El diputado de la Unidad por el Circuito 2 de Miranda, Juan Andrés Mejía, presentó el día de ayer, ante la Asamblea Nacional, el Proyecto de Reforma Parcial para la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

En su discurso ante la plenaria del parlamento, Mejía aseguró que Venezuela es el único país de Latinoamérica y del mundo que esta atravesando una crisis económica como la nuestra, y atribuyó como causa de esta situación a que “en el país tenemos una corrupción que no ha tenido límites, ni ningún tipo de reparo”.

El parlamentario aseguró que, según la ONG Transparencia Internacional, Venezuela es el país con el mayor índice de percepción de corrupción de Latinoamérica, empatado con Haití.

La reforma de esta ley busca fortalecer la institucionalidad en el país, haciendo que se nombren a los contralores regionales y municipales por concurso público y asegurando que los funcionarios de la Contraloría puedan hacer carrera dentro de la institución.

«En virtud de la naturaleza de la funciones contraloras, se incorporan requisitos para ser titular de un órgano de control fiscal. De este modo, se establecen los requisitos para ser Contralor General de la República, los cuales fueron eliminados en la reforma de 2010, así como para ser contralor estadal, distrital o municipal o auditor interno. Con esto buscamos poner coto a la irregularidad en la designación de los contralores estadales y municipales, quienes vienen siendo designados a dedo por el Contralor General de la República, al margen de lo previsto en la Constitución», señaló.

El diputado Mejía lamentó que el Contralor General utilice su cargo, y a la institución que representa, como un instrumento de control político y electoral, a través de la imposición de inhabilitaciones a miembros de la oposición y aseguró que con esta reforma buscarán profundizar y sincerar la lucha contra la corrupción, así como detener el uso de recursos públicos por parte del partido de gobierno.

“Tenemos que acabar con la complicidad, la hipocresía y el caradurísmo de los que hoy están en Miraflores”, sentenció el también dirigente nacional de Voluntad Popular, a la vez que anunció que en la reforma de esta ley se incluirán mecanismos para controlar el conflicto de intereses que se presenta cuando funcionarios del Estado benefician a familiares y amigos con la adjudicación de grandes contratos públicos.

«En cuanto a las inhabilitaciones, han sido restringidas a funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción, excluyendo a los funcionarios de elección popular, tal como lo expresa la Carta Magna, conforme a que dichos funcionarios sólo pueden ser inhabilitados previa sentencia judicial», enfatizó.

Para finalizar, el parlamentario hizo un llamado a sus colegas oficialistas: “Si los que estamos aquí somos verdaderos servidores públicos, si lo que nos motiva al representar a nuestro pueblo y no al cogollito de los enchufados, veo muy difícil que alguien pueda objetar esta ley y decirle que no a la lucha contra la corrupción, que no le corresponde solo a este parlamento, pero que daremos incansablemente hasta que más nunca en Venezuela se pierda un solo centavo”.