugar está la cuestión de los suministros de emergencia de alimentos y medicinas. El 80% más de reducción de las importaciones llevada a cabo por parte del gobierno ha llevado a un colapso mortal de la producción y los inventarios – especialmente de alimentos y medicinas – y a la ruptura de las cadenas de producción. En tanto se restablecen estas cadenas, el país debe aceptar la ayuda humanitaria que los países, como los Estados Unidos y Brasil, y las organizaciones no gubernamentales como Caritas ya han ofrecido. Pero el gobierno ha rechazado estas ofertas en un equivocado intento de negar la existencia de una crisis humanitaria en el país y que está costando muchas vidas.

En segundo lugar, para financiar un camino hacia la recuperación y la sostenibilidad, Venezuela tendrá que reestructurar su deuda pública externa para bajar su costo y alargar sus plazos de vencimiento y se necesitará una cantidad significativa de ayuda financiera internacional para hacerlo. Un “programa de acceso excepcional“, como los de Grecia o Ucrania, dirigido por el Fondo Monetario Internacional con el apoyo de otras organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, proporcionaría los recursos que permitiría que la economía se recuperara más rápidamente, mientras se fondean con efectivo los programas de transferencia para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad.

En tercer lugar, el país tendrá que restablecer la cooperación de inteligencia con Estados Unidos y otras agencias de seguridad para hacer frente a los grupos de narcotráfico y de lavado de dinero que han tomado el control de importantes sectores del estado venezolano, incluyendo sus fuerzas armadas y el sistema de justicia criminal. Mientras la creación de un estado limpio, justo y responsable debe ser el principal objetivo, la localización y recuperación de los miles de millones de dólares que han sido robados por funcionarios corruptos y sus aliados sería una contribución bienvenida a la recuperación.

@ricardo_hausman

 

Consideremos lo siguiente: hoy día uno puede contactar a su contraparte por teléfono o por correo electrónico e incluso verla por Facetime, Skype o GoToMeeting. Entonces, ¿por qué las empresas gastan 1.200 billones de dólares al año –lo que significa 1,5% del PIB mundial– en viajes de trabajo internacionales?

Este gasto no solamente es enorme, sino que también está aumentando a la tasa de 6,5% al año, un ritmo que es el doble del crecimiento económico mundial y casi tan rápido como el de los servicios de información y telecomunicaciones. La capacidad de cómputo se ha trasladado desde nuestras computadoras portátiles y teléfonos celulares hacia la nube, y gracias a ello todos nos encontramos mejor. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que movilizar mentes en lugar de dejarlas en su lugar y simplemente enviarles bytes? ¿Por qué desperdiciar el preciado tiempo de trabajo volando, pasando por controles de seguridad y esperando el equipaje?

Antes de que alguien se ponga a reducir drásticamente el presupuesto para viajes, tratemos de comprender por qué es más ventajoso trasladar personas que información. Este misterio está empezando a ser dilucidado gracias a una donación de datos anonimizados al Center for International Development de la Universidad de Harvard, en el contexto de una investigación sobre el crecimiento inclusivo. Los estudios en curso con Dany Bahar, Michele Coscia y Frank Neffke, han podido establecer algunos hechos estilizados interesantes.

Los países más populosos realizan un mayor número de viajes de trabajo en ambas direcciones, pero su volumen es menos que proporcional a su población: un país con 100% más de población que otro, solamente tiene alrededor de 70% más viajes de negocios. Esto sugiere que en la administración de empresas hay economías de escala que favorecen a los países más grandes.

En contraste, un país cuyo ingreso per cápita es 100% más alto que el de otro, recibe 130% más de viajeros con fines de trabajo y envía 170% más personas al extranjero. Esto significa que los viajes de negocios tienden a aumentar más que proporcionalmente con respecto al nivel de desarrollo.

A pesar de que los empresarios viajan con el propósito de invertir o de realizar transacciones comerciales, más de la mitad de los viajes de trabajo parecen estar relacionados con la gerencia de filiales en el extranjero. La economía mundial se caracteriza cada vez más por empresas globales, las cuales necesitan desplazar su know-how a diferentes lugares de la Tierra. Los datos revelan que el número de viajes desde sedes a filiales es casi el doble que en la dirección contraria. Los exportadores también viajan casi dos veces más que los importadores.

Pero, ¿por qué es necesario trasladar las mentes, no solo los bytes? Se me ocurren por lo menos dos razones. En primer lugar, la mente posee la capacidad de absorber información, identificar patrones y resolver problemas sin que nos demos cuenta de cómo lo hace. Es por ello que, por ejemplo, podemos inferir las metas y las intenciones de otras personas a partir de su expresión facial, lenguaje corporal, entonación, y otros indicadores sutiles que recopilamos de manera inconsciente.

Cuando asistimos personalmente a una reunión, podemos escuchar no solo la palabra hablada, sino también el lenguaje corporal, y además podemos escoger hacia dónde mirar, en vez de estar limitados al ángulo que nos ofrece la pantalla de video. En consecuencia, en persona evaluamos mejor, desarrollamos más empatía y establecemos relaciones más íntimas de lo que permiten las tecnologías de telecomunicaciones existentes en la actualidad.

En segundo lugar, la mente está diseñada para trabajar en paralelo con otras mentes. Muchas tareas que implican resolver problemas, requieren computar en paralelo con mentes que poseen información y software diferentes, pero que son capaces de coordinar sus pensamientos. Por ello es que existen los equipos de diseño, los consejos asesores, los comités interministeriales, y otras formas de interacción en grupo.

Las conferencias telefónicas tratan de emular esta interacción, pero en ellas es difícil saber cuándo intervenir y, además, ver las expresiones de los demás mientras habla uno de los participantes. La complejidad de la interacción consciente e inconsciente entre seres humanos, de importancia clave para resolver problemas y realizar tareas, difícilmente puede replicarse a través de una teleconferencia.

El número de viajes, por lo tanto, debe estar relacionado con la cantidad de know-how que es preciso trasladar. Los países difieren en la cantidad de know-how que poseen, y las empresas difieren en la cantidad de know-how que requieren. Controlando por la población y el ingreso per cápita de los países, el número de viajes es considerablemente mayor hacia y desde los países y las industrias que poseen o emplean una mayor cantidad de know-how.

Los países donde se realiza el mayor número de viajes al extranjero, controlando por población, se encuentran en Europa Noroccidental: Alemania, Dinamarca, Bélgica, Noruega y Holanda. Fuera de Europa, los países con la mayor cantidad de viajes son Canadá, Israel, Singapur y Estados Unidos, lo que refleja el hecho de que necesitan desplazar muchas mentes para utilizar la diversidad de sus conocimientos.

Es interesante notar que en el mundo en desarrollo, los países difieren notablemente en la cantidad de know-how que reciben a través de los viajes de trabajo. Por ejemplo, países como Sudáfrica, Bulgaria, Marruecos y Mauricio, reciben muchos menos conocimientos que naciones cuyo nivel de desarrollo es semejante, como Perú, Colombia, Chile, Indonesia o Sri Lanka.

El hecho de que las empresas incurran en el gasto de viajes de negocio sugiere que, en relación con ciertas labores clave, es más fácil desplazar las mentes que trasladar a ellas la información relevante. Más aún, el hecho de que los viajes de trabajo estén aumentando más rápidamente que la economía mundial, sugiere que la producción moderna se está volviendo más intensiva en know-how y que este se difunde a través de la movilidad física de las mentes.Y, finalmente, la enorme diversidad en términos de la cantidad de viajes de trabajo sugiere que algunos países desplazan o exigen mucho más know-how que otros.

En lugar de celebrar su frugalidad, los países que han quedado fuera del círculo de los viajes de negocio deberían estar preocupados. Es posible que se estén perdiendo más que los kilómetros de viajero frecuente.

 

@ricardo_hausman

El Nacional 

 

 

Pensé que la alegría de la victoria electoral de Venezuela en las elecciones parlamentarias del 6D me duraría más tiempo. Pero en este momento me embarga un sentimiento de gran preocupación y quisiera compartir sus causas.

Venezuela enfrenta, en el 2016, el año más difícil de su historia, un año que va a ser aún peor que el 2015, el que ya es récord. Esto es consecuencia de la errada conducción política y económica del país en todos estos años. Por si faltaba poco, la abuela ha parido una caida del precio del petróleo de $7 por barril (17%) en las últimas 3 semanas. Dado lo frágil (o mejor dicho, desastrosa) que ya estaba la situación, esto complica las cosas aún más.

@ricardo_hausman

Ricardo Hausmann

 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha vuelto a tener un problema conmigo. El canal nacional de televisión, controlado por el gobierno, recientemente emitió una conversación telefónica privada, grabada de manera ilegal, en la que yo propongo realizar un estudio para ver cómo rescatar la economía venezolana consiguiendo el apoyo de la comunidad internacional. El gobierno, sin éxito, editó la grabación para hacer sonar nefasto lo que yo digo, mintió sobre el significado de la conversación y sobre mí, y ahora piensa entablar un juicio en mi contra.

Esto me ha hecho pensar sobre el eterno problema de la maldad. ¿Es ella enteramente relativa o existen bases objetivas para definir una conducta o un acto como maldad? ¿Ocurren todas las confrontaciones entre partes legítimas –siendo, por ejemplo, la persona que uno considera un terrorista el combatiente por la libertad para otro– o se puede decir que algunas peleas realmente son entre el bien y el mal?

Como hijo de sobrevivientes del Holocausto, siempre he sentido una aversión intuitiva hacia el relativismo moral. Pero, ¿qué bases objetivas existen para afirmar que los nazis encarnaban el mal? Según lo señala Hannah Arendt, abundaban los individuos como Adolf Eichmann y ellos “no eran perversos ni sádicos”, sino que, más bien, “eran, y todavía son, terrible y aterradoramente normales”. Una normalidad semejante surge del retrato que Thomas Harding pinta de Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, un hombre orgulloso de haber sobresalido en el desempeño de la labor que se le asignó.

Entonces, ¿qué quiere decir maldad en primer lugar?

La filosofía moral ha enfocado esta cuestión desde dos puntos de vista muy diferentes. Para algunos, el objetivo es encontrar principios universales de los cuales derivar juicios morales: el imperativo categórico de Kant, el principio utilitario de Bentham y el velo de ignorancia de John Rawls, constituyen algunos de los ejemplos más conocidos.

Para otros, la clave consiste en comprender la razón que nos lleva a tener sentimientos morales para empezar. ¿Por qué la mente humana ha evolucionado de manera que genera sentimientos de empatía, repugnancia, indignación, solidaridad y piedad? David Hume y Adam Smith fueron los pioneros de esta corriente de pensamiento, la que eventualmente generó los campos de la psicología evolutiva y moral.

De acuerdo con este último punto de vista, los sentimientos morales evolucionaron para sustentar la cooperación entre los seres humanos. Nuestros genes nos programan para que sintamos preocupación ante el llanto de un bebé y empatía ante alguien que padece un dolor. Buscamos que los demás nos reconozcan y evitamos que nos rechacen. Uno se siente mejor sobre sí mismo cuando hace el bien, y peor cuando hace el mal. Estos son los fundamentos de nuestro sentido inconsciente de la moralidad.

En consecuencia, dudo de que una sociedad moderna alguna vez haya apoyado ampliamente lo que ella consideraba maldad. Hechos como el Holocausto o los genocidios en Ucrania (1932-1933), Camboya (1975-1979) o Ruanda (1994) se basaron ya fuera en el secretismo o en la diseminación de una visión del mundo distorsionada, diseñada para hacer que el mal pareciera el bien.

La propaganda nazi culpaba a los judíos de todo: de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, de los valores morales que impedían que la raza aria ejerciera su superioridad, y hasta del comunismo y del capitalismo. A los ucranianos se les acusó de ser espías polacos, kulaks, trotskistas, y de todo lo demás que se le ocurrió a Stalin.

La diseminación del mal requiere de mentiras porque ellas forman la base de la visión del mundo que hace que el mal parezca el bien. Pero el hecho de que la gran maldad dependa de la gran mentira nos da la oportunidad de contraatacar.

El biólogo Martin Nowak sostiene que la única forma en que los seres humanos han logrado mantener la cooperación es desarrollando maneras de bajo costo de castigar el mal comportamiento. Para desalentar a A de perjudicar a B, la reacción de C puede ser importante, porque si A sabe que C lo va a castigar por lo que le haga a B, posiblemente lo piense dos veces antes de hacerle daño a B.

Pero si el castigo es de alto riesgo o de alto costo para C, es posible que no dañe mucho a A, con lo que A puede creer que no tiene límites. Pero si C puede castigar a A de un modo que no tenga un alto costo y sea incluso agradable, la amenaza para A posiblemente sea de mayor contundencia.

Según este punto de vista, la necesidad de solucionar el dilema anterior constituye la base evolutiva de los chismes y la reputación. A los seres humanos nos gusta chismorrear, lo que puede perjudicar nuestra reputación, lo cual, a su vez, afecta la manera en que nos tratan los demás. Por lo tanto, el castigo a través de las habladurías es tanto de bajo costo como agradable –y el temor de A de convertirse en objeto de chismorreo por parte de C puede ser suficiente para desalentar su mala conducta hacia B.

Esto abre una importante vía para el control del mal. En las palabras del senador estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard Daniel Patrick Moynahan, “cada uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no así a sus propios hechos”. Por lo tanto, una de las formas de detener el mal es atacando las mentiras en que se basa y condenando a quienes las proponen.

En Estados Unidos existe la tendencia natural a castigar a los candidatos políticos cuando mienten, pero especialmente sobre sus pecadillos personales. Sería estupendo, por ejemplo, si las calumnias de Donald Trump sobre los mexicanos impidieran que él fuera elegido presidente. Si dentro de la cultura política de algún país todos estuvieran de acuerdo en condenar las mentiras y a los mentirosos intencionales, sobre todo cuando su meta es promover el odio, ese país podría evitar un gran mal.

Pero, este no es el caso de Venezuela. Su gobierno ha hundido la economía y a la sociedad del país, encargándose de crear la tasa de inflación más alta del mundo y la segunda de homicidios, la mayor caída de la producción de todos los países a escala mundial, y para qué hablar de una escasez sin igual. Y, ahora, está mintiendo de manera sistemática sobre las causas del desastre que ha provocado e inventando chivos expiatorios.

El gobierno de Maduro les echa la culpa de su colapso económico a una “guerra económica” liderada por Estados Unidos, la oligarquía y el sionismo financiero internacional, del cual se supone que yo soy agente. El problema reside en que el gobierno prácticamente no ha pagado nada por sus sistemáticas mentiras, incluso cuando entre ellas se cuenta el haber hecho chivos expiatorios de los colombianos pobres, culpándolos de la escasez en Venezuela, expulsando de forma ilegal a cientos de ellos y destruyendo sus hogares.

Si bien algunos ex presidentes latinoamericanos se han pronunciado en contra de este ultraje, líderes importantes, como las presidentes Dilma Rousseff, de Brasil, y Michelle Bachelet, de Chile, han permanecido en silencio. Ellos deberían prestar atención a la advertencia de Albert Einstein: “Quienes toleran o fomentan la maldad ponen al mundo en mayor peligro que quienes realmente la practican”.

 

@ricardo_hausman

El Nacional